SENTENCIA 11001032400020100018000 de 2022

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044065SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020100018000202204/03/2022SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020100018000__2022_04/03/2022300440932022

Hernando S�nchez S�nchezNaci�n - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Asociaci�n de Propietarios de Viviendas Tur�sticas false04/03/2022Identificadores10030274634true1407929original30236822Identificadores

Tema: Se resuelve sobre la demanda presentada contra la Naci�n - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respecto de la legalidad del par�grafo 1.� del art�culo 3 del Decreto 2590 de 9 de julio de 2009, modificado por el art�culo 1.� del Decreto 4933 de 18 de diciembre de 2009 y del par�grafo segundo (parcial) del art�culo 3 del mismo Decreto 2590 de 2009

La Sala decide, en �nica instancia, la demanda presentada por la Asociaci�n de Propietarios de Viviendas Tur�sticas contra la Naci�n - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuaci�n.

1. La Asociaci�n de Propietarios de Viviendas Tur�sticas, en adelante la parte demandante, present� demanda[1] contra la Naci�n - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acci�n de nulidad[2] prevista en el art�culo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3] , en adelante, C�digo Contencioso Administrativo.

�[�] Se demanda la nulidad por inconstitucionalidad del Par�grafo Primero del art�culo 3� del decreto 2590 de 2009, (publicado en el diario oficial de Colombia, 09 de julio 2009 n�m. 47405) modificado por el decreto 4933 de 2009 y la expresi�n �cuando �stos no est�n autorizados por

los reglamentos para dicha destinaci�n�, contenida en el Par�grafo Segundo del art�culo 3 del Decreto 2590 de 2009, los cuales transcribimos a continuaci�n: [�]�. (Negrilla del texto original).

3. La parte demandante indic�, en s�ntesis, el siguiente hecho para fundamentar su pretensi�n:

3.1. La norma acusada viola los art�culos 58, 84 y 189 n�m. 11 de la Constituci�n Pol�tica, los cuales transcribe.

4. La parte demandante, en el escrito de la demanda se�al� como vulneradas las siguientes normas: � Art�culos 58, 84 y 189 n�m. 11 de la Constituci�n Pol�tica.

4.1. Se�al� que el art�culo 669 del C�digo Civil Colombiano, regula el derecho de propiedad o dominio, como un derecho real de una cosa corporal, para gozar y disponer de ella.

4.2. Manifest� que, en la Constituci�n Pol�tica de 1886, la propiedad privada se instituy� como una garant�a civil y un derecho social, impidiendo que toda persona sea privada de ella en tiempo de paz, concediendo en su art�culo 32 especial protecci�n al derecho a la propiedad privada, el cual solo ced�a excepcionalmente ante motivos de utilidad p�blica definidos previamente por el legislador.

4.3. Afirm� que el art�culo 58 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, continu� con la protecci�n de este derecho:

�[�] ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los dem�s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicaci�n de una ley expedida por motivos de utilidad p�blica o inter�s social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el inter�s privado deber� ceder al inter�s p�blico o social.

4.4. Indic� que la Carta Fundamental reconoce la propiedad privada y �[�] garantiza su respeto, mediante este art�culo y al igual que la constituci�n de 1886, concede especial protecci�n y solo permiti� su restricci�n ante una ley expedida por motivos de utilidad p�blica o inter�s social. [�]�.

4.5. Anot� que el Gobierno Nacional, en uso de las facultades que le concede el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n, expidi� el Decreto 2590 de 2009, modificado por el Decreto 4933 del mismo a�o, el cual reglamenta los art�culos 77 de la Ley 300 de 26 de julio de 1996[5] y 12 de la Ley 1101 de 22 de noviembre de 2006[6] .

4.6. Se�al� que el par�grafo primero del art�culo 3 del Decreto 2590 de 2009, modificado por Decreto 4933 de 2009, impone la obligaci�n de reformar los reglamentos de propiedad horizontal para que autoricen a los propietarios de unidades privadas �[�] celebrar contratos de arrendamiento sobre sus inmuebles por un t�rmino inferior a 30 d�as. [�]�, por lo que, este art�culo es violatorio del art�culo 58 de la Constituci�n al limitar el ejercicio del derecho de la propiedad privada a la decisi�n de una Asamblea General de Propietarios, �rgano que seg�n la Ley 675 de 3 de agosto de 2001[7] (art. 46 n�m. 5), es el competente para aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, con el voto favorable del 70% del total de coeficiente que conforma el edificio o conjunto.

4.7. Expres� que, si la Asamblea General decide negativamente la reforma al reglamento de propiedad horizontal o no se alcanza el porcentaje requerido para la reforma, el propietario no puede disponer de su bien privado sujeto al r�gimen de propiedad horizontal, para �[�] entregarlo en arriendo por un t�rmino inferior a 30 d�as. [�]�.

4.8. Mencion� que los reglamentos de propiedad horizontal constituyen una limitaci�n del derecho a la propiedad privada y solo se pueden modificar en los eventos que el legislador ha se�alado en la Ley 675 de 2001 o por voluntad propia de la mayor�a de los propietarios de un edificio o conjunto, pero en ning�n caso puede �[�] el ejecutivo asumir o desviar sus funciones e imponer a los gobernados, mediante la expedici�n de decretos reglamentarios, cargas u obligaciones que solo est�n atribuidas al legislador. [�]�.

4.9. Agreg� que, seg�n el art�culo 58 de la Constituci�n, la limitaci�n del ejercicio de la propiedad privada por motivos utilidad p�blica o inter�s social, es una facultad atribuida exclusivamente al legislador.

4.10. Concluy� que solamente a trav�s de la ley se puede imponer restricciones al derecho de la propiedad privada y que dicha limitaci�n obedezca a motivos de utilidad p�blica o inter�s social; por lo tanto, no puede el ejecutivo imponer medidas que restrinjan el derecho a la propiedad privada, y de hacerlo, las mismas vulneran flagrantemente la Constituci�n, como en el caso de las normas acusadas.

