SENTENCIA 11001032400020110043400 de 2022

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044081SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo11001032400020110043400202207/04/2022SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___11001032400020110043400__2022_07/04/2022300441092022CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N PRIMERA Bogot�, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid�s (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PE�A GARZ�N N�mero �nico de radicaci�n: 110010324000 2011 00434 00 Referencia: Acci�n de nulidad Actores: Elsa Mar�a Nieto de Velasco y otros TESIS: DECLARA PROBADA LA EXCEPCI�N DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACI�N DE PRETENSIONES, FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA, RESPECTO DEL DECRETO 1378 DE 22 DE ABRIL DE 2009, POR SER UN ACTO SUSCEPTIBLE DE CONTROL A TRAV�S DE LA ACCI�N DE NULIDAD ELECTORAL. SE DECLARA PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCI�N DE COSA JUZGADA FRENTE AL ART�CULO 1� DEL DECRETO 1500 DE 2009 Y EN FORMA PARCIAL EN RELACI�N CON EL ART�CULO 8� IBIDEM. SE DENIEGAN LAS DEM�S PRETENSIONES DE LA DEMANDA QUE GUARDAN RELACI�N CON EL RESTO DEL ARTICULADO. SENTENCIA DE �NICA INSTANCIA La Sala decide la demanda de nulidad presentada por los se�ores ELSA MAR�A NIETO DE VELASCO, LUZ MARINA VILLALOBOS, YAMILE ARCINIEGAS DE QUI�ONES y FERNANDO RODR�GUEZ REYES contra la NACI�N- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA y LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, DE

TESIS: DECLARA PROBADA LA EXCEPCI�N DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACI�N DE PRETENSIONES, FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA, RESPECTO DEL DECRETO 1378 DE 22 DE ABRIL DE 2009, POR SER UN ACTO SUSCEPTIBLE DE CONTROL A TRAV�S DE LA ACCI�N DE NULIDAD ELECTORAL. SE DECLARA PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCI�N DE COSA JUZGADA FRENTE AL ART�CULO 1� DEL DECRETO 1500 DE 2009 Y EN FORMA PARCIAL EN RELACI�N CON EL ART�CULO 8� IBIDEM.

SE DENIEGAN LAS DEM�S PRETENSIONES DE LA DEMANDA QUE GUARDAN RELACI�N CON EL RESTO DEL ARTICULADO.
SENTENCIA DE �NICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad presentada por los se�ores ELSA MAR�A NIETO DE VELASCO, LUZ MARINA VILLALOBOS, YAMILE ARCINIEGAS DE QUI�ONES y FERNANDO RODR�GUEZ REYES contra la NACI�N- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA y LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, DE

I.1.- La parte actora, actuando por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acci�n de nulidad prevista en el art�culo 84 del C�digo de lo Contencioso Administrativo -CCA, present� demanda ante esta Corporaci�n, con la finalidad de desvirtuar la presunci�n de legalidad de los siguientes actos administrativos:

Decreto n�m. 1378 de 22 de abril de 2009, expedido por el Presidente de la Rep�blica, �Por el cual se delegan unas funciones constitucionales�.

Decreto n�m. 1500 de 29 de abril de 2009, expedido por los Ministros del Interior y de Justicia (como delegatario de funciones presidenciales), de Trabajo y de Educaci�n Nacional, �Por el cual se establecen los requisitos para la constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica, se determina su clasificaci�n y se dictan otras disposiciones�.

[�] En el evento en que no se declare la nulidad de todo el Decreto 1500 de 2009, subsidiariamente que se declare la nulidad de los art�culos 1, 3, 4, 5, 8, 12, 26 el par�grafo del art�culo 6 y los numerales 3, 6 y 9 del art�culo 24 del mismo decreto [�]�.

I.2.- Como hechos relevantes, la parte actora se�al� los siguientes:

Expuso que, mediante el Decreto n�m. 1378 de 2009, el entonces Presidente de la Rep�blica deleg� en el Ministro del Interior y de Justicia de la �poca sus funciones constitucionales y legales, con fundamento en el art�culo 1961 de la Constituci�n Pol�tica, mientras atend�a algunos asuntos fuera del pa�s.

Adujo que quien en su momento ejerc�a como Ministro del Interior y de Justicia estaba vinculado al Partido Conservador Colombiano, mientras que el Presidente de la Rep�blica hab�a inscrito su candidatura con el aval del grupo significativo de ciudadanos denominado �Primero Colombia�.

Explic� que con fundamento en las funciones presidenciales, el Ministro del Interior y de Justicia expidi� el Decreto n�m. 1500 de 2009, a trav�s del cual se establecieron los requisitos para la constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica.

Como disposiciones transgredidas la parte actora invoc� los art�culos 1�, 86 y 196 de la Constituci�n Pol�tica; 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 769 de 6 de julio de 20022; 42, 151 y 152 de la Ley 115 de 8 de febrero de 19943; 4�, 5�, 6�, 7�, 8�, 9� y 16 del Decreto 2888 de 31 de junio 20074; y 41, 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre 1995 5.

Como cargos de nulidad, la parte actora propuso los que denomin� y desarroll� as�:

I.3.1.- �[�] La Constituci�n ordena que el Ministro Delegatario que asume funciones presidenciales debe ser de la misma filiaci�n pol�tica del Presidente de la Rep�blica [�]�

Explic� que, conforme con el art�culo 196 de la Constituci�n Pol�tica, el ministro delegatario de las funciones presidenciales debe pertenecer al mismo partido o movimiento pol�tico del presidente.

Argument� que dicha exigencia obedece al respeto que es debido a quienes eligieron al delegante como Presidente de la Rep�blica, por lo que resultar�a absurdo que quien no era de su misma filiaci�n pol�tica pudiera reemplazarlo.

Expuso que en la medida en que la delegaci�n contenida en el Decreto n�m. 1378 de 2009 no cumple con los presupuestos de la norma aludida debe ser anulado, as� como el Decreto n�m. 1500 de ese a�o, en raz�n a que este �ltimo fue expedido como consecuencia del primero.

En relaci�n con las pretensiones subsidiarias, sostuvo que si bien a trav�s del Decreto n�m. 1500 de 2009 fueron desarrollados algunos de los lineamientos previstos en las leyes 115 de 1994, 769 de 2002 y 1064 de 2006, los art�culos relativos a la regulaci�n de la �habilitaci�n� y licencias de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica son nulos por extralimitaci�n de la facultad reglamentaria.

Adujo que, en primer lugar, el art�culo 15 de la Ley 769 de 2002 prev� que el Ministerio de Transporte debe fijar los requisitos de �constituci�n� y �funcionamiento� de los centros de ense�anza automovil�stica.

Explic� que, no obstante, a trav�s del Decreto n�m. 1500 de 2009 fueron regulados, adem�s, los requisitos para la �habilitaci�n� de los centros de ense�anza automovil�stica, aspecto sobre el cual, a su juicio, el Gobierno Nacional no ten�a competencia.

Asegur� que, en consecuencia, los art�culos 1�, 6� (par�grafo), 8�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto n�m. 1500 de 2009 son nulos en la medida en que a trav�s de �stos se regula lo relacionado con los requisitos para la habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica, sin que el legislador haya facultado al Gobierno Nacional para tal efecto.

Coment� que, en segundo lugar, el Gobierno Nacional tambi�n extralimit� su facultad reglamentaria, en relaci�n con los requisitos para la obtenci�n de la licencia de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica.

Aleg� que, conforme con el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica, la administraci�n no puede reglamentar ni exigir requisitos adicionales a los establecidos en la normatividad general, para el ejercicio de un derecho o una actividad.

Sostuvo que en raz�n a que mediante los art�culos 41, 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 est� regulado lo relacionado con las licencias de funcionamiento de toda clase de establecimientos, cualquier disposici�n adicional que verse sobre el mismo asunto est� viciada de nulidad.

Adujo que, en ese orden de ideas, los art�culos 3�, 4� y 5� del Decreto n�m. 1500 de 2009 desconocen el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica, porque a trav�s de �stos se reglamenta lo concerniente a las licencias de funcionamiento de los establecimientos de ense�anza automovil�stica, asunto ya regulado en los art�culos 41, 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de 1995.

Agreg� que, adem�s, ninguna de las normas en que est� fundamentado el Decreto n�m. 1500 2009 regula de forma general el tema de las licencias de funcionamiento, por lo que el Gobierno no estaba facultado para reglamentar el asunto.

Manifest� que, en tercer lugar, en el art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, relativo a los requisitos de habilitaci�n, el Gobierno atribuy� al Ministerio del Trabajo la competencia para revisar que los centros de ense�anza automovil�stica cuenten con infraestructura, dotaci�n, procedimientos, personal, equipos e instalaciones m�nimas necesarias para el desarrollo de su actividad, a pesar de que dicha funci�n ya est� asignada a las secretar�as de educaci�n distritales y municipales, conforme con los art�culos 151 y 152 de la Ley 115 de 1994 y 4�, 5�, 6�, 7�, 8�, 9� y 16 del Decreto 2888 de 2007.

I.4.1.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a trav�s de apoderado, contest� la demanda y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones.

Propuso la excepci�n de inepta demanda sosteniendo que la parte actora propone controversia sobre dos asuntos que deben ser resueltos a trav�s de tr�mites diferentes, en raz�n a que, por una parte, propone cargos propios de la acci�n de nulidad electoral y, por otra, argumentos de nulidad simple.

Agreg� que la demanda adolece de elementos que permitan adelantar un estudio de fondo, en raz�n a que carece de una argumentaci�n adecuada, suficiente y razonable.

Frente al fondo del asunto, argument� que quien fung�a como Ministro del Interior y de Justicia al momento de la expedici�n de los actos administrativos, como delegatario de funciones presidenciales, desempe�� sus funciones conforme con el orden superior vigente.

Indic� que resulta desproporcionado desdibujar en lo pol�tico un acto administrativo que goza de presunci�n de legalidad, cuando es notorio que el Presidente de la Rep�blica de la �poca fue elegido por diversas fuerzas pol�ticas.

Manifest� que, en su momento, el ministro delegatario de las funciones presidenciales asegur� el compromiso pol�tico del Presidente de la Rep�blica en la realizaci�n de su programa de gobierno, frente a los principios y filosof�a de su movimiento pol�tico.

Destac� que la delegaci�n cuestionada cumpli� con los requisitos para su configuraci�n en legal forma, adem�s que el Ejecutivo ten�a la competencia para establecer las disposiciones aplicables a los centros de ense�anza automovil�stica.

I.4.2.- El MINISTERIO DE EDUCACI�N, a trav�s de apoderado, solicit� denegar las pretensiones de la demanda.

Explic� que no expidi� los decretos cuestionados, no obstante, de haber realizado un apoyo t�cnico y jur�dico al Ministerio de Transporte en la reglamentaci�n de la constituci�n de los centros de ense�anza automovil�stica.

Expuso que el prop�sito de dar a los centros de ense�anza automovil�stica el car�cter de instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano es que las secretar�as de educaci�n tengan la facultad de verificar en qu� condiciones se va a prestar el servicio.

I.4.3.- El MINISTERIO DE TRABAJO, a trav�s de apoderado, contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones.

Coment� que la elecci�n del Presidente de la Rep�blica para el a�o 2006 estuvo apoyada por una coalici�n conformada por los partidos de la U, Conservador, Cambio Radical, Colombia Democr�tica, Alas Equipo Colombia y el movimiento Colombia Viva.

Explic� que la exigencia de que el ministro delegatario de las funciones presidenciales deba pertenecer al mismo partido o movimiento pol�tico del Presidente de la Rep�blica no puede ser interpretada como una limitaci�n a la participaci�n ciudadana, ni desligarse de la voluntad, inter�s y compromiso de quienes se conviertan en verdaderos seguidores, leales a los principios del partido que aval� la candidatura de aquel.

Argument� que el art�culo 196 de la Constituci�n Pol�tica debe entenderse desde una perspectiva acorde con su finalidad, a partir de la existencia de afinidad y acogida del ministro en quien va a recaer la designaci�n respecto del proyecto pol�tico del Presidente de la Rep�blica.

Destac� que el grupo significativo de ciudadanos que aval� la candidatura del Presidente de la Rep�blica, no pod�a tener un ministro delegatario porque no fue conformado como partido o movimiento pol�tico.

Asegur� que, conforme con los decretos 2171 de 30 de diciembre de 19926, 101 de 2 de febrero 20007, 087 de 17 de enero 20118 y las leyes 105 de 30 de diciembre 19939, 336 de 20 de diciembre de 199610, 769 de 2002 y 1397 de 14 de julio de 201011, tiene competencia para reglamentar los centros de ense�anza automovil�stica en coordinaci�n con el Ministerio de Educaci�n.

Resalt� que si bien, a trav�s del Decreto Ley 2150 de 1995, se regulan los requisitos b�sicos para la apertura de los establecimientos de comercio, dicha norma no contiene los requerimientos para el ejercicio de cada actividad espec�fica.

A�adi� que, en ese orden de ideas, no pueden ser equiparadas las licencias de funcionamiento de establecimientos de comercio, con las de los centros de ense�anza automovil�stica en raz�n a que respecto de estos �ltimos existe una regulaci�n propia y espec�fica, conforme con la Ley 769 de 2002.

Precis� que es competente para autorizar la �habilitaci�n� de los centros de ense�anza automovil�stica, en raz�n a que dicho t�rmino significa �dar capacidad legal a una persona para hacer una cosa�, sin�nimo de facultar, autorizar o permitir.

Anot� que es el competente para regular y vigilar el cumplimiento de los requisitos especiales establecidos para los organismos de apoyo del sistema de tr�nsito, como es el caso de los centros de ense�anza automovil�stica.

Agreg� que, incluso la Ley 1397 de 2010 introdujo algunas modificaciones a la Ley 769 de 2002, respecto de causales para la cancelaci�n de la �habilitaci�n� de centros de ense�anza, situaci�n que evidencia que a trav�s del Decreto n�m. 1500 de 2009 era procedente establecer los requisitos habilitantes reprochados por la parte actora.

Propuso las excepciones previas de indebida acumulaci�n de pretensiones y falta de competencia, argumentando que el estudio de legalidad de los actos administrativos cuestionados, en lo concerniente a la designaci�n del ministro que supli� las funciones presidenciales corresponde a la Secci�n Quinta de esta corporaci�n, mientras que en lo dem�s el estudio est� atribuido a la Secci�n Primera.

