AUTO 11001-03-25-000-2015-00882-00 (3323-15) de 2021

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030042271AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-25-000-2015-00882-00 (3323-15)202124/07/2021AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-25-000-2015-00882-00 (3323-15)__2021_24/07/2021300422962021

Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadRafael Francisco Su�rez VargasNaci�n (Ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico, del Trabajo, de Salud y Protecci�n Social, Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica) Nilson Arturo Vega V�squez y otros false24/06/2021Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998 Identificadores10030254894true1382268original30220271Identificadores

Demandado: �Naci�n (Ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico, del Trabajo, de Salud y Protecci�n Social, Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica)

Demandado: Naci�n (Ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico, del Trabajo, de Salud y Protecci�n Social, Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica)

Procede la Sala, conforme a lo previsto en el art�culo 137 de la Ley 1437 de 2011, a resolver la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad,[1] se promovi� en contra del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998[2] �[p]or el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto ley 1567 de 1998� expedido por el Gobierno Nacional y suscrito por el presidente de la Rep�blica y el director del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica.

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el se�or Nilson Arturo Vega V�squez, quien act�a en nombre propio,[3] formul� demanda ante la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998 �[p]or el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto - Ley 1567 de 1998�.

i) El Hospital San Jos� de Sogamoso no ha sido objeto de disoluci�n, ni se ha ordenado su liquidaci�n, su creaci�n ocurri� en el a�o 1872, como una entidad de origen privado, sin �nimo de lucro y naci� de la voluntad de los particulares, raz�n por la cual siempre ha tenido la connotaci�n de entidad de derecho privado. A trav�s de la Resoluci�n 054 de 1956, el Ministerio de Justicia le reconoci� personer�a jur�dica, como una entidad de derecho privado y, seg�n conceptos del 4 de diciembre de 1985 y del 28 de agosto de 1992, los Ministerios de Justicia y Salud, respectivamente, reconocieron su car�cter privado.

ii) A trav�s del Decreto 1243 del 29 de septiembre de 1992 el gobierno departamental de Boyac� determin� que el Hospital San Jos� de Sogamoso no hab�a cumplido con los requisitos de la Ley 10 de 1990, en particular, las cargas y compromisos que se impusieron en esa ley, dada su naturaleza privada. En el aludido decreto tambi�n se decidi� que mientras se liquidaban los hospitales all� mencionados, funcionar�an como establecimientos p�blicos. El Consejo de Estado anul� el art�culo 5 del decreto en cita, a trav�s de sentencia del 15 de julio de 1994.[4]

iii) La Asamblea de Boyac� expidi� la Ordenanza 028 del 17 de agosto de 1999, por la cual cre� la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso, que sustituy� al Hospital San Jos� de Sogamoso en todos sus derechos y obligaciones como empleador de �los demandantes�; estos fueron incorporados a aquella sin soluci�n de continuidad, en virtud de lo dispuesto en la Ley 10 de 1990. La permanencia en el horario, remuneraci�n y funci�n, demuestra, de manera objetiva, la sustituci�n patronal, por lo que, pese a la reestructuraci�n del Hospital ocurrida por virtud de la citada ordenanza, se deb�an respetar los derechos irrenunciables que ten�an sus empleados en virtud de la convenci�n colectiva y de los laudos arbitrales que se encuentran vigentes.

iv) La Ordenanza 028 de 1999 viola el art�culo 93 constitucional, pues desconoce tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia relacionados con el respeto por los derechos laborales y la obligatoriedad de cumplir los preceptos de la OIT, particularmente el Convenio 87, pues, en este caso, a los empleados del hospital no se les pidi� su consentimiento para que se produjera la sustituci�n patronal, ni para cambiar la naturaleza jur�dica y la estructura del hospital, todo lo cual constituye una flagrante violaci�n de los derechos al trabajo, a la vida, al m�nimo vital y las expectativas pensionales, producto del desconocimiento de las convenciones y los laudos arbitrales vigentes con el Hospital.

v) Los se�ores Amanda Garc�a Abril, Ana Elvira Samac� Vel�squez, Ana Fanory Su�rez Fl�rez, Ana Graciela Vanegas Chaparro, Ana Rosa Aguirre C�rdenas, Ana Rosa Cristancho Su�rez, Candelaria Le�n P�rez, Carlos Arturo Sanabria Gallo, Emilia de Jes�s Silvia de Chaparra, Flor Marina Chinchilla Bayona, Gilma Luc�a Albarrac�n Vargas, Gloria Elvira Vel�squez G�mez, Flor Marina Chinchilla Bayona,[5] Gustavo Antonio Izquierdo Sandoval, Hermencia Holgu�n Africano, Herminda Velandia Ot�lora, In�s de Jes�s Sola Alvarado, Jes�s Mar�a P�rez Preciado, Jorge Alberto Ojeda S�nchez, Laura Gabriela Camargo Coy, Miryam Matilde S�nchez Arias, Luz Myriam S�nchez S�nchez, Marco Fidel Soler Rinc�n, Mar�a Alarc�n de Pe�a, Mar�a Aquilina Mart�nez Rosa, Mar�a Aura Luz Parra Corredor, Mar�a Cleotilde Silva P�rez, Mar�a Esther Le�n de B�ez, Mar�a Fanny Tinoco de P�rez, Mar�a Flor Alba Rodr�guez Ni�o, Mar�a Lucrecia G�mez de Malpica, Mar�a Luisa Vargas Castillo, Mar�a Marina Molina Uzgame, Mar�a Sagrario Silva Granados, Mariela Bernal de Monta�o, Martha Ballesteros de Mart�nez, Miryam Matilde S�nchez Arias,[6] Myriam Amanda Pe�a de Candia, Nubia Carmenza Mart�nez Cardozo, Olga Mar�a Molano L�pez, Nelcy Cecilia Rodr�guez Nossa, Rosa Elena Acevedo Bernal, Sixta Obed Barrera P�rez, Teodolinda Agudelo de Orduz, Tilcia Alicia C�ceres Beltr�n, Yolanda In�s P�rez �lvarez, Luis Acosta Bonilla, Elena Amparo Torres Alba, Nohemy L�pez Fonseca y Mar�a Enidied C�rdenas de Torres fueron empleados p�blicos de Hospital San Jos� de Sogamoso y, producto de su reestructuraci�n, se expidieron actos administrativos que liquidaron y ordenaron pagar una indemnizaci�n, con base en el Decreto 1572 de 1998; con ello se violaron derechos adquiridos previstos en la convenci�n colectiva suscrita el 27 de mayo de 1999 entre el hospital y el Sindicato de Trabajadores de San Jos� de Sogamoso.

