SENTENCIA 11001-03-25-000-2011-00021-00 (0051-2011) de 2022

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044864SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-25-000-2011-00021-00 (0051-2011)202220/10/2022SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-25-000-2011-00021-00 (0051-2011)__2022_20/10/2022300448912022

Sentencias de NulidadGabriel Valbuena Hern�ndezMinisterio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE. . Jorge Enrique TellofalseResoluci�n 1588 de 1994, Decreto 2779 de 1994, art�culo 2, y 26 , 29 , 31 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995Identificadores10030292442true1431758original30251738Identificadores

Demandado: �Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE. .

Demandada: Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica - DANE

Tema: F�rmula para el c�lculo de bonos y t�tulos pensionales. Tabla de salarios medios nacionales dispuesta por el DANE. Decreto 01 de 1984.

_______________________________________________________________________SENTENCIA DE �NICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de �nica instancia dentro del proceso de nulidad promovido por el se�or Jorge Enrique Romero Tello contra la Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE.

El se�or Jorge Enrique Tello, en nombre propio y en ejercicio de la acci�n de simple nulidad consagrada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo demand� la nulidad de los siguientes actos administrativos 1 :

� Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica - DANE �Por la cual se establece el salario medio nacional�

� El Decreto 2779 de 1994 �Por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el c�lculo de bonos y t�tulos pensionales� .

� La definici�n de la variable matem�tica PR en el art�culo 2, los art�culos 262 , 293 , 314 y el factor actuarial FAC3 5 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995 6 .

El accionante cit� como normas vulneradas el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica; los art�culos 14 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994.

Al desarrollar el concepto de violaci�n sostuvo, de manera gen�rica, que los actos demandados infringieron las normas invocadas, por las siguientes razones:

a) El valor del bono pensional debe ser el resultado de un proceso matem�tico producto de la aplicaci�n correcta de los art�culos 117 de la Ley 100 de 1993 y 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994 �por el cual se dictan las normas para la emisi�n, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales� , de modo que:

�� El ahorro que alcance a acumular el afiliado en el lapso anterior a la fecha en que cumple 60 o 62 a�os de edad, el cual devengar� un inter�s compuesto del 3% anual, alcanzar� para financiar su pensi�n de vejez y sobrevivientes, por un valor mensual igual a la pensi�n de vejez de referencia que es funci�n del salario que devengaba a 30 de junio de 1992 actualizado a la fecha en que cumple tal edad, por lo tanto en dicha fecha y solo en dicha fecha, el ahorro total que alcance a ahorrar el afiliado ser� igua l al capital necesario para financiar su pensi�n de vejez y sobrevivientes.

� El salario que el afiliado tendr�a en la fecha en que cumpla 60 o 62 a�os de edad se calcular� actualizando a dicha fecha el salario que devengaba a 30 de junio de 1992, seg�n la variaci�n del IPC, entre el 30 de junio de 1992 y la fecha de su ingreso al RAI y seg�n la variaci�n de los SMN8 discriminados por edad, entre la fecha de ingreso al RAI y la fecha en que cumple 60 o 62 a�os de edad�

Afirm� que las ecuaciones contenidas en los actos demandados para calcular el valor del bono pensional infringen las normas superiores porque no aseguran su actualizaci�n, con lo cual se incurre en una infracci�n de las normas citadas.

b) El proceso matem�tico que condujo a las ecuaciones con las que se debe calcular FAC39 y BC10, expresadas en los art�culos 32 y 33 del Decreto 1748 de 1995, siendo FAC3 uno de los factores actuariales con los que se debe calcular el valor del bono pensional BC11, no es compatible con esas estipulaciones por lo siguiente:

c) La definici�n de la variable PR13 contenida en el art�culo 2 del Decreto 1748 de 1995 tambi�n contraviene las normas superiores por cuanto:

�La pensi�n de referencia PR es funci�n del salario de referencia SR tal como est� expresada en el art�culo 30 del Decreto 1748 de 1995, por lo tanto el valor de PR es valor presente a FR el valor de SR14 necesariamente es valor presente a FR, pero de la operaci�n estipulada en el art�culo 29 del mismo Decreto, resulta SR en valor presente a FC, porque multiplicar por la relaci�n entre el SMN de una edad y el SMN de otra edad correspondiente a fecha desconocida o correspondientes al a�o 1992 no actualiza y por lo tanto el salario base SB actualizado desde FB15 hasta FC siguiente siendo valor presente a FC despu�s de multiplicarlo por dicha relaci�n de SMN, Una atrocidad adicional la constituye la indicada divisi�n por el SMN de la edad que el afiliado ten�a en FC; es que los SMN son registros de datos reales y por lo tanto existen en una fecha. No existen SMN en fecha desconocida porque referirse a un SMN que no corresponde a fecha alguna no significa absolutamente nada, como nada significa un IPC 100.00 si no se indica que corresponde al �ltimo d�a del mes de diciembre de 1998�16.

2.1. La Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico17, a trav�s de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto indic� que los fundamentos f�cticos y jur�dicos invocados no permiten sustentar la nulidad pretendida.

Al respecto, destac� que el accionante , en la mayor parte del texto de la demanda, se limita a transcribir toda clase de teor�as para desvirtuar el salario medio nacional establecido por el DANE que en su criterio fue producto de �grav�simos errores cometidos por ignorancia supina o mala fe o ambos� y pone en consideraci�n una serie de f�rmulas de su autor�a, pero no argumenta por qu� las disposiciones cuya nulidad pretende son contrarias a las normas que se�al� vulneradas.

En ese orden de ideas, resalt� que, contrario a lo manifestado por el accionante, la normatividad que define la liquidaci�n de bonos pensionales se sustenta en estudios matem�ticos estad�sticos probados y afinados por el DANE, cuya fuente la constituyen los censos y el proceso de formalizaci�n estad�stica intercensal que se ha denominado �Encuesta Nacional de Hogares�, en tal sentido, no se trata de la invenci�n ideal de algunos funcionarios del gobierno nacional.

Defendi� la legalidad de cada uno de los actos acusados, con los siguientes razonamientos :

Sobre el art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995, precis� que este recoge la tabla de salarios medios nacionales que fue adoptada por el Decreto 2779 de 1994 para el c�lculo de bonos pensionales, que a su vez adopta lo previsto en la Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el DANE.

En ese sentido, asegur� que el art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995 es congruente con el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993, por cuanto , conforme a su mandato, acoge la tabla de salarios medios nacionales establecidos por el DANE.

As�, trat�ndose del c�lculo de los valores del �Salario Medio Nacional� consignados en la Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el DANE, sostuvo que de acuerdo con la comunicaci�n n�m. 08826 del 9 de noviembre de 1994 suscrita por el DANE y dirigida a esa cartera ministerial:

�[�] se tom� la etapa 77 de la Encuesta Nacional de Hogares, correspondiente a septiembre de 1992 con cobertura nacional, urbana y rural, informaci�n producida por el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica, disponible y actualizada a la fecha m�s pr�xima de la se�alada por la ley, que permite diferenciar afiliados y beneficiarios , de no afiliados.

Se estim� el salario promedio nacional de los empleados y obreros afiliados al Sistema de Seguridad Social, tanto del gobierno como de empresas particulares, se eliminaron los valores extremos y se suaviz� el ingreso promedio por edad, utilizando la siguiente regresi�n:

Consecuente con ello, el estudio realizado por el DANE se bas� en los valores de la encuesta a partir de la cual se determin� cu�l era el promedio de salarios por edad para muestras comprendidas entre 12 a�os y 72 a�os, valores que fueron expresados en pesos y en los que se reflej� el resultado de la encuesta para el a�o 1992, en el que el salario m�nimo legal mensual vigente era de $65.190.oo. Estos valores fueron transformados en �ndice seg�n lo establecido en el art�culo 2 del Decreto 2779 de 1994, con base 1 para el nivel de 12 a�os, lo que signific� que el salario medio nacional para el grupo de 12 a�os de edad $52.139 va a tomar el �ndice �1� y de ah� en adelante el valor de cada �ndice va a ser el resultado de dividir el salario medio para cada grupo de edad entre el sala rio medio para el grupo de 12 a�os.

Por ende, el �ndice establecido para cada edad entre los 12 y los 72 a�os indica la cantidad de salarios a una edad �Y� expresada en funci�n del �ndice b�sico, que corresponde al promedio para la edad de 12 a�os con valor �1�, con fundamento en los cuales se puede predecir, conforme la estad�stica nacional, el nivel de salario que estad�sticamente tendr� una persona a una edad �Y� si sabemos el salario que tiene a una edad �X�, lo cual constituye la aplicaci�n que tiene la tabla para el c�lculo de los bonos pensionales.

