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Sentencias de NulidadOswaldo Giraldo L�pezGobierno Nacional � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica y Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social � (en adelante UGPP).Martha Patricia Guerrero �lvarez falseart�culos 20 del Decreto 5021 de 2009Identificadores10030178987true1280160original30157187Identificadores

Demandado: �Gobierno Nacional � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica y Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social � (en adelante UGPP).

Demandado: Gobierno Nacional � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica y Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social � (en adelante UGPP).

Tesis:Prima facie no se observa una violaci�n del derecho fundamental a la intimidad cuando un acto administrativo establece que una entidad encargada de la gesti�n pensional y contribuciones parafiscales ejercer� un conjunto de funciones relacionadas con la obtenci�n de informaci�n de car�cter tributario respecto de particulares.

Prima facie no se advierte una falta de competencia del gobierno nacional para expedir un acto administrativo que asigna a una entidad encargada de la gesti�n pensional y contribuciones parafiscales un conjunto de funciones relacionadas con la obtenci�n de informaci�n de car�cter tributario respecto de particulares.

Atendiendo lo previsto en el prove�do del 30 de julio de 2018, mediante el cual el Consejero de Estado Hernando S�nchez S�nchez remiti� el presente proceso a este despacho en cumplimiento de la medida de compensaci�n ordenada en el Acuerdo 094 del 16 de mayo del a�o en curso, proferido por la Sala plena de esta Corporaci�n, se avoca conocimiento del expediente de la referencia.

El Despacho resuelve la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos 20 del Decreto 5021 de 2009, �por el cual se establece la estructura y organizaci�n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias�, y 21 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013, �por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias�, proferidos por el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica.

<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el art�culo 33 del Decreto 575 de 2013>

Por el cual se establece la estructura y organizaci�n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social �UGPP� y las funciones de sus dependencias

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las se�aladas en el numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, en concordancia con lo dispuesto en el art�culo 54 de la Ley 489 de 1998, en el art�culo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto-ley 169 de 2008,

ART�CULO 20. SUBDIRECCI�N DE DETERMINACI�N DE OBLIGACIONES.<Decreto derogado por el art�culo 33 del Decreto 575 de 2013> Corresponde a la Subdirecci�n de Determinaci�n de Obligaciones desarrollar las siguientes funciones:

1. Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidaci�n y pago de aportes parafiscales de la protecci�n social.

2. Verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidaci�n y otros informes de los aportantes, cuando lo considere necesario.

3. Adelantar de manera subsidiaria, o directamente en el caso de omisi�n total, las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social no declarados.

4. Solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protecci�n Social explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en la informaci�n relativa a sus obligaciones con el Sistema.

5. Solicitar a los aportantes, afiliados o beneficiarios del sistema la presentaci�n de los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones.

6. Citar o requerir a los aportantes, afiliados y beneficiarios del sistema o a terceros, para que rindan informes o testimonios referidos al cumplimiento de las obligaciones de los primeros en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

7. Ordenar la exhibici�n y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, particularmente de la n�mina, tanto del aportante como de terceros.

8. Adelantar visitas de inspecci�n y recopilar todas las pruebas que sustenten la omisi�n o indebida liquidaci�n de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

9. Efectuar cruces de informaci�n con las autoridades tributarias, las entidades bancarias y otras entidades que administren informaci�n pertinente para verificar la liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

10. Proferir los requerimientos, las liquidaciones oficiales y dem�s actos de determinaci�n de las obligaciones de acuerdo con la ley.

11. Remitir a la Subdirecci�n de Cobranzas, o a la entidad competente, los actos de determinaci�n oficial e informar de los mismos a la Subdirecci�n de Integraci�n del Sistema.

12. Generar y enviar los reportes y documentos que sean necesarios para mantener actualizada la informaci�n de los aportantes.

13. Las dem�s que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (�)�

Tambi�n se solicit� la suspensi�n provisional del siguiente acto administrativo:

�Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias�

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las se�aladas en el numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, en concordancia con lo dispuesto en el art�culo 54 de la Ley 489 de 1998, y

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP), decidi� someter a aprobaci�n del Gobierno Nacional, la modificaci�n de su estructura de acuerdo con el Acta n�mero 08 del 17 de agosto de 2012,

ART�CULO 21. SUBDIRECCI�N DE DETERMINACI�N DE OBLIGACIONES. Corresponde a la Subdirecci�n de Determinaci�n de Obligaciones desarrollar las siguientes funciones:

1. Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidaci�n y pago de aportes parafiscales de la protecci�n social.

2. Verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidaci�n y otros informes de los aportantes, cuando lo considere necesario.

5. Solicitar a los aportantes, afiliados o beneficiarios del sistema la presentaci�n de los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones.

7. Ordenar la exhibici�n y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, particularmente de la n�mina, tanto del aportante como de terceros.

8. Adelantar visitas de inspecci�n y recopilar todas las pruebas que sustenten la omisi�n o indebida liquidaci�n de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

10. Proferir los requerimientos, las liquidaciones oficiales y dem�s actos de determinaci�n de las obligaciones de acuerdo con la ley.

11. Remitir a la Subdirecci�n de Cobranzas, o a la entidad competente, los actos de determinaci�n oficial e informar de los mismos a la Subdirecci�n de Integraci�n del Sistema de Aportes Parafiscales.

12. Generar y enviar los reportes y documentos que sean necesarios para mantener actualizada la informaci�n de los aportantes.

13. Garantizar que los procesos a su cargo respondan a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gesti�n (SIG), haciendo seguimiento al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.

14. Participar en el proceso de identificaci�n, medici�n y control de los riesgos operativos relacionados con los procesos a su cargo y verificar las acciones, tratamientos y controles implementados.

15. Las dem�s que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

La ciudadana Martha Patricia Guerrero �lvarez solicit� la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de las citadas normas, al considerar que vulneran los art�culos 15, 150 y 189 numeral 16 de la Constituci�n Pol�tica, por cuanto se restringi� el derecho fundamental a la intimidad sin que exista una ley previa que regule la materia.

Como argumentos de su afirmaci�n, expuso que el acto acusado permite que determinados funcionarios exijan la presentaci�n de la contabilidad y dem�s documentos privados protegidos con el secreto industrial, cuando para establecer tal limitaci�n, es necesario la expedici�n de una ley tramitada por el Congreso.

Indic� que el secreto industrial hace parte del derecho fundamental a la intimidad y como excepci�n a esta garant�a, el art�culo 15 constitucional permite que para efectos tributarios y de intervenci�n estatal sea procedente solicitar libros de contabilidad y dem�s documentos privados, pero en los t�rminos que establezca la ley.

Se�al� que el Gobierno Nacional, por medio del acto acusado, le otorg� a determinados funcionarios de la UGPP la posibilidad de invadir la intimidad de las personas, permiti�ndoles adelantar investigaciones, solicitar declaraciones e informes, exigir explicaciones, solicitar documentos, realizar visitas de inspecci�n, recopilar pruebas, y solicitar informaci�n a terceros que guardan datos reservados, sin que exista una ley tramitada por el Congreso, vulnerando as� el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica.

Explic� que el art�culo 150 numeral 7 de la Constituci�n Pol�tica es claro en asignarle al Congreso la competencia para que, a trav�s de una ley, determine la estructura de la Administraci�n Nacional y las de las entidades del orden nacional.

Por �ltimo, consider� quebrantado el art�culo 189 numeral 16 de la Constituci�n Pol�tica, ya que �ste no le otorga al Gobierno Nacional la competencia para determinar la estructura org�nica de las nuevas entidades, como la UGPP, sino para modificar la estructura org�nica con sujeci�n a las reglas que defina la ley. En este caso, se estableci� la estructura de la UGPP y se cre� la Subdirecci�n de determinaci�n de obligaciones sin que previamente la ley hubiere fijado las reglas para el efecto.

En relaci�n con la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los actos acusados, asever� que la misma no est� llamada a prosperar, pues no se encuentra debidamente sustentada.

Afirm� que la parte actora no se�al� un posible perjuicio irremediable al no otorgarse tal suspensi�n y tampoco se evidencia un juicio de ponderaci�n de intereses y de an�lisis probatorio que permita establecer que ser�a m�s gravoso no decretar la medida que hacerlo.

Indic� que carece de objeto hacer pronunciamiento alguno en torno al Decreto 5021 de 2009, dado que el art�culo 33 del Decreto 575 de 2013 lo derog� expresamente.

En cuanto al Decreto 575 de 2013, explic� que el Gobierno Nacional modific� la estructura de la UGPP y determin� las funciones de sus dependencias con base en las facultades establecidas en el numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 54 de la Ley 489 de 1998, por lo que no ser�a posible predicar vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad.

