AUTO 11001-03-24-000-2022-00335-00 de 2023

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030046570AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-24-000-2022-00335-00202318/05/2023AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-24-000-2022-00335-00__2023_18/05/2023300466012023

Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato Vald�sNACI�N � PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHOWilliam Esteban G�mez Molina,falseart�culos 2.2.2.2.2.3., 2.2.2.2.3.4., 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3. [parcial], 2.2.2.2.5.3., 2.2.2.2.6.2 a 2.2.2.2.6.4., 2.2.2.2.7.2., 2.2.2.2.7.3., 2.2.2.2.8.2., 2.2.2.2.10.1., 2.2.3.1.1.7., 2.2.4.2.9.6. [parcial], 2.2.4.2.9.8., 2.2.4.4.6.1.1, 2.2.6.12.1.8. y 2.2.6.12.1.13 del Decreto n.� 1069 de 26 de mayo de 2015Identificadores10030301931true1442839original30260481Identificadores

Norma demandada: �art�culos 2.2.2.2.2.3., 2.2.2.2.3.4., 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3. [parcial], 2.2.2.2.5.3., 2.2.2.2.6.2 a 2.2.2.2.6.4., 2.2.2.2.7.2., 2.2.2.2.7.3., 2.2.2.2.8.2., 2.2.2.2.10.1., 2.2.3.1.1.7., 2.2.4.2.9.6. [parcial], 2.2.4.2.9.8., 2.2.4.4.6.1.1, 2.2.6.12.1.8. y 2.2.6.12.1.13 del Decreto n.� 1069 de 26 de mayo de 2015

Demandado: �NACI�N � PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Demandados: NACI�N � PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Tema: Decreto n.� 1069 de 2015, a trav�s del cual se expide el decreto �nico reglamentario del sector justicia y del derecho / Niega medida cautelar de suspensi�n provisional

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar________________________________________________________

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.2.2.2.2.3., 2.2.2.2.3.4., 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3. [parcial], 2.2.2.2.5.3., 2.2.2.2.6.2 a 2.2.2.2.6.4., 2.2.2.2.7.2., 2.2.2.2.7.3., 2.2.2.2.8.2., 2.2.2.2.10.1., 2.2.3.1.1.7., 2.2.4.2.9.6. [parcial], 2.2.4.2.9.8., 2.2.4.4.6.1.1, 2.2.6.12.1.8. y 2.2.6.12.1.13 del Decreto n.� 1069 de 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expidi� el decreto �nico reglamentario del sector justicia y del derecho.

1. El ciudadano William Esteban G�mez Molina, en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, present� demanda ante esta Corporaci�n judicial, con el fin de obtener las siguientes declaraciones respecto del Decreto n.� 1069 de 26 de mayo de 2015:

�[�] Primera: Que se declare la nulidad del art�culo 2.2.2.2.2.3.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.3.4.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.4.2.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.4.3.: (�) De los apartes resaltados del art�culo 2.2.2.2.5.3.: (�) �Art�culo 2.2.2.2.5.3: (�) el porte y el consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas (�) El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior acarrear� la destituci�n del funcionario, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar� (�) Del art�culo 2.2.2.2.6.2.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.6.3.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.6.4.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.7.2.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.7.3.: (�) Del art�culo 2.2.2.2.8.2.: (�) Y del art�culo 2.2.2.2.10.1: (�) Segunda: Que se declare la nulidad del art�culo 2.2.3.1.1.7.: (�) Tercera: Que se declare la nulidad de los apartes resaltados del art�culo 2.2.4.2.9.6.: (�) Cuarta: Que se declare la nulidad del art�culo 2.2.3.1.1.7.: (�) �Art�culo 2.2.4.2.9.8 (�) Y quita: Que se declare la nulidad del art�culo 2.2.6.12.1.8.: (sic) (�) Y del art�culo 2.2.6.12.1.13.[�]�

2. Este Despacho, mediante auto de 16 de agosto de 20223, admiti� la demanda de nulidad interpuesta y orden� la notificaci�n de dicha providencia a quienes intervinieron en la expedici�n del Decreto n.� 1069 de 26 de mayo de 2015.

3. La parte actora solicit�, en escrito independiente de la demanda, la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los �[�] art�culos 2.2.2.2.2.3., 2.2.2.2.3.4., 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3. (parcial), 2.2.2.2.5.3., 2.2.2.2.6.2. a 2.2.2.2.6.4., 2.2.2.2.7.2., 2.2.2.2.7.3., 2.2.2.2.8.2. y 2.2.2.2.10.1, el art�culo 2.2.3.1.1.7., los art�culos 2.2.4.2.9.6. (parcial) y 2.2.4.2.9.8., el art�culo 2.2.4.4.6.1., y los art�culos 2.2.6.12.1.8 y 2.2.6.12.1.13. del Decreto 1069 de 2015 [�]�, no obstante, para sustentar su pedimento se remiti� a esta -la demanda-; cautela que sustent� de la siguiente manera:

�[�] En la presente oportunidad se solicita la suspensi�n provisional de los contenidos normativos previamente enunciados, esto, tras considerar que, de continuar ejecut�ndose, se causa un perjuicio irremediable para todas las personas p�blicas y privadas que interact�an con el sector de Justicia y el Derecho de la Naci�n, destinatarios de los procedimientos administrativos sancionatorios contenidos en ellos.

Lo anterior encuentra fundamento en el concepto de violaci�n expuesto en el escrito de demanda, de d�nde emerge con absoluta claridad la contradicci�n entre los actos demandados y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso y el principio de reserva de ley en materia administrativa sancionatoria as�:

1) Se establece razonablemente el alcance de la derogaci�n de la Constituci�n de 1886 y todas sus reformas, contenida en el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia de 1991.

2) Existe certeza acerca del alcance de los postulados constitucionales de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso y de reserva de ley atribuido por parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

3) Consideraciones desde las que arribamos a la premisa de que el presidente, constitucionalmente, no est� facultado �no cuenta con la competencia� para regular v�a decreto reglamentario (art.189.11) los elementos esenciales del tipo: (i) la descripci�n de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de la sanci�n; (ii) la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposici�n, y

4) Por tanto, se concluye que las normas demandas regulan todo aquello que por expresa disposici�n constitucional le corresponde de manera exclusiva al legislador, es decir, que fueron expedidos con infracci�n de las normas en que deber�an fundarse y/o sin competencia.

Lo anterior permite evidenciar el efecto da�ino del que se busca proteger todas aquellas situaciones no consolidadas con la medida preventiva de suspensi�n provisional solicitada, pues de continuar ejecut�ndose los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de todas las personas p�blicas y privadas que interact�an con el sector de Justicia y el Derecho de la Naci�n, mientras se surte todo el proceso, se genera una innegable vulneraci�n a su derecho fundamental al debido proceso. A este respecto, es importante se�alar que en la actualidad existe una gran mora procesal, en especial en el tr�mite de los asuntos como el que ac� se ventila, en donde la sentencia por lo regular tarda muchos a�os en ser dictada [�]� -resaltado fuera de texto-

4. El actor, en su demanda, a la cual se remite la solicitud de suspensi�n provisional, indic� que las disposiciones acusadas trasgredieron los art�culos 29, 150 y 380 de la Carta Pol�tica.

5. Se�al�, en primer lugar, que la derogaci�n de la Carta Pol�tica de 1886 -con sus reformas- trajo consigo, igualmente, la derogaci�n de las normas con origen en tal constituci�n, fen�meno que, en su concepto, se denomina �[�] derogatoria por consecuencia, consistente en que la derogatoria de la normativa en que se sustentaban produce �necesaria y l�gicamente� la p�rdida de vigencia de las normas que la desarrollaban, puesto que desaparece el fundamento que sirvi� de base para su expedici�n [�]�.

6. Mencion� que la Corte Constitucional, en sentido contrario a su concepto, acogi� una regla empleada por la Corte Suprema de Justicia �[�] que recoge lo dispuesto en el art�culo 9� de la Ley 153 de 1887, seg�n la cual: �Toda disposici�n legal anterior a la Constituci�n y que sea claramente contraria a su letra o su esp�ritu, se desechar� como insubsistente� [�]� y seg�n la cual:

�[�] con respecto a la legislaci�n preexistente las exigencias del principio de seguridad jur�dica y certidumbre se satisfacen de una manera diversa. En efecto, la regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tr�nsito constitucional no conlleva necesariamente la derogaci�n de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n derogada. Por tanto, la legislaci�n preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva Constituci�n no establezca reglas diferentes. [�]� -Corte Constitucional, Sentencia C-014 de 1993-

7. Estim�, entonces, que: �[�] el Constituyente de 1991 no fij� regla alguna que dispusiese el tr�nsito constitucional en bloque de las normas infra-constitucionales, esto pese a que s� previ� la posibilidad para el Gobierno de convertir en legislaci�n permanente los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgaci�n de ese Acto Constituyente (para lo cual fij� un plazo de noventa d�as y la obligaci�n de contar con la aprobaci�n de la Comisi�n Especial creada para tales fines, art. tran. 6), pero no, se resalta, la permanencia de las dem�s normas con origen en la Constituci�n de 1886 [�]�.

8. Concluy�, desde la anterior perspectiva, que: �[�] la tesis de la Corte Suprema de Justicia, acogida por la Corte Constitucional, no encuentra fundamento en disposici�n alguna en la Constituci�n, y siendo esta �ltima el par�metro de control, la norma de normas, para nosotros no es posible reconocer como derecho aquello que desconoce sus criterios de validez, raz�n de donde emerge con claridad la causal de nulidad de infracci�n de las normas en que deber�an fundarse algunos de los actos reglamentarios que m�s abajo se�al� en forma individualizada [�]�.

9. Afirm�, en segundo lugar, que en el �mbito del derecho sancionatorio administrativo opera el principio de reserva de ley y que apunta a que: �[�] con el fin de evitar la arbitrariedad de la administraci�n, el principio de reserva de ley, consagrado en el art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, exige que la descripci�n de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de la sanci�n, la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma, la autoridad competente para aplicarla y el procedimiento que debe seguirse para su imposici�n se regule exclusivamente por el legislador ordinario, es decir, el Congreso de la Rep�blica [�]�, a�adiendo que �[�] en el derecho administrativo sancionador, como expresi�n punitiva del Estado, son aplicables mutatis mutandis los mismos principios constitucionales que rigen en materia penal, entre ellos, los principios de legalidad, de tipicidad y de reserva de ley que, a su vez, operan como garant�as del debido proceso que se predican de toda clase de actuaciones judiciales y administrativas [�]�.

10. Destac�, en el sentido anterior, que: �[�] pese a que la jurisprudencia constitucional ha concebido la regla de que en el derecho administrativo sancionador el principio de legalidad no se aplica con la misma rigurosidad exigible que en materia penal, dada la naturaleza de los bienes jur�dicos involucrados, ello no excluye la obligaci�n de que, siempre y en todos los casos, i) el comportamiento sancionable, ii) las sanciones, iii) los criterios para su determinaci�n y, iv) los procedimientos previstos para la imposici�n de las sanciones est�n previamente definidos, en forma suficientemente clara, en la ley. Lo anterior obedece a que los principios de legalidad y de reserva de ley exigen que las limitaciones a los derechos de las personas sean establecidas directamente por el legislador ordinario [�]�.