I.4.4.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, a trav�s de apoderado, solicit� que en relaci�n con la nulidad del acto de delegaci�n de las funciones se declare la falta de competencia de esta Secci�n, en raz�n a que el asunto corresponde a la Secci�n Quinta; y que frente al Decreto n�m. 1500 de 2009 se denieguen las pretensiones de la demanda.

Expres� que los argumentos relativos a la presunta irregularidad del acto de delegaci�n son similares a los resueltos, mediante sentencia de 11 de julio de 2011, por la Secci�n Quinta de esta corporaci�n dentro del proceso identificado con n�mero �nico de radicaci�n 110010328000 2010 00118 00, por lo que, a su juicio, debe acogerse la misma tesis, seg�n la cual fue declarada la nulidad de los actos cuestionados y se determin� que los efectos de esa decisi�n no afectaban la validez de las actuaciones consolidadas en el ejercicio de dichas designaciones.

En relaci�n con las pretensiones subsidiarias, afirm� que el Ministerio del Interior act�o en ejercicio de las facultades delegadas, contenidas en los art�culos 129, 150 (numeral 10), 163, 165, 166, 189, 200, 201, 213, 214 y 215 de la Constituci�n Pol�tica, en particular las relativas a la facultad reglamentaria.

Agreg� que, conforme con el inciso tercero del art�culo 1� de la Ley 769 de 2002, la aplicaci�n de esta norma, en lo relacionado con los centros de ense�anza automovil�stica, estaba sujeta a la reglamentaci�n de los aspectos requeridos, por lo cual, a su juicio, los reproches de la parte actora no tienen fundamento.

I.4.5.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA, a trav�s de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Propuso la excepci�n previa de ineptitud de la demanda frente al acto de delegaci�n de las funciones presidenciales, en raz�n a que, a su juicio, dicho asunto es competencia de la Secci�n Quinta, a trav�s de la acci�n de nulidad electoral.

Adem�s, propuso las excepciones previas de indebida acumulaci�n de pretensiones por la misma raz�n y la de caducidad de la acci�n, en atenci�n a que el t�rmino para promover los cargos de nulidad electoral hab�a precluido al momento de presentaci�n de la demanda.

Advirti� que no resultar�a aplicable la teor�a de los m�viles y las finalidades, en raz�n a que el prop�sito del actor al pretender la nulidad del Decreto n�m. 1378 de 2009 es la anulaci�n del Decreto n�m. 1500 de la misma anualidad.

Puso de presente la existencia del proceso identificado con el n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, en el que fue discutida la legalidad de algunas disposiciones del Decreto n�m. 1500 de 29 de abril de 2009, con la finalidad de que se estudiara la posibilidad de acumulaci�n procesal.

II.1.- La parte actora manifest� que reiteraba �[�] los argumentos expresados en la demanda [�]�.

II.2.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE, adem�s de reiterar los argumentos expuestos en su contestaci�n de demanda, cit� in extenso un art�culo acad�mico sobre el tema de la filiaci�n pol�tica del ministro delegatario de funciones presidenciales, adem�s de algunos extractos jurisprudenciales relativos a las coaliciones en campa�as electorales, para concluir que debe darse una interpretaci�n amplia al art�culo 196 Superior, conforme con la din�mica pol�tica del pa�s.

Aclar� que la regulaci�n sobre la �habilitaci�n� de los centros de ense�anza automovil�stica no constituye un requisito adicional, sino que es un aspecto de mero control que deviene de sus funciones legales.

A�adi� que el Decreto n�m. 1500 de 2009 fue reglamentado por la Resoluci�n 3245 de 21 de julio de ese a�o, en la que se otorg� un t�rmino para que los centros de ense�anza automovil�stica se ajustaran a los nuevos requisitos.

Coment� que la regulaci�n cuestionada tiene como finalidad proteger la vida de las personas que circulan por las v�as y garantizar que quien conduzca un veh�culo automotor haya recibido la capacitaci�n reglamentada, situaci�n que reduce la accidentalidad por impericia o desconocimiento del r�gimen normativo.

Finalmente, resalt� que la expedici�n del Decreto n�m. 1500 de 2009 atendi� a la labor arm�nica de los ministerios que concurrieron a su suscripci�n, sin que se hayan usurpado funciones de otras entidades.

II.3.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO iter� que, en relaci�n con el acto administrativo de delegaci�n, debe acogerse el antecedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 11 de junio de 2011, proferida por la Secci�n Quinta de esta corporaci�n, dentro del expediente 2010-00118. Insisti� en que la Secci�n Primera carece de competencia para estudiar la legalidad del acto de designaci�n del ministro delegatario de funciones presidenciales.

Reiter� que la expedici�n del Decreto n�m. 1500 de 2009 se encuentra respaldada en el art�culo 189 (numeral 11) de la Constituci�n Pol�tica y en las leyes 115 de 1994, 769 de 2002 y 1064 de 2006.

II.4.- EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA, adem�s de reiterar los argumentos que expuso en la contestaci�n, indic� que hab�a �[�] ineptitud de la demanda por indebida representaci�n de la Naci�n [�]�.

Argument� que la Presidencia de la Rep�blica no es la autoridad llamada a representar los intereses de la Naci�n en este caso, porque los decretos demandados carecen de la firma del Director del Departamento Administrativo respectivo.

II.5.- El agente del MINISTERIO P�BLICO12 rindi� concepto en el que concluy� que la parte actora hab�a logrado desvirtuar la presunci�n de legalidad �[�] del aparte �habilitaci�n� del art�culo 1�, los art�culo 8� y 12� , relativos a los requisitos para la habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica; del aparte �que dieron origen a su habilitaci�n� del numeral 3�, �para la habilitaci�n de funcionamiento� del numeral 6� y �al momento de la habilitaci�n� del art�culo 24; y del aparte �la habilitaci�n de funcionamiento� del art�culo 26 del Decreto 1500 de 2009 [�]�, por transgredir el art�culo 15 de la Ley 769 de 2002.

En relaci�n con los dem�s cargos arguy� que no hab�a m�rito para declarar su prosperidad, adem�s que estaba demostrada la excepci�n de indebida acumulaci�n de pretensiones, en raz�n a que, a su juicio, la Secci�n Primera no tiene competencia para conocer de la pretensi�n de nulidad del Decreto n�m. 1378 de 2009, por tratarse de un asunto electoral.

Agreg� que, en consecuencia, �nicamente debe efectuarse el estudio de legalidad del Decreto n�m. 1500 de 2009.

Explic� que de la lectura de la Ley 769 de 2002 puede colegirse que el legislador no se refiri� en momento alguno al concepto de �habilitaci�n� de los centros de ense�anza automovil�stica.

Expuso que conforme con el art�culo 15 de la Ley 769 de 2009, el Ministerio de Transporte debe reglamentar la constituci�n y funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, sin que se mencione en ninguna de las normas el concepto de habilitaci�n.

Indic� que el concepto de habilitaci�n empleado en el Decreto n�m. 1500 de 2009, es diferente a los de constituci�n y funcionamiento de la ley, habida cuenta que cada uno de dichos t�rminos aparece enunciado dentro del objeto del referido acto administrativo.

Argument� que el concepto de habilitaci�n aparece en la legislaci�n en virtud de la Ley 1397 de 2010, expedida con posterioridad al decreto acusado, en art�culos referidos a faltas que conllevan la suspensi�n o cancelaci�n de la �habilitaci�n� del centro de ense�anza.

Adujo que, en ese orden de ideas, los apartes de los art�culos del Decreto n�m. 1500 de 2009, referidos al concepto de habilitaci�n, est�n viciados de nulidad por extralimitaci�n de la facultad reglamentaria.

En cuanto a la facultad del Gobierno Nacional para regular los requisitos para la obtenci�n de las licencias de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica, manifest� que, de conformidad con lo previsto en los art�culos 84 superior y 41, 46 y 47 del Decreto 2150 de 1995, en principio le asistir�a raz�n a la parte actora como quiera que ning�n establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al p�blico, requiere licencia, permiso o autorizaci�n de funcionamiento o cualquier otro documento similar.

Precis� que, no obstante, en la medida en que los centros de ense�anza automovil�stica son establecimientos de educaci�n no formal, conforme con el art�culo 138 de la Ley 155 de 1994 deben contar con una licencia de funcionamiento de car�cter oficial, aspecto desarrollado por el Decreto n�m. 1500 de 2009, por lo que no existe vulneraci�n alguna al art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica.

Finalmente, destac� que el Ejecutivo no contaba con la facultad para verificar las condiciones de infraestructura de los centros de ense�anza automovil�stica, en raz�n a que tal situaci�n estaba establecida para efectos de la �habilitaci�n�, aspecto sobre el cual no ten�a competencia de regulaci�n.

En el presente asunto son acusados de manera general los decretos n�ms. 1378 y 1500 de 2009.

De forma subsidiaria son cuestionados los art�culos 1�, 3�, 4�, 5�, 6� (par�grafo), 8�, 12, 24 (numerales 3, 6, 9) y 26 del Decreto n�m. 1500 de 2009.

Que el Presidente de la Rep�blica se trasladar� los d�as 27 de abril al 1� de mayo de 2009, a las ciudades de Madrid (Espa�a) y Roma (Italia), con el fin de asistir a reuniones con el Gobierno Espa�ol, Audiencia con sus Majestades los Reyes de Espa�a, audiencia con su Santidad Benedicto XVI y Reuni�n con el Primer Ministro de Italia.

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, El Ministro del Interior y de Justicia, est� habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como Ministro Delegatario,

Art�culo 1�. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la Rep�blica, en raz�n del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, del�ganse en el Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fabio Valencia Cossio, las funciones legales y las correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

Art�culos 129, 189, con excepci�n de lo previsto en los numerales 1 y 2, 303, 304 y 314. Art�culo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la Rep�blica.

Art�culo 2�. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici�n.

por el cual se establecen los requisitos para la constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica, se determina su clasificaci�n y se dictan otras disposiciones.

Que el art�culo 12 de la Ley 769 de 2002 defini� la naturaleza jur�dica de los Centros de Ense�anza Automovil�stica como establecimientos docentes de naturaleza p�blica, privada o mixta.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, corresponde al Ministerio de Transporte fijar los requisitos de constituci�n y funcionamiento de los Centros de Ense�anza Automovil�stica, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a educaci�n no formal.

Que es competencia del Ministerio de Educaci�n Nacional con fundamento en las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006 determinar los requisitos de constituci�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica para que sean instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano tal como lo previ� el legislador y establecer los requisitos b�sicos para el funcionamiento de los programas.

Que con fundamento en el art�culo 15 de la Ley 769 de 2002, es competencia del Ministerio de Transporte verificar y establecer el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los Centros de Ense�anza Automovil�stica para proceder a autorizar su habilitaci�n.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, corresponde al Ministerio de Educaci�n Nacional en coordinaci�n con el Ministerio de Transporte establecer los requisitos complementarios exigidos a los Centros de Ense�anza Automovil�stica para la formaci�n de instructores en conducci�n.

ART�CULO1�. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos para la constituci�n, funcionamiento, habilitaci�n y clasificaci�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica, determinar los requisitos para el funcionamiento de los programas de capacitaci�n en conducci�n o de instructores en conducci�n y dem�s requisitos necesarios para su habilitaci�n.

Requisitos para la constituci�n y registro de los Programas de los Centros de Ense�anza Automovil�stica

ART�CULO2�. CONSTITUCI�N. Los Centros de Ense�anza Automovil�stica que ofrezcan capacitaci�n en conducci�n o capacitaci�n para instructores en conducci�n, para su constituci�n deben cumplir los siguientes requisitos:

ART�CULO 3�. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O RECONOCIMIENTOOFICIAL. Se entiende por licencia de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el �mbito de su jurisdicci�n, la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada en educaci�n, autoriza la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de un Centro de Ense�anza Automovil�stica de naturaleza privada. Esta se otorgar� por tiempo indefinido, sujeta a las condiciones en ella establecidas.

Para los Centros de Ense�anza Automovil�stica de car�cter estatal, el acto administrativo de creaci�n constituye el reconocimiento de car�cter oficial, el cual deber� contener los requisitos se�alados en el art�culo 4� del presente decreto.

ART�CULO 4�. SOLICITUD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. El interesado en crear un Centro de Ense�anza Automovil�stica de car�cter privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada de la jurisdicci�n que corresponda al lugar de prestaci�n del servicio, con la siguiente informaci�n:

Nombre propuesto para la instituci�n, n�mero de sedes, municipio y direcci�n de cada una.

Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jur�dicas se deber� adjuntar el certificado de existencia y representaci�n legal. Si es persona natural la c�dula de ciudadan�a.

Identificaci�n de la planta f�sica. El peticionario deber� adjuntar copia de la licencia de construcci�n.

La Secretar�a de Educaci�n verificar� el cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto y decidir� mediante acto administrativo motivado.

Art�culo 5�. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicci�n, cambio de propietario, cambio de nombre, fusi�n con otra instituci�n educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener previamente la modificaci�n de la licencia inicial.

La apertura de una o m�s sedes en jurisdicci�n diferente requiere el tr�mite de la licencia ante la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial competente.

ART�CULO6�. REQUISITOS B�SICOS PARA EL REGISTRO DE LOSPROGRAMAS. Para obtener el registro de los programas de capacitaci�n en conducci�n o de instructores en conducci�n de que trata el art�culo 15 del Decreto 2888 de 2007, el titular de la licencia de funcionamiento o del reconocimiento oficial del Centro de Ense�anza Automovil�stica deber� presentar a la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada en educaci�n un proyecto educativo institucional que debe contener los siguientes requisitos b�sicos:

Denominaci�n del programa. La denominaci�n del programa deber� corresponder al contenido b�sico para los cursos de formaci�n de conductores y/o para instructores en conducci�n, de conformidad con los contenidos b�sicos determinados por el Ministerio de Transporte.

Descripci�n de las competencias que el educando debe haber adquirido una vez culminado satisfactoriamente el programa respectivo.

Justificaci�n del programa. Comprende la pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado, en funci�n de las necesidades reales de formaci�n en el pa�s y en la regi�n donde se va a desarrollar el programa; n�mero estimado de estudiantes que proyecta atender durante la vigencia del registro.

Plan de estudios. Esquema estructurado de los contenidos del programa, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte y que comprende:

Identificaci�n de los contenidos b�sicos de formaci�n 4.4, Organizaci�n de las actividades de formaci�n

Autoevaluaci�n institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales se realizar� este proceso de manera permanente, as� como la revisi�n peri�dica de los contenidos b�sicos de formaci�n y de los dem�s aspectos necesarios para su mejoramiento y actualizaci�n.

