SENTENCIA 11001032400020080018100 de 2018

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030035135SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020080018100201831/05/2018SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020080018100__2018_31/05/2018300351342018SIN EXTRACTO DE RELATORIA.

Sentencias de NulidadOswaldo Giraldo L�pezPresidencia de la Rep�blica � Ministerio de Defensa NacionalMax de Jes�s Rangel Fuentes31/05/2018art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004 y el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007Identificadores10030156901true1253936original30146656Identificadores

Norma demandada: �art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004 y el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007

Demandado: �Presidencia de la Rep�blica � Ministerio de Defensa Nacional

Tesis: Configura un exceso en la potestad reglamentaria el acto administrativo que al definir el alcance de la palabra simultaneidad para explicar la incompatibilidad de la actividad de practicaje contenida en la ley, discrimina en personas naturales (la condici�n de piloto pr�ctico oficial en servicio activo con la prestaci�n de la actividad en empresas de practicaje y la de piloto pr�ctico con la de inspector del Estado Rector de Puerto) y personas jur�dicas (la condici�n de empresa de practicaje con al de agente mar�timo, operador de remolcador y dem�s operadores portuarios)

Configura un exceso en la potestad reglamentaria el acto administrativo que reglamenta el r�gimen de incompatibilidades contemplado en la ley para desempe�ar la actividad de practicaje, si introduce una excepci�n a tales prohibiciones que no se encuentra prevista en la norma legal consistente en que esa actividad sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos siempre que se demuestre que esas empresas realizan todo el proceso productivo.

La Sala procede a decidir en �nica instancia la demanda de nulidad interpuesta por el Max de Jes�s Rangel Fuentes contra el art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004 y el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007, expedidos por las entidades demandadas.

En ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad consagrada en el art�culo 84 del C.C.A., el se�or Max de Jes�s Rangel Fuentes solicit� a la Corporaci�n que accediera a decretar la nulidad de las mencionadas disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia y el art�culo 64 de la Ley 658 de 2001,

ART�CULO 27. SIMULTANEIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE PRACTICAJE. El t�rmino "simultaneidad" contenido en el numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, se refiere a la concurrencia en una misma persona de las siguientes calidades:

1. En una persona natural la condici�n de Piloto Pr�ctico oficial en servicio activo, con la prestaci�n de la actividad en empresas de practicaje. As� mismo, ser Piloto Pr�ctico e Inspector del Estado Rector de Puerto.

2. En una persona jur�dica la condici�n de empresa de practicaje con la de agente mar�timo y/o operador de remolcador y/o dem�s operadores portuarios, a menos que esa actividad sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero-energ�ticos. En este caso, dichas personas jur�dicas deber�n acreditar ante la Autoridad Mar�tima que realizan la totalidad del citado proceso productivo�.

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1466 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia,

Art�culo 12. Modificar el numeral 2 del art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004, el cual quedar� as�:

�2. En una persona jur�dica la condici�n de empresa de practicaje con la de agente mar�timo y/o operador de remolcador y/o dem�s operadores portuarios, a menos que esa actividad sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero-energ�ticos. En este caso, dichas personas jur�dicas deber�n acreditar ante la Autoridad Mar�tima que realizan la totalidad del citado proceso productivo�.

El actor se�ala como violadas las siguientes disposiciones: art�culos 13, 121, numeral 1� del art�culo 150, numeral 11 del art�culo 189, 333 y 365 de la Constituci�n Pol�tica; C�digo de Minas; art�culo 3 del Decreto Ley 2324 de 1984; y art�culos 6, numerales 2, 25, 47 y 48 del art�culo 12 de la Ley 658 de 2001.

Al explicar el concepto de la violaci�n de las normas que se acaban de enunciar el demandante, tras hacer una explicaci�n reiterada de sus objeciones, expone de manera reiterada en varios ac�pites de la demanda las siguientes razones:

Asegur� que el Decreto 3707 de 2007 legisl� en materia de servicios p�blicos siendo que es una facultad atribuida exclusivamente al Congreso, y que adem�s derog� una incompatibilidad creada por la Ley 658 de 2001 en el art�culo 25, numeral 2, literal a), espec�ficamente la actividad de �amarrador�, y creando la figura del �proceso productivo de explotaci�n minero energ�tico� como secundario o complementario de la actividad mar�tima y fluvial de practicaje como servicio p�blico, cuesti�n que califica de absurda.

Indic� que el art�culo 12 del mencionado Decreto es contrario a los intereses leg�timos de los Pilotos Pr�cticos de Colombia, quienes sienten preocupaci�n porque de generalizarse la expedici�n de licencias de explotaci�n comercial en la actividad del practicaje a las empresas que se dediquen al proceso de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos, su actividad se ver� muy influida por las presiones econ�micas, lo que no les permitir� un juicio y una toma de decisiones independientes, como lo ordena el numeral 11 del art�culo 1 del Decreto 1466 de 2004[1]. Esto a su vez, implicar�a grandes riesgos para la vida humana en el mar, la protecci�n del medio marino, y la protecci�n de la carga, buques e instalaciones portuarias.

Destac� que el Piloto Pr�ctico no era persona de minas ni agente de la miner�a, sino prestador de un servicio p�blico, tal y como consta en el art�culo 124 del Decreto Ley 2324 de 1984.

De lo expuesto en el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007 se desprende violaci�n del derecho a la igualdad, en la medida en que se permite que las empresas que se dedican a la explotaci�n de recursos minero energ�ticos desarrollen la actividad mar�tima y fluvial del practicaje; no obstante, las empresas de practicaje que no est�n vinculadas a empresas de explotaci�n de los mencionados recursos no pueden desarrollar ninguna otra actividad.

Al respecto reiter� que se estaba reglamentando un servicio p�blico y que tal facultad era privativa del Legislador. As� explic� el cargo el actor:

�los servicios p�blicos estar�n sometidos al r�gimen jur�dico que fije la ley��

El Decreto 3703 de 2012 �regul� el Practicaje como secundario o complementario de la explotaci�n minera, o viceversa, y en esta forma transgredi� claras disposiciones constitucionales:

Se configura as� la violaci�n de las normas constitucionales que atribuyen al legislador la facultad de expedir normas relativas a los servicios p�blicos, as� como de la que proh�be a las autoridades ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y las leyes (Art. 121)�[2]

Indic� que la interpretaci�n consignada en el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2012 es absurda, pues no es concebible que una empresa minera tenga como actividad secundaria el servicio p�blico de practicaje. Literalmente adujo lo que a continuaci�n se transcribe:

�ART�CULO 333: La actividad y la iniciativa privada son libres, dentro de los l�mites del bien com�n. Para su ejercicio nadie podr� exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaci�n de la ley�.

El art�culo 12 del Decreto 30703 de 2007 exige como requisito para poder OBVIAR la INCOMPATIBILIDAD establecida en el Numeral 2 del Art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, el que la Empresa de Practicaje se dedique en forma secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos, o en una implementaci�n ad absurdum, que una empresa de esta �ltima clase, es decir, minera, tenga como actividad secundaria o complementaria el servicio p�blico del Practicaje.