vi) La gerencia de la ESE Hospital Regional de Sogamoso respondi� diferentes peticiones formuladas por los interesados y les inform� que no les asist�an los derechos extralegales derivados de la convenci�n colectiva y del laudo arbitral, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002.

vii) El Hospital Regional de Sogamoso no puede escudarse en una indemnizaci�n mal liquidada, para desatender los derechos y dem�s preceptos constitucionales, pues ello genera una violaci�n directa del ordenamiento superior y de la ley; en tales condiciones, los conceptos salariales de �los demandantes� a�n no han sido pagados, pese a las demandas que han interpuesto, las cuales no han prosperado bien sea por falta de defensa t�cnica o porque los jueces laborales declararon la falta de competencia o porque la Ordenanza 028 de 1999 y los actos proferidos en cumplimiento de ella carec�an de validez.

viii) La v�a gubernativa se encuentra agotada �tanto en recursos como en instancias negando en m�ltiples pronunciamientos� pero en ninguna providencia de los jueces laborales o administrativos se ha realizado el estudio de nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza 028 de 1999, ni de los actos proferidos por virtud de ella, en especial, aquellos en los cuales se suspendieron los beneficios econ�micos derivados de la convenci�n o el laudo arbitral suscrito por el Hospital.

ix) �Los accionantes� son un grupo de especial protecci�n, pues son personas de la tercera edad, padres cabeza de familia, algunos padecen disminuci�n de la capacidad laboral y, muchos de ellos, en la actualidad, no perciben salario o pensi�n que les permita tener unas condiciones m�nimas para vivir dignamente, a causa de la reestructuraci�n en referencia. Bajo ese entendido, la �desobediencia y mala fe de la entidad� hacia sus empleados hace exigible la imposici�n de sanciones econ�micas previstas en la ley, por no pagar prestaciones sociales y dem�s derechos adquiridos derivados de la convenci�n colectiva y el laudo arbitral.

x) La demanda es procedente porque �la ordenanza 028 de 1999 y el decreto 1243 de 1992 violan el inciso final del art�culo 53 de la Constituci�n Nacional� menoscaban la dignidad de los trabajadores del hospital y los derechos laborales reconocidos en el laudo y la convenci�n citados. En ese orden, se vislumbra la necesidad de �conocer la presente acci�n de tutela� porque �los accionantes� est�n desprotegidos y abandonados por la justicia, m�xime cuando en Colombia se han firmado tratados internacionales que garantizan derechos que se deben mantener a�n a pesar de la reestructuraci�n de las empresas sociales del Estado.

xi) Pese al tiempo que ha transcurrido desde la reestructuraci�n del hospital �la presente acci�n de tutela se instaura en la actualidad por falta de defensa t�cnica� del abogado que tom� el poder a �los accionantes� que no advirti� la posibilidad de reclamar la inconstitucionalidad y estos desconoc�an la posibilidad de atacar la �ordenanza 028 y [el] decreto 1243 para la protecci�n de sus derechos laborales�.

xii) La ESE no ha reconocido y pagado los derechos laborales a los empleados que tuvieron continuidad tanto en el cargo como en el lugar de trabajo y en el horario, por ello no se comparte la tesis seg�n la cual se trata de nuevas vinculaciones sin continuidad, pues, la realidad es que el �nico cambio que surgi� fue el de la raz�n social, pero la prestaci�n del servicio continu� bajos las mismas circunstancias de tiempo modo y lugar, aunque con desconocimiento de los derechos laborales y menoscabo del patrimonio de los trabajadores.

El demandante sostuvo que con las previsiones acusadas se violaron los art�culos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53 y 150, numeral 10, de la Constituci�n Pol�tica, la ley 10 de 1990 y el Decreto 1399 de 1990.

i) Los empleados que ven�an vinculados al �Hospital San Jos� fueron incorporados a la ESE Hospital Regional de Sogamoso sin soluci�n de continuidad, es decir que manten�an los beneficios reconocidos, en particular, aquellos previstos en las convenciones colectivas legalmente pactadas. Por lo anterior, la entidad demandada no pod�a acudir a una errada interpretaci�n del Decreto 1919 de 2002 para suspender las prerrogativas econ�micas de las que gozaban, pues tales derechos no se pueden transformar, modificar o desconocer unilateralmente, so pena de vulnerar los art�culos 25 y 53 constitucionales, m�xime cuando aquellos estaban garantizados por los art�culos 17 de la Ley 10 de 1990, 2 y 5 del Decreto 1919 de 2002, que impon�an el respeto por los derechos adquiridos.

ii) Aunque hubo una reorganizaci�n del Sistema Nacional de Salud, producto del proceso de descentralizaci�n dispuesto en la Ley 10 de 1990, especialmente en la naturaleza jur�dica de los hospitales, el cambio del nombre de estos no implicaba la transformaci�n de sus obligaciones, ni ir en contrav�a de los beneficios de los trabajadores, pues el prop�sito de la reestructuraci�n de tales entidades no era otro que prestar un mejor servicio de salud.

iii) Es deber de los nacionales acatar la constituci�n y la ley, sin embargo, ello no ocurri� en la actuaci�n que se cuestiona, pues se desconocieron �todos los derechos de mi mandante al desvincularlo con un acto administrativo, tomando la decisi�n de cesar sus funciones en el cargo que ven�a desempe�ando, por supresi�n de cargo� pese a que ten�a excelentes calidades como miembro de la oficina del Comisionado para la Polic�a Nacional. Adem�s, su derecho adquirido con ocasi�n de su vinculaci�n daba lugar a permitirle mantenerse en la instituci�n o, por lo menos, �reubicarlo en otro cargo de la misma o superior categor�a en el Ministerio de Defensa�, pero como no ocurri� as�, el derecho al trabajo result� desprotegido.

