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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044107AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020160016200202208/04/2022AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020160016200__2022_08/04/2022300441352022SALA DE LO C O NT E NCI OSO AD MINI S T RA TIV O SECCION P R IM ERA Bo g ot� , D. C ., o ch o ( 8 ) de a br il de d o s m il v e i n ti d � s ( 2022 ) Referencia: Medio de control de nulidad N�mero �nico de radicaci�n: 11001 03 24 000 2016 00162 00 Actor: ROSENDO ESPITIA MU�OZ Asunto: Deniega medida cautelar AUTO INTERLOCUTORIO El Despacho decide la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos del art�culo vig�simo cuarto de la Resoluci�n 003190 de 23 de octubre de 2013, � Por la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo, estudio y ense�anza v�lidos para evaluaci�n y certificaci�n de tiempo para la redenci�n de penas en el Sistema Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, modifica la Resoluci�n 2392 de 2006 y deroga las resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2000�, expedida por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC-.

El Despacho decide la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos del art�culo vig�simo cuarto de la Resoluci�n 003190 de 23 de octubre de 2013, �Por lacualsedeterminany reglamentan los programas de trabajo, estudio y ense�anza v�lidos para evaluaci�n y certificaci�n de tiempo para la redenci�n de penas en el Sistema Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, modifica la Resoluci�n 2392 de 2006 y deroga las resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2000�, expedida por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC-.

El se�or ROSENDOESPITIAMU�OZ, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, presenta demanda ante esta Corporaci�n tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensi�n provisional, de los efectos del art�culo vig�simo cuarto de la Resoluci�n 003190 de 23 de octubre de 2013, �Por la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo, estudio y ense�anza v�lidos para evaluaci�n y certificaci�n de tiempo para la redenci�n de penas en el Sistema Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, modifica la Resoluci�n 2392 de 2006 y deroga las resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2000�, expedida por el Director General del INPEC.

El actor solicit� decretar la medida cautelar de suspensi�n de los efectos del art�culo vig�simo cuarto de la Resoluci�n 003190 de 23 de octubre de 2013, por violaci�n de los art�culos 13, 29 y 53 de la Constituci�n Pol�tica, as� como por desconocimiento de las garant�as m�nimas establecidas en la legislaci�n laboral y en los tratados internacionales suscritos por Colombia en la materia.

Como fundamento de la medida adujo que el art�culo acusado establece, -en relaci�n con los tiempos para certificaci�n de los programas de trabajo, estudio y ense�anza-, que el tiempo registrado no podr� exceder de seis (6) d�as a la semana cualquiera que sea la actividad del interno, y que los internos tienen derecho a descansar un d�a a la semana.

Que, a su juicio, ello signific� un desmejoramiento para los descuentos, en la medida en que se sustrajo las horas correspondientes a los d�as domingos y festivos que se ven�an computando como tiempo ordinario del trabajo y la ense�anza.

Que la autoridad penitenciaria y carcelaria removi� los descuentos que ven�an operando hasta el 30 de junio de 2014, los cuales reconoc�an quince (15) d�as de descuento para abonar a la pena imputada a los detenidos y condenados que desarrollan actividades de trabajo y ense�anza.

Que tal reglamentaci�n no incluy� el descanso dominical obligatorio y, en consecuencia, no se certifica como tiempo ordinario las horas que se deben remunerar para abonar al descuento de la pena.

Que la expresi�n acusada viola las normas superiores sobre derechos laborales y educaci�n, pues si bien no pueden existir jornadas de trabajo superiores a las cuarenta y ocho (48) horas semanales, no es menos cierto que se vulneran beneficios m�nimos irrenunciables al no reconocer el descanso remunerado para el preso que trabaje o ense�e durante los seis (6) d�as de la semana.

Finalmente, anot� que el trabajo y la ense�anza realizados por las personas privadas de la libertad goza de protecci�n del Estado y es a su vez un medio terap�utico que cumple los fines de resocializaci�n de la pena.

ElInstitutoNacionalPenitenciarioy Carcelario -INPEC- (folios 35-42) se opuso a la prosperidad de la medida cautelar, por carecer de los requisitos legales y de sustentaci�n para su procedencia.

Afirm� que es obligaci�n para quienes se encuentran purgando penas en establecimientos carcelarios el trabajo como medio principal y necesario para alcanzar la resocializaci�n, de manera tal que una vez cumplida la pena puedan regresar al seno de la sociedad con un proyecto de vida acorde con la experiencia adquirida en la actividad laboral desempe�ada.