Asimismo, manifest� que el citado �ndice no puede contener inflaci�n alguna en salarios como lo pretende el accionante, puesto que se trata de establecer una relaci�n que es aplicable entre los salarios en dos edades determinadas, esta relaci�n hace parte de la metodolog�a del c�lculo del bono pensional y su resultado se actualiza y capitaliza hasta la fecha en que se redime, esto es, el momento en que la persona cumple la edad de pensi�n.

En esa l�nea de ideas, explic� que aplicar la tabla como el demandante sugiere implicar�a una doble actualizaci�n del bono pensiona-, una en los salarios con los que se liquida el bono y otra en la actualizaci�n y capitalizaci�n del valor del bono pensiona l hasta la fecha en que se redime �[�] Esto es as� porque el demandante solicita que se calculen los salarios a la edad de referencia (60 o 62) a precios corrientes (actualizados por inflaci�n), mientras que la tabla contenida en la norma demandada considera proporciones de salarios a edades determinadas, partiendo del salario a precios constantes (sin incluir inflaci�n); los ajustes del salario (la actualizaci�n) se efect�an al momento de liquidar el bono, junto con la capitalizaci�n (la rentabilidad) [�]�.

De tal manera, concluy� que no se comprende de qu� manera el art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995 puede ser contrari o al procedimiento se�alado en la ley, como lo afirma el accionante, si solamente adopta la tabla de salarios medios nacionales expedida por el DANE para estimar el valor del bono pensional en la que simplemente se han establecido las proporciones entre salarios y edades.

En relaci�n con la presunta vulneraci�n del art�culo 14 de la Ley 100 de 1993 seg�n el cual se debe mantener el poder adquisitivo de las pensiones, indic� que la pensi�n es diferente al bono pensional porque este es un instrumento de deuda que sirve para financiar a la pensi�n y representa el capital que deb�a estar acumulado a la fecha de traslados de la persona para financiar la pensi�n a la fecha en que tendr�a derecho a ella, �el bono se redime en pesos corrientes m�s una rentabilidad a la fecha de su exigibilidad, teniendo en cuenta la tabla de salarios medios nacionales y el DTF pensional. De esta manera, el bono al redimirse, incluye el capital actualizado y los rendimientos que debieron acumularse por el afiliado con anterioridad al traslado� 18 por lo cual no se infringe la aludida norma.

En cuanto a la nulidad parcial del art�culo 2 del Decreto 1748 de 1995, espec�ficamente en lo relacionado a la PR o pensi�n de referencia, afirm� que dicho decreto por ser reglamentario debe establecer las formulaciones as� como las variables matem�ticas y sus definiciones para realizar efectivamente la liquidaci�n de los bonos pensionales, por consiguiente, no encuentra justificaci�n alguna para que se demande la definici�n de PR �que en �ltimas ni siquiera es una variable matem�tica en estricto sentido sino la simple identificaci�n de una variable contenida en las normas superiores�, esto es, en el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994 y el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993, que al respecto prescriben:

�Decreto 1299 de 1994. Art�culo 4. C�lculo de la pensi�n de vejez de referencia para los vinculados con anterioridad al 30 de junio de 1992. La pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado se calcular� as� [�]�

�Ley 100 de 1993. Art�culo 117. Para determinar el valor de los bonos, se establecer� una pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado, que se calcular� as�:[�]�

En ese sentido, dado que el accionante no indic� cu�les son los cargos en los que fundamenta la violaci�n de las normas que depreca transgredidas, solicit� que se desestimara esta pretensi�n de nulidad.

Trat�ndose del art�culo 29 del Decreto 1748 de 1995, precis� que corresponde a una perfecta interpretaci�n de lo dispuesto en el literal a) del art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 expresada en t�rminos de las variables matem�ticas definidas en el art�culo 2 del Decreto 1748 de 1998.

Indic� que el art�culo 29 demandado replica una variable para el c�lculo de bonos pensionales que ya se encontraba prevista en la ley, por lo cual no existe exceso en la facultad reglamentari a, inconsistencia o diferencia alguna en l a definici�n del �Salario de Referencia�.

Tampoco se configur� una violaci�n al art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica en la medida que no hay p�rdida del poder adquisitivo cuando se usa la tabla de salarios medios nacional, toda vez que el salario base para el c�lculo del bono pensional es actualizado con el IPC hasta la fecha de corte y a partir de ah� el bono se actualiza y capitaliza hasta que es redimido, en consecuencia, al pagarse se incluye el capital actualizado y los rendimientos que debieron acumularse por el afiliado con anterioridad al traslado o primera selecci�n de r�gimen con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

En lo relacionado con los art�culos 30 y 31 del Decreto 1748 de 1995, dijo que la nulidad formulada no est� llamada a prosperar porque si bien el accionante expres� que las variables y f�rmulas contenidas en ellos no son matem�ticamente correctas, lo cierto es que no expres� fundamento alguno de hecho o de derecho que acreditara la violaci�n de la norma superior.

2.2. El Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE19 se opuso a las pretensiones con sustento en lo siguiente:

a) La Resoluci�n 1588 del 24 de noviembre de 1994 fue proferida de acuerdo con lo previsto en el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993, el cual a su vez fue reglamentado parcialmente por el Decreto 13 de 2001 y el Decreto 3366 de 2006.

b) Para establecer la tabla de salarios medios nacionales se atendi� al art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994 que fue producto de las facultades extraordinarias que el numeral 5 del art�culo 139 de la Ley 100 de 1993 confiri� al presidente.

Posteriormente, el Gobierno Nacional � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico oficializ� la tabla de salarios medios nacionales que determin� el DANE mediante la Resoluci�n 1588 del 24 de noviembre de 1994, y, en relaci�n con la metodolog�a que se utiliz� para establecer la tabla que fija el salario medio nacional, precis� que el Consejo de Estado se pronunci� en sentencia del 21 de mayo de 2009 dentro del radicado 11001-03-25-000-2003-00124-01, en la que fue parte accionante el se�or Jorge Enrique Romero Tello.

c) Seg�n lo previsto en el art�culo 48 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 115 y subsiguientes de la Ley 100 de 1993 y la reiterada jurisprudencia constitucional, los bonos pensionales son un mecanismo a trav�s del cual los recursos destinados a pensiones mantienen su poder adquisitivo constante y garantizan la viabilidad financiera del Sistema General de Pensiones ; en ese sentido, los salarios medios nacionales utilizados en el art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995 se encuentran establecidos en salarios m�nimos legales vigentes, lo cual implica una actualizaci�n inmediata, adem�s de los ajustes de actualizaci�n y cap italizaci�n que se efect�an al momento de liquidar el bono, es decir, a diferencia de lo manifestado por el accionante, la precitada tabla no desconoce tales actualizaciones y fue producto de una f�rmula matem�tica claramente se�alada en el Decreto 1748 de 1995 en la que se definen las variables matem�ticas de los salarios medios nacionales, salario de referencia � SR- y salario hist�rico � SH-, factores actuariales (FAC1 y FAC que dependen del sexo del afiliado y de su edad en FR), todas estas definiciones indicadas de forma clara y demostrable en los art�culos 2, 26, 29 y 32 del Decreto 1748 de 1995.

Finalmente, dijo que de las normas violadas y del concepto de violaci�n a la norma superior se�alados en la demanda, se advierte que el accionante realiz� un an�lisis gen�rico, en el que se limit� a citar unas disposiciones legales sin una argumentaci�n l�gica que acreditara la vulneraci�n alegada , en consecuencia, solicit� que se desestimaran las pretensiones de la demanda.

3.1. Mediante auto del 27 de mayo de 201120, el despacho sustanciador admiti� la demanda, orden� su notificaci�n al ministro de hacienda y cr�dito p�blico y de la protecci�n social, al director del Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica y al agente del Ministerio Publico, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 150 del C.C.A.

De igual forma, neg� la solicitud de suspensi�n provisional formulada por el accionante , que sustent� en los mismos argumentos que manifest� en el concepto de violaci�n, pues consider� que de la simple confrontaci�n entre los actos acusados y las normas presuntamente vulneradas no se evidenci� la transgresi�n exigida por el art�culo 152 del CCA y porque las normas demandadas no pod�an analizarse de forma aislada, sino que era necesario efectuar un examen arm�nico y coordinado de toda la normatividad. Esta decisi�n fue confirmada a trav�s de auto del 19 de abril de 201221, que resolvi� el recurso de reposici�n presentado por el se�or Jorge Enrique Romero Tello.

3.2. A trav�s de auto de 7 de febrero de 201322se declar� abierto el periodo probatorio con las pruebas las documentales allegadas con la demanda y las contestaciones. Adem�s, se requiri� al Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE para que aportara todos los antecedentes administrativos que dieron lugar la expedici�n de la Resoluci�n 1588 de 1994 por medio de la cual se estableci� la tabla de salarios medios nacionales y orden� a esa misma entidad que rindiera un informe en el que se dilucidaran los motivos t�cnicos, cient�ficos y jur�dicos que dieron lugar a establecer la f�rmula para el c�lculo de los bonos pensionales.

