100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030036462AUTOSala Plena11001032400020140044700 y 11001032400020132019575892565200000AUTO_Sala Plena___11001032400020140044700 y 1100103240002013__2019_575892565200000300364615652CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C. 24 ABR 2019 Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - MEDIDA CAUTELAR Radicación: 11001-03-24-000-201 4-00447 -00 y 11001-03-24-000-201 3-00650-00 (acumulados) Demandante: DANIEL SUÁREZ CHALARCA y CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ Demandado: NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Tema: NEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR POR CUANTO NI DE LA CONFRONTACIÓN DEL ACTO DEMANDADO NI DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS, SE EVIDENCIA LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES CITADAS COMO INFRINGIDAS SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO El Despacho procede a resolver las solicitudes de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del artículo 82º Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012" , acto administrativo expedido por el Presidente de la República con la firma de la entonces Ministra de Justicia y del Derecho.
Sentencias de NulidadNACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHODANIEL SUÁREZ CHALARCA y CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZfalse24/04/2019artículo 82º Decreto 1829 de agosto 27 de 2013Identificadores10030189354true1294269original30165786Identificadores

Fecha Providencia

575892565200000

Fecha de notificación

24/04/2019

Sala:  Sala Plena

Norma demandada:  artículo 82º Decreto 1829 de agosto 27 de 2013

Demandante:  DANIEL SUÁREZ CHALARCA y CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ

Demandado:  NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C. 24 ABR 2019

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - MEDIDA CAUTELAR Radicación: 11001-03-24-000-201 4-00447 -00 y 11001-03-24-000-201 3-00650-00 (acumulados)

Demandante: DANIEL SUÁREZ CHALARCA y CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ

Demandado: NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Tema: NEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR POR CUANTO NI DE LA CONFRONTACIÓN DEL ACTO DEMANDADO NI DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS, SE EVIDENCIA LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES CITADAS COMO INFRINGIDAS

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO

El Despacho procede a resolver las solicitudes de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del artículo 82º Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012" , acto administrativo expedido por el Presidente de la República con la firma de la entonces Ministra de Justicia y del Derecho.

I-. ANTECEDENTES

1.1. Sea lo primero señalar que, mediante auto de 24 de agosto de 2018, este Despacho, atendiendo la solicitud formulada por una de las entidades demandadas, dispuso acumular los expedientes con número de radicación 11001- 03-24-000-2013-00650-00 y 11001-03-24-000-2014-00447-00, por considerar que se configuraban los supuestos de que trata el artículo 148 del Código General del Proceso1 y en tal sentido dispuso que los citados procesos se tramitarían en un mismo proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Las demandas

1.2.1. Expediente 2014-00447-00

1.2.1.1. El ciudadano Daniel Suárez Chalarca, actuando en nombre propio, y en ejercicio del medio de control de nulidad que trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, presentó demanda ante esta Corporación2 , tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, del parágrafo 2° del artículo 82° del Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012" , al considerar que el Gobierno Nacional incurrió en exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria al imponerles a los conciliadores una restricción en el sentido de no poder atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de las instalaciones de los centros de conciliación.

1.2.2. Expediente 2013-00650-00

1.2.2.1. El ciudadano Carlos Eduardo Paz Gómez, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad - consagrado en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA -, presentó demanda ante esta Corporación3 con la pretensión obtener la nulidad del inciso segundo del artículo 82° del Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Gobierno Nacional vulnera los artículos constitucionales: 13 (derecho a la igualdad), 25 (derecho al trabajo), 95.7 (deber ciudadano de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia); y 229 (acceso a la administración de justicia) al imponerles a los conciliadores una restricción, en el sentido de no poder atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de las instalaciones de los centros de conciliación.

En segundo lugar, cabe poner de relieve que esta última demanda fue admitida e interpretada por este Despacho como de nulidad\ de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del mismo estatuto procesal, teniendo en cuenta que para resolver la controversia era menester analizar también normas de carácter legal.

1.3. Solicitudes de suspensión provisional

1.3.1. Expediente 2014-00447-00

1.3.1.1. El actor, en cuaderno separado, solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del articulo 82 Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012" , expedido por el Presidente de la República con la firma de la entonces Ministra de Justicia y del Derecho.

