AUTO 11001032400020220035800 de 2023

Demandado: �NACI�N � PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA � MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos 2 [parcial], 10 [parcial], 13 [parcial], 15 [parcial], 18 [parcial], 32 [parcial], 53 [parcial], 55, 60 [parcial], 64 [parcial], 66 [parcial], 93 [parcial], 112 [parcial], 117 [parcial], 120 [parcial], 148 [parcial], 156 [parcial], 160 [parcial], 180 [parcial], 208 [parcial], 219 [parcial], 220 [parcial], 234 [parcial], 238 [parcial], 239 [parcial], 245 [parcial], 249 [parcial], 290 [parcial], 291 [parcial], 296 [parcial], 299 [parcial], 329 [parcial], 331 [parcial], 332 [parcial], 455 [parcial], 490 [parcial], 495 [parcial], 497 [parcial], 513 [parcial], 544 [parcial], 565 [parcial], 574 [parcial], 591 [parcial], 592 [parcial], 596 a 600, 602 a 612, 615 a 651, 652 [parcial], 654 a 673, 681 a 696, 699 a 707, 708 [parcial], 726, 766 [parcial], 773-2 y 773-4 [parcial] del Decreto n.� 1.165 de 2 de julio 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al r�gimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1.609 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional.

1. El ciudadano William Esteban G�mez Molina, en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, present� demanda ante esta Corporaci�n judicial, con el fin de declarar la nulidad de los art�culos 2� [aparte], 10� [aparte], 13� [aparte], 15 [aparte - par�grafo], 17 [aparte y par�grafo 1�], 18 [apartes], 32 [aparte], 53 [apartes y par�grafo], 55, 60 [apartes], 64 [aparte], 66 [aparte], 93 [aparte], 112 [aparte], 117 [aparte], 120 [aparte], 148 [aparte], 156 [aparte], 160 [aparte], 180 [aparte], 208 [aparte], 219 [aparte], 220 [apartes], 234 [apartes], 238 [apartes], 239 [apartes], 245 [aparte], 249 [aparte], 290 [aparte], 291 [aparte], 296 [aparte], 299 [aparte], 329 [aparte], 331 [aparte], 332 [aparte], 455 [par�grafo 1�], 490 [apartes - par�grafo 2�], 495 [aparte], 497 [aparte], 513 [par�grafo 2� - aparte], 544 [aparte], 565 [aparte], 574 [aparte], 591 [aparte], 592

[aparte], 596, 597, 598, 599, 600 [aparte], 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 [apartes vigentes], 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 [apartes vigentes], 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 [aparte], 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 [aparte], 726, 766, 773-2 y 774-4 [aparte] del Decreto n.� 1.165 de 2 de julio 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al r�gimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1.609 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional.

2. Este Despacho, mediante auto de 9 de septiembre de 2022[2], admiti� la demanda y orden� la notificaci�n de dicha providencia a quienes intervinieron en la expedici�n del Decreto n.� 1165 de 2 de julio de 2019.

3. Adicionalmente, se tuvo a la Unidad Administrativa Especial � Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales -en adelante DIAN-, como tercero con inter�s directo en las resultas del proceso.

4. La parte actora, en escrito independiente de la demanda, solicit� la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos:

�[�] 2 (parcial), 10 (parcial), 13 (parcial), 15 (parcial), 18 (parcial), 32 (parcial), 53 (parcial), 55, 60 (parcial), 64 (parcial), 66 (parcial), 93 (parcial), 112 (parcial), 117 (parcial), 120 (parcial), 148 (parcial), 156 (parcial), 160 (parcial), 180 (parcial), 208 (parcial), 219 (parcial), 220 (parcial), 234 (parcial), 238 (parcial), 239 (parcial), 245 (parcial), 249 (parcial), 290 (parcial), 291 (parcial), 296 (parcial), 299 (parcial), 329 (parcial), 331 (parcial), 332 (parcial), 455 (parcial), 490 (parcial), 495 (parcial), 497 (parcial), 513 (parcial), 544 (parcial), 565 (parcial), 574 (parcial), 591 (parcial), 592 (parcial), 596 a 600, 602 a 612, 615 a 651, 652 (parcial), 654 a 673, 681 a 696, 699 a 707, 708 (parcial), 726, 766 (parcial), 773-2 y 773-4 (parcial) del Decreto 1165 de 2019 [�]�

�[�] En la presente oportunidad se solicita la suspensi�n provisional de los contenidos normativos previamente enunciados, esto, tras considerar que, de continuar ejecut�ndose, se causa un perjuicio irremediable para todas las personas p�blicas y privadas, nacionales y extranjeras que interact�an con el sector de Aduanas de la Naci�n, destinatarios de los procedimientos administrativos sancionatorios contenidos en ellos.

Lo anterior encuentra fundamento en el concepto de violaci�n expuesto en el escrito de demanda, de d�nde emerge con absoluta claridad la contradicci�n entre los actos demandados y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso y el principio de reserva de ley en materia administrativa sancionatoria as�:

1) En primera medida establece razonablemente el alcance de la derogaci�n de la Constituci�n de 1886 y todas sus reformas, contenida en el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia de 1991.

2) Tambi�n existe certeza acerca del alcance de los postulados constitucionales de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso y de reserva de ley atribuido por parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

3) Consideraciones desde las que arribamos a la premisa de que el presidente, constitucionalmente, no est� facultado �no cuenta con la competencia� para regular v�a decreto los elementos esenciales del tipo: (i) la descripci�n de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de la sanci�n; (ii) la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposici�n, y

4) Por tanto, se concluye que las normas demandadas regulan todo aquello que por expresa disposici�n constitucional le corresponde de manera exclusiva al legislador ordinario, es decir, que fueron expedidos con infracci�n de las normas en que deber�an fundarse y/o sin competencia.

Lo anterior permite evidenciar el efecto da�ino del que se busca proteger todas aquellas situaciones no consolidadas con la medida preventiva de suspensi�n provisional solicitada, pues, de continuar ejecut�ndose los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de los sujetos pasivos de estos mientras se surte todo el proceso, se genera una evidente vulneraci�n a sus derechos fundamentales, en especial los al debido proceso (sic) y las garant�as que de �l se desprenden. A este respecto, es importante se�alar que en la actualidad existe una gran mora procesal, en particular en el tr�mite de los asuntos como el que ac� se ventila, en donde la sentencia por lo regular tarda muchos a�os en ser dictada [�]� -resaltado fuera de texto-

6. El actor, en su demanda, a la cual se remite la solicitud de suspensi�n provisional, indic� que las disposiciones acusadas trasgredieron los art�culos 29, 150 y 380 de la Carta Pol�tica.

7. Inicialmente, hizo referencia a que la Corte Constitucional profiri� la Sentencia C-441 de 2021, a trav�s de la cual declar� la inexequibilidad del numeral 4� del art�culo 5� de la Ley 1609 de 2013, norma que estableci� los criterios que deb�a tener en consideraci�n el Gobierno nacional al expedir decretos y actos administrativos para desarrollar la ley marco de aduanas, uno de los cuales consiste en que las disposiciones que constituyeran el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el procedimiento aplicable, deber�an estar previstos en decretos.

8. Indic� que la Corte Constitucional, en esa sentencia, decidi� que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad quedaran diferidos hasta el 20 de junio de 2023, t�rmino dentro del cual el Congreso de la Rep�blica podr�a expedir la ley que contenga el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el procedimiento administrativo aplicable.

9. Cit� la sentencia de la Corte Constitucional para se�alar que aquella corporaci�n estim� que el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as, as� como el procedimiento aplicable, no son materias sometidas a la t�cnica legislativa de las leyes marco, de tal manera que la expedici�n de la norma cuestionada -art�culo 5�, numeral 4�, de la Ley 1609 de 2013- desconoci� los principios de legalidad y tipicidad que integran el debido proceso, al trasladar al Gobierno nacional una potestad exclusiva del legislador.

10. Luego abord� el concepto de violaci�n y se�al�, en primer lugar, que la derogaci�n de la Carta Pol�tica de 1886 -con sus reformas- trajo consigo, igualmente, la derogaci�n de las normas con origen en tal constituci�n, fen�meno que, en su concepto, se denomina �[�] derogatoria por consecuencia, consistente en que la derogatoria de la normativa en que se sustentaban produce �necesaria y l�gicamente� la p�rdida de vigencia de las normas que la desarrollaban, puesto que desaparece el fundamento que sirvi� de base para su expedici�n [�]�.

11. Mencion� que la Corte Constitucional, en sentido contrario a su concepto, acogi� una regla empleada por la Corte Suprema de Justicia �[�] que recogi� lo dispuesto en el art�culo 9� de la Ley 153 de 1887, seg�n la cual: �Toda disposici�n legal anterior a la Constituci�n y que sea claramente contraria a su letra o su esp�ritu, se desechar� como insubsistente� [�]� y seg�n la cual:

�[�] con respecto a la legislaci�n preexistente las exigencias del principio de seguridad jur�dica y certidumbre se satisfacen de una manera diversa. En efecto, la regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tr�nsito constitucional no conlleva necesariamente la derogaci�n de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n derogada. Por tanto, la legislaci�n preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva Constituci�n no establezca reglas diferentes [�]� -Corte Constitucional, Sentencia C-014 de 1993-

12. Estim�, entonces, que: �[�] el Constituyente de 1991 no fij� regla alguna que dispusiese el tr�nsito constitucional en bloque de las normas infra-constitucionales, esto pese a que s� previ� la posibilidad para el Gobierno de convertir en legislaci�n permanente los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgaci�n de ese Acto Constituyente (para lo cual fij� un plazo de noventa d�as y la obligaci�n de contar con la aprobaci�n de la Comisi�n Especial creada para tales fines, art. tran. 6), pero no, se resalta, la permanencia de las dem�s normas con origen en la Constituci�n de 1886 [�]�.

13. Concluy�, desde la anterior perspectiva, que: �[�] la tesis de la Corte Suprema de Justicia, acogida por la Corte Constitucional, no encuentra fundamento en disposici�n alguna en la Constituci�n, y siendo esta �ltima el par�metro de control, la norma de normas, para nosotros no es posible reconocer como derecho aquello que desconoce sus criterios de validez, raz�n de donde emerge con claridad la causal de nulidad de infracci�n de las normas en que deber�an fundarse algunos de los actos reglamentarios que m�s abajo se�al� en forma individualizada [�]�.

