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Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato ValdésGobierno NacionalJOSÉ IGNACIO MORALES ARRIAGA y otrosfalseDecreto 1615 de 30 de noviembre de 2021.Identificadores10030289088true1427331original30248881Identificadores

Fecha Providencia

20/09/2022

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Roberto Augusto Serrato Valdés

Norma demandada:  Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021.

Demandante:  JOSÉ IGNACIO MORALES ARRIAGA y otros

Demandado:  Gobierno Nacional


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00884-00 (ACUMULADO)

Demandantes: JOSÉ IGNACIO MORALES ARRIAGA y otros

Demandados: NACIÓN – PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Tema: Nulidad del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021. Obligatoriedad de portar el carné de vacunación contra el covid-19

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar1

El Despacho procede a resolver, dentro de los procesos acumulados al de la referencia, las solicitudes de medida cautelar consistentes en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 20212 , suscrito por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El ciudadano José Ignacio Morales Arriaga, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó demanda ante esta Corporación, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas:

«[…] I. PETICIONES PRINCIPALES

PRIMERO: Declarar que las normas contenidas en el artículo 2 y sus parágrafos 1 al 3, y el Artículo 3 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, expedido por el Presidente de la República, fueron proferidas con las siguientes falencias que ameritan reproche jurídico:

• Falta de competencia

• De manera irregular

• Falsa motivación

• Desviación de atribuciones

• Falta de moralidad administrativa

SEGUNDO: En consecuencia, decidir que el artículo 2 y sus parágrafos 1 al 3, y el Artículo 3 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, son nulos desde el momento de su expedición y vigencia

II. PETICIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERO: Declarar, previa aplicación de excepción de inconstitucionalidad y control de convencionalidad, que las normas contenidas en el artículo 2 y sus parágrafos 1 al 3, y el Artículo 3 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, expedido por el Presidente de la República, son contrarias a la Carta Política por vulnerar el Preámbulo y los Artículos 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 38, 40, 52, 67, 70, 78, 83, 93, 94, 152, 189-4, 215 de dicho ordenamiento superior; e igualmente contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus Artículos 1.1, 2, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 11.1, 11.3, 12.1, 12.2, 13.1, 13.5, 23.1 B) y C), 24, 27, 29; al Protocolo de San Salvador, en sus Artículos 3, 4, 5, 6, 12.1, 13.1, 14.

SEGUNDO: En consecuencia, inaplicar de manera general, dejando sin valor y efecto desde el momento de su expedición y vigencia, el artículo 2 y sus parágrafos 1 al 3, y el Artículo 3 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021 […]».

2. Mediante auto de 15 de diciembre de 20213, este Despacho admitió el medio de control y ordenó surtir las notificaciones legales y, en providencia de 14 de enero de 2022, decidió vincular al proceso, como entidad demandada, al Departamento Administrativo de la Función Pública4.

3. A través de auto de 22 de marzo de 20225, se ordenó la acumulación de los expedientes con números de radicado 11001-03-24-000-2022-00032-006y 11001- 03-24-000-2022-00080-007. De igual manera, a través de auto de 13 de mayo de 20228,se dispuso la acumulación de los expedientes con números de radicado1001-03-24-000-2021-00881-009,11001-03-24-000-2021-00882-0010,11001-03-24-000-2021-00883-0011, 11001-03-24-000-2022-00026-0012,11001-03-24-000-2022-00028-0013,11001-03-24-000-2022-00029-0014,11001-03-24-000-2022-00056-0015,11001-03-24-000-2022-00061-0016,11001-03-24-000-2022-00200-0017y 11001-03-24-000-2022-00201-0018. En providencia de 29 de junio de 202219 admitió y acumuló los expedientes con número de radicado 11001-03-24- 000-2022-00141-0020 y 11001-03-24-000-2022-00256-0021.

4. Finalmente, mediante auto de 21 de julio de 202222 se admitió la reforma de la demanda presentada por el ciudadano Fernando Franco Hincapié, demandante dentro del proceso con número de radicado 11001-03-24-000-2022-00080-00.

I.2. De las solicitudes de suspensión provisional

I.2.1. Expediente 11001-03-24-000-2021-00884-00

5. En escrito separado, el señor José Ignacio Morales Arriaga solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional de los efectos jurídicos del «[…] artículo 2 y sus parágrafos 1 al 3, y el artículo 3 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021 […]».

6. Como argumentos de la solicitud cautelar, señaló: (i) que el Gobierno nacional carecía de competencia para expedir el Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, porque no lo adoptó en el marco de un estado de excepción, lo que era contrario a los artículos 6°, 83, 152, 189 (numeral 4), 209 y 215 de la Constitución Política; (ii) que exigir el carné de vacunación o certificado digital para el ingreso a determinado lugar, generaba restricciones a los derechos y libertades fundamentales, desconociendo los artículos 2° y 27 16, 18, 20, 24, 28, 38, 40, 52, 67, 70, 93 y 94, de la Constitución Política; los artículos 4.1., 7.1., 12.1., 12.2., 13.1., 13.5., 23.1. y 29 del Pacto de San José y los artículos 4°, 5°, 6° ,12.1., 13.1. y 14 del Pacto de San Salvador-; (iii) que la exigencia del carné generaba discriminación y segregación social frente a aquellos ciudadanos que han decidido voluntariamente no vacunarse contra el coronavirus Covid-19, lo que era contrario a los artículos 1°, 2°, 5°,12, 13 y 21 de la Constitución Política, de los artículos 1.1., 5.1., 5.2., 11.1., 11.3. y 24 del Pacto de San José, y del artículo 3° del Pacto de San Salvador, y (iv) que la norma demandada delegaba las facultades de policía administrativa a los particulares y ello podía conllevar a la vulneración del derecho fundamental al habeas data, lo que era contrario al artículo 15 de la Constitución Política y de los artículos 198 y 199 de la Ley 1801 de 2016.

7. Este Despacho, mediante auto de 23 de febrero de 202223 , denegó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, dado que: (i) el Presidente de la República no expidió el acto acusado en ejercicio de las facultades extraordinarias para ejercer la función legislativa y el asunto reglado no gozaba de reserva de ley estatutaria porque no se regularon elementos estructurales de derechos o garantías fundamentales; (ii) no era posible deducir que la labor de exigir la presentación del carné de vacunación o certificado digital para el ingreso a determinado lugar, afectara derechos y libertades fundamentales, en vista de que tales garantías no son absolutas y pueden ser limitadas relativamente para atender la crisis sanitaria; (iii) tampoco se generaba discriminación o segregación social, dado que la única finalidad de la medida era garantizar la salud pública, y (iv) no se desconocía el derecho al habeas data, por el contrario, la tarea encomendada a los particulares partía del deber de colaboración y en constatar que quienes ingresaran a sus establecimientos se encontraran vacunados, sin llegar a recolectar datos sensibles o actualizar y rectificar esos datos personales.

I.2.2. Expedientes acumulados 11001-03-24-000-2021-00882-00, 11001-03-24- 000-2021-00883-00, 11001-03-24-000-2022-00029-00, 11001-03-24-000-2022- 00032-00, 11001-03-24-000-2022-00056-00, 11001-03-24-000-2022-00061-00, 11001-03-24-000-2022-00200-00 y 11001-03-24-000-2022-00201-00 y 11001-03- 24-000-2022-00256-00.

8. Los señores Edgar de Jesús Aguirre Ríos, Luz Stella López Vargas y demás accionantes que presentaron la demanda y elevaron la petición de decreto de medida cautelar -en documento con igual formato-, solicitaron lo siguiente:

«[…] la suspensión de los efectos del Decreto 1615 de 2021, mientras que se tramita la presente demanda y se obtiene una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. […]

5.5 La vulneración de los artículos 1, 13, 16, 18, 24, 25, 37 y 152 de la Constitución Política, así como de normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, quedó suficientemente demostrada con los motivos expresados en el acápite de fundamentos de derecho del presente escrito, en el cual se confrontó el Decreto 1615 de 2021 con las normas en cuestión; por lo cual, procede la suspensión provisional del mismo de acuerdo con estipulado en las normas procesales que regulan la actividad de la jurisdicción contenciosa – administrativa […]».

9. Se destaca que, en el expediente 11001-03-24-000-2021-00883-00, la demandante señaló, como argumento adicional, el siguiente:

I.2.3. Expediente 11001-03-24-000-2021- 00881-00 10.

El señor Oscar Julián Pineda Arévalo solicitó como medida cautelar que se: «[…] decrete la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos del Decreto número 1615 del 30 de noviembre 2021 en el marco de la presente demanda de nulidad por inconstitucionalidad. […]». Como sustento de su solicitud, señaló:

«[…] se ha demostrado que el Decreto 1615 demandando viola de manera evidente la Constitución Política, en sus artículos 1°, 5°, 12, 13, 15, 16, 20, inciso 5° del 49, 83, 93, 94 y literal a) del 152.

(…) Así mismo, en razón de evidenciarse que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del CPACA, debido a que la exigencia del carné de vacunación o certificado de vacunación contra la COVID-19 en el que se evidencie el inicio del esquema de vacunación -como una obligación indebida de vacunarse- entró a regir el pasado 1 de diciembre de 2021 para las personas mayores de 12 años, y a su vez el esquema de vacunación completo -mínimo 2 dosis- entrará en vigencia para las mayores de 18 años a partir del 14 de diciembre de la mima anualidad y para los mayores de 12 años a partir del día 28 del mismo mes y año, por ende, se requiere la adopción con carácter de urgencia de esta medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto demandando, conforme se prevé en el artículo 234 del CPACA, pues aquella exigencia atenta gravemente la dignidad humana en lo concerniente a la integridad personal, la autonomía personal e información cualificada, y la intimidad personal, en lo que respecta a procurar el autocuidado de la salud individual de la persona, así como la igualdad formal y material (artículos 1°, 5°, 12, 13, 15, 16, 20, inciso 5° del 49, 83, 93, 94) - resaltando frente a ello que la Corte Constitucional resolvió en Sentencia C-313 de 2014 que el enunciado normativo “… Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud” establecido en el literal d) del inciso 1° del artículo 10 de Ley Estatuaria de la Salud Nro. 1751 de 2015, se adecua íntegramente con los principios y derechos fundamentales consagrados en Carta Política ya citados, sobre los cuales no se sustenta el Decreto objeto de demanda-, y por no corresponderle al Decreto demandado establecer aquel tipo de exigencias por estar reservado a ley estatutaria sobre derechos fundamentales, de competencia del órgano legislativo (literal a. del art. 152). […]».

I.2.4. Expediente 11001-03-24-000-2022-00028-00

11.El señor Carlos Andrés Maestre Becerra solicitó, como medida cautelar, que: «[…] se suspenda provisionalmente el mencionado Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, mientras este honorable tribunal decide sobre su inconstitucionalidad. […]». Lo anterior, en consideración a las «[…] vulneraciones a los derechos invocados. […]», es decir, «[…] la Constitución Política en el Preámbulo, sus artículos 1, 13, 16, 18 y 24. […]».

I.2.5. Expediente 11001-03-24-000-2022-00141-00

12. El Consejo Comunitario Indígena del Cauca - CRIC también solicitó como medida cautelar: «[…] se inaplique o se suspenda provisionalmente el mencionado Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, a fin de evitar un mayor perjuicio de discriminación contra nuestras comunidades indígenas que aumenta el sectarismo y viola las libertades; principios, creencias y determinaciones de nuestros pueblos indígenas ahondando en brechas de rechazo y estigmatización. […]».

II.- TRASLADO DE LAS SOLICITUDES DE MEDIDA CAUTELAR

13. De las solicitudes de medida cautelar se corrió traslado al Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Ministro de Salud, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo y al Departamento Administrativo de la Función Pública, en su condición de entidades demandadas, para que, en el término de (5) días, se pronunciaran sobre ellas, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.24

14. El apoderado judicial del Presidente de la República25 , al pronunciarse respecto de la medida cautelar, solicitó que la misma fuera denegada porque, respecto del acto acusado «no existe en él ningún vicio de forma o de fondo», además, aseguró que la solicitud cautelar «no está sustentada en debida forma».

15. Tambien afirmó que, dado «el estado del arte y la realidad de la pandemia del Covid-19 le impone al Estado y a la sociedad en su conjunto un especial deber de solidaridad social y de responsabilidad colectiva, que se condensa hoy en la exigencia del carné de vacunación para acceder a actividades de ocio y recreación».