Afirm� que en el ordenamiento jur�dico existen diferentes normas que establecen cu�l debe ser el manejo de la informaci�n sujeta a reserva que administren las entidades p�blicas en el ejercicio de sus funciones. Por ende, en el asunto sub examine �nicamente se podr�a predicar una vulneraci�n constitucional de la reserva de informaci�n confidencial de llegarse a determinar que se infringieron las normas creadas para tal fin.

Explic� que decretar la medida cautelar implica unos efectos traum�ticos, ya que transformar�a toda la distribuci�n de facultades de la UGPP, debilitar�a la funci�n ejecutiva de administrar justicia y promover�a a la jurisdicci�n a desempe�ar funciones de coadministradora de la cosa p�blica.

1.3. R�plica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social

La UGPP pidi� negar la solicitud de suspensi�n provisional, al estimar que la parte actora no sustent� en debida forma la petici�n.

Afirm� que la parte solicitante se limita a hacer una escueta comparaci�n entre las disposiciones que subjetivamente considera vulneradas, sin desarrollar el concepto de la violaci�n objetiva de tales disposiciones. Del mismo modo, la solicitud no precisa las condiciones necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia como lo exige el art�culo 223 del CPACA.

Manifest� que el solicitante tampoco explica el supuesto perjuicio irremediable que se causar�a en el evento de no aceptarse judicialmente la medida cautelar, como requisito indispensable previsto en el literal a) del numeral 4� del art�culo 231 de la Ley 1437 de 2011. Y como si no fuera suficiente, tampoco establece los motivos serios para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia ser�an nugatorios.

En gracia de discusi�n, explic� que al estudiar el fondo de la solicitud, de acuerdo con el art�culo 15 constitucional, trat�ndose de temas tributarios o judiciales y en los casos de inspecci�n y vigilancia del Estado, el aportante investigado s� est� obligado a presentar los documentos relacionados con estos temas. A su vez, el Decreto Ley 169 de 2008, en forma espec�fica, se�al� que la Unidad para ejercer las funciones de seguimiento, colaboraci�n y determinaci�n de la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales de la Protecci�n Social de la UGPP podr�, entre otras cosas, solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protecci�n Social lo siguiente: i) explicaciones sobre las inconsistencias en la informaci�n relativa a sus obligaciones en materia de contribuciones parafiscales; ii) la presentaci�n de los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social que la UGPP considere necesarios; iii) ordenar a los aportantes, cuando est�n obligados a llevar contabilidad, la exhibici�n y el examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, particularmente de la n�mina; y iv) adelantar visitas de inspecci�n y recopilar todas las pruebas que sustenten la omisi�n o inexacta liquidaci�n de las contribuciones parafiscales.

Por otro lado, afirm� que el art�culo 156 de la Ley 1151 de 2007 cre� la UGPP y otorg� de manera general las facultades de verificaci�n de la informaci�n de los aportantes.

Por lo anterior, asegur� que la UGPP tiene plena competencia para exigir informaci�n relativa a temas tributarios, la cual fue solicitada en el caso del actor a trav�s de los funcionarios competentes y cuya finalidad era la de verificar la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales, informaci�n que est� relacionada con la liquidaci�n y pago de aportes al Sistema de Protecci�n Social. En consecuencia, el actor tiene el deber y la obligaci�n de suministrar la informaci�n sin que ello implique una vulneraci�n del derecho fundamental a la intimidad.

Asegura que esgrimir que los funcionarios de la entidad no ten�an competencia para solicitar la informaci�n que se requer�a para adelantar el proceso de fiscalizaci�n, es una afirmaci�n err�nea y superflua de la solicitante. Al respecto, cit� la sentencia C-981 de 26 de septiembre de 2005[1], proferida por la Corte Constitucional, en la cual se afirm� que �aunque la informaci�n reservada y personal no se pude oponer al Estado, si lo es respecto de particulares por lo que se adquiere el derecho a conocer, actualizar y rectificar la informaci�n que se haya recogido. Adem�s, esta decisi�n distingue que una cuesti�n es que el dato circule al interior del Estado y otra diferente que se realice por fuera del mismo, en manos de particulares, y que sea el mismo Estado quien retroalimente con su informaci�n las bases de datos de los particulares, entregando la informaci�n que los particulares le dieron s�lo para efectos tributarios.�

Reiter� que el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica establece en su inciso final que: �para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspecci�n, vigilancia e intervenci�n del Estado podr� exigirse la presentaci�n de libros de contabilidad y dem�s documentos privados, en los t�rminos que se�ale la ley�. En consecuencia, siendo las contribuciones parafiscales, tributos para efecto de su determinaci�n y cobro, puede exigirse la recopilaci�n de informaci�n a los aportantes dentro del marco regulatorio de competencias.