En raz�n a lo anterior, el DANE present� un informe de dos p�ginas en el que explic� de forma general la manera en que se determin� la tabla de salarios medios nacionales, sin embargo, no alleg� los antecedentes administrativos pedidos. Por su parte, en relaci�n con el informe t�cnico, respondi�:

�[�] Me permito informar que la entidad no posee un t�cnico en la materia de c�lculo actuarial, el cual solicita con el apego a lo previsto por el art�culo 243 del C�digo de Procedimiento Civil, debido a que la tem�tica utilizada en esta ciencia rebasa el componente misional de la entidad. La ciencia actuarial utiliza modelos deterministas para la construcci�n de primas y ecuaciones mientras que el DANE tiene como misi�n producir y difundir informaci�n estad�stica estrat�gica para la toma de decisiones en el desarrollo econ�mico y social del pa�s, a partir de su liderazgo t�cnico ejerciendo la regulaci�n del Sistema Estad�stico Nacional.

Por lo descrito anteriormente, el DANE no tiene como competencia crear ni definir ecuaciones con las cuales se calcularon los bonos pensionales. Las actividades del DANE tienen un alcance de proveer la base de datos estad�stica con la cual las diferentes entidades realizan sus estudios y c�lculos para la toma de decisiones�23Destacado fuera del texto.

El 9 de julio de 201424, el despacho sustanciador puso en conocimiento de las partes intervinientes en el proceso, el material probatorio recopilado dentro del expediente para que se pronunciaran previo al cierre de la etapa probatoria.

Con motivo de lo expuesto, el se�or Jorge Enrique Romero Tello alleg� memorial25 en el que requiri� nuevamente la pr�ctica del informe t�cnico solicitado en la demanda en raz�n a la importancia de su pr�ctica para desatar el debate jur�dico.

3.3. El 2 de diciembre de 201426, el magistrado director del proceso profiri� auto a trav�s del cual decidi� negar dicha solicitud , pues consider� que hab�an pasado m�s de 18 meses desde que se decret� la prueba sin que el demandante se pronunciara al respecto de modo que, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de econom�a procesal, declar� cerrado el debate probatorio y corri� traslado a las partes para alegar de conclusi�n conforme a lo dispuesto en el art�culo 210 del CCA.

3.3. El 13 de noviembre de 201927 , la Sala de Subsecci�n, previo a proferir el fallo y en raz�n a la especialidad del tema , decret� unas pruebas de oficio de conformidad con lo previsto en el art�culo 169 del CCA, en ese orden de ideas, requiri� al DANE para que allegara al expediente la totalidad de los soportes t�cnicos, cient�ficos y jur�dicos que dieron lugar a la Resoluci�n 01588 de 1994 y dispuso que una vez aportados los antecedentes administrativos solicitados, se pusieran en conocimiento de la Escuela Superior de Administraci�n P�blica � ESAP, la Asociaci�n Nacional de Actuarios, la Universidad Pedag�gica y Tecnol�gica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia para que a trav�s de sus departamentos de matem�ticas, estad�stica y sus facultades de ciencias econ�micas y de derecho, elaboraran un informe motivado y bajo juramento en el que expresaran sus consideraciones jur�dicas, t�cnicas y cient�ficas respecto a la forma en que se determin� la tabla de salarios medios nacionales para calcular el valor de los bonos pensionales determinada por el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica mediante la Resoluci�n 01588 de 1994.

Asimismo, orden� poner en conocimiento de la Escuela Superior de Administraci�n P�blica � ESAP, la Asociaci�n Nacional de Actuarios, la Universidad Pedag�gica y Tecnol�gica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia los antecedentes administrativos del Decreto 1748 de 1995, aportados al expediente, para que realizaran un informe motivado y bajo juramento con destino al proceso en el que expresaran sus consideraciones jur�dicas, t�cnicas y cient�ficas sobre la definici�n de la variable matem�tica PR en el art�culo 2, los art�culos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995.

3.4. Por �ltimo, revisada la actuaci�n , se observa que el 25 de enero de 2022, el accionante alleg� memorial visible en el �ndice 110 del aplicativo SAMAI con el que pretendi� recusar al consejero ponente, no obstante, de su contenido no se advierte que haya invocado alguna causal legal que justificara ese requerimiento, sino que se limit� a manifestar su inconformidad contra el auto que decret� pruebas de oficio, pues en su criterio no se requirieron las que resultaban necesarias, argumento insuficiente para imprimir el tr�mite de una recusaci�n por carecer de los presupuestos para tal efecto.

4.1. El apoderado del Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica - DANE reiter� en sus precisos t�rminos los argumentos expuestos en la contestaci�n de la demanda28.

El 24 de abril de 201529, la Procuradur�a Tercera delegada ante esta Corporaci�n present� concepto en el que solicit� que se negaran las pretensiones de la acci�n y en el que resalt�, en todo caso, la necesidad de la pr�ctica de un informe t�cnico que permitiera dilucidar los hechos o los puntos oscuros de la con tienda dada la especialidad del tema.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

Esta Secci�n del Consejo de Estado es competente para conocer en �nica instancia de la presente demanda de acuerdo con lo establecido en el art�culo 128 del CCA30, en concordancia con el art�culo 13 del Acuerdo 058 de 1999, modificado por el art�culo 1 del Acuerdo 055 de 200331.

Considerando los reparos formulados contra los actos demandados, le corresponde a la Sala resolver los siguientes planteamientos :

2.2.1. La Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE �incurri� en una infracci�n del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 4 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994

2.2.2. El Decreto 2779 de 1994 �Por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el c�lculo de bonos y t�tulos pensionales� �incurri� en una infracci�n del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 4 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994

2.2.3. La definici�n de la variable matem�tica PR en el art�culo 2, los art�culos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995 �Por el cual se dictan normas para la emisi�n, c�lculo, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los art�culos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993 � �incurrieron en una infracci�n del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 4 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994

La Sala desarrollar� el siguiente orden metodol�gico: (i) marco normativo sobre los bonos pensionales y (ii) an�lisis del caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable el asunto. Sobre los bonos pensionales previstos en el Sistema de Seguridad Social Integral.

La Ley 100 de 1993 cre� el Sistema de Seguridad Social Integral, conformado por los reg�menes establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios32.

En cuanto al Sistema General de Pensiones , estableci� dos reg�menes excluyentes pero coexistentes: el R�gimen Solidario de Prima Media con Prestaci�n Definida y el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad33.

Los bonos pensionales se crearon como una prerrogativa a favor de quienes, en los precisos t�rminos de ley34, se trasladar�n del R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad y se definieron como aportes destinados a contribuir a la conformaci�n del capital necesario para financiar las pensionales de los afiliados al Sistema General de Pensiones.

A prop�sito, la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto del 17 de octubre de 2017 dentro del radicado 11001-03-06-000-2017- 00076-00(C), se�al�:

�[�] El bono pensional es un documento de contenido crediticio que representa, en dinero, el tiempo de afiliaci�n o de servicios de una persona. Se emite en los casos que establece la ley y se redime cuando el individuo que ha cumplido los requisitos exigidos en la legislaci�n para obtener su pensi�n de vejez, solicita a la entidad a la cual se encuentra afiliado el reconocimiento y pago de esta prestaci�n o, en su defecto, el pago de una indemnizaci�n sustitutiva de la pensi�n o la devoluci�n de los aportes efectuados, seg�n el r�gimen elegido. [�]�.

Los bonos pensionales tienen unas caracter�sticas espec�ficas 35: (i) se expresan en pesos; (ii) son nominativos; (iii) se pu ede endosar en favor de las entidades administradoras o aseguradoras con destino al pago de pensiones y (iv) devengan un inter�s equivalente a la tasa DTF sobre los saldos capitalizados que establezca el gobierno.

Existen tres clases de bonos pensionales de acuerdo con la entidad que los expide: por la Naci�n; por las Cajas, Fondos o entidades del sector p�blico que no fueran sustituidas por el Fondo de Pensiones P�blicas del Nivel Nacional y por las empresas privadas o p�blicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones36.

Para el c�lculo del valor de los bonos pensionales el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 dispuso que se establecer�a una pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado que se calcular�a de la siguiente manera:

�a) Se calcula el salario que el afiliado tendr�a a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotizaci�n del afiliado a 30 de Junio de 1992, o en su defecto, el �ltimo salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema seg�n la variaci�n porcentual del �ndice de Precios al Consumidor del DANE, por l a relaci�n que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales ser�n establ ecidos por el DANE;

b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:

45%, m�s un 3% por cada a�o que exceda de los primeros 10 a�os de cotizaci�n, empleo o servicio p�blico, m�s otro 3% por cada a�o que faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculaci�n al sistema.