Organizaci�n administrativa. Estructura organizativa, mecanismos de gesti�n que permiten ejecutar procesos de planeaci�n, administraci�n, evaluaci�n y seguimiento de los contenidos b�sicos de formaci�n y los diferentes servicios y recursos que garanticen el logro de los objetivos institucionales definidos en el proyecto educativo institucional.

Caracter�sticas y ubicaci�n de las aulas y talleres donde se desarrollar� el programa

Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa: N�mero, dedicaci�n, nivel de formaci�n o certificaci�n de la competencia laboral por el organismo competente.

Financiaci�n. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que permita el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro.

Par�grafo. Expedido el registro del programa por parte de la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada en educaci�n, el Centro de Ense�anza Automovil�stica deber� presentarlo ante el Ministerio de Transporte con los dem�s requisitos se�alados en este decreto para proceder a la habilitaci�n de funcionamiento del Centro.

El s�lo registro del programa no autoriza al Centro de Ense�anza Automovil�stica para ofrecer y desarrollar el programa.

ART�CULO 7�. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS. Para garantizar la efectividad en el proceso de capacitaci�n y teniendo en cuenta que se trata de un aprendizaje de acciones secuenciales, es necesario que los cursos de instrucci�n a conductores sean continuos en el tiempo, por tanto, las clases pr�cticas deber�n programarse bajo este esquema. En ning�n caso el m�nimo de horas previstas podr� abarcarse en un lapso mayor a tres (3) meses.

La realizaci�n de las pr�cticas de inducci�n en conducci�n hasta obtener el dominio id�neo del veh�culo, que se deber� realizar en el �rea que para este fin dispone el Centro de Ense�anza Automovil�stica, deber� realizarse en un tiempo equivalente al veinticinco por ciento (25%) del total de horas pr�cticas fijadas en la intensidad horaria seg�n la categor�a. La medici�n de la destreza y habilidad en el manejo de los mecanismos de control y en la conducci�n del veh�culo se realizar� en las v�as de uso p�blico, en un tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de las horas pr�cticas fijadas seg�n la intensidad horaria de cada categor�a.

Par�grafo. Cuando se est� impartiendo ense�anza pr�ctica s�lo podr�n ir en el veh�culo el instructor debidamente acreditado y el aprendiz, excepto en los veh�culos tipo B2, C2, B3 y C3, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte.

Requisitos para la habilitaci�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica

ART�CULO 8�. REQUISITOS PARA LA HABILITACI�N DE LOS CENTROS DE ENSE�ANZA AUTOMOVIL�STICA. Para que un Centro de Ense�anza Automovil�stica que cuenta con licencia de funcionamiento o reconocimiento de car�cter oficial y el registro de programas debidamente otorgado por la Secretar�a de Educaci�n de la respectiva entidad territorial certificada en educaci�n, pueda capacitar y expedir certificaciones de la capacitaci�n a conductores e instructores, de conformidad con el art�culo 12 de la Ley 769 de 2002 deber� previamente obtener por parte del Ministerio de Transporte la respectiva habilitaci�n con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Anexar copia de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de car�cter oficial y del registro otorgado por la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada en educaci�n para los programas de formaci�n de conductores e instructores en conducci�n.

P�liza de responsabilidad Civil Extracontractual - RCE, en cuant�a no inferior a sesenta (60) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, a nombre del Centro de Ense�anza Automovil�stica, con el fin de amparar la muerte y/o lesiones a personas y el da�o de bienes a terceros que se produzcan por causa o con ocasi�n de ense�anza automovil�stica con los veh�culos automotores. Su renovaci�n deber� efectuarse anualmente.

Relaci�n de los instructores por categor�a, indicando nombre, direcci�n, n�mero de c�dula, n�mero de la licencia de instructor, las cuales deben figurar en el Registro Unico Nacional de Tr�nsito.

Contar con la infraestructura, dotaci�n, procedimientos, personal, equipos e instalaciones m�nimas necesarias establecidas por el Ministerio de Transporte.

Contar como m�nimo por cada tipolog�a vehicular aprobada para dar instrucci�n con tres (3) veh�culos automotores para las categor�as A1, A2, y B1, C1; dos (2) veh�culos para las categor�as B2 y C2; un (1) veh�culo para las categor�as B3 y C3. Para el efecto debe presentar la licencia de tr�nsito. Los veh�culos enunciados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte.

Certificado de conformidad del servicio con el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y la resoluci�n que para el efecto expida el Ministerio de Transporte, a trav�s de una certificaci�n de servicios otorgada por un Organismo de Certificaci�n de productos acreditado con la ISO �IEC Gu�a 65 o su equivalente la GTC 38� en el Subsistema Nacional de Calidad �SNCA�, o la norma que la modifique o sustituya, que incluya en su alcance de acreditaci�n la certificaci�n de los servicios de capacitaci�n o ense�anza.

ART�CULO9�. �REA PARA LA REALIZACI�N DE PR�CTICAS. Cuando un Centro de Ense�anza Automovil�stica no cuente con el espacio para la realizaci�n pr�ctica, este deber� garantizar la formaci�n mediante la celebraci�n de contratos con otros Centros de ense�anza Automovil�stica que cuenten con los escenarios de pr�ctica.

ART�CULO10.APERTURADE PROGRAMAS EN CONVENIO. Cuando dos o m�s Centros de Ense�anza Automovil�stica decidan ofrecer los programas de formaci�n a instructores y conductores en convenio, deber�n solicitar el respectivo registro de manera conjunta tal como lo ordena el art�culo 23 del Decreto 2888 de 2007, evento en el cual el certificado que expidan deber� ser otorgado conjuntamente.

ART�CULO11. DE LOS VEH�CULOS. Los veh�culos deben ser de propiedad del Centro de Ense�anza Automovil�stica o en arrendamiento financiero o Leasing a favor del Centro de Ense�anza Automovil�stica, para lo cual deber� adjuntarse copia del respectivo contrato. Dichos veh�culos deben estar destinados exclusivamente a la ense�anza automovil�stica, y deber�n cumplir con las condiciones t�cnico-mec�nicas, los distintivos y adaptaciones se�alados en la resoluci�n que para el efecto expida el Ministerio de Transporte.

Los veh�culos destinados a esta actividad deber�n estar registrados en el servicio particular.

Par�grafo. Los veh�culos de servicio p�blico que a la fecha de expedici�n del presente decreto, se encuentren autorizados para prestar el servicio de ense�anza automovil�stica continuar�n en esta actividad solamente hasta el vencimiento de la tarjeta de servicio.

Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto, el Ministerio de Transporte expedir� el Acto Administrativo a trav�s del cual habilita el funcionamiento del Centro de Ense�anza Automovil�stica en forma indefinida, siempre y cuando se mantenga vigente el cumplimiento de los requisitos que dieron origen a la misma. Copia de la mencionada resoluci�n, deber� permanecer fijada en lugar visible al p�blico dentro de las instalaciones del centro.

Habilitado el Centro de Ense�anza Automovil�stica, el Ministerio de transporte ingresar� al Registro �nico UnNacional de Tr�nsito los datos del Acto Administrativo, para que el representante legal proceda a realizar la inscripci�n al sistema de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1005 de 2006.

ART�CULO13. CLASIFICACI�N. Seg�n los programas de capacitaci�n que sean registrados por la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada en educaci�n, los Centros de Ense�anza Automovil�stica, se clasificar�n de la siguiente manera:

Nivel I: Reconocidos y aprobados para la formaci�n de conductores en cualquiera de las siguientes categor�as o en todas, A1, A2, B1, y C1.

Nivel II: Reconocidos y aprobados para la formaci�n de conductores en cualquiera de las categor�as B2 y/o C2 y en cualquiera o todas las categor�as del nivel I.

Nivel III: Reconocidos y aprobados para la formaci�n de conductores e instructores en las categor�as B3 y C3 y en las categor�as de los niveles I y II.

Inscripci�n de los organismos de certificaci�n ART�CULO 14. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCI�N. Los organismos de certificaci�n de servicios interesados en obtener la inscripci�n ante el Ministerio de Transporte, en el sistema del Registro �nico Nacional de Tr�nsito �RUNT� para otorgar el certificado de conformidad de que trata el art�culo 8�, numeral 6 del presente decreto, deber�n presentar una solicitud de inscripci�n, dirigida a la subdirecci�n de tr�nsito, suscrita por el representante legal del organismo acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Identificaci�n del Organismo. Nombre o raz�n social, direcci�n, NIT, tel�fono, correo electr�nico.

Certificado de existencia y representaci�n legal del organismo, expedido con una antelaci�n m�xima de treinta (30) d�as, en el que conste que dentro de su objeto social se encuentra el de ser organismo de certificaci�n.

Copia del certificado de acreditaci�n emitido por el Organismo Nacional de Acreditaci�n que lo distingue como organismo de certificaci�n de servicios acreditado dentro del Subsistema Nacional de la Calidad, en el que se se�ale su acreditaci�n con la norma ISO/IEC Guide 65 o su equivalente la GTC 38, o la norma que la reemplace.

Anexar lista del personal evaluador y de expertos t�cnicos, con su calificaci�n, experiencia, t�tulos y funciones. El Organismo debe garantizar el sostenimiento del nivel m�nimo de competencia del equipo humano para la evaluaci�n.

Cumplidos los requisitos el Ministerio de Transporte expedir� el acto administrativo de inscripci�n del organismo de certificaci�n y lo ingresar� al sistema RUNT para que el representante legal del Organismo de Certificaci�n proceda a realizar la inscripci�n ante el registro de acuerdo a lo establecido en la Ley 1005 de 2006.

Certificaci�n para conductores e instructores en conducci�n ART�CULO 15. REQUISITOS PARA LA CAPACITACI�N COMO CONDUCTOR. Para acceder al proceso de capacitaci�n y de formaci�n como conductor, el aspirante deber� acreditar los siguientes requisitos:

ART�CULO16.REQUISITOSPARA LA CAPACITACI�N COMO INSTRUCTOR. Para acceder al proceso de capacitaci�n y de formaci�n como instructor de conducci�n, los aspirantes deber�n acreditar los siguientes requisitos:

Tener licencia de conducci�n de la categor�a para la cual se aspira a ser instructor.

4. Acreditar experiencia de dos (2) a�os como conductor en la categor�a para la cual aspira a formarse como instructor.

ART�CULO17. SISTEMA DE IDENTIFICACI�N EN LA FORMACI�N DE CONDUCTORES E INSTRUCTORES.

Previamente a acceder al curso de formaci�n como conductor o como instructor el aspirante deber� adelantar el siguiente proceso de identificaci�n en el Centro de Ense�anza donde adelantar� el curso de formaci�n y capacitaci�n:

Identificaci�n biom�trica de la huella dactilar, para lo cual se deben tomar, por medio electr�nico utilizando un esc�ner digital, la huella dactilar del �ndice derecho. Esta informaci�n se utilizar� para producir el registro de identificaci�n de las huellas dactilares de acuerdo con los par�metros que se definan para el Registro �nico Nacional de Tr�nsito - RUNT. Esta informaci�n quedar� guardada mediante las herramientas tecnol�gicas que para tal fin est�n dispuestas en el mencionado registro.

Par�grafo. El Centro de Ense�anza Automovil�stica deber� una vez inscrito el alumno registrar el horario en que recibir� tanto las clases te�ricas como las clases pr�cticas.

Cumplido y aprobado el proceso de instrucci�n, el Centro de Ense�anza Automovil�stica deber� proceder a realizar el examen te�rico en los t�rminos establecidos por el Ministerio de Transporte, y una vez aprobado por el sistema, el Centro de Ense�anza Automovil�stica reportar� al Registro �nico Nacional de Tr�nsito � RUNT�, los datos del alumno capacitado para que el sistema le genere el n�mero de identificaci�n nacional del certificado en la categor�a que corresponda, con base en las exigencias que se establezcan para el funcionamiento de este registro.

El certificado de aprobaci�n del curso en conducci�n ser� tramitado de acuerdo con los par�metros que para el efecto determine el Ministerio de Transporte.

ART�CULO 19. CERTIFICACI�N DE INSTRUCTORES EN CONDUCCI�N. Concluido y aprobado el proceso de formaci�n de instructores en conducci�n, el Centro de Ense�anza Automovil�stica deber� proceder a realizar el examen te�rico en los t�rminos y condiciones establecidas por el Ministerio de Transporte. Una vez aprobado este examen, el alumno deber� adjuntar el certificado en las normas de competencia laboral expedido por el Sena, que conforman la titulaci�n de instructor de conducci�n en la categor�a en la que se va a desempe�ar.

Aprobado el examen y obtenido el certificado en las normas de competencia laboral que conforman la titulaci�n de instructor, el Centro de Ense�anza Automovil�stica deber� reportar al Registro �nico Nacional de Tr�nsito, los datos del alumno capacitado para que el sistema �RUNT� le genere el n�mero de identificaci�n nacional de la certificaci�n de instructor en la categor�a que corresponda, el cual deber� ser impreso en el documento que se le expide al instructor.

Par�grafo. El formato para la expedici�n del certificado de instructor en conducci�n, deber� atender los par�metros establecidos por el Ministerio de Transporte.

ART�CULO 20. VIGENCIA Y RENOVACI�N DE LA CERTIFICACI�NDE INSTRUCTOR. La Certificaci�n de Instructor en conducci�n, tendr� una vigencia de cinco (5) a�os. Para su renovaci�n, el interesado deber� presentar el certificado vigente en las normas de competencia laboral que conforman la titulaci�n de instructor de conducci�n en la categor�a que se desempe�a.

Los instructores que a la entrada en vigencia del presente decreto, cuenten con una licencia de instructor vigente, expedida bajo el r�gimen legal anterior deber�n obtener para la renovaci�n de la certificaci�n de instructor, la certificaci�n en las normas de competencia laboral de la titulaci�n correspondiente a la categor�a, expedida por el Sena.

Par�grafo. Transcurridos dos (2) a�os del vencimiento de la certificaci�n sin que el instructor en conducci�n solicite su renovaci�n, el Ministerio de Transporte la considerar� inactiva y para su reactivaci�n deber� cumplir los procesos y procedimientos establecidos para obtener la certificaci�n por primera vez.