4.11. Manifest� que �[�] El ejecutivo al crear el Par�grafo Primero del art�culo 3 del Decreto 2590 de 2009, modificado por el Decreto 4933 de 2009, quebranta el art�culo 84 de la constituci�n pol�tica, debido a que adicion� requisitos para el ejercicio de la actividad de arriendo de bienes sometidos al r�gimen de propiedad horizontal, por el t�rmino inferior a 30 d�as. [�]�, la cual est� regulada en el C�digo de Comercio y en la Ley 300 de 1996, normas que en ninguna parte imponen este requisito, el cual tiene origen en la decisi�n exclusiva del ejecutivo.

4.12. Expuso que el art�culo 79 de la Ley 300 de 1996 refiere al contrato de hospedaje y lo define como un contrato de adhesi�n de car�cter comercial, que una empresa dedicada a la actividad de turismo celebra con el prop�sito principal de prestar alojamiento a otra persona, mediante el pago del valor diario y por un plazo inferior a 30 d�as, sin que en esta disposici�n u otra de la ley supra se

establezca el requisito de reforma al reglamento de propiedad horizontal para dar en arriendo los inmuebles sometidos al mismo, por un t�rmino inferior a 30 d�as.

4.13. Se�al� que seg�n el art�culo 2� de la Ley 820 de 10 de julio de 2003[8] , el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan rec�procamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado, y en ninguno de los art�culos que integran esta ley, se dispuso el requisito de reforma al reglamento de propiedad horizontal para dar en arriendo los inmuebles sujetos al mismo, por un lapso inferior a 30 d�as.

4.14. Expres� que, por mandato de esta disposici�n se otorga al Presidente de la Rep�blica la potestad de expedir decretos, resoluciones y �rdenes destinados a cumplir y ejecutar las leyes.

4.15. Adujo que la potestad reglamentaria no est� al libre ejercicio, voluntad y capricho del ejecutivo, se encuentra delimitada por la ley a reglamentar y las medidas expedidas en uso de esta atribuci�n deben estar encaminadas al cumplimiento y ejecuci�n de �sta.

4.16. Indic� que el ejecutivo, en uso de la facultad reglamentaria, no puede modificar la ley, ni imponer cargas o sanciones adicionales que �sta no prev�, por cuanto esta atribuci�n es competencia del legislador.

4.17. Manifest� que el reglamento es un complemento para que la ley se ejecute y hacerla operativa, sin desbordar el l�mite fijado por la Constituci�n y la ley, y si excede su contenido, debe ser declarado inconstitucional.

4.18. Se�al� que mediante el Decreto 2590 de 2009 se reglamentaron los art�culos 77 de la Ley 300 de 1996 y 12 de la Ley 1101 de 2006, cuya literalidad no expresan �[�] que la voluntad del legislador es la reforma del reglamento de propiedad horizontal para otorgar autorizaci�n a los propietarios de bienes privados con el fin de que puedan arrendar sus inmuebles privados por un t�rmino inferior a 30 d�as, as� como tampoco es voluntad del legislador que el gobierno nacional imponga tal obligaci�n, pues de ser as�, claramente lo hubiese manifestado en la ley. [�]�.

4.19. Mencion� que el par�grafo primero del art�culo 3 del Decreto 2590 de 2009, modificado por el Decreto 4933 de 2009, excedi� la facultad reglamentaria al imponer obligaciones adicionales que la ley reglamentada no establece (art�culos 77 Ley 300 y 12 Ley 1101), como la de reformar el reglamento de propiedad horizontal para que los propietarios puedan arrendar los inmuebles sujetos a dicho reglamento, por un per�odo menor a 30 d�as.

4.20. Precis� que �[�] es igualmente inconstitucional la expresi�n �cuando �stos no est�n autorizados por los reglamentos para dicha destinaci�n�, contenida en el Par�grafo Segundo del art�culo 3 del Decreto 2590 de 2009. [�]�. (Negrilla del texto original).

5. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contest� la demanda y solicit� que las pretensiones formuladas no prosperen, as�:

5.1. Expuso que el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n, �[�] constituye el fundamento superior de la atribuci�n del Presidente de la Rep�blica de reglamentar la ley, en el caso que nos ocupa, la Ley 300 de 1996 modificada por la Ley 1101 de 2006, fundamento legal de las normas acusadas, en lo que tiene que ver con la prestaci�n de servicios tur�sticos a trav�s de viviendas tur�sticas. [�]�.

El Decreto 2590 de 2009 reglamenta la prestaci�n de servicios tur�sticos por medio de viviendas tur�sticas

5.2. Sostuvo que el art�culo 2� del Decreto 2590 de 2009 establece que el contrato que se suscriba entre el prestador de servicios de vivienda tur�stica y el usuario, es el de hospedaje, que se rige por las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006, sus decretos reglamentarios y el C�digo de Comercio, sin que le sean aplicables las normas de arrendamiento de vivienda urbana.

5.3. Asever� que el contrato de hospedaje del art�culo 79 de la Ley 300 de 1996, es diferente al de arrendamiento de vivienda urbana del art�culo 2� de la Ley 820 de 2003. Por lo tanto, el contrato de hospedaje no es igual al de arrendamiento de vivienda urbana, por cuanto el primero tiene como objeto la prestaci�n del servicio de hospedaje a los turistas, y el segundo, el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, �[�] lo cual explica que los contratos de hospedaje de que trata la Ley 300 de 1996 est�n excluidos de la regulaci�n contenida en la Ley 820 de 2003, por consiguiente, el cargo que se endilga a las disposiciones acusadas de violar esta ley carece de fundamento. [�]�.