iv) El pre�mbulo y los art�culos 1, 2, inciso 2, 6, 13, 53 y 90 de la Constituci�n Pol�tica prev�n, dentro de los fines de nuestra organizaci�n social y pol�tica, el de asegurar a sus integrantes el trabajo y la justicia, todo dentro de un marco participativo que garantice un orden econ�mico y social justo, adem�s, uno de los deberes del Estado consiste en promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adopten medidas conducentes para tal fin; de tal manera, al desconocer las convenciones colectivas suscritas con las formalidades de ley la administraci�n vulner� los principios m�nimos fundamentales en materia laboral de los trabajadores del hospital, y tal omisi�n debe ser sancionada, al tenor del art�culo 6 ibidem.

v) Las sentencias T-207 de 1995 y T-042 de 1996 de la Corte Constitucional tratan sobre los derechos prestacionales y determinan que pueden exigirse a trav�s de los mecanismos judiciales, y que para resolver tales reclamaciones, lo importante es atender la situaci�n concreta �por encima de f�rmulas o tipos ideales�, m�s a�n, cuando el prop�sito del constituyente fue el de garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en el ordenamiento superior, tales motivos resultan suficientes para dar viabilidad a la pretensi�n de nulidad, pues no hay duda de que se demostr� la violaci�n del �debido proceso para el retiro del actor�.

vi) Con la expedici�n del Decreto 1399 de 1990 y la Ley 10 de 1990 el presidente desbord� sus facultades y �contagio de expedici�n irregular y abuso de poder en el (sic) acto incoado� pues no es razonable que la sola invocaci�n de facultades extraordinarias conferidas por el legislador, sirva para �derogar convenciones colectivas y laudos arbitrales aun existentes�. En ese orden, la ley y el decreto citados violan los art�culos 4 y 6 constitucionales, porque para justificar el otorgamiento de facultades, se debi� tener en cuenta si exist�an dependencias, �rganos o entidades de la Rama Ejecutiva, del orden nacional, que desarrollaran las funciones, para justificarla necesidad de fusionarlas o suprimirlas con el prop�sito de racionalizar el gasto p�blico.

vii) En el art�culo 150, numeral 7, de la Constituci�n Pol�tica est� expresamente consagrada la funci�n del legislador para suprimir entidades y la estructura org�nica de ellas, entre tanto, en el art�culo 189, numeral 14, ibidem se fij� la atribuci�n del presidente de la Rep�blica destinada a crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administraci�n central, lo cual comporta una competencia administrativa que, en todo caso, est� sujeta a la ley. Es decir que la funci�n de modificar la estructura de los diferentes organismos del Estado, producto de las facultades extraordinarias conferidas al presidente, se debe cumplir dentro de los principios y reglas definidas por la ley, y tales facultades no pueden ser impl�citas ni interpretarse como criterio extensivo, pues al hacerlo se viola la Constituci�n, tal como ocurri� con el Decreto 1399 de 1990 y la Ley 10 de 1990, los cuales tambi�n vulneraron, en particular, el art�culo 29 superior.

ix) En la Sentencia C-314 de 2004, la Corte encontr� que algunas expresiones del art�culo 18 del Decreto 1750 de 2003 violaban el art�culo 53 constitucional, pues conten�an una regulaci�n restrictiva en torno a los derechos adquiridos y dejaba de lado algunos derivados de convenciones colectivas, lo que constitu�a un menoscabo a las garant�as protegidas por el ordenamiento superior y, por ende, retir� algunos segmentos normativos de �l; igual ocurri� en la Sentencia C-349 de 2004, en la que analiz� los art�culos 17, 18 y 19 del decreto citado, y se pronunci� acerca de la vulneraci�n de los derechos de asociaci�n y negociaci�n colectiva all� contenida.

x) La Corte Constitucional ha sostenido que los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente al patrimonio de una persona, mientras que las situaciones jur�dicas no consolidadas, constituyen meras expectativas y, por expresa disposici�n constitucional del art�culo 58, los derechos adquiridos son intangibles y no se pueden desconocer por leyes posteriores, lo que significa que los beneficios obtenidos a trav�s de las convenciones colectivas no pueden ser transgredidos como consecuencia del cambio de r�gimen laboral.

El art�culo 189, numeral 14, constitucional le confiri� al presidente de la Rep�blica la facultad para dictar algunos decretos reglamentarios, mediante los cuales puede crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administraci�n central, se�alar sus funciones y fijar sus dotaciones y emolumentos, pero no puede desbordar la ley marco, pues ello conlleva violaci�n de la constituci�n y, por ende, su acto se torna arbitrario y con abuso de poder. De otro lado, el numeral 15 del citado art�culo le confiere la atribuci�n para crear, fusionar o suprimir entidades, pero para ello, la ley debe determinar qu� entidades y precisar el procedimiento a seguir.

La entidad demandada, por intermedio de apoderada, contest� la demanda[7] y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso las razones que se relacionan a continuaci�n:

i) Seg�n la delimitaci�n realizada en el auto que admiti� la demanda, el pronunciamiento solo se debe circunscribir al Decreto 1572 de 1998, el cual result� derogado por el art�culo 112 del Decreto 1227 de 2005; debido a tal derogatoria, la decisi�n judicial carece de objeto, pues, cuando se radic� la demanda, el decreto acusado ya no estaba vigente.

ii) En todo caso, la demanda no es clara ni concreta, pues se limit� a enunciar una gama de disposiciones que habr�an resultado transgredidas con la Ley 10 de 1990 y con el Decreto 1399 de 1990, pero sin hacer una referencia concreta a la manera en que aquellas disposiciones quebrantaron el decreto materia de control. Por el contrario, algunos de los apartes que comprenden el concepto de violaci�n parece que se tomaron de una acci�n de tutela, y de la exposici�n realizada se alcanza a inferir que lo que se pretende en torno al decreto, es cuestionar que al momento en que se produjo la desvinculaci�n no se reconocieron los derechos prestacionales derivados de la convenci�n colectiva y que, tras intentar resarcir su derecho, a trav�s de acciones ordinarias individuales, se acude, m�s de 10 a�os despu�s, a este medio para anular un decreto que, incluso, ya est� derogado.

iii) En las condiciones anteriores es evidente que la pretensi�n anulatoria respecto del Decreto 1572 de 1998 no puede prosperar, pues, en primer lugar, no est� justificada ni demostrada ninguna de las causales de anulaci�n y, en segundo lugar, los repetitivos y confusos argumentos de la demanda, se enfocaron en la Ley 10 de 1990 y en el Decreto 1399 de 1990, los cuales fueron excluidos de la controversia, y no se plante� cargo formal en contra del decreto de 1998 cuyo control de mantuvo, por lo que no existe un fundamento id�neo para desvirtuar su legalidad.