11. Aludi� a que la reserva de ley en materia sancionatoria administrativa derivaba del art�culo 150 de la Carta Pol�tica que le asigna al Congreso de la Rep�blica para elaborar las leyes, a�adiendo, en lo que se refiere al principio de tipicidad como componente del principio de legalidad de las faltas y las sanciones, que este consiste �[�] en la �exigencia de descripci�n espec�fica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisi�n de cada conducta, as� como la correlaci�n entre unas y otras.� [�]� y que en materia sancionatoria administrativa opera una suerte de flexibilizaci�n, la cual no puede tener un car�cter extremo �[�] al punto que se habilite la arbitrariedad de la Administraci�n en la imposici�n de las sanciones o las penas [�]�.

12. Coligi�, entonces, que las disposiciones cuestionadas del Decreto n.� 1069 de 2015 �[�] contravienen la cl�usula general de reserva de ley y los principios de legalidad y de tipicidad o taxatividad como integrantes del debido proceso en materia del derecho administrativo sancionatorio, ya que el Gobierno Nacional no puede, v�a decretos reglamentarios, regular los elementos que componen los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de las personas p�blicas y privadas que interact�an con el sector de Justicia y del Derecho de la naci�n [�]�.

(i) Frente al art�culo 2.2.2.2.2.3 del Decreto n.� 1069 de 2015, afirm� que:

�[�] La atribuci�n constitucional que se informan en el ep�grafe del Decreto 1108 de 1994 para su expedici�n es el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica; adem�s, en sus art�culos 1� y 2� se informa que el objeto de este Decreto es la sistematizaci�n, coordinaci�n y reglamentaci�n de:

1. La prevenci�n integral del consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas (�) 2. El C�digo del Menor y sus disposiciones sobre porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas por parte de menores de edad y mujeres embarazadas o en per�odo de lactancia (�) 3. La Ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educaci�n" (�) 4. El C�digo Nacional de Polic�a (�) 5. La Ley 18 de 1991, "por la cual se ordena el control de las sustancias y m�todos prohibidos en el deporte" (�) 6. El C�digo Penitenciario y Carcelario y sus disposiciones sobre porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas (�) 7. El Decreto 2533 de 1993, "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos" (�) 8. El C�digo Sustantivo del Trabajo y el R�gimen de los Servidores P�blicos (�) 9. El C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre (�) 10. El C�digo Sanitario (�) 11. El Estatuto Nacional de Estupefacientes. 12. La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos aprobada por Ley 16 de 1972.�4

Conforme a lo cual se establece el marco jur�dico para el ejercicio de la competencia reglamentaria del Presidente de la Rep�blica. De este marco se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, dictada con origen en la Constituci�n Pol�tica de 1991 y previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1108 de 1994, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones a los directores y docentes de establecimientos educativos.

N�tese que para el 31 de mayo de 1994, fecha de expedici�n de la norma respecto de la cual se pide declarar su nulidad, el C�digo del menor al que se alude es el Decreto 2737 de 1989, norma que dentro de esta demanda se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n; la Ley 115 de 1994

no prev� lo que se dice reglamentar; el C�digo de Polic�a al que se alude es el Decreto 1355 de 1970, norma que dentro de esta demanda tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n; la Ley 18 de 1991, dentro de esta demanda, tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n; la Ley 65 de 1993 no prev� lo que se dice reglamentar; el Decreto 2533 de 1993 no corresponde con el que expide normas sobre armas, municiones y explosivos que es el Decreto n�mero 2535; el C�digo Sustantivo del Trabajo al que se alude es el Decreto 2663 de 1950, norma que dentro de esta demanda tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n, y el R�gimen de los Servidores P�blicos que para esa fecha se compon�a de las disposiciones constitucionales sobre la materia, no prev� lo que se dice reglamentar; el C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre al que se alude es el Decreto 1344 de 1970, norma que dentro de esta demanda tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n; el C�digo Sanitario al que se alude es la Ley 9 de 1979, norma que dentro de esta demanda tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n; el Estatuto Nacional de Estupefacientes al que se alude es la Ley 30 de 1986, norma que dentro de esta demanda tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n; y finalmente, la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n [�]�

(ii) En lo atinente a los art�culos 2.2.2.2.3.4., 2.2.2.2.6.2., 2.2.2.2.6.3., 2.2.2.2.7.2. y 2.2.2.2.10.1. del Decreto n.� 1069 de 2015, manifest� que �[�] debemos acudir al marco jur�dico expuesto para el art�culo 2.2.2.2.2.3., de donde se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1108 de 1994, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de las sanciones a imponer [�]�.

(iii) En lo que se refiere a los art�culos 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3., 2.2.2.2.5.3., 2.2.2.2.6.4 y 2.2.2.2.7.3. del Decreto n.� 1069 de 2015, reiter� para todos ellos que �[�] debemos acudir al marco jur�dico expuesto para el art�culo 2.2.2.2.2.3., de donde se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1108 de 1994, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de las sanciones a imponer [�]�, a�adiendo que (a) la Ley 18 de 1991 a la que se remite los art�culos 2.2.2.2.4.2. y 2.2.2.2.4.3.; el art�culo 45 literal c) de la Ley 65 de 1993 a la que se remite el art�culo 2.2.2.2.5.3.; y, el art�culo 8� del Decreto Ley 2400 de 1968 al que remite el art�culo 2.2.2.2.7.3., fueron derogados por el art�culo 380 de la Carta Pol�tica de 1991; y, (b) frente al art�culo 2.2.2.2.6.4 que �[�] acerca de la remisi�n a los art�culos 83 a 91 del Decreto n�mero 2535 de 1993, se resalta que constitucionalmente no es posible regular procedimientos sancionatorios v�a Decreto, independiente de que estos tengan incluso el rango de una Ley, como en este caso, ya que, como se expuso, por definici�n, estos carecen de los elementos democr�ticos y de consenso que exige la creaci�n de este tipo de normas [�]�.

(iv) Respecto del art�culo 2.2.2.2.8.2 del Decreto n.� 1069 de 2015, argument� que se deb�a �[�] acudir nuevamente al marco jur�dico expuesto para el art�culo 2.2.2.2.2.3., de donde se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1108 de 1994, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones, en este caso las contenidas en el art�culo 2.2.2.2.8.1., ni de la sanci�n a imponer [�]�.

(v) En lo que toca con el art�culo 2.2.3.1.1.7. del Decreto n.� 1069 de 2015 explic� que:

�[�] La atribuci�n constitucional que se informan en el ep�grafe del Decreto 306 de 1992, para su expedici�n, es el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica. Este Decreto reglamenta el Decreto-Ley 2591 de 1991, por lo que son estos dos elementos normativos los que sirvieron de fundamento para el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente (�) Partiendo entonces de este marco jur�dico, resulta oportuno referir que al Decreto-Ley 2591 se le ha atribuido por parte de la Corte Constitucional la fuerza an�loga de una Ley estatutaria (art. 152 C.P.), as� en la sentencia de unificaci�n SU-039 de 1997, en la cual la Sala Plena manifest� que: (�) Es decir, que a este decreto en espec�fico se le ha asignado por la jurisprudencia constitucional un nivel superior al de un decreto ley tradicional (art. 150.10 C.P); No obstante, para los efectos de esta demanda, tal consideraci�n no resta validez o fuerza a las razones que nos permiten establecer la contradicci�n entre los mandatos constitucionales de elaboraci�n democr�tica y de mayor consenso para regular los asuntos m�s sensibles de la sociedad que, como en este asunto, versan sobre derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos, recursos para su protecci�n y tambi�n sobre el mecanismo de tutela para administraci�n de justicia constitucional (�) De lo expuesto, se colige que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 306 de 1992, que regule el procedimiento de remitir copia de un expediente por parte de juez a otra autoridad a fin de que esta �ltima imponga una sanci�n administrativa [�]�.

(vi) Sobre el art�culo 2.2.4.2.9.6 del Decreto n.� 1069 de 2015 resalt� que:

�[�] Las atribuciones constitucionales y legales que se informan en el ep�grafe del Decreto 1829 de 2013, para su expedici�n, son el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 7�, 9�, 10, 13 y 14 de la Ley 640 de 2001, 26 de la Ley 1563 de 2012, y 23 de la Ley 51 de 1918. Este Decreto reglamenta algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, por lo que son estos elementos normativos los que sirvieron de fundamento para el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente; posteriormente este Decreto fue modificado por el Decreto 1885 de 2021, en el que se informan, en su ep�grafe, las siguientes atribuciones constitucionales y legales para su expedici�n: la Ley 29 de 1973, la Ley 640 de 2001, la Ley 1563 de 2012, la Ley 1564 de 2012, el Decreto Ley 960 de 1970, y el Art�culo 49 de la Ley 1955 de 2019 (�) Al respecto, en primer lugar, al revisar el marco jur�dico referido del Decreto 1829 de 2013, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n de este, que regule o describa los elementos b�sicos de las sanciones de multa, expresada en Unidades de Valor Tributario39 , ni de revocatoria del aval para impartir formaci�n en conciliaci�n extrajudicial en derecho (�) En segundo lugar, al verificar el marco jur�dico referido del Decreto 1885 de 2021, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n de este, que regule o describa los elementos b�sicos de la sanci�n de revocatoria del aval para impartir formaci�n en conciliaci�n extrajudicial en derecho [�]�.

(vii) Frente al art�culo 2.2.4.2.9.8. del Decreto n.� 1069 de 2015 adujo que se deb�a acudir �[�] al primer marco jur�dico expuesto para el art�culo 2.2.4.2.9.6., de donde se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1829 de 2013, que determine la sanci�n de publicaci�n en el SICAAC de sanciones impuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho a un Centro, una vez est�n en firme [�]�.

(viii) En lo atinente al art�culo 2.2.4.4.6.1 del Decreto n.� 1069 de 2015 expuso que �[�] Las atribuciones constitucionales y legales que se informan en el ep�grafe del Decreto 1829 de 2013, para su expedici�n, son el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica y la Ley 1564 de 2012. Este Decreto reglamenta algunas disposiciones del C�digo General del Proceso sobre los Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante y se dictan otras disposiciones, para lo cual dentro de sus considerandos se�ala el art�culo 91 de la Ley 446 de 1998 y el art�culo 7� de la Ley 640 de 2001, por lo que son estos elementos normativos los que sirvieron de fundamento para el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente (�) En esta direcci�n, al revisar tal marco jur�dico, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 2677 de 2012, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de la sanci�n a imponer [�]�.

(ix) En lo que se refiere a los art�culos 2.2.6.12.1.8 y 2.2.6.12.1.13 del Decreto n.� 1069 de 2015 se�al� que �[�] Estos art�culos se entienden derogados por el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica de 1991 [�]�.

14. El Despacho, mediante auto de 16 de agosto de 20225, orden� correr traslado a las entidades demandadas de conformidad con lo establecido en el art�culo 233 del CPACA.