1.3.1.2. Para sustentar la medida cautelar, argumentó que la norma acusada era ilegal por cuanto el Presidente de la República desbordó la potestad reglamentaria que le había sido atribuida por la Ley 640 de 2001 y se ocupó de regular temas de interés general relacionados con las leyes: 23 de marzo 21 de 19915 , 446 de junio 7 de 19986, 640 de enero 5 de 20017 y 1563 de julio 12 de 20128 para lo cual no estaba facultado, habida cuenta que dicha normativa sólo podía ser derogada o modificada por el Congreso de la República.

1.3.1.3. Adujo que la Ley 640 de 2001 tiene como una de sus finalidades empoderar a los ciudadanos para que, de una manera fácil y expedita, solucionen sus conflictos con la intervención de un tercero neutral y calificado. Para el logro de este objetivo la ley permite que las partes que confluyen a la controversia, escojan el conciliador y el espacio idóneo donde puedan lograr los acercamientos.

Asimismo puso de presente que en la citada ley no existe ninguna norma que imponga el lugar donde las partes deban arreglar sus desacuerdos, mediante el mecanismo alternativo de la conciliación y, bajo esta consideración, los abogados conciliadores realizan las audiencias de conciliación en el lugar acordado por las partes, sitio que en muchas ocasiones coincide con el de sus propias oficinas.

1.3.1.4. Argumentó que la disposición acusada viola flagrantemente los siguientes artículos de la Ley 640 de 2001: 16° (selección del conciliador); 7° (conciliadores de los centros de conciliación); 8° (obligaciones del conciliador); 14° (registro de actas de conciliación); 2° (constancias); concluyendo que «se observa una evidente vulneración de los derechos y obligaciones consagrados en la Ley 640 de 2001, por razón de una formalidad creada por un decreto sin potestad reglamentaria [. ..)»9.

1.3.1.6. Finalmente, el actor señala que la norma acusada vulnera el artículo 116 superior, en razón a que «si los particulares, en este caso los abogados conciliadores resultan transitoriamente investidos de la función de administrar justicia, y una norma de inferior categoría a la ley que fo regula impone una formalidad que impide su ejercicio, estamos frente a una flagrante violación de fa Constitución Nacional [...]»'º·

1.3.2. Expediente 2013-00650-00

1.3.2.1. El actor, en cuaderno separado, solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del artículo 82 Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012', expedido por el Presidente de la República con la firma de la entonces Ministra de Justicia y del Derecho.

1.3.2.2. Para sustentar la solicitud, el actor señaló que el decreto reglamentario contentivo de la norma acusada, vulnera la Constitución Política, en sus artículos 13°, 26°, 95.7° y 229°, dado que muchos conciliadores, por diversas razones, "[...] no practican audiencias de conciliación dentro de ningún centro de conciliación [...]"11, y la norma acusada los constriñe al disponer que «no podrán atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de las instalaciones del Centro [...]»12.

1.3.2.3. En el mismo sentido, señala que en un estado social y democrático de derecho aquella vulneración se hace extensiva a todos los asociados y, por ello solicita que, «mientras se falla, se declare la suspensión, para evitar que sus efectos sigan produciendo daños particulares (A los conciliadores) y generales (A los ciudadanos que se quedan sin poder acceder a la justicia, por medio del Mecanismo Alternativo Solución de Conflictos de conciliación) [...] Justicia y del Derecho14•

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

11.1. De las solicitudes de suspensión provisional se corrió traslado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio de 11.2. Expediente 2014-00447-00

11.2.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por medio de apoderada judicial, se opuso al decreto de la medida cautelar al manifestar que al igual que el Ministerio de Justicia y del Derecho, considera que dicha cautela era improcedente, habida cuenta de que el decreto contentivo de la norma acusada (Decreto 1829 de agosto 27 de 2013), había sido objeto de una derogatoria integral, en virtud de la expedición del decreto compilatorio del Sector Justicia, es decir, el Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho".15

11.2.2. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, se opuso a que fuera decretada la medida cautelar solicitada, por cuanto el Decreto 1829 de 2013 (contentivo de la norma acusada), había sido derogado por el Decreto 1069 de 26 de mayo de 201516 y, al no encontrase vigente, no era procedente su suspensión provisional.