El apoderado de la entidad contest� la demanda[8] y solicit� despachar desfavorables sus pretensiones, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuaci�n:

i) Del escrito introductorio no se puede extraer ning�n reparo en contra de la legalidad del Decreto 1572 de 1998, pues la inconformidad planteada surge de la indemnizaci�n que habr�an recibido los interesados, producto de la supresi�n de su empleo de la planta de personal del Hospital San Jos� de Sogamoso, en cuanto no se tuvieron en cuenta las previsiones de la convenci�n colectiva suscrita con el Sindicato de Trabajadores de San Jos� de Sogamoso; por tal raz�n, la nulidad se debi� predicar de tales actos de liquidaci�n y no emplear el medio de control bajo an�lisis para revivir t�rminos judicialmente caducados. As� las cosas, la decisi�n sobre la legalidad del decreto acusado, no tiene la virtualidad de modificar situaciones consolidadas, incluso, en el evento de que se hubiera aplicado en forma indebida.

ii) Como la parte demandante no formul� cargos concretos de nulidad contra el decreto acusado, como no se desvirtu� la legalidad que lo ampara y como la censura se contrae a reclamar derechos laborales reconocidos en el laudo arbitral del 27 de mayo de 1999, que es ajeno al texto del decreto acusado, es forzoso concluir que no es viable emitir un pronunciamiento de fondo, por lo cual se solicita emitir una decisi�n inhibitoria.

El 13 de agosto de 2018,[9] se celebr� la audiencia inicial, en la cual se procedi� al saneamiento del proceso[10] y se fij� el litigio en los siguientes t�rminos:

Aclara el conductor de la audiencia que frente a estos actos administrativos, el magistrado doctor Luis Rafael Vergara Quintero, mediante auto decidi� que los dos primeros actos administrativos eran de competencia de la Corte Constitucional y que solo ser�a susceptible de control judicial este esta Corporaci�n el Decreto 1572 de 1998; por lo tanto, el an�lisis que se har� es frente a la legalidad de este Decreto, a trav�s del medio de control de nulidad.

En torno a lo anterior, la parte demandante estuvo conforme, mientras que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica se�al� que en la demanda tan solo se hizo menci�n al decreto acusado, pero no una menci�n espec�fica de las normas que este transgredi� para realizar el an�lisis correspondiente al medio de control. El Ministerio P�blico tambi�n se�al� que no fue clara la pretensi�n y que, en su opini�n, los �nicos art�culos cuya legalidad proceder�a analizar con el 137 y el 140 del Decreto 1572 de 1998. Entre tanto, el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica se�al� que se manten�a en su posici�n inicial.

Como consecuencia de lo anterior, teniendo en consideraci�n que la demanda fue admitida en los t�rminos enunciados y que contra ella no se interpusieron recursos, pero en garant�a de los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci�n de justicia, el despacho conductor del proceso precis� que el problema jur�dico a resolver ser�a el siguiente:[11]

[�] Analizar la constitucionalidad y la legalidad de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 de 1998 a la luz del marco constitucional y legal citado en la demanda. Por ello la fijaci�n del litigio se concreta a establecer si el decreto acusado en los art�culos se�alados se encuentra ajustado a derecho, o, si por el contrario, est� incurso en los cargos de anulaci�n propuestos con la demanda de: violaci�n de normas superiores y de violaci�n del debido proceso.

El demandante, la apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica y el apoderado del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, descorrieron el t�rmino de traslado.[12] El primero, solicit� amparar los derechos al m�nimo vital, la vida, el trabajo y el debido proceso a la libre asociaci�n sindical, la protecci�n especial garantizada en Convenios de la OIT, la inaplicaci�n, por inconstitucionalidad, de los Decretos 1919 de 2002 y 1572 de 1998 y, respecto de este �ltimo, su nulidad; adem�s, el reconocimiento y pago de los derechos reconocidos en la convenci�n colectiva. La segunda y el tercero, solicitaron negar las pretensiones de la demanda.

La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindi� concepto[13] en el cual solicit� negar las pretensiones de la demanda. Las razones que invoc� se resumen a continuaci�n:

i) Seg�n lo decidido en la audiencia inicial en torno a la fijaci�n del litigio, la controversia se circunscribe a establecer si los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 de 1998 est�n ajustados a derechos o incursos en los cargos de infracci�n de normas superiores y del derecho al debido proceso; sin embargo, al revisar la demanda no se advierten argumentos claros y, de su interpretaci�n, se infiere que la censura del demandante se dirige a cuestionar el hecho de que la indemnizaci�n reconocida a los ciudadanos mencionados en el libelo, no estuvo conforme a las convenciones colectivas y el laudo arbitral, que, por cierto, no se allegaron al proceso; por lo tanto, no se advierten razones para invalidar el decreto acusado.

ii) En todo caso, la Ordenanza 028 del 17 de agosto de 1999, defini� la naturaleza del Hospital como indefinida y cre� la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso, el Acuerdo 002 del 21 de enero de 2005, de la Junta Directiva de este, modific� su planta de personal y suprimi� algunos de los cargos y, producto de ello, los empleados que sufrieron la desvinculaci�n fueron indemnizados a trav�s de actos particulares; por lo tanto, si la parte demandante estaba en desacuerdo con tales decisiones debi� demandarlas, oportunamente, a trav�s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el de simple nulidad no puede ser empleado para revivir t�rminos.

iii) As� las cosas, si las decisiones adoptadas en los procesos laborales resultaron adversas, por las razones que en alg�n aparte de la demanda se�al� el demandante, ello no justifica el uso del medio de control para revivir t�rminos. En tales condiciones, no es viable la prosperidad de las pretensiones, pues no se demostr� la infracci�n de normas superiores y legales, por parte de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 de 1998.

Se circunscribe a establecer si los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 de 1998 son violatorios de los art�culos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48 y 53 de la Constituci�n Pol�tica.