ART�CULO21. RECATEGORIZACI�N DE LA CERTIFICACI�N DE INSTRUCTOR. Para recategorizar la certificaci�n el instructor en conducci�n deber� adelantar la capacitaci�n con una intensidad horaria equivalente a la diferencia en horas que falten para completar la intensidad exigida para la categor�a que aspira obtener y cumplir con los requerimientos establecidos para la certificaci�n en las normas de competencia laboral en la nueva categor�a.

No procede la recategorizaci�n de las certificaciones de instructor A1 y A2 a cualquiera de las dem�s categor�as de certificaci�n.

ART�CULO22. PERFIL DEL INSTRUCTOR PARA LA FORMACI�N DE INSTRUCTORES EN CONDUCCI�N. El instructor requerido para formar instructores en conducci�n debe acreditar los siguientes requisitos:

Poseer certificaci�n de instructor de la categor�a para la cual dar� instrucci�n.

Acreditar el desempe�o laboral a trav�s de la certificaci�n en las normas de competencia laboral de la titulaci�n como formador de instructores de conducci�n en la categor�a que se va a desempe�ar.

Ser tecn�logo o profesional en �reas afines al desempe�o ocupacional, como mec�nica y pedagog�a.

Dos a�os de experiencia como instructor de conducci�n en la categor�a correspondiente.

No haber sido sujeto de imposici�n de sanci�n alguna por ser contraventor de las normas de tr�nsito, durante el �ltimo a�o.

ART�CULO23. CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LOS CENTROS DE ENSE�ANZA AUTOMOVIL�STICA. El n�mero mensual de certificaciones expedidas por los Centros de Ense�anza Automovil�stica por veh�culo/instructor, en el proceso de formaci�n de conductores es el determinado en la siguiente tabla:

Par�grafo. Ning�n instructor podr� certificar m�s de doscientas cuarenta horas (240) mes de instrucci�n en conducci�n; dicho control se llevar� a cabo a trav�s del Registro �nico Nacional de Tr�nsito �RUNT�.

Deberes y obligaciones de los Centros de Ense�anza Automovil�stica y de los instructores

ART�CULO24. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ENSE�ANZA AUTOMOVIL�STICA. Son deberes y obligaciones de los Centros de Ense�anza Automovil�stica los siguientes:

Cumplir en su totalidad con los programas de instrucci�n, requisitos e intensidad horaria establecidos en la normatividad vigente.

Crear y facilitar la operaci�n de mecanismos de recepci�n y emisi�n permanente de informaci�n a los usuarios sobre los servicios ofrecidos, tarifas, horarios de atenci�n, entre otras.

Mantener las condiciones t�cnicas y administrativas, que dieron origen a su habilitaci�n.

Aplicar y velar por el cumplimiento de los programas y procedimiento establecidos para el proceso de capacitaci�n e instrucci�n de los alumnos.

Mantener las condiciones exigidas por la Secretar�a de Educaci�n que le otorg� el registro de los programas.

Comunicar al Ministerio de Transporte sobre las modificaciones que se presenten respecto a la informaci�n suministrada para la habilitaci�n de funcionamiento del Centro de Ense�anza Automovil�stica.

Llevar los archivos de los alumnos debidamente matriculados, capacitados y certificados.

Automovil�stica con las condiciones de seguridad requeridas y tarjeta de servicio vigente.

Mantener los veh�culos que le fueron aprobados al momento de la habilitaci�n, con las adaptaciones respectivas.

Impartir la ense�anza te�rica con el cumplimiento de los requisitos que para tal fin han sido determinados respecto a las instalaciones, materiales did�cticos e idoneidad de los instructores.

Certificar la idoneidad de un conductor o instructor una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos determinados para tal fin.

Reportar por medios electr�nicos en l�nea y tiempo real los cursos de capacitaci�n efectuados a todos los alumnos en las condiciones y oportunidad exigidas en las normas respectivas.

Realizar las evaluaciones te�rica y pr�ctica al alumno una vez surtido el proceso de capacitaci�n, en los t�rminos se�alados en la reglamentaci�n.

Hacer adecuado uso del c�digo de acceso a la base de datos del Registro �nico Nacional de Tr�nsito �RUNT.

Suministrar informaci�n real a los Ministerios de Transporte y a las Secretar�as de Educaci�n respectiva.

Disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma �ptima la atenci�n al usuario en sus peticiones, quejas y recursos.

Mantener vigente la p�liza de que trata el numeral 2 del art�culo 8� del presente decreto.

ART�CULO25. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS INSTRUCTORESDE CONDUCCI�N. Son deberes y obligaciones de los instructores las siguientes:

Aportar la documentaci�n e informaci�n requerida para su acreditaci�n y el desempe�o del cargo.

Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ninguna clase de discriminaci�n.

Impartir la ense�anza en una clase de veh�culo de categor�a igual a la categor�a de la licencia que se pretende obtener.

Impartir instrucci�n en los veh�culos que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentaci�n.

Cumplir con las intensidades horarias determinadas para cada categor�a de licencia.

ART�CULO26.INACTIVIDADDE UN CENTRO DE ENSE�ANZA AUTOMOVIL�STICA. Cuando el Centro de Ense�anza Automovil�stica durante el t�rmino de seis (6) meses no imparta capacitaci�n ni expida los correspondientes certificados, el Ministerio de Transporte lo inactivar� del Registro �nico Nacional de Tr�nsito �RUNT�. De no producirse alguna comunicaci�n por parte del centro, dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la inactivaci�n, el Ministerio de Transporte, cancelar� mediante acto administrativo, la habilitaci�n de funcionamiento.

ART�CULO27. DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACI�N. Los Organismos de Certificaci�n que expiden los Certificados de conformidad del servicio, deber�n informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al Ministerio de Transporte las ampliaciones o reducciones al alcance de la certificaci�n y si se presentan suspensiones o cancelaciones de la certificaci�n expedida a los Centros de Ense�anza Automovil�stica, para el inicio de las investigaciones si hay lugar a ello. As� mismo deber� informar sobre las variaciones de las condiciones iniciales que dieron lugar a la certificaci�n del Centro de Ense�anza Automovil�stica.

ART�CULO28. INSPECCI�N Y VIGILANCIA. De conformidad con lo establecido en el art�culo 14, par�grafo 1� de la Ley 769 de 2002, la vigilancia y supervisi�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica corresponder� a la Superintendencia de Puertos y Transporte, sin perjuicio de la inspecci�n y vigilancia que tiene la autoridad competente en cada entidad territorial certificada en educaci�n.

ART�CULO29. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para regular las actuaciones a que se refiere el presente art�culo ser� el previsto en el art�culo 158 del C�digo Nacional de Tr�nsito.

Art�culo 30. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y deroga los art�culos 8� al 56 y 60 del Acuerdo 0051 de 1993 y las dem�s normas que le sean contrarias.

III.2.1.- Con relaci�n a la excepci�n de inepta demanda por indebida acumulaci�n de pretensiones, la Sala observa que la demanda fue instaurada en ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad prevista en el art�culo 84 del CCA y, en efecto, est� dirigida a obtener la nulidad integral de los decretos n�ms. 1378 de 2009, expedido por el Presidente de la Rep�blica, y 1500 de la misma anualidad, expedido por el Ministro del Interior y de Justicia en su calidad de delegatario de funciones presidenciales junto con los Ministros de Educaci�n Nacional y Transporte.

A su vez, como pretensi�n subsidiaria, y en el evento de que no se acceda a declarar la nulidad integral del Decreto n�m. 1500 de 2009, la parte actora solicit� la nulidad de sus art�culos 1�, 3�, 4�, 5�, 6� (par�grafo), 8�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26.

La acumulaci�n de pretensiones supone, en los t�rminos de las disposiciones que regulan la materia, que los componentes del petitum en un mismo escrito de demanda tengan, por una parte, la virtud de ser compatibles entre s� cumpliendo los requisitos legales previstos para los efectos y, por otra, la vocaci�n de ser susceptibles de una decisi�n de fondo que las resuelva.

Al respecto, el art�culo 82 del CPC, norma aplicable para el momento en que fue presentada la demanda, por remisi�n expresa efectuada por el art�culo 14513 del CCA, establece lo siguiente:

�[�] Art�culo 82. Acumulaci�n de pretensiones. Eldemandante podr� acumular en una misma demandavarias pretensiones contra el demandado, aunque nosean conexas, siempre que concurran los siguientesrequisitos:

Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podr� acumularse pretensiones de menor cuant�a a otras de mayor cuant�a.

Que las pretensiones no se excluyan entre s�, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento [�]� (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Para poder determinar la viabilidad de acumular, en el marco del presente proceso, las pretensiones anulatorias del Decreto n�m. 1378 de 2009 y del Decreto n�m. 1500 de ese a�o, se proceder� a examinar, frente al agotamiento de los requisitos de la norma en cita, la naturaleza y contenido de los referidos actos administrativos.

El Decreto n�m. 1378 de 2009 corresponde a un acto administrativo particular y concreto, expedido por el entonces Presidente de la Rep�blica, con fundamento en el art�culo 196 de la Constituci�n Pol�tica.

A trav�s del referido decreto, en raz�n a que el Presidente de la Rep�blica deb�a atender asuntos fuera del pa�s, el citado funcionario deleg� en el Ministro del Interior y de Justicia de ese momento, las funciones legales y las correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

�[�] 1. Art�culos 129, 189, con excepci�n de lo previsto en los numerales 1 y 2, 303, 304 y 314.

Art�culo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la Rep�blica.

El art�culo 196 Superior, invocado como �nico fundamento constitucional del decreto, determina lo siguiente:

�[�] Art�culo 196. El Presidente de la Rep�blica, o quien haga sus veces, no podr� trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de �ste, a la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente de la Rep�blica, o quien haya ocupado la Presidencia a t�tulo de encargado, no podr� salir del pa�s dentro del a�o siguiente a la fecha en que ces� en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado.

Cuando el Presidente de la Rep�blica se traslade aterritorio extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministroa quien corresponda, seg�n el orden de precedencialegal,ejercer� bajo su propia responsabilidad lasfunciones constitucionales que el Presidente le delegue,tanto aquellas que le son propias como las que ejerce ensu calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatariopertenecer� al mismo partido o movimiento pol�tico delPresidente [�]� (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Este tipo de decretos con origen en lo preceptuado en el inciso �ltimo del art�culo 196 Constitucional, como se observa, lejos de representar una t�pica delegaci�n de funciones administrativas en desarrollo de una relaci�n de subordinaci�n entre empleados p�blicos, constituye, en s� mismo, un acto de designaci�n de investidura presidencial al denominado �ministro delegatario�, decisi�n precedida de singulares pautas como son: (i) la preexistencia de un traslado a territorio extranjero del Presidente de la Rep�blica en ejercicio de su cargo, por lo que al no tratarse de una falta temporal o absoluta no se dispone su reemplazo por el vicepresidente de la Rep�blica14; (ii) el cumplimiento del orden de precedencia ministerial adoptado por el art�culo 20615 Superior y regulado por el art�culo 7� de la Ley 790 de 27 de diciembre de 200216 -vigente para la �poca de los hechos-; (iii) la delegaci�n, no de la presidencia como tal, sino de precisas funciones constitucionales que le son propias al cargo; y (iv) la verificaci�n de la identidad del partido o movimiento pol�tico al que pertenezcan ambos.

Los candidatos para la segunda votaci�n, si la hubiere, deber�n ser en cada f�rmula quienes la integraron en la primera.

El Vicepresidente tendr� el mismo per�odo del Presidente y lo reemplazar� en sus faltastemporales o absolutas, aun en el caso de que �stas se presenten antes de su posesi�n.

En las faltas temporales del Presidente de la Rep�blica bastar� con que el Vicepresidente tome posesi�n del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la Rep�blica, el Vicepresidente asumir� el cargo hasta el final del per�odo.

El Presidente de la Rep�blica podr� confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podr� asumir funciones de Ministro Delegatario [�]� (Negrillas y subrayas fuera de texto), ocasiones, que la designaci�n sui generis vertida en tales actos denota su naturaleza electoral y, por lo tanto, deviene en enjuiciable bajo el procedimiento contencioso administrativo establecido en los art�culos 223 a 251A del CCA, ante la Secci�n Quinta de esta Corporaci�n, de conformidad con lo convenido para la �distribuci�n de los negocios entre las Secciones� por el art�culo 13 del Acuerdo n�m. 58 de 15 de septiembre de 199917, modificado por el art�culo 1� del Acuerdo n�m. 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado, as�:

�[�] Art�culo 1. Distribuci�n de negocios entre las secciones. El art�culo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidi� el reglamento del Consejo de Estado, quedar� as�:

Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuir�n entre sus secciones atendiendo un criterio de especializaci�n y de volumen de trabajo, as�:

1-. Los procesos de simple nulidad contra actos decontenido electoral [�]� (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Al respecto, la Sala destaca que en relaci�n con la naturaleza y control jurisdiccional de los actos de delegaci�n de funciones presidenciales, expedidos con fundamento en el art�culo 196 de la Constituci�n Pol�tica, en sentencia de 11 de julio de 201118, la Secci�n Quinta de esta corporaci�n advirti� lo siguiente:

�[�] Conforme lo dispone el art�culo 128 del C�digo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para conocer privativamente y en �nica instancia el presente proceso y por disposici�n del Acuerdo 55 de 2003 por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado, la Secci�n Quinta conoce de los siguientes asuntos: a) De los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral; b) De los de nulidad y restablecimiento del derecho distintos de los de car�cter laboral, contra actos de contenido electoral y c) De los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.

Los Decretos Presidenciales demandados se asumen bajo la condici�n jur�dica de ostentar la naturaleza de actos de designaci�n del Ministro como Delegatario de funciones presidenciales, y por lo tanto, pasibles de demandarse en acci�n de nulidad electoral o contencioso electoral, proceso especial asignado a la Secci�n Quinta.

Este entendido, debido a que a partir de que se expiden dichos pronunciamientos de investidura presidencial, el Ministro Delegatario act�a en el territorio de la Rep�blica, transitoriamente, mientras la permanencia del titular en el exterior, como Presidente de la Rep�blica con atribuciones de Jefe de Gobierno y primera autoridad administrativa.

As�, se trata de impartir control judicial a un acto sui generis de �ndole pol�tico, que por expresa disposici�n de la Carta Pol�tica le corresponde emitir al Presidente de la Rep�blica, cuando se traslada a territorio extranjero como Jefe de Estado.

El supremo juez contencioso administrativo cuando act�a como juez del acto de designaci�n del Ministro Delegatario, examina la legitimidad del acceso a la funci�n p�blica presidencial en la modalidad o situaci�n constitucional de Ministro Delegatario, conoce y decide sobre una materia que est� vinculada con la preservaci�n de la democracia.