11.3. Expediente 2013-00650-00

11.3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por medio de apoderada judicial, se pronunció acerca de la medida cautelar solicitada, en el sentido de que la misma debería ser negada, al considerar que: « [. ..] no es latente ni evidente la supuesta arbitrariedad o contrariedad con normas superiores, pues, [...) fácilmente se concluye que no es cierto que lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 82 del Decreto 1829 de 2013, no sea consecuente con la finalidad y objeto de la Ley 640 de 2001, porque aun cuando allí se señaló que a partir de su vigencia (la del decreto censurado), los conciliadores no podrían atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera del Centro de Conciliación, tal premisa en manera alguna puede entenderse como una limitación al derecho de los particulares a ser investidos, transitoriamente, de la función de administrar justicia en su condición de conciliadores y tampoco limita el acceso a una oportuna y eficiente administración de justicia, de quienes optan por acudir a este mecanismo alternativo de solución de conflictos [...]» 17 .

Finalmente, y como razón adicional para oponerse a la cautela solicitada, la apoderada judicial manifestó que « [...] deviene innecesaria e inocua, en atención a que el Decreto 1829 de 2013 fue derogado por el Decreto 1069 de 2015, vigente a partir del 26 de mayo de 2015, lo que implica que la norma en particular, sobre la cual se solicita su suspensión provisional, ya no hace parte del ordenamiento jurídico y, por tanto, no existe necesidad manifiesta de suspender sus efectos [...]»18

11.3.2. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, solicitó que fuera negada la solicitud de medida cautelar, por cuanto consideró que no resultaba procedente que fuese decretada, toda vez que el Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 (contentivo de la norma acusada), fue compilado el por el Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho; y esta última normativa derogó de manera integral las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Justicia y del Derecho que versaran sobre las mismas materias.

III.-CONSIDERACIONES DE LA SALA

111.1. Acto administrativo enjuiciado

La norma cuestionada es inciso segundo del artículo 82º del Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012'', acto administrativo expedido por el Presidente de la República con la firma de la entonces Ministra de Justicia y del Derecho, que a la letra dice:

Decreto 1829 de 2013

« [...) ARTÍCULO 82. Los Centros que se encuentren en funcionamiento, se regirán por lo previsto en el presente decreto a partir de su entrada en vigencia, y tendrán un término de seis (6) meses para modificar, en lo pertinente, su Reglamento y ajustar sus condiciones a lo aqul previsto, so pena de que su autorización sea cancelada.

A partir de la entrada en vigencia de este decreto los conciliadores no podrán atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de l as i nstalaciones del Centro. Los trámites conciliatorios Iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto concluirán de acuerdo con el régimen anterior [...]».

111.2. Normas violadas

En criterio de los dos demandantes, las normas violadas por la disposición acusada, son las siguientes:

Constitución Política

« [...] ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas [...]».

[...)

« (...) ARTICULO 116. La Corte Constitucional. la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalla General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

[...]

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. [...)».

« [...] ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:

[...]

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; [...)».

« [...] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado [...]».

Ley 640 de 2001

« [...) ARTÍCULO 2o. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.

2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.

3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 dlas calendario siguientes a la presentación de la solicitud.

En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo [...]».

« [...] ARTÍCULO 7o. CONCILIADORES DE CENTROS DE CONCILIACION.

Todos los abogados en ejercicio que acrediten la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que aprueben la evaluación administrada por el mismo Ministerio y que se inscriban ante un centro de conciliación, podrán actuar como conciliadores. Sin embargo, el Gobierno Nacional expedirá el Reglamento en el que se exijan requisitos que permitan acreditar idoneidad y experiencia de los conciliadores en el área en que vayan a actuar.

Los abogados en ejercicio que se inscriban ante los centros de conciliación estarán sujetos a su control y vigilancia y a las obligaciones que el reglamento del centro les establezca.

PARAGRAFO. La inscripción ante los centros de conciliación se renovará cada dos atlos [...]».

« [...] ARTICULO So. OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR. El conciliador tendrá las siguientes obligaciones:

1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación.

4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia.

5. Formular propuestas de arreglo.

6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.

7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en esta ley.

PARAGRAFO. Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles [...]».