El Presidente de la Rep�blica, a trav�s del Decreto cuestionado exige este requisito para obviar la incompatibilidad, sin que ello est� establecido en la Ley 658 de 2001.�[3]

Indic� que a trav�s del art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007 el Presidente de la Rep�blica interpret� el numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, derogando la incompatibilidad de la actividad de amarrador con la actividad de practicaje, en contrav�a de lo establecido en el numeral 2 del art�culo 150 constitucional.

�El Art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007, que modific� del (Sic) Numeral 2 del Art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004 y adicion� INVERSAMENTE a su esp�ritu el Numeral 2 del Art�culo 25 de la Ley 658 de 2001 vulnera el art�culo 189, Numeral 11 de la Constituci�n pol�tica (Sic), toda vez que al ejercer la potestad reglamentaria el Presidente de la Rep�blica no puede exceder o desbordar la norma reglamentada, ni reducir o restringir sus alcances. La transgresi�n de las normas superiores en que aqu� ha incurrido el Presidente en su ejercicio reglamentario radica, pues, en el claro exceso de tal potestad.�[4]

�Art�culo 25. Inhabilidades e incompatibilidades de la actividad mar�tima de practicaje. Se entienden incorporadas a la presente ley adem�s de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constituci�n Pol�tica y en la ley, las siguientes:

c) El piloto pr�ctico oficial en servicio activo, la prestaci�n de la actividad en empresas de practicaje;

d) Ejercer en forma simult�nea, como operador portuario para la prestaci�n de otro servicio�.

A juicio del demandante, la incompatibilidad debe entenderse referida a personas jur�dicas solamente, debido a que seg�n lo dispuesto en el numeral 24 del art�culo 2 de la misma Ley, s�lo estas pueden ejercer como operadores portuarios; veamos:

�Art�culo 2o. Definiciones. Para efectos de la aplicaci�n de la presente ley se entender� por:

24. Operador portuario. Es la empresa que presta servicios en los terminales portuarios, directamente relacionados con la entidad portuaria, en los t�rminos establecidos en el numeral 5.9 del art�culo 5o de la Ley 1� del diez (10) de enero de 1991.�. (Subrayas de la Sala).

Agreg� que la norma tampoco distingu�a entre los servicios portuarios ni entre diversos operadores portuarios que eran incompatibles, de lo cual infer�a que todos los servicios portuarios y todos los operadores portuarios se enmarcaban en la prohibici�n.

El accionante entiende la norma de la incompatibilidad como que la voluntad del Legislador fue precisamente desligar el practicaje de cualquier otra actividad, porque se trata de un servicio p�blico altamente especializado y de mucho riesgo, que debe sustraerse del af�n de lucro y competencia comercial, de ah� que la expresi�n �licencia de explotaci�n comercial� resulte ser inapropiada por el contexto general de la ley que regula ese servicio.

Indic� que la ex�gesis de la disposici�n en comento permite afirmar que respecto de todas las personas jur�dicas, sean estas �sociedades� o �empresas�, el practicaje es incompatible con la prestaci�n de cualquier otro servicio portuario.

�Por consiguiente la incompatibilidad contenida en el ordinal d) del numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, est� ordenada para todo tipo de EMPRESA y respecto de todo tipo de SERVICIO PORTUARIO�[5].

�En cuanto a las INHABILIDADES, que est�n contenidas en el Numeral 1 del Art�culo 25 de la misma Ley [Ley 658 de 2001], no hay duda a que se refieren exclusivamente a personas naturales, pero no as� las INCOMPATIBILIDADES, de las cuales las contenidas en el Numeral 2, literales �b)� y �c)� del Art�culo 25 en cita, se refieren a PERSONAS NATURALES, en tanto que las contenidas en los literales �a)� y �d)� de dicho numeral est�n dirigidas a las siguientes clases de personas:

c) En cuanto a la indicada en el literal �d)� de las INCOMPATIBILIDADES (�Ejercer en forma simult�nea, como operador portuario para la prestaci�n de otro servicio), ya se vio que est� dirigida solamente a las EMPRESAS porque a la luz del Numeral 24 del Art�culo 2� de la Ley 658 de 2001 solamente las empresas pueden ser operadores portuarios (�24. Operador portuario. Es la empresa que presta servicios en los terminales portuarios, directamente relacionados con la entidad portuario, en los t�rminos establecidos en el numeral 5.9 del art�culo 5� de la Ley 1� del diez (10) de enero de 1991).

d) Las indicadas en el literal �a)� de las INCOMPATIBILIDADES (�Ejercer en forma simult�nea�...�La actividad de agente mar�timo, operador de remolcador o amarrador) van dirigidos tambi�n a las EMPRESAS o SOCIEDADES, pues aunque el Art�culo 1490 del C�digo de Comercio prev� que el �AGENTE MAR�TIMO� PUEDE SER UNA PERSONA NATURAL O JUR�DICA (�Cuando el agente mar�timo sea una sociedad, el sesenta por ciento del capital social, por lo menos, deber� pertenecer a personas naturales colombianas�), ello nunca ocurrido en nuestro medio, pues siempre han sido SOCIEDADES las que desempe�an dicho rol. Y en cuanto a las actividades de OPERADOR DE REMOLCADOR y de AMARRADOR, estas han sido siempre, sin excepci�n, desempe�adas por sociedades o Empresas, es decir, mediante una empresa de amarre o una empresa operadora de remolcadores�[6].

Lo que s� merece reproche, en sentir del demandante, es que el art�culo 17 acusado, disponga que la incompatibilidad se da �en una persona jur�dica de la condici�n de empresa de practicaje con la de agente mar�timo�, puesto que la Ley 658 de 2001 permite que una persona natural tenga la condici�n de agente mar�timo.

Resalt� que el art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004 elimin� la incompatibilidad relacionada con la actividad de amarrador contemplada en el art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, lo cual tambi�n merece declaraci�n de nulidad.

Sostuvo que el Decreto 3703 viola la ley porque cambia la expresi�n original �operador portuario para la prestaci�n de otro servicio� por la expresi�n �dem�s operadores portuarios�, con lo cual el Presidente de la Rep�blica concreta la incompatibilidad no en la prestaci�n de cualquier otro tipo de servicio portuario, como lo dispone claramente la ley, sino en la condici�n de persona jur�dica y en la condici�n de operador portuario, es decir, algo que no est� contemplado en el texto legal.

Respecto de la misma disposici�n precis� que la norma reglamentaria agreg� una expresi�n contraria al esp�ritu de la Ley 658 de 2001 consistente en una salvedad no contemplada all�, sin que medie para esos efectos ning�n criterio sensato ni l�gico para determinar si un proceso de explotaci�n minera puede ser complementario del practicaje, dado que eso ri�e con el sentido com�n. Al respecto enlist� las siguientes razones de nulidad:

�1�.- La Explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos, no es una actividad mar�tima ni portuaria, y por ende no puede ser secundaria ni complementaria del Practicaje, ni �ste puede ser secundario ni complementario de la primera.

2�.- La Ley 658/01 establece que el Practicaje es una actividad controlada y vigilada por al Autoridad Mar�tima Nacional, mientras que el �PROCESO PRODUCTIVO DE EXPLOTACI�N DE RECURSOS NATURALES MINERO-ENERG�TICOS� no es un servicio p�blico, ni es una actividad inherente a la finalidad social del Estado, sino solamente a su finalidad econ�mica.