Indic� que no puede perderse de vista que el propio apoderado de la parte actora, al transcribir el art�culo 21 del Decreto 575 de 2013, acepta que la Subdirecci�n de Obligaciones de la Unidad s� tiene atribuidas las funciones de investigaci�n, verificaci�n del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidaci�n y pago de aportes parafiscales, as� como las de solicitar informaci�n y documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo que la UGPP no trasgrede el derecho a la intimidad de los aportantes, pues la informaci�n se solicita en cumplimiento de un deber legal y no por capricho de la administraci�n.

Expuso que las funciones asignadas a la UGPP derivan del Decreto Ley 169 de 2008, donde se fijaron las funciones generales de dicha entidad. Del mismo modo, los art�culos 178, 179 y 180 de la Ley 1607 de 2012.

Conforme con lo dispuesto por el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica, la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo podr� suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnaci�n por v�a judicial por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

As� mismo, la Ley 1437 de 2011 defini� los requisitos para la procedencia de la medida de suspensi�n provisional, tanto en acciones de nulidad como de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, en el inciso primero del art�culo 231, dispuso que: �Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos�.

II.2. Cuesti�n previa - Suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 20 del Decreto 5021 de 2009

En relaci�n con la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 20 del Decreto 5021 de 2009, �por el cual se establece la estructura y organizaci�n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias�, se observa que el mismo fue derogado expresamente por el art�culo 33 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013.

Es improcedente hacer un pronunciamiento de fondo sobre el Decreto 5021 de 2009, por cuanto al haber sido derogado expresamente, sali� del ordenamiento jur�dico y no est� produciendo efectos.

Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Secci�n en el sentido de se�alar que no es posible decretar la suspensi�n provisional de un acto administrativo que ha sido derogado. Por ejemplo, en auto proferido el 31 de octubre de 2016, se sostuvo:

�Sea lo primero mencionar que mediante Acuerdo PSAA08-4551 de 21 de febrero de 2008, entre otras, se derog� el Acuerdo 074 de 1996, aqu� demandado, por lo que, por sustracci�n de materia, esta Sala Unitaria se releva de examinar la solicitud de suspensi�n provisional respecto de dicho acto, comoquiera que a la fecha no est� surtiendo efectos jur�dicos.

No obstante, se precisa aclarar, que en la etapa del fallo ser� analizada su legalidad comoquiera que, por un lado, dicho Acuerdo pudo haber producido efectos jur�dicos y, por el otro, contin�a amparado por la presunci�n de legalidad que lo protege, pues tal y como lo ha sostenido esta Corporaci�n en reiterada jurisprudencia, solamente la declaratoria de nulidad puede hacer desaparecer del mundo jur�dico un acto administrativo, no as� su p�rdida de vigencia, derogatoria o revocatoria, en consecuencia, el Juez siempre est� obligado a proceder al an�lisis de fondo, en virtud de tales efectos mientras el acto conserv� su vigencia.�[2]

Como consecuencia de lo anterior, carece de efectos pr�cticos estudiar la suspensi�n provisional de un acto administrativo que ha sido derogado, raz�n por la cual ser� negada la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 20 del Decreto 5021 de 2009.

De acuerdo con los argumentos planteados en la solicitud de suspensi�n provisional, al Despacho le corresponde examinar si: i) prima facie se observa una violaci�n del derecho fundamental a la intimidad cuando un acto administrativo establece que una entidad encargada de la gesti�n pensional y contribuciones parafiscales ejercer� un conjunto de funciones relacionadas con la obtenci�n de informaci�n de car�cter tributario respecto de particulares, y ii) prima facie se advierte una falta de competencia del gobierno nacional para expedir un acto administrativo que asigna a una entidad encargada de la gesti�n pensional y contribuciones parafiscales un conjunto de funciones relacionadas con la obtenci�n de informaci�n de car�cter tributario respecto de particulares.