« [...] ARTICULO 14. REGISTRO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN. Logrado el acuerdo conciliatorio, total o parcial, los conciliadores de los centros de conciliación, dentro de los dos (2) días siguientes al de la audiencia, deberán registrar el acta ante el centro en el cual se encuentren inscritos. Para efectos de este registro, el conciliador entregará los antecedentes del trámite conciliatorio, un original del acta para que repose en el centro y cuantas copias como partes haya.

Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del acta y sus antecedentes, el centro certificará en cada una de las actas la condición de conciliador inscrito, hará constar si se trata de las primeras copias que prestan mérito ejecutivo y las entregará a las partes. El centro sólo registrará las actas que cumplan con los requisitos formales establecidos en el artículo 1o. de esta ley.

Cuando se trate de conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo el Centro, una vez haya registrado el acta, remitirá el expediente a la jurisdicción competente para que se surta el trámite de aprobación judicial.

Los efectos del acuerdo conciliatorio y del acta de conciliación previstos en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, sólo se surtirán a partir del registro del acta en el Centro de Conciliación.

El registro al que se refiere este artículo no será público. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento que determine la forma como funcionará el registro y cómo se verifique lo dispuesto en este artículo [...]».

111.3. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

111.3.1. Sobre la finalidad19 de las medidas cautelares la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

« [...] Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación senaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serian ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido [...]»'°-

111.3.2. En este sentido, la Constitución Política le reconoce a la jurisdicción contencioso administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnación por vía judicial, pero sólo por /os motivos y con /os requisitos que establezca Ja Jey21•

111.3.3. Cabe resaltar que uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para "proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia".

111.3.4. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

111.3.5. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; il)

2° Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Martln Bermúdez Muñoz. Acción de inconstitucionalidad contra el articulo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso". Magistrado Ponente: Alberto Rojas Rios. Bogotá, D.C., veinte conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa."

111.3.6. Los artículos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

111.3.7. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que "podrá decretar las que considere necesarias"". No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar "documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar Ja medida cautelar que concederla" (Resaltado fuera del texto).

111.3.8. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset lbarra Vélez), señaló:

« (...] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y perlculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un dafio ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho [...]»24 (Negrillas fuera del texto).

111.3.9. Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

« [...] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurldicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iurls y el oericulum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad

[...]»"(Negrillas no son del texto).

111.3.10. Así pues, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderación de intereses.

111.4. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado.

111.4.1. En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo" , se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 23127 y siguientes del CPACA.

111.4.2. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a "evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho".28

111.4.3. De otra parte, es preciso resaltar que el anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se tiene que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la "manifiesta infracción de la norma invocada", indicándose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad, se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto. Por ello, la innovación más relevante de la Ley 1437 de 2011 consiste en, referirse expresamente a la confrontación de l egalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas'•.

111.4.4. Dicho lo anterior, es menester indicar que esta Corporación, en el auto de 13 de mayo de 201530, citado anteriormente, ha señalado que:

« [...] la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del pericu/um in mora y del fumus boniiurs, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio [...]».

111.4.5. Tal visión ha sido compartida por esta Sección en el auto de 27 de agosto de 201531 , en el cual subrayó lo siguiente:

« [...J En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar) ».

111.4.6. Los principios y requisitos enunciados se concretan, a juicio de este Despacho, en las previsiones especiales del inciso primero del artículo 231 del CPACA para esta modalidad de cautela, sin perjuicio del análisis que para el caso en concreto deba realizar el Juez en relación con la necesidad de la urgencia de la medida cautelar.

111.4.7. Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este análisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799), sostuvo:

« [...] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración i nicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas. o con l as pruebas allegadas junto a l a solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria. propia de una instancia en l a que l as partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a l a defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del articulo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, !l2 constituye prejuzgamiento, y es evidente que asl lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final [...]» (Resaltado fuera del texto).

111.4.8. Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que, la decisión sobre la medida cautelar, de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala, se trata de "mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto"."

IV. EL CASO CONCRETO

Cuestión previa

En el presente asunto, los demandantes solicitan la suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del artículo 82 del Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012", expedido por el Gobierno Nacional.

Con anterioridad a abordar las consideraciones que sustentan tales solicitudes, este Despacho considera pertinente establecer si actualmente la norma enjuiciada está o no produciendo efectos juridicos.