La pensi�n de referencia as� calculada, no podr� exceder el 90% del salario que tendr�a el afiliado al momento de tener acceso a la pensi�n, ni de quince salarios m�nimos legales mensuales.

Una vez determinada la pensi�n de referencia, los bonos pensionales se expedir�n por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el per�odo que haya efectuado cotizaciones al ISS o haya sido servidor p�blico o haya estado empleado en un a empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulaci�n, hubiera completado el capital necesario para financiar una pensi�n de vejez y para sobrevivientes, a los 62 a�os si son hombres y 60 a�os si son mujeres por un monto igual a la pensi�n de referencia.

En todo caso, el valor nominal del bono no podr� ser inferior a las sumas aportadas obligatoriamente para la futura pensi�n con anterioridad a la fecha en la cual se afilie al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

El Gobierno establecer� la metodolog�a, procedimiento y plazos para la expedici�n de los bonos pensionales.

PAR�GRAFO 1o. El porcentaje del 90% a que se refiere el inciso quinto, ser� del 75% en el caso de la s empresas que hayan asumido el reconocimiento de pensiones a favor de sus trabajadores.

PAR�GRAFO 2o. Cuando el bono a emitir corresponda a un afiliado que no provenga inmediatamente del Instituto de Seguros Sociales, ni de Caja o fondo de previsi�n del sector p�blico, ni de empresa que tuviese a su cargo exclusivo el pago de pensiones de sus trabajadores, el c�lculo del salario que tendr�a a los 62 a�os si son hombres y 60 a�os si son mujeres, parte de la �ltima base de cotizaci�n sobre la cual haya coti zado o del �ltimo salario que haya devengado en una de dichas entidades, actualizado a la fecha de ingreso al Sistema, seg�n la variaci�n porcentual del �ndice de Precios al Consumidor del DANE.

PAR�GRAFO 3o. Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calcular� como el valor de las cotizaciones efectuadas m�s los rendimientos obtenidos hasta la fecha de traslado�.

En desarrollo de este precepto legal, el Decreto 1299 de 1994 �por el cual se dictan las normas para la emisi�n, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales� en sus art�culos 3, 4 y 6 , dispuso:

�Art�culo. 3��Valor del bono pensional. El valor base del bono pensional se determinar� calculando un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el per�odo que estuvo cotizando o prestando servicios, hasta el momento del traslado al r�gimen de ahorro individual, para que a este ritmo hubiera completado a los 62 a�os si son hombres o 60 a�os si son mujeres, el capital necesario para financiar una pensi�n de vejez y de sobrevivientes, por un monto igual a la pensi�n de vejez de referencia del afiliado de que trata el art�culo siguiente.

El bono pensional ser� expedido por su valor base, actualizado con la tasa de inter�s equivalente al DTF pensional definido en el art�culo 10 del presente decreto, desde la fecha del traslado, hasta la fecha de su expedici�n.

En todo caso, el valor base del bono no podr� ser inferior a las sumas aportadas con anterioridad a la fecha en la cual la persona se traslade al r�gimen de ahorro individual.

Par�grafo.�Para efectos de lo previsto en el inciso 1� de este art�culo se entiende por per�odo de cotizaci�n o de prestaci�n servicios, la suma del tiempo durante el cual el afiliado estuvo cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsi�n del sector p�blico, prestando servicios como servidor p�blico, vinculado mediante contrato de trabajo a una empresa o emple ador del sector privado que ten�a a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de previsi�n del sector privado.

El tiempo de servicios prestado a empleadores del sector privado que ten�an a su cargo el reconocimiento y p ago de pensiones con anterioridad a la fecha de expedici�n de la Ley 100 de 1993, por trabajadores que en la citada fecha ya no se encontraban vinculados con el respectivo empleador, no ser� computable para el c�lculo del bono pensional.

Art�culo. 4��C�lculo de la pensi�n de vejez de referencia para los vinculados con anterioridad al 30 de junio de 1992. La pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado se calcular� as�:

a) Se calcula el salario de referencia que el afiliado tendr�a a los 60 a�os de edad si es mujer o a los 62 si es hombre.

Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base de liquidaci�n de que trata el art�culo siguiente, por la relaci�n que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que tenga el afiliado a la fecha de selecci�n o de traslado al r�gimen de ahorro individual. La tabla de salarios medios nacionales ser� establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno Nacional.

El salario de referencia as� calculado, no podr� ser inferior al salario m�nimo legal mensual vigente a la fecha del traslado, ni superior a veinte veces dicho salario, y

b) La pensi�n de referencia ser� el resultado de multiplicar el salario de referencia por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:

45%, m�s un 3% por cada a�o que exceda de los primeros 10 a�os de cotizaci�n, afiliaci�n, empleo o servicio p�blico hasta el 1� de abril de 1994, m�s otro 3% por cada a�o que faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado a partir de la misma fecha.

La pensi�n de referencia as� calculada, no podr� exceder el 90% del salario de referencia, ni quince veces el salario m�nimo legal mensual vigente a la fecha de traslado. Trat�ndose de trabajadores vinculados con contrato de trabajo a empresas o empleadores del sector privado que ten�an a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, y de servidores p�blicos, la pensi�n de referencia no podr� exceder el 75% del salario de referencia. La pensi�n de referencia no podr� ser inferior al salario m�nimo legal mensual vigente a la fecha del traslado.

Par�grafo. �Para los efectos de que trata el presente decreto, se entiende por cada a�o un per�odo de 52 semanas.

Art�culo. 6��Bases t�cnicas para el c�lculo del bono pensional. Para efectos del c�lculo del bono pensional la tasa de inter�s t�cnico real ser� del 3% anual. El Gobierno Nacional se�alar� los factores de capital necesario para financiar la pensi�n de vejez y de sobrevivientes, los cuales incluir�n la mesada adicional del mes de diciembre. El bono pensional incluir� el auxilio funerario.

Las tablas de mortalidad a utilizar para el c�lculo del bono pensional, ser�n las tablas de mortalidad de rentistas �experiencia ISS 80-89, contenidas en la Resoluci�n 0585 del 11 de abril de 1994, expedida por la Superintendencia Bancaria�.

En ese sentido, a efectos de calcular el bono pensional que le corresponda al afiliado que se traslade del R�gimen Solidario de Prima Media con Prestaci�n Definida al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad y que cumpla las condiciones para acceder a este derecho, se deber�n tener en cuenta las disposiciones precedentes que precisan la forma de su liquidaci�n.

4.1. La Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE �incurri� en una infracci�n del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 4 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994

La Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE estableci� el salario medio nacional . El texto es el siguiente:

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTAD�STICA � DANE

En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial las que le confieren el art�culo 209 de la Constituci�n Pol�tica, el Decreto 2118 de 1992, el literal a) del art�culo 117 de la Ley 117 de la Ley 100 de 1993 y el literal a) del art�culo 4 d el Decreto 1299 de 1994 y

Que el Decreto 2118 de 1992, establece como funci�n del DANE, la de certificar la calidad de las estad�sticas que produce el sistema y de todas aquellas que determine la ley.

Que de acuerdo con el numeral a) del art�culo 117 de la Ley 100 de 1993, corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica � DANE, establecer los salarios medios nacionales necesarios en la determinaci�n del valor de los bonos pensionales.

Que el Decreto 1299 de 1994, reglam ent� las normas para la emisi�n, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales, se�al�ndole al DANE, la funci�n de realizar las tablas de salarios medios nacionales.

ART�CULO 1�. Establecer las tablas de salarios medios nacionales, seg�n edad, para determinar el c�lculo de los bonos pensionales, as�:

ART�CULO 2o. La anterior tabla debe ser oficializada por el Gobierno Nacional.

ART�CULO 3o. La presente resoluci�n rige a partir de la fecha de su expedici�n�.

La parte accionante manifest� que la Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el DANE incurri� en una infracci�n de las normas en que deb�a fundarse, esto es, el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 14 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto 1299 de 1994 .

Como sustento de lo anterior, transcribi� el texto de los art�culos 53 de la Constituci�n Pol�tica y 14 de la Ley 100 de 1993, sobre reajuste de las pensiones y afirm�, de forma gen�rica, que la Resoluci�n 1588 de 1994 no garantiza la actualizaci�n de los bonos pensionales reconocidos, toda vez que solo contiene la serie de Salarios Medios Nacionales (en adelante SMN) del a�o 1992 para diferentes edades, cuando lo correcto ser�a que estableciera la serie SMN para personas de todas las edades para cada a�o desde 1992.

Procede la Sala a analizar si el acto acusado infringi� los preceptos invocados.