La solicitante sostiene que el Gobierno Nacional, por medio del acto acusado, le otorg� a determinados funcionarios de la UGPP la posibilidad de invadir la intimidad de las personas, permiti�ndoles adelantar investigaciones, solicitar declaraciones e informes, exigir explicaciones, solicitar documentos, realizar visitas de inspecci�n, recopilar pruebas y solicitar informaci�n a terceros que guardan datos reservados, sin que exista una ley tramitada por el Congreso, vulnerando as� el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica.

Sobre el punto, el Despacho pone de presente que prima facie no se observa la vulneraci�n del ordenamiento jur�dico superior, en tanto que contrario a lo afirmado por la solicitante, s� existe una norma con rango de ley que regula la materia, esta es, el Decreto Ley 169 de 2008, �por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidaci�n y cobro de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social�, en cuyo art�culo primero se establecen una serie de funciones relacionadas con la materia objeto del acto acusado, como se explicar� en el siguiente ac�pite.

Luego, en los t�rminos del art�culo 15 constitucional, no habr�a en principio una violaci�n del derecho a la intimidad, pues precisamente dicho art�culo establece ��Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspecci�n, vigilancia e intervenci�n del Estado podr� exigirse la presentaci�n de libros de contabilidad y dem�s documentos privados, en los t�rminos que se�ale la ley...� (Se destaca). En este caso, ser�an los t�rminos indicados por el Decreto Ley 169 de 2008.

El Despacho observa que, al hacer una an�lisis preliminar del art�culo 21 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013, expedido por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, no se evidencia una falta de competencia del Gobierno Nacional para asignar a la UGPP un conjunto de funciones relacionadas con la obtenci�n de informaci�n de car�cter tributario respecto de particulares, en los t�rminos planteados por la solicitante.

Lo anterior, en consideraci�n a que, prima facie, y conforme a lo manifestado por la entidad demandada durante el traslado de la medida cautelar, se advierte que el acto acusado est� precedido de una ley que asign� a la UGPP una serie de funciones relacionadas con la recopilaci�n de informaci�n de car�cter tributario.

�La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social, UGPP, en concordancia con el art�culo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendr� las siguientes funciones:

Para ejercer estas funciones de seguimiento, colaboraci�n y determinaci�n de la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales de la Protecci�n Social la UGPP podr� adelantar las siguientes acciones:

2. Verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidaci�n cuando lo considere necesario.

3. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la existencia de hechos que generen obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

4. Solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protecci�n Social explicaciones sobre las inconsistencias en la informaci�n relativa a sus obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

5. Solicitar a aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protecci�n Social la presentaci�n de los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social que la UGPP considere necesarios, cuando est�n obligados a conservarlos.

6. Citar o requerir a los aportantes, afiliados y beneficiarios del Sistema de la Protecci�n Social o a terceros para que rindan informes o testimonios referentes al cumplimiento de las obligaciones de los primeros en materia de contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

7. Ordenar a los aportantes, cuando est�n obligados a llevar contabilidad, la exhibici�n y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, particularmente de la n�mina.

8. Adelantar visitas de inspecci�n y recopilar todas las pruebas que sustenten la omisi�n o inexacta liquidaci�n de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social. Durante la pr�ctica de inspecciones, la UGPP podr� decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislaci�n civil, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

9. Efectuar cruces con la informaci�n de las autoridades tributarias, las instituciones financieras y otras entidades que administren informaci�n pertinente para la verificaci�n de la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social. Esta informaci�n ser� reservada y solo podr� utilizarse para los fines previstos en la presente ley.

10. Efectuar todas las diligencias necesarias para verificar la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social.

11. Efectuar subsidiariamente las labores de determinaci�n y cobro disuasivo, persuasivo y coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras, �rganos de control y vigilancia y dem�s entidades del Sistema de la Protecci�n Social.

12. Proferir las liquidaciones oficiales que podr�n ser utilizadas por la propia UGPP o por las dem�s administradoras o entidades del Sistema de la Protecci�n Social.

13. Efectuar las labores de coordinaci�n y seguimiento a los procesos de determinaci�n y cobro, con base en la informaci�n que le remitan las administradoras, �rganos de control y vigilancia y dem�s entidades del Sistema de la Protecci�n Social.

Las disposiciones contenidas en el presente decreto se dictan sin perjuicio del ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica.� (Se destaca)

Como se puede apreciar, funciones semejantes a las que prev� el acto acusado en favor de la UGPP, previamente hab�an sido asignadas a trav�s de un Decreto con fuerza de ley a dicha entidad; luego, prima facie se observa que el Gobierno Nacional no ha establecido funciones distintas a las previstas en la ley.