Para determinar la vigencia de la norma acusada, la Sala encuentra pertinente seí'\alar que, en el ano , el Gobierno Nacional, por intermedio del Presidente de la República y del Ministro de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" , mediante el cual se compilaron normas de la misma naturaleza del Sector Justicia, entre ellas, el Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012", reglamentación contentiva de la disposición objeto de la presente solicitud de suspensión provisional.

Se tiene, entonces, que el inciso segundo del articulo 28 del Decreto 1829 de 2013 (norma acusada), fue modificado por el párrafo segundo del artículo 2.2.4.2.11.1. del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015.

Dichas normas son del siguiente tenor:

Decreto 1829 de 2013

"[ ...] ARTICULO 82. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los Centros que se encuentren en funcionamiento, se regirán por lo previsto en el presente decreto a partir de su entrada en vigencia, y tendrán un término de seis (6) meses para modificar, en lo pertinente, su Reglamento y ajustar sus condiciones a lo aqul previsto, so pena de que su autorización sea cancelada.

A partir de l a entrada en vigencia de este decreto l os conciliadores no podrán atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de l as i nstalaciones del Centro. Los trámites conciliatorios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto concluirán de acuerdo con el régimen anterior.

[...]"

Decreto 1069 de 2015

"[...] ARTICULO 2.2.4.2.11.1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los Centros que se encuentren en funcionamiento, se regirán por lo previsto en el presente capitulo a partir del 27 de agosto de 2013 y deberán modificar, en lo pertinente, su Reglamento y ajustar sus condiciones a lo aquí previsto, so pena de que su autorización sea cancelada.

A partir del 27 de agosto de 2013 los conciliadores no podrán atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de l as i nstalaciones del Centro. Los trámites conciliatorios iniciados con anterioridad a esa fecha concluirán de acuerdo con el régimen anterior.

[...]"

(Decreto 1829 de 20013, articulo 82º)

De manera que resulta discutible la afirmación efectuada por las entidades demandadas en torno a la derogatoria de la norma reglamentaria compilada (y acusada), dado que el nuevo texto del Decreto Único Reglamentario 1069, difiere del texto acusado, en cuanto la fecha a partir de la cual la proposición normativa debla regir.

Por lo anterior, la Sala Unitaria considera que este tema de la vigencia o no de la disposición acusada, debe dirimirse en el pronunciamiento de fondo que se profiera dentro del contencioso objetivo de nulidad y no en este estadio de solicitud de suspensión provisional.

IV.1.Resolución del caso concreto

Los dos actores de los procesos acumulados solicitan la suspensión provisional de la disposición reglamentaria acusada, en la cual se establece que los conciliadores no podrán atender nuevas solicitudes de conciliación por fuera de las instalaciones del centro de conciliación y, para el efecto, argumentan que esta previsión resulta violatoria tanto del artículo 116 de la Constitución Política, norma que contempla la facultad de los particulares para ser investidos transitoriamente como conciliadores habilitados por las partes; así como de los artículos 2º, 7°, 8°, 14º y 16ª de la Ley 640 de 2001, que hacen referencia a los conciliadores de los centros de conciliación, a las formas de selección del conciliador a prevención cuando se acude directamente a un abogado conciliador, a las obligaciones de los mismos y a las facultades del mismo para expedir constancias, citar y realizar de audiencias y registrar las actas respectivas.

Sumado a ello, los actores consideran que la norma reglamentaria acusada, materializa un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República - atribuida mediante la Ley 640 de 2001 -, en tanto impone una prohibición no prevista por la ley, restringe a las partes la posibilidad de escoger al conciliador de su preferencia, atenta contra la autonomía e independencia de los mismos y, en últimas, limita el acceso a un mecanismo alternativo de solución de conflictos con lo que, claramente, se afecta la oportuna administración de justicia.

Dicha potestad reglamentaria, según los actores, se contrae, entre otros asuntos, a «[...] reglamentar los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación de Centros de Conciliación o Arbitraje y en la obtención de aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho; las obligaciones a cargo de los Centros; el marco tarifario para los servicios de conciliación y arbitraje; el manejo de la información relacionada con los trámites conciliatorios [. ..]»33.

A diferencia de lo afirmado por los demandantes, la Sala Unitaria considera que el alcance y la finalidad de la disposición enjuiciada, no es otro que la reglamentación de la labor de los centros de conciliación, a los cuales los abogados conciliadores deben encontrar inscritos.

Es en este contexto que se debe resaltar que la calidad de conciliador extrajudicial en derecho se adquiere con la inscripción en un centro de conciliación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 640 de 2001, norma según la cual «Todos los abogados en ejercicio que acrediten la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que aprueben la evaluación administrada por el mismo Ministerio y que se inscriban ante un centro de conciliación, podrán actuar como conciliadores [...]» (negrillas fuera de texto).

Con fundamento en la anterior premisa se infiere que la labor del conciliador se debe cumplir, por regla general, en las mismas instalaciones y espacios que le son propios, esto es, aquellos que tienen a su disposición el mismo centro en el que componedor se encuentra inscrito. De ahí que el Despacho considera que la norma enjuiciada regula un aspecto meramente operativo, propio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, en tanto hace referencia directa a la ejecución de la ley en torno al modus operandi de los conciliadores que se inscriban a un centro de conciliación.

Para el Despacho, en principio, no resulta posible concluir que la norma acusada esté restringiendo o limitando la forma de selección, a prevención, de los conciliadores inscritos en los centros de conciliación o dificultando el acceso a este mecanismo conciliatorio a los usuarios, al establecer que las conciliaciones, por regla general, deben desarrollarse en las instalaciones de dichos centros.

Es en este contexto que el Despacho, para efectos de resolver la solicitud considera pertinente apelar al método de interpretación sistemático de la normativa que rige a los centros de conciliación, para así resaltar que el mismo decreto contentivo de la norma acusada (Decreto 1829 de 2013) en su art!culo 14º señala que, de manera excepcional y en un caso concreto, el director del centro de conciliación podrá conferir autorización al conciliador para llevar a cabo la audiencia de conciliación por fuera de las instalaciones del mismo. Lo anterior sirve para desvirtuar que la disposición enjuiciada consagra una prohibición absoluta, como lo pretenden hacer ver los actores.

Así las cosas, el conciliador libremente seleccionado por las partes, debe llevar a cabo su función ciñéndose a las reglas - institucionalidad - del centro de conciliación y bajo los parámetros previamente fijados por los mismos, utilizando las instalaciones que cuentan con todos los recursos necesarios y apropiados para facilitar el acercamiento entre las partes y la suscripción de acuerdos que contribuyan a la solución del conflicto. Y el mismo conciliador, excepcionalmente, podría llevar a cabo su labor de mediación por fuera de las instalaciones del centro de conciliación al cual se encuentra adscrito, siempre y cuando tenga la autorización previa del director del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala Unitaria considera que de la confrontación y análisis del inciso segundo del artículo 82 del Decreto 1829 de 2013, con las normas superiores invocadas como trasgredidas no surge, preliminarmente, la presunta violación alegada, y es por ello que se negará la solicitud de suspensión provisional, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

V. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA

El despacho advierte que a folios 40 a 44 del cuaderno de solicitud de medida cautelar correspondiente al expediente 2014-00447-00, obra poder concedido por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República a la abogada Lina Mendoza Lancheros para que represente al señor Presidente de la República y/o al Departamento Administrativo de la Función Pública dentro del citado proceso, a quien aún no se le ha reconocido personería para actuar, el cual cumple con los requisitos del artículo 75 del CGP, por lo cual se procederá a reconocer personería jurídica para actuar a la apoderada.

Asimismo, el despacho observa que a folios 26 a 30 del cuaderno de solicitud de medida cautelar correspondiente al expediente 2013-00650-00, obra poder concedido por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República a la abogada Lina Mendoza Lancheros, para que represente al señor Presidente de la República y/o al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dentro del citado proceso, a quien aún no se le ha reconocido personería para actuar, el cual cumple con los requisitos del artículo 75 del CGP, por lo cual se procederá a reconocer personería jurídica para actuar a la apoderada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del artículo 82° del Decreto 1829 de agosto 27 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998,

SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar en el proceso correspondiente al expediente 2014-00447-00, a la abogada LINA MENDOZA LANCHERO, en calidad de apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con el poder y los documentos anexos, obrantes en los folios 40 a 44 del cuaderno de solicitud de medida cautelar.