3�.- La Ley 658/01 establece que el Practicaje es una actividad controlada y vigilada por la Autoridad Mar�tima Nacional, mientras que el �PROCESO PRODUCTIVO DE EXPPLOTACI�N DE RECURSOS MINERO ENERG�TICOS� no es siquiera �UNA ACTIVIDAD� sino �UN PROCESO�, y no est� en modo alguno vigilado ni controlado por la Autoridad Mar�tima Nacional.

4�.- Seg�n la Ley 658/01 el objeto social de toda Empresa de Practicaje es la prestaci�n del servicio p�blico de practicaje, mientras que los �PROCESOS PRODUCTIVOS DE EXPLOTACI�N DE RECURSOS NATURALES MINERO-ENERG�TICOS� no tienen dentro de su objeto la prestaci�n del servicio de practicaje as� como tampoco el Practicaje tiene como objeto los �PROCESOS PRODUCTIVOS DE EXPLOTACI�N DE RECURSOS NATURALES MINERO-ENERG�TICOS�.

5�.- La Ley 658/01 le quit� a las Empresas de Practicaje el car�cter de OPERADORES PORTUARIOS, como ya se explic�, y lo defini� con (Sic) una ACTIVIDAD MAR�TIMA Y FLUVIAL, lo que quiere decir que la Ley 650 de 2001 modific� el numeral 5.9 del art�culo 5� del Estatuto de Puertos (Ley 01 de 1991), y por ello significa que el Practicaje es UNA ACTIVIDAD MAR�TIMA, en tanto ning�n �PROCESO PRODUCTIVO DE EXPLOTACI�N DE RECURSOS NATURALES MINERO � ENERG�TICOS� es ACTIVIDAD MAR�TIMA, as� que el Practicaje no puede ser SECUNDARIO NI COMPLEMENTARIO de dicho proceso de explotaci�n minero, ni viceversa.

6�.- La Ley 658/01 consagra que el Practicaje es el ejercicio de la actividad del Piloto Pr�ctico, mientras que el �PROCESO PRODUCTIVO DE EXPLOTACI�N DE RECURSOS NATURALES MINERO-ENERG�TICOS� es el ejercicio de la actividad de los Mineros.�[7].

Las cosas as� expuestas vulneran el contenido del numeral 12 del art�culo 2� de la mencionada ley, puesto que all� se dispone que las empresas de practicaje deben tener como objeto social �la prestaci�n de la actividad mar�tima y fluvial de practicaje�, m�s no el proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos, ni ning�n otro, de all� las incompatibilidades.

Indica la norma legal que las empresas de practicaje deben estar equipadas por uno o varios pilotos y no de mineros, lo cual indica que el Legislador quiso crear este especial�simo tipo de empresas, a punto de indicar por qui�n o por qui�nes debe estar integrada una empresa de practicaje, lo que no ocurre con otras empresas o sociedades.

�Art�culo 47. Funci�n de las empresas de practicaje. Es funci�n de las empresas de practicaje, desarrollar la actividad mar�tima de practicaje en la jurisdicci�n o jurisdicciones autorizadas por la Autoridad Mar�tima Nacional�.

�Art�culo 48. Requisitos para expedici�n, registro, renovaci�n y/o ampliaci�n de la licencia de explotaci�n comercial Para efectos de expedir, registrar, renovar y/o ampliar la licencia de explotaci�n comercial para las jurisdicciones diferentes a la inicialmente autorizada, el interesado por intermedio de la Capitan�a de Puerto respectiva debe diligenciar el formato que expide la Autoridad Mar�tima Nacional para el efecto acompa�ado de los siguientes documentos.

Par�grafo. Los Estatutos internos de las empresas de practicaje deber�n estar en concordancia con lo dispuesto en la presente ley para poder acceder a la licencia de explotaci�n comercial�.

Si ello es as�, el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007 desconoce las normas porque dispone que las empresas de practicaje pueden tener una actividad secundaria.

Se�al� que de acuerdo con la Ley 658 de 2001 la empresa de practicaje debe estar equipada por uno o varios pilotos pr�cticos y no habla de uno o varios mineros, lo que quiere decir que Legislador quiso crear este especial�simo tipo de empresas, al punto que indic� por qui�n o por qui�nes deb�an estar integradas.

Precis� que cuando el art�culo 47 de la mencionada ley se refer�a a las funciones de las empresas de practicaje no manifestaba nada en relaci�n con los procesos productivos de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos, por lo que el Decreto 3703 tambi�n excedi� la potestad reglamentaria en este aspecto.

La enunciada disposici�n enumera cu�les son las actividades complementarias del practicaje sin que se encuentre all� la de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos, motivo que respalda la petici�n de nulidad por desconocimiento del art�culo 47 ib�dem.

Los art�culos 8, 15, 42 y 60 de la Ley 658 de 2011 imponen a los pilotos pr�cticos y a las empresas de practicaje la obligaci�n de preservar el medio marino, evitar la contaminaci�n y denunciar conductas que puedan llegar a producir tal fen�meno. Entonces, si las empresas de practicaje tambi�n explotan recursos minero energ�ticos podr�n generar contaminaci�n y tendr�n que denunciarse ellas mismas por cuanto es falta disciplinaria, lo que las convertir�a en juez y parte al mismo tiempo.

No obstante, el demandante aduce que ello no va a acontecer pues equivaldr�a a imponer cargas que no les conviene llevar a las empresas explotadoras de recursos minero energ�ticos, y entonces, ante la omisi�n, el peso recaer�a en el medio marino.

Al respecto transcribi� los art�culos I a VI del Protocolo I de la Ley 12 de 1981 y el art�culo 6 de esa misma ley, sin explicar la raz�n de su vulneraci�n.

Destac� que el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007 vulneraba el mencionado estatuto al reglamentar la actividad minera como complementaria o secundario del practicaje.

�El Presidente de la Rep�blica no tiene facultades para reglamentar el C�DIGO DE MINAS, y mucho menos pod�a hacerlo fundado en una facultad que deviene de la regulaci�n normativa de un SERVICIO P�BLICO como el Practicaje.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, con Ponencia del Consejero Dr. Jes�s Mar�a Carrillo Ballesteros, Radicaci�n n�mero: 11318, lo siguiente (Sic):

�La facultad de reclamar las leyes es propia del Gobierno, deriva directamente del texto constitucional. As�, el ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del art�culo 189 de la C.N. desarrolla las normas de naturaleza legal, la vuelve m�s funcional y operativa para su cumplida ejecuci�n.

No obstante esa potestad normativa de la administraci�n est� limitada por el propio legislador en raz�n de la materia, aunque pueda ejercerla en cualquier tiempo. Esto quiere decir que el Ejecutivo al ejercer la potestad reglamentaria no puede desconocer la Constituci�n ni el contenido o las pautas trazadas en la ley ni reglamentar normas que no ejecuta la administraci�n, pero el legislador a su vez no puede limitar el tiempo para su ejercicio�.

En esta forma se viol� igualmente el Art�culo 150, Numeral 2 de la Constituci�n Pol�tica que a la letra dice:

�ART�CULO 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

2- Expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones�[8]

�Art�culo 6o. Solicitud de practicaje mar�timo. El servicio p�blico de practicaje deber� ser solicitado directamente por el Capit�n del buque o en su defecto por el armador de �ste, o el Agente Mar�timo, con el fin que se coordine la prestaci�n eficiente y oportuna del servicio. Trat�ndose de buques de guerra de las Armadas extranjeras, adem�s de lo anterior, se debe cumplir con lo establecido en numeral 4 del art�culo 173 o en su defecto con el numeral 7 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, si a ello hay lugar�.