La normatividad reglamentaria de la prestaci�n de servicios tur�sticos a trav�s de viviendas tur�sticas es compatible con el r�gimen de propiedad horizontal

5.4. Manifest� que el Gobierno Nacional acorde con la realidad existente en el pa�s, sobre la prestaci�n de servicios tur�sticos a trav�s de la modalidad de viviendas tur�stica sometida al r�gimen de propiedad horizontal y para garantizar los principios de confianza legitima y seguridad jur�dica, incluy� en las normas demandadas la obligaci�n de establecer en el reglamento de propiedad horizontal de los edificios y conjuntos residenciales donde exista un inmueble o varios destinados, en todo o en parte, a la prestaci�n permanente u ocasional de servicios de vivienda tur�stica, la destinaci�n para dicho uso.

5.5. Aludi� al r�gimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675, y espec�ficamente a su art�culo 3� que contiene la definici�n de Edificio: �[�] Construcci�n de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura comprende un n�mero plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, adem�s de �reas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al r�gimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio particular y por bienes comunes. [�]�, seg�n la cual el destino de los edificios es diverso, puede ser residencial, comercial o de uso mixto. (Negrilla del texto original).

5.6. Mencion� las definiciones de (i) edificio o conjunto de uso residencial[10], (ii) edificio o conjunto de uso comercial[11], y (iii) edificio o conjunto de uso mixto[12], para destacar que cuando un edificio est� sometido al r�gimen de propiedad horizontal cuya destinaci�n natural o convencional es comercial, se est� en presencia de un uso mercantil del inmueble.

5.7. Adujo que en virtud de que el reglamento de propiedad horizontal, seg�n el art�culo 3� de la Ley 675, es el �[�] Estatuto que regula los derechos y obligaciones espec�ficas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al r�gimen de propiedad horizontal. [�]�, enunci� algunas reglas establecidas en la ley ibidem.

5.8. Indic� que el art�culo 5� de la ley supra, se�ala el contenido m�nimo de la escritura p�blica del reglamento de propiedad horizontal y resalt� el numeral 7.: �[�] La destinaci�n de los bienes de dominio particular que conforman el edificio o conjunto, la cual deber� ajustarse a las normas urban�sticas vigentes. [�]�, y su par�grafo 1�.: �[�] En ning�n caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podr�n vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley y, en tal caso, se entender�n no escritas. [�]�.

5.9. Destac� entre las obligaciones de los propietarios de los bienes de dominio particular o privado, conforme al art�culo 18 de la Ley idem, las siguientes: (i) �[�] Usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinaci�n, en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, absteni�ndose de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad o solidez del edificio o conjunto, producir ruidos, molestias y actos que perturben la tranquilidad de los dem�s propietarios u ocupantes o afecten la salud p�blica. [�]; y (ii) �[�] En caso de uso comercial o mixto, el propietario o sus causahabientes, a cualquier t�tulo, solo podr�n hacer servir la unidad privada a los fines u objetos convenidos en el reglamento de propiedad horizontal, salvo autorizaci�n de la asamblea. En el reglamento de copropiedad se establecer� la procedencia, requisitos y tr�mite aplicable al efecto. [�]�.

5.10. Manifest� que de acuerdo con el art�culo 46 de la Ley 675, es funci�n de la Asamblea de Propietarios decidir sobre el �[�] Cambio de destinaci�n gen�rica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad urban�stica vigente. [�]�, para lo cual se requiere de mayor�a calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio o conjunto.

5.11. Record� el prop�sito de la Ley 675 de �[�] garantizar la seguridad y la convivencia pac�fica en los inmuebles sometidos a ella, as� como la funci�n social de la propiedad. [�]�, y los principios que la inspiran, en especial, la funci�n social y ecol�gica de la propiedad y la libre iniciativa privada (art�culo 2), por lo que la propiedad privada sujeta al r�gimen de propiedad horizontal �[�] no es absoluta sino limitada por valores constitucionales tan caros (sic) como la seguridad, la convivencia pac�fica, la iniciativa privada y la funci�n social de la propiedad. [�]�.

5.12. Indic� que el art�culo 3� del Decreto 2590 de 2009, cuyo par�grafo primero fue modificado por el Decreto 4933 de 2009, es una aplicaci�n del r�gimen de propiedad horizontal, el cual limita la propiedad de los bienes privados al uso que establezca el reglamento de propiedad horizontal, definido por la Asamblea General de Propietarios, entre cuyas funciones est� la de aprobar las reformas al reglamento anotado (art�culo 38 Ley 675).

5.13. Afirm� que la exigencia del Decreto 2590 de 2009, de que �[�] en los reglamentos de los edificios y conjuntos residenciales en donde se encuentre inmuebles destinados a la prestaci�n permanente u ocasional de servicios de vivienda tur�stica, deber� establecerse expresamente la posibilidad de destinarlos para dicho uso, �previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para el efecto�, [�]� es una aplicaci�n del numeral 6 del art�culo 38 de la Ley 675. (Negrilla del texto original).

5.14. Concluy� que con las normas acusadas el Ejecutivo aplic� el r�gimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 y por ello carecen de fundamento los cargos invocados por la parte demandante.

6. La Sala de la Secci�n Primera del Consejo de Estado admiti� la demanda y neg� la suspensi�n provisional solicitada mediante auto proferido el 10 de junio de 2010, y orden� notificar al Ministro de Comercio, Industria y Turismo y al Procurador Delegado ante la Corporaci�n[13]

7. La Magistrada sustanciadora, mediante providencia proferida el 30 de marzo de 2016[14] orden� correr traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta Corporaci�n, por el t�rmino de diez (10) d�as, para que presenten sus alegatos de conclusi�n.

9. La parte demandada en el escrito de alegatos present� los mismos argumentos de la contestaci�n de la demanda.

10. El Procurador Delegado para la Conciliaci�n Administrativa rindi� concepto en los siguientes t�rminos:

10.1. Se�al� que la competencia legal del Decreto 2590 de 2009, se fundamenta en las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006, las cuales determinan la importancia, los principios generales, la estructura y conformaci�n de la actividad tur�stica del pa�s.