�ART�CULO 117. VALOR DE LOS BONOS PENSIONALES. Para determinar el valor de los bonos, se establecer� una pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado, que se calcular� as�:

a) Se calcula el salario que el afiliado tendr�a a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotizaci�n del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el �ltimo salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema seg�n la variaci�n porcentual del �ndice de Precios al Consumidor del DANE, por la relaci�n que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales ser�n establecidos por el DANE;

a) Se calcula el salario de referencia que el afiliado tendr�a a los 60 a�os de edad si es mujer o a los 62 si es hombre.

Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base de liquidaci�n de que trata el art�culo siguiente, por la relaci�n que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que tenga el afiliado a la fecha de selecci�n o de traslado al r�gimen de ahorro individual. La tabla de salarios medios nacionales ser� establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno Nacional.

En desarrollo de las normas citadas, el DANE expidi� la Resoluci�n 1588 de 199437 por la cual estableci� la �estimaci�n del salario medio nacional seg�n edad en el marco de la Ley 100 de 1993�, para lo cual tuvo en cuenta la siguiente metodolog�a:

�Para la estimaci�n del salario medio nacional se utiliz� la informaci�n de las etapas 74 (diciembre de 1991) y 77 (septiembre de 1992) de la Encuesta de Hogares del DANE.

Despu�s de analizar varias opciones seg�n los resultados que se encontraron se decidi� tomar como fuente de informaci�n La Encuesta Nacional de Hogares - Etapa 77 - por varias razones:

En primer lugar esta etapa es de cobertura nacional y cubre tanto la zona urbana como rural.

En segundo lugar es la m�s cercana a la fecha estipulada por la Ley para el c�lculo de los salarios medios.

En tercer lugar trae un m�dulo de salud que contiene una pregu nta con la cual "sabe si una persona es afiliada o beneficiaria de alg�n sistema de seguridad social.

Para la estimaci�n del salario medio por edad, se tomaron todos los trabajadores, de la zona urbana y rural, que pertenecieran a la categor�a ocupacional de empleados u obreros. Para el caso de la zona urbana el salario se tom� de la pregunta Cu�nto gana en todos sus empleos y en el caso de la zona rural se tomaron los ingresos que ganaban los trabajadores en todos sus empleos como obreros o empleados.

Finalmente se tom� la informaci�n para los asalariados que estuviesen afiliados o fuesen beneficiarios de alg�n sistema de seguridad social (ISS, CAJANAL Caja de Previsi�n departamental o municipal). Se procedi� de esta manera ya que la estimaci�n as� obtenida, se aproxima m�s a la situaci�n de los trabajadores que en el momento ten�an alg�n tipo de seguridad social.

Para la evaluaci�n de los resultados se estimaron medidas de dispersi�n, as� como los valores de la moda y la mediana.

En ese orden de ideas, se advierte que el DANE estableci� la tabla de SMN en desarrollo del mandato contenido en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994 que as� lo determinaron, lo cual resulta congruente con lo expuesto por esta Secci�n en sentencia del 21 de mayo de 200938, proferida en el proceso de nulidad simple iniciado por el mismo accionante Jorge Enrique Romero Tello, contra el art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995; en aquella oportunidad, la Secci�n sostuvo lo siguiente :

�De lo anteriormente expuesto se puede concluir que, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 y mediante Resoluci�n N� 1588 de 28 de noviembre de 1994, el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica DANE, estableci� la tabla de salarios med ios nacionales seg�n la edad (12 a 71 a�os), para determinar el c�lculo de los bonos pensionales; dicha tabla fue oficializada por el Gobierno Nacional en el Decreto N� 2779 de 22 de diciembre de 1994, expresada en t�rminos de �ndice, con base 1 para el ni vel 12 a�os.

Ahora bien, de conformidad con lo ordenado en el art�culo 1� del citado Decreto N� 2779 de 1994, la tabla de salarios medios nacionales es de utilizaci�n obligatoria para todo c�lculo del bono pensional y eso fue lo que aconteci� en el sub -lite cuando el art�culo 26 del Decreto N � 1748 de 22 de octubre de 1995, norma demandada en este caso, dispuso que para el efecto referido se utilizar�a la tabla de salarios medios nacionales relativos, establecida en el Decreto N� 2779 de 1994.

En ese orden de ideas no resulta cierta la afirmaci�n del actor, en el sentido de que�� el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 1748, derogando el Decreto 1726 � y definiendo, entonces s�, los salarios medios nacionales ;��(subrayas y negrillas fuera del texto) y no pudo infringirse el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993, pues, como qued� demostrado, fue en desarrollo de ese precepto que se expidieron las diferentes normatividades que elaboraron, oficializaron y dispusieron que la tabla de salarios medios nacionales se deb�a utilizar para el c�lculo de bonos pensionales y por tales razones tambi�n puede concluirse que el actor no demostr� la violaci�n de los art�culos 53 de la Constituci�n Pol�tica y 14 de la Ley 100 de 1993, el primero de los cuales dispone que el Congreso expedir� el estatuto del trabajo y enlista los principios m�nimos fundamentales que debe tener en cuenta la ley respectiva y el segundo prev� que para mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones de vejez o de jubilaci�n, de invalidez y de sustituci�n o sobreviviente, en cualquiera de los dos reg�menes del sistema general de pensiones, se reajustar�n anualmente de oficio el 1� de enero de cada a�o, seg�n la variaci�n porcentual del �ndice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el a�o inmediatamente anterior.

Si, a juicio del accionante, la metodolog�a utilizada por el DANE para obtener la informaci�n que sirvi� de base a la elaboraci�n de la tabla contentiva de los salarios medios nacionales; o los �ndices establecidos en la norma que los oficializ�, carec�an de los fundamentos cient�ficos o t�cnicos necesarios para elaborar la tabla que se utilizar�a en el c�lculo de los bonos pensionales; o si el actor consideraba que al aplicar la tabla contenida en la norma demandada, el resultado era un salario futuro menor al que una persona devengaba en la actualidad o en fecha anterior; o si, en sentir del demandante, la tabla deb�a contener datos diferentes o adicionales a los que en ella aparecen, cabe se�alar que tales aspectos o cualquier otro ata�edero a los mismos, resultan m�s apropiados para ser expuestos como sustento de demandadas de las normas que establecieron y oficializaron el salario medio nacional, dentro de las cuales no est� el art�culo 26 del Decreto N� 1748 de 12 de octubre de 1995, pues esta disposici�n se limit� a determinar que para el c�lculo de los bonos pensionales se utilizar�a la tabla de salarios medios establecida en el Decreto N� 2779 de 1994�.

En relaci�n con la metodolog�a aplicada para el c�lculo de la tabla de SMN, conforme a lo indicado por el DANE, esta fue producto de la informaci�n que se obtuvo en las etapas 74 y 77 de la Encuesta Nacional de Hogares ejecutadas entre diciembre de 1991 y septiembre de 1992, que era la fecha m�s cercana a la previ sta en el art�culo 117 de Ley 100 de 1993 y el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994, el 30 de junio de 1992, para lo cual se estimaron medidas de dispersi�n, como los valores de la moda y la mediana, para despu�s �suavizar� la media con la formula: In w=a + b* Edad + c*(Edad)2.

Esta metodolog�a no fue discutida por el accionante, pues como se indic�, su reproche consisti� en que el DANE no estableci� el SMN por todas las edades y a�os, sin embargo, como qued� demostrado la entidad dispuso la tabla de SMN con las fechas referidas, porque as� lo determinaron las normas que desarroll�.

En ese sentido, la Resoluci�n 1588 de 1994 no comporta la transgresi�n aducida por el demandante, como se indica a continuaci�n:

En relaci�n con la presunta transgresi�n del art�culo 5339 de la Constituci�n Pol�tica, se evidencia que el accionante se limit� a transcribir su texto, pero no explic� de qu� manera la Resoluci�n 1588 de 1994 vulner� su contenido, m�xime cuando dicho acto se concret� a establecer la tabla de SMN y no se refiri� a la actualizaci�n de las pensiones, que es el mandato al que se refiere la norma superior.

Al respecto, esta Corporaci�n ha sostenido que trat�ndose de la acci�n de simple nulidad para que se configure un cargo apto con tra la disposici�n que se dirige, los motivos de ilegalidad deben ser claros, ciertos, espec�ficos, pertinentes y suficientes, en estos t�rminos se se�al�:

�En relaci�n con este �ltimo presupuesto, esta Corporaci�n ha advertido que, para que se configure un cargo apto, las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, deben ser claras40, ciertas, espec�ficas41, pertinentes42 y suficientes43, como carga m�nima de argumentaci�n que el actor debe exponer para evitar una decisi�n inhibitoria44.