TERCERO: RECONOCER personería para actuar en el proceso correspondiente al expediente 2014-00447-00, a la abogada LINA MENDOZA LANCHERO, en calidad de apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con el poder y los documentos anexos, obrantes en los folios 26 a 30 del cuaderno de solicitud de medida cautelar.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado

1 Articulo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos

2 Folios 1 a 14. Expediente Cuaderno No. 1.

3 Folios 85 a 95. Expediente Cuaderno No. 1.

4 Auto de noviembre 8 de 2017. Folios 21 y 22. Expediente Cuaderno No. 2.

5 Ley 23 de 1991 "Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones".

6 Ley 446 de 1998 "Por la cual so adoptan como legislación pormanonto algunas normas do/ Decreto 2651 de 1991, no modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras do ta Ley 23 do 1991 y dol Decreto 2279 do 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia ".

7 Ley 640 de 2001 "'Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se díctan otras disposícíones'' ,

8 Ley 1563 de 2012 ''Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"

9 Folios 7 a 13. Cuaderno medida cautelar.

10 Folio 13. Cuaderno medida cautelar.

11 Folio 2. Cuaderno medida cautelar.

12 Folio 3. Cuaderno medida cautelar.

13 Folio 7. Cuaderno medida cautelar.

14 Folios 22. Cuaderno medida cautelar. Expediente 2014-00447-00 y Folio 8. Expediente 2014-00447-00.

15 Folios 35 a 39. Cuaderno medida cautelar.

16 Folios 28 y 29. Cuaderno medida cautelar.

17 Folios 22 y 23. Cuaderno medida cautelar.

18 Folio 23. Cuaderno medida cautelar.

19 Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar también la providencia de 13 de mayo de 2015 (Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se aseveró: "[...] se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se tome en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda 'la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daf'lo para quien tiene la razón."

20 Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Martln Bermúdez Muñoz. Acción de inconstitucionalidad contra el articulo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso". Magistrado Ponente: Alberto Rojas Rios. Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

21 Constitución Politice, articulo 238.

22 Artículo 230 del CPACA

23 Articulo 229 del CPACA

24 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset lbarra Vélez.

25 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: "(...) Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (...) A/11 donde el Juez Administrativo no esté gobernado por raglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extral'Jas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de Jos podems del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de tocia decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad' 11En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden féctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado <idoneidad); li) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencia! propio de la administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de oonderación , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos ... El propio artículo 231 del CPACA. da lugar a estar consideración imperativa en el numeral 4, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: 'Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios."

26 El articulo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, "una o varias de las siguientes" cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta "vulnerante o amenazante", cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

27 "[• • • ] Artículo 231. Requisijos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, asl fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos

invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, infonmaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serian nugatorios [...]" (Negrillas fuera del texto).

28 Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

29 Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo CPACA, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799), en la cual se puntualizó: "Ahora bien. centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administratWo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativa, amplió, en pro de una tutelajudicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constttudonal. Una interpretación del articulo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y delo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción. a la que hacia referencia el articulo 152 del anterior Código, fue reemplazada por el suraimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normatívo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenan·o judicial de esta Jurisdicción obedece y reclama la tutelajudicial efectiva." (Resaltado es del texto).

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C., 13 de mayo de 2015.Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022- 00(53057). Actor: CARACOL Televisión S.A. y RCN Televisión S.A. Demandado: Autoridad Nacional de Televisión - ANTV. Referencia: Medio de control de nulidad simple (Auto medida cautelar de suspensión provisional)

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Maria Elizabeth Garcla González. Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2015. Radicación número: 11001-03-24-000-2015- 00194-00. Actor: Marco Fidel Ramirez Antonio. Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social.

32 Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillenno Vargas Ayala), al expresar que: "Con el ánimo de superarlos temoros y las roservas que siempre acompaltaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de Ja legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del art/culo 229 del C.P.A.C.A. exprosamente dispone que '[/]a decisión sobre /a medida cautelar no Implica prejuzgamlento'. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces 'la tranqulidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en Is decisión final del fondo del asunto sub lite' [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobrs cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. 11La Jurisprudencia ya ha ido sef1alado que este enunciado debe ser visto como un limite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o 'prejuzgamlento' de la causa [ }.

La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suf1Cientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo anelftico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la ssntencia".(Negrillas fuera del texto).

33 Ver articulo 1° del Decreto 1829 de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012" .