Se�al� que los directores de los establecimientos certifican las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos, las cuales no pueden exceder de seis (6) d�as a la semana, en atenci�n al derecho fundamental a la igualdad y en procura de la protecci�n de la salud ocupacional; que por ello no puede pretenderse evadir el descanso de quienes laboran al interior de los establecimientos carcelarios en calidad de internos y menos a�n exigirse la certificaci�n de tiempos de estudio o trabajo en d�as de descanso.

Indic� que no ri�e con la Constituci�n ni la ley el no reconocer c�mputos por trabajo, estudio y ense�anza en descansos dominicales y festivos, pues as� lo defini� el legislador en la Ley 65, cuyo art�culo 100 precept�a: �El trabajo, estudio o la ense�anza no se llevar� a cabo los d�as domingos y festivos�, de manera que no puede hablarse de una vulneraci�n evidente al ordenamiento jur�dico.

Por �ltimo, sostuvo que el actor le est� dando un alcance a la Resoluci�n demandada que no tiene, puesto que sus reparos se dirigen en contra del C�digo Penitenciario y Carcelario, por lo que el medio adecuado para ventilarlos es a trav�s de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, Corporaci�n a quien corresponde decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, de conformidad con el art�culo 241, numeral 4, de la Constituci�n Pol�tica

La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA1 se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica.

Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�.2

Esta Corporaci�n3 ha se�alado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensi�n provisional, el juez efect�a el estudio de la presunta vulneraci�n a trav�s de la confrontaci�n de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensi�n, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un an�lisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explic� en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 2015, en los siguientes t�rminos4:

�[�]Parael estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoraci�n del acto acusado que com�nmente se ha llamado valoraci�n inicial, y que implica unaconfrontaci�n de legalidad de aqu�l con las normassuperiores invocadas, o con las pruebas allegadas juntoa la solicitud. Este an�lisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusi�n de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensi�n sumaria,propia de una instancia en la que las partes a�n no hanejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoraci�n inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2� del art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituyeprejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que su resoluci�n parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisi�n final [�]�. (Resaltado fuera del texto original).5

A voces del art�culo 231 del CPACA, la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, �cuandotalviolaci�nsurjadelan�lisisdelactodemandadoy su confrontaci�n con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud�. Entonces, su procedencia est� determinada por la violaci�n del ordenamiento jur�dico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisi�n definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice as� el citado art�culo:

�Art�culo231.Requisitosparadecretar las medidas cautelares.Cuandose pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Enlos dem�scasos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

Queel demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

Queel demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�am�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.

Queexistanseriosmotivosparaconsiderarquedeno otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios.� (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de la medida cautelar,: i) que se invoque a petici�n de parte, ii) que exista una violaci�n que surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el art�culo en menci�n, la Secci�n Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificaci�n de los criterios (i) fumusboniiuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculuminmora, o perjuicio de la mora, se entienden impl�citos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 2021, la Sala indic�:

�[�] Para el caso de la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneraci�n de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jur�dico superior pueden continuar produciendo efectos jur�dicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al �fumus boni iuris�, o la apariencia de buen derecho, (�) [e]n relaci�n con la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (�) basta que, como consecuencia de la argumentaci�n jur�dica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneraci�n del ordenamiento jur�dico superior para acceder a la suspensi�n provisional de los efectos del acto acusado [�]�. (Negrillas fuera del texto original).

Tambi�n, en providencia de 26 de junio de 20206, la Sala se refiri� a este asunto de la siguiente manera:

�[�] La Sala considera que cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que est� impl�cita per se la verificaci�n de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora [�]�

Precisado lo anterior, el Despacho procede a verificar si en el caso subjudice se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por la parte actora.

En el presente asunto, el actor solicita la suspensi�n provisional de los efectos del art�culo vig�simo cuarto de la Resoluci�n 003190 de 23 de octubre de 2013, �Por la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo, estudio y ense�anza v�lidos para evaluaci�n y certificaci�n de tiempo para la redenci�n de penas en el Sistema Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, modifica la Resoluci�n 2392 de 2006 yderoga las Resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2000�, expedida por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC-, con base en que el descanso obligatorio de los d�as domingos y festivos debe ser certificado para ser abonado al descuento de la pena.