No le corresponde a esta Corporaci�n examinar oficiosamente la constitucionalidad o legalidad de los actos administrativos acusados, sino pronunciarse respecto de las acusaciones razonablemente sustentadas que efectivamente formulen los ciudadanos, lo cual implica que esta Corporaci�n s�lo pueda adentrarse en el estudio de fondo de un asunto cuando la acusaci�n se ha presentado en debida forma45 lo que implica que satisfaga la exigencia de una carga m�nima de argumentaci�n, pues esta constituye requisito sine qua non para que el debate de constitucionalidad o de legalidad se trabe en debida forma, y gire en torno a problemas jur�dicos cla ramente discernibles�46.

En ese sentido, destaca la Sala que en este caso el accionante no argument� porqu� la Resoluci�n acusada resulta contraria al mandato superior, solo transcribi� la norma que consider� vulnerada, pero en manera alguna explic� de forma clara, espec�fica, pertinente y suficiente, los motivos que fundamentaron dicha afirmaci�n, en consecuencia, este cargo no est� llamado a prosperar.

En lo concerniente a la vulneraci�n de l art�culo 14 de la Ley 100 de 1993, dicha norma dispone:

�ART�CULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilaci�n, de invalidez y de sustituci�n o sobreviviente, en cualquiera de los dos reg�menes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustar�n anualmente de oficio, el primero de enero de cada a�o, seg�n la variaci�n porcentual del �ndice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el a�o inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario m�nimo legal mensual vigente, ser�n reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que s e incremente dicho salario por el Gobierno�.

En criterio de la Sala el acto acusado no vulnera la norma citada , toda vez que (i) la Resoluci�n 1588 de 1994 estableci� la tabla de SMN en desarrollo del mandato contenido en el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 y el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994, y (ii) no regul� de forma alguna, ni se refiri� a la actualizaci�n de las pensiones, que es el asunto que reglamenta el art�culo 14 de la Ley 100 de 1993.

Como ya se indic�, la Resoluci�n 1588 de 1993 desarroll� el mandato legal contenido en el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 que le orden� establecer una tabla de SMN para la fecha all� prevista, para lo cual el DANE tuvo en cuenta las etapas 74 y 77 de la �Encuesta Nacional de Hogares� que se ejecutaron en la fecha m�s pr�xima a esa, entre diciembre de 1991 y septiembre de 1992, por consiguiente, no se evidencia la transgresi�n se�alada por el accionante, en el entendido de que, en ning�n aparte, la norma superior se�al� que deb�a realizarse una tabla de SMN por todos los a�os y todas las edades como err�neamente lo interpret� el accionante, raz�n por la cual el cargo no est� llamado a prosperar.

Las normas invocadas regulan los requisitos para el reconocimiento del bono pensional por traslado al r�gimen de ahorro individual (art. 2) el valor del bono pensional (art�culo 3) y el c�lculo de la pensi�n de vejez de referencia para los vinculados con ante rioridad al 30 de junio de 1992 (art�culo 4).

Espec�ficamente sobre el SMN, el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994, en consonancia con el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993, dispuso:

�Art�culo 4�.- C�lculo de la pensi�n de vejez de referencia para los vinculados con anterioridad al 30 de junio de 1992. La pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado se calcular� as�:

Se calcula el salario de referencia que el afiliado tendr�a a los 60 a�os de edad si es mujer o a los 62 si es hombre.

Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base de liquidaci�n de que trata el art�culo siguiente, por la relaci�n que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a l a edad que tenga el afiliado a la fecha de selecci�n o de traslado al r�gimen de ahorro individual. La tabla de salarios medios nacionales ser� establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo anterior, el DANE mediante la Resoluci�n 1588 de 1994 estableci� la tabla de SMN en los precisos t�rminos ordenados tanto en el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 como en el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994.

En consecuencia, es claro para la Sala que la Resoluci�n 1588 de 1994 no regul� aspectos atinentes a los requisitos para el reconocimiento del bono pensional (art. 2) o el valor del bono pensional (art. 3), sino que, como se ha venido sosteniendo, se limit� a establecer la tabla de salarios medios nacionales seg�n edad, como un insumo para determinar el c�lculo de los bonos pensionales.

En punto al tema, se debe resaltar que ninguno de los art�culos invocados como transgredidos dispuso que la tabla de SMN que deb�a establecer el DANE deb�a contener todos los a�os y todas las edades, por consiguiente, el accionante no puede deprecar su vulneraci�n, cuando no se observa dicho mandato legal en relaci�n con el cual se pueda advertir la transgresi�n de las normas superiores alegada en el concepto de violaci�n , raz�n por la cual este cargo de nulidad tampoco est� llamado a prosperar.

4.2. El Decreto 2779 de 1994 �Por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el c�lculo de bonos y t�tulos pensionales� �incurri� en una infracci�n del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 4 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994

Por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el c�lculo de bonos y t�tulos pensionales.

en el ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y el literal a), inciso 2 del art�culo 4o, del Decreto-Ley 1299 de 1994, y

Que de conformidad con el art�culo 4o, literal a), inciso 2o del Decreto-Ley 1299 de 1994, corresponde al Gobierno Nacional oficializar la tabla de salarios medios nacionales que establezca el DANE;

Que la Direcci�n del Departamento Nacional de Estad�stica DANE mediante Resoluci�n n�mero 1588 de 1994 estableci� la tabla de salarios medios nacionales,

ARTICULO 1�. Para el efecto del c�lculo de Bonos y T�tulos Pensionales se adopta la tabla de salario s medios nacionales a que se refiere el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 y consagrado en la Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el Departamento Nacional de Estad�stica DANE. La tabla de salarios medios nacionales de utilizaci�n obligatoria para todo c�lculo de Bono de T�tulo Pensional.

ARTICULO 2o. La tabla a que se refiere el art�culo 1o del presente Decreto expresada en t�rminos de �ndice, con base 1 para el nivel de 12 a�os, edad m�nima contemplada ser� la siguiente:

ARTICULO 3o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n�.

Del an�lisis del concepto de violaci�n expuesto por el accionante se deduce que el reproche contra el Decreto 2779 de 1994 es el mismo formulado contra la Resoluci�n 1588 de 1994, en la medida que este acogi� la tabla de SMN que all� se estableci�, la cual, seg�n su criterio, infringe el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 14 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto 1299 de 1994, porque no contiene los SMN para todos los a�os y todas las edades.

De conformidad con el texto de la norma acusada y los argumentos del accionante, los cuales, se reitera, son los mismos que manifest� contra la Resoluci�n 1588 de 1994, la Sala advierte que el Decreto 2779 de 1994 lo �nico que previ� fue la adopci�n de la Resoluci�n 1588 de 1994 en desarrollo de lo previsto en el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 y el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994 , que ordenaron que la tabla de SMN fuera establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno Nacional.

As�, la �nica diferencia entre la Resoluci�n 1588 de 1994 y el Decreto 2779 de 1994 fue la asignaci�n de unos �ndices para cada salario medio de acuerdo con la edad, empezando con el �ndice 1.000.000 para la edad de 12 a�os, y as� sucesivamente hasta el �ndice 1.715.798 para la edad de 71 a�os o m�s.

En ese orden de ideas, la Sala se remitir� a las consideraciones expuestas en el numeral 4.1.1. de esta providencia, en el entendido que no se configura la vulneraci�n alegada por el se�or Jorge Enrique Romero Tello, en tanto la tabla de SMN establecida por el DANE y adoptada por el Decreto 2779 de 1994 fue la consecuencia de los art�culos 117 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994 que as� lo determinaron.

En otros t�rminos, el Decreto 2779 de 1994 simplemente se limit� a acoger la tabla de SMN establecida por el DANE en la Resoluci�n 1588 de 1994 en desarrollo de las normas referidas, y dado que al analizar la legalidad de esta �ltima s e encontr� que el cargo no estaba llamado a prosperar, sucede lo mismo con este decreto que lo oficializ�.

Ello por cuanto el accionante no refiri� razones contra los �ndices se�alados en el Decreto 2779 de 1994, sino que el concepto de violaci�n fue el mismo que expres� contra la Resoluci�n 1588 de 1994.

4.3. La definici�n de la variable matem�tica PR en el art�culo 2, los art�culos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995 �Por el cual se dictan normas para la emisi�n, c�lculo, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los art�culos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993� �incurri� en una infracci�n del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 4 y 117 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 3, 4 y 6 del Decreto Ley 1299 de 1994

Por el cual se dictan normas para la emisi�n, c�lculo, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los art�culos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993.

en uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del Art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica

PR: Pensi�n de referencia expresada en pesos a FC y que constituye una estimaci�n del valor de la pensi�n que el afiliado recibir�a en FR; ver art�culos 30 y 38.

Para el c�lculo de los bonos de que trata esta secci�n, se utilizar� la "tabla de salarios medios nacionales relativos", establecidos por el Decreto 2779 de 1994.

Para edades no enteras, se interpolar� entre los SMN correspondientes a los cumplea�os inmediatamente anterior y posterior.