Entonces, dada la connotaci�n pol�tica especial que revisten los Decretos de designaci�n como Ministro Delegatario, no se asimilan a la que ostentan los actos administrativos que de ordinario se profieren en ejercicio de la funci�n administrativa general para delegar funciones propias del empleado p�blico.

Por esta raz�n y dada su naturaleza sui generis no es de recibo adscribirlos en este r�gimen general.

La Sala reitera que, en esencia se trata de un acto de designaci�n de verdadera investidura presidencial pro tempore, que va mucho m�s all� de la convencional figura de la delegaci�n administrativa. Tan cierto es, que el designado Ministro Delegatario puede decretar, entre otras medidas, v. gr., el estado de conmoci�n interior y el de emergencia econ�mica (art�culo 1� numeral 5 de los decretos presidenciales demandados), con toda la atribuci�n y competencia como Jefe de Gobierno de la Rep�blica [�]�(Destacado fuera de texto).

En el mismo sentido esta Secci�n decidi� inadmitir, y luego trasladar por competencia a la Secci�n Quinta, una demanda que inicialmente hab�a sido promovida contra los dos actos que se acusan en el caso bajo examen, esto es, los decretos n�ms. 1378 y 1500 de 2009, para lo cual se�al� lo siguiente:

�[�] As� las cosas, de conformidad con la citada disposici�n es evidente que los actos aqu� censurados no cumplen con los requerimientos expuestos a fin de ser tramitados en un mismo proceso, como quiera que si bien la acci�n ejercida es la p�blica de nulidad, es decir hay coincidencia del proceso por el que se tramita la demanda de la referencia, no se predica lo mismo respecto de las partes, pues precisamente las autoridades demandadas son dos: el Decreto No. 1378 de 2009 fue proferido por el Presidente de la Rep�blica, en tanto que el Decreto No. 1500 de ese mismo a�o fue expedido por el Ministro del Interior y de Justicia.

Ocurre lo propio con las pretensiones all� expuestas, yaque si bien se dirigen a atacar la validez de los actosadministrativos expedidos por las mentadas entidades,tales no versan sobre el mismo objeto, es decir sobre la misma decisi�n de la Administraci�n, toda vez que sediscuten decisiones diferentes que en cada caso implicala regulaci�n de situaciones jur�dicas distintas.

Una vez arrib� el proceso a la Secci�n Quinta para decidir sobre su admisi�n, se dispuso su rechazo de plano por las siguientes consideraciones:

�[�] El Sr. Jaime Orlando Salazar Chaves, en ejercicio de la acci�n de simple nulidad, demand� la nulidad del decreto1378 de 22 de abril de 2009, por el cual el Presidente Uribe V�lez design� como Ministro Delegatario a Fabio Valencia Cossio. Pese a lo anterior, para el Despacho es claro quepor dirigirse la demanda contra un acto administrativomediante el cual se efect�a una designaci�n, la acci�n aplicable al caso concreto, es la electoral21, y no la de simple nulidad.

Ahora bien, habiendo remitido la Secci�n Primera elasunto a la Quinta, por su falta de competencia, eingresado el expediente el d�a de ayer al DespachoPonente, en consideraci�n a la fecha de expedici�n delactoadministrativo demandado, es 22 de abril de 2009,se hace evidente que frente al asunto ha operado elfen�meno de la caducidad de la acci�n electoral. Sobre el punto dispone el numeral 12 del art�culo 136 del C.C.A., normativa aplicable al caso concreto en consideraci�n a la fecha de expedici�n del acto y de la presentaci�n de la demanda: �La acci�n electoral caducar� en veinte (20) d�as, contados a partir del siguiente a aqu�l en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elecci�n o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmaci�n, el t�rmino de caducidad de la acci�n se contar� a partir del d�a siguiente a la fecha en la cual se confirme la designaci�n o nombramiento�. T�rmino que se encuentra ampliamente vencido [�]�22 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sala observa entonces que el Decreto n�m. 1378 de 2009, es un acto administrativo de origen presidencial de contenido electoral por cuanto, a trav�s de este se constituy� la designaci�n del ministro delegatario de aquellas funciones que asumir�a en sustituci�n del Presidente de la Rep�blica, es decir, comprende el nombramiento ordenado por el inciso final del art�culo 196 Constitucional.

En este sentido, el escenario previsto por la codificaci�n de lo contencioso administrativo para debatir su legalidad, como antes se resalt�, es el procedimiento especial de la acci�n de nulidad electoral.

Por su parte, el Decreto n�m. 1500 de 2009 fue expedido por el Ministro del Interior y de Justicia, en su calidad de delegatario de funciones presidenciales conforme con el Decreto n�m. 1378 de dicha anualidad, junto con los Ministros de Educaci�n Nacional y Transporte, con el objeto de establecer los requisitos para la constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el Decreto n�m. 1500 de 2009 es un acto administrativo del Gobierno Nacional, de naturaleza ordinaria de car�cter general y abstracto, de cuyo contenido se desprende la regulaci�n de establecimientos docentes en materia automovil�stica en el territorio nacional, siendo susceptible de discutirse a trav�s de la presente acci�n p�blica de nulidad prevista en el art�culo 84 del CCA.

A partir de las anteriores precisiones, la Sala observa que, en efecto, en el asunto bajo an�lisis, no concurren los requisitos exigidos para lograr la debida acumulaci�n de las pretensiones, por cuanto si bien �stas no se excluyen entre s�, es evidente que no pueden tramitarse por el mismo procedimiento y esta Sala no es competente para conocer de todas.

En ese orden de ideas, es claro que la pretensi�n de nulidad del Decreto n�m. 1378 de 2009 no es acumulable con la pretensi�n de nulidad del Decreto n�m. 1500 de dicha anualidad, este �ltimo que s� es susceptible de tramitarse bajo el presente procedimiento ordinario de conocimiento de esta Secci�n.

Lo anterior impone aplicar el criterio adoptado de manera reiterada por esta Corporaci�n, de acuerdo con el cual, cuando al momento de fallar el juez advierte que se acumularon, irregularmente, pretensiones cuyo juzgamiento no le compete o son incompatibles con el procedimiento que est� tramitando, deber� inhibirse para decidirlas de fondo pero, a su vez, deber� resolver las que permanecen bien acumuladas23.

De conformidad con lo expuesto y habida cuenta que la Sala encontr� probada la excepci�n de inepta demanda por indebida acumulaci�n de pretensiones, propuesta por los Ministerios de Trabajo, del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, en lo relacionado con la nulidad del Decreto n�m. 1378 de 2009, la declarar� en la parte resolutiva de esta providencia y se inhibir� para despacharla de fondo.

III.2.2.- En consonancia con la decisi�n inhibitoria adoptada en los t�rminos expuestos, la Sala advierte que se abstendr� de pronunciarse en torno a las excepciones de indebida escogencia de la acci�n p�blica de nulidad, falta de competencia y caducidad de la acci�n, por cuanto �stas, al igual que la de indebida acumulaci�n de pretensiones, tambi�n procuran obtener la declaratoria de ineptitud de la demanda en lo relacionado, exclusivamente, con el referido Decreto n�m. 1378 de 2009, acto administrativo que quedar� excluido del an�lisis y decisi�n de fondo que ata�e a la presente providencia.

Ahora bien, en relaci�n con la falta de argumentaci�n de la demanda que aleg� el Ministerio del Interior, la Sala destaca que conforme con el numeral 4 del art�culo 137 del CCA, cuando se trata de la impugnaci�n de un acto administrativo en el escrito introductorio deben indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violaci�n.

En el presente caso la Sala advierte que, contrario a lo reprochado por la cartera referida, la demanda propuesta en la acci�n de la referencia cumple con la carga argumentativa requerida para dar por cumplido el requisito previsto en el numeral 4 del art�culo 137 del CCA, dado que la parte actora expuso con claridad las normas que a su juicio encontraba transgredidas y las razones de tales afirmaciones, por lo que no hay lugar a declarar probada excepci�n previa alguna frente a este aspecto.

La Sala encuentra que en el escrito de alegatos de conclusi�n, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica propuso la excepci�n de �[�] ineptitud de la demanda por indebida representaci�n de la Naci�n [�]�.

La autoridad referida aleg� que no est� llamada a representar los intereses de la naci�n �[�] porque los decretos demandados carecen de la firma del Director de este Departamento Administrativo [�].

Al respecto, la Sala se�ala que la oportunidad procesal para proponer excepciones en el presente asunto era en la contestaci�n de la demanda, conforme con el numeral 3 del art�culo 144 del CCA, por lo que tal proposici�n en la etapa de alegatos de conclusi�n resulta extempor�nea.

Por lo dem�s, la Sala destaca que en el presente asunto la Presidencia de la Rep�blica, organizada como departamento administrativo, fue notificada de la demanda, por una parte, en raz�n a que esta est� dirigida en su contra y, por otra, porque los actos administrativos fueron expedidos, por el Presidente de la Rep�blica y por el Ministro del Interior y de Justicia, como delegatario de funciones presidenciales.

Ahora bien, conforme con el Decreto n�m. 2519 de 10 de diciembre de 198824, expedido por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, fue delegada en el secretario de la entidad la facultad de notificarse, representar y conferir poderes en nombre del Presidente de la Rep�blica en los procesos que le sean notificados.

En relaci�n con este aspecto, en providencia de 23 de abril de 2021, esta Secci�n25 se�al�:

�[�] Para resolver, el Despacho pone de presente que ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes oportunidades sobre id�nticos argumentos a los que ahora trae a colaci�n la apoderada de la Presidencia de la Rep�blica, para lo cual se puede citar el proceso radicado 2012 � 00369, promovido por el doctor RAMIRO BEJARANO GUZM�N, pronunciamiento que se realiz� por la Sala de Decisi�n de la Secci�n Primera en la audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2018.

La capacidad y la representaci�n de los sujetos procesales en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo se encuentra regulada en el art�culo 159 de la Ley 1437 de 2011 y que de la lectura de dicha disposici�n se advierte que �[�] cuando se demande la nulidad de un acto administrativo, la capacidad para ser sujetos procesales se encuentra radicada en las entidades p�blicas, [�], deban ser vinculados como parte demandada o pasiva [�]�.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 245 de 19 de febrero de 2019, el Presidente de la Rep�blica deleg� en el Secretario Jur�dico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica la facultad �notificarse, representar y conferir poderes en nombre del Presidente de la Rep�blica, y los procesos judiciales que le sean notificados, en los que se constituya en parte y en general en todas las actuaciones que se surtan ante la Rama Judicial�.

De acuerdo con los Decretos 3443 de 2010 y 1649 de 2014, corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, a trav�s de su Secretaria Jur�dica

�[�] Revisar, estudiar, formular observaciones y emitir conceptos sobre los proyectos de decreto, resoluciones ejecutivas y directivas presidenciales sometidas a consideraci�n del Presidente de la Rep�blica [�]�.

El art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica dispone que ning�n acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoci�n de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendr� valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

Con fundamento en lo anterior, no hay duda que resulta indispensable la presencia del Presidente de la Rep�blica en la defensa del acto administrativo suscrito precisamente por �l.

En ese contexto, el Despacho no accede a la solicitud presentada y, por ende, declara como no probada la excepci�n formulada por la apoderada del Presidente de la Rep�blica [�]�.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en efecto, era procedente la vinculaci�n de la Presidencia de la Rep�blica en la defensa de los actos administrativos acusados.

III.3.- COSA JUZGADA FRENTE A LOS CARGOS DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA, ART�CULOS 1� Y 8� PARCIAL DEL DECRETO N�M. 1500 DE 2009

En su escrito de contestaci�n, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP�BLICABse�al� que cursa una acci�n de nulidad simple, ante esta Secci�n, contra el Decreto n�m. 1500 de 2009, identificada con el n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, por lo que solicit� analizar la pertinencia de una posible acumulaci�n procesal.

Al respecto, se advierte que en el momento en que correspondi� el turno para decidir el presente asunto, el proceso identificado con el n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00 ya fue decidido, mediante sentencia de 21 de enero de 2021.

No obstante, lo anterior implica que previo a abordar el estudio del fondo del asunto se verifique si frente a los cargos de nulidad propuestos por la parte actora en el presente asunto se encuentra configurada la excepci�n de cosa juzgada.

Al respecto, el CCA, en concordancia con el C�digo General del Proceso, en adelante CGP, prev�, en cuanto a la cosa juzgada, que:

�[�] ART�CULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendr� fuerza de cosa juzgada "erga omnes".

La que niegue la nulidad pedida producir� cosa juzgada"erga omnes" pero s�lo en relaci�n con la "causa petendi"juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparaci�n directa y cumplimiento, producir� cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechar� a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaraci�n a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedar�n sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios [�]� (Negrillas y subrayas fuera de texto).

�[�] ART�CULO 303. COSA JUZGADA26. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tienefuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo procesoverse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causaque el anterior y entre ambos procesos haya identidadjur�dica de partes.

Se entiende que hay identidad jur�dica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los dem�s casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiaci�n, la cosa juzgada surtir� efectos en relaci�n con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisi�n [�]� (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta Corporaci�n ha explicado, acerca de la declaratoria de la cosa juzgada en el marco de una acci�n de nulidad simple, lo siguiente:

�[�] As� las cosas, corresponde definir sobre la manera c�mo opera la cosa juzgada en virtud de los fallos de simple nulidad, con miras a determinar si la misma se configura en el caso concreto.

Sobre el concepto de Cosa Juzgada la Secci�n Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 17 de junio de 2017, indic� lo siguiente:

�[�] El fen�meno de la cosa juzgada se encontrabaregulado en los art�culos 332 del C�digo de Procedimiento Civil y el art�culo 175 del C�digo ContenciosoAdministrativo, cuyo contenido es el siguiente: (�)

En relaci�n con el fen�meno de la cosa juzgada, esta Corporaci�n ha indicado que:

�[�] Pues bien, en cuanto al fen�meno de la cosajuzgada, cabe advertir que se le ha asimilado alprincipio del <<non bis in �dem>> y tiene por objetoque los hechos y conductas que han sido resueltos atrav�s de cualquiera de los medios aceptados por laley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene car�cter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jur�dica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado [�]�.

�[�] Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional que es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.