� [�] Art�culo vig�simo cuarto: Para efectos de certificaci�n, el tiempo registrado no podr� acceder de seis (6) d�as a la semana cualquiera que sea la actividad del interno, obedeciendo al derecho fundamental a la igualdad y propendiendo por una adecuada salud ocupacional.

Laspersonasprivadasdelalibertadtienenderechoy deber�n descansar un d�a cada semana, para lo cual el director del establecimiento de reclusi�n organizar� turnos con ese fin [�]�.

Por su parte, las normas superiores que se estiman infringidas son del siguiente tenor:

�Art�culo13.Todaslaspersonasnacenlibrese iguales ante la ley, recibir�n la misma protecci�n y trato de las autoridades y gozar�n de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci�n por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi�n, opini�n pol�tica o filos�fica.

ElEstadopromover�lascondicionesparaquelaigualdadsea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

ElEstadoproteger�especialmentea aquellas personas que por su condici�n econ�mica, f�sica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar� los abusos o maltratos que contra ellas se cometan�.

�Art�culo29.Eldebidoprocesose aplicar� a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadiepodr�ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Enmateriapenal,laley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar� de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por �l, o de oficio, durante la investigaci�n y el juzgamiento; a un debido proceso p�blico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Esnula,deplenoderecho, la prueba obtenida con violaci�n del debido proceso�.

�Art�culo 53.ElCongreso expedir� el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendr� en cuenta por lo menos los siguientes principios m�nimos fundamentales:

Igualdaddeoportunidadesparalostrabajadores;remuneraci�nm�nimavitaly m�vil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios m�nimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situaci�n m�s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci�n e interpretaci�n de las fuentes formales de derecho; primac�a de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garant�a a la seguridad social, la capacitaci�n, el adiestramiento y el descanso necesario; protecci�n especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

ElEstadogarantizael derecho al pago oportuno y al reajuste peri�dico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislaci�n interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores�.

� [�]Art�culo7.Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

Eldescanso,el disfrute del tiempo libre, la limitaci�n razonable de las horas de trabajo y las vacaciones peri�dicas pagadas, as� como la remuneraci�n de los d�as festivos [�]�.

� [�] Art�culo 26. Todaslaspersonasson iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminaci�n a igual protecci�n de la ley. A este respecto, la ley prohibir� toda discriminaci�n y garantizar� a todas las personas protecci�n igual y efectiva contra cualquier discriminaci�n por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

� [�] Art�culo 6. Prohibici�n de la Esclavitud y Servidumbre. (�) 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este art�culo:

lostrabajoso servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resoluci�n formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deber�n realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades p�blicas, y los individuos que los efect�en no ser�n puestos a disposici�n de particulares, compa��as o personas jur�dicas de car�cter privado; [�]�.

A juicio del actor, el trabajo y la ense�anza realizados por detenidos y condenados, como derecho y obligaci�n social y como medio terap�utico adecuado a los fines de la resocializaci�n, goza en todas sus modalidades de protecci�n especial del Estado, por lo que si son ejecutados en una jornada de seis (6) d�as a la semana con un m�ximo de ocho (8) horas diarias deben certificarse las horas correspondientes al descanso obligatorio dominical, para efectos de redenci�n de la pena.

Estima que el aparte acusado transgrede las garant�as m�nimas del derecho al trabajo y derechos irrenunciables, la igualdad de oportunidades de �ndole laboral y el reconocimiento de la remuneraci�n de los d�as feriados reconocida en los tratados internacionales de los cuales es parte la Rep�blica de Colombia.

Para resolver, es preciso referirse al marco normativo relacionado con el trabajo penitenciario.

El art�culo 79 de la Ley 65 de 19 de agosto de 1993, �Por la cual se expide el C�digo Penitenciario y Carcelario�, establece:

�Art�culo79.Trabajopenitenciario.Eltrabajoes un derecho y una obligaci�n social y goza en todas sus modalidades de la protecci�n especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusi�n es un medio terap�utico adecuado a los fines de la resocializaci�n. Los procesados tendr�n derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendr� car�cter aflictivo ni podr� ser aplicado como sanci�n disciplinaria. Se organizar� atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permiti�ndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusi�n. Debe estar previamente reglamentado por la Direcci�n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus productos ser�ncomercializados.