Al disponer la norma atacada que una empresa pueda tener la explotaci�n minero energ�tica como secundaria o complementaria del Practicaje, le permite a dicha empresa desarrollar esta actividad sin que exista la obligaci�n de que el mencionado servicio sea solicitado �en forma libre por el capit�n del buque o en su defecto por el armador de �ste, o el Agente Mar�timo�[9]. Indic� que de aplicar la norma acusada habr�a una especie de �odioso contrato de CONDICIONES UNIFORMES�[10] entre todos los barcos dedicados al transporte del carb�n de forzosa adhesi�n, o en caso de que sea solicitado por ellos, excluye la posibilidad para dichos capitanes, armadores o agentes mar�timos de una decisi�n libre y voluntaria en la escogencia de la empresa de practicaje, y m�s a�n, excluye la posibilidad de que otra empresa de practicaje pueda existir en la jurisdicci�n correspondiente.

2.1. La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional propuso excepci�n de ineptitud sustantiva de la demanda.

Posteriormente se ocup� del an�lisis de los cargos sosteniendo que no exist�a razones que respaldaran la solicitud de nulidad del art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004, sino que todas las aparentes razones iban dirigidas a atacar el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007, cuesti�n �sta que deb�a ser tenida en cuenta a la hora de resolver sobre la legalidad de las decisiones que se impugnaban.

Resalt� que no exist�a coherencia en los fundamentos expuestos en la demanda ni el desarrollo de un concepto de violaci�n de las normas que se limitaba a transcribir el actor en su libelo.

Explic� que la raz�n de esa incompatibilidad era permitir que las empresas de explotaci�n de recursos minero energ�ticos, cuya actividad incorpora toda la cadena log�stica, es decir, que extraen, procesan, almacenan, transportan a puerto, comercializan internacionalmente, embarcan y finalmente exportan su producto, puedan optimizar sus costos de operaci�n, teniendo su propio recurso humano t�cnico en cada fase del proceso o procesos, su propia flota de buques especializados (propios o fletados), agentes mar�timos, remolcadores, incluyendo a sus propios pilotos pr�cticos y con procedimientos log�sticos eficientes, considerando que la exportaci�n de dichos productos tiene car�cter de inter�s nacional para el Estado dada su innegable importancia estrat�gica para el desarrollo industrial y econ�mico del pa�s.

Observ� que la incompatibilidad fue concebida con estricto car�cter excepcional ya que el requisito para poder invocarla es que el practicaje haga parte de la totalidad de la cadena log�stica de la sociedad que explota el aludido recurso minero y que realice al mismo tiempo todos los casos que conlleva desde la extracci�n hasta su exportaci�n final.

Indic� que �el servicio de amarre y desamarre en instalaciones portuarias se presta a trav�s de operadores portuarios, seg�n lo dispone el Decreto 2091 de 1992 y la Resoluci�n n�mero 0478 de 1999 emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, por tanto se necesita de una licencia para prestar dicho servicio�[11].

En ese orden, no es cierto que el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007 haya permitido que los pilotos pr�cticos puedan ser agentes mar�timos u operadores de remolcador, teniendo en cuenta el mismo desarrollo del numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001.

El Agente del Ministerio P�blico que act�a como delegado ante esta Corporaci�n, despu�s de hacer un an�lisis de los cargos planteados en la demanda y los argumentos de la contestaci�n, solicit� acceder a las pretensiones en atenci�n a que la norma acusada s� ampl�a el alcance de lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, al incluir una excepci�n a las incompatibilidades no prevista en la norma legal, configurando as� un exceso en la potestad reglamentaria, pues esa determinaci�n s�lo pod�a adoptarla el Legislador. En ese mismo sentido se�al� que se vulneraba el numeral 11 del art�culo 189, 121 y 365 Superior. El siguiente fue el an�lisis esgrimido:

�El Decreto acusado dio alcance al t�rmino �simultaneidad�, se�alando que dicho t�rmino (Sic) se refiere a la concurrencia, en una misma persona jur�dica, del ejercicio de la actividad de practicaje con la de, entre otras funciones, la de operador portuario, estableciendo como excepci�n a la aplicaci�n de la incompatibilidad que la actividad de operador portuario sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero-energ�ticos.

Como lo expone el demandante, la incompatibilidad establecida en el literal d) del numeral 2� del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, se establece en la forma general para todo aquel que act�e como operador portuario, sin consagrar excepciones, lo que hace evidente la trasgresi�n de dicho art�culo al contempla una excepci�n que la norma reglamentada no ha establecido�.[13]

En relaci�n con la alegada vulneraci�n de los art�culos 2 (numeral 12), 47 y 48 de la Ley 658 de 2001, el Ministerio P�blico fue del parecer que los actos acusados no vulneraban tales normativas, toda vez que las mismas consagran lo que debe ser objeto de las empresas de practicaje y los requisitos para la expedici�n, registro, renovaci�n y/o ampliaci�n de la licencia de explotaci�n comercial, lo cual no guarda relaci�n con las incompatibilidades para el ejercicio de otras actividades u oficios concurrentes con el desarrollo de la actividad de practicaje. Lo propio concluy� de la acusaci�n de trasgresi�n del art�culo 6 de la Ley 658 de 2001 y del art�culo 3� del Decreto 2324 de 1989.

En lo atinente al cargo de desconocimiento de la Ley 12 de 1981 indic� que el demandante no realizaba ninguna argumentaci�n en relaci�n con su violaci�n lo que imped�a hacer el estudio correspondiente.

Consider� que no hab�a claridad, certeza, especificidad y pertinencia de las razones esgrimidas para sustentar la vulneraci�n del art�culo 25 de la Ley 685 de 2001.

No observ�ndose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

De conformidad con lo expuesto en el art�culo 237 de la Constituci�n Pol�tica y de lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia, as� como de lo expuesto en el art�culo 129 del C�digo Contencioso Administrativo y del art�culo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporaci�n, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

Al respecto, lo primero que observa la Sala es que la excepci�n formulada se orient� a reclamar del demandante la precisi�n de las normas que consideraba violadas junto con la correspondiente fundamentaci�n, todo ello en el marco de la acci�n de nulidad por inconstitucionalidad, para lo cual la apoderada de la demandada cit� jurisprudencia y doctrina sobre el alcance de dicho instrumento procesal, cuando la impetrada fue la de nulidad simple, circunstancia que impondr�a desecharla en consideraci�n a que no existe argumento que tenga incidencia directa con la naturaleza de la controversia que nos ocupa.

No obstante, y entendiendo que lo anotado obedeci� a un error involuntario de parte del Ministerio al basarse en un caso ajeno a este litigio, lo que halla la Sala es que, contrario a lo afirmado en cuanto a la carencia de argumentos claros sobre la carga de enlistar las normas violadas y el respectivo concepto, el libelo de la demanda s� contiene un listado de las razones que, a juicio del actor, resultan suficientes para concluir que los actos censurados son ilegales.

Ahora, aunque algunas de ellas no son del todo comprensibles, s� se encuentra coherencia en la argumentaci�n que lleva al accionante a acudir a esta jurisdicci�n para hacer el reproche de nulidad que nos ocupa, y que permite abordar los problemas jur�dicos que se esbozan a continuaci�n.

Es pertinente aclarar, antes de abordar el fondo del asunto, que tampoco encuentra asidero la manifestaci�n de la demandada en cuanto que no se propusieron cargos en contra del Decreto 1466 de 2004 y en cambio s� contra el Decreto 3703 de 2007, pues de la lectura del libelo introductorio se desprende claramente que el actor elabor� juicios de validez para las dos disposiciones, circunstancia que por dem�s, enerva la expuesta con anterioridad, pues deja entrever que la presunta ineptitud sustantiva de la demanda es inexistente.

Halla raz�n la Sala al Ministerio de Defensa cuando aludi� a la improcedencia del estudio de los cargos de cara a lo expuesto en relaci�n con los permisos otorgados a la sociedad Carbones del Cerrej�n Limited, pues asuntos de �ndole subjetiva y concreta escapan al examen de legalidad propuesto en el marco de la acci�n de simple nulidad impetrada. Es por ello que en adelante se abordar�n los argumentos que se dirigen a atacar la validez de los Decretos 1466 de 2004 y 3703 de 2007 proferidos por el Presidente de la Rep�blica.

Para el pronunciamiento sobre la petici�n de nulidad de los actos acusados, la Sala observa que los cargos y la defensa discrepan esencialmente en el alcance de la potestad reglamentaria en materia de servicios p�blicos y en definir el concepto de la palabra �simultaneidad� contenida en el numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001.

�Configura un exceso en la potestad reglamentaria el acto administrativo que al definir el alcance de la palabra simultaneidad para explicar la incompatibilidad de la actividad de practicaje contenida en la ley, discrimina en personas naturales (la condici�n de piloto pr�ctico oficial en servicio actico con la prestaci�n de la actividad en empresas de practicaje y la de piloto pr�ctico con la de inspector del Estado Rector de Puerto) y personas jur�dicas (la condici�n de empresa de practicaje con al de agente mar�timo, operador de remolcador y dem�s operadores portuarios)

� Configura un exceso en la potestad reglamentaria el acto administrativo que reglamenta el r�gimen de incompatibilidades contemplado en la ley para desempe�ar la actividad de practicaje, si introduce una excepci�n a tales prohibiciones que no se encuentra prevista en la norma legal consistente en que esa actividad sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero energ�ticos siempre que se demuestre que esas empresas realizan todo el proceso productivo

Discernir esos aspectos impone determinar primero el concepto del practicaje y si ello envuelve la prestaci�n de un servicio p�blico, como se entrar� a abordar en seguida:

�Art�culo 2o. Definiciones. Para efectos de la aplicaci�n de la presente ley se entender� por:

12. Empresa de practicaje. Es la que se constituye conforme a las leyes nacionales, cuyo objeto social es la prestaci�n de la actividad mar�tima y fluvial de practicaje, la cual deber� estar debidamente equipada e integrada por uno o varios pilotos pr�cticos con licencia vigente, requiriendo para su funcionamiento el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad Mar�tima Nacional y la expedici�n de la licencia correspondiente.

13. Entrenamiento de practicaje. Es la preparaci�n personalizada que recibe el aspirante a piloto pr�ctico o el piloto pr�ctico para cambio de categor�a con el fin de completar maniobras de practicaje para obtener la licencia correspondiente.

25. Piloto pr�ctico. Es la persona experta en el conocimiento de las condiciones meteorol�gicas, oceanogr�ficas e hidrogr�ficas de la jurisdicci�n de una capitan�a de puerto mar�tima o fluvial espec�fica, de la reglamentaci�n internacional para prevenir abordajes, de las ayudas a la navegaci�n circundantes y capacitada para atender las consultas de los capitanes de los buques, atender el entrenamiento de los aspirantes a piloto pr�ctico y de los pilotos pr�cticos por cambio de categor�a y/o de jurisdicci�n, el cual debe estar acreditado con la licencia que expide la Autoridad Mar�tima Nacional, en la categor�a correspondiente.

26. Practicaje. Es el ejercicio de la actividad del piloto pr�ctico�. (Subrayas de la Sala).

�Art�culo 14. Funci�n del piloto pr�ctico. Es la de asesorar al Capit�n del buque en la maniobra de practicaje y no lo reemplaza en el mando del mismo�.

El concepto emitido el 10 de abril de 2018 por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el expediente n�mero 11001-03-16-000-2008-00005-00 (1876), ilustr� con precisi�n la noci�n de esta actividad; veamos:

El practicaje es una actividad tan antigua como la navegaci�n. Los antecesores de los pilotos pr�cticos eran individuos cuyos conocimientos sobre la profundidad de las aguas, las corrientes, las condiciones del viento y del fondo marino, indispensables para el tr�nsito de un buque o una nave por un determinado puerto, se adquir�an por la experiencia, en tiempos en que navegar era una aventura sumamente riesgosa.

Con el fin comprender el alcance de esta figura, vale la pena, traer a colaci�n algunos de sus antecedentes hist�ricos y referencias en el derecho mar�timo internacional:

�En Inglaterra, pa�s mar�timo por excelencia, los sistemas de practicaje se remontan al siglo XIV. Tuvieron origen en la formaci�n de �Hermandades� o asociaciones de pr�cticos en los puertos m�s importantes. Estas asociaciones eran de un n�mero de miembros limitado por lo que a ellas s�lo pod�an acceder individuos relacionados por lazos de familia o de amistad con los que ya pertenec�an a ellas. El objeto de esta exclusividad era formar en cada jurisdicci�n un cuerpo de pr�cticos debidamente capacitados para impedir que individuos extra�os que no conoc�an las caracter�sticas de los puertos atentaran contra la seguridad de la navegaci�n.�[14](Negrillas fuera de texto)

Actualmente, la mayor�a de las legislaciones definen el practicaje como una actividad de asesor�a que presta un experto, el piloto pr�ctico, al capit�n sin la cual un buque no puede entrar o salir de un determinado puerto o canal en condiciones de seguridad,[15] quien tiene �que integrar, en tiempo real, innumerables variables interactivas que influyen en el comportamiento de la nave en maniobra (�) tan pronto arriba al puente, asimila la informaci�n proporcionada por el Capit�n; analiza el comportamiento de la nave y prev� los efectos sobre �sta de las condiciones meteorol�gicas y oceanogr�ficas presentes en el �rea; aquilata la capacidad profesional de la tripulaci�n; valora el apoyo que pueden prestar los remolcadores y lanchas; apela a su propio conocimiento y experiencia sobre el arte de la maniobra; compara la situaci�n presente con experiencias anteriores para (�) tomar las decisiones�.[16]

La Organizaci�n Mar�tima Internacional �OMI- (organismo de las Naciones Unidas encargado de los asuntos mar�timos y la protecci�n del medio marino) ha reconocido la importancia de �emplear pr�cticos competentes en los accesos a puertos y otras zonas donde es necesario contar con un conocimiento local especializado (resoluci�n A 159 (ES.IV)� y la necesidad de que los Estados organicen los servicios de practicaje y adopten normas de seguridad para prevenir la ocurrencia de siniestros mar�timos por errores en la navegaci�n.[17]

Internacionalmente, el servicio de practicaje est� catalogado como un servicio del cual depende la seguridad de la vida humana en el mar, del medio ambiente acu�tico y del tr�fico mar�timo y fluvial.