El fin primordial de este principio radica en impedirque la decisi�n en firme sea objeto de nueva revisi�no debate, o de instancias adicionales a las yacumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidadomediante el fallo que reviste ese car�cter, con totalindependenciade su sentido y alcances, dotando deestabilidad y certeza las relaciones jur�dicas ydejando espacio libre para que nuevos asuntospasen a ser ventilados en los estrados judiciales.

La cosa juzgada responde a la necesidad social y pol�tica de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisi�n as� alcanzada.

El fen�meno de la cosa juzgada opera cuandomediante decisi�n de fondo, debidamenteejecutoriada, la jurisdicci�n ha tenido la oportunidadde pronunciarse sobre la causa petendi juzgada enproceso posterior.

Como tal, dicha figura jur�dica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definici�n o juzgamiento a trav�s de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jur�dica [�]�

Tanto el art�culo 332 del C�digo de Procedimiento Civil como el art�culo 175 del C�digo Contencioso Administrativo fueron derogados por el C�digo General del Proceso (Art�culo 303) y por el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Art�culo 189).

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci�n Primera, Secci�n B, en la sentencia del 19 de abril de 2012, Magistrado Ponente: Fredy Ibarra Mart�nez, analiz� la existencia del fen�meno de la cosa juzgada bajo los lineamientos de los art�culos 332 del C�digo de Procedimiento Civil y 175 del C�digo Contencioso Administrativo, normas aplicables a la controversia, por lo que le corresponde a la Sala verificar si, a la luz de dichas disposiciones legales, se configur� o no tal fen�meno.

La doctrina ha indicado que para que opere este fen�meno se requiere de la presencia de los siguientes elementos:

1.- Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada. Si en el primer proceso la sentencia no est� ejecutoriada, no opera la excepci�n de cosa juzgada sino la de pleito pendiente, que es previa y cuyos requisitos son fundamentalmente los mismos de la excepci�n de cosa juzgada; s�lo se diferencian en que el pleito pendiente supone la no terminaci�n del primer proceso, en tanto que la cosa juzgada, al basarse en el fallo ejecutoriado, parte de la finalizaci�n de aquel, tal como ya se explic� al estudiar la excepci�n previa.

2.- Que ese nuevo proceso sea entre una mismas partes, o, como lo anota el art. 332, que �haya identidad jur�dica de partes (�)

3.- Que el nuevo proceso verse sobre un mismoobjeto (art. 332). Tal como lo dice con particular acierto la Corte, �el objeto de la demanda consiste en las prestaciones o declaraciones que se reclamana la justicia�, que son precisamente los puntos sobre los cuales versa la parte resolutiva de la sentencia; Devis se�ala que el �objeto del proceso lo constituye el derecho reconocido, declarado o modificado por lasentencia, en relaci�n con una cosa o varias cosasdeterminadas, o la relaci�n jur�dica declarada seg�n el caso�.

Ampliamente tratado por la doctrina debido a su importancia, el concepto de objeto del proceso resulta esencial entre otros muchos aspectos para precisar la existencia de la cosa juzgada; numerosas son las teor�as que pretenden explicar cu�l es la noci�n, y v�vido ejemplo de ellos son las posiciones de la Corte Suprema de Justicia y de uno de los redactores del C�digo, pues mientras la entidad que se encuentra en las pretensiones, el segundo lo ubica en la sentencia.

En realidad las dos posiciones son acertadas porqueel objeto del proceso no s�lo se encuentra en laspretensiones,lo cual equivale a aceptar queigualmente debe buscarse en los hechos en queaquellas se apoyan, sino tambi�n en lo decidido enla sentencia y es por eso que en orden a precisar siexiste el mismo objeto en el nuevo proceso debenestudiarse los hechos, pretensiones y sentencia delanterior para confrontarlo con los hechos ypretensiones del segundo a fin de precisar si existeidentidad y, caso de darse los otros requisitos,declarar la existencia de la cosa juzgada.

4. Que el nuevo proceso se adelante por la mismacausa que origin� el anterior. La causa es la raz�npor la cual se demanda; los motivos que se tienenpara pedir al Estado determinada sentencia. Esosmotivos, por disposici�n del art. 76, deben aparecerexpresados en toda demanda y surgen de los hechosde ella por cuanto de su an�lisis es como se puedesaber si en verdad existe identidad de causa [�]�.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la cosaJuzgadase estructura a partir de dos premisas, una objetivarelacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otrasubjetiva relativa a los sujetos que intervienen en unproceso. As� lo ha precisado la Sala Plena del Consejo de Estado, entre otras, en sentencia de veintis�is (26) de julio de dos mil cinco (2005), se�al�:

�[�] La instituci�n de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporaci�n, est� sujeta a dos l�mites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que vers� el debate y la causa petendi de la prestaci�n, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas que fueron parte en el proceso. As� mismo, la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisi�n de una sentencia y s�lo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan t�citamente decididos. Los principios tutelares de esta instituci�n jur�dica son los establecidos en el art�culo 332 del C�digo de Procedimiento Civil, los cuales son aplicables al proceso contencioso administrativo, por remisi�n expresa del art�culo 267 del C�digo Contencioso Administrativo. Seg�n el art�culo 332 ib�dem, cabe plantear la cosa juzgada con �xito solo si concurren los tres elementos se�alados en ella, esto es, que en ambos procesos exista identidad de partes, de objeto y de causa. La jurisprudencia y la doctrina han se�alado que la identidad de partes no es f�sica sino jur�dica, lo cual explica la previsi�n del inciso segundo del precitado art�culo, al entender que hay identidad de partes cuando los del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de los que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto intervivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda. As� mismo la jurisprudencia ha dicho queeste tercer requisito, denominado l�mite subjetivo de lainstituci�n de la cosa juzgada, no tiene aplicaci�n algunaen los procesos contencioso administrativos de nulidad,pues las sentencias que sobre ellos recaiga tienen unvalor erga omnes, como lo establece el art�culo 175 delC�digo Contencioso Administrativo, lo cual implica queson oponibles a cualquier demandante que pretende, porlos mismos motivos, iniciar nuevamente el debatejudicial. Adem�s en estos procesos la parte actora nopromueve la acci�n en inter�s particular, sino en inter�sdel orden jur�dico [�]�27.

En cuanto al l�mite subjetivo, los efectos de la cosa juzgadason por regla general inter partes, con excepci�n de lasdecisionesque producen efectos erga omnes, caso en el cuallos mismos son oponibles de manera general.

En el caso de las sentencias que sean emitidas en procesos que se adelanten ante la jurisdicci�n de lo contencioso administrativos, los efectos de las mismas se encuentran delimitados en el art�culo 189 del CPACA, que sobre el particular determina:

�Art�culo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendr� fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producir� cosa juzgada erga omnes pero solo en relaci�n con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producir�n efectos erga omnes solo en relaci�n con las normas jur�dicas superiores frente a las cuales se haga el examen [�]� (Negrillas fuera del texto)

De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulaci�n. Sinembargo, cuando se trate de sentencias en las que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solorecaen sobre la causa petendi, raz�n por la cual es posibleque respecto de los actos que son objeto de la decisi�n sepuedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tenerpor fundamento una causa distinta a la resuelta en lasentenciaque neg� la pretensi�n nugatoria [�]�28 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En ese contexto, se tiene que la identidad de objeto implica que la demanda debe versar sobre la misma pretensi�n frente a la cual se predica la cosa juzgada. Por su parte, el requisito de la identidad de causa petendi se refiere a que la demanda y la decisi�n que hizo tr�nsito a cosa juzgada deben tener un origen com�n, es decir, que se sustenten en los mismos supuestos f�cticos o jur�dicos29.

Por lo mismo, el motivo de la demanda debe ser igual al inicialmente propuesto, lo que implica un an�lisis integral tanto de fundamentos f�cticos como jur�dicos en que aquellas se apoyan, como de lo decidido en la sentencia, en orden a precisar si existe el mismo objeto en el nuevo proceso y, en tal evento, declarar la existencia de la cosa juzgada.

En cuanto a la semejanza jur�dica de las partes, la Sala reitera que es un requisito que no tiene incidencia alguna en los procesos de nulidad, por cuanto las sentencias all� proferidas producen efectos erga omnes, lo cual implica que son oponibles a cualquier demandante que pretenda, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Adicionalmente, en estos procesos la acci�n es promovida no en procura de un inter�s particular, sino en defensa del orden jur�dico y la legalidad objetiva.

En ese orden de ideas, la Sala pasa a examinar si el objeto y la causa de la demanda incoada en el asunto de la referencia coinciden con aquellos del proceso identificado con el n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, que culmin� con sentencia calendada el 21 de enero de 2021.

En el presente asunto de manera principal, como objeto del proceso, la parte actora pretende la nulidad general del Decreto n�m. 1500 de 29 de abril de 2009 y, en forma subsidiaria, la de los art�culos 1�, 3�, 4�, 5�, 6� (par�grafo), 8�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del mismo acto administrativo.

La causa petendi, en lo que concierne a los fundamentos jur�dicos que sustentan la pretensi�n principal deviene de la nulidad que la actora pregonaba del Decreto 1378 de 2009.

En relaci�n con las pretensiones subsidiarias, a partir del cargo que la parte actora denomin� �Extralimitaci�n de la facultad reglamentaria�, se tiene que la causa petendi subyace de tres inconformidades:

Art�culos 1�, 6� (par�grafo), 8�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto n�m. 1500 de 2009

Presunta falta de competencia del gobierno para regular requisitos de �habilitaci�n� de los centros de ense�anza automovil�stica.

Transgresi�n al art�culo 84 superior por la imposibilidad de las autoridades accionadas para regular las licencias de funcionamiento de los referidos establecimientos, por la existencia de normatividad previa sobre el mismo asunto contenida en los art�culos 41, 46 y 47 del Decreto 2150 de 1995.

Falta de competencia del Ministerio de Transporte para revisar el requisito de infraestructura de los centros de ense�anza automovil�stica, por ser una funci�n atribuida a las secretar�as de educaci�n distritales y municipales.

Ahora bien, el proceso identificado con el n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00 tuvo origen, en una demanda presentada contra los art�culos 1�, 3�, 7� (inciso 2) y 8� del Decreto n�m. 1500 de 29 de abril de 2009 y la Resoluci�n 3245 de 21 de julio de 2009, �[�]Por la cual se reglamenta el Decreto 1500 de 2009 y se establecen requisitos para la habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica [�]�.

En dicha oportunidad fue excluida del an�lisis la resoluci�n aludida, en raz�n a que los cargos de nulidad solo se suscribieron respecto al Decreto 1500 de 2009, por lo que el problema jur�dico fue planteado en los siguientes t�rminos:

�[�] Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda y las respectivas contestaciones de demanda, si los art�culos 1.�, 3.� 7.� (Inciso 2.�) y 8.� del Decreto n�m. 1500 de 29 de abril de 2009, �[�] Por el cual se establecen los requisitos para la constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los Centros de Ense�anza Automovil�stica, se determina su clasificaci�n y se dictan otras disposiciones [�]�,est�n viciados de nulidad por haber sido expedidos sin competencia y por la infracci�n de normas de rango constitucional y legal invocadas [�]�

50.7. La parte demandante adujo que el apartado acusado viola el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica "[...] al exigirle a los centros de ense�anza que uno de los requisitos es tener la licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de educaci�n, para que sean habilitados ante el Ministerio de Transporte. Ya que estos establecimientos educativos no podr�n funcionar y desarrollar su objeto social con esa licencia del Ministerio de Educaci�n, se observa que el Ministerio de Transporte se atribuye nuevamente funciones de vigilancia y control sobre los centros educativos ya que la habilitaci�n es otro acto administrativo [...]".

Demandante no prob� que el apartado acusado sea violatorio del art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica; por cuanto, no se observa que dicho apartado est� reglamentando asuntos que hayan sido reglamentados de manera general; as� como tampoco, que el apartado acusado le otorgue al Ministerio de Transporte funciones de vigilancia y control sobre los centros de ense�anza automovil�stica, al solicitarles que para la habilitaci�n, por parte del Ministerio de Transporte, se requiera que el centro de ense�anza cuente con la licencia de funcionamiento, previamente, expedida por el Ministerio de Educaci�n Nacional [�]�.

Conclusi�n del an�lisis de los cargos y decisi�n, en la sentencia de 21 de enero de 2021:

�[�] Del mismo modo, las leyes que confieren facultades de inspecci�n y vigilancia se fundamentaron en competencias constitucionales y legales, y bajo el principio de coordinaci�n a trav�s de la Ley 115 y del C�digo Nacional de Tr�nsito que faculta tanto al Ministerio de Educaci�n como al Ministerio de Transporte para que regulen los requisitos que deben cumplir los Centros de Ense�anza Automovil�stica.

51. De esta manera, el Decreto n�m. 1500 de 2009, responde a los criterios contenidos en la Constituci�n Pol�tica y en las leyes 115 y 769, por lo cual las autoridades administrativas que suscribieron dicho acto, contaban con la competencia legal y constitucional para establecer los requisitos de la Constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica.

52. En suma, la Sala negar� las pretensiones de la demanda, por cuanto los cargos de nulidad expuestos por la parte demandante no tienen m�rito de prosperidad, de conformidad con las razones expuestas supra [�]� (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, la Sala advierte que en el proceso identificado con n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, entre otros aspectos, la parte actora cuestion� la competencia del Ministerio de Transporte para verificar los requisitos de habilitaci�n a los centros de ense�anza automovil�stica y en general la competencia de la parte demandada para la expedici�n de los apartes demandados, esto es, los art�culos 1�, 3�, 7� (inciso 2) y 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009.

De igual forma, la Sala encuentra que en la sentencia de 21 de enero de 2021 esta Secci�n determin� que en relaci�n con el Decreto n�m. 1500 de 2009, �[�] las autoridades administrativas que suscribieron dicho acto, contaban con la competencia legal y constitucional para establecer los requisitos de la Constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica [�]� (destacado fuera de texto), adem�s que la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional � [�] autoriza a la parte demandada para adoptar medidas como las se�aladas en los actos acusados [�]�.

Precisado lo anterior, la Sala observa que hay lugar a declarar probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada en lo que concierne a las pretensiones subsidiarias de la demanda que giran en torno a la nulidad del art�culo 1� y en forma parcial del art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, en lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno para la regulaci�n de requisitos de habilitaci�n.

Lo anterior porque dichas normas fueron demandadas, entre otras, por la misma raz�n en el proceso 110010324000 2009 00573 00, en cuya sentencia se concluy� que �[�]las autoridades administrativas que suscribieron dicho acto, contaban con la competencia legal y constitucional para establecer los requisitos de la Constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica [�]�. (Destacado fuera de texto).

Cabe precisar que con relaci�n al art�culo 8� aludido, la declaratoria de excepci�n de oficio de cosa juzgada es parcial, en raz�n a que frente a esta disposici�n la parte actora en el presente asunto tambi�n aleg� que el Ministerio de Transporte carec�a de competencia para verificar la infraestructura de los centros de ense�anza automovil�stica, porque dicha funci�n ya estaba atribuida a las secretar�as de educaci�n distritales y municipales, aspecto sobre el cual no vers� en concreto ni la demanda ni la sentencia vinculadas al proceso 110010324000 2009 00573 00, por lo que habr� que pronunciarse en esta oportunidad sobre dicho aspecto.

La Sala destaca que si bien los art�culos 6�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto n�m. 1500 de 2009, en el presente asunto son cuestionados por la parte actora, de igual forma, por la presunta falta de competencia del Gobierno para reglamentar los requisitos de habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica, lo cierto es que dichas disposiciones en concreto no fueron demandadas en el proceso precedente, por lo que hay lugar a su an�lisis en esta oportunidad.

En relaci�n con el art�culo 3� del Decreto n�m. 1500 de 2009, la Sala advierte que pese a que dicha disposici�n fue cuestionada tanto en el proceso preexistente como en el presente, en el primero el cargo de nulidad analizado vers� sobre la presunta falta de competencia de las autoridades de educaci�n para la expedici�n de licencias de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica, mientras que en el actual la parte actora discute la competencia del Gobierno para regular dichos actos de autorizaci�n, por lo que hay lugar a resolver sobre el particular.

Ahora bien, en lo que concierne con la pretensi�n principal de nulidad general del Decreto n�m. 1500 de 2009, derivada de la presunta irregularidad en la delegaci�n de las funciones presidenciales con fundamento en el que fue expedido, la Sala encuentra que es evidente que no hay relaci�n alguna con el objeto del proceso 110010324000 2009 00573 00, por lo que habr� de resolverse el reproche referido.

En s�ntesis, la Sala declarar� probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada en lo que concierne a la nulidad que la parte actora pregona del art�culo 1� y en forma parcial del art�culo 8�, en lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno para la regulaci�n de requisitos de habilitaci�n.

�Es nulo el Decreto n�m. 1500 de 2009, como consecuencia de los vicios que la parte actora atribuy� al Decreto n�m. 1378 de ese a�o, por presunta irregularidad en la delegaci�n de funciones presidenciales que en �ste fueron conferidas

�Los art�culos 6�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto n�m. 1500 de 2009 son nulos, por cuanto, a juicio de la parte actora, el Gobierno Nacional no ten�a competencia para regular sobre la habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica

�Los art�culos 3�, 4� y 5� del Decreto n�m. 1500 de 2009 desconocen el art�culo 84 Superior por regular lo concerniente a las licencias de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica Esto por cuanto, en criterio de la actora, dicho asunto ya fue regulado en los art�culos 41, 46 y 47 del Decreto 2150 de 1995.

�El art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009 es nulo en lo que respecta a la verificaci�n de la planta f�sica de los centros de ense�anza automovil�stica por parte del Ministerio de Transporte, por cuanto, en criterio de la parte actora, dicha funci�n est� atribuida a las secretar�as de educaci�n

Para resolver los problemas jur�dicos, la Sala har� menci�n a las generalidades de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y sus funciones para definir la pol�tica integral del transporte y regular requisitos de los centros de ense�anza automovil�stica.

Una de las diversas aproximaciones que subyacen en torno a la figura de la potestad reglamentaria indica que esta se contrae a �[...] la producci�n de un acto administrativo que hace real el enunciado abstracto de la ley... [Para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real31�.

Frente al alcance de la potestad reglamentaria, en sentencia de 6 de junio de 201332, esta Sala se�al�, lo siguiente:

�[�] Constitucionalmente la potestad reglamentaria perteneceal Presidente de la Rep�blica (Art�culo 189 (11) Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedici�n de decretos, resoluciones y �rdenes; actos que, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 115 Superior, revisten una forma especial, en la medida en que deben contar con la firma del Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen responsables.

�El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto dictarlas normas complementarias necesarias para la cumplidaejecuci�n de una regulaci�n. Por ello, el acto reglamentario es un acto complementario de la regulaci�n y no una creaci�n originaria como �sta [�]�. (Destacado fuera de texto).

Tambi�n ilustra con suficiencia lo concerniente a la potestad reglamentaria la sentencia de 8 de febrero de 200033, de la Sala Plena del Consejo de Estado, la cual, en uno de sus apartes, en lo pertinente, precis�:

�[�] Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su cumplimiento, nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicaci�n habr� lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros t�rminos, tanta ser� la materia reglamentable cuanto determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley

El poder reglamentario lo otorga directamente la Constituci�n al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa, con la finalidad de que expida normas de car�cter general para la correcta ejecuci�n de la ley. Por ser una atribuci�n propia que le confiere la Carta Pol�tica, no requiere de una norma legal que expresamente la conceda y se caracteriza adem�s por ser atribuci�n inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por la Constituci�n y la ley, ya que al ejercerla el Presidente de la Rep�blica no puede alterar o modificar la ley que reglamenta [...]�. (Negrillas fuera de texto.)

Como puede observarse, los apartes jurisprudenciales rese�ados dan cuenta de que la potestad reglamentaria, es una atribuci�n que no requiere de habilitaci�n espec�fica de la Ley, pues basta con la existencia de una norma legal que deba ser ejecutada para que el Gobierno pueda ponerla en pr�ctica.

Se trata, adem�s, de una competencia permanente por cuanto mientras la ley subsista el Ejecutivo dispone de esa facultad y por eso puede modificar reglamentos anteriores y adaptarlos a la modalidad cambiante de los hechos.

De ah� que se afirme que la facultad de reglamentar la Ley cuenta entre sus particularidades la de ser inalienable, intransferible e inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, debido a que el Ejecutivo nunca puede renunciar a ella, en la medida en que constituye un instrumento indispensable para que la Administraci�n cumpla con su funci�n de proveer lo concerniente a la debida ejecuci�n del ordenamiento jur�dico positivo imperante.

Es as� como, en ejercicio de dicha atribuci�n, el Gobierno selecciona los medios necesarios para la ejecuci�n de la ley, desarrolla principios expresos o t�citos contenidos en ella, y detalla requisitos, condiciones o exigencias que la misma establece, al igual que colma aparentes vac�os que impiden o dificultan su efectiva aplicaci�n, todo ello, siempre y cuando el reglamento se mantenga dentro del marco general de lo legal.

Por lo dem�s, la facultad o potestad reglamentaria se otorga al Gobierno Nacional para la cumplida ejecuci�n de las leyes34, teniendo en cuenta que el decreto que se expida, en ejercicio de tal atribuci�n, debe limitarse a dar vida pr�ctica a la Ley que tiende a desarrollar y que solo puede desenvolverse en el entorno que expl�cita o impl�citamente est� comprendido en ella.

La jurisprudencia sobre el tema tambi�n ha se�alado que la reglamentaci�n de la norma sustancial supone una facultad que no se circunscribe, ni lo debe hacer, a los severos l�mites de la manifestaci�n literal de la Ley, por cuanto, bajo ese entendimiento, su finalidad perder�a sentido teleol�gico para sumirse en la inutilidad de una mera reproducci�n. Se ha precisado entonces que la imprescindible desenvoltura de la reglamentaci�n dentro de la correcta visi�n del contenido impl�cito de la ley encuentra su l�mite en el marco del objeto, voluntad y fin del precepto respectivo35.

De las funciones para definir la pol�tica integral del transporte y regular requisitos de los centros de ense�anza automovil�stica

Conforme con el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica el Gobierno Nacional est� conformado por el Presidente de la Rep�blica y por los ministros y directores administrativos que correspondan al asunto en particular.

De igual forma, de acuerdo con el art�culo 58 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199836, los ministerios tienen como objetivos primordiales la formulaci�n y adopci�n de las pol�ticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo que dirigen.

Por su parte, en lo que concierne al Ministerio de Transporte, el art�culo 3� del Decreto 2171 de 30 de diciembre 199237 le asigna la competencia de definir la pol�tica integral del transporte y las pol�ticas generales aplicables al interior de cada modo de transporte, as�:

�[�] ART�CULO 3O. DEFINICION DE POLITICAS Y REGULACION DEL TRANSPORTE. Corresponde al Ministerio de Transporte definir la pol�tica integral del transporte de Colombia y las pol�ticas generales aplicables al interior de cada modo de transporte, las cuales deben tener como objetivo la prestaci�n de un servicio eficaz, seguro, oportuno y econ�mico en todo el territorio nacional; as� como la prestaci�n de un servicio de transporte internacional, en las mismas condiciones, que sirva de instrumento de integraci�n y de apoyo a la pol�tica de comercio exterior.

Expedir la regulaci�n general aplicable al interior de cada modo de transporte, de conformidad con los criterios b�sicos establecidos en el presente decreto.

Expedir la regulaci�n de aplicaci�n general que asegure el mejor comportamiento intermodal, favoreciendo la sana competencia entre modos, as� como su adecuada complementaci�n.

Expedir las dem�s regulaciones de car�cter general que sean necesarias para la adecuada ejecuci�n de la pol�tica de transporte [�]�.

Dicha atribuci�n tambi�n est� prevista en el inciso 3� del art�culo 1� de la Ley 769 de 2002, que dispone que �[�] corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tr�nsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecuci�n de la pol�tica nacional en materia de tr�nsito [�]�. (Destacado fuera de texto)

Ahora bien, de acuerdo con el art�culo 12 de la Ley 769 de 2002, los centros de ense�anza automovil�stica son establecimientos docentes que tienen como actividad permanente la instrucci�n de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitaci�n en conducci�n, o instructores en conducci�n.

�[�] ART�CULO 12. NATURALEZA. Todo Centro de Ense�anza Automovil�stica, es un establecimiento docente de naturaleza p�blica, privada o mixta, que tenga como actividad permanente la instrucci�n de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitaci�n en conducci�n, o instructores en conducci�n [�]�

A su vez el art�culo 13 de la Ley 769 de 2002 dispone que para la formaci�n de instructores de conducci�n �[�] se requerir� autorizaci�n especial y se deber�n cumplir los requisitos complementarios exigidos a los Centros de Ense�anza Automovil�stica que para tal efecto reglamente el Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Educaci�n en coordinaci�n con el Ministerio de Transporte [�]�. (Destacado fuera de texto).

Y el art�culo 15 ibidem, en los t�rminos en que estaba previsto para el momento de la expedici�n de las disposiciones cuestionadas38, dispon�a que correspond�a al Ministerio del Trasporte reglamentar la constituci�n y funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 (Ley general de educaci�n) y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a la �educaci�n no formal� hoy denominada �Educaci�n para el Trabajo y el Desarrollo Humano�39, en los siguientes t�rminos:

�[�] ART�CULO 15. El Ministerio de Transporte reglamentar� la constituci�n y funcionamiento de los Centros de Ense�anza Automovil�stica, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a educaci�n no formal [�]�.

En ese sentido, el art�culo 42 de la Ley 115 mencionada dispone que la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de las instituciones y

programas para la educaci�n, el trabajo y el desarrollo humano, se debe regir por la reglamentaci�n que expida el Gobierno Nacional, en los siguientes t�rminos:

�[�] ART�CULO 42. REGLAMENTACI�N. La creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de programas y de establecimientos de educaci�n no formal* y la expedici�n de certificados de aptitud ocupacional, se regir� por la reglamentaci�n que para el efecto expida el Gobierno Nacional [�]�.

Por su parte, el art�culo 3� de la Ley 1064 de 2006, prev� que corresponde al Gobierno Nacional reglamentar los requisitos y procedimientos que deban cumplir las instituciones y programas de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano con el fin de obtener su acreditaci�n, as�:

�[�] ART�CULO 3o. El proceso de certificaci�n de calidades de las Instituciones y programas de Educaci�n para el Trabajo y el Desarrollo Humano queda comprendido en lo establecido actualmente dentro del Sistema Nacional de Formaci�n para el Trabajo.

El Gobierno Nacional reglamentar� los requisitos y procedimientos que deber�n cumplir las Instituciones y programas de Educaci�n para el Trabajo y el Desarrollo Humano con el fin de obtener la Acreditaci�n.

PAR�GRAFO. A los programas de educaci�n no formal que al momento de entrar en vigencia la presente ley se hallen reconocidos por las autoridades de educaci�n departamentales, se les aplicar�n los beneficios que ella establece, mientras el Gobierno expide la regla mentaci�n sobre acreditaci�n de programas de Educaci�n para el Trabajo y el Desarrollo Humano de que trata este art�culo [�]� (Destacado fuera de texto)

De la reglamentaci�n de los requisitos habilitantes de los centros de ense�anza automovil�stica

La parte actora fundament� la presunta nulidad de los art�culos 6�, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto n�m. 1500 de 2009, en el hecho de que, en su criterio, el Gobierno Nacional no ten�a competencia para establecer y regular nada en relaci�n con los requisitos de habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica, porque, a su juicio, el art�culo 15 de la Ley 769 de 2002 solo prev� que le corresponde fijar los requisitos de constituci�n y funcionamiento de estos.

Al respecto la Sala se�ala que, conforme con el contenido del art�culo 1240 del decreto cuestionado el acto de habilitaci�n es la decisi�n administrativa mediante el cual el Ministerio de Transporte autoriza al centro de ense�anza automovil�stica para que pueda desarrollar su objeto, luego de que este ha demostrado el cumplimiento de los requisitos previstos para tal efecto.

Ahora bien, como se se�al� en p�rrafos precedentes, la reglamentaci�n de una ley no puede limitarse a la manifestaci�n literal de esta, sino que el desarrollo de dicha facultad debe hacerse a partir de la visi�n y el entorno del contenido impl�cito del objeto, la voluntad y el fin del precepto cuya ejecuci�n se pretende.

En ese orden de ideas, la Sala se�ala que a partir del marco jur�dico presentado en precedencia, se tiene que conforme con los art�culos 3� del Decreto 2171 de 1992 y 1� de la Ley 769 de 2002, el Ministerio de Transporte es la autoridad administrativa suprema de tr�nsito, por lo que le corresponde definir, orientar, vigilar e inspeccionar la pol�tica nacional de esta materia.

Por otro lado, de conformidad con los art�culos 13 y 15 de la Ley 769 de 2002, al Gobierno Nacional, a trav�s de los Ministerios de Trasporte y de Educaci�n le correspond�a reglamentar la constituci�n y funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 115 de 1994 (Ley general de educaci�n) y sus decretos reglamentarios, en lo que concern�a a las instituciones para la educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano.

La Ley general de educaci�n aludida prev� en su art�culo 42 que la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de las referidas instituciones debe regirse por la reglamentaci�n que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

A su vez, el art�culo 3� de la Ley 1064 de 2006 se�ala que corresponde al Gobierno Nacional reglamentar los requisitos y procedimientos para la acreditaci�n de las instituciones para la educaci�n, el trabajo y el desarrollo humano.

De manera que, del conjunto de normas aludidas, la Sala advierte que el Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Transporte en coordinaci�n con el Ministerio de Educaci�n, s� ten�a competencia para reglamentar lo concerniente para que los centros de ense�anza automovil�stica tengan la capacidad legal para prestar sus servicios, lo que implica la determinaci�n de los requisitos y procedimientos para su habilitaci�n.

Dicha facultad reglamentaria no puede limitarse a la literalidad de los t�rminos �constituci�n� y �funcionamiento� sino que debe ser entendida respecto de la generalidad de requisitos, condiciones, exigencias y procedimientos necesarios para que dichas instituciones puedan prestar sus servicios, puesto que dada la especificidad que se requiere, el Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Trasporte en coordinaci�n con el Ministerio de educaci�n, es la autoridad llamada a reglamentar la materia.

La Sala reitera la conclusi�n a la que lleg� en la sentencia de 21 de enero de 202141, en el sentido de que �[�] el Decreto n�m. 1500 de 2009, responde a los criterios contenidos en la Constituci�n Pol�tica y en las leyes 115 y 769, por lo cual las autoridades administrativas que suscribieron dicho acto, contaban con la competencia legal y constitucional para establecer los requisitos de la Constituci�n, funcionamiento y habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica [�]� (destacado fuera de texto).

De la regulaci�n de las licencias de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica

La parte actora estima que los art�culos 3�, 4� y 5� del Decreto n�m. 1500 de 2009 desconocen el art�culo 84 Superior, en la medida que esta norma proh�be la exigencia de requisitos adicionales cuando una actividad ha sido reglamentada de forma general, as�:

�[�] ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades p�blicas no podr�n establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio [�]�.

El reproche de la parte actora deviene del hecho de que, a su juicio, lo concerniente a licencias de funcionamiento de cualquier establecimiento ya est� regulado en los art�culos 41, 46 y 47 del Decreto 2150 de 1995, de la siguiente forma:

�[�] ART�CULO 41.- Licencia o permiso de funcionamiento. Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la Ley exija obtener licencia de funcionamiento, o reconocimiento de car�cter oficial, autorizaci�n o permiso de iniciaci�n de labores, las personas jur�dicas que surjan conforme a lo previsto en el art�culo anterior, deber�n cumplir con los requisitos previstos en la Ley para ejercer los actos propios de su actividad principal.

Art�culo 46. SUPRESI�N DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Sin perjuicio del r�gimen establecido para el Departamento Archipi�lago de San Andr�s, Providencia y Santa Catalina, ning�n establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al p�blico, requerir� licencia, permiso o autorizaci�n de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los art�culos siguientes con el �nico prop�sito de garantizar la seguridad y salubridad p�blica.

Art�culo 47. REQUISITOS ESPECIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, los establecimientos a que se refiere el art�culo anterior s�lo deber�n:

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicaci�n y destinaci�n expedidas por la entidad competente del respectivo municipio.

Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales seg�n el caso descritas por la ley.

Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley, si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales causantes de dichos pagos.

Obtener y mantener vigente la matr�cula mercantil, trat�ndose de establecimientos de comercio.

Par�grafo. Dentro de los quince (15) d�as siguientes a la apertura de un establecimiento, su propietario o administrador deber� comunicar tal hecho a la Oficina de Planeaci�n del Distrito o Municipio correspondiente [�]�.

Al respecto la Sala se�ala que, en particular, a trav�s del art�culo 46 de la norma en cita se estableci� que ning�n establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al p�blico, requerir� licencia, permiso o autorizaci�n de funcionamiento.

Ahora bien, la parte actora se equivoca al estimar que las referidas normas se refieren a los centros de ense�anza automovil�stica, porque al ser estas instituciones docentes tienen una regulaci�n especial que s� prev�n la exigencia de licencias para su funcionamiento.

En efecto, conforme con el art�culo 15 de la Ley 769 de 2002, en la forma en que estaba previsto para el momento en que fue dictado el decreto cuestionado, la reglamentaci�n que expidiera el Gobierno Nacional deb�a ce�irse a lo previsto en la ley 115 de 1995 y sus decretos reglamentarios, en lo que concern�a a la educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano.

En lo que refiere a las instituciones para educaci�n, el trabajo y el desarrollo humano, la Ley 115 de 1995 fue reglamentada a trav�s del Decreto 2888 de 31 de 200742, que en su art�culo 4� preve�a que dichos establecimientos deb�an, entre otros requisitos, contar con licencia de funcionamiento as�:

�[�] Art�culo 4�. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende

por instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano, toda instituci�n de car�cter estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formaci�n laboral o de formaci�n acad�mica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994.

La instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:

b) Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto [�]�. (Destacado fuera de texto).

Cabe precisar que si bien el Decreto 2888 de 2007, fue derogado por el Decreto 4904 de 16 de diciembre de 200943, esta norma tambi�n prev� en su art�culo 2.1 que dichas instituciones deben contar con licencia de funcionamiento, as�:

�[�] 2.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano, toda instituci�n de car�cter estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formaci�n laboral o de formaci�n acad�mica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994.

La instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:

De manera que no es cierto que en los art�culos 41, 46 y 47 del Decreto 2150 de 1995 se est� regulado lo concerniente a las licencias de funcionamiento de los centros de ense�anza automovil�stica, porque al ser instituciones docentes tienen una regulaci�n especial.

Dicha interpretaci�n se acompasa con el art�culo 45 del propio Decreto 2150 de 1995 que prev� que lo �[�] dispuesto en este cap�tulo no se aplicar� para las instituciones de educaci�n superior; las instituciones de educaci�n formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994 [�]�.

En las condiciones anotadas la Sala no encuentra que el cargo estudiado tenga vocaci�n de prosperar.

De la competencia del Ministerio de Transporte para verificar las instalaciones y recursos requeridos por los centros de ense�anza automovil�stica

La parte actora afirm� que, en el art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, el Ministerio del Transporte se atribuy� la funci�n de verificar que los centros de ense�anza automovil�stica cuenten con la infraestructura, dotaci�n, procedimientos, personal, equipos e instalaciones m�nimas, para efectos de la habilitaci�n que requieren.

El disenso de la parte actora radica en que, conforme con los art�culos 151 y 152 de la Ley 115 de 1994 y 4�, 5�, 6�, 7�, 8�, 9� y 16 del Decreto 2888 de 2007, las secretar�as de educaci�n distritales y municipales tienen la funci�n de aprobar la creaci�n y funcionamiento de las instituciones para la educaci�n, el trabajo y el desarrollo humano y, en particular, la de verificar que estos establecimientos cuenten con la planta f�sica requerida para el desarrollo de sus actividades.

En ese sentido la parte accionante estima vulneradas las normas aludidas, porque, en su sentir, el Ministerio de Trasporte no puede atribuirse las funciones que ya est�n asignadas a las secretar�as de educaci�n distritales y municipales.

�[�] ART�CULO 151. FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE EDUCACI�N. Las secretar�as de educaci�n departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercer�n dentro del territorio de su jurisdicci�n, en coordinaci�n con las autoridades nacionales y de conformidad con las pol�ticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes funciones:

l) Aprobar la creaci�n y funcionamiento de las instituciones de educaci�n formal y no formal*, a que se refiere la presente ley;

ART�CULO 152. FUNCIONES DE LAS SECRETAR�AS DE EDUCACI�N MUNICIPALES. Las secretar�as de educaci�n municipales ejercer�n las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo departamento.

En los municipios donde no exista secretar�a de educaci�n municipal, estas funciones ser�n ejercidas por el alcalde, asesorado por el Director del N�cleo respectivo [�]�.

Art�culos 4�, 5�, 6�, 7�, 8�, 9� y 16 del Decreto 2888 de 2007 (vigente para la fecha en que fue expedido el acto cuestionado):

�[�] Art�culo 4�. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano, toda instituci�n de car�cter estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formaci�n laboral o de formaci�n acad�mica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994.

La instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:

Art�culo 5�. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el �mbito de su jurisdicci�n, la secretar�a de educaci�n de la entidad territorial certificada en educaci�n, autoriza la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.

La licencia de funcionamiento se otorgar� por tiempo indefinido, sujeta a las condiciones en ella establecidas.

Art�culo 6�. Reconocimiento oficial. Para las instituciones de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano de car�cter estatal, el acto administrativo de creaci�n constituye el reconocimiento de car�cter oficial.

Art�culo 7�. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear una instituci�n de educaci�n para el trabajo y el desarrollo humano de car�cter privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial certificada de la jurisdicci�n que corresponda al lugar de prestaci�n del servicio, con la siguiente informaci�n:

Nombre propuesto para la instituci�n, n�mero de sedes, municipio y direcci�n de cada una.

Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jur�dicas se deber� adjuntar el certificado de existencia y representaci�n legal.

Identificaci�n de la planta f�sica. El peticionario deber� adjuntar copia de la licencia de construcci�n.

Art�culo 8�. Decisi�n. La Secretar�a de Educaci�n verificar� el cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto y decidir� mediante acto administrativo motivado.

Art�culo 9�. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicci�n, cambio de propietario, cambio de nombre, fusi�n con otra instituci�n educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener previamente la modificaci�n de la licencia inicial.

Art�culo 16. Vigencia del registro. El registro tiene una vigencia de cinco (5) a�os, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renovaci�n se debe solicitar ante la respectiva secretar�a de educaci�n con una antelaci�n de seis (6) meses antes de su vencimiento.

Una vez expirada la vigencia del registro la instituci�n no podr� admitir nuevos estudiantes [�]�.

En lo que refiere a este cargo, la Sala advierte que si bien, de conformidad con las normas invocadas como transgredidas, las secretar�as de educaci�n distritales y municipales deben verificar las plantas y dem�s recursos requeridos por los centros de ense�anza automovil�stica para la expedici�n de las licencias de funcionamiento, lo cierto es que ello no obsta para que el Ministerio de Transporte verifique el cumplimiento de tales requisitos a efectos de resolver sobre los tr�mites que le conciernen, como lo es aquel relativo a la habilitaci�n de dichas instituciones docentes, por lo que no hay lugar a declarar pr�spero el cargo.

En este orden de ideas, la Sala declarar� probada la excepci�n de inepta demanda por indebida acumulaci�n de la pretensi�n de nulidad del Decreto n�m. 1378 de 22 de abril de 2009 propuesta por la parte accionada y, en consecuencia, se inhibir� para decidirla de fondo.

Se declarar� probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada en lo que concierne a la pretensi�n de nulidad del art�culo 1� y en forma parcial del art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, en lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno Nacional para la regulaci�n de requisitos de habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica, para lo cual deber� estarse a lo resuelto en la sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por esta Secci�n dentro del proceso identificado con n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00.

Finalmente, las dem�s pretensiones de la demanda ser�n denegadas, por las razones expuestas en precedencia.

Se aceptar� la renuncia al poder presentada44 por el apoderado del Ministerio de Transporte, como quiera que se encuentra ajustada a lo dispuesto en el inciso 4� del art�culo 76 del C�digo General del Proceso.

Por otro lado, en raz�n a que quien se hallaba habilitada legalmente para ello, sustituy�45 el poder que le hab�a sido otorgado para representar al Ministerio de Educaci�n Nacional, se reconocer� personer�a al profesional del derecho destinatario de aquel.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

PRIMERO: DECLARAR probada la excepci�n de inepta demanda por indebida acumulaci�n de la pretensi�n de nulidad del Decreto n�m. 1378 de 22 de abril de 2009, propuesta por la parte accionada. En consecuencia, INHIBIRSE para decidirla de fondo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO:DECLARAR probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada en lo que concierne a la pretensi�n de nulidad del art�culo 1� y en forma parcial del art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, en lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno Nacional para la regulaci�n de requisitos de habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica y, en consecuencia, EST�SEA LO RESUELTO en la sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por esta Secci�n dentro del proceso, identificado con n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR las dem�s pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ACEPTAR la renuncia al poder conferido por el MINISTERIO DE TRANSPORTE al abogado H�CTOR LIBORIO V�SQUEZ RAM�REZ, conforme con el memorial visible a folios 321 a 324, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: TENER al abogado JHON EDWIN PERDOMO GARC�A como apoderado del MINISTERIO DE EDUCACI�N NACIONAL, de conformidad con el poder y los dem�s documentos anexos obrantes a folios 326 a 329 del expediente.

Declara probada la excepci�n��(de inepta demanda por indebida acumulaci�n de la pretensi�n de nulidad del Decreto n�m. 1378 de 22 de abril de 2009, propuesta por la parte accionada. En consecuencia, INHIBIRSE para decidirla de fondo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. )�Art�culo 1�DECRETO_1378_2009_22/04/2009
Decreta de oficio la excepci�n��(de cosa juzgada en lo que concierne a la pretensi�n de nulidad del art�culo 1� y en forma parcial del art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, en lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno Nacional para la regulaci�n de requisitos de habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica y, en consecuencia, EST�SE A LO RESUELTO en la sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por esta Secci�n dentro del proceso, identificado con n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. )�Art�culo 1�DECRETO_1500_2009_29/04/2009
Decreta de oficio la excepci�n��(de cosa juzgada en lo que concierne a la pretensi�n de nulidad del art�culo 1� y en forma parcial del art�culo 8� del Decreto n�m. 1500 de 2009, en lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno Nacional para la regulaci�n de requisitos de habilitaci�n de los centros de ense�anza automovil�stica y, en consecuencia, EST�SE A LO RESUELTO en la sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por esta Secci�n dentro del proceso, identificado con n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2009 00573 00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. )�Art�culo 8�DECRETO_1500_2009_29/04/2009

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n del d�a 7 de abril de 2022.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electr�nicamente por los integrantes de la Secci�n Primera en la sede electr�nica para la gesti�n judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Fecha Providencia	07/04/2022
Fecha de notificaci�n	07/04/2022