10.2. Transcribi� el art�culo 1.� [17] (parcialmente) y el par�grafo primero del art�culo 3[18] del Decreto 2590 de 2009, modificado por el Decreto 4933 de 2009 y los art�culos 77[19] de la Ley 300 y 12[20] de la Ley 1101, normas reglamentadas mediante la norma acusada.

10.3. Manifest� que el Decreto 2590 de 2009 tuvo sustento constitucional en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n, cuya competencia general esta principalmente sustentada en la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica para expedir decretos, resoluciones y ordenes requeridos para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Por lo tanto, la expedici�n del decreto ibidem determina que la facultad normativa est� en cabeza del Presidente de la Rep�blica, siempre y cuando este soportada por una ley, que para el caso del acto acusado su fundamento est� en las Leyes 300 y 1101.

10.4. Adujo que el art�culo 2 del Decreto 2590 de 2009, determina que el contrato suscrito entre el prestador al que refiere el art�culo 1.� y el usuario, es el de hospedaje, raz�n por la cual, esta relaci�n contractual del servicio de hospedaje se rige por las Leyes 300 y 1101, sin que le sea aplicable la normativa que regula el arrendamiento de vivienda urbana.

10.5. Afirm� que el contrato de hospedaje tiene sustento legal en el art�culo 79 de la Ley 300 y el contrato de arrendamiento de vivienda urbana en el art�culo 2� de la Ley 820, teniendo en cuenta que las viviendas tur�sticas y otros modos de hospedaje no permanentes, no son tomados como contratos de arrendamiento de vivienda urbana; por el contrario, son inmuebles destinados a la prestaci�n de servicios tur�sticos en plazos inferiores a 30 d�as, y adem�s, el desarrollo de esta actividad debe estar inscrita ante el Registro Nacional de Turismo.

10.6. Argument� que la modificaci�n introducida por el art�culo 1.� del Decreto 4933 de 2009 al Decreto 2590 de 2009, en cuanto a que, �[�] la destinaci�n de los inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal para la prestaci�n de los servicios de vivienda tur�stica en forma permanente u ocasional, deben estar autorizadas en los reglamentos de propiedad horizontal y previamente acreditados ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, [�]�, tiene fundamento en la Ley 675, acorde con lo previsto en sus art�culos 1�[21] (transcrito) y 3�[22] (transcrito parcialmente).

10.7. Indic� que �[�] la normatividad que antecede, establece unas denominaciones generales que determinan que el uso de la propiedad horizontal puede ser en edificios conformados por bienes privados o de dominio particular con aprovechamiento exclusivo para los integrantes de ese edificio, es decir, aptas para ser usadas con destino natural o convencional, que en este caso, es para uso de viviendas tur�sticas y otros tipos de hospedaje no permanentes, al desarrollo de actividades mercantiles, comerciales e industriales adecuadas a las normas urban�sticas vigentes. [�]�.

10.8. Se�al� que el art�culo 38 de la Ley 675 estableci� que la Asamblea General es el �rgano de direcci�n y tiene como funci�n la de aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, acorde con la mayor�a calificada fijada en el art�culo 46 de la ley idem.

10.9. Arguy� que no es de recibo el argumento de la parte demandante, en el sentido que el acto acusado es violatorio del art�culo 58 de la Constituci�n, porque condiciona el ejercicio del derecho a la propiedad privada a la decisi�n de la Asamblea General de Propietarios, en raz�n a que es la ley la que la faculta a dicho �rgano para reformar el reglamento de propiedad horizontal, en este caso la Ley 675, y no es el decreto acusado el que establece alguna restricci�n.

10.10. Aludi� a unas sentencias de la Corte Constitucional[23] y del Consejo de Estado[24] sobre la configuraci�n de la falta de competencia y la extralimitaci�n de funciones y expres� que: �[�] el Gobierno Nacional, estaba facultado para reglamentar en el Decreto 2590 de 2009, pues en este caso, la expedici�n del decreto acusado estuvo fundamentado en leyes que tienen relaci�n directa con el objeto que pretende desarrollar el acto administrativo, es decir, con la Ley General de Turismo; segundo porque se hizo una distinci�n entre el contrato de hospedaje y de arrendamiento de vivienda urbana que hacen concluir que su diferencia es tal, que no es posible aplicar la misma legislaci�n y, tercero porque no se impone un reglamento adicional toda vez que el acto acusado esta soportado en leyes de propiedad horizontal, cuando es la misma ley quien se�ala el trato diferencial que existe entre los inmuebles destinados a vivienda residencial y los inmuebles destinados a la prestaci�n a la prestaci�n permanente u ocasional de servicios de vivienda tur�stica, [�]�

11. La Sala abordar� el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jur�dico; iv) marco jur�dico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada; v) marco normativo y jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez respecto de la excepci�n de cosa juzgada; y, vi) el an�lisis del caso concreto.

12. Vistos: i) el numeral 1 del art�culo 128 del C�digo Contencioso Administrativo[25] sobre la competencia del Consejo de Estado, en �nica instancia, aplicable en los t�rminos del art�culo 308[26] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[27] , sobre el r�gimen de transici�n y vigencia; y ii) el art�culo 13 del Acuerdo n�m. 80 de 12 de marzo de 2019, sobre la distribuci�n de los procesos entre las secciones de esta Corporaci�n, la Sala considera que es competente para conocer del presente asunto.

13. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollar� a continuaci�n.

El Ministro del Interior y de Justicia de la Rep�blica de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto n�mero 4818 del 10 de diciembre de 2009, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo de los art�culos 77 de la Ley 300 de 1996 y 12 de la Ley 1101 de 2006,

Art�culo 1�. El par�grafo 1� del art�culo 3� del Decreto 2590 de 2009, quedar� as�:

Par�grafo 1�. La destinaci�n de los inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal para la prestaci�n de los servicios de vivienda tur�stica en forma permanente u ocasional, debe estar autorizada en los reglamentos de propiedad horizontal. Lo anterior se acreditar� ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a m�s tardar el 30 de abril de 2010.