Teniendo en cuenta la relaci�n intr�nseca de este servicio con la seguridad mar�tima, la legislaci�n comparada tiende a otorgarle el car�cter de servicio p�blico regulado y controlado por cada Estado.

Adicionalmente, observa la Sala, que a nivel internacional no existe un tratamiento uniforme sobre las actividades que forman parte del servicio de practicaje, pues, mientras en algunos pa�ses con tradici�n mar�tima se incluye dentro de su estructura tarifaria del mismo, el servicio de transporte del piloto pr�ctico al buque y servicio de amarre y desamarre de la nave al puerto, en otros, �stos son servicios adicionales al practicaje propiamente dicho, el cual, se concibe en t�rminos de la asesor�a que presta el piloto pr�ctico al capit�n del buque en las maniobras que debe efectuar la nave en un determinado puerto o canal.[18][19]

Esta breve rese�a, permite a la Sala se�alar que, si bien es cierto, el servicio de practicaje mar�timo se define esencialmente como la asesor�a que presta el piloto pr�ctico al capit�n de un buque en las maniobras de practicaje, tambi�n lo es, que le corresponde a cada Estado determinar su alcance y ejercer el control y la vigilancia del mismo, para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, del medio ambiente mar�timo y de la navegaci�n en general.�. (Subrayas de la Sala).

�Art�culo 124. Practicaje. El practicaje en aguas jurisdiccionales nacionales constituye un servicio p�blico regulado y controlado por la Autoridad Mar�tima.� (Subrayas de la Sala).

Tal car�cter fue reafirmado posteriormente por la Ley 658 de 2001, pues en su mismo encabezado defini� el tema de la siguiente manera: �Por la cual se regula la actividad mar�tima fluvial de practicaje como servicio p�blico en las �reas Mar�timas y Fluviales de jurisdicci�n de la Autoridad Mar�tima Nacional�. All� se delimit� todo el r�gimen del practicaje mar�timo o fluvial, su obligatoriedad o no, su clasificaci�n, categor�as, aptitudes de los pilotos pr�cticos, obligaciones, entre otros.

En lo pertinente los siguientes art�culos se refieren este t�pico de la siguiente manera:

�Art�culo 2o. Definiciones. Para efectos de la aplicaci�n de la presente ley se entender� por:

4. Actividad mar�tima y fluvial de practicaje. Es un servicio p�blicoinherente a la finalidad social del Estado. La Autoridad Mar�tima Nacional en coordinaci�n con la entidad encargada de vigilar y controlar los terminales portuarios, debe asegurar su prestaci�n y garantizar el desarrollo de esta actividad en su jurisdicci�n en forma eficiente y continua.

14. Evaluaci�n de admisi�n. Es la prueba que realiza el Capit�n de Puerto al aspirante a piloto pr�ctico, sobre los aspectos te�ricos relacionados directamente con la prestaci�n del servicio p�blico de practicaje para una jurisdicci�n espec�fica en la fecha que determine la Autoridad Mar�tima Nacional�. (Subrayas de la Sala).

Tambi�n el Legislador precis� lo relacionado con la necesidad de obtener una licencia para desarrollar la actividad mar�tima de practicaje en la jurisdicci�n correspondiente[20], los permisos especiales para la entrada y salida de puertos sin piloto pr�ctico junto con los requerimientos que son exigidos para esa eventualidad[21], la autorizaci�n y requisitos de funcionamiento de las empresas de practicaje[22], las inhabilidades e incompatibilidades, entre otros.

Es claro entonces que la labor desempe�ada por los pilotos pr�cticos configura la prestaci�n de un servicio p�blico, y si ello es as�, su regulaci�n le corresponde en primer t�rmino al Congreso de la Rep�blica en aplicaci�n de los mandatos constitucionales de los art�culos 365 y 150 numeral 23:

�Art�culo 365.- Los servicios p�blicos con inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestaci�n eficiente a todos los habitante del territorio nacional.

Los servicios p�blicos estar�n sometidos al r�gimen jur�dico que fije la ley, podr�n ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendr� la regulaci�n, el control y la vigilancia de dichos servicios. (�)�. (Subrayas de la Sala).

�Art�culo 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

23.-�Expedir las leyes que regir�n el ejercicio de las funciones p�blicas y la prestaci�n de los servicios p�blicos�. (Subrayas de la Sala).

En ese orden, y en armon�a con lo dispuesto en los art�culos 333 y 334 de la Carta Fundamental, el desarrollo legislativo de la Ley 658 de 2001 obedeci� a la obligaci�n de intervenir en la econom�a, y en particular, en los servicios p�blicos, para asegurar su prestaci�n eficiente y el cumplimiento de los fines del Estado[23], lo cual deja como consecuencia que es ese r�gimen en el cual se debe desenvolver la prestaci�n de dicho servicio.

Con todo, la Sala concluye que el practicaje es entonces un servicio p�blico regulado por la ley, cuyo control corresponde a la Direcci�n General Mar�tima Portuaria, de conformidad con lo establecido en el art�culo 5� del Decreto Ley 2324 de 1984:

�Art�culo 5o. Funciones y atribuciones. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria tiene las siguientes funciones:

11. Autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jur�dicas dedicadas a las actividades mar�timas en especial las de practicaje, remolque, agenciamiento mar�timo, corretaje de naves y de carga, portuarias, estiba, dragado, clasificaci�n, reconocimiento, bucer�a, salvamento y comunicaciones mar�timas y expedir las licencias que correspondan�. (Subrayas de la Sala).

Pues bien, de acuerdo con el art�culo 64 de la Ley 658 de 2001, corresponde al Gobierno Nacional reglamentarla:

�Art�culo 64. Reglamentaci�n. El Gobierno Nacional, ejercer� la potestad reglamentaria mediante la expedici�n de los Decretos necesarios para la cumplida ejecuci�n y desarrollo de la presente ley.

Al respecto, es menester precisar que la potestad reglamentaria, como lo ha sostenido la Jurisprudencia de la Sala, se emplea para aclarar la norma legal y precisar aspectos t�cnicos de la misma. Sobre el punto, la Sala acot�:

�[l]as facultades reglamentarias establecidas por el art�culo 189 numeral 11 de la Carta (�) fueron instituidas por el Constituyente como un mecanismo tendiente a garantizar la cumplida ejecuci�n de las leyes (�) al hacer uso de tales potestades, el ejecutivo debe inspirarse en el �nico prop�sito de aclarar y hacer mucho m�s expl�cita la norma de car�cter legal, en orden a facilitar su adecuada interpretaci�n, ejecuci�n y cumplimiento y viabilizar su estricta observancia. En ese contexto, ha de entenderse que las potestades a que alude el art�culo constitucional anteriormente trascrito, no pueden ser ejercidas para ampliar o restringir los alcances de la Ley, apart�ndose de su sentido original y aut�ntico. La actividad reglamentaria se encuentra limitada y encausada por la norma legal y por ello debe respetar tanto su texto como su esp�ritu�[24].

En lo que hace a la reglamentaci�n de la Ley 658 de 2001, lo que se halla en el ordenamiento jur�dico es que se han expedido los Decretos 1466 de 2004, modificado por el Decreto 3703 de 2007 y las Resoluciones 00050 de 2002, 357 de 2003, 183 de 2005 y 119 de 2007 sobre las tarifas autorizadas para este servicio, todas expedidas por la Direcci�n General Mar�tima.

Los dos primeros actos son los que se cuestionan parcialmente en esta sede, importando para el caso lo relacionado con el r�gimen de incompatibilidades, aspecto �ste que se entrar� a analizar.

Visto el r�gimen legal que enmarca la actividad de practicaje, es imperioso abordar los cargos expuestos por el actor en relaci�n con el exceso en la potestad reglamentaria del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001.

Lo dispuesto en el numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001 ordena que la actividad del practicaje es incompatible, es decir no puede ser ejercida en forma simult�nea con las siguientes actividades: la de agente mar�timo, operador de remolcador, amarrador, inspector del Estado Rector del Puerto, piloto pr�ctico oficial en servicio activo, prestar la actividad en empresas de practicaje o como operador portuario para la prestaci�n de otro servicio. En forma gr�fica la norma legal propone la siguiente lectura:

La Sala abordar� el estudio del cargo anunciado en relaci�n con cada uno de los decretos, pues los fundamentos que se esgrimieron son independientes dado el contenido dis�mil de uno y otro.

De lo dispuesto en el art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004, se advierte con claridad que, tal y como lo anot� el Ministerio de Defensa en su contestaci�n, pretendi� definir el alcance de la palabra �simultaneidad�, discriminando, al parecer, las incompatibilidades enunciadas en la norma legal en personas naturales y personas jur�dicas, dependiendo de si para ejecutarlas se requer�a de la presencia de una u otra.

Hecha la anterior precisi�n, la Sala advierte que el decreto restringi� el alcance de las incompatibilidades enlistadas en la ley, so pretexto de definir el alcance del t�rmino �simultaneidad�, pues en la forma en que est� construida la disposici�n que se acusa podr�a concluirse que el piloto pr�ctico oficial en servicio activo podr�a ejercer simult�neamente el de inspector del Estado Rector del Puerto sin incurrir en incompatibilidad, cuando en el numeral 2 del art�culo 25 es claro que esas dos actividades no pueden coexistir dada la intenci�n del Legislador de prohibirlas expresamente.

Lo propio podr�a concluirse en lo atinente a la restricci�n que se contempla en relaci�n con lo que dispone el numeral 2 del art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004, cuando proh�be que una misma persona ejerza como empresa de practicaje y agente mar�timo siempre que �ste sea persona jur�dica, lo cual llevar�a a concluir que podr�a existir simultaneidad entre un piloto pr�ctico y el agente mar�timo si aqu�l es una persona natural, dado que los art�culos 1489 y 1490 del C�digo de Comercio[25] contemplan esa posibilidad.

Tal circunstancia, a la luz del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, llevar�a a concluir que se est� en presencia de una incompatibilidad. Sin embargo, el acto administrativo la posibilita desconociendo as� las hip�tesis previstas como configuradoras de tal circunstancia.

Bajo tal contexto, es claro que la reglamentaci�n desbord� los l�mites de la norma expedida por el Congreso de la Rep�blica, pues en nada aclaro el espectro de las incompatibilidades del servicio p�blico de practicaje, ni estableci� criterios t�cnicos para su entendimiento, sino que, tal y como lo advirti� el demandante, la desfigur�, al punto que hizo menos amplio el r�gimen de incompatibilidades.

�No le es posible al Presidente de la Rep�blica, so pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella alteraciones que desvirt�an la voluntad del legislador pues los l�mites de esta facultad los se�ala la necesidad de cumplir adecuadamente la norma que desarrolla; tiene s� la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de crear los mecanismos necesarios para hacerla efectiva, pues de lo contrario �sta quedar�a escrita pero su efectividad nula; es potestativo del titular de la potestad reglamentaria definir cu�les son y con qu� detalle las disposiciones de la ley que requieren reglamentaci�n o desarrollo; si las leyes expedidas por el Congreso proveen todos los elementos indispensables para su ejecuci�n, el �rgano administrativo no tendr�a nada que agregar y por lo tanto no habr�a necesidad de ejercitar la potestad reglamentaria.�.[26]

Sobre el punto, debe llamar la atenci�n la Sala sobre lo dispuesto en el art�culo 1� del Decreto 1466 de 2004, pues, al parecer, no se trat� de una simple imprecisi�n sino de una actuaci�n consciente del Presidente al reglamentar la norma, como quiera que en la mencionada disposici�n incluy� el servicio de amarre como parte del servicio de practicaje, as�:

�Art�culo 1�. Definiciones. Para efectos del presente decreto, se establecen las siguientes definiciones:

11. Servicio de practicaje. Es el conjunto de actividades de asesor�a al Capit�n de un buque, debidas al experto conocimiento de las particularidades locales y cualquier clase de maniobra con embarcaciones, en las aguas restringidas de un puerto o �rea mar�tima y fluvial de practicaje, con el fin de asegurar unos niveles �ptimos en la gesti�n de los riesgos involucrados de la navegaci�n restringida incluyendo la necesidad de un juicio independiente de las presiones comerciales inherentes al transporte mar�timo y as� asegurar la protecci�n de vidas, bienes y medio ambiente. Est� constituido por el Piloto Pr�ctico, la lancha de Pr�ctico, la estaci�n de Pilotos y el servicio de amarre.� (Subrayas de la Sala).

Como se observa, el Gobierno Nacional al ejercer la potestad prevista en el numeral 11 del art�culo 189 Constitucional desconoci� que precisamente el numeral dos (2) del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, dispuso esa actividad como incompatible en relaci�n con la labor de practicaje.

En lo atinente a este punto, es importante destacar que coincidimos con la posici�n que la Sala de Consulta y Servicio Civil asumi� al resolver una consulta elevada por el Gobierno Nacional sobre el entendimiento de esta norma:

�5.2. El decreto 1466 de 2004. Por el cual se reglamenta la ley 658 de 2001.

Mediante el decreto 1466 de 2004 el Gobierno Nacional reglament� el servicio p�blico de practicaje consagrado en ley 658 de 2001, el cual, se modific� parcialmente por el decreto 3307 de 2007.

El art�culo 1� del decreto 1466 de 2004, determina que en el alcance del servicio de practicaje, adem�s del servicio de asesor�a al capit�n del buque, est�n incluidas las actividades de transporte del piloto pr�ctico, el servicio de la estaci�n de pilotos y el servicio de amarre, en los siguientes t�rminos:

�Art�culo 1�.- (�) Servicio de practicaje.- es el conjunto de actividades de asesor�a al capit�n de un buque, debidas al experto conocimiento de las particularidades locales y cualquier clase de maniobra con embarcaciones, en aguas restringidas de un puerto o �rea de mar�tima y fluvial de practicaje, con el fin de asegurar unos niveles �ptimos en la gesti�n de los riesgos involucrados en la navegaci�n restringida incluyendo la necesidad de un juicio independiente de las presiones comerciales inherentes al transporte mar�timo y as� asegurar la protecci�n de vidas, bienes y medio ambiente. Esta constituido por el piloto pr�ctico, la lancha del pr�ctico y la estaci�n de pilotos y el servicio de amarre.�. [27] (Negrilla fuera de texto).