De conformidad con los art�culos 1 y 2 de la Constituci�n Pol�tica, Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter�s general; sus fines esenciales son, entre otros, los siguientes: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci�n, asegurar la convivencia pac�fica y la vigencia de un orden justo. Sus autoridades est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en el pa�s, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem�s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Dentro de los derechos garantizados por el ordenamiento superior est�n, entre otros, la igualdad, seg�n la cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibir�n la misma protecci�n y trato por parte de las autoridades y gozar�n de los mismos derechos, libertades y oportunidades; el trabajo, que constituye no solo un derecho sino una obligaci�n social, que se debe desarrollar en condiciones dignas y justas, y que goza, en todas sus modalidades, de la especial protecci�n del Estado; el debido proceso, que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; y la seguridad social, que es irrenunciable y que est� sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Por otro lado, el art�culo 53 constitucional se�ala los principios m�nimos fundamentales de orden laboral, entre ellos, los siguientes: igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneraci�n m�nima vital y m�vil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios m�nimos establecidos en normas laborales; situaci�n m�s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci�n e interpretaci�n de las fuentes formales de derecho; y primac�a de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora bien, el art�culo 4 de la Constituci�n Pol�tica determina que ante cualquier incompatibilidad entre ella y otra ley o norma jur�dica, se preferir� la aplicaci�n de aquella y que es deber tanto de nacionales como extranjeros, acatarla. En consonancia con lo anterior, el art�culo 6 ibidem prev� que los particulares s�lo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci�n y las leyes, mientras que los servidores p�blicos lo son por la misma causa y por omisi�n o extralimitaci�n en el ejercicio de sus funciones.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

i) El 27 de mayo de 1999,[14] se celebr� una convenci�n colectiva de trabajo entre el Hospital San Jos� de Sogamoso y el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Jos� de Sogamoso.

ii) El 28 de agosto de 1998,[15] la Asamblea de Boyac� expidi� la Ordenanza 028, por la cual determin� que, a partir de su vigencia se creaba el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado y que se regir�a por las disposiciones aplicables a este tipo de empresas.

iii) El 30 de diciembre de 2003,[16] setenta personas digirieron petici�n al gerente del Hospital Regional de Sogamoso, en la cual reclamaron �el reconocimiento, liquidaci�n y pago efecto de los factores salariales y prestacionales a que tienen derecho [�] en los t�rminos establecidos en la convenci�n colectiva de trabajo vigente , que corresponde a la suscrita para el periodos comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, entre el hospital san jos� de sogamoso y el sindicato de trabajadores del hospital san jos� de sogamoso, factores salariales y prestacionales que aparecen claramente establecidos en los art�culos 42, 43, 45, 46 y 49 de la referida convenci�n colectiva de trabajo�. De la petici�n se extrae lo siguiente:

2. Sin raz�n legal alguna, el hospital san jos� de sogamoso e.s.e. ha decidido a partir del 1 de septiembre de 2002, no reconocer los derechos legalmente adquiridos por mis representados y contenidos en los art�culos 42, 43, 44, 45, 46 y 49 de la antes mencionada convenci�n colectiva de trabajo, precisamente cuando ostentaban el car�cter de trabajadores particulares, que laboraban al servicio de un ente privado, como lo era el hospital san Jos� de Sogamoso, de acuerdo con el origen del mismo, que en la circunstancia que motiva fundamentalmente el presente Derecho de petici�n.

iv) Las personas se�aladas en la demanda tuvieron una relaci�n laboral con el Hospital San Jos�, que inici� bien sea producto de un acto de nombramiento y un acta de posesi�n o de un contrato de trabajo; como resultado de un proceso de reestructuraci�n que tuvo lugar en la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso, se suprimieron sus empleos y se orden� el reconocimiento y pago de una indemnizaci�n.[17] Se cita, a continuaci�n, la parte considerativa que es com�n a todos los actos que reconocieron tal indemnizaci�n:[18]

Que la Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., fruto del diagn�stico institucional fundado en el estudio t�cnico realizado, mediante Acuerdo No. 002 de 21 de Enero de 2005 adecu� la planta de personal de la entidad suprimiendo el cargo de [�]

Que el art�culo 39 de la ley 443 de 1998 establece: �Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresi�n del cargo. Los empleados p�blicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresi�n o fusi�n de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificaci�n de planta, podr�n optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnizaci�n en los t�rminos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional��

Que el art�culo 45� del Decreto 1568 de 1998 establece: �El empleado cuyo cargo hubiere sido suprimido deber� manifestar su decisi�n, mediante escrito dirigido al Jefe de la entidad, dentro de los cinco (5) d�as calendario siguientes a la fecha del recibo de la comunicaci�n de que trata el art�culo anterior. Si el empleado no manifestare su decisi�n dentro del t�rmino se�alado, se entender� que opta por la indemnizaci�n.

Par�grafo.- Adoptada y comunicada la decisi�n por parte del ex empleado es irrevocable y en consecuencia aquella no podr� ser variada por �l ni por la administraci�n.�

Que el art�culo 46� del Decreto 1568 de 1998 establece: �El Jefe de la entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, deber� reconocer y ordenar el pago de la indemnizaci�n a que tiene derecho el ex empleado con ocasi�n de la supresi�n del empleo del cual era titular dentro de los diez (10) d�as calendario siguientes a la ocurrencia de alguno de los siguientes hechos:

2. Cuando el ex empleado no hubiere manifestado su decisi�n de conformidad con lo dispuesto en el art�culo anterior.

Que es necesario liquidar el valor de la indemnizaci�n de conformidad con la tabla se�alada en el art�culo 137 del Decreto 1572 de 1998 y los factores se�alados en el art�culo 140 de la misma normatividad correspondientes al �ltimo a�o de servicios, debidamente certificados por la entidad conde el servidor p�blico prestaba sus servicios, de acuerdo al Anexo a la Resoluci�n No. 095 que hace parte integral de la misma.