Ahora bien, el Decreto Ley 169 de 2008 fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el art�culo 156 de la Ley 1151 de 2007, �Por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidaci�n y cobro de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social�, el cual precept�a:

�De conformidad con el art�culo 150 numeral 10 de la Constituci�n Pol�tica, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, por el t�rmino de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicaci�n de la presente ley, para expedir normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema espec�fico de carrera para los empleados de la entidad. En el ejercicio de estas facultades, el Gobierno tendr� en cuenta las caracter�sticas particulares de cada uno de los subsistemas que conforman Sistema de Seguridad Social Integral y armonizar� las funciones de cobro persuasivo y coactivo asignadas a las entidades administradoras de recursos para-fiscales y a la UGPP, para lo cual podr� disponer la manera como se utilizar�n las bases de datos e informaci�n que est�n a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y vigilancia del Sistema.

La UGPP ejercer� sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentaci�n que en el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual deber� tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora de R�gimen de Prima Media a que se refiere el art�culo anterior, y a las que la Unidad Administrativa Especial le corresponda.� (Se destaca)

Como se puede observar, prima facie no se advierte una falta de competencia del Gobierno Nacional para expedir un acto administrativo que establece una serie de funciones relacionadas con el acceso a la informaci�n tributaria de particulares cuando previamente, a trav�s de un Decreto con rango de ley, expedido en ejercicio de facultades extraordinarias, se hab�an establecido funciones semejantes a las previstas en el acto acusado, por lo que el argumento de la solicitante limitado al art�culo 150 constitucional no da cuenta de estos desarrollos legales que permitan demostrar la falta de competencia del Gobierno Nacional para suspender provisionalmente los efectos del acto acusado.

Adicional a lo anterior, se advierte que el acto acusado ha sido expedido con base en la facultad prevista en el art�culo 189 numeral 16 de la Constituci�n Pol�tica, seg�n la cual, el Gobierno Nacional tiene competencia para �modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dem�s entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeci�n a los principios y reglas generales que defina la ley�, pues en este caso, le atribuye a una dependencia de la UGPP (la Subdirecci�n de Determinaci�n de Obligaciones), funciones que previamente hab�an sido asignada por ley a dicha entidad, por lo que se hace necesario determinar en el curso del proceso si se vulner� el art�culo constitucional invocado por la demandante o se excedieron las facultades de quien expidi� el acto.

En este orden de ideas, en esta etapa procesal, prima facie no se vislumbra una falta de competencia del gobierno nacional para expedir el acto acusado, y que como consecuencia de ello, se vulnere el derecho fundamental a la intimidad, raz�n por la cual es necesario hacer un an�lisis integral de los antecedentes administrativos del acto demandado y escuchar las alegaciones de las partes para adoptar la decisi�n que corresponda en fallo definitivo.

Lo anterior, sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia, en consideraci�n a que la decisi�n sobre la medida cautelar no constituye prejuzgamiento de acuerdo con el inciso segundo del art�culo 229 del CPACA.

Por otro lado, a folio 28 obra poder otorgado por la representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social en favor del abogado Carlos Eduardo Uma�a Lizarazo; teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en los art�culos 75 y siguientes del C�digo General del Proceso, el Despacho le reconocer� personar�a al mencionado profesional del derecho.

A folio 19 obra poder otorgado por la Delegada para representar judicialmente al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en favor del abogado Edgar Mauricio Solano Zea; teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en los art�culos 75 y siguientes del C�digo General del Proceso, el Despacho le reconocer� personar�a al mencionado profesional del derecho.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, en Sala Unitaria,

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los art�culos 20 del Decreto 5021 de 2009 �por el cual se establece la estructura y organizaci�n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias; y 21 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 �por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias�, proferidos por el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica.

SEGUNDO: RECONOCER personer�a al abogado Carlos Eduardo Uma�a Lizarazo como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social, en los t�rminos del poder obrante a folio 28 del cuaderno de la medida cautelar.

TERCERO:RECONOCER personer�a al abogado Edgar Mauricio Solano Zea como apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en los t�rminos del poder obrante a folio 19 del cuaderno de la medida cautelar.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2013-00605-00, C.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez