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Sentencias de NulidadLAURA BUENDÍA GRIGPRIUfalse15/10/2019del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012Identificadores10030206166true1315744original30180645Identificadores

Fecha de notificación

15/10/2019

Sala:  -- Seleccione --

Sección:  null

Subsección:  null

Norma demandada:  del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012

Demandante:  LAURA BUENDÍA GRIGPRIU


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

Referencia:

MEDIO DE CONTROL DE NUUDAD

Número único de radicación:

1100103 24 000 2017 00264 00

Actora:

LAURA BUENDÍA GRIGPRIU

Asunto:

Niega medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

El Despacho procede a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012, expedido por el GOBIERNO NACIONAL[1]

l.- ANTECEDENTES

La señora LAURA BUENDÍA GRIGPRIU, actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, previsto en el artículo 135 del CPACA, presentó demanda ante esta Corporación con el fin de que se declare la nulidad, previa suspensión provisional de los efectos del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012,

"Por el cual se expide el reglamento técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia", expedido por el GOBIERNO NACIONAL.

II-. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

La actora solicita la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012, por violación de los artículos 6°, 13, 121 y 333 de la Constitución Política; la Ley SO de 14 de abril de 1973[2] ; los artículos 1o, 20, 45 a 49 de la Ley 400 de 19 de agosto de 1997[3] ; la Ley 457 de 4 de agosto de 1998[4] ; el artículo 40 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; los numerales 2.1., 2.2 y 2.3. del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio -OTC-; los artículos 70 y 90 de la Decisión 376 de 18 de abril de 1995, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 1o y 60 de la Decisión 562 de 26 de junio de 2003, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expresa que el acto demandado vulnera el derecho a la igualdad de los importadores pues exige que las barras corrugadas que sean usadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes importadas se encuentren clasificadas en las subpartidas 72.13.10.00.00 (Alambrón de hierro o acero sin alear. Con muescas, cordones, surcos o relieves, productos en el laminado) o 72.14.20.00.00 (Barra de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente así como sometidas a torsión después del laminado. Con muescas, cordones, surcos o relieves, productos en el laminado), mientras que las barras corrugadas fabricadas a nivel nacional no tienen que cumplir con dicha clasificación.

Sostiene que se genera un trato desigual entre el producto nacional y el importado, por cuanto se limita la elaboración del producto importado a los materiales admitidos para reforzamiento de concreto en construcciones sismo resistentes, aquellos contenidos en las subpartidas 72.13.10.00.00 y 72.14.20.00.00, mientras que los productos nacionales carecen de dicha limitación.

Indica que el Decreto acusado crea un obstáculo técnico innecesario en el mercado de barras corrugadas, por cuanto la restricción establecida con las subpartidas no supone la disminución de un riesgo vinculado con la seguridad nacional, la inducción a error al consumidor, la protección de la vida, la salud o seguridad humana, la flora, la fauna o del medio ambiente en general.

Afirma que el Gobierno Nacional excedió su competencia para expedir el reglamento técnico aplicable a las barras corrugadas, pues no tuvo en cuenta lo establecido en las Decisiones 376 de 1995 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 562 de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina, que regulan la materia, al crear un requisito discriminatorio, arbitrario e injustificado para los importadores del producto mencionado.

III: TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

III. 1. El MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitó que se deniegue la solicitud de medida cautelar[5].

Indicó que el Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 no produce efectos jurídicos en la actualidad, debido a que fue derogado por el Decreto 860 de 24 de mayo de 2018[6], circunstancia por la que decretar la medida cautelar solicitada carecería de sentido y finalidad.

Manifestó que fue el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA V TURISMO quien elaboró el Reglamento Técnico aplicable a las barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia; y que la entidad únicamente posee funciones consultivas y de asesoría en calidad de miembro de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo resistentes del Gobierno Nacional, conforme con lo previsto en la Ley 400 de 19 de agosto de 1997[7] .

III.2. El MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO estimó que debe negarse la medida cautelar solicitada por la demandante comoquiera que ni en el escrito de suspensión provisional ni en los fundamentos de derecho de la demanda se logra demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA.

Indicó que la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado también es improcedente por cuanto la demandante no acreditó que con ocasión de la expedición del acto acusado se le cause un perjuicio irremediable.

III.3. El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO presentó escrito de forma extemporánea.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo procesos[8].

El Capítulo XI del Título V de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 (CPACA) presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. [9]

De acuerdo con la norma, las medidas cautelares se clasifican en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu qua; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa. [10]

En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el Juez para la adopción de la medida, merece destacarse que aquel cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción del artículo 229, el cual permite decretar todas aquellas <<que considere necesarias [ ...] ». No obstante, a voces del citado artículo, su decisión estará sujeta a lo «regulado » en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente debe el demandante presentar «documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla» . (Resaltado fuera del texto).

Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015[11], señaló:

« [...] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora . El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho. [...]». (Negrillas fuera del texto).

También la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 sostuvo:

«{...] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[12] ( Negrillas no son del texto).

Así pues, conforme a la Jurisprudencia de esta Corporación, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, deberá verificarse la conc urrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) pericu lum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderac ión de intereses.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA[13] se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».[14]

Merece resaltarse, en relación con el anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 2 de enero de 1984), que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la manifiesta infracción de la norma invocada, indicándose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto.

Por ello, la innovación más relevante de la Ley 1437 consiste en referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas[15].

Acerca de la manera en la que el Juez aborda este análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en la citada providencia de 17 de marzo de 2015 sostuvo:

« [...] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2° del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final [ ...] »[16]. (Resaltado fuera del texto original).

Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala, se trata de «mecanismos meramente cautelar es, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»[17].

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud ». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger prov isionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud . Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Caso Concreto

A través del Decreto 1513 de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismorresiste ntes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

Lo primero que destaca la Sala Unitaria es que el acto acusado fue expresame nte derogado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 860 de 24 de mayo de 2018, "Por el cual se deroga el Decreto 1513de 2012", cuyo artículo 1 ° dispuso:

"Artículo 1. Objeto. Derogar el Decreto 1513 de 2012 "Por elcual se expide el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen enColombia", a partir del 11 de abril de 20 18".

Como ya se indicó el Decreto 1513 de 2012 estableció el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia; no obstante, la derogatoria de este impide un pronunciamiento del Juez respecto de la suspensión provisional de los efectos de un acto que ha perdido obligatoriedad, en la medida en que ya no se encuentra vigente.

Sobre el particular, el artículo 91 del CPACA prevé:

"Artírulo 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecudados en los siguientes casos:

  1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

  1. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

  1. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

  1. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

  1. Cuandopierclanvigencia"(Se destaca).

Es del caso destacar que la característica primordial de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es impedir que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide su legalidad en el proceso. De ahí que al perder vigencia tales efectos, la medida se torne improcedente.

Esto es lo que la Jurisprudencia ha denominado carencia de objeto por sustracción de materia. Al respecto, en proveído de 17 de julio de 2014[18], el Despacho indicó:

"[ ..] la Jurisprudencia de la Corporación ha precisado que, por tratarse de una medida cautelar, cuando se han cumplido o ejecutado los efectos del acto acusado, no es procedente su decreto[19] Ello, por cuanto, los efectos que se pretenden suspender ya se produjeron, configurándose una carencia ele objeto, por sustracción ele materia [..]"(Resaltado fuera de texto original).[20]

Lo anterior no es óbice para que esta Jurisdicción efectúe el estudio de la legalidad del Decreto demandado, en razón de los efectos que pudo producir durante su vigencia.

En este orden de ideas, se impone para la Sala Unitaria denegar la medida cautelar solicitada, por sustracción de materia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RE S U EL V E:

DENEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

Consejera



[1] Conformado por el Pres1dente de la República, el Ministro de Comercio Industria y Turismo, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministro de Transporte.

[2] "Por la cual se aprueba un convenio internacional y se determinan las modalidades de su aplicación".

[3] ·"Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes".

[4] "Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo modifica torio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena ", suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los vemtiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y se1s (1996)".

[5] Folios 42 a 44, cuaderno de la medida cautelar

[6] "Por el cual se deroga el Decreto 1513 de 2012".

[7] "Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes".

[8] Ver ampliación de esta definición en la sentencia e- 379 de 2004, de la Corte Constitucional.

[9] Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa número único de radicación 11001 03 26 000 2015 00022 00, en la que se aseveró: « [ ...] se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda "la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón "[ ...} ».

[10] A rtículo 23 0 del CPACA.

[11] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, C.p. doctora Sandra Lisset !barra Vélez, número único de radicación 11001 03 15 000 2014 03799 OO.

[12] Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó:

« [. ] Se ha sostenido en anteriores ocasiones:

( ) La discrecionalidad, en cuanto fenómeno con trascendencia jurídica, se concibe como un margen permitido de acción a las autoridades de cualquiera de los poderes públicos, en los eventos en que debiendo adoptar una decisión, el marco de sujeción a su actuación establecido por el ordenamiento jurídico resulta a todas indeterminado, correspondiéndole construir la decisión y, por lo tanto,

las consecuencias jurídicas de la misma, bajo consideraciones objetivas de acatamiento y respeto al

orden jurídico y a sus principios estructurantes.

( ..)

El asunto resulta elemental: allí donde el Juez Administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad'

En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica

i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencia propio de la

administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un

razonamiento eminentemente jurídico de ponderación , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos ( ..) que ordena analizar si se encuentra justificado que la satisfacción de uno de los principios afecte al otro [...]».(Subrayas fuera del texto original).

[13] El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias de las siguientes» cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta

<< vulnerante o amenazante», cuando fuere pos1ble (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numera l 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión , o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualqu1era de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5) . Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).

[14] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa

[15] Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admm1strat1vo, asunto explicado en la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (número único de radicación 11001 03 15 000 2014 03799 00), en la cual se puntualizó: «{...] Ahora bien, centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativo, amplió, en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretación del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del en un enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción, a la que hacía referencia el artículo 152 del anterior Código, fue reemplazada por el surgimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta Jurisdicción obedece y reclama la tutela judicial efectiva [ ...]».

[16] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenc ioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 20 15, C.p. doctora Sandra Lisset !barra Vélez, número único de radicación 11001 03 15 000 2014 03799 OO.

[17] Así lo sostuvo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001 03 24 000 2013 00503 00, al expresar que: «Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del CPACA expresamente dispone que "[I]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento ". De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces "la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite" [ ...]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o "prejuzgamiento" de la causa [...]. La carga de argumentación y probatoria que debe asum1r quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia». (Negrillas fuera del texto original).

[18] Expediente nro. 2012 -00496-01, ConseJera ponente: María Elizabeth García González.

[19] ] Ver, entre otras, providencia de 2 de febrero de 2005, Expediente nro. 2004- 00034, Consejera ponente: doctora María Elena Gira/do Gómez

[20] Posición reiterada en las providencias de 13 de abril de 2015 (Expediente nro. 2014-00497-00) y 20 de abril l de 2017 (Expediente nro. 2015-00524-00) de la suscrita consejera