14. Afirm�, en segundo lugar, que en el �mbito del derecho sancionatorio administrativo opera el principio de reserva de ley y que apunta a que: �[�] con el fin de evitar la arbitrariedad de la administraci�n, el principio de reserva de ley, consagrado en el art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, exige que la descripci�n de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de la sanci�n, la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma, la autoridad competente para aplicarla y el procedimiento que debe seguirse para su imposici�n se regule exclusivamente por el legislador ordinario, es decir, el Congreso de la Rep�blica [�]�, a�adiendo que �[�] en el derecho administrativo sancionador, como expresi�n punitiva del Estado, son aplicables mutatis mutandis los mismos principios constitucionales que rigen en materia penal, entre ellos, los principios de legalidad, de tipicidad y de reserva de ley que, a su vez, operan como garant�as del debido proceso que se predican de toda clase de actuaciones judiciales y administrativas [�]�.

15. Destac�, en el sentido anterior, que: �[�] pese a que la jurisprudencia constitucional ha concebido la regla de que en el derecho administrativo sancionador el principio de legalidad no se aplica con la misma rigurosidad exigible que en materia penal, dada la naturaleza de los bienes jur�dicos involucrados, ello no excluye la obligaci�n de que, siempre y en todos los casos, i) el comportamiento sancionable, ii) las sanciones, iii) los criterios para su determinaci�n y, iv) los procedimientos previstos para la imposici�n de las sanciones est�n previamente definidos, en forma suficientemente clara, en la ley. Lo anterior obedece a que los principios de legalidad y de reserva de ley exigen que las limitaciones a los derechos de las personas sean establecidas directamente por el legislador ordinario [�]�.

16. Aludi� a que la reserva de ley en materia sancionatoria administrativa derivaba del art�culo 150 de la Carta Pol�tica, norma que le asigna al Congreso de la Rep�blica la facultad de elaborar las leyes, a�adiendo, en lo que se refiere al principio de tipicidad como componente del principio de legalidad de las faltas y las sanciones, que este consiste �[�] en la �exigencia de descripci�n espec�fica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisi�n de cada conducta, as� como la correlaci�n entre unas y otras.� [�]�, a lo que agreg� que en materia sancionatoria administrativa opera una suerte de flexibilizaci�n, la cual no puede tener un car�cter extremo �[�] al punto que se habilite la arbitrariedad de la Administraci�n en la imposici�n de las sanciones o las penas [�]�.

17. Coligi�, entonces, que las disposiciones cuestionadas del Decreto n.� 1165 de 2019:

�[�] contravienen la cl�usula general de reserva de ley y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso en materia del derecho administrativo sancionatorio, ya que el Gobierno Nacional no puede, v�a decreto, regular los elementos que componen los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de las personas p�blicas y privadas que interact�an con el sector de Aduanas de la Naci�n (�) En esta direcci�n, resulta conducente precisar que la atribuci�n constitucional que se informan en el ep�grafe del Decreto 1165 de 2019, para su expedici�n, es el art�culo 189, numeral 25, de la Constituci�n Pol�tica. Al respecto, basta entonces con advertir que al ser �ste el resultado de una expresi�n unilateral de voluntad del Presidente de la Rep�blica con la firma Ministros de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, carece de los elementos democr�ticos y de consenso que exige la Carta Superior para regular los elementos que componen cualquier procedimiento sancionatorio, ya que las materias que son expresi�n del poder punitivo o sancionador del Estado no son objeto de regulaci�n a trav�s de decretos administrativos que se expidan con sujeci�n a reglas generales contenidas en una ley marco tal y como advierte la Corte Constitucional en la Sentencia C-441 de 2021.

N�tese adem�s que la Ley 7� de 1991 se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n, en los t�rminos que se explica en la primera premisa de esta demanda. [�]�.

18. Analiz� los preceptos cuestionados para se�alar, frente a cada uno de ellos, los siguiente:

�[�] - Respecto de los apartes subrayados del art�culo 2�: (�) Las frases �en el presente decreto� y �o en los dem�s decretos que lo establezcan� contenidas en esta norma contravienen el principio de reserva de ley y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad, como integrantes del principio al debido proceso en materia sancionatorio-administrativa porque la �nica norma que puede tipificar los hechos u omisiones que constituyan una infracci�n administrativa es la ley.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 10: (�) La expresi�n �sanciones� contenida en esta norma contraviene los precitados principios porque no existe ley que regule o describa los elementos b�sicos de las obligaciones del importador y exportador, espec�ficamente respecto del pago de sanciones.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 13: (�) La frase �y sanciones� contenida en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el sujeto activo y sujetos pasivos de la obligaci�n aduanera relativa al pago de sanciones.

- Respecto del par�grafo del art�culo 15: (�) El par�grafo de esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que la tasa de cambio aplicable para la imposici�n de sanciones pecuniarias con base en el valor FOS de la mercanc�a sea la vigente a la fecha de expedici�n del requerimiento especial aduanero.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 17: (�) Las expresiones �sanciones� contenidas en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y el plazo para el pago de sanciones con aproximaci�n de su valor al m�ltiplo de mil (1.000) m�s cercano.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 18: (�) Los apartes �sanciones� y �[e]l incumplimiento de las obligaciones que se derivan del pago consolidado dar� lugar a la imposici�n de las sanciones que establece el presente Decreto� contenidas en esta norma contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, ni el procedimiento y el plazo para el pago de sanciones.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 32: (�) La frase �infracciones y sanciones� contenida en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 53: (�) Los apartes: (�) �Las agencias de aduanas que act�en ante las autoridades aduaneras ser�n responsables administrativamente por las infracciones derivadas del ejercicio de su actividad. Igualmente, ser�n responsables por la exactitud y veracidad de la informaci�n contenida en los documentos que suscriban sus agentes de aduanas acreditados ante la Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y responder�n administrativamente cuando por su actuaci�n como declarantes hagan incurrir a su mandante o usuario de comercio exterior que utilice sus servicios en infracciones administrativas aduaneras que conlleven la liquidaci�n de mayores tributos aduaneros, la imposici�n de sanciones o el decomiso de las mercanc�as.�, e (�) �[Y] sanciones pecuniarias que se causen por las operaciones en las que se determine la ocurrencia de alguna de las circunstancias consagradas en el numeral 9 del art�culo 597 de este decreto, respecto del importador o exportador.� (�) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 55: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, entendiendo las causales de inhabilidades e incompatibilidades para obtener la autorizaci�n como agencia de aduanas o en s� para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero como sanciones.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 60: (�) Los apartes: (�) �[S]anciones�, �El incumplimiento de lo previsto en el inciso anterior, ocasionar� la p�rdida inmediata de este beneficio durante un (1) a�o, y la suspensi�n autom�tica de las dem�s prerrogativas consagradas en este decreto para los usuarios aduaneros permanentes, mientras se acredita el cumplimiento de dichas obligaciones�, e (�) �[Y] la sanci�n que corresponda�. (�) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer, el plazo para pagarlas, ni la autoridad competente para imponerlas.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 64: (�) La frase �y sanciones� contenida en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que regule o describa los elementos b�sicos de las obligaciones de los usuarios altamente exportadores, espec�ficamente, respecto de la liquidaci�n y cancelaci�n de sanciones.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 66: (�) El aparte: (�) �3. No haber sido sancionado por infracciones tributarias, aduaneras grav�simas, o cambiarias de las contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del art�culo 3� del Decreto n�mero 2245 de 2011 durante los cinco (5) a�os anteriores a la presentaci�n de la solicitud.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, entendido el requisito de no haber sido sancionado por infracciones tributarias, aduaneras grav�simas, o cambiarias de las contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del art�culo 3� del Decreto n�mero 2245 de 2011 durante los cinco (5) a�os anteriores a la presentaci�n de la solicitud para ser autorizado como Sociedad de Comercializaci�n Internacional por parte del Ministerio de Comercio, industria y Turismo como una sanci�n.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 93: (�) El aparte: [numeral 9�] (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, entendido el requisito de no haber sido sancionado con can-celaci�n (sic) de una autorizaci�n o habilitaci�n otorgada por la Unidad Administra-tiva Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales

(DIAN), ni hayan sido condenados por la comisi�n de los delitos se�alados en el art�culo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) a�os inmediatamente anteriores a la pre-sentaci�n (sic) de la solicitud. As� mismo que no hayan sido representantes legales, socios o miembros de junta directiva de sociedades que hayan sido objeto de cancelaci�n de autorizaci�n o habilitaci�n dentro de los cinco (5) a�os inme-diatamente (sic) anteriores a la presentaci�n de la solicitud para la habilitaci�n de los centros de distribuci�n log�stica internacional como una sanci�n.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 112: (�) El aparte �los dep�sitos ser�n responsables ante la Naci�n por las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas aduaneras� contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el r�gimen de responsabilidad administrativa de los dep�sitos por el incumplimiento de las normas aduaneras.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 117: (�) El aparte �[e]l incumplimiento de las anteriores obligaciones dar� lugar a la imposici�n de las sanciones de que trata este decreto� contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el r�gimen de responsabilidad administrativa de los titulares de los puntos de ingreso y/o salida para la importaci�n y/o exportaci�n de combustibles l�quidos derivados del petr�leo que se importen o exporten a trav�s de poliductos y/u oleoductos, bajo control aduanero.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 120: (�) El aparte: (�) [numeral 9� de la norma] (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, entendido el requisito de no haber sido sancionado con can-celaci�n (sic) de una autorizaci�n o habilitaci�n otorgada por la Unidad Administra-tiva (sic) Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ni hayan sido condenados por la comisi�n de los delitos se�alados en el art�culo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) a�os inmediatamente anteriores a la pre-sentaci�n (sic) de la solicitud. As� mismo que no hayan sido representantes legales, socios o miembros de junta directiva de sociedades que hayan sido objeto de cancelaci�n de autorizaci�n o habilitaci�n dentro de los cinco (5) a�os inme-diatamente (sic) anteriores a la presentaci�n de la solicitud para la habilitaci�n de zonas de verificaci�n para la modalidad de tr�fico postal y env�os urgentes como una sanci�n.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 148: (�) El aparte �en caso de incumplimiento, generar� la aplicaci�n de las sanciones previstas para los transportadores en el presente Decreto� contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el r�gimen de responsabilidad administrativa para los operadores aeroportuarios con remisi�n a las sanciones previstas para los transportadores de este presente Decreto.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 156: (�) El aparte: (�) �Si como resultado del reconocimiento se encuentra carga no presentada, en los t�rminos se�alados en el art�culo 294 del presente decreto, proceder� su aprehensi�n, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del art�culo 647 de este decreto.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que determine previamente (sic) la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni la sanci�n a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 160: (�) El aparte �y por lo tanto su incumplimiento generar� la aplicaci�n de las sanciones previstas para los transportadores en el presente decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni la sanci�n a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 180: (�) La frase �y sanciones� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento de aproximaci�n al m�ltiplo de mil (1.000) m�s cercano para el pago de sanciones.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 208: (�) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni el procedimiento para imponerlas.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 219: (�) El aparte: (�) �[D]e comprobarse esta calidad el permiso de ingreso se cancelar� autom�ticamente, para lo cual se deber� dar aplicaci�n a las sanciones y al procedimiento establecido en los incisos 2, 3 y 4 del art�culo 220 del presente Decreto.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni el procedimiento para imponerlas.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 220: (�) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni el procedimiento para imponerlas.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 234: (�) Los apartes: (�) �[M]�s una sanci�n del cien por ciento (100%) sobre el gravamen arancelario.� Y (�) �Vencido este t�rmino sin que el usuario hubiere modificado la Declaraci�n de Importaci�n inicial, proceder� la aprehensi�n y decomiso de la mercanc�a.� (�) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 238: (�) Los apartes: (�) �[M]�s una sanci�n del cien por ciento (100%) sobre el gravamen arancelario.� y �Vencido este t�rmino sin que el usuario hubiere modificado la Declaraci�n de Importaci�n inicial, proceder� la aprehensi�n y decomiso de la mercanc�a.� (�) Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 239: (�) Los apartes: (�) �[M]�s una sanci�n del cien por ciento (100%) sobre el gravamen arancelario.� y (�) �Vencido este t�rmino sin que el usuario hubiere modificado la Declaraci�n de Importaci�n inicial, proceder� la aprehensi�n y decomiso de la mercanc�a.� Contenidos en esta norma, contravienen los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 245: (�) El aparte: (�) �El incumplimiento de las obligaciones de la modalidad de importaci�n temporal para procesamiento industrial por parte de los importadores dar� lugar a la aplicaci�n de las sanciones de que tratan los numerales 2.7 Y 3.5 del art�culo 615 de este decreto. Para el usuario aduanero con tr�mite simplificado conllevar� la p�rdida de tal autorizaci�n.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 249: (�) El aparte: (�) �[S]in perjuicio del pago de una sanci�n equivalente al cien por ciento (100%) de los mismos cuando se incumpla con el porcentaje de exporta-ci�n (sic) previsto en los art�culos 245 y 246 del presente decreto.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 290: (�) El aparte �y la sanci�n que corresponda del art�culo 616 del presente decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 291: (�) El aparte �so pena de incurrir en causal de aprehensi�n o en su defecto en la sanci�n prevista en el art�culo 648 del presente Decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 296: (�) El aparte: (�) �[L]as sanciones establecidas en el T�tulo 14 de este decreto, seg�n corresponda, pudiendo acogerse a la reducci�n de la sanci�n de multa a que se refiere el art�culo 610 del presente decreto.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 299: (�) El aparte: (�) �[L]a resoluci�n anticipada obtenida omitiendo hechos o circunstancias relevantes relacionadas con la misma, o su utilizaci�n sin tener en cuenta los t�rminos y condiciones de la resoluci�n, dar�n lugar a la aplicaci�n de sanciones de acuerdo con lo establecido en este decreto.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 329: (�) El aparte �[l]a infracci�n de lo dispuesto en este art�culo ser� objeto de sanci�n de acuerdo con lo establecido en los art�culos respectivos de este decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 331: (�) El aparte �so pena de la sanci�n establecida en este decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 332: (�) El aparte �so pena de la aplicaci�n de la sanci�n establecida en el presente decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del par�grafo 1� del art�culo 455: (�) El texto: (�) �A los transportadores o los agentes mar�timos, seg�n se trate, se les aplicar�n las sanciones previstas en el numeral 3 del art�culo 636 del presente Decreto.� (�) Contenido en el par�grafo 1� de esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto de los apartes subrayados del art�culo 490: (�) Los apartes: (�) �La sustracci�n de estos bienes del control aduanero generar� las sanciones a que haya lugar previstas en el presente decreto.� y �[S]in perjuicio de la sanci�n prevista en el presente decreto.� (�) Contenidos en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 495: (�) La frase �y las sanciones� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 497: (�) La frase �y las sanciones� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni el procedimiento a seguir para la imposici�n de estas.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 513: (�) El aparte �[e]l incumplimiento de las obligaciones dar� lugar a la imposici�n de las sanciones de que trata el art�culo 628 de este decreto� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 544: (�) El aparte: (�) �[C]uyo atraso por m�s de quince (15) d�as dar� lugar a la imposici�n de la sanci�n por irregularidad en la contabilidad consagrada en el art�culo 655 del Estatuto Tributario.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni la sanci�n a imponer.

En este punto tambi�n es importante poner de presente que el Estatuto Tributario al que remite esta norma, se entiende derogado por el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 565: (�) El aparte: (�) �[Y] cuyo atraso por m�s de quince (15) d�as dar� lugar a la imposici�n de la sanci�n por irregularidad en la contabilidad consagrada en el art�culo 655 del Estatuto Tributario� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni la sanci�n a imponer. En este punto tambi�n es importante poner de presente que el Estatuto Tributario al que remite esta norma, se entiende derogado por el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 574: (�) El aparte: (�) �[Y] su atraso por m�s de quince (15) d�as dar� lugar a la imposici�n de la sanci�n por irregularidad en la contabilidad consagrada en el art�culo 655 del Estatuto Tributario.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni la sanci�n a imponer. En este punto tambi�n es importante poner de presente que el Estatuto Tributario al que remite esta norma, se entiende derogado por el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 591: (�) El aparte �y la aplicaci�n de las sanciones a que haya lugar� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las conductas o los comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones, los procedimientos a seguir ni la autoridad competente para imponer tales sanciones.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 592: (�) El aparte �se les aplicar� una sanci�n de multa equivalente a doscientas (200) Unidades de Valor Tributario (UVT), por cada requerimiento incumplido� contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las conductas o los comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer, la autoridad competente para imponer tales sanciones ni el procedimiento a seguir para ello.

- Respecto del art�culo 596: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la imposici�n de medidas cautelares.

- Respecto del art�culo 597: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las clases de medidas cautelares, la autoridad competente para imponerlas ni los procedimientos a seguir para su adopci�n.

- Respecto del art�culo 598: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente los procedimientos a seguir para la adopci�n de medidas cautelares.

- Respecto del art�culo 599: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la concurrencia de jurisdicciones y/o simultaneidad de procesos.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 600: (�) El aparte: (�) �La autoridad aduanera expedir� las liquidaciones oficiales, ordenar� el decomiso y aplicar� las sanciones por la comisi�n de las infracciones previstas en este decreto�. (�) Contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la autoridad competente para imponer sanciones administrativas, las sanciones a imponer, el procedimiento a seguir ni la independencia de responsabilidad respecto de otras jurisdicciones.

- Respecto del art�culo 602: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el �mbito de aplicaci�n de un r�gimen de aduanas tal y como est� previsto en el Decreto 1165 de 2019.

- Respecto del art�culo 603: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las diferentes clases de sanciones que aqu� se regulan en forma directa.

- Respecto del art�culo 604: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las formas de un procedimiento aduanero tal y como ac� se regula.

- Respecto del art�culo 605: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la medida cautelar de suspensi�n provisional de autorizaci�n, habilitaci�n o registro.

- Respecto del art�culo 606: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para ordenar una medida cautelar de suspensi�n provisional.

- Respecto del art�culo 607: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la graduaci�n de sanciones.

- Respecto del art�culo 608: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la competencia del Comit� de Fiscalizaci�n de la DIAN para intervenir en el procedimiento sancionatorio de aduanas en los eventos de reincidencia de las denominadas infracciones graves.

- Respecto del art�culo 609: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente circunstancias de atenuaci�n punitiva.

- Respecto del art�culo 610: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la posibilidad de allanamiento y el procedimiento para dar aplicaci�n a circunstancias de atenuaci�n punitiva.

- Respecto del art�culo 611: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el t�rmino de caducidad de la acci�n administrativa sancionatoria.

- Respecto del art�culo 612: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el t�rmino de prescripci�n de la sanci�n.

- Respecto del art�culo 615: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 616: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 617: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 618: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 619: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 620: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 621: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 622: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 623: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 624: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 625: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 626: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 627: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 628: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 629: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 630: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 631: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 633: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 634: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 635: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 636: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 637: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 638: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 639: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 640: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 641: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 642: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 643: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 644: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni su graduaci�n.

- Respecto del art�culo 645: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer ni el t�rmino para el pago de las mismas.

- Respecto del art�culo 646: Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni las sanciones a imponer.

- Respecto del art�culo 647: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aprehensi�n y decomiso de mercanc�as.

- Respecto del art�culo 648: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones.

- Respecto del art�culo 649: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el �mbito de aplicaci�n de los procedimientos que ac� se enlistan.

- Respecto del art�culo 650: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para la cancelaci�n del levante que ac� se indica.

- Respecto del art�culo 651: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la facultad para ejercer la figura agencia oficiosa �nicamente por profesionales del derecho.

- Respecto del aparte del art�culo 652: (�) El aparte: (�) �Cuando se encontrare que la causal de aprehensi�n es diferente a la invocada en el acta respectiva, as� se lo indicar� mediante auto motivado, que se notificar� personalmente o por correo al interesado, para lo cual se restituir�n los t�rminos a los efectos previstos en el art�culo 664 del presente Decreto. Esta correcci�n podr� hacerse por una sola vez, hasta la expedici�n del auto de pruebas.� (�) Contenido en esta norma, contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para la expedici�n de auto que corrige el acta de aprehensi�n errada.

- Respecto del art�culo 654: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para fundar las decisiones en hechos que han de probarse conforme a los t�rminos y oportunidades establecidos en este Decreto.

- Respecto del art�culo 655: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente cu�les son los medios de prueba que pueden aportarse a un proceso administrativo de aduanas.

- Respecto del art�culo 656: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente cu�les son las oportunidades para solicitar pruebas dentro de un proceso administrativo de aduanas.

- Respecto del art�culo 657: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente c�mo deben ser valoradas las pruebas dentro de un proceso administrativo de aduanas.

- Respecto del art�culo 658: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la facultad de la DIAN para decretar y realizar inspecciones administrativas dentro de un proceso administrativo de aduanas.

- Respecto del art�culo 659: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el �mbito de aplicaci�n de las causales de aprehensi�n que se enlistan en este Decreto.

- Respecto del art�culo 660: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el contenido y alcance de un Acta de aprehensi�n y decomiso de mercanc�as en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 661: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el efecto de un Acta de aprehensi�n y decomiso de mercanc�as en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 662: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la posibilidad de otorgar una garant�a en reemplazo de una medida de aprehensi�n de mercanc�as en los t�rminos ac� definidos ni el procedimiento para su autorizaci�n.

- Respecto del art�culo 663: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente los procedimientos de reconocimiento y aval�o de mercanc�as con ocasi�n de la aprehensi�n por parte de una autoridad p�blica de las mismas.

- Respecto del art�culo 664: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine y regule previamente el recurso de objeci�n a la aprehensi�n en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 665: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente un periodo probatorio dentro del procedimiento de aprehensi�n de mercanc�as en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 666: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que determine previamente el contenido y alcance de un Acto administrativo que decide de fondo en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 667: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las causales de decomiso directo de mercanc�as por parte de una autoridad p�blica en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 668: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para un decomiso directo de mercanc�as por parte de una autoridad p�blica en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 669: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la facultad de adecuaci�n del procedimiento de decomiso de mercanc�as en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 670: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento de devoluci�n de mercanc�as y el archivo del expediente en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 671: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para que la DIAN autorice la custodia de mercanc�as aprehendidas en custodia del titular o responsa-ble (sic) de las mismas en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 672: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de sanciones ni la sanci�n a imponer.

- Respecto del art�culo 673: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que determine previamente el contenido y alcance del acto administrativo de liquidaci�n oficial en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 681: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la oportunidad para hacer un requerimiento especial aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 682: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la vinculaci�n de terceros a un proceso aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 683: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que determine previamente el contenido y alcance de un requerimiento especial aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 684: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que determine previamente las formalidades y t�rminos de notificaci�n y respuesta de un requerimiento especial aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 685: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las etapas, t�rminos y formalidades de un periodo probatorio dentro de un proceso aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 686: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el contenido y alcance de un Acto administrativo que decide de fondo sobre la imposici�n de sanciones, formulaci�n de la liquidaci�n oficial o el archivo de expediente en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 687: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que determine previamente el contenido y alcance del acto administrativo de liquidaci�n oficial en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 688: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el contenido y alcance del acto administrativo de resoluci�n sancionatoria en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 689: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y t�rminos para el pago de liquidaciones oficiales y sanciones en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 690: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la remisi�n a aplicaci�n de las causales y procedimiento del Decreto 3568 de 2011 y dem�s normas que lo modifiquen o sustituyan para los usuarios aduaneros que tuvieren la autorizaci�n como operadores econ�micos.

- Respecto del art�culo 691: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y t�rminos para las liquidaciones de correcci�n que disminuyen el valor de los tributos aduaneros, sanciones y/o rescate en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 692: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y t�rminos para para hacer efectivas las garant�as cuyo pago no est� condicionado a otro procedimiento administrativo en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 693: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el contenido y alcance de los Actos administrativos que deciden de fondo por el incumplimiento de una obligaci�n aduanera y sobre el decreto y pr�ctica de pruebas en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 694: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y t�rminos para el pago de obligaciones aduaneras originadas en resoluciones que declaren el incumplimiento en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 695: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y t�rminos para hacer efectivas garant�as en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 696: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento y t�rminos para hacer efectivas las denominadas garant�as de pleno derecho en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 699: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el contenido y alcance del recurso de reconsideraci�n en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 700: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la autoridad competente para estudiar y decidir un recurso de reconsideraci�n en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 701: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento para dar traslado de escrito contentivo de recurso de reconsideraci�n y del expediente en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 702: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente los requisitos que debe reunir un recurso de reconsideraci�n en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 703: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la consecuencia de inadmisi�n de un escrito contentivo de recurso de reconsideraci�n ni el alcance de esta decisi�n en los t�rminos ac� definidos.

- Respecto del art�culo 704: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente las etapas, t�rminos y formalidades de un periodo probatorio dentro de un proceso aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 705: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente los t�rminos para decidir un recurso de reconsideraci�n dentro de un proceso aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 706: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente los efectos de la decisi�n de un recurso de reconsideraci�n dentro de un proceso aduanero en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 707: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente que vencido el plazo para resolver un proceso de fiscalizaci�n relativo a la expedici�n de una liquidaci�n oficial, una sanci�n, el decomiso, o el recurso de reconsideraci�n, se declare un silencio administrativo positivo en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 708: (�) El aparte �con excepci�n de su notificaci�n, la que se surtir� conforme lo previsto en el presente decreto� contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la facultad de surtir la notificaci�n de la decisi�n de revocatoria directa en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del art�culo 726: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque el Estatuto Tributario, al que remite, se entiende derogado conforme al art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 766: (�) El aparte: (�) �Conforme con lo previsto en el inciso 4 del literal g) del art�culo 428 del Estatuto Tributario, en caso de incumplimiento, el importador deber� reintegrar el impuesto sobre las ventas no pagado m�s los intereses moratorios a que haya lugar y una sanci�n equivalente al cinco por ciento (5%) del valor FOS de la maquinaria importada.� (�) Contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque el Estatuto Tributario, al que remite, se entiende derogado conforme al art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica.

- Respecto del art�culo 773-2: (�) Esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente la facultad de la DIAN para autorizar usuarios aduaneros con tr�mite simplificado, exigiendo el cumplimiento de los requisitos en los t�rminos aqu� definidos.

- Respecto del aparte subrayado del art�culo 774-4: (�) El aparte �sanciones� contenido en esta norma contraviene los principios constitucionales expuestos porque no existe ley que determine previamente el procedimiento de pago consolidado de sanciones de los usuarios aduaneros con tr�mite simplificado en los t�rminos aqu� definidos.

En resumen, los art�culos, y apartes de art�culos demandados, deben ser declarados nulos porque no existe ley expedida por el Congreso, dictada con origen en la Constituci�n Pol�tica de 1991 y previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1165 de 2019, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer, la autoridad competente para imponerlas ni los procedimientos a seguir para tal fin [�]�

19. El Despacho, mediante auto de 9 de septiembre de 2022[3], orden� correr traslado a las entidades demandadas de conformidad con lo establecido en el art�culo 233 del CPACA.

II.1. En la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la DIAN se pronunci� en relaci�n con la solicitud de imposici�n de cautela presentada por el actor, solicitando no decretarla[4].

20. Adujo que, en atenci�n a la extensi�n y complejidad del asunto bajo examen, se requer�a realizar una an�lisis m�s complejo en relaci�n con la vigencia de las normas; la existencia de posibles juicios de constitucionalidad o de legalidad; la jerarqu�a normativa; las posibles antinomias; la ambig�edad normativa y la doctrina probable, entre otros aspectos; lo que no es posible realizar en esta etapa del proceso, por lo que el escenario para tal efecto resulta ser la sentencia que ponga fin al proceso.

21. Se�al� que existe duda sobre la ilegalidad de los actos acusados y, adem�s, que resultar�a m�s grave conceder la cautela solicitada que negarla por el impacto que causar�a frente al comercio exterior, la econom�a nacional y la seguridad fiscal, entre otros.

22. Hizo referencia a la sentencia C-441 de 2021, expedida por la Corte Constitucional, en la que se estudio la legalidad del art�culo 5� numeral 4� de la Ley 1609 de 2013, por la cual se dictaron las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para modificar los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones concernientes al r�gimen de aduanas, para indicar que si bien se declar� su inconstitucionalidad, lo fue con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023, lapso dentro del cual el Congreso de la Rep�blica deber�a expedir la ley que contenga el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el proceso administrativo aplicable.

23. Explica que la decisi�n adoptada por la corporaci�n judicial tuvo en consideraci�n que la expulsi�n inmediata del ordenamiento jur�dico de la norma acusada podr�a generar traumatismos y riesgo para la preservaci�n de los principios constitucionales, as� como incertidumbre jur�dica e impunidad frente a unas conductas que son nocivas para el orden jur�dico, las cuales podr�an quedar sin investigaci�n y sanci�n por falta de regulaci�n mientras se expide la ley mencionada.

II.2. El apoderado judicial del Presidente de la Rep�blica[5], dentro de la oportunidad correspondiente, solicit� denegar la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de las disposiciones acusadas del Decreto n.� 1165 de 2 de julio de 2019.

24. Consider� que no exist�a la pretendida vulneraci�n del orden constitucional puesto que, de acuerdo con el art�culo 189 numeral 25 de la Carta Pol�tica, le corresponde al Presidente de la Rep�blica modificar los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones del r�gimen de aduanas y regular el comercio exterior; a lo cual sum� que el Congreso de la Rep�blica expidi� la Ley 1609 de 2 de enero de 2013, la cual facult� al Gobierno nacional, en el art�culo 5� numeral 4�, para que expidiera las disposiciones que constituyeran el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�a en materia de aduanas, as� como el procedimiento aplicable, lo cual realiz� en el decreto acusado.