Que de conformidad con el Decreto Reglamentario 1572 de 1998, el factor de liquidaci�n que le corresponde es de 45 d�as por el primer a�o y 40 d�as por los siguientes a�os y por fracci�n de mes.

i) El 21 de octubre de 1996,[19] se public� la Gaceta del Congreso n�mero 457, en la cual aparece el texto del proyecto de ley 144 de 1996 C�mara �por el cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones�.

ii) El 29 de noviembre de 1996,[20] se public� la Gaceta del Congreso n�mero 543, en la cual consta la ponencia para primer debate del referido proyecto de ley.

iii) El 4 de diciembre de 1996,[21] se public� la Gaceta del Congreso n�mero 556, en la cual consta la ponencia para segundo debate del referido proyecto de ley.

iv) El 8 de mayo de 1997,[22] se public� la Gaceta del Congreso n�mero 122, en la que consta el pliego de modificaciones de aludido proyecto de ley.

v) El 29 de agosto de 2018,[23] el asesor con funciones de la Direcci�n Jur�dica del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, dio respuesta a un oficio librado por la Secretar�a de la Secci�n Segunda y se�al�:

Proyecto de Ley [se refiere al enunciado en los numerales i) a iv) que anteceden] que finalmente concluy� con la expedici�n de la Ley 443 de 1998 �por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones�, que, en su art�culo 66, concedi� facultades extraordinarias al Presidente la Rep�blica (sic) para los siguientes prop�sitos [se cita el art�culo]

Ahora bien, en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la Rep�blica por el art�culo 66 de la Ley 443 de 1998 y, en otros casos, en desarrollo de facultades constitucionales ordinarias de �ste �ltimo (Art�culo 189-11 Superior), fueron expedidos, bajo la vigencia de la citada Ley 443, los siguientes decretos en materia de carrera administrativa [Se cita el Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998]

Como puede observarse, el Decreto 1572 de 1998, parcialmente demandado, modificado por el Decreto 2504 del mismo a�o, forma parte del conjunto de normas legales y reglamentarias dictadas dentro de la reforma estructural al sistema general de carrera consagrada en la Ley 443 de 1998, y contempla, en lo que ata�e concretamente al problema jur�dico que hoy ocupa la atenci�n de la Sala de Decisi�n, la normativa de la �poca sobre factores salariales que deb�an ser considerados para la liquidaci�n de la indemnizaci�n pecuniaria por supresi�n del empleo (art. 39 Ley 443 de 1998), que, valga recordar, se encontraban anteriormente regulados en el art�culo 8 de la Ley 27 de 1995 y en el Decreto Reglamentario 1223 de 1992, normas que podr�n tenerse, entonces, como sus antecedentes normativos y administrativos inmediatos, todos derogados por los art�culos 44 de la Ley 909 de 2004 y 90 del Decreto 1227 de 2005, este �ltimo compilado en el art�culo 2.2.11.2.4. del Decreto 1083 de 2015.

Antes de resolver el fondo de la controversia, la Sala considera necesario insistir que el pronunciamiento judicial se limitar� al an�lisis de legalidad del Decreto 1572 de 1998 y, en particular, de sus art�culos 137 y 140. Lo anterior, teniendo en consideraci�n que en la demanda se pretendi�, adem�s, la nulidad de la Ley 10 de 1990 y del Decreto 1399 de 1990, cuyo estudio se excluy� en el auto que admiti� la demanda por falta de competencia, decisi�n que no fue objetada por el interesado, y la totalidad del Decreto 1572 de 1998, pero que se circunscribi� a los art�culos ya mencionados, seg�n la fijaci�n del litigio durante la audiencia inicial, por las razones enunciadas en el ac�pite 1.3 de esta providencia, las cuales se mantienen.

La Sala estima necesario se�alar que el Decreto 1572 de 1998, cuyos art�culos 137 y 140 se cuestionan en el sub examine, fue derogado por el art�culo 112 del Decreto 1227 de 2005[24] �Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998�. No obstante, respecto a la derogatoria de los actos administrativos y su incidencia frente al estudio de su legalidad en sede judicial, el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:[25]

Frente a la sustracci�n de materia, la Sala ha sostenido en varias oportunidades que es procedente decidir de fondo frente a la legalidad de actos administrativos derogados, en tanto la derogatoria de los actos administrativos o su p�rdida de ejecutoria no afectan los elementos de validez de los mismos. Las normas que han perdido fuerza ejecutoria pueden ser objeto de an�lisis por parte de la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, en tanto pudieron afectar derechos o situaciones jur�dicas concretas durante su vigencia[26]. (Se resalta).

Conforme al anterior lineamiento interpretativo, esta Corporaci�n conserva la competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 de 1998, puesto que, a pesar de que fue derogado, resulta necesario analizar si tal previsi�n se ajust� al ordenamiento legal durante el tiempo en que estuvo vigente y surti� efectos jur�dicos.

Precisado como se hizo en los dos ac�pites anteriores, la controversia se contrae a analizar la legalidad de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, cuyo tenor es el siguiente:

Art�culo 137.- La indemnizaci�n de que trata el art�culo 39 de la Ley 443 de 1998 se reconocer� y pagar� de acuerdo con la siguiente tabla:

Por menos de un (1) a�o de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) d�as calendario.

Por un (1) a�o o m�s de servicios continuos y menos de cinco (5): cuarenta y cinco (45) d�as de salario, por el primer a�o; y quince (15) d�as por cada uno de los a�os subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

Por cinco (5) a�os o m�s de servicios continuos y menos de diez (10): cuarenta y cinco (45) d�as de salario, por el primer a�o; y veinte (20) d�as por cada uno de los a�os subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

Por diez (10) a�os o m�s de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) d�as de salario por el primer a�o; y cuarenta (40) d�as por cada uno de los a�os subsiguientes al primero proporcionalmente por meses cumplidos.

Par�grafo.- En todo caso, no podr� efectuarse supresi�n de empleos de carrera que conlleve al pago de la indemnizaci�n sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones.

Art�culo 140.- La indemnizaci�n se liquidar� con base en el salario promedio causado durante el �ltimo a�o de servicios, teniendo en cuenta los siguientes factores:

La indemnizaci�n de que tratan los art�culos citados es aquella prevista en el art�culo 39 de la Ley 443 de 1998 que se concede a los empleados p�blicos de carrera administrativa a quienes se les suprime el cargo respecto del cual ostentan titularidad, por haber accedido a �l producto del concurso de m�ritos. Tal supresi�n ocurre �como consecuencia de la supresi�n o fusi�n de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificaci�n de planta� y se reconoce, bien porque no se pudo lograr la incorporaci�n en los t�rminos se�alados en el art�culo en cita o porque el empleado opta por la indemnizaci�n, ante la alterativa que se le concede para elegir entre esta y el reintegro.