16. En todo caso, advirtió que el decreto demandado «fue derogado expresamente por el artículo 11 del Decreto 655 de 28 de abril de 2022, de suerte que no está surtiendo efectos y su eventual suspensión no sería pertinente».

17. El apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública26 , solicitó que se negara la medida cautelar en vista de que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 229 del CCA.

18. Además, indicó que la exigencia del carné de vacunación tenía como fin «garantizar la salud y vida de la población en general, como quiera que el derecho a la vida, prima sobre los demás derechos, de lo contrario se estaría poniendo en riesgo la integridad y vida de la generalidad (…) no hay derechos absolutos y pueden ser limitados, bajo una justificación razonable y proporcional».

19. Por su parte, el apoderado judicial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo27 solicitó al Despacho que deniegue la solicitud provisional de la referencia, teniendo en cuenta que: «en la actualidad el Decreto 1615 no está vigente ni produce efectos jurídicos que hagan posible la suspensión provisional del mismo». Explicó que el decreto acusado fue «expresamente derogado por el artículo 11 del Decreto 655 de 2022.» Así que, «la medida cautelar deprecada por la ciudadana accionante está llamada a fracasar, en tanto que el acto demandadao ya agotó sus efectos jurídicos».

20. Por otro lado, recordó que, a través de auto de 23 de febrero de 2022, dentro del expediente 11001-03-24-000-2021-00884-00, este Despacho negó la medida de suspensión provisional del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021.

21. El apoderado judicial del Ministerio de Salud y Protección Social28 solicitó negar la medida cautelar porque: (i) no se advierte su relación con el objeto del proceso de nulidad incoado; (ii) la medida cautelar presenta ausencia de argumentos legales; (iii) la petición también hace caso omiso de los requisitos exigidos para su declaratoria y (iv) tampoco se precisa el alcance de la medida solicitada.»

22. El apoderado judicial del Ministerio de Interior Comercio, Industria y Turismo29 solicitó se negara la medida cautelar porque «no se cumplen con los requisitos argumentativos que establece la legislación, así como tampoco las cargas fáctico-jurídicas». Además, señaló que la titularidad de los derechos garantizados con la expedición del Decreto 1615 de 2021, corresponden a todo el conglomerado social y no, de manera exclusiva, al demandante.

23. Finalmente, destacó que «el Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, fue derogado por el Decreto 655 de 28 de abril de 2022».

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

24. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar, y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) resolver el caso concreto, previo análisis de la vigencia del acto administrativo objeto de estudio.

III.1. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado

25. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes del CPACA.

26.Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a «[…] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho […]».30

27.En cuanto al decreto de este tipo de cautelas, el artículo 231 del CPACA dispone lo siguiente:

«[…] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]» (Negrillas del Despacho)

28. Sobre el debido entendimiento de la norma en cita, en providencia de 26 de junio de 202031, esta Sección aclaró que cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita prima facie que el acto acusado contraviene el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se satisfacen los requisitos del perjuicio por la mora periculum in mora, y apariencia de buen derecho fumus boni iuris; pues en un Estado Social de Derecho esos elementos siempre concurren cuando se trata de la efectiva transgresión del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades públicas.

III.2. Del caso concreto

29. En el asunto sub examine, quienes figuran como demandantes dentro de los expedientes con radicado: 1001-03-24-000-2021-00881-00, 11001-03-24-000- 2021-00882-00, 11001-03-24-000-2021-00883-00, 11001-03-24-000-2022-00028- 00, 11001-03-24-000-2022-00029-00, 11001-03-24-000-2022-00032-00, 11001- 03-24-000-2022-00056-00, 11001-03-24-000-2022-00061-00, 11001-03-24-000- 2022-00141-00, 11001-03-24-000-2022-00200-00, 11001-03-24-000-2022-00201- 00 y 11001-03-24-000-2022-00256-00, solicitaron la suspensión provisional del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 202132 , luego de considerar que ese acto administrativo vulnera el preámbulo y los artículos 1°, 5°, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 37, 44, 49, 83, 93, 94 y 152 de la Constitución Política.

30. En suma, los demandantes sostienen que el acto administrativo acusado: (i) restringe derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, a pesar de que ello solo es posible a través de un decreto legislativo expedido en el marco de un estado de excepción; (ii) indican que la exigencia del carné o certificado digital restringe el ingreso de personas no vacunadas a lugares públicos y privados para llevar a cabo actividades económicas, así como de la vida cotidiana y disfrutar de espacios destinados al ocio, lo cual implica una discriminación arbitraria; (iii) exponen que la exigencia del carné o certificado digital para el ingreso a cualquier lugar, va en contra de la conciencia de personas que, en razón de sus creencias, deciden no vacunarse; (iv) aseguran que la exigencia del carné o certificado digital para el ingreso a cualquier lugar, desconoce la autonomía del individuo para actuar conforme al plan de vida, que incluye el cuidado de su salud, y (v) exponen que la exigencia del carné en niños mayores de 12 años, vulnera sus derechos de integridad personal, cultura y recreación.

31. Por su parte, las entidades demandadas insistieron en que la medida cautelar era improcedente porque el Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021 ya no estaba produciendo efectos jurídicos en virtud de su derogatoria.

32. En tal orden de ideas, antes de abordar las acusaciones de los accionantes, el Despacho considera pertinente establecer si el Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021 está o no produciendo efectos jurídicos.

33. Lo primero que se debe resaltar es que el Gobierno nacional, a través del acto acusado, impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, entre las que se destaca: «[…] la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado de vacunación disponible […] en el que se evidencia como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de ingreso a: (i) eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y, (ii) bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias […]».

34. Ahora bien, el 28 de abril de 2022, el Gobierno nacional expidió el Decreto 655, «Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la recreación económica segura». El artículo 11 de dicho acto administrativo derogó el acto acusado en este proceso, así:

«[…] Artículo 11°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de mayo de 2022, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 30 de junio de 2022, y deroga los Decretos 1615 del 30 de noviembre de 2021 y 298 del 28 de febrero de 2022 […]»

35. En segundo lugar, es pertinente resaltar que el pasado 28 de abril, el Gobierno nacional expidió el Decreto 655, cuyo objeto es el de «[…] regular la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Recreación Económica Segura […].

36. En el parágrafo 2° del artículo 6° del citado decreto, se eliminó la orden relativa a la solicitud de exhibir el carné de vacunación contra el covid-19 o el certificado digital para el ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado. La norma en comento es del siguiente tenor:

«[…] Las entidades territoriales no podrán adicionar a los protocolos de bioseguridad la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el covid-19 o certificado digital de vacunación en el que se evidencie el inicio del esquema de vacunación, como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado […]»

37. En este contexto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 655 de 2022, el acto acusado perdió su fuerza ejecutoria y su vigencia, teniendo en cuenta que fue derogado expresamente.

38. Sobre este fenómeno, el numeral 5º del artículo 91 del CPACA, precisa lo siguiente:

«[…] Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

5. Cuando pierdan vigencia. […]»

39. La Corte Constitucional, al referirse a la «pérdida de vigencia» por el fenómeno de derogatoria33 , ha indicado que:

«[…] La derogación ha sido definida como la “abolición, anulación o revocación de una norma jurídica por otra posterior, procedente de autoridad legítima (…)”34 .

Se entiende entonces que se trata de una situación en la cual un enunciado legal es retirado del ordenamiento jurídico por voluntad de quien tiene la potestad para expedir tales mandatos y, opera bajo el supuesto según el cual, entre varias manifestaciones de voluntad vertida sobre el mismo asunto, ha de acogerse la última. […]

Respecto del fenómeno jurídico de la derogación el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, ha establecido lo siguiente:

“ARTÍCULO 3. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.” […]».

40.Adicionalmente, esta Corporación judicial pacíficamente ha sostenido que, en eventos como los aquí descritos, el estudio de la medida cautelar resulta improcedente, pues el objeto de la suspensión provisional es enervar la eficacia del acto acusado mientras se expide la providencia que pone fin al proceso, lo cual ya aconteció por la pérdida de la fuerza ejecutoria.

41.Precisamente, en el auto de 29 de enero de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró lo siguiente:

«[…] 1.3. La suspensión provisional, además, es una medida cautelar que apunta a enervar la eficacia, los efectos, del acto administrativo, como se colige no solo de la doctrina y la jurisprudencia, sino también del artículo 91.1 de la Ley 1437 de 2011.

Esa misma disposición, se expresa, igualmente, que hay pérdida de la fuerza ejecutoria cuando el acto administrativo “pierde vigencia” – artículo 91.5-, lo que ocurre cuando se presenta el fenómeno de derogación de la norma, entendido como “el acto de proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jurídico precedente”35 .

2. Es decir, que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no es procedente cuando la norma acusada ha sido modificada o derogada, por cuanto dicha suspensión parte del supuesto de vigencia. […]»36 (subraya y negrilla fuera del texto)

42.Como puede observarse, el atributo de la ejecutoriedad hace referencia a que un determinado acto administrativo, una vez en firme, sea exigible y produzca efectos jurídicos, circunstancia que no se presenta en este caso en razón a la referida derogatoria.

43.De conformidad con lo expuesto, la solicitud de suspensión provisional del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021 carece de objeto, toda vez que el mismo no se encuentra vigente y dejó de producir efectos jurídicos. Ello sin perjuicio del control de legalidad que frente a dicho decreto debe realizar esta jurisdicción, en consideración a los efectos jurídicos que produjo mientras estuvo vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NEGAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, dentro de los procesos acumulados al de la referencia, por las razones expuesta en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

________________________________________________________________________

1 Expedientes pasan a Despacho el 7 y 14 febrero y 6 junio de 2022.

2 “Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”

3 Índices 4 y 5 del aplicativo Samai.

4 Índice 16 del aplicativo Samai.

5 Índice 55 del aplicativo Samai.

6 Promovido por el señor Julio Cesar Reyes Alarcón.

7 Promovido por el señor Fernando Franco Hincapié. No solicitó medida cautelar.

8 Índice 73 del aplicativo Samai.

9 Promovido por el señor Oscar Julián Pineda Arévalo.

10 Promovido por el señor Edgar de Jesús Aguirre Ríos.

11 Promovido por la señora Luz Stella López Vargas.

12 Promovido por el señor Carlos Augusto Vélez Morales. No solicitó medida cautelar.

13 Promovido por el señor Carlos Andrés Maestre Becerra.

14 Promovido por la señora Jenniffer Melissa Vásquez Villaraga.

15 Promovido por el señor Jorge Leonardo Quevedo Díaz.

16 Promovido por el señor Alexander Ferms De Medellín.

17 Promovido por la señora Martha Cecilia Rodríguez Yusuguaira.

18 Promovido por la señora Shirley Cecilia Salcedo Rodríguez.

19 Índice 94 del aplicativo Samai.

20 Promovido por el Consejo Comunitario Indígena del Cauca – CRIC, a través de su representante legal.

21 Promovido por la señora María del Pilar Cobo Hidalgo, actuando en nombre propio.

22 Índice 121 del aplicativo Samai.

23 Índice 36 del aplicativo Samai.

4 Índice 74 del aplicativo Samai del expediente de la referencia, Índice 4 del aplicativo Samai del proceso 11001-03-24-000- 2022-00032-00 e Índice 6 del aplicativo Samai del proceso 11001-03-24-000-2021-00883-00.

25 Índice 15 del aplicativo Samai del proceso 11001-03-24-000-2021-00883-00, Índice 16 del aplicativo Samai del proceso 11001-03-24-000-2022-00032-00 e Índice 110 del aplicativo Samai del expediente de la referencia.

26 Índice 22 del aplicativo Samai del proceso 11001-03-24-000-2021-00883-00 e Índice 21 del aplicativo Samai del proceso 11001-03-24-000-2022-00032-00.

27 Índice 86 y 109 del aplicativo Samai

28 Índice 87 y 115 del aplicativo Samai.

29 Índice 90 del aplicativo Samai

30 Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Radicación: 11001032400020160029500. MP.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor; RCN Televisión S.A. y Caracol Televisión S.A.

32 “Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”

33 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

34 Cabanellas Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 28ª. Edición vol. III, Heliasta, Buenos Aires 2003, p.158

35 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1981, p. 241.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 29 de enero de 2014. Radicación: 11001-03-27-000-2013-00014-00 (20066). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Actor: Mario Felipe Tovar Aragón.