El Salario de Referencia, SR, es el Salario Base, SB, actualizado desde FB hasta la v�spera de FC, multiplicado por el salario medio nacional de la edad que el afiliado tendr� en FR, dividido por el salario medio nacional de la edad que el afiliado ten�a en FC. En todo caso, el Salario de Referencia no ser� inferior al salario m�nimo legal mensual que reg�a en la fecha de corte, ni superior a veinte veces dicho salario.

El Auxilio Funerario de Referencia, AR, es igual, en principio, a la Pensi�n de Referencia, PR, pero no inferior a cinco veces el salario m�nimo legal mensual que reg�a en la fecha de corte, ni superior a diez veces dicho salario.

Los factores FAC1 y FAC2 dependen del sexo del afiliado y de su edad en FR. A continuaci�n se establecen sus valores para edades enteras:

Para edades no enteras se interpolar� entre los valores correspondientes a los cumplea�os inmediatamente anterior y posterior.

En relaci�n con la definici�n de la variable PR contenida en el art�culo 2 del Decreto 1748 de 1995, el accionante , al exponer el concepto de violaci�n, sostuvo que incurri� en una infracci�n de las normas superiores, pues si la pensi�n de referencia es la es timaci�n de la pensi�n que el afiliado recibir�a en FR (fecha de re ferencia) necesariamente debe ser expresada en pesos a FR y no en pesos a FC (fecha de corte).

Sobre el art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995, el se�or Jorge Enrique Romero Tello manifest� que es nulo porque acogi� la tabla de SMN establecidos por el Decreto 2779 de 1994, con sustento en los mismos argumentos que aleg� contra la Resoluci�n 1588 de 19 94 expedida por el DANE.

En cuanto al art�culo 29 del Decreto 1748 de 1995, el accionante afirm� que el procedimiento all� dispuesto para calcular el SR (salario de referencia) est� errado porque debe contener la serie de SMN para cada edad y para cada a�o desde 1992 o en su defecto la serie de SMN para personas de todas las edades para cada a�o desde 1992 acompa�ado a la serie de SMN para cada edad correspondiente al a�o 1992, que aparece sola en los elementos legales que se deben reemplazar o en su defecto que el SR corresponda al salario que el afiliado devengar�a en la fecha en que cumple 60 o 62 a�os, obtenido de la actualizaci�n del SB (salario base), seg�n la variaci�n del IPC, entre la FB (fecha base) y la FC (fecha de corte) y seg�n la variaci�n de los SMN, discriminados por edad, entre la FC y la FR. Aunado a ello, resalt� que debe definir que SC corresponde al valor presente del salario de referencia a la fecha en que el afiliado ingres� al RAI (R�gimen de Ahorro Individual) o FC que ser� obtenido de la actualizaci�n del salario SB seg�n la variaci�n del IPC, entre la fecha base FB y la fecha de corte FC.

Trat�ndose del art�culo 31 del Decreto 1748 de 1995, la Sala advierte que el se�or Jorge Enrique Romero Tello no manifest� ning�n argumento en contra de su legalidad m�s all� de la menci�n que realiz� al indicar las normas cuya nulidad pretend�a.

En lo relacionado con el factor actuarial FAC3 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995, el accionante expuso que la ecuaci�n para calcularlo no es compatible con las normas que deprec� vulneradas, toda vez que no garantiza un bono pensional actualizado , en la medida que se tom� la tasa de variaci�n compuesta del valor presente del capital necesario para financiar la pensi�n de vejez y sobrevivientes igual a la tasa de variaci�n compuesta del valor presente del ahorro total del afiliado, cuando era necesario ente nder que se refiere a la tasa de inter�s compuesto que se le reconoce al ahorro, pero no se puede aplicar al capital porque este �var�a como var�an los SMN establecidos en la realidad y las predicciones de SMN futuros obtenidos de acuerdo con la tendencia de los SMN reales�.

En ese orden de ideas concluy� que la ecuaci�n de FAC3 debe ser expresada en funci�n de la tasa de variaci�n compuesta del capital, la cual se debe calcular en cada caso.

Sobre la definici�n de la pensi�n de referencia - PR contenida en el art�culo 2 del Decreto 1748 de 1995, no se evidencia reproche legal alguno por parte del accionante sino su desacuerdo en cuanto a la manera c�mo es calculada, sin embargo, al analizar la disposici�n atacada, se encuentra que esta corresponde a la identificaci�n de una variable y no una f�rmula matem�tica para determinarla , tal y como fue indicado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en su contestaci�n.

N�tese que el c�lculo de la pensi�n de referencia se encuentra realmente determinado en el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 y en el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994, as�:

�Ley 100 de 1993. Art�culo 117. VALOR DE LOS BON OS PENSIONALES. Para determinar el valor de los bonos, se establecer� una pensi�n de vejez de referencia para cada afiliado, que se calcular� as�:

a) Se calcula el salario que el afiliado tendr�a a los sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotizaci�n del afiliado a 30 de Junio de 1992, o en su defecto, el �ltimo salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema seg�n la variaci�n porcentual del �ndice de Precios al Consumidor del DANE, por la relaci�n que exista entre el salario medio nacional a los sesent a (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales ser�n establecidos por el DANE;

b) El resultado obtenido en el literal anteri or, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:

Una vez determinada la pensi�n de referencia, los bonos pensionales se expedir�n por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el per�odo que haya e fectuado cotizaciones al ISS o haya sido servidor p�blico o haya estado empleado en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulaci�n, hubiera completado el capital necesario para financiar una pensi�n de vejez y para sobrevivientes, a los 62 a�os si son hombres y 60 a�os si son mujeres por un monto igual a la pensi�n de referencia.

�Decreto 1299 de 1994. Art�culo 4. C�LCULO DE LA PENSI�N DE VEJEZ DE REFERENCIA PARA LOS VINCULADOS CON ANTERIORIDAD AL 30 DE JUNIO DE 1992.

b). La pensi�n de referencia, ser� el resultado de multiplicar el salario de referencia por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes: 45% m�s un 3% por cada a�o que exceda de los primeros 10 a�os de cotizaci�n, afiliaci�n, empleo o servicio p�blico hasta el 1o. De abril de 1994, m�s otro 3% por cada a�o que faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) a�os si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contad o a partir de la misma fecha.

De tal manera que si el se�or Jorge Enrique Romero Tello se encontraba en desacuerdo con su c�lculo debi� atacar dichas normas y no la identificaci�n de esta variable contenida en el art�culo 2 del Decreto 1748 de 1995.

En cuanto al art�culo 26 del Decreto 1748 de 1995, la Sala evidencia que esta disposici�n acogi� la tabla de SMN oficializada mediante el Decreto 2779 de 1994 y establecida por la Resoluci�n 1588 de 1994 expedida por el DANE, en consecuencia, al ser una reproducci�n de las normas cuya legalidad ya fue analizada en los numerales 4.1.1. y 4.1.2. de la presente providencia, y respecto de las cuales no se encontr� acreditad a la infracci�n de las normas superiores alegadas por el accionante, se concluye que la pretensi�n de nulidad en este aspecto tampoco est� llamada a prosperar.

Sobre el procedimiento para calcular el salario de referencia -SR contenido en el art�culo 29 del Decreto 1748 de 1995 la Sala observa que esta se encuentra acorde con el art�culo 117 de la Ley 100 de 1993 y el art�culo 4 del Decreto 1299 de 1994, pues como lo advirti� el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, correspondi� a su interpretaci�n expresa en variables matem�ticas, as�:

En ese orden de ideas, no se configura una infracci�n de las normas superiores, sino que, por el contrario, se evidencia que el art�culo 29 del Decreto 1748 de 1995 desarroll� las normas en que deb�a fundamentarse, estas son, los art�culos 117 de la Ley 100 de 1993 y 4� del Decreto 1299 de 1994.

El art�culo 31 del Decreto 1748 de 1995 determin� que el c�lculo del auxilio funerario de referencia AR es igual, en principio, a la PR, pero no es inferior a cinco veces el SMLM que reg�a a la FC, ni superior a diez veces dicho salario.

Al efecto, sobre esta disposici�n, el accionante no argument� en el concepto de violaci�n cu�les eran las razones que sustentaban la infracci�n de las normas superiores que aleg�, en ese sentido, no hay lugar a acceder a la nulidad requerida, pues se reitera , trat�ndose de este medio de control, le correspond�a al se�or Jorge Enrique Romero Tello, como accionante, la carga argumentativa que demostrara la configuraci�n de la transgresi�n deprecada.

En lo relacionado con el factor actuarial FAC3 del art�c ulo 32 del Decreto 1748 de 1995, la Sala advierte que el se�or Jorge Enrique Romero Tello no manifest� ninguna raz�n jur�dica que justificara la infracci�n de las normas superiores que se�al�, tan solo se refiri� a la que, seg�n su criterio, debi� ser la forma en que deb�a elaborarse la ecuaci�n para calcularlo.

Al respecto, ante el requerimiento realizado por esta Subsecci�n en relaci�n con el asunto, la Asociaci�n Colombiana de Actuarios, a trav�s de su representante legal, respondi� que � despu�s de una revisi�n t�cnica del FAC3 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995, el Comit� de Pensiones encuentra que la formulaci�n del factor es apropiada para su finalidad�47.

Sobre la revisi�n t�cnica, en el informe rendido, la Asociaci�n, explic�:

Anualidad (Sn ): Una anualidad es una serie de flujos de cajas iguales o constantes que se realizan a intervalos iguales de tiempo. El flujo de una anualidad a valor futuro se describe de manera matem�tica como:

T�cnicamente, el acumulado a futuro de las contribuciones durante su tiempo de labor, debe ser equivalente a la reserva actuarial que se requiere para financiar la pensi �n PR junto al auxilio funerario AR, esto es:

De acuerdo con lo expuesto, dado que el accionante no explic� las razones jur�dicas por las cuales el factor FAC3 infring�a las normas que se�al� vulneradas y que de acuerdo con el informe de la Asociaci�n Colombiana de Actuarios el FAC3 es apropiado, la Sala considera que la nulidad contra est� disposici�n no se acredit�.

Las costas procesales, entendidas como los gastos necesarios en los que las partes tuvieron que incurrir para ejercer una correcta defensa de sus intereses dentro del proceso judicial, comprenden de un lado, las expensas o gastos ordinarios del proceso y de otra, las agencias en derecho.

Su reconocimiento est� regulado por el art�culo 171 del CCA el cual dispone que: �en todos los procesos, con excepci�n de las acciones p�blicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podr� condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los t�rminos del C�digo de Procedimiento Civil�.

De conformidad con la citada norma, teniendo en cuenta que el presente asunto se trata de un inter�s p�blico, la Sala de Decisi�n considera que no hay lugar a proferir una condena en costas.

En m�rito de lo expuesto, la Subsecci�n A de la Secci�n Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

PRIMERO: NEGAR la nulidad de la Resoluci�n 1588 de 1994, el Decreto 2779 de 1994, la definici�n de la variable PR contenida en el art�culo 2 del Decreto 1748 de 1995, los art�culos 26, 29, 31 y el factor actuarial FAC3 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995, conforme los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: En firme esta decisi�n, efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gesti�n Judicial del Consejo de Estado � �SAMAI� y arch�vese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesi�n del veinte (20) de octubre de dos mil veintid�s (2022).

2 �Art�culo 26. SALARIOS MEDIOS NACIONALES. -SMNPara el c�lculo de los bonos de que trata esta secci�n, se utilizar� la "tabla de salarios medios nacionales relativos", establecidos por el Decreto 2779 de 1994. [�]�

En todo caso, el Salario de Referencia no ser� inferior al salario m�nimo legal mensual que reg�a en la fecha de corte, ni superior a veinte veces dicho salario.

Derogado por el art. 24, Decreto Nacional 1474 de 1997. El Salario Hist�rico, SH, es el Salario Base, actualizado desde la fecha base hasta la v�spera de la fecha de corte, con un m�nimo de una vez y un m�ximo de veinte veces el salario m�nimo legal mensual que reg�a en dicha fecha.�

6 �Por el cual se dictan normas para la emisi�n, c�lculo, redenci�n y dem�s condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los art�culos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993�

11 Si bien en este aparte de la demanda el accionante cuestiona la f�rmula por la que se debe calcular BC lo cierto es que esta expresi�n no fue demandada, puesto que la pretensi�n de nulidad solo se dirigi� contra la expresi�n FAC3.

13 Pensi�n de referencia expresada en pesos a FC y que constituye una estimaci�n del valor de la pensi�n que el afiliado recibir�a en FR.

30 �Art�culo 128. En �nica instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocer� de los siguientes procesos privativamente y en �nica instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos de orden nacional expedidos en cualquiera de las Ramas del Poder P�blico, por la Procuradur�a General de la Naci�n, por la Contralor�a General de la Rep�blica, por la Corte Electoral, por la Registradur�a Nacional del Estado Civil, y por las entidades privadas cuando cumplan funciones p�bl icas. [�]�

31 �ART�CULO 1. Distribuci�n de negocios entre las secciones. El art�culo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidi� el reglamento del Consejo de Estado, quedar� as�:

Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuir�n entre sus secciones atendiendo un criterio de especializaci�n y de volumen de trabajo, as�: [�]

Secci�n Segunda: 1-. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales. [�]�

32 Art�culo 8 de la Ley 100 de 1993. �ART�CULO 8o. CONFORMACI�N DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto arm�nico de entidades p�blicas y privadas, normas y procedimientos y est� conformado por los reg�menes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley�.

33 Art�culo 12 de la Ley 100 de 1993. �ART�CULO 12. R�GIMENES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones est� compuesto por dos reg�menes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber:

34 Art�culo 115 de la Ley 100 de 1993. �ART�CULO 15. BONOS PENSIONALES. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformaci�n del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.

Tendr�n derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al r�gimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsi�n del sector p�blico;

b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores p�blicos;

c) Que est�n vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;

d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones. PAR�GRAFO. Los afiliados de que trata el literal a) del presente art�culo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no tendr�n derecho a bono�

35 Art�culo 116 de la Ley 100 de 1993. �ART�CULO 116. CARACTER�STICAS. Los bonos pensionales tendr�n las siguientes caracter�sticas:

c) Ser�n endosables en favor de las entidades administradoras o aseguradoras, con destino al pago de pensiones;

d) Entre el momento de la afiliaci�n del trabajador y el de redenci�n del bono, devengar�n, a cargo del respectivo emisor, un inter�s equivalente a la tasa DTF, sobre saldos capitalizados, que establezca el Gobierno y,

36 Art�culo 118 de la Ley 100 de 1993. �ART�CULO 118. CLASES. Los bonos pensionales ser�n de tres clases:

b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector p�blico que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones P�blicas del nivel Nacional a que se refiere el Cap�tulo III del presente T�tulo, y cuya denominaci�n gen�rica de bono pensional se complementar� con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora,

c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o p�blicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominaci�n gen�rica de bono pensional se complementar� con el nombre de la entidad emisora�

39 �ARTICULO 53. El Congreso expedir� el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendr� en cuenta por lo menos los siguientes principios m�nimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneraci�n m�nima vital y m�vil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios m�nimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conc iliar sobre derechos inciertos y discutibles; situaci�n m�s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci�n e interpretaci�n de las fuentes formales de derecho; primac�a de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garant�a a la seguridad social, la capacitaci�n, el adiestramiento y el descanso necesario; protecci�n especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad�.

40 Cit. de cit. �La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violaci�n, pues aunque "el car�cter popular de la acci�n de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposici�n erudita y t�cnica sobre las razones de oposici�n entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental"[1], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentaci�n que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa�

41 Cit. de cit. �Las razones son espec�ficas si definen con claridad la manera como la disposici�n acusada desconoce o vulnera la Carta Pol�tica a trav�s "de la formulaci�n de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada"[2]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposici�n objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constituci�n Pol�tica, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales"[2]que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisi�n de concretar la acusaci�n impide que se desarrolle la discusi�n propia del juicio de constitucionalidad�

42 �La pertinencia tambi�n es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciaci�n del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que "el demandante en realidad no est� acusando el contenido de la norma sino que est� utilizando la acci�n p�blica para resolver un problema particular, como podr�a ser la indebida aplicaci�n de la disposici�n en un caso espec�fico"; tampoco prosperar�n las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un an�lisis de conveniencia, calific�ndola "de inocua, innecesaria, o reiterativa"[3]a partir de una valoraci�n parcial de sus efectos�.

43 �La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relaci�n, en primer lugar, con la exposici�n de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; as�, por ejemplo, cuando se estime que el tr�mite impuesto por la Constituci�n para la expedici�n del acto demandado ha sido quebrantado, se tendr� que referir de qu� procedimiento se trata y en qu� consisti� su vulneraci�n (art�culo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia m�nima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentaci�n de tales asertos, as� no se aporten todas las pruebas y �stas sean tan s�lo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentaci�n de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constituci�n, si despiertan una duda m�nima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunci�n de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional�.

45 Cit. de cit. �Sentencia C-447 de 1997� 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Primera. Sentencia del 14 de julio de 2011.

46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Primera. Sentencia del 14 de julio de 2011. Radicaci�n n�mero: 2009-00032-02. Actor: Efr�n Antonio Hern�ndez D�az.

Fecha Providencia	20/10/2022
Forma de notificaci�n	Resoluci�n 1588 de 1994, Decreto 2779 de 1994, art�culo 2, y 26 , 29 , 31 del art�culo 32 del Decreto 1748 de 1995