En el caso analizado y tal como lo sostuvieron las entidades demandadas y la agente del Ministerio P�blico, el demandante no formul� un reparo concreto en torno a los art�culos citados, es decir, no explic� la manera en que tales disposiciones vulneraron las normas que se invocaron como transgredidas en la demanda, lo que impide realizar un an�lisis riguroso en contra del acto censurado; sin embargo, y en atenci�n a las garant�as que se busc� proteger con la fijaci�n del litigio,[27] se realizar� un an�lisis de legalidad da la luz de los art�culos que se invocaron como violados.

Tal como se indic� en el ac�pite �2.2. Marco normativo� de esta providencia los derechos que se dicen vulnerados por el actor, con los art�culos acusados, son la igualdad, el trabajo, el debido proceso y la seguridad social; entre tanto, los art�culos materia de control consagran los criterios a tener en cuenta, por parte de la administraci�n, al momento de liquidar la indemnizaci�n a los ex empleados de carrera administrativa a quienes se les ha suprimido el cargo al que han accedido por m�rito, a saber, i) la cantidad de d�as proporcionales al tiempo de labor, que se reconocen a t�tulo indemnizatorio y ii) los factores de salario a tener en cuenta para liquidar tal indemnizaci�n.

Al revisar el texto de los art�culos censurados, la Sala no advierte que la identificaci�n de los criterios indemnizatorios comporte vulneraci�n de los principios y derechos invocados; por el contrario, busca dar un tratamiento equitativo a personas que tienen una identidad f�ctica �empleados de carrera administrativa a quienes se les ha suprimido el cargo� en lo que respecta a las condiciones en las que se va a reconocer la indemnizaci�n, como consecuencia de la supresi�n de cargo, basado en el tiempo de servicio que cada empleado hubiere laborado y sujeto a los emolumentos salariales que estuviere percibiendo al momento en que se produce la desvinculaci�n, lo que se acompasa con el derecho a la igualdad.

Tampoco conlleva transgresi�n del derecho al trabajo, pues aunque este goza de especial protecci�n, por parte del Estado, esta no se extiende al punto de generar una estabilidad ilimitada en el desempe�o del cargo, ni impide que la administraci�n �por razones de inter�s general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la funci�n p�blica, pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el Estado cumpla sus cometidos�.[28]

Precisamente por lo anterior, el legislador previ� la posibilidad de indemnizar a los empleados pertenecientes a la carrera administrativa que resulten perjudicados por la supresi�n del empleo, lo cual �constituye un instrumento eficaz para resarcir el da�o� y constituye una materializaci�n del art�culo 90 constitucional, que �conmina al Estado a responder patrimonialmente por los da�os antijur�dicos que le sean imputables, causados por la acci�n o la omisi�n de las autoridades p�blicas�.[29]

Ahora bien, en lo que respecta al derecho al debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha considerado que su garant�a en las actuaciones administrativas comprende �la correcta producci�n de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administraci�n p�blica, en la realizaci�n de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones� y constituye �el conjunto de garant�as previstas en el ordenamiento jur�dico, a trav�s de las cuales se busca la protecci�n del individuo incurso en una actuaci�n judicial o administrativa, para que durante su tr�mite se respeten sus derechos y se logre la aplicaci�n correcta de la justicia�.[30]

Con sustento en lo anterior, la Subsecci�n no advierte la manera en que tal derecho resulta vulnerado con la actuaci�n del ejecutivo, al delimitar los criterios para indemnizar los perjuicios causados a los empleados inscritos en carrera administrativa, producto de la supresi�n del empleo al que han accedido por m�rito; pues, precisamente, en el marco de las situaciones que le permiten la modificaci�n de la estructura de las entidades y la consecuente supresi�n de empleos, lo que hace en los art�culos objetados es fijar un mecanismo, como el indemnizatorio, que la propia Corte Constitucional ha considerado id�neo para resarcir el perjuicio causado ante tales circunstancias, es decir que el ejercicio de la administraci�n p�blica, lo que busca, en �ltimas, es proteger al individuo que se ha visto perjudicado con una decisi�n estatal.

Finalmente, en lo que se refiere al derecho a la seguridad social, los art�culos 137 y 140 no ata�en a asuntos relacionados con ese derecho, sino, se repite, con la consecuencia indemnizatoria subsiguiente a la supresi�n de un empleo, la cual no guarda relaci�n con un derecho como el garantizado por el art�culo 48 constitucional, por lo que no se advierte la manera en que este pueda resultar transgredido al delimitar unos criterios para conceder una indemnizaci�n, producto de la supresi�n de un cargo de carrera.

Las razones anteriores son suficientes para considerar que el demandante no logr� desvirtuar la legalidad de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998 y, por ende, sus pretensiones se deber�n resolver desfavorablemente, como se determinar� en la parte resolutiva de esta providencia.

Al margen de lo anterior, la Sala considera importante se�alar que lo que se refleja en el libelo, tanto en los hechos que le sirvieron de sustento, como en el concepto de violaci�n, es una evidente inconformidad con decisiones de la administraci�n, diferentes a los art�culos censurados, a saber:

No obstante lo anterior, es evidente que la demanda no se formul� en contra de los actos antes citados y lo que el demandante pretend�a, en �ltimas, era el resarcimiento de los derechos laborales que consider� quebrantados por la aplicaci�n del r�gimen de prestaciones sociales previsto en el Decreto 1919 de 2002 y la no observancia de las prestaciones, en los t�rminos acordados en la Convenci�n Colectiva del 27 de mayo de 1999, pues as� lo dej� ver tanto en la demanda, como en el memorial de alegatos de conclusi�n.

Sin embargo, la Sala estima que la pretensi�n de reconocimiento prestacional escapa al control abstracto de legalidad que comprende el medio de control de nulidad, y es propia del de nulidad y restablecimiento del derecho, del que se debi� hacer uso oportuno, bien sea en contra de los actos administrativos particulares que suspendieron el pago de las prestaciones sociales al entrar en vigencia el Decreto 1919 de 2002 o de los de igual naturaleza, que reconocieron y liquidaron la indemnizaci�n, producto de la supresi�n del cargo, ocurrida en el a�o 2005; por lo tanto, es evidente que lo que intent� fue acudir a un medio de control que no era id�neo, pretendiendo que al exponer la situaci�n, podr�a lograr un restablecimiento de los derechos que consideraba vulnerados.

Finalmente, y debido a lo expuesto, la Sala considera oportuno se�alar que el Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, cuyos art�culos 137 y 140 son materia de examen en el sub lite, no rige la situaci�n particular y concreta que el actor quiso exponer en el libelo; s� determina los criterios a tener en cuenta para liquidar la indemnizaci�n en casos de supresi�n del cargos de empleados inscritos en el escalaf�n de carrera administrativa, pero lo hace en forma general, aplicable a cualquiera de las entidades destinatarias de sus disposiciones, y bajo criterios objetivos, pero, en momento alguno, busca transgredir derechos derivados de convenciones colectivas o laudos arbitrales, como los invocados en la demanda.

En consideraci�n a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se ventila un asunto de inter�s p�blico, no se impondr� condena en costas, de conformidad con lo previsto en el art�culo 188[31] del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con base en la preceptiva jur�dica que gobierna la materia y con base en el acervo probatorio, se concluye que el se�or Nilson Arturo Vega V�squez no logr� desvirtuar la legalidad de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998 �por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto - Ley 1567 de 1998�; en consecuencia, se deber�n denegar las pretensiones de la demanda y no habr� condena en costas.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Sub Secci�n A, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

Primero.- Denegar las pretensiones de la demanda formulada por el se�or Nilson Arturo Vega V�squez en contra de los art�culos 137 y 140 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

Tercero.- En firme esta decisi�n, por Secretar�a de la Secci�n Segunda, h�ganse las anotaciones correspondientes y arch�vese el expediente.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesi�n de la fecha.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electr�nicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con el art�culo 186 del CPACA.

[1] Se precisa que aunque en la demanda se invoc� como nulidad por inconstitucionalidad, en el auto introductor (folios 209 a 212) se dio tr�mite de nulidad, al tenor de lo dispuesto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[2] Se precisa que aunque la demanda se dirigi�, adem�s, en contra de la Ley 10 de 1990 y el Decreto 1399 de 1990, en el auto que admiti� la demanda, esas dos disposiciones se excluyeron de la controversia porque no eran de competencia del Consejo de Estado sino de la Corte Constitucional y, tan solo se continu� el proceso respecto de la pretensi�n de nulidad del Decreto 1572 de 1998 �en lo que tiene que ver con los derechos laborales que se reconocieron por el laudo arbitral de 27 de mayo de 1999, que se suscribi� entre el Hospital San Jos� de Sogamoso y el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Jos� de Sogamoso�.

[3] Se precisa que aunque en la demanda, se invoc� que actuaba en su nombre y como �abogado o defensa t�cnica de los ciudadanos� all� enunciados, no se adjunt� poder que le hubieran conferido las 50 personas enlistadas. Adem�s, no present� oposici�n en torno a la decisi�n adoptada en el auto que admiti� la demanda, en el cual tan solo se le mencion� a �l como demandante. Se aclara que en el numeral primero de la parte resolutiva de esa providencia se se�al�: �adm�tese la demanda para que se declare nulo el Decreto 1572 de 5 de agosto de 1998 que se present� en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el art�culo 137 de la Ley 1437 de 2011 por el ciudadano Nilson Arturo Vega V�squez contra el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica� (folios 209 a 212). Por otro lado, durante la audiencia inicial (folios 259 a 261 y 289 a 302), al realizar el saneamiento del proceso, el despacho ponente precis� que ante la carencia de poderes de las personas a quienes pretend�a representar, se le tendr�a a �l, exclusivamente, como demandante, frente a lo cual no plante� ninguna objeci�n.

[4] En los hechos del libelo no se indica la referencia de la sentencia que se menciona.

[5] Se aclara que aunque tiene igual nombre que una de las personas relacionadas con antelaci�n, en el listado aparece un n�mero diferente de c�dula para cada una de ellas, raz�n por la cual se mantiene la enunciaci�n, entendiendo que se trata de dos personas distintas.

[6] Se aclara que aunque tiene igual nombre que una de las personas relacionadas con antelaci�n, en el listado aparece un n�mero diferente de c�dula para cada una de ellas, raz�n por la cual se mantiene la enunciaci�n, entendiendo que se trata de dos personas distintas.

[11] Ni las partes ni la agente del Ministerio P�blico formularon objeci�n frente al problema jur�dico.

[17] Tanto los actos en que consta el v�nculo laboral como aquellos en que se reconoci� la indemnizaci�n por supresi�n del cargo aparecen en los folios 1 a 134.

[18] Se aclara que algunos de ellos recibieron unas sumas por concepto de acreencias laborales, con ocasi�n de sentencias judiciales proferidas por la jurisdicci�n ordinaria, las constancias aparecen intercaladas entre los folios 1 a 134.

[24] �Art�culo 112. El presente decreto rige a partir de su publicaci�n y deroga los decretos 1572 de 1998, 2504 de 1998, 1173 de 1999 y las disposiciones que le sean contrarias�.

[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, C.P. Dr. Milton Chaves Garc�a, sentencia de 9 de diciembre de 2019, radicado: 11001-03-27-000-2013-00029-00(20498).

[26] Cita propia del texto transcrito �consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta. Sentencias del 10 de octubre de 2007, exp. 15134, M.P. H�ctor J. Romero D�az; del 23 de julio de 2009, exp. 15311, M.P. H�ctor J. Romero D�az; del 23 de enero de 2014, exp. 18841, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodr�guez; del 20 de febrero de 2017, exp. 20828 M.P. Hugo Fernando Bastidas B�rcenas, y Auto del 31 de octubre de 2018, exp. 22518, M.P. Jorge Octavio Ram�rez Ram�rez.�

[27] Debido proceso, derecho de defensa y acceso a la administraci�n de justicia.

[29] Las dos �ltimas citas corresponden a la Sentencia C-370 de 1999, M.P. Carlos Gaviria D�az.

[30] Corte Constitucional, Sentencia C-341 de 2014, M.P. Mauricio Gonz�lez Cuervo.

[31]Art�culo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un inter�s p�blico, la sentencia dispondr� sobre la condena en costas, cuya liquidaci�n y ejecuci�n se regir�n por las normas del C�digo de Procedimiento Civil.

Fecha Providencia	24/07/2021
Fecha de notificaci�n	24/06/2021