Art�culo 2�. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicaci�n.

15. El par�grafo 2� (parcial) del art�culo 3� del Decreto 2590 de 9 de julio de 2009:

El Ministro del Interior y de Justicia de la Rep�blica de Colombia, delegatario de las funciones presidenciales, mediante Decreto No. 2536 de 7 de julio de 2009, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los art�culos 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo de los art�culos 77 de la Ley 300 de 1996 y 12 de la Ley 1101 de 2006,

Art�culo 1�. De los prestadores de servicios de vivienda tur�stica. Cualquier persona natural o jur�dica que entregue la tenencia de un bien inmueble para uso y goce a una o m�s personas a t�tulo oneroso por lapsos inferiores a treinta (30) d�as calendario, en forma habitual, se considera prestador de servicios tur�sticos.

Par�grafo 1�. Inscripci�n ante el Registro Nacional de Turismo. De conformidad con el art�culo 62 de la Ley 300 de 1996, modificado por el art�culo 12 de la Ley 1101 de 2006, las viviendas tur�sticas y otros tipos de hospedaje no permanentes, en su condici�n de inmuebles destinados a la prestaci�n de servicios tur�sticos, deben estar inscritos ante el Registro Nacional de Turismo.

La obtenci�n del registro constituye requisito previo y obligatorio para que el inmueble pueda ser utilizado como vivienda tur�stica.

Par�grafo 2�. Para efectos del presente decreto se acoge la definici�n contemplada en el numeral 3.3 de la Norma T�cnica NTSH 006 que indica: �Apartamentos tur�sticos: Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o m�s personas seg�n su capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como m�nimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina y ba�o�.

Art�culo 2�. Naturaleza del contrato. El contrato celebrado entre el prestador a que hace referencia el art�culo 1� del presente decreto y el usuario, ser� de hospedaje. En consecuencia, la relaci�n contractual entre el prestador y el usuario del servicio de hospedaje se regir� por la Ley 300 de 1996, la Ley 1101 de 2006 y sus decretos reglamentarios y las normas pertinentes del C�digo de Comercio, sin que le sean aplicables de manera alguna las normas atinentes al arrendamiento de vivienda urbana.

Art�culo 3�. Servicios de vivienda tur�stica en inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal. En los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios y conjuntos residenciales en donde se encuentre un inmueble o varios destinados, en todo o en parte, a la prestaci�n permanente u ocasional de servicios de vivienda tur�stica, se deber� establecer expresamente la posibilidad de destinarlos para dicho uso, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para el efecto.

Par�grafo 1�. Los reglamentos de propiedad horizontal de edificios, conjuntos residenciales y dem�s inmuebles destinados, en todo o en parte, a la prestaci�n permanente u ocasional de servicios de vivienda tur�stica, que no establezcan esta destinaci�n o uso, deber�n ser modificados en tal sentido, dentro de los seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Par�grafo 2�. Es obligaci�n de los administradores de los inmuebles sometidos a r�gimen de propiedad horizontal, reportar al Viceministerio de Turismo, la destinaci�n de vivienda tur�stica de los inmuebles de la propiedad horizontal que administra, cuando estos no est�n autorizados por los reglamentos para dicha destinaci�n, o no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo. [�]�. (Apartado subrayado es el acusado).

16. La Sala, con fundamento en la demanda y su contestaci�n, le corresponde determinar:

16.1. De manera oficiosa, si est� probada la excepci�n de cosa juzgada, en relaci�n con la sentencia proferida por esta Secci�n el 18 de marzo de 2021, dentro del expediente con n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2010- 00402-00[28] .

16.2. En caso de no estar probada la excepci�n de cosa juzgada, si el Gobierno Nacional se excedi� o no en el uso de su facultad reglamentaria con la expedici�n de los par�grafos 1� y 2� (parcial) del art�culo 3� del Decreto 2590 de 2009, modificado el primero por el art�culo 1� del Decreto 4933 de 2009, al establecer obligaciones, requisitos y restricciones a la propiedad privada de inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal y que se destinan a prestar de manera permanente u ocasional servicios tur�sticos, las cuales no est�n previstas en las leyes reglamentadas, ni en el C�digo de Comercio y tampoco en la Ley 820 de 2003 y cuya fijaci�n compete al legislador.

17. Visto el art�culo 175 del CCA, sobre los efectos de las sentencias que se profieren en los procesos de nulidad, se�ala lo siguiente:

�[�] ART�CULO 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendr� fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producir� cosa juzgada erga omnes pero s�lo en relaci�n con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparaci�n directa y cumplimiento, producir� cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechar� a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaraci�n a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedar�n sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. [�]�. (Negrilla fuera del texto).

18. El art�culo 332 del C�digo de Procedimiento Civil referente a la cosa juzgada, dispone:

�[�] ART�CULO 332. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes.

Se entiende que hay identidad jur�dica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los dem�s casos.

19. Esta Sala[29] se ha pronunciado acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el tr�mite de una acci�n de nulidad simple, se�alando que: i) dicho fen�meno estaba regulado en los art�culos 332 del C�digo de Procedimiento Civil y 175 del C�digo Contencioso Administrativo; ii) la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes para todo el mundo, sin importar la causa invocada que sustenta la nulidad pretendida, lo cual impide que se pueda producir un nuevo pronunciamiento en relaci�n con dicho acto anulado; iii) cuando se trate de una sentencia que deniegue las pretensiones de nulidad, los efectos de la cosa juzgada erga omnes solo se generan frente a la causa petendi, entendida como �[�] la raz�n o los motivos por los cuales se demanda, est� contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violaci�n que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; [�]�[30] , por lo que respecto de este acto administrativo es posible cursar nuevas actuaciones judiciales, que deben tener como fundamento una causa distinta a la decidida en la sentencia que neg� la pretensi�n de nulidad.

20. Visto el art�culo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[31] , aplicable en virtud del art�culo 267 del C�digo Contencioso Administrativo[32], se considera que los elementos de la cosa juzgada son: i) identidad jur�dica de partes; ii) identidad de objeto; e iii) identidad de causa.

21. En este contexto, la cosa juzgada se estructura a partir de dos premisas, una objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos que intervienen en un proceso. As� lo ha precisado la Sala Plena de esta Corporaci�n, en sentencia de 26 de julio de 2005, en la cual se�al�:

�[�] La instituci�n de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporaci�n, est� sujeta a dos l�mites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que vers� el debate y la causa petendi de la prestaci�n, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas que fueron parte en el proceso. As� mismo, la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisi�n de una sentencia y s�lo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan t�citamente decididos.

Los principios tutelares de esta instituci�n jur�dica son los establecidos en el art�culo 332 del C.P.C, los cuales son aplicables al proceso contencioso administrativo, por remisi�n expresa del art�culo 267 del C.C.A. Prescribe el citado art�culo 332 del C.P.C.: [�]

Seg�n esta norma cabe plantear la cosa juzgada con �xito solo si concurren los tres elementos se�alados en ella, esto es, que en ambos procesos exista identidad de partes, de objeto y de causa.

La jurisprudencia y la doctrina han se�alado que la identidad de partes no es f�sica sino jur�dica, lo cual explica la previsi�n del inciso segundo del precitado art�culo, al entender que hay identidad de partes cuando los del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de los que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto intervivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda.

As� mismo la jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito, denominado l�mite subjetivo de la instituci�n de la cosa juzgada, no tiene aplicaci�n alguna en los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues las sentencias que sobre ellos recaiga tienen un valor erga omnes, como lo establece el art�culo 175 del C.C.A, lo cual implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Adem�s en estos procesos la parte actora no promueve la acci�n en inter�s particular, sino en inter�s del orden jur�dico[33] . [�]�[34] . (Negrilla fuera del texto).

Marco normativo y jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez respecto de la excepci�n de cosa juzgada

22. Visto el art�culo 97 del C�digo de Procedimiento Civil, sobre las excepciones, podr� proponerse, entre otras, la excepci�n de cosa juzgada.

23. El art�culo 306 ibidem establece que, en cualquier clase de proceso �[�] Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci�n, deber� reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripci�n, compensaci�n y nulidad relativa, que deber�n alegarse en la contestaci�n de la demanda [�]�.

24. En concordancia con lo anterior, el art�culo 305 ejusdem, relativo a la congruencia de la sentencia, dispone que esta providencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as� lo exige la ley.

25. La Secci�n Primera[35] de esta Corporaci�n, sobre las facultades del juez para declarar probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada, consider� lo siguiente:

�[�] si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 97 del C.P.C. se trata de una excepci�n que puede alegarse como previa, tal cosa no significa que revista dicha naturaleza. En efecto, la doctrina la ha calificado como una excepci�n mixta, pues pese a su naturaleza perentoria, recibe el tr�mite propio de una excepci�n de m�rito; por consiguiente, puede proponerse por la parte demandada desde un primer momento, o, si esto no ocurre, puede declararse por el juez a�n de oficio, en el momento de dictar sentencia. M�s a�n en acciones populares cuando la propia ley dispone que el juez la declarar� en la sentencia [�]� (Negrilla fuera del texto).

26. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, de oficio, el juez debe declarar probada la excepci�n de cosa juzgada, en primera y segunda instancia, teniendo en cuenta que este medio exceptivo es un instrumento que no beneficia exclusivamente a una parte procesal sino que garantiza los principios que rigen el procedimiento, como la igualdad, la confianza leg�tima, la seguridad jur�dica y el non bis in �dem y, con ello, la vigencia del orden justo.

27. En consecuencia, los principios que rigen el Estado Social de Derecho le exigen a los jueces �[�] ser consistentes con las decisiones que adoptan, impidiendo que un mismo asunto sea estudiado y fallado nuevamente por la autoridad judicial, en oportunidad diferente y de distinta manera [�]�[36] .

28. La Sala procede al estudio de los elementos de configuraci�n de la cosa juzgada, en los siguientes t�rminos:

29. Respecto de la identidad de partes, la Sala reitera que, en trat�ndose de procesos contra un acto administrativo de car�cter general como el caso sub lite, la identidad jur�dica entre las partes, es un aspecto que carece de relevancia para la configuraci�n de la cosa juzgada en la medida en que, estando habilitado todo ciudadano para �[�] Interponer acciones p�blicas en defensa de la Constituci�n y de la ley. [�]�[37], no es necesario que la parte demandante de la presente demanda corresponda a la del proceso primigenio, precisamente, porque entre uno y otro existe un inter�s com�n, como es la defensa de la Constituci�n Pol�tica y la Ley, resultando irrelevante la identidad de las personas que participaron en el proceso.

30. Identidad de objeto. Del an�lisis de las pretensiones de los dos procesos, la Sala encuentra acreditada identidad de objeto, por lo siguiente:

31. Identidad de causa petendi. Respecto de los fundamentos de las demandas, se evidencia lo siguiente:

32. La Sala observa que mediante sentencia de 18 de marzo de 2021, esta Secci�n resolvi� una demanda de nulidad contra el art�culo 3� del Decreto 2590 de 2009 y el art�culo 1� del Decreto 4933 de 2009, en la cual se esgrimieron argumentos similares a los que fueron planteados en el caso sub examine, consistente en que, el Gobierno Nacional a trav�s de los decretos acusados no pod�a invadir la competencia del legislador al establecer exigencias y requisitos adicionales a los previstos en la ley, por lo que incurri� en falta de competencia y se extralimit� en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

33. La Secci�n Primera de esta Corporaci�n, como consecuencia de esta demanda, mediante sentencia proferida el 18 de marzo de 2021, dentro del expediente identificado con n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2010- 00402-00, resolvi�:

PRIMERO: NEGAR la nulidad del art�culo 3.� del Decreto n�m. 2590 de 2009; modificado por el art�culo 1.� de Decreto n�m. 4933 de 2006 (sic), atendiendo las razones que se expusieron en la parte motiva de esta sentencia.

34. La denegaci�n de la nulidad se fundament� en las siguientes consideraciones:

44. La Sala considera que cuando el Gobierno Nacional, mediante el art�culo 3.� del Decreto n�m. 2590 de 2009; modificado por el Decreto n�m. 4933 de 2009; dispuso que: i) en los reglamentos de propiedad horizontal se deb�a autorizar expresamente que los inmuebles pueden destinarse permanente u ocasionalmente a servicios de vivienda tur�stica; ii) los reglamentos de propiedad horizontal, donde los inmuebles sean destinados en todo o en parte, de manera permanente u ocasional a la prestaci�n de servicios de vivienda tur�stica, en los que no se establezca esta la posibilidad, deben ser modificados en tal sentido dentro de los 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la norma; y iii) los administradores de inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal deben reportar �[�] la destinaci�n de vivienda tur�stica de los inmuebles de la propiedad horizontal que administra, cuando �stos no est�n autorizados por los reglamentos para dicha destinaci�n, o no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo [�]�[38], no viol� el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia; por una parte, se insiste, porque el legislador no determin� los requisitos para que los operadores de turismo se inscribieran en el registro nacional de turismo; y por la otra, porque el reglamento general respecto de las condiciones y requisitos citados supra, se expidi� por el Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria.

45. La Sala tampoco advierte contradicci�n entre la normativa tur�stica acusada y la Ley 675, sobre el r�gimen de propiedad horizontal, toda vez que mediante la primera se dej� a la libertad de la asamblea general, integrada por la totalidad de los propietarios de los inmuebles privados sujetos al r�gimen de propiedad horizontal, la potestad de decidir si permit�an la existencia de viviendas tur�sticas, la que de no aceptarse respeta el derecho fundamental a elegir y no constituye violaci�n del derecho a la propiedad privada.

51. La Sala reitera lo expuesto en el cap�tulo precedente, donde qued� demostrado que el legislador en la Ley 300, modificada por la Ley 1001, no reglament� las condiciones y requisitos que deb�an cumplir los prestadores de servicios tur�sticos para inscribirse en el registro nacional de turismo, porque esa funci�n la deleg� en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien para tal efecto deb�a expedir la normativa pertinente.

52. Atendiendo lo anterior, no se puede controvertir el hecho que el campo reglamentario de la parte demandada era amplio para establecer las condiciones y requisitos que los operadores de servicios tur�sticos, en espec�fico de las viviendas tur�sticas, deb�an cumplir para inscribirse en el registro nacional tur�stico; en consecuencia, cuando el Gobierno Nacional, mediante los actos acusados fij� como condici�n que en los reglamentos de propiedad horizontal deb�a existir autorizaci�n expresa de destinar los inmuebles privados a servicios tur�sticos, no se extralimit� en el ejercicio de su potestad reglamentaria, motivo por el cual el cargo no est� llamado a prosperar.

Cargo por falta de competencia - Intromisi�n del ejecutivo en la funci�n legislativa

55. La Sala insiste, como lo explic� en cap�tulo precedente, que la condici�n que fij� el Gobierno Nacional en los actos acusados no vulnera la Ley 675; por lo tanto, no es contraria a la naturaleza del r�gimen de propiedad horizontal porque como se vio, la normativa reglamentaria del r�gimen tur�stico dej� a la libertad de la asamblea general la potestad de decidir si permit�a la existencia de viviendas tur�sticas.

56. La Sala considera que el argumento de la parte demandante, seg�n el cual, los copropietarios en una propiedad horizontal no pueden limitar o restringir el uso de un bien inmueble particular, no est� acorde con la realidad; por una parte, porque la Ley 675 obliga a que los propietarios de bienes de dominio particular o privado los usen [�] de acuerdo con su naturaleza y destinaci�n, en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal [�]�; y por la otra, porque jurisprudencialmente se ha aceptado que �[�] esta forma de propiedad puede imponer limitaciones al r�gimen de propiedad que se tiene sobre el bien individual [�]�; sin que por tal circunstancia se pueda afirmar restricci�n del derecho a la propiedad privada (Destacado fuera de texto)

59. La Sala observa que los argumentos desarrollados por la parte demandante en este cargo son id�nticos a los que expuso en los restantes cargos; en consecuencia, se remite a las razones que se expusieron en precedencia para destacar que el Gobierno Nacional, mediante la expedici�n de los actos administrativos acusados, no desbord� el ejercicio de la potestad reglamentaria, raz�n suficiente para declararlos ajustados al ordenamiento jur�dico.

60. Atendiendo a que la parte demandante no logr� desvirtuar la presunci�n de legalidad del art�culo 3.� del Decreto n�m. 2590 de 2009; modificado por el art�culo 1.� de Decreto n�m. 4933 de 2006 (sic), porque: i) el Gobierno Nacional no desbord� el ejercicio de la potestad reglamentaria; ii) la normativa no es contraria a la Ley 675 de 2001; y iii) no se invadi� la competencia del legislador; la Sala no acceder� a las pretensiones de la demanda.

35. En ese orden, la Sala considera que existe identidad de objeto y causa petendi comoquiera que las razones que se invocan para formular las pretensiones de la demanda (cargos de nulidad), son similares en cada uno de los procesos, raz�n suficiente para declarar probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada.

36. Al no haberse logrado desvirtuar la presunci�n de legalidad de las disposiciones acusadas atendiendo que se configur� la excepci�n de cosa juzgada, la Sala negar� las pretensiones de la demanda.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley

PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepci�n de cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, el 18 de marzo de 2021 en el expediente con n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2010- 00402-00, que neg� la nulidad del art�culo 3� del Decreto n�m. 2590 de 2009, modificado por el art�culo 1� del Decreto n�m. 4933 de 2009, atendiendo las razones que se expusieron en la parte motiva de esta sentencia.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n de la fecha.

[2] Mediante Auto de 10 de junio de 2010, la Sala al decidir la admisi�n de la demanda instaurada en ejercicio de la acci�n de nulidad por inconstitucionalidad prevista en el numeral 2� del art�culo 237 de la Constituci�n Pol�tica, prev� que la demanda �[�] no se enmarca dentro del supuesto de hecho del numeral 7� del art�culo 97 del C�digo Contencioso Administrativo, el cual dispone que son atribuciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocer de ��las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los Decretos de car�cter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jur�dico se establezca mediante confrontaci�n directa con la Constituci�n Pol�tica y que no obedezca a funci�n propiamente administrativa.� (negrilla fuera de texto) [�]�. Asimismo, se�ala que �[�] Debido a que el acto acusado es un Decreto que obedece a una funci�n propiamente administrativa, expedido por el Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales, como Suprema Autoridad Administrativa, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, debe entenderse la acci�n impetrada por la demandante como de nulidad simple. [�]�. Y concluye: �[�] En este orden de ideas y como la demanda re�ne los requisitos formales establecidos en los art�culos 137 y ss. del C.C.A., ser� admitida como de nulidad simple. [�]�.

[3] �[�] Por el cual se Reforma el C�digo Contencioso Administrativo [�]�.

[5] �[�] Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. [�]�.

[6] �[�] Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. [�]�

[7] �[�] Por medio de la cual se expide el r�gimen de propiedad horizontal. [�]�

[8] �[�] Por la cual se expide el r�gimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. [�]�.

[10] �[�] Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urban�stica vigente. [�]�

[11] �[�] Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con la normatividad urban�stica vigente. [�]�.

[12] �[�] Inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas, de conformidad con la normatividad urban�stica vigente. [�]�.

[17] �[�] Art�culo 1�. De los prestadores de servicios de vivienda tur�stica. [�]�

[18] �[�] Art�culo 3�. Servicios de vivienda tur�stica en inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal. [�]�

[19] �[�] Art�culo 77. Obligaciones de los prestadores de servicios tur�sticos. [�]�

[20] �[�] Art�culo 12. el art�culo 62 de la ley 300 de 1996, quedar� as�: prestadores de servicios tur�sticos que se deben registrar. [�]�

[22] �[�] Art�culo 3o. Definiciones. [�]�. Se transcriben las definiciones de: r�gimen de propiedad horizontal, reglamento de propiedad horizontal, edificio, bienes privados o de dominio particular, edificio o conjunto de uso comercial y edificio o conjunto de uso mixto.

[23] �[�] Corte Constitucional; sentencia C-393 de 2006; M.P. Jaime Ara�jo Renter�a; Corte Constitucional; sentencia C-734 de 2003; M.P. Alvaro Tafur Galvis [�]�.

[24] Consejo de Estado; sentencia de 19 de junio de 2008; C.P. Jes�s Mar�a Lemos Bustamante; n�mero de radicaci�n 25000-23-25-000-2000-02814-01 (0316-05)

[25] �[�] Art�culo 128. Competencia del Consejo de Estado en �nica instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocer� de los siguientes procesos privativamente y en �nica instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden [�]�

[26] �[�] Art�culo 308. R�gimen de Transici�n y Vigencia. El presente C�digo comenzar� a regir el dos (2) de julio del a�o 2012. Este C�digo s�lo se aplicar� a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, as� como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, as� como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguir�n rigi�ndose y culminar�n de conformidad con el r�gimen jur�dico anterior [�]�

[27] �[�] Por la cual se expide el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [�]�.

[28] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera; sentencia de 18 de marzo de 2021; C.P. Hernando S�nchez S�nchez; n�mero de radicaci�n 11001-03-24-000-2010-00402-00.

[29] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera; sentencia de 20 de noviembre de 2020; C.P. Hernando S�nchez S�nchez; n�mero de radicaci�n 11001-03-24-000-2011-00302-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera; sentencia de 7 de diciembre de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato Vald�s; n�mero de radicaci�n 05001-23-33-000-2015-02253-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera; sentencia de 21 de octubre de 2010; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; n�mero �nico de radicaci�n 110010325 0002006 00388 00.

[30] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera; sentencia de 20 de noviembre de 2020; C.P. Hernando S�nchez S�nchez; n�mero de radicaci�n 11001-03-24-000-2011-00302-00.

[31] �[�] Por medio de la cual se expide el C�digo General del Proceso y se dictan otras disposiciones [�]�

[32] De conformidad con el numeral 1 literal b) del art�culo 625 de la Ley 1564, en el presente asunto se aplica la nueva normativa, teniendo en cuenta que el auto que prescindi� del per�odo probatorio se profiri� el 25 de octubre de 2013

[33] Sentencia de octubre 8 de 1992. Exp. 1094. Secci�n Primera M.P. Dr. Libardo Rodr�guez Rodr�guez. Sentencia del 22 de abril de 2004. Exp. 13274. Secci�n Cuarta. M.P. Dr. Germ�n Ayala Mantilla.

[34] Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctora Ana Margarita Olaya Forero, Radicaci�n Nro. 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV); actor: Roberto Hermida Izquierdo, demandado: Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.

[35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera; sentencia de 18 de abril de 2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; n�mero �nico de radicaci�n 54001-23-31-000-2005-00118- 01(AP)

[36] Corte Constitucional; sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

[38] Como se aprecia en el folio 2 de esta providencia; cap�tulo de �Pretensiones�; la parte demandante solicit� la nulidad de la integridad del art�culo 3.� del Decreto n�m. 2590 de 2009.

Fecha Providencia	04/03/2022
Fecha de notificaci�n	04/03/2022