25. Arguy� que la solicitud de medida cautelar carece de la argumentaci�n y soporte probatorio requeridos para adoptar una decisi�n preventiva, puesto que el actor se limit� a afirmar que existe una violaci�n al principio de reserva de ley, sin realizar una valoraci�n del caso particular ni una confrontaci�n normativa que permita abordar el estudio de la solicitud, de tal forma que: �[�] la simple alusi�n a la vulneraci�n de normas superiores hecha en la demanda obligar�a al juez a realizar el estudio completo de �sta y, en definitiva, lo llevar�a a adoptar una decisi�n de fondo en el asunto, actuaci�n con la que se desconocer�a el derecho de defensa y contradicci�n de la parte demandada y conllevar�a a un prejuzgamiento [�]�.

26. Observ� que no se acredit� en el proceso el peligro que representar�a no adoptar la medida y, en todo caso, no se cumpli� con ninguno de los requisitos para la imposici�n de la cautela puesto que: �[�] La vulneraci�n del ordenamiento jur�dico no es notoria ni evidente, sino todo lo contrario, porque el reglamento no contradice la ley en modo alguno, sino que le da vida pr�ctica, bajo la regla del efecto �til de las normas jur�dicas [�]�, agregando que las disposiciones acusadas �[�] fue proferido por el Presidente de la Republica en ejercicio del principio de necesidad, que se presenta cuando la ley define de manera general y amplia una determinada situaci�n jur�dica, o cuando el propio legislador le conf�a al Ejecutivo el detalle operativo necesario para su cabal implementaci�n [�]�.

27. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodol�gicas, la Sala Unitaria empezar� por efectuar: (i) un an�lisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) abordar el caso en concreto.

28. Uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue as� como el nuevo C�digo cre� un moderno y amplio r�gimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensi�n provisional de actos administrativos, y en su art�culo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

29. En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

30. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante; y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privaci�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa.[6]

31. Los art�culos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la cauci�n y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopci�n de alguna de las cautelas enunciadas en el art�culo 230.

32. En cuanto a los criterios de aplicaci�n que debe seguir el juez para la adopci�n de una medida cautelar, como ya se anunci�, �ste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacci�n de la norma que se�ala que �podr� decretar las que considere necesarias�[7]. No obstante lo anterior, a voces del art�culo 229 del CPACA, su decisi�n estar� sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsi�n que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el art�culo 231 �dem, seg�n el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar �documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla� (Resaltado fuera del texto).

33. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra V�lez), se�al�:

�[�] La doctrina tambi�n se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciaci�n provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobaci�n de un da�o ante el transcurso del tiempo y la no satisfacci�n de un derecho [�]�[8] (negrillas fuera del texto)

34. Por su parte, la Secci�n Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

�[�] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, raz�n por la cual le es exigible a �ste la adopci�n de una decisi�n judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jur�dicos vigentes y de acuerdo a la realidad f�ctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, adem�s, que en ella se refleje la pretensi�n de justicia, raz�n por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposici�n de un razonamiento en donde, adem�s de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderaci�n y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [�]�[9] (negrillas fuera del texto)

35. As� las cosas, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci�n, deber� verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposici�n de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho; (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderaci�n de intereses.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto administrativo acusado

36. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo[10], se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 231[11] y siguientes del CPACA.

37. Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad est� dirigida a �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�.[12]

38. En cuanto al decreto de este tipo de cautelas, el art�culo 231 del CPACA dispone lo siguiente:

�[�] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios. [�]� (Negrillas del Despacho)

39. En lo concerniente al debido entendimiento de la norma en cita, en providencia de 26 de junio de 2020[13], esta Secci�n aclar� que cuando se trata de medidas cautelares de suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita prima facie que el acto acusado contraviene el ordenamiento jur�dico superior, de manera impl�cita se satisfacen los requisitos del perjuicio por la mora periculum in mora, y de apariencia de buen derecho fumus boni iuris; pues en un Estado Social de Derecho esos elementos siempre concurren cuando se trata de la efectiva transgresi�n del ordenamiento jur�dico por parte de las autoridades p�blicas.

III.3.1. El an�lisis de los argumentos esgrimidos por el actor para solicitar la suspensi�n provisional de las disposiciones acusadas. El actor solicit� la suspensi�n provisional de las mencionadas disposiciones del Decreto n.� 1165 de 2 de julio 2019, a trav�s del cual se dictaron disposiciones relativas al r�gimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013, expedido por el Gobierno nacional, por encontrar que se desconocieron los art�culos 29, 150, 189 y 380 de la Carta Pol�tica, tras considerar que: (i) le compete al legislador, no al ejecutivo, atendiendo el derecho fundamental al debido proceso y al principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas, establecer las conductas sancionables, las sanciones mismas y el procedimiento para imponerlas, y (ii) algunas disposiciones fueron derogadas por la Constituci�n Pol�tica de 1991.

40. Para desatar la controversia, inicialmente, el Despacho considera pertinente referirse: (i) al principio de legalidad de las faltas y sanciones en materia administrativa; (ii) al principio de legalidad de los procedimientos administrativos; (iii) la derogaci�n de las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica derogada por la Carta de 1991, y (iv) los argumentos del actor para solicitar la cautela de suspensi�n provisional de los actos acusados.

El principio de legalidad de las faltas y sanciones en materia administrativa.

41. El principio de legalidad en materia sancionatoria est� previsto en el art�culo 29 de la Carta Pol�tica, la cual prev� que �[�] [n]adie podr� ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa [�]�.

42. La Corte Constitucional, frente a este principio, ha se�alado que �[�] �[e]l principio de legalidad, en t�rminos generales, puede concretarse en dos aspectos: el primero, que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanci�n y, el segundo, en la precisi�n que se emple� en �sta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanci�n que ha de imponerse�[14][�]�[15], indicando que este segundo aspecto correspond�a al principio de tipicidad, seg�n el cual el legislador tiene la obligaci�n �[�] de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisi�n constitutiva de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que les permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisi�n de la misma las implicaciones que acarrea su transgresi�n. As�, el principio de tipicidad se predica tanto de la conducta que se reprocha como de las consecuencias de incurrir en ella.�[16] [�]�[17].

�[�] 3.4. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte ha convenido en que son tres los elementos esenciales del principio de legalidad: (i) la lex praevia, que �exige que la conducta y la sanci�n antecedan en el tiempo a la comisi�n de la infracci�n, es decir, que est�n previamente se�aladas�; (ii) la lex scripta, seg�n la cual �los aspectos esenciales de la conducta y de la sanci�n est�n contenidas en la ley�; y (iii) la lex certa, que �alude a que tanto la conducta como la sanci�n deben ser determinadas de forma que no hayan ambig�edades[7[18]]�[19]. En el anterior orden, el principio de legalidad requiere: �(i) que el se�alamiento de la sanci�n sea hecho directamente por el legislador; (ii) que �ste se�alamiento sea previo al momento de comisi�n del il�cito y tambi�n al acto que determina la imposici�n de la sanci�n; (iii) que la sanci�n se determine no solo previamente, sino tambi�n plenamente, es decir que sea determinada y no determinable�[3[20]] y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal[4[21]] y en su materializaci�n participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad.�[22] As� las cosas, el principio de legalidad comprende los elementos de tipicidad y de reserva de ley[23][�]�[24]

44. Si bien las decisiones de la Corte Constitucional apuntan a que: �[�] el derecho administrativo sancionador se encuentra al igual que el derecho penal, sujeto al principio constitucional de legalidad que a su vez se encuentra integrado por los principios de tipicidad y reserva de ley, los cuales constituyen pilares rectores del debido proceso, junto al principio de proporcionalidad [�]�[25], tambi�n han destacado que para el caso del derecho administrativo sancionador, en sus modalidades disciplinaria en sentido estricto frente a su propios servidores, y correccional aplicable a la generalidad de los administrados, tales principios adquieren �[�] matices de flexibilidad y menos rigurosidad[26] [�]�[27].

�[�] 74. De manera reiterada, la Corte ha explicado que los principios de legalidad y tipicidad tienen un alcance distinto en el derecho administrativo sancionador, en comparaci�n con el derecho penal, a pesar de que este tambi�n es una rama del derecho mediante la cual el Estado ejerce el ius puniendi. Por ejemplo, en la Sentencia C-860 de 2006, se�al�:

[S]i bien los comportamientos sancionables por la Administraci�n deben estar previamente definidos de manera suficientemente clara; el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal [�]. En esa medida el principio de legalidad consagrado en la Constituci�n adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate y aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuaci�n administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jur�dicos involucrados y la teleolog�a de las facultades sancionatorias en estos casos hace posible tambi�n una flexibilizaci�n razonable de la descripci�n t�pica.

Tal flexibilidad en materia de legalidad y tipicidad se ha justificado por la variabilidad y el car�cter t�cnico de las conductas sancionables, que dificultar�a en grado sumo la redacci�n de un listado minucioso por parte del legislador, as� como el se�alamiento en cada caso de dichos supuestos t�cnicos o espec�ficos que permitan al propio tiempo determinar los criterios para la imposici�n de la sanci�n. Adicionalmente en ciertas �reas sujetas al control de la Administraci�n, que se caracterizan por su constante evoluci�n t�cnica, la exigencia rigurosa del principio de legalidad acarrear�a en definitiva la impunidad y la imposibilidad de cumplir con las finalidades estatales[29].

Ahora bien, en lo que ata�e a la determinaci�n de las sanciones, la Corte ha se�alado que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuraci�n:

De esta manera, el legislador dispone de un margen de configuraci�n de las sanciones administrativas, que es amplio habida cuenta de la gran diversidad de sectores de la administraci�n y de las necesidades y particularidades en cada uno de ellos[30].

As� mismo, toda vez que el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador es menos exigente que en el derecho penal, es posible que en la tipificaci�n de las infracciones administrativas se haga una remisi�n a otras normas que complementen el contenido de la infracci�n[31]. No obstante, el Legislador debe se�alar, como m�nimo, el �contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisi�n de cada conducta, as� como la correlaci�n entre unas y otras�[32]. De all� que no le est� permitido delegar en el Ejecutivo la creaci�n de infracciones administrativas, a menos que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, entre ellos, �la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma�[33]. En otras palabras:

[E]l principio de legalidad de las sanciones administrativas s�lo exige que una norma con fuerza material de ley contemple una descripci�n gen�rica de las conductas sancionables, las clases y cuant�a de las sanciones, pero con posibilidad de remitir a los actos administrativos la descripci�n pormenorizada de las conductas reprochables, sin que pueda decirse en este caso que las normas de car�cter reglamentario complementan los enunciados legales, pues se trata de una remisi�n normativa contemplada espec�ficamente por la disposici�n legal de car�cter sancionador[34].

La Corte ha indicado que el Legislador debe �predeterminar la sanci�n indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el t�rmino, la cuant�a, o el m�nimo y el m�ximo dentro del cual ella puede fijarse�[35]. De igual manera, ha dicho que �le corresponde [al legislador] indicar los aspectos relativos a su n�cleo esencial, a saber: clase, t�rmino, cuant�a y el tope m�ximo�[36]. A prop�sito del deber de determinar plenamente la sanci�n, ha sostenido que esto �no impide que el legislador dise�e mecanismos que permitan la gradaci�n de la sanci�n, como el se�alamiento de topes m�ximos o m�nimos�[37] [�]� -Resaltado fuera de texto-.

46. A su turno, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[38], respecto del principio de legalidad de las faltas y de las sanciones, consider�:

�[�] Para la Sala el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones previsto en el art�culo 29 CP, debe observarse para establecer las infracciones administrativas y las sanciones correspondientes en todos los �mbitos regulados, dentro del contexto del �Estado Regulador�, incluido el sector del transporte terrestre. Dicho principio, como qued� expuesto, se manifiesta en las dimensiones reserva de ley y tipicidad.

La jurisprudencia -constitucional y del Consejo de Estado-, ha permitido cierta flexibilizaci�n del principio de tipicidad, lo que se expresa en describir los elementos b�sicos de la conducta t�pica que ser� sancionada, as� como la determinaci�n del tipo y cuant�a de las sanciones que ser�n impuestas. En otras palabras, es necesario que el Legislador incluya un contenido m�nimo o adopte las decisiones b�sicas relativas a la definici�n, los alcances, los fines de las infracciones y sanciones, bajo lo que ser�a una carga m�nima de intensidad normativa[39].

En la tipificaci�n de las infracciones, podr�n preverse normas en �blanco� o incompletas, que no pueden ser entendidas como un �cheque en blanco� para ser llenado a voluntad por la Administraci�n. Los tipos sancionatorios en �blanco� o incompletos se aceptan bajo remisiones normativas precisas o criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta.

Igualmente pueden utilizarse conceptos jur�dicos indeterminados, siempre y cuando sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios t�cnicos, l�gicos, emp�ricos, o de otra �ndole, que permitan prever, con suficiente precisi�n, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados.

Estima la Sala que la aplicaci�n pr�ctica y concreta del principio de tipicidad debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de �predictibilidad de la sanci�n�, seg�n el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracci�n y el tipo y grado de sanci�n correspondientes.

Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinici�n), que la efectividad de la infracci�n o de la sanci�n prevista en la ley dependan de una decisi�n libre y arbitraria del int�rprete o de la autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un car�cter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la Administraci�n en la imposici�n de las sanciones o las penas.

En cuanto a la posibilidad del reenv�o normativo a decretos reglamentarios, corresponde al legislador delimitar el contenido de la sanci�n a trav�s de la configuraci�n de los elementos estructurales del tipo, por lo que la remisi�n a la norma reglamentaria debe permitir su cumplida ejecuci�n. En tales casos, el contenido de la ley estar� referido al n�cleo esencial de la materia reservada, de manera que el reglamento se limite a desarrollar, complementar y precisar lo que ya ha sido de manera expresa previsto en la ley. Es aqu� donde el reglamento cumple una funci�n de �colaboraci�n� o complementariedad.

En consecuencia, la Constituci�n no permite otorgar a la Administraci�n la potestad gen�rica de establecer v�a reglamento infracciones y sanciones administrativas -pues tienen reserva de ley ordinaria-, y debe en todo caso respetar el debido proceso en punto a la legalidad y tipicidad, previstas en el inciso 2 del art�culo 29 de la Carta Pol�tica [�]� -Resaltado fuera de texto-.

47. La Corte Constitucional, siguiendo el derrotero anterior, estim� que la reserva de ley en el derecho administrativo sancionatorio cobijaba, igualmente, el procedimiento para la imposici�n de las sanciones, as�:

�[�] 4.5. Por su parte, la mutabilidad de la reserva de ley en el derecho administrativo sancionatorio deriva de la posibilidad que tiene el Legislador para incorporar, en el respectivo tipo punitivo, las remisiones normativas generales pero precisas que completen la proposici�n sancionatoria. Tal posibilidad fue claramente explicada en Sentencia C-699 de 2015[40], seg�n la cual:

�La reserva de ley consagrada en el Art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, supone que la estipulaci�n de las conductas sancionables en materia administrativa, concierne a la funci�n exclusiva del Congreso de la Rep�blica. No obstante, por razones de especialidad es posible asignar al ejecutivo mediante la expedici�n de actos administrativos de car�cter general la descripci�n detallada de las conductas, siempre y cuando los elementos

estructurales del tipo hayan sido previamente fijados por el legislador y sin que en ning�n caso las normas de car�cter reglamentario puedan modificar, suprimir o contrariar los postulados legales y, menos a�n, desconocer las garant�as constitucionales de legalidad y debido proceso.

Al legislador no le est� permitido delegar en el ejecutivo la creaci�n de prohibiciones en materia sancionatoria, salvo que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, estos son: (i) la descripci�n de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de la sanci�n; (ii) la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposici�n.� (�nfasis fuera de texto) [�]�[41] -Resaltado fuera de texto-.

48. Esta Secci�n[42], en el anterior sentido, ha considerado que la expedici�n de procedimientos administrativos es una competencia exclusiva del legislador, as�:

�[�] En este punto cabe mencionar que esta Secci�n, en sentencia de 3 de abril de 2014 y en la que examin� la legalidad de la Resoluci�n 284 de 25 de febrero de 2002, expedida por el Director General del Instituto Colombiano del Deporte, �por la cual se establece el tr�mite para las actuaciones derivadas de la aplicaci�n de los art�culos 4�, 11 y 16 del Decreto Reglamentario 00776 del 29 de abril de 1996�, preceptos demandados en el sub lite, precis� lo siguiente:

[�] Como se evidencia de la lectura de las disposiciones del Decreto con categor�a de Ley transcritas [art�culos 19 y 37 del Decreto Ley 1228 de 1995], en ellas se faculta al Director de la mencionada entidad para suspender o revocar el reconocimiento deportivo y la personar�a jur�dica de los clubes deportivos profesionales, pero ni en ellas ni en las restantes normas de dicho Decreto se establece el procedimiento espec�fico que debe seguir la Administraci�n para obrar en tal sentido, pues en el articulado del referido Decreto, m�s precisamente, en sus art�culos 18 y 38, simplemente se dispone que ��los actos que se expidan en relaci�n con el reconocimiento deportivo est�n sujetos a los procedimientos previstos en el C�digo Contencioso Administrativo y dem�s condiciones, t�rminos y requisitos que el reglamento establezca�, y que �para la aplicaci�n de las normas sancionatorias se deber� garantizar el derecho de defensa de conformidad con el C�digo Contencioso Administrativo�, respectivamente.

El art�culo 150 de la Carta Pol�tica, en su numeral 2, asigna de manera exclusiva a la Rama Legislativa del Poder P�blico la funci�n de expedir c�digos en todos los Ramos de la Legislaci�n y reformar sus disposiciones, dentro de ella los procedimientos administrativos.

Para la Sala, no admite discusi�n que la competencia para establecer los procedimientos administrativos que comprometan o condicionen las garant�as propias del derecho fundamental al debido proceso entre Administraci�n y Administrado, en este caso, entre una entidad del Estado y los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte, corresponde a la �rbita exclusiva y excluyente del Legislador [�][43](la negrita no es original) [�]�[44].

(iii) La derogaci�n de las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica derogada por la Carta de 1991.

49. La Corte Constitucional se refiri� a la derogaci�n de las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica anterior, se�alando al respecto:

�[�] 8. La aplicaci�n inmediata de la Constituci�n es directamente indicada por su propio texto, seg�n mandato contenido en el art�culo 380 superior, que al respecto prescribe:

�ARTICULO 380. Queda derogada la Constituci�n hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constituci�n rige a partir del d�a de su promulgaci�n.�

El referido principio de aplicaci�n inmediata de la nueva Constituci�n conlleva dos clases de efectos: efectos frente a las normas jur�dicas existentes en el momento de su entrada en vigencia, y efectos frente a los hechos que ocurran a partir de su vigencia, como a las situaciones en tr�nsito de ejecuci�n en ese momento.

8.1 En cuanto a los efectos frente a la normatividad jur�dica existente en el momento en el que se promulga la nueva Constituci�n, el principio de aplicaci�n inmediata significa que, como regla general, tal normatividad conserva su vigencia, salvo que resulte contradictoria con el nuevo r�gimen. A este respecto ha indicado la Corte que �la regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tr�nsito constitucional no conlleva necesariamente la derogaci�n de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n derogada. Por tanto, la legislaci�n preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva Constituci�n no establezca reglas diferentes.�[45]La necesidad de evitar un colapso normativo, y de mantener la seguridad jur�dica, sustentan el anterior principio de interpretaci�n de los efectos de la Constituci�n en el tiempo, en lo que se refiere a su aplicaci�n en relaci�n con las normas vigentes.

As� pues, en principio, las normas jur�dicas preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constituci�n, salvo que resulten notoriamente contrarias a sus principios, circunstancia que implica que ellas desaparezcan del universo jur�dico. Cabe preguntarse si este tipo de derogaci�n es de los que la doctrina califica de �t�cita o sobreentendida�, a lo cual habr� de responderse que en efecto lo es. Por lo cual la norma manifiestamente contraria a la Constituci�n debe entenderse derogada, sin necesidad de pronunciamiento alguno sobre su retiro del ordenamiento, ni sobre su inconstitucionalidad [�]�[46].

(iv) Los argumentos del actor para solicitar la cautela de suspensi�n provisional de los actos acusados.

50. Si bien el actor formul� acusaciones en relaci�n con cada art�culo, lo cierto es que aquellas se sintetizan en que el actor estima que tales disposiciones desconocieron los art�culos 150, 189 y 380 de la Carta Pol�tica puesto que:

(i) No existe ley expedida por el Congreso de la Rep�blica, dictada con origen en la Constituci�n Pol�tica de 1991 y previa a la fecha de expedici�n del Decreto n.� 1165 de 2019, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones, las sanciones a imponer, la autoridad competente para imponerlas ni los procedimientos a seguir para tal fin; contravini�ndose con ello el derecho fundamental al debido proceso y los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas, y

(ii) Las disposiciones sustento de los preceptos acusados expedidas con anterioridad a la Carta Pol�tica de 1991 fueron derogadas por el art�culo 380 de aquella Constituci�n Pol�tica.

51. Para efectos de desatar la primera acusaci�n, se debe advertir que el Decreto n.� 1165 de 2 de julio de 2019, modificado por el Decreto n.� 360 de 7 de mayo de 2021, fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales previstas, en especial, en el art�culo 189 numeral 25 de la Constituci�n Pol�tica, y con sujeci�n a las leyes 7� de 1991 y 1.609 de 2013.

52. Cabe mencionar que el art�culo 150 numeral 19 de la Constituci�n Pol�tica facult� al Congreso de la Rep�blica para dictar las normas generales y se�alar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para efectos de, entre otras cosas, �[�] c) Modificar, por razones de pol�tica comercial los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones concernientes al r�gimen de aduanas [�]�.

53. Atendiendo a la anterior facultad, el Legislativo expidi� la Ley 1609 de 2013, a trav�s de la cual se dictaron las normas generales a las cuales deb�a sujetarse el Gobierno nacional para modificar los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones concernientes al r�gimen de aduanas.

54. Esta ley, en su art�culo 5�, estableci� los criterios generales que deben ser observados por los decretos y dem�s actos administrativos que expida el Gobierno nacional para desarrollar la ley marco de aduanas, uno de los cuales es el siguiente: �[�] 4. Las disposiciones que constituyan el R�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el procedimiento aplicable deber� estar consagrado en los decretos que en desarrollo de la ley Marco expida el Gobierno Nacional [�]�.

55. De esta manera, la ley marco a la cual se debe sujetar el poder Ejecutivo para modificar los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones concernientes al r�gimen de aduanas, previ� que el Gobierno nacional podr�a expedir decretos relativos al r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el procedimiento aplicable.

56. Ahora bien, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-441 de 9 de diciembre de 2021, decidi� la demanda de inconstitucionalidad del citado numeral 4� del art�culo 5� de la Ley 1609 de 2013 y resolvi� lo siguiente:

�[�] PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE, el numeral 4 del art�culo 5 de la Ley 1609 del 2013, �Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones concernientes al R�gimen de Aduanas�.

SEGUNDO.- Los efectos de la anterior declaraci�n de inexequibilidad quedan diferidos hasta el 20 de junio de 2023, lapso dentro del cual el Congreso de la Rep�blica podr�, en ejercicio de sus competencias constitucionales y de la libertad de configuraci�n que le son propias, expedir la ley que contenga el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el proceso administrativo aplicable [�]�.

57. La Corte Constitucional, para adoptar su decisi�n, estim� que tal disposici�n -esto es, el art�culo 5� numeral 4 de la Ley 1.609 de 2013- fue introducida:

�[�] como uno de los criterios generales de la ley Marco de Aduanas, que no es propia del r�gimen aduanero en los t�rminos de los art�culos 150.19 literal c) y 189 numeral 25, seg�n se explic� con anterioridad, en realidad comporta una habilitaci�n al Gobierno Nacional para que sea �ste el que, mediante decretos que dicte en desarrollo de ley marco, establezca el r�gimen sancionatorio aduanero, el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas y el procedimiento aplicable en estas materias.

180. Quiere decir lo anterior que, conforme a esta habilitaci�n, por cuanto no hay norma constitucional que prevea para el Gobierno esta facultad administrativa, �ste ha quedado investido, de manera permanente, de la potestad de determinar los elementos de la responsabilidad sancionatoria en materia aduanera, es decir, i) las infracciones administrativas aduaneras; ii) los sujetos que eventualmente pueden incurrir en tales infracciones; y iii) las sanciones aplicables, as� como iv) el procedimiento para su imposici�n, elementos todos ellos que, a la luz de los lineamentos jurisprudenciales expuestos, deben estar estrictamente determinados en una ley en sentido formal, pues hacen parte intensamente de la reserva de ley.

181. De esta manera, la Corte encuentra que la norma acusada es inconstitucional porque viola el principio de reserva de ley al trasladar de manera abierta e irregular al Gobierno, al amparo de una norma que ni siquiera configura una regla general, cuadro o marco, ni mucho menos fija criterios u objetivos de ninguna �ndole y que no se refiere a una estricta raz�n de naturaleza comercial, una potestad de regulaci�n que es de su competencia exclusiva, con lo cual la determinaci�n de los elementos que configuran la responsabilidad sancionatoria en materia aduanera ha quedado librada al criterio discrecional de aqu�l. [�]�.

58. La Corte Constitucional, posteriormente hizo referencia a que lo concerniente al r�gimen sancionatorio aduanero, al decomiso de mercanc�as y a los procesos aplicables, para la fecha en que se profiri� la decisi�n judicial, eran temas que no se encontraban regulados en una ley de la Rep�blica:

�[�] sino en decretos administrativos que pretenden desarrollar una ley general, cuadro o marco, expedidos por el Gobierno primero, al amparo de la Ley 6 de 1971 y, luego, al amparo de la Ley 1609 de 2013, espec�ficamente, en el Decreto 1165 de 2019 (�) 183. Es as� como, tambi�n, la actuaci�n del legislador con la expedici�n de la norma acusada termin� por configurar una elusi�n de la competencia normativa legislativa y del ulterior control de constitucionalidad, pues al no regularse este tema por medio de una ley ordinaria hizo que se impidiera el debate democr�tico y la aprobaci�n de una ley, lo mismo que el examen que corresponde realizar a esta Corporaci�n sobre la misma, lo que, a su turno, adem�s de menoscabar el principio de distribuci�n del poder y de separaci�n de funciones, constituye una violaci�n al r�gimen de controles judiciales expresamente previsto por el constituyente para las materias objeto de regulaci�n legal [�]�.

�[�] 184. En virtud de lo anterior, la Corte concluye que el numeral 4 del art�culo 5 de la Ley 1609 de 2013 debe ser declarado inexequible, toda vez que tal potestad regulatoria no est� comprendida dentro de las facultades que le corresponde cumplir al Gobierno seg�n lo previsto en los art�culos 150.19 literal c) y 189 numeral 25, con sujeci�n a normas generales contenidas en leyes cuadro o marco y, consecuencialmente, la transferencia al Gobierno de una facultad abierta e indeterminada en materia sancionatoria aduanera, de decomiso de mercanc�as y de los procesos aplicables, desconoce los principios de legalidad, de tipicidad y de reserva de ley como imperativos constitucionales del debido proceso y del derecho administrativo sancionador.

185. En consecuencia, lo que de entrada impone esta decisi�n es el retiro de dicha norma del ordenamiento jur�dico y en la medida que el r�gimen sancionatorio, las reglas del decomiso y las reglas que regulan los procesos correspondientes han sido adoptados desde hace varios a�os mediante decretos de naturaleza administrativa y son los que se aplican en la actualidad por las autoridades administrativas correspondientes, la Sala encuentra que su expulsi�n inmediata puede causar traumatismo y generar riesgos para la preservaci�n y respeto del r�gimen aduanero, pues se generar�a un escenario de incertidumbre jur�dica e impunidad frente a unas conductas que siendo nocivas para el orden jur�dico se quedar�n sin sanci�n por ausencia de regulaci�n hasta tanto se expida por el legislador.

188. Por esta raz�n, la Sala considera que la mejor alternativa, en el presente caso, es modular los efectos de la sentencia y recurrir a una inconstitucionalidad diferida, �como lo ha hecho la Corte en oportunidades anteriores�,[47] a fin de permitir que, en un plazo razonable determinado, el Congreso de la Rep�blica, dentro de la libertad de configuraci�n que le es propia, expida la ley que regule el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el procedimiento aplicable, sin que la norma declarada inexequible pierda vigencia inmediatamente.

As�, el actual r�gimen sancionatorio aduanero y del decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, contenido en el Decreto 1165 de 2019, con las modificaciones incorporadas mediante el Decreto 360 de 2021, se mantendr� vigente hasta que, dentro del plazo perentorio que la Sala determine, se expida la ley correspondiente.

La Corte proceder�, entonces, en la parte resolutiva de esta sentencia a declarar la inexequibilidad con efectos diferidos del numeral 4 del art�culo 5 de la Ley 1609 del 2013 hasta el 20 de junio de 2023. Si en ese lapso es expedida la ley que constituya el r�gimen sancionatorio y el decomiso de mercanc�as en materia de aduanas, as� como el procedimiento aplicable en estas materias, entonces, la inconstitucionalidad constatada carecer� de efecto por sustracci�n de materia. Por el contrario, si el anterior plazo expira sin que el Congreso de la Rep�blica act�e de conformidad con lo ordenado en esta providencia, la inconstitucionalidad declarada surtir� plenos efectos a partir del 21 de junio de 2023 [�]� (negrillas fuera del texto)

60. De tal manera que el Ejecutivo no ten�a la potestad para determinar los elementos de la responsabilidad sancionatoria en materia aduanera, esto es, las infracciones administrativas aduaneras, los sujetos que podr�an incurrir en ellas, las sanciones aplicables y el procedimiento para su imposici�n, toda vez que no est� comprendida dentro de las facultades que le fueron conferidas al Gobierno nacional en los art�culos 150 numeral 19 literal c) y 189 numeral 25 de la Carta Pol�tica, con sujeci�n a leyes cuadro o marco.

61. Es as� que las disposiciones del Decreto n.� 1165 de 2019, con las modificaciones incorporadas en el Decreto 360 de 2021, relativas a la materia sancionatoria aduanera, de decomiso y de los procesos aplicables, podr�an considerarse, en principio, contrarias a los art�culos 29, 150 y 189 de la Carta Pol�tica, pues el Gobierno nacional se habr�a irrogado potestades propias del Congreso de la Rep�blica.

62. Sin embargo, claramente la Corte Constitucional indic� que esta normatividad deb�a pervivir y mantenerse vigente hasta que, dentro del plazo perentorio fijado por la corporaci�n, se expidiera la ley correspondiente, pues su retiro inmediato causar�a traumatismo y generar�a riesgos para la preservaci�n y respeto del r�gimen aduanero.

63. Por ello, declar� la inexequibilidad del art�culo 5� numeral 4� de la Ley 1609 de 2013, pero con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023, indicando que si dicha ley se expide, la inconstitucionalidad carecer�a de efecto por sustracci�n de materia, pero si aquello no ocurre, la inconstitucionalidad declarada surtir� plenos efectos a partir del 21 de junio de 2023, raz�n por la cual, a la fecha en que esta decisi�n se profiere, es claro que las disposiciones cuestionadas por el actor tendr�an como sustento la mencionada norma.

64. En lo que tiene que ver con la segunda acusaci�n, el actor plantea que algunas disposiciones acusadas tienen sustento en preceptos que, por haber sido expedidos con anterioridad a la Constituci�n Pol�tica de 1991, fueron derogadas por esta en virtud de lo dispuesto en el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, norma que dispuso lo siguiente: �[�] Queda derogada la Constituci�n hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constituci�n rige a partir del d�a de su promulgaci�n. [�]�.

65. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional ha destacado que, por regla general, la normatividad jur�dica existente en el momento en el que se promulga la nueva carta pol�tica conserva su validez, salvo que resulte contradictoria con el nuevo r�gimen, lo que se traduce en que el tr�nsito constitucional no conlleva necesariamente la derogaci�n de la totalidad de aquellas normas.

66. Dicha posici�n jurisprudencial no se comparte el actor; sin embargo, en criterio de este Despacho, en esta instancia preliminar de la actuaci�n, no se puede emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la tesis divergente del accionante frente a un tema resuelto, con fuerza vinculante, por parte de la Corte Constitucional.

III.3.2. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el despacho estima que no se cumplen los requisitos previstos en el art�culo 231 del CPACA para decretar la cautela solicitada y, en consecuencia, negar� su imposici�n.

En m�rito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Secci�n Primera de lo Contencioso Administrativo,

PRIMERO: NEGAR la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos 2 [parcial], 10 [parcial], 13 [parcial], 15 [parcial], 18 [parcial], 32 [parcial], 53 [parcial], 55, 60 [parcial], 64 [parcial], 66 [parcial], 93 [parcial], 112 [parcial], 117 [parcial], 120 [parcial], 148 [parcial], 156 [parcial], 160 [parcial], 180 [parcial], 208 [parcial], 219 [parcial], 220 [parcial], 234 [parcial], 238 [parcial], 239 [parcial], 245 [parcial], 249 [parcial], 290 [parcial], 291 [parcial], 296 [parcial], 299 [parcial], 329 [parcial], 331 [parcial], 332 [parcial], 455 [parcial], 490 [parcial], 495 [parcial], 497 [parcial], 513 [parcial], 544 [parcial], 565 [parcial], 574 [parcial], 591 [parcial], 592 [parcial], 596 a 600, 602 a 612, 615 a 651, 652 [parcial], 654 a 673, 681 a 696, 699 a 707, 708 [parcial], 726, 766 [parcial], 773 numeral 2� y 773 numeral 4� [parcial] del Decreto n.� 1165 de 2 de julio 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al r�gimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013, expedido por el Gobierno nacional.

Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 2�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 13�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 53�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 60�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 66�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 112�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 148�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 160�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 180�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 208�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 219�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 234�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 238�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 239�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 329�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 331�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 332�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 490�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 495�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 497�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 596�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 597�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 598�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 599�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 600�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 726�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 773�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 156�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 220�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 245�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 249�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 290�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 291�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 513�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 766�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 93�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
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Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 602�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
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Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 627�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 628�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 629�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 630�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 631�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 632�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 633�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 634�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 635�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 636�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 637�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 638�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 639�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 640�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
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Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 645�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
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Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 656�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 657�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 658�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 659�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 660�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 661�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 662�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 663�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 664�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
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Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 696�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 699�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 700�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 701�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 702�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 703�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 704�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 705�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 706�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
Niega la suspensi�n provisional��(De los efectos jur�dicos de la parte demandada de este Art�culo. )�Art�culo 707�DECRETO_1165_2019_02/07/2019
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[8]Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez.

[9] Sobre la aplicaci�n de la proporcionalidad, la misma providencia indic�: �(�), la proporcionalidad y la ponderaci�n no representan ni la limitaci�n, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentaci�n como sustento de toda decisi�n judicial. Cabe, entonces, examinar c�mo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderaci�n, como expresi�n m�s depurada del principio de proporcionalidad� // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinaci�n de una medida cautelar, que no es m�s que la adopci�n de una medida de protecci�n a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden f�ctico referidas a una estimaci�n de los medios de acci�n a ser seleccionados, cuesti�n que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situaci�n de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisi�n que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administraci�n p�blica (necesidad) y, por �ltimo, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jur�dico de ponderaci�n , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectaci�n o no satisfacci�n de cada uno de los principios contrapuestos

[10] El art�culo 230 del CPACA. se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o la realizaci�n o demolici�n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci�n de sus efectos; (numeral 5) Impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

[11] �[�] Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios [�]�.

[12] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Radicaci�n: 11001032400020160029500. MP.: Hernando S�nchez S�nchez. Actor; RCN Televisi�n S.A. y Caracol Televisi�n S.A.

[18] [7] Al respecto se puede consultar la Sentencia C-333 del 29 de marzo de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

[19] Sentencia C-853 de 2005, MP Jaime C�rdoba Trivi�o. Ver tambi�n las sentencias: C-507 de 2006, MP �lvaro Tafur Galvis; C-343 de 2006, MP Manuel Jos� Cepeda Espinosa Sentencia; C-406 de 2004, MP Clara In�s Vargas Hern�ndez; y C-1011 de 2008, MP Jaime C�rdoba Trivi�o.

[23] En Sentencia C-412 de 2015 (MP Alberto Rojas R�os), la Corte sostuvo que �En materia de derecho sancionatorio el principio de legalidad comprende una doble garant�a, a saber: material, que se refiere a la predeterminaci�n normativa de las conductas infractoras y las sanciones; y, formal, relacionada con la exigencia de que estas deben estar contenidas en una norma con rango de ley, la cual podr� hacer remisi�n a un reglamento, siempre y cuando en la ley queden determinados los elementos estructurales de la conducta antijur�dica.�//En el mismo sentido, mediante Sentencia C-135 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte se�al� que �el derecho administrativo sancionador se encuentran (sic) al igual que el derecho penal, sujeto al principio constitucional de legalidad que a su vez se encuentra integrado por los principios de tipicidad y reserva de ley, los cuales constituyen pilares rectores del debido proceso, junto al principio de proporcionalidad.�

[26] Sentencias C-530 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y C-406 de 2004 (MP Clara In�s Vargas Hern�ndez).

[29] Sentencia C-860 de 2006, reiterada, entre otras, en la Sentencia C-032 de 2017.

[31] Al respecto, en la Sentencia C-564 de 2000, la Corte precis�: �� a la pregunta de si resulta acorde con la Constituci�n que para la tipificaci�n de infracciones administrativas, el legislador haga uso a remisiones normativas que completen o determinen el contenido de �stas, [�] la respuesta es afirmativa. [�] || La exigencia de una clasificaci�n detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no s�lo se haga una descripci�n exacta de la conducta que ser� objeto de sanci�n sino de la sanci�n misma, modelo t�pico del precepto penal, devendr�a en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa�. As� mismo, en la Sentencia C-092 de 2018, afirm� que �[d]e acuerdo con la jurisprudencia constitucional en materia de derecho administrativo sancionatorio, el legislador debe establecer unos criterios generales para la graduaci�n de la sanci�n, pero no tiene que hacer una regulaci�n exhaustiva al nivel de detalle, ya que para ello hay un marco general legislativo que debe atender. Por eso, cuando se delega parte de la regulaci�n, el legislador le impone al Gobierno unas directrices suficientemente claras que posteriormente puedan desarrollarse mediante actos administrativos�.

[32] Sentencia C-827 de 2001, reiterada, entre otras, en las sentencias C-343 de 2006, C-242 de 2010, C-412 de 2015 y C-032 de 2017.

[34] Sentencia C-860 de 2006, reiterada en las sentencias SU-1010 de 2008, C-595 de 2010 y C-412 de 2015.

[35] Sentencia C-921 de 2005, citada en la sentencia C-818 de 2005. En la sentencia C-742 de 2010, se afirm� que �[l]a Corte ha precisado que el principio de legalidad en el �mbito administrativo sancionatorio solamente exige la existencia de una norma con fuerza material de ley que contenga una descripci�n gen�rica de las conductas sancionables, sus tipos y las cuant�as m�ximas de las sanciones, norma cuyo desarrollo puede ser remitido a actos administrativos expedidos por la administraci�n�.

[38] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: GERM�N ALBERTO BULA ESCOBAR. Bogot� D.C., cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019). Radicaci�n n�mero: 11001-03-06-000-2018-00217-00(2403). Actor: MINISTERIO DE TRANSPORTE.

[42] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALD�S. Bogot� D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2011-00257-00. Actor: FEDERACI�N COLOMBIANA DE F�TBOL � FCF.

[43] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Sentencia de 3 de abril de 2014. Radicaci�n: 11001-03-24-000-2011-00256-00. M.P.: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez. Actor: Federaci�n Colombiana de F�tbol.

Fecha Providencia	06/06/2023
Fecha de notificaci�n	06/06/2023

Referencia:	NULIDAD
Expediente:	11001032400020220035800
Actor:	WILLIAM ESTEBAN G�MEZ MOLINA
Demandados:	NACI�N � PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA � MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Tema:	Decreto n� 1165 de 2 de julio de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al r�gimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1.609 de 2013 / niega medida cautelar.