15. II.1. En la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de �[�] la Naci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jur�dico (�) y en ejercicio de la delegaci�n de representaci�n judicial conferida [�]�, se pronunci� en relaci�n con la solicitud de imposici�n de cautela presentada por el actor, solicitando negar la suspensi�n provisional de las disposiciones cuestionadas del Decreto n.� 1069 de 20156.

16. Manifest� que el art�culo 2.2.2.3.4. del Decreto n. 1069 de 2015 relacionado con las sanciones por el uso o consumo de sustancias estupefacientes y sicotr�picas en establecimientos p�blicos, hab�a deca�do en la medida en �[�] si bien esta disposici�n fue compilada del art�culo 19 del Decreto 1108 de 1994, se consagr� originalmente en el Decreto Ley 1355 de 1970, y este, a su vez, fue derogado por el art�culo 242 del C�digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016) [�]�, lo cual hace improcedente la suspensi�n provisional de dicha disposici�n puesto que dej� de producir efectos, en los t�rminos del art�culo 91 del CPACA.

17. Afirm�, posteriormente, que si bien las disposiciones acusadas se aplican al sector justicia, regulan tem�ticas de diversa �ndole, por lo que el an�lisis de legalidad no debe realizarse en esta etapa procesal; no obstante, record� que los preceptos acusados se cimentaron en el art�culo 189 numeral 11 de la Carta Pol�tica, norma que establece la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica y que, asimismo, fundament� la compilaci�n, racionalizaci�n y actuaci�n de las normas reglamentarias que rigen el sector justicia y del derecho en un solo texto, el Decreto n.� 1069 de 2015.

18. De esta manera, destac� que el Gobierno nacional s� respeto los l�mites de la potestad reglamentaria y no usurp� competencias propias del legislativo y prueba de ellos, en su concepto, es que: �[�] no crean ni introducen al ordenamiento jur�dico interno nuevas medidas administrativas sancionatorias, dado que se trata del desarrollo reglamentario concebido originalmente en los decretos compilados en el DUR 1069 y que se encaminaron a facilitar la ejecuci�n de las normas que las sustentan [�]�.

19. Verific� los requisitos de procedencia de la medida cautelar de suspensi�n provisional y encontr� que los fundamentos de la solicitud presentada por el actor no desvirtuaban la juridicidad de las disposiciones cuestionadas toda vez que de su confrontaci�n con las normas enunciadas como violadas no surg�a una ostensible vulneraci�n de estas que ameritara adoptar la cautela; a�adiendo que tampoco se hab�a probado la �[�] idoneidad, necesidad y proporcionalidad de dicha medida cautelar [�]�.

20. II.2. El apoderado judicial del Presidente de la Rep�blica7, dentro de la oportunidad correspondiente, solicit� denegar la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos acusados del Decreto n. 1069 de 2015.

21. Destac� que en el presente caso no exist�a vulneraci�n del orden constitucional puesto que: �[�] el Decreto �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho compila todas las normas que reglamentan el trabajo (sic) y que antes estaban dispersas. Se convirti� en la �nica fuente para consultar las normas reglamentarias en Colombia sobre esta materia. Sin embargo, el Decreto 1069 no modific� las normas preexistentes, solo las unific�. El cambio que introdujo es de forma y no de fondo. En realidad, no modific� la legislaci�n del sector, sino que se compil� en una sola norma. [�]�.

�[�] los art�culos materia de la demanda tiene su origen en el Decreto 1108 de 31 de mayo de 1994 �Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relaci�n con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas�, que en su momento fue objeto de otra demanda de nulidad en el que se solicit� una medida cautelar de suspensi�n provisional, resuelta mediante auto de 19 de diciembre de 2018 dictada en el expediente 11001032400020120033300, con ponencia del mismo Consejero que conduce este nuevo proceso (�) Huelga recordar que, mediante el auto aludido, este Despacho decidi� negar la solicitud de suspensi�n provisional de los art�culos demandados del Decreto 1108 de 1994, hoy compilados en el Decreto 1069 de 2015, de suerte que planteamos la primera solicitud en el sentido de que se ordene estar a lo resuelto en esa providencia [�]�.

23. Manifest� que frente al art�culo 2.2.2.2.3.4 del Decreto 1069 de 2015 oper� el fen�meno del decaimiento puesto que: �[�] el art�culo 19 del Decreto 1108 de 1994 (su norma fuente) proven�a del C�digo Nacional de Polic�a adoptado mediante Decreto 1355 de 1970, hoy derogado luego de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, C�digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (�) Siendo imposible ordenar la suspensi�n provisional de normas derogadas, solicitamos que igualmente se deniegue esta nueva solicitud [�]�.

24. Asegur� que las contravenciones establecidas en los art�culos 208 y 214 del Decreto Ley 1335 de 1970 -anterior C�digo de Polic�a-, eran el sustento normativo de los art�culos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Decreto 1108 de 1994:

�[�] que regulaban el uso y consumo de estupefacientes en lugares p�blicos o abiertos al p�blico. Las �ltimas disposiciones guardaban coherencia y total sujeci�n a las normas de mayor rango legal en las cuales se sustentaban, por lo cual no violaban los l�mites competenciales, como lo afirma el actor. No obstante, tales disposiciones han perdido su fuerza ejecutoria, debido a la derogatoria del Decreto Ley 1108 en que se sustentaban. En todo caso, su contenido guarda coherencia y pertinencia frente a la aplicaci�n de la Ley 1801 del 2016 (�) En aplicaci�n de tales criterios, las autoridades tienen la obligaci�n constitucional y legal de hacer efectivas las limitaciones al porte, uso y consumo de drogas y sustancias sicoactivas, cuando ello puede afectar los derechos de otros, al igual que el orden p�blico. En otras palabras, el ejercicio del derecho a la libertad y libre desarrollo de la personalidad no puede ir en desmedro de los derechos de los dem�s ciudadanos y, en especial, de poblaciones de especial protecci�n constitucional (�) As� las cosas, las disposiciones atacadas pretenden proteger valores jur�dicos superiores, como los derechos de los menores, la moral p�blica y la salud p�blica, para lo cual aquellas se remiten a las normas de rango legal que han establecido l�mites razonables y proporcionales al derecho de libre desarrollo de personalidad en tanto resulta leg�timo y valido conforme al ordenamiento jur�dico que se establezcan nomas legales y reglamentarias que faculten a las autoridades a intervenir en los casos en los cuales el consumo de sustancias psicoactivas como expresi�n de libre desarrollo de la personalidad y libertad de determinaci�n del consumidor est� generando afectaciones a derechos constitucionales de otros sujetos [�]�.

25. Sostuvo que la solicitud de medida cautelar carece de la argumentaci�n y del soporte probatorio requeridos para adoptar una decisi�n preventiva, puesto que el actor se limit� a afirmar que existe una violaci�n al principio de reserva de ley, sin realizar una valoraci�n del caso particular ni confrontaci�n normativa que permita abordar el estudio de la solicitud, de tal forma que: �[�] la simple alusi�n a la vulneraci�n de normas superiores hecha en la demanda obligar�a al juez a realizar el estudio completo de �sta y, en definitiva, lo llevar�a a adoptar una decisi�n de fondo en el asunto, actuaci�n con la que se desconocer�a el derecho de defensa y contradicci�n de la parte demandada y conllevar�a a un prejuzgamiento [�]�.

26. Observ� que no se acredit� en el proceso el peligro que representar�a no adoptar la medida y, en todo caso, no se cumpli� con ninguno de los requisitos para la imposici�n de la cautela puesto que: �[�] La vulneraci�n del ordenamiento jur�dico no es notoria ni evidente, sino todo lo contrario, porque el reglamento no contradice la ley en modo alguno, sino que le da vida pr�ctica, bajo la regla del efecto �til de las normas jur�dicas [�]�, a lo que sum� que el decreto del cual hacen parte las disposiciones acusadas �[�] fue proferido por el Presidente de la Republica en ejercicio del principio de necesidad, que se presenta cuando la ley define de manera general y amplia una determinada situaci�n jur�dica, o cuando el propio legislador le conf�a al Ejecutivo el detalle operativo necesario para su cabal implementaci�n [�]�.

27. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodol�gicas, la Sala Unitaria empezar� por efectuar: (i) un an�lisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) abordar el caso en concreto.

28. Uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue as� como el nuevo C�digo cre� un moderno y amplio r�gimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensi�n provisional de actos administrativos, y en su art�culo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

29. En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

30. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante; y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privaci�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa.8

31. Los art�culos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la cauci�n y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopci�n de alguna de las cautelas enunciadas en el art�culo 230.

32. En cuanto a los criterios de aplicaci�n que debe seguir el juez para la adopci�n de una medida cautelar, como ya se anunci�, �ste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacci�n de la norma que se�ala que �podr� decretar las que considere necesarias�9. No obstante lo anterior, a voces del art�culo 229 del CPACA, su decisi�n estar� sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsi�n que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el art�culo 231 �dem, seg�n el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar �documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla�. (resaltado fuera del texto)

33. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra V�lez), se�al�:

[�] La doctrina tambi�n se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas
cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciaci�n provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobaci�n de un da�o ante el transcurso del tiempo y la no satisfacci�n de un derecho [�]10. (negrillas fuera del texto)

34. Por su parte, la Secci�n Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

[�] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, raz�n por la cual le es exigible a �ste la adopci�n de una decisi�n judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jur�dicos vigentes y de acuerdo a la realidad f�ctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, adem�s, que en ella se refleje la pretensi�n de justicia, raz�n por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposici�n de un razonamiento en donde, adem�s de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderaci�n y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [�]11 (negrillas fuera del texto)

35. As� las cosas, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci�n, deber� verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposici�n de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderaci�n de intereses.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto administrativo acusado

36. En el marco de las diversas medidas cautelares consagradas en el nuevo proceso contencioso administrativo12, se encuentra la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 23113 y siguientes del CPACA.

37. Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad est� dirigida a �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�.14

38. En cuanto al decreto de este tipo de cautelas, el art�culo 231 del CPACA dispone lo siguiente:

�[�] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda est� razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios. [�]� (Negrillas del Despacho)

39. En lo concerniente al debido entendimiento de la norma en cita, en providencia de 26 de junio de 202015, esta Secci�n aclar� que cuando se trata de medidas cautelares de suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita prima facie que el acto acusado contraviene el ordenamiento jur�dico superior, de manera impl�cita se satisfacen los requisitos del perjuicio por la mora periculum in mora, y de apariencia de buen derecho fumus boni iuris; pues en un Estado Social de Derecho esos elementos siempre concurren cuando se trata de la efectiva transgresi�n del ordenamiento jur�dico por parte de las autoridades p�blicas.

40. III.3.1. La p�rdida de fuerza ejecutoria del art�culo 2.2.2.2.3.4 del Decreto n.� 1069 de 2015. Inicialmente este Despacho debe referirse a los argumentos expuestos por los apoderados judiciales del presidente de la Rep�blica y del Ministerio de Justicia y del Derecho seg�n los cuales el art�culo 2.2.2.2.3.4 del Decreto 1069 de 2015 perdi� fuerza ejecutoria.

41. En efecto, estos consideraron que el art�culo 19 del Decreto n.� 1108 de 1994, norma compilada en el art�culo mencionado, hab�a reglamentado el Decreto Ley n.� 1355 de 1970, norma que, posteriormente, fue derogada por la Ley 1801 de 2016, por lo que se present� el fen�meno del decaimiento.

42. Al respecto cabe destacar que este Despacho, mediante auto de 19 de diciembre de 2018 dictado en el expediente n.� 110010324000 2012 00333 00 y a trav�s del cual se decidi� la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Decreto n.� 1108 de 1994, estim� que el citado art�culo, esto es, el art�culo 19 del Decreto n� 1108 de 1994, perdi� fuerza ejecutoria por haber desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho, conforme lo dispone el art�culo 91 numeral 2� del CPACA, en la siguiente forma:

�[�] II.4.1.2.- Por otro lado, se debe poner de presente que una de las normas que se reglament� mediante el Decreto 1108 de 1994, esto es, el Decreto Ley 1355 de 1970, por medio de la cual se dictaron normas sobre polic�a, fue derogado por la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expidi� el C�digo Nacional de Polic�a (�) II.4.1.3.- Tal derogatoria tiene como efecto que las normas del Decreto 1108 de 1994, que reglamentaron el C�digo Nacional de Polic�a vigente para la �poca de su expedici�n, esto es, el Decreto Ley 1355 de 1970, perdieron vigencia al presentarse el fen�meno de la p�rdida de fuerza ejecutoria, regulado en el art�culo 91 del CPACA, que opera, entre otros casos, �[�] 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho [�]� (�) II.4.1.4.- Es as� que los art�culos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Decreto 1108 de 1994, art�culos espec�ficos que reglamentaron el Decreto Ley 1355 de 1970, han perdido su obligatoriedad y, por tanto, no pueden ser ejecutados, lo que permite colegir que no se encuentran produciendo efectos jur�dicos, resultando in�til alg�n pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada pues esta tiene como prop�sito suspender los efectos jur�dicos de las normas o disposiciones cuestionadas (�) II.4.1.5.- El Despacho, entonces, negar� la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos solicitados en relaci�n con los precitados art�culos del Decreto 1108 de 1994 [�]�.

43. De esta manera el Despacho reitera lo expuesto en el mencionado auto y, en consecuencia, negar� la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 2.2.2.2.3.4 del Decreto 1069 de 2015, el cual compil� el art�culo 19 del Decreto n.� 1108 de 1994, en la medida en que dicha norma tuvo como objetivo reglamentar el C�digo Nacional de Polic�a vigente dicha �poca, esto es, el Decreto Ley n.� 1355 de 1970, por el cual se dictan normas sobre polic�a, el cual fue derogado por la Ley 1801 de 2016, conforme lo indica el art�culo 242 de aquella ley16; por lo que el citado no est� surtiendo efectos jur�dicos por haber desaparecido sus fundamentos de derecho, siguiendo, se reitera, lo dispuesto en el art�culo 91 numeral 2� del CPACA.

44. III.3.2. La modificaci�n de los art�culos 2.2.2.2.6.2 y 2.2.4.2.9.6 del Decreto 1.069 de 2015. El Despacho debe anotar que los art�culos 2.2.2.2.6.2 y 2.2.4.2.9.6 del Decreto 1069 de 2015, normas a trav�s de las cuales se compil� el art�culo 31 del Decreto n.� 1108 de 1994, y el art�culo 59 del Decreto n.� 1829 de 2013, fueron modificados por el Decreto n.� 2640 de 30 de diciembre de 2022 y por el Decreto n.� 1885 de 2021, en la siguiente forma:

�[�] ART�CULO 2.2.2.2.6.2. SANCIONES POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PORTE DE ARMAS. A quien consuma o se encuentre bajo el efecto de estupefacientes o sustancias psicotr�picas, y simult�neamente se le encuentre portando o transportando armas, municiones, explosivos o sus accesorios, se le incautar� por parte de la autoridad competente el arma, munici�n, explosivo o sus respectivos accesorios. Se le impondr� multa hasta por un (1) salario m�nimo legal mensual, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

�[�] ART�CULO 1. Modificaci�n del art�culo 2.2.2.2.6.2. del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Modif�quese el art�culo 2.2.2.2.6.2. del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, el cual quedar� as�:

�ART�CULO 2.2.2.2.6.2. Sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas. A quien consuma o se encuentre bajo el efecto de estupefacientes o sustancias psicotr�picas, y simult�neamente se le encuentre podando o transportando armas, municiones, explosivos o sus accesorios, se le incautar� por parte de la autoridad competente el arma, munici�n, explosivo o sus respectivos accesorios. Se le impondr� multa hasta por 26, 31 UVT, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.� [�]�.

�[�] ART�CULO 2.2.4.2.9.6. SANCIONES. El Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracci�n y previas las garant�as del debido proceso, podr� imponer a los Centros cualquiera de las siguientes sanciones, previstas en el art�culo 94 de la Ley 446 de 1998, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento:
1. Amonestaci�n escrita;
2. Multa hasta de doscientos (200) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad econ�mica del Centro de Conciliaci�n y arbitraje, a favor del Tesoro P�blico;
3. Suspensi�n de la autorizaci�n de funcionamiento hasta por un t�rmino de seis (6) meses.
4. Revocatoria de la autorizaci�n de funcionamiento o del aval.

�[�] ART�CULO 7. Modif�quese el Art�culo 2.2.4.2.9.6. del Decreto 1069 de 2015, Decreto �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, el cual quedar� as�:

"ART�CULO 2.2.4.2.9.6. Sanciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracci�n y previas las garant�as del debido proceso, podr� imponer a los Centros cualquiera de las siguientes sanciones, previstas en el Art�culo 94 de la Ley 446 de 1998, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento:
1. Amonestaci�n escrita;
2. Multa hasta de cinco mil cuatro con cincuenta y cinco (5.004,55) Unidades de Valor Tributario -UVT, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad econ�mica del Centro de Conciliaci�n y arbitraje, a favor del Tesoro P�blico;
3. Suspensi�n de la autorizaci�n de funcionamiento hasta por un t�rmino de seis (6) meses.
4. Revocatoria de la autorizaci�n de funcionamiento o del aval"[�]�.

45. De esta manera, los art�culos 2.2.2.2.6.2. y 2.2.4.2.9.6. del Decreto 1069 de 2015 no se encuentran surtiendo efectos jur�dicos en la medida en que el art�culo 1� del Decreto n.� 2640 de 2022 y el art�culo 7� del Decreto n.� 1885 de 2021 regularon integralmente lo relativo a las sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas y las sanciones a los centro de conciliaci�n y arbitraje, lo cual implica, conforme al art�culo 91 numeral 5� del CPACA que las normas cuestionadas est�n desprovistas de fuerza ejecutoria al haber perdido su vigencia en tanto que la normas compiladas corresponden a los ya citados art�culos 1� del Decreto n.� 2640 de 2022 y 7� del Decreto n.� 1885 de 2021.

46. Es as� como, frente al art�culo 2.2.2.2.6.2. del Decreto 1069 de 2015, se deber� negar la solicitud de suspensi�n provisional en la medida en que el art�culo 1� del Decreto n.� 2640 de 2022 no fue demandado en este proceso17; sin embargo, no ocurri� lo mismo en relaci�n con el art�culo 2.2.4.2.9.6. del Decreto 1069 de 2015, puesto que el actor, en su demanda, s� formul� acusaci�n en contra del art�culo 7� del Decreto n.� 1885 del 2021, por lo que el an�lisis de la medida cautelar deber� continuar con el citado art�culo - el art�culo 2.2.4.2.9.6. del Decreto 1069 de 2015 - en la redacci�n correspondiente al art�culo 7� del Decreto n.� 1885 de 2021. El actor formul� la acusaci�n mencionada, as�:

�[�] posteriormente este Decreto fue modificado por el Decreto 1885 de 2021, en el que se informan, en su ep�grafe, las siguientes atribuciones constitucionales y legales para su expedici�n: la Ley 29 de 1973, la Ley 640 de 2001, la Ley 1563 de 2012, la Ley 1564 de 2012, el Decreto Ley 960 de 1970, y el Art�culo 49 de la Ley 1955 de 2019 (�) Al respecto, en primer lugar, al revisar el marco jur�dico referido del Decreto 1829 de 2013, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n de este, que regule o describa los elementos b�sicos de las sanciones de multa, expresada en Unidades de Valor Tributario39 , ni de revocatoria del aval para impartir formaci�n en conciliaci�n extrajudicial en derecho (�) En segundo lugar, al verificar el marco jur�dico referido del Decreto 1885 de 2021, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n de este, que regule o describa los elementos b�sicos de la sanci�n de revocatoria del aval para impartir formaci�n en conciliaci�n extrajudicial en derecho [�]� -resaltado fuera de texto-

47. III.3.3. El an�lisis de los argumentos esgrimidos por el actor para solicitar la suspensi�n provisional de las disposiciones acusadas. El actor solicit� la suspensi�n provisional de las precitadas disposiciones del Decreto n.� 1069 de 2015 por encontrar que desconocieron los art�culos 29, 150, 189 y 380 de la Carta Pol�tica, tras considerar: (i) que le compete al legislador, no al Ejecutivo, atendiendo el derecho fundamental al debido proceso y al principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas, establecer las conductas
sancionables, las sanciones mismas y el procedimiento para imponerlas, y (ii) que algunas disposiciones fueron derogadas por la Constituci�n Pol�tica de 1991.

48. Para desatar la controversia, inicialmente, el despacho considera pertinente referirse: (a) al principio de legalidad de las faltas y sanciones en materia administrativa; (b) al principio de legalidad de los procedimientos administrativos; (c) la derogaci�n de las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica derogada por la Carta de 1991, y (d) a los argumentos del actor para solicitar la cautela de suspensi�n provisional de los actos acusados.

(a) El principio de legalidad de las faltas y sanciones en materia administrativa.

49. El principio de legalidad en materia sancionatoria est� previsto en el art�culo 29 de la Carta Pol�tica, la cual prev� que: �[�] [n]adie podr� ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa [�]�.

50. La Corte Constitucional, frente a este principio, ha se�alado que: �[�] �[e]l principio de legalidad, en t�rminos generales, puede concretarse en dos aspectos: el primero, que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanci�n y, el segundo, en la precisi�n que se emple� en �sta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanci�n que ha de imponerse�18[�]�19, indicando que este segundo aspecto correspond�a al principio de tipicidad, seg�n el cual el legislador tiene la obligaci�n �[�] de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisi�n constitutiva de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que les permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisi�n de la misma las implicaciones que acarrea su transgresi�n. As�, el principio de tipicidad se predica tanto de la conducta que se reprocha como de las consecuencias de incurrir en ella.�20 [�]�21.

�[�] 3.4. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte ha convenido en que son tres los elementos esenciales del principio de legalidad: (i) la lex praevia, que �exige que la conducta y la sanci�n antecedan en el tiempo a la comisi�n de la infracci�n, es decir, que est�n previamente se�aladas�; (ii) la lex scripta, seg�n la cual �los aspectos esenciales de la conducta y de la sanci�n est�n contenidas en la ley�; y (iii) la lex certa, que �alude a que tanto la conducta como la sanci�n deben ser determinadas de forma que no hayan ambig�edades[722]�23. En el anterior orden, el principio de legalidad requiere: �(i) que el se�alamiento de la sanci�n sea hecho directamente por el legislador; (ii) que �ste se�alamiento sea previo al momento de comisi�n del il�cito y tambi�n al acto que determina la imposici�n de la sanci�n; (iii) que la sanci�n se determine no solo previamente, sino tambi�n plenamente, es decir que sea determinada y no determinable�[324] y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal[425] y en su materializaci�n participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad.�26 As� las cosas, el principio de legalidad comprende los elementos de tipicidad y de reserva de ley27[�]�28

52. Si bien las decisiones de la Corte Constitucional apuntan a que: �[�] el derecho administrativo sancionador se encuentra al igual que el derecho penal, sujeto al principio constitucional de legalidad que a su vez se encuentra integrado por los principios de tipicidad y reserva de ley, los cuales constituyen pilares rectores del debido proceso, junto al principio de proporcionalidad [�]�29, tambi�n han destacado que para el caso del derecho administrativo sancionador, en sus modalidades disciplinaria en sentido estricto frente a su propios servidores, y correccional aplicable a la generalidad de los administrados, tales principios adquieren �[�] matices de flexibilidad y menos rigurosidad30 [�]�31.

53. En efecto, la Corporaci�n32 ha explicado que:
�[�] 74. De manera reiterada, la Corte ha explicado que los principios de legalidad y tipicidad tienen un alcance distinto en el derecho administrativo sancionador, en comparaci�n con el derecho penal, a pesar de que este tambi�n es una rama del derecho mediante la cual el Estado ejerce el ius puniendi. Por ejemplo, en la Sentencia C-860 de 2006, se�al�:

[S]i bien los comportamientos sancionables por la Administraci�n deben estar previamente definidos de manera suficientemente clara; el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal [�]. En esa medida el principio de legalidad consagrado en la Constituci�n adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate y aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuaci�n administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jur�dicos involucrados y la teleolog�a de las facultades sancionatorias en estos casos hace posible tambi�n una flexibilizaci�n razonable de la descripci�n t�pica.

Tal flexibilidad en materia de legalidad y tipicidad se ha justificado por la variabilidad y el car�cter t�cnico de las conductas sancionables, que dificultar�a en grado sumo la redacci�n de un listado minucioso por parte del legislador, as� como el se�alamiento en cada caso de dichos supuestos t�cnicos o espec�ficos que permitan al propio tiempo determinar los criterios para la imposici�n de la sanci�n. Adicionalmente en ciertas �reas sujetas al control de la Administraci�n, que se caracterizan por su constante evoluci�n t�cnica, la exigencia rigurosa del principio de legalidad acarrear�a en definitiva la impunidad y la imposibilidad de cumplir con las finalidades estatales33.

Ahora bien, en lo que ata�e a la determinaci�n de las sanciones, la Corte ha se�alado que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuraci�n:

De esta manera, el legislador dispone de un margen de configuraci�n de las sanciones administrativas, que es amplio habida cuenta de la gran diversidad de sectores de la administraci�n y de las necesidades y particularidades en cada uno de ellos34.

As� mismo, toda vez que el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador es menos exigente que en el derecho penal, es posible que en la tipificaci�n de las infracciones administrativas se haga una remisi�n a otras normas que complementen el contenido de la infracci�n35. No obstante, el Legislador debe se�alar, como m�nimo, el �contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisi�n de cada conducta, as� como la correlaci�n entre unas y otras�36. De all� que no le est� permitido delegar en el Ejecutivo la creaci�n de infracciones administrativas, a menos que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, entre ellos, �la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma�37. En otras palabras:

[E]l principio de legalidad de las sanciones administrativas s�lo exige que una norma con fuerza material de ley contemple una descripci�n gen�rica de las conductas sancionables, las clases y cuant�a de las sanciones, pero con posibilidad de remitir a los actos administrativos la descripci�n pormenorizada de las conductas reprochables, sin que pueda decirse en este caso que las normas de car�cter reglamentario complementan los enunciados legales, pues se trata de una remisi�n normativa contemplada espec�ficamente por la disposici�n legal de car�cter sancionador38.

La Corte ha indicado que el Legislador debe �predeterminar la sanci�n indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el t�rmino, la cuant�a, o el m�nimo y el m�ximo dentro del cual ella puede fijarse�39. De igual manera, ha dicho que �le corresponde [al legislador] indicar los aspectos relativos a su n�cleo esencial, a saber: clase, t�rmino, cuant�a y el tope m�ximo�40. A prop�sito del deber de determinar plenamente la sanci�n, ha sostenido que esto �no impide que el legislador dise�e mecanismos que permitan la gradaci�n de la sanci�n, como el se�alamiento de topes m�ximos o m�nimos�41 [�]� (resaltado fuera de texto)

54. A su turno, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado42, respecto del principio de legalidad de las faltas y de las sanciones, consider�:

�[�] Para la Sala el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones previsto en el art�culo 29 CP, debe observarse para establecer las infracciones administrativas y las sanciones correspondientes en todos los �mbitos regulados, dentro del contexto del �Estado Regulador�, incluido el sector del transporte terrestre. Dicho principio, como qued� expuesto, se manifiesta en las dimensiones reserva de ley y tipicidad.

La jurisprudencia -constitucional y del Consejo de Estado-, ha permitido cierta flexibilizaci�n del principio de tipicidad, lo que se expresa en describir los elementos b�sicos de la conducta t�pica que ser� sancionada, as� como la determinaci�n del tipo y cuant�a de las sanciones que ser�n impuestas. En otras palabras, es necesario que el Legislador incluya un contenido m�nimo o adopte las decisiones b�sicas relativas a la definici�n, los alcances, los fines de las infracciones y sanciones, bajo lo que ser�a una carga m�nima de intensidad normativa43.

En la tipificaci�n de las infracciones, podr�n preverse normas en �blanco� o incompletas, que no pueden ser entendidas como un �cheque en blanco� para ser llenado a voluntad por la Administraci�n. Los tipos sancionatorios en �blanco� o incompletos se aceptan bajo remisiones normativas precisas o criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta.

Igualmente pueden utilizarse conceptos jur�dicos indeterminados, siempre y cuando sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios t�cnicos, l�gicos, emp�ricos, o de otra �ndole, que permitan prever, con suficiente precisi�n, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados.

Estima la Sala que la aplicaci�n pr�ctica y concreta del principio de tipicidad debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de �predictibilidad de la sanci�n�, seg�n el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracci�n y el tipo y grado de sanci�n correspondientes.

Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinici�n), que la efectividad de la infracci�n o de la sanci�n prevista en la ley dependan de una decisi�n libre y arbitraria del int�rprete o de la autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un car�cter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la Administraci�n en la imposici�n de las sanciones o las penas.

En cuanto a la posibilidad del reenv�o normativo a decretos reglamentarios, corresponde al legislador delimitar el contenido de la sanci�n a trav�s de la configuraci�n de los elementos estructurales del tipo, por lo que la remisi�n a la norma reglamentaria debe permitir su cumplida ejecuci�n. En tales casos, el contenido de la ley estar� referido al n�cleo esencial de la materia reservada, de manera que el reglamento se limite a desarrollar, complementar y precisar lo que ya ha sido de manera expresa previsto en la ley. Es aqu� donde el reglamento cumple una funci�n de �colaboraci�n� o complementariedad.

En consecuencia, la Constituci�n no permite otorgar a la Administraci�n la potestad gen�rica de establecer v�a reglamento infracciones y sanciones administrativas -pues tienen reserva de ley ordinaria-, y debe en todo caso respetar el debido proceso en punto a la legalidad y tipicidad, previstas en el inciso 2 del art�culo 29 de la Carta Pol�tica [�]� (resaltado fuera de texto)

55. La Corte Constitucional, siguiendo el derrotero anterior, estim� que la reserva de ley en el derecho administrativo sancionatorio cobijaba, igualmente, el procedimiento para la imposici�n de las sanciones, as�:

�[�] 4.5. Por su parte, la mutabilidad de la reserva de ley en el derecho administrativo sancionatorio deriva de la posibilidad que tiene el Legislador para incorporar, en el respectivo tipo punitivo, las remisiones normativas generales pero precisas que completen la proposici�n sancionatoria. Tal posibilidad fue claramente explicada en Sentencia C-699 de 201544, seg�n la cual:

�La reserva de ley consagrada en el Art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, supone que la estipulaci�n de las conductas sancionables en materia administrativa, concierne a la funci�n exclusiva del Congreso de la Rep�blica. No obstante, por razones de especialidad es posible asignar al ejecutivo mediante la expedici�n de actos administrativos de car�cter general la descripci�n detallada de las conductas, siempre y cuando los elementos estructurales del tipo hayan sido previamente fijados por el legislador y sin que en ning�n caso las normas de car�cter reglamentario puedan modificar, suprimir o contrariar los postulados legales y, menos a�n, desconocer las garant�as constitucionales de legalidad y debido proceso.

Al legislador no le est� permitido delegar en el ejecutivo la creaci�n de prohibiciones en materia sancionatoria, salvo que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, estos son: (i) la descripci�n de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaci�n de la sanci�n; (ii) la determinaci�n de la sanci�n, incluyendo el t�rmino o la cuant�a de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposici�n.� (�nfasis fuera de texto) [�]�45 (resaltado fuera de texto)

56. Esta Secci�n46, en el anterior sentido, ha considerado que la expedici�n de procedimientos administrativos es una competencia exclusiva del legislador, as�:

�[�] En este punto cabe mencionar que esta Secci�n, en sentencia de 3 de abril de 2014 y en la que examin� la legalidad de la Resoluci�n 284 de 25 de febrero de 2002, expedida por el Director General del Instituto Colombiano del Deporte, �por la cual se establece el tr�mite para las actuaciones derivadas de la aplicaci�n de los art�culos 4�, 11 y 16 del Decreto Reglamentario 00776 del 29 de abril de 1996�, preceptos demandados en el sub lite, precis� lo siguiente:

[�] Como se evidencia de la lectura de las disposiciones del Decreto con categor�a de Ley transcritas [art�culos 19 y 37 del Decreto Ley 1228 de 1995], en ellas se faculta al Director de la mencionada entidad para suspender o revocar el reconocimiento deportivo y la personar�a jur�dica de los clubes deportivos profesionales, pero ni en ellas ni en las restantes normas de dicho Decreto se establece el procedimiento espec�fico que debe seguir la Administraci�n para obrar en tal sentido, pues en el articulado del referido Decreto, m�s precisamente, en sus art�culos 18 y 38, simplemente se dispone que ��los actos que se expidan en relaci�n con el reconocimiento deportivo est�n sujetos a los procedimientos previstos en el C�digo Contencioso Administrativo y dem�s condiciones, t�rminos y requisitos que el reglamento establezca�, y que �para la aplicaci�n de las normas sancionatorias se deber� garantizar el derecho de defensa de conformidad con el C�digo Contencioso Administrativo�, respectivamente.

El art�culo 150 de la Carta Pol�tica, en su numeral 2, asigna de manera exclusiva a la Rama Legislativa del Poder P�blico la funci�n de expedir c�digos en todos los Ramos de la Legislaci�n y reformar sus disposiciones, dentro de ella los procedimientos administrativos.

Para la Sala, no admite discusi�n que la competencia para establecer los procedimientos administrativos que comprometan o condicionen las garant�as propias del derecho fundamental al debido proceso entre Administraci�n y Administrado, en este caso, entre una entidad del Estado y los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte, corresponde a la �rbita exclusiva y excluyente del Legislador [�]47 [�]�48. (resaltado fuera de texto)

(c) La derogaci�n de las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica derogada por la Carta de 1991.

57. La Corte Constitucional se refiri� a la derogaci�n de las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica anterior, se�alando al respecto:

�[�] 8. La aplicaci�n inmediata de la Constituci�n es directamente indicada por su propio texto, seg�n mandato contenido en el art�culo 380 superior, que al respecto prescribe:

�ARTICULO 380. Queda derogada la Constituci�n hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constituci�n rige a partir del d�a de su promulgaci�n.�

El referido principio de aplicaci�n inmediata de la nueva Constituci�n conlleva dos clases de efectos: efectos frente a las normas jur�dicas existentes en el momento de su entrada en vigencia, y efectos frente a los hechos que ocurran a partir de su vigencia, como a las situaciones en tr�nsito de ejecuci�n en ese momento.

8.1 En cuanto a los efectos frente a la normatividad jur�dica existente en el momento en el que se promulga la nueva Constituci�n, el principio de aplicaci�n inmediata significa que, como regla general, tal normatividad conserva su vigencia, salvo que resulte contradictoria con el nuevo r�gimen. A este respecto ha indicado la Corte que �la regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tr�nsito constitucional no conlleva necesariamente la derogaci�n de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constituci�n derogada. Por tanto, la legislaci�n preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva Constituci�n no establezca reglas diferentes.�49 La necesidad de evitar un colapso normativo, y de mantener la seguridad jur�dica, sustentan el anterior principio de interpretaci�n de los efectos de la Constituci�n en el tiempo, en lo que se refiere a su aplicaci�n en relaci�n con las normas vigentes.

As� pues, en principio, las normas jur�dicas preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constituci�n, salvo que resulten notoriamente contrarias a sus principios, circunstancia que implica que ellas desaparezcan del universo jur�dico. Cabe preguntarse si este tipo de derogaci�n es de los que la doctrina califica de �t�cita o sobreentendida�, a lo cual habr� de responderse que en efecto lo es. Por lo cual la norma manifiestamente contraria a la Constituci�n debe entenderse derogada, sin necesidad de pronunciamiento alguno sobre su retiro del ordenamiento, ni sobre su inconstitucionalidad [�]�50.

(d) Los argumentos del actor para solicitar la cautela de suspensi�n provisional de los actos acusados.

58. Realizadas las precisiones anteriores, el Despacho proceder� a realizar la confrontaci�n de las disposiciones cuestionadas y las normas invocadas como violadas, as�:

59. Una vez realizada la confrontaci�n de los textos de las disposiciones acusadas con aquellas normas enunciadas como vulneradas, se puede advertir, en lo atinente al art�culo 2.2.2.2.2.3. del Decreto n.� 1069 de 2015 -norma que compil� el art�culo 11 del Decreto n.� 1108 de 199451-, que el actor mencion� que la atribuci�n constitucional que le dio sustento fue el art�culo 189 numeral 11 de la Carta Pol�tica.

60. Luego hizo referencia a los art�culos 1� y 2� del Decreto 1108 de 1994, se�alando que el objeto de la normativa era �[�] la sistematizaci�n, coordinaci�n y reglamentaci�n [�]�: (i) de la prevenci�n integral del consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas; (ii) del C�digo del Menor y sus disposiciones sobre porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas por parte de menores de edad y mujeres embarazadas o en per�odo de lactancia; (iii) de la Ley 115 de 1994; (iv) del C�digo Nacional de Polic�a; (v) de la Ley 18 de 1991; (vi) del C�digo Penitenciario y Carcelario y sus disposiciones sobre porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas; (vii) del Decreto 2.533 de 1993; (viii) del C�digo Sustantivo del Trabajo y el R�gimen de los Servidores P�blicos; (ix) del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre; (x) del C�digo Sanitario; (xi) del Estatuto Nacional de Estupefacientes, y (xii) de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972.

61. Afirm� que no exist�a ley expedida por el Congreso de la Rep�blica con origen en la Carta Pol�tica de 1991 que regulara o describiera los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la �[�] aplicaci�n de sanciones a los directores y docentes de establecimientos educativos [�]�.

62. Posteriormente, indic� que para la fecha de expedici�n del Decreto n.� 1108 de 1994: el C�digo del Menor -Decreto n.� 2737 de 1989-; el �[�] C�digo de Polic�a [�]� -Decreto n.� 1.355 de 1970-; la Ley 18 de 1991; el C�digo Sustantivo del Trabajo -Decreto n.� 2.663 de 1950-; el C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre -Decreto n.� 1.344 de 1970-; el C�digo Sanitario -Ley 9 de 1979-; el Estatuto Nacional de Estupefacientes -Ley 30 de 1986-; y la Ley 16 de 1972, a trav�s de la cual se aprob� la Convenci�n Americana sobre derechos humanos, se deb�an entender derogados por el art�culo 380 de la Carta Pol�tica .

63. Adicionando al razonamiento anterior que: la Ley 115 de 1994, la Ley 65 de 1993 y �[�] el R�gimen de los Servidores P�blicos que para esa fecha se compon�a de las disposiciones constitucionales sobre la materia [�]� no prev�n �[�] lo que se dice reglamentar [�]�, y el Decreto n.� 2.533 de 1993 �[�] no corresponde con el que expide normas sobre armas, municiones y explosivos que es el Decreto n�mero 2535 [�]�.

64. El recuento de lo expuesto por el actor muestra con claridad que m�s all� de expresar, frente al art�culo 11 del Decreto 1108 de 1994 -compilado en el art�culo 2.2.2.2.3 del Decreto n.� 1609 de 2015- que no exist�a ley expedida por el Congreso de la Rep�blica con origen en la Carta Pol�tica de 1991 que regulara o describiera los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la �[�] aplicaci�n de sanciones a los directores y docentes de establecimientos educativos [�]�, lo cierto es que el demandante no realiz� un an�lisis espec�fico de la norma que tal precepto pretende reglamentar, la cual tampoco identifica -y que parece corresponder a la Ley 115 de 199452-, limit�ndose a se�alar en relaci�n con esta que no prev� �[�] lo que se dice reglamentar [�]�.

65. La omisi�n advertida trajo como consecuencia, asimismo, que no se examinara si, para tal disposici�n, habr�a operado cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, an�lisis y examen que forzoso para establecer la procedencia de la cautela pedida.

66. En lo que tiene que ver con los art�culo 2.2.2.2.4.2 y 2.2.2.4.3 del Decreto n.� 1609 de 2015, la cual compil� el art�culo 23 de la Ley 1108 de 1994, el actor se remiti� a los argumentos expuestos para el art�culo 2.2.2.2.2.3. del Decreto n.� 1069 de 2015 -norma que compil� el art�culo 11 del Decreto n.� 1108 de 1994- con lo cual es posible se�alar que el cargo omite el an�lisis de la norma que se pretende reglamentar y que corresponde a la Ley 18 de 1991, por la cual se ordena el control de las sustancias y m�todos prohibidos en el deporte, con el pretexto de que debe entenderse derogada por el art�culo 380 de la Carta Pol�tica.

67. La omisi�n anterior conlleva la imposibilidad de determinar si en verdad �[�] no existe Ley expedida por el Congreso, que tenga fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 1108 de 1994, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de las sanciones a imponer [�]� y si no se �[�] regul� un r�gimen sancionatorio especial dirigido en contra de entrenadores, dirigentes o patrocinadores de deportistas [�]�.

68. Pero, adem�s, la situaci�n expuesta hace imposible establecer si para tales disposiciones, habr�a operado cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, lo cual resultaba ineludible para establecer la procedencia de la medida cautelar.

69. En lo que toca con el art�culo 2.2.2.2.5.3 del Decreto n.� 1069 de 2015, el actor alude nuevamente a los razonamientos expuestos para el art�culo 2.2.2.2.2.3 -del Decreto n.� 1069 de 2015- para afirmar que no existe ninguna ley expedida por el Congreso de la Rep�blica con fundamento en la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la expedici�n del Decreto n.� 1108 de 1994, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de la sanci�n a imponer.

70. Respecto de este art�culo, espec�ficamente adujo que: �[�] el literal c) del art�culo 45 de la Ley 65 de 1993, al que remite esta norma, no prev� las conductas de porte o consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas por parte de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de cualquier establecimiento de reclusi�n como pasibles de la sanci�n de destituci�n [�]�.

71. Frente a la cuesti�n planteada por el actor se tiene que la Ley 65 de 1993, en su art�culo 45, establece las prohibiciones de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, dentro de las cuales se encuentra, entre otras, la consistente en: �[�] c) Ingresar al centro de reclusi�n bebidas alcoh�licas, sustancias psicotr�picas o estupefacientes; armas distintas a las propias del servicio; dineros en cantidad no razonable; elementos de comunicaci�n. La transgresi�n a esta norma traer� como consecuencia la destituci�n [�]�.

72. Si bien es cierto que la disposici�n legal podr�a no establecer las conductas de porte o consumo de sustancias psicotr�picas o estupefacientes, es posible, a trav�s de la interpretaci�n de otras disposiciones, sostener la prohibici�n indicada.

73. Es as� como el Decreto Ley n.� 407 de 1994, por el cual se establece el r�gimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, estableci�, en el art�culo 17, las prohibiciones a las cuales est�n sometidos los funcionarios de este instituto, dentro de las que se encuentra la consistente en: �[�] Dedicarse tanto en el servicio como en la vida social a actividades que puedan afectar la confianza del p�blico y observar habitualmente una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administraci�n [�]�, pudi�ndose encajar dentro de esta disposici�n, el porte o consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas por parte de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de cualquier establecimiento de reclusi�n.

74. Por lo anterior, y ante la existencia de diversas interpretaciones en relaci�n con el precepto cuestionado, no resulta ser esta etapa inicial del proceso la pertinente para establecer la violaci�n del principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas y para determinar si habr�a operado cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de tales principios a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.

75. En lo que se refiere a los art�culos 2.2.2.2.6.3., 2.2.2.2.7.2., 2.2.2.2.7.3. y 2.2.2.2.8.2., 2.2.2.2.10.1 del Decreto n.� 1069 de 2015, se afirm�, nuevamente, que se acud�a a lo expuesto en el marco jur�dico para el art�culo 2.2.2.2.2.3 -del Decreto n.� 1069 de 2015-, se�alando que no exist�a ley expedida por el Congreso de la Rep�blica, con fundamento en la Carta Pol�tica y previa a la fecha de expedici�n del Decreto n.� 1108 de 1994, que regulara o describiera los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dieran lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de la sanci�n a imponer.

76. A�adi�, en lo que ata�e al art�culo 2.2.2.2.7.3. del Decreto n.� 1069 de 2015, que: �[�] en lo que se refiere a la remisi�n al art�culo 8� del Decreto-ley 2400 de 1968 que hace esta norma, se reitera que la primera premisa de esta demanda es que esta norma fue derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n Pol�tica [�]�.

77. Se debe advertir que tales preceptos compilaron los art�culos 32, 39, 40, 42 y 48 del Decreto n.� 1108 de 1994, los cuales reglamentaron diferentes normas. El art�culo 32 es reglamentario de las �[�] normas sobre armas, municiones y explosivos [�]�; los art�culos 39 y 40 reglamentaron el �[�] C�digo Sustantivo del Trabajo y el R�gimen de los Servidores P�blicos [�]�; el art�culo 42 es reglamentario de �[�] Otras disposiciones de control [�]�, y el art�culo 48 reglament� el C�digo Sanitario.

78. Se debe advertir que en los argumentos expuestos en contra de le legalidad del art�culo 2.2.2.2.2.3 del Decreto n.� 1069 de 2015, el actor �nicamente indic� que el decreto �[�] 2533 de 1993no corresponde con el que expide normas sobre armas, municiones y explosivos que es el Decreto 2535 [�]�; que: �[�] el C�digo Sustantivo del Trabajo al que se alude es el Decreto 2663 de 1950, norma que dentro de esta demanda se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n, y el R�gimen de los Servidores P�blicos que para esa fecha se compon�a de las disposiciones constitucionales sobre la materia, no prev� lo que se dice reglamentar [�]�; y que: �[�] el C�digo Sanitario al que alude es la Ley 9 de 1979, norma que dentro de esta demanda tambi�n se entiende derogada por el art�culo 380 de la Constituci�n [�]�.

79. Se hace evidente que el actor omiti� el an�lisis de las normas que se pretend�a reglamentar con el supuesto consistente en que las mismas se deb�an entender derogadas por el art�culo 380 de la Carta Pol�tica.

80. La consecuencia de tal omisi�n es precisamente que no es posible establecer lo afirmado por el actor, esto es, que al momento de expedirse el Decreto n.� 1.108 de 1994 existieran disposiciones que regularan o describieran los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dieran lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de las sanciones a imponer ni muchos menos si habr�a operado -o no- cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, lo cual era necesario para determinar la procedencia de la medida cautelar.

81. El actor adujo, en relaci�n con el art�culo 2.2.2.2.6.4 del Decreto n.� 1065 de 2015, que acud�a a lo expuesto para cuestionar la legalidad del art�culo 2.2.2.2.2.3 del Decreto n.� 1069 de 2015, resaltando que no exist�a ley expedida por el Congreso de la Rep�blica, con fundamento en la Carta Pol�tica y previa a la fecha de expedici�n del Decreto n.� 1108 de 1994, que regulara los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dieran lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de la sanci�n a imponer.

82. De manera textual, indic� lo siguiente: �[�] acerca de la remisi�n a los art�culos 83 a 91 del Decreto n�mero 2535 de 1993, se resalta que constitucionalmente no es posible regular procedimientos sancionatorios v�a Decreto, independiente de que estos tengan incluso el rango de una Ley, como en este caso, ya que como se expuso, por definici�n carecen de los elementos democr�ticos y de consenso que exige la creaci�n de este tipo de normas [�]�.

83. Es evidente que la inconformidad del actor no se dirige a cuestionar el art�culo 33 del Decreto 1108 de 1994 -compilado en el precitado art�culo- puesto que aquel se limita a se�alar que: �[�] Para los efectos previstos en los art�culos anteriores, se aplicar�n las normas y procedimientos contemplados en los art�culos 83 a 91 del Decreto n�mero 2535 de 1993 [�]� sino que busca controvertir que dicho decreto, esto es, el Decreto n.� 2.535 de 17 de diciembre de 1993, haya establecido un procedimiento administrativo, as� tuviera la categor�a de decreto ley, cuesti�n que escapa al objeto de este proceso.

84. En lo referente al art�culo 2.2.3.1.1.7 del Decreto n.� 1069 de 2015, precepto que compil� el art�culo 9� del Decreto n.� 306 de 1992, se mencion� que la atribuci�n constitucional que ciment� su expedici�n es el art�culo 189 numeral 11 de la Carta Pol�tica y, adem�s, que la norma reglamentada es el Decreto Ley 2.591 de 1991, se�alando que la Corte Constitucional -cita la sentencia SU-039 de 1997- le ha dado a tal decreto ley �[�] la fuerza an�loga de una Ley estatutaria [�]�, con lo cual termina afirmando que:

�[�] Es decir, que a este decreto en espec�fico se le ha asignado por la jurisprudencia constitucional un nivel superior al de un decreto ley tradicional (art. 150.10 C.P); No obstante, para los efectos de esta demanda, tal consideraci�n no resta validez o fuerza a las razones que nos permiten establecer la contradicci�n entre los mandatos constitucionales de elaboraci�n democr�tica y de mayor consenso para regular los asuntos m�s sensibles de la sociedad que, como en este asunto, versan sobre derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos, recursos para su protecci�n y tambi�n sobre el mecanismo de tutela para administraci�n de justicia constitucional (�) De lo expuesto, se colige que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 306 de 1992, que regule el procedimiento de remitir copia de un expediente por parte de juez a otra autoridad a fin de que esta �ltima imponga una sanci�n administrativa. [�]�

85. Del confuso argumento expuesto por el actor, se puede extraer que el demandante considera que el Decreto Ley n.� 2591 de 1991 no puede fundamentar la expedici�n del Decreto n.� 306 de 1992, puesto que aquello requiere, en su concepto, de una ley expedida por el Congreso.

86. El Despacho estima que, para efectos de establecer la procedencia de la cautela solicitada frente a este art�culo, se ha debido abordar el an�lisis de la naturaleza jur�dica del Decreto Ley 2591 de 1991, as� como el contenido del art�culo 52 de tal decreto y, asimismo, el alcance del precepto cuestionado, con miras a determinar si, como lo estima el actor, la norma compilada efectivamente establece una sanci�n administrativa puesto que tal art�culo se contrae a ordenar la remisi�n de lo actuado para que la autoridad p�blica que tiene la competencia para adoptar una sanci�n por incumplimiento de una orden proferida por autoridad judicial, efectivamente la adopte; asunto que corresponde desatar en la sentencia que ponga fin al proceso.

87. Mencion� el actor, respecto del art�culo 2.2.4.2.9.6 del Decreto n.� 1069 de 2015, disposici�n que compil�, inicialmente, el art�culo 59 del Decreto n.� 1829 de 2013 y, posteriormente, el art�culo 7� del Decreto n.� 1885 de 2021 -norma que modific� tal art�culo del Decreto n.� 1829 de 2013-, que el Decreto n.� 1829 de 2013, tuvo como sustento para su expedici�n �[�] el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 7�, 9�, 10, 13 y 14 de la Ley 640 de 2001, 26 de la Ley 1563 de 2012, y 23 de la Ley 51 de 1918. [�]� y reglament� algunas disposiciones de las leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012.

88. Adujo, igualmente, que el Decreto n.� 1829 de 2013 fue modificado por el Decreto n.� 1885 de 2021, el cual se�ala que fue expedido con fundamento en las atribuciones conferidas por �[�] la Ley 29 de 1973, la Ley 640 de 2001, la Ley 1563 de 2012,la Ley 1564 de 2012, el Decreto Ley 960 de 1970, y el art�culo 49 de la Ley 1955 de 2019[�]�, para posteriormente expresar lo siguiente:

�[�] al revisar el marco jur�dico referido del Decreto 1829 de 2013, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n de este, que regule o describa los elementos b�sicos de las sanciones de multa, expresada en Unidades de Valor Tributario, ni de revocatoria del aval para impartir formaci�n en conciliaci�n extrajudicial en derecho (�) En segundo lugar, al verificar el marco jur�dico referido del Decreto 1885 de 2021, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n de este, que regule o describa los elementos b�sicos de la sanci�n de revocatoria del aval para impartir formaci�n en conciliaci�n extrajudicial en derecho [�]�

89. El Despacho, en esta etapa inicial del procesos, reitera lo expuesto l�neas atr�s, oportunidad en la que consider� que el art�culo 59 del Decreto n.� 1829 de 2013 hab�a perdido fuerza ejecutoria ante su modificaci�n por parte del art�culo 7� del Decreto n.� 1885 de 2021, por lo que s�lo estudiar�a los argumentos expuestos frente a este �ltimo art�culo.

90. Ahora bien, en relaci�n con las inconformidades relativas con tal art�culo �art�culo 7� del Decreto n.� 1885 de 2021�, es dable se�alar que el actor se limit� a citar las disposiciones de orden constitucional y legal que fundamentaron su expedici�n y aquellas objeto de reglamentaci�n, con lo cual no resulta posible establecer si existen, o no, normas que regularan o describieran los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dieran lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de las sanciones a imponer ni muchos menos si habr�a operado cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, lo cual resultaba forzoso para establecer la procedencia de la medida cautelar.

91. Asever� el actor, en lo atinente al art�culo 2.2.4.2.9.8 del Decreto n.� 1069 de 2015, precepto que compil� el art�culo 61 del Decreto n.� 1829 de 201353, que se remit�a al marco jur�dico expuesto para el art�culo 2.2.4.2.9.6 del Decreto n.� 1069 de 2015 para, posteriormente, sostener que no exist�a ley expedida por el Congreso de la Rep�blica, con fundamento en la Carta Pol�tica de 1991, y que fuera previa a la fecha de expedici�n del Decreto n.� 1829 de 2013.

92. Cabe mencionar que en el marco jur�dico expuesto por el actor para cuestionar la legalidad del art�culo 2.2.4.2.9.6 del Decreto n.� 1069 de 2015, �nicamente enunci� las normas de orden constitucional y legal que fundamentaron su expedici�n y aquellas objeto de reglamentaci�n, por lo que no resulta posible establecer si existen, o no, preceptos que regularan o describieran los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dieran lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de las sanciones a imponer ni muchos menos si habr�a operado cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, lo cual resultaba forzoso para establecer la procedencia de la medida cautelar.

93. Adicionalmente, se debe indicar que resultaba necesario establecer el alcance de la disposici�n acusada para determinar si aquella establec�a o no una sanci�n administrativa o conductas o comportamientos objeto de aquellas, puesto que la norma se limita a regular la publicaci�n de las sanciones ya impuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho a un centro de conciliaci�n.

94. Frente al art�culo 2.2.4.4.6.1 del Decreto n.� 1069 de 2015, el cual compil� el art�culo 23 del Decreto 2677 de 2012, el actor resalt� que las atribuciones constitucionales y legales que le dieron sustento y las normas reglamentadas fueron �[�] el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica y la Ley 1564 de 2012. Este Decreto reglamenta algunas disposiciones del C�digo General del Proceso sobre los Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante y se dictan otras disposiciones, para lo cual dentro de sus considerandos se�ala el art�culo 91 de la Ley 446 de 1998 y el art�culo 7� de la Ley 640 de 2001, por lo que son estos elementos normativos los que sirvieron de fundamento para el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente [�]�.

95. Luego indic� que: �[�] al revisar tal marco jur�dico, se extrae que no existe ninguna Ley expedida por el Congreso, que tenga como fundamento a la Constituci�n Pol�tica de 1991 y que sea previa a la fecha de expedici�n del Decreto 2677 de 2012, que regule o describa los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que dan lugar a la aplicaci�n de sanciones ni de la sanci�n a imponer. [�]�.

96. Los argumentos expuestos no permiten analizar la inconformidad se�alada pues, para efectos de acceder a la cautela, se ha debido aludir al contenido de los preceptos mencionados y establecer el alcance y contexto del precepto compilado, lo cual permitir�a determinar si exist�an, o no, normas que regularan o describieran los elementos b�sicos de las conductas o comportamientos que den lugar a la aplicaci�n de sanciones o de las sanciones a imponer, lo que trajo como consecuencia que tampoco fuera posible establecer si oper� cierta flexibilizaci�n y menos rigurosidad de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas a la que alude la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.

97. A lo expuesto se debe adicionar que el actor afirm�, frente a los art�culos 2.2.2.2.2.3., 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3. y 2.2.2.2.7.3. del Decreto n.� 1.609 de 2015, que fueron expedidos con su sustento en disposiciones anteriores a la Carta Pol�tica de 1991 y que, por ello, se encontraban derogadas por su art�culo 380, el cual establece que �[�] Queda derogada la Constituci�n hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constituci�n rige a partir del d�a de su promulgaci�n. [�]�.

98. Asimismo, y respecto de los art�culos 2.2.6.12.1.8 -norma que compil� el art�culo 8 del Decreto 1873 de 1971, modificado por el art�culo 1� del Decreto n.� 278 de 1972- y 2.2.6.12.1.13 -norma que compil� el art�culo 14 del Decreto n.� 1873 de 1971- del Decreto n.� 1609 de 2015, que se deb�an entender derogados por el citado art�culo, igualmente, por corresponder normas expedidas con anterioridad a la Constituci�n de 1991.

99. Al respecto, se debe mencionar que la Corte Constitucional ha destacado que, por regla general, la normatividad jur�dica existente en el momento en el que se promulga la nueva Carta Pol�tica conserva su validez, salvo que resulte contradictoria con el nuevo r�gimen, lo que significa que el tr�nsito constitucional no conduce necesariamente a la derogaci�n de la totalidad de aquellas normas - tesis que no comparte el actor-, no siendo esta etapa inicial del litigio donde deba dirimirse tal planteamiento.

19. Del an�lisis anterior, el Despacho encuentra que el actor no acredit�, en esta instancia inicial del proceso, la apariencia de buen derecho en su solicitud de suspensi�n provisional puesto que, luego de confrontar las normas superiores invocadas como violadas con las disposiciones acusadas no se vislumbr� la trasgresi�n de las primeras como lo exige el art�culo 231 del CPACA, raz�n por la cual esta Sala Unitaria negar� la imposici�n de la cautela.

En m�rito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Secci�n Primera de lo Contencioso Administrativo,

PRIMERO: NEGAR la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.2.2.2.2.3., 2.2.2.2.3.4., 2.2.2.2.4.2., 2.2.2.2.4.3. [parcial], 2.2.2.2.5.3., 2.2.2.2.6.2 a 2.2.2.2.6.4., 2.2.2.2.7.2., 2.2.2.2.7.3., 2.2.2.2.8.2., 2.2.2.2.10.1., 2.2.3.1.1.7., 2.2.4.2.9.6. [parcial], 2.2.4.2.9.8., 2.2.4.4.6.1., 2.2.6.12.1.8. y 2.2.6.12.1.13 del Decreto n.� 1069 de 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expidi� el decreto �nico reglamentario del sector justicia y del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial.

Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.2.3.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.3.4.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.4.3�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.5.3.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.6.2.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.6.3.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.6.4.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.7.2.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.7.3.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.8.2.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.2.2.10.1�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.3.1.1.7�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos jur�dicos del )�Art�culo 2.2.4.2.9.6.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electr�nicamente por el Magistrado Ponente en la sede electr�nica para la gesti�n judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con el art�culo 186 del CPACA. P (4)

1 Se debe advertir, frente al art�culo 2.2.4.4.6.1 del Decreto n.� 1.069 de 2015, que no fue mencionado en el ac�pite de �[�] VI. Petici�n [�]�, no obstante, frente a este art�culo se formul� acusaci�n en el concepto de violaci�n de la demanda y se solicit� su suspensi�n provisional.

4 Normas que establecen limitaciones al porte y al consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas y fijar los criterios para adelantar programas educativos y de prevenci�n sobre dicha materia. Cfr. Art. 1� del Decreto 1108 de 1994.

10 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez.

11 Sobre la aplicaci�n de la proporcionalidad, la misma providencia indic�: �(�), la proporcionalidad y la ponderaci�n no representan ni la limitaci�n, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentaci�n como sustento de toda decisi�n judicial. Cabe, entonces, examinar c�mo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderaci�n, como expresi�n m�s depurada del principio de proporcionalidad� // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinaci�n de una medida cautelar, que no es m�s que la adopci�n de una medida de protecci�n a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden f�ctico referidas a una estimaci�n de los medios de acci�n a ser seleccionados, cuesti�n que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situaci�n de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisi�n que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administraci�n p�blica (necesidad) y, por �ltimo, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jur�dico de ponderaci�n , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectaci�n o no satisfacci�n de cada uno de los principios contrapuestos.

12 El art�culo 230 del CPACA. se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o la realizaci�n o demolici�n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci�n de sus efectos; (numeral 5) Impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

13 �[�] Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:
1. Que la demanda est� razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios [�]�.

14 Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Radicaci�n: 11001032400020160029500. MP.: Hernando S�nchez S�nchez. Actor; RCN Televisi�n S.A. y Caracol Televisi�n S.A.

16 �[�] ART�CULO 242. DEROGATORIAS. El presente C�digo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 1355 de 1970 [�]�.

17 Ver providencia de 23 de mayo de 2022, expediente n.� 11001 03 24 000 2021 00071 00, en la cual este despacho indic�: �[�] 49. Precisamente, en el auto de 29 de enero de 2014, la Secci�n Primera del Consejo de Estado consider� lo siguiente: (�) [�] 1.3. La suspensi�n provisional, adem�s, es una medida cautelar que apunta a enervar la eficacia, los efectos, del acto administrativo, como se colige no solo de la doctrina y la jurisprudencia, sino tambi�n del art�culo 91.1 de la Ley 1437 de 2011 (�) Esa misma disposici�n, se expresa, igualmente, que hay p�rdida de la fuerza ejecutoria cuando el acto administrativo �pierde vigencia� � art�culo 91.5-, lo que ocurre cuando se presenta el fen�meno de derogaci�n de la norma, entendido como �el acto de proceder, mediante disposici�n posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jur�dico precedente� (�) 2. Es decir, que la suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo no es procedente cuando la norma acusada ha sido modificada o derogada, por cuanto dicha suspensi�n parte del supuesto de vigencia. [�] (subraya y negrilla fuera del texto) [�]�

22 [7] Al respecto se puede consultar la Sentencia C-333 del 29 de marzo de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

23 Sentencia C-853 de 2005, MP Jaime C�rdoba Trivi�o. Ver tambi�n las sentencias: C-507 de 2006, MP �lvaro Tafur Galvis; C-343 de 2006, MP Manuel Jos� Cepeda Espinosa Sentencia; C-406 de 2004, MP Clara In�s Vargas Hern�ndez; y C-1011 de 2008, MP Jaime C�rdoba Trivi�o.

27 En Sentencia C-412 de 2015 (MP Alberto Rojas R�os), la Corte sostuvo que �En materia de derecho sancionatorio el principio de legalidad comprende una doble garant�a, a saber: material, que se refiere a la predeterminaci�n normativa de las conductas infractoras y las sanciones; y, formal, relacionada con la exigencia de que estas deben estar contenidas en una norma con rango de ley, la cual podr� hacer remisi�n a un reglamento, siempre y cuando en la ley queden determinados los elementos estructurales de la conducta antijur�dica.�//En el mismo sentido, mediante Sentencia C-135 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte se�al� que �el derecho administrativo sancionador se encuentran (sic) al igual que el derecho penal, sujeto al principio constitucional de legalidad que a su vez se encuentra integrado por los principios de tipicidad y reserva de ley, los cuales constituyen pilares rectores del debido proceso, junto al principio de proporcionalidad.�

30 Sentencias C-530 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y C-406 de 2004 (MP Clara In�s Vargas Hern�ndez).

33 Sentencia C-860 de 2006, reiterada, entre otras, en la Sentencia C-032 de 2017.

35 Al respecto, en la Sentencia C-564 de 2000, la Corte precis�: �� a la pregunta de si resulta acorde con la Constituci�n que para la tipificaci�n de infracciones administrativas, el legislador haga uso a remisiones normativas que completen o determinen el contenido de �stas, [�] la respuesta es afirmativa. [�] || La exigencia de una clasificaci�n detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no s�lo se haga una descripci�n exacta de la conducta que ser� objeto de sanci�n sino de la sanci�n misma, modelo t�pico del precepto penal, devendr�a en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa�. As� mismo, en la Sentencia C-092 de 2018, afirm� que �[d]e acuerdo con la jurisprudencia constitucional en materia de derecho administrativo sancionatorio, el legislador debe establecer unos criterios generales para la graduaci�n de la sanci�n, pero no tiene que hacer una regulaci�n exhaustiva al nivel de detalle, ya que para ello hay un marco general legislativo que debe atender. Por eso, cuando se delega parte de la regulaci�n, el legislador le impone al Gobierno unas directrices suficientemente claras que posteriormente puedan desarrollarse mediante actos administrativos�.

36 Sentencia C-827 de 2001, reiterada, entre otras, en las sentencias C-343 de 2006, C-242 de 2010, C-412 de 2015 y C-032 de 2017.

38 Sentencia C-860 de 2006, reiterada en las sentencias SU-1010 de 2008, C-595 de 2010 y C-412 de 2015.

39 Sentencia C-921 de 2005, citada en la sentencia C-818 de 2005. En la sentencia C-742 de 2010, se afirm� que �[l]a Corte ha precisado que el principio de legalidad en el �mbito administrativo sancionatorio solamente exige la existencia de una norma con fuerza material de ley que contenga una descripci�n gen�rica de las conductas sancionables, sus tipos y las cuant�as m�ximas de las sanciones, norma cuyo desarrollo puede ser remitido a actos administrativos expedidos por la administraci�n�.

42 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: GERM�N ALBERTO BULA ESCOBAR. Bogot� D.C., cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019). Radicaci�n n�mero: 11001-03-06-000-2018-00217-00(2403).

46 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALD�S. Bogot� D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2011-00257-00. Actor: FEDERACI�N COLOMBIANA DE F�TBOL � FCF.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Sentencia de 3 de abril de 2014. Radicaci�n: 11001-03-24-000-2011-00256-00. M.P.: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez. Actor: Federaci�n Colombiana de F�tbol.

51 Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relaci�n con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotr�picas.

53 por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012.