Lasactividadeslaboralesdesarrolladasporlaspersonasprivadasdelalibertadestar�n�ntimamentecoordinadascon las pol�ticas que el Ministerio del Trabajo adoptar� sobre la materia, las cuales fomentar�n la participaci�n y cooperaci�n de la sociedad civil y de la empresa privada, a trav�s de convenios,tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Se dispondr�n programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen realizarlos. Dichos programas estar�n orientados a que la persona privada de la libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades despu�s de salir de la prisi�n. Se buscar�, hasta donde sea posible, que las personas privadas de la libertad puedanescoger el tipo de trabajo que deseen realizar. Se dispondr�n programas de trabajo y actividades productivas que atiendan la perspectiva de enfoque diferencial y necesidades espec�ficas para la poblaci�n en condici�n de discapacidad privadas de la libertad, promoviendo la generaci�n e implementaci�n de ajustes razonables como la eliminaci�n de las barreras f�sicas y actitudinales�.

El C�digo Penitenciario tambi�n prev� que la Direcci�n General del INPEC se encargar� de determinar los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusi�n, los cuales ser�n los �nicos v�lidos para redimir la pena. La evaluaci�n del trabajo en cada centro de reclusi�n la efectuar� una junta, bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe el Director (art�culo 81 idem).

Para efectos de redenci�n de la pena por trabajo, el art�culo 82 de la Ley 65 se�al� que a los detenidos y condenados se les abona un d�a de reclusi�n por dos d�as de trabajo, sin que puedan computarse m�s de ocho horas diarias de trabajo7. En igual sentido, el Decreto 1758 de 2015, por el cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, indic�:

�Art�culo2.2.1.10.1.6.JornadaLaboral. La jornada laboral para las personas privadas de la libertad no podr�, bajo ninguna circunstancia, superar las ocho (8) horas diarias y las cuarenta y ocho (48) horas semanales.

Salvoen los casos previstos en el Art�culo 2.2.1.3.5. del presente Decreto, cuando sea necesario establecer turnos especiales, que en ning�n caso superar�n las cuarenta y ocho (48) horas semanales�.

En cuanto a la remuneraci�n del trabajo carcelario, el Decreto en menci�n se�ala:

� [�] Art�culo 2.2.1.10.1.4. Remuneraci�n. La remuneraci�n percibida por las personas privadas de la libertad en raz�n a los convenios de resocializaci�n y trabajo penitenciario no constituye salario y no tiene los efectos prestacionales derivados del mismo. El Ministerio del Trabajo, en coordinaci�n con el INPEC, determinar� anualmente el monto m�nimo de la remuneraci�n quese pagar� a las personas privadas de la libertad por el trabajo penitenciario.

Estadeber�ser actualizada anualmente con base en el incremento del �ndice de Precios al Consumidor y asegurando que el trabajo de las personas privadas de la libertad sea remunerado de manera equitativa [�]� (Resaltado fuera del texto original).

En lo que respecta a la educaci�n y ense�anza, el C�digo Penitenciario y Carcelario dispone que las penitenciar�as y c�rceles deben contar con centros educativos para el desarrollo de programas de educaci�n permanente, como medio de instrucci�n o de tratamiento penitenciario. El estudio debe ser certificado en los mismos t�rminos de la evaluaci�n y certificaci�n del trabajo, y su redenci�n se somete a las siguientes reglas:

� [�] Art�culo 97. Redenci�n de pena por estudio. El juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad conceder� la redenci�n de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonar� un d�a de reclusi�n por dos d�as de estudio.

Secomputar�comoun d�a de estudio la dedicaci�n a esta actividad durante seis horas, as� sea en d�as diferentes. Para esos efectos, no se podr�n computar m�s de seis horas diarias de estudio.

Los procesados tambi�n podr�n realizar actividades de redenci�n pero solo podr� computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisionalporpenacumplida[�]�. (Resaltado fuera del texto original).

� [�] Art�culo 98. Redenci�n de la pena por ense�anza. El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetizaci�n o de ense�anza primaria, secundaria, artesanal, t�cnica y de educaci�n superior tendr� derecho a que cada cuatro horas de ense�anza se le computen como un d�a de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidadesnecesariasdeinstructoro de educador, conforme al reglamento.

Elinstructorno podr� ense�ar m�s de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme al art�culo 81delaLey 65 de 1993.

Los procesados tambi�n podr�n realizar actividades de redenci�n, pero solo podr� computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisionalpor pena cumplida [�]�.

Finalmente, el art�culo 100 de la Ley 65 se�ala que el trabajo, estudio o la ense�anza no puede llevarse a cabo en d�as feriados. La citada disposici�n reza:

� [�] ARTICULO 100. TIEMPO PARA REDENCION DE PENA. El trabajo,estudioo la ense�anza no se llevar� a cabo los d�as domingos y festivos.Encasos especiales, debidamente autorizados por el director del establecimiento con la debida justificaci�n, las horas trabajadas, estudiadas o ense�adas, durante, tales d�as, se computar�n como ordinarias. Losdomingos y d�as festivos en que no haya habidoactividad de estudio, trabajo o ense�anza, no se tendr�nen cuenta para la redenci�n de la pena [�]�. (Resaltado fuera del texto original).

Cabe resaltar que mediante sentencia C-580 de 1996, la Corte Constitucional examin� la demanda promovida contra dicha norma, en la que el all� demandante alegaba que desconoc�a la Constituci�n y el Convenio de la OIT al establecer una limitaci�n a la redenci�n de la pena, debido a que al no comput�rsele los d�as domingos y festivos, en los cuales no se permite al recluso trabajar, se le desconocen 52 d�as al a�o. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que carec�a de justificaci�n constitucional o legal la pretensi�n de otorgar el car�cter de laborados a los d�as de descanso remunerado para efectos de ser tenidos en cuenta en la redenci�n de la pena, por cuanto no existe una ley que as� lo prevea.

La Corte enfatiz� en que no debe confundirse la naturaleza salarial y prestacional de la garant�a laboral al descanso remunerado, con la decisi�n de otorgar a los d�as feriados el car�cter de laborados en materia de ejecuci�n de la pena, la cual corresponde exclusivamente al legislador.

En la misma sentencia, dicha Corporaci�n precis� que existen razones de orden constitucional que justifican la restricci�n establecida por el legislador en el art�culo 100 estudiado y que est�n determinadas por las diferencias materiales y jur�dicas entre el trabajo en condiciones de libertad y el trabajo que realizan los reclusos en los centros carcelarios. Al respecto, la sentencia indic�:

� [�] En efecto, como se ha dicho, el trabajo en dichos centros tiene una finalidad diferente, en el sentido de que busca esencialmente la resocializaci�n del condenado para habilitarlo a que pueda convivir en un medio de libertad una vez cumpla la sanci�n que le ha sido impuesta, e igualmente de que pueda disminuir el tiempo de la pena. El legislador ha adoptadopor una f�rmula que se estima v�lida, razonable yproporcionada a dicha finalidad, como es la deconsiderar que s�lo el trabajo efectivamente realizadoconduce a la redenci�n de la pena, pues, como se advirti� antes, la situaci�n jur�dica y material del trabajo de los condenados, con las finalidades anotadas, es diferente a la que ofrece el trabajo en condiciones de libertad, que ha sido objeto deun tratamiento constitucional y legal espec�fico, en cuanto al se�alamiento de unos principios b�sicos y un sistema de protecci�n integral de dicha forma de trabajo, del cual forma parte la instituci�n de los descansos remunerados [�]. (Resaltado fuera del texto original).

Igualmente, en la sentencia T-756-158, la Corte Constitucional se refiri� al trabajo carcelario e indic� que no puede superar las ocho horas diarias, no s�lo porque las normas sobre las especiales condiciones laborales de las personas privadas de la libertad as� lo estipulan, sino tambi�n porque para efectos de la redenci�n de pena la autoridad judicial competente no puede computar m�s de ocho horas diarias de trabajo.

Del anterior recuento, el Despacho destaca que el trabajo penitenciario es un medio terap�utico (Ley 65, art�culo 79) que tiene un fin resocializador y que adem�s va dirigido a la redenci�n de penas de las personas condenadas, motivo por el cual la poblaci�n reclusa tiene derecho a desarrollar actividades productivas que se deben remunerar de manera equitativa (art�culo 86 idem), sin que ello constituya un salario. Lo anterior, por cuanto las disposiciones que regulan el trabajo y estudio de las personas privadas de la libertad se enmarcan dentro de las condiciones espec�ficas de subordinaci�n y sujeci�n en que se encuentran los internos y, en consecuencia, no se derivan de una relaci�n laboral propiamente dicha.

Ahora, los internos que desarrollan trabajo carcelario tienen derecho a descansar un d�a a la semana y su jornada no puede superar las ocho horas diarias, por expresa disposici�n legal (Decreto 1758 de 2015), del mismo modo que no es posible computar una jornada de trabajo superior, como lo dispone expresamente el art�culo 82 de la Ley 65. Cuesti�n diferente es la que prev� el mismo art�culo 100 ibidem al se�alar que el director del respectivo establecimiento puede autorizar, con la debida justificaci�n, el trabajo, estudio o ense�anza durante los d�as domingos y festivos, los cuales se computan como trabajo ordinario, sin perjuicio de la jornada m�xima permitida.

Se tiene entonces, por un lado, que el art�culo 82 de la Ley 65 establece que el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad conceder� a los detenidos y a los condenados la redenci�n de pena por trabajo, abonando un d�a de reclusi�n por dos d�as de trabajo, sin que para estos efectos pueda computar m�s de ocho horas diarias de trabajo, y por el otro, el art�culo 2.2.1.10.1.6. del Decreto 1758 de 2015 establece que �la jornada laboral para las personas privadas de la libertad no podr�, bajo ninguna circunstancia, superar las ocho (8)horas diarias y las cuarenta y ocho (48) horas semanales�.

Lo anterior se traduce en que las ocho (8) horas diarias l�mites de la jornada laboral que la ley permite computar equivalen a seis (6) d�as a la semana, para un m�ximo de cuarenta y ocho (48) horas semanales, tal como lo dispone el aparte del acto demandado.

El demandante atribuye la violaci�n del ordenamiento jur�dico al hecho de que habiendo laborado la jornada m�xima de 48 horas en la semana no se certifiquen las horas correspondientes al descanso obligatorio para efectos de redenci�n de la pena, lo que, en su criterio, corresponde a una indebida interpretaci�n de la ley.

Contrario a lo estimado por el actor, la prohibici�n de certificar como d�as efectivamente laborados los domingos y festivos deriva directamente de la voluntad del legislador, el cual dispuso en el art�culo 82 de la Ley 65 que la redenci�n de la pena corresponde a �los d�as de trabajo�; por consiguiente, una decisi�n que le otorgue al descanso remunerado el car�cter de tiempo laborado, para efectos de certificaci�n del c�mputo de la pena, s�lo puede adoptarse por mandato de la ley. De ah� que la Resoluci�n 003190 de 2013, acusada, al reglamentar los programas de trabajo, estudio y ense�anza v�lidos para evaluaci�n y certificaci�n de tiempo para la redenci�n de pena, no pueda disponer algo distinto a la norma superior en que se fundamenta.

En este orden de ideas, la Sala Unitaria concluye, en un juicio preliminar que no constituye prejuzgamiento, que del an�lisis del art�culo vig�simo cuarto de la Resoluci�n 003190 de 23 de octubre de 2013 y su confrontaci�n con las normas superiores que se estiman infringidas no surge la violaci�n alegada por el actor como fundamento de la medida cautelar deprecada, raz�n por la cual se denegar�, como en efecto se dispondr� en la parte resolutiva de la presente providencia.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, en Sala Unitaria,

Segundo:TENER a la doctora JULIE ANDREA MEDINA FORERO como apoderada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC-, de conformidad con el poder y los dem�s documentos visibles en el �ndice 48 del expediente digital.

1 El art�culo 230 del CPACA se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello,

�unao varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o que se realice una obra o una demolici�n de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopci�n de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopci�n seg�n la Ley (par�grafo).

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, n�mero �nico de radicaci�n 11001- 03-26-000-2015-00022-00.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, n�mero �nico de radicaci�n 11001- 03-26-000-2014-00101-00.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra V�lez, n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-15-000-2014- 03799-00.

5 Ver tambi�n, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala.

6 N�mero �nico de radicaci�n 11001032400020160029500, Cp: Hernando S�nchez S�nchez.

7 �ARTICULO82. REDENCION DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad conceder� la redenci�n de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.

A los detenidos y a los condenados se les abonar� un d�a de reclusi�n por dos d�asdetrabajo.Paraestosefectosnose podr�n computar m�s de ocho horas diariasdetrabajo.

Eljuezde ejecuci�n de penas y medidas de seguridad constatar� en cualquier momento, el trabajo, la educaci�n y la ense�anza que se est�n llevando a cabo en los centros de reclusi�n de su jurisdicci�n y lo pondr� en conocimiento del director respectivo�. (Resaltado fuera del texto original).

Fecha Providencia	08/04/2022
Fecha de notificaci�n	08/04/2022