Por su parte, el decreto 3703 de 2007, que modific� algunas de las disposiciones del decreto 1466 de 2004, en materia de inhabilidades e incompatibilidades para la prestaci�n del servicio de practicaje, se�ala:

�Art�culo 12. Modificar el numeral 2 del art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004[28], el cual quedar� as�:

�2. En una persona jur�dica la condici�n de empresa de practicaje con la de agente mar�timo y/o operador de remolcador y/o dem�s operadores portuarios, a menos que esa actividad sea desarrollada como secundaria o complementaria al proceso productivo de explotaci�n de recursos naturales minero-energ�ticos. En este caso, dichas personas jur�dicas deber�n acreditar ante la Autoridad Mar�tima que realizan la totalidad del citado proceso productivo�. (Negrilla fuera de texto).

Observa la Sala, que el art�culo transcrito, omite mencionar a los operadores de amarre, que est�n incluidos en la incompatibilidad prevista por el legislador en el art�culo 25 de la ley 658 de 2001.

En cuanto a la disponibilidad de los pilotos pr�cticos para la continua prestaci�n del servicio, el decreto 3703 de 2006, precisa que las empresas de practicaje deben �garantizar la permanencia en la jurisdicci�n de un m�nimo de pilotos disponibles o asegurar su desplazamiento de manera inmediata cuando se les requiera, sin que ello conlleve el incremento de las tarifas aprobadas por la Autoridad Mar�tima Nacional o el pago de otros servicios tales como pasajes, alojamiento, vi�ticos u otras denominaciones a favor del piloto pr�ctico o de la empresa de practicaje�.

La Direcci�n General Mar�tima, con fundamento en el numeral 11 del art�culo 5� del decreto ley 2324 de 1985, en virtud del cual le corresponde �autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jur�dicas dedicadas a actividades mar�timas en especial las de practicaje (�)� y en el art�culo 7� de la ley 658 de 2001, que la autoriza para fijar la contraprestaci�n por el servicio de practicaje, expidi� la resoluci�n 00050 de 2002, por la cual, se establecieron las tarifas para este servicio.[29]

De acuerdo con lo previsto en esta resoluci�n (anterior al decreto 1466 de 2004), la estructura de la tarifa aplicable al servicio de practicaje se calcula teniendo en cuenta, no s�lo el arqueo bruto del buque al cual se le presta el servicio, previsto en el art�culo 7� de la ley 658 de 2001, sino cargos adicionales que corresponden a servicios que en la misma resoluci�n 00050 de 2001 se denominan como �relacionados directamente con el servicio de practicaje�.

�Art�culo 2�.- Para determinar la tarifa de practicaje se tendr�n en cuenta los siguientes factores: el arqueo bruto (se�alado en el art�culo 7� de la ley 658 de 2001) y aquellos relacionados directamente con el servicio de practicaje (la distancia, el tipo de maniobra y la disponibilidad del piloto), de los cuales resulta la siguiente f�rmula matem�tica:

�Siendo Tab (tarifa de arqueo bruto), Fd (factor de distancia, Fm (factor de maniobra) y Dp (disponibilidad del piloto)� (Negrilla fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, el art�culo 3� ib�dem, incluye una tabla en la cual, se fija una tarifa en d�lares del pr�ctico de acuerdo al arqueo bruto del buque, una tabla que contempla el factor de distancia �desde la boya al mar, o el sitio autorizado para el embarco de pilotos, o el sitio de fondeo autorizado por la Direcci�n General Mar�tima hasta el lugar de desembarco del piloto y viceversa� y una tabla de las maniobras, entre las cuales, se encuentra la maniobra de amarre a boyas y zarpe de amarre.

En estos t�rminos, estima la Sala que a pesar de que esta resoluci�n establece que los servicios de transporte del pr�ctico y de amarre son distintos y est�n �directamente relacionados con el servicio� de practicaje, desde la expedici�n de la ley, la autoridad mar�tima ha incluido en la estructura tarifaria del servicio de practicaje, tanto la remuneraci�n que percibe el piloto pr�ctico por el servicio de asesor�a, como el transporte del piloto pr�ctico al buque y el servicio de amarre.

6. Extensi�n y cobertura del servicio de practicaje mar�timo y fluvial y el alcance de la facultad que tiene la DIMAR para fijar la remuneraci�n o contraprestaci�n por este servicio.

La lectura de las normas citadas en este cap�tulo, permite a la Sala advertir que a diferencia de la ley 658 de 2001, el decreto 1466 de 2004 y la resoluci�n 00050 de 2002 expedida por la Direcci�n General Mar�tima �DIMAR-, expresamente incluyen como parte del servicio p�blico de practicaje mar�timo y fluvial, no s�lo la actividad de asesor�a que presta el piloto pr�ctico, sino el servicio de transporte de este profesional al buque, los cargos relativos a la disponibilidad de los pilotos en la estaci�n de pilotos y el servicio de amarre.

Entiende la Sala, que la concepci�n del servicio p�blico de practicaje prevista en la norma de car�cter reglamentario y en la regulaci�n que en materia de tarifas expidi� la Direcci�n General Mar�tima, es la fuente central del debate que suscit� la consulta formulada ante la Sala, en el que se identifican dos posiciones, la primera, seg�n la cual, el servicio de practicaje y su tarifa en los t�rminos de la ley 658 de 2001, debe comprender a la asesor�a del pr�ctico en las diferentes maniobras o movimientos del buque en las zonas definidas para el efecto y, la segunda, en virtud de la cual, el servicio p�blico de practicaje y la tarifa que fije la autoridad mar�tima nacional, debe incluir adem�s de la asesor�a del piloto pr�ctico, que constituye su objeto principal, las actividades conexas al mismo enumeradas en la definici�n prevista en el art�culo 1� del decreto reglamentario 1466 de 2001.

Para resolverlo, la Sala considera procedente fundamentarse en los principios que rigen la intervenci�n del Estado en los servicios p�blicos, en particular, en el principio de reserva de la ley en materia de servicios que impide que t�cita o impl�citamente se delegue en los �rganos de regulaci�n competencias que el constituyente atribuy� al Congreso de la Rep�blica, as� como tambi�n en la subordinaci�n de la potestad reglamentaria a la ley.

La aplicaci�n de estos principios al caso concreto, como se explic� en el cap�tulo 4� de este concepto, conduce a la Sala a advertir que le corresponde al legislador determinar no s�lo la extensi�n y cobertura de los servicios p�blicos, sino las condiciones para garantizar su prestaci�n efectiva, el r�gimen de control y el r�gimen tarifario.

As� las cosas, la interpretaci�n sistem�tica de las disposiciones de la ley 658 de 2001, es decir, de las definiciones t�cnicas en materia de pr�cticaje, la forma como se debe prestar el servicio, las obligaciones de las empresas de practicaje, as� como del r�gimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto por el legislador para su ejercicio, permite concluir que los servicios de transporte del piloto pr�ctico al buque y de amarre son complementarios al servicio p�blico de practicaje mar�timo.

En efecto, en opini�n de la Sala, el legislador dentro de su amplia facultad de configuraci�n consider� que estos dos servicios son independientes, por las siguientes razones jur�dicas:

En consecuencia, la omisi�n de la actividad de los operadores de amarre en el art�culo 27 del decreto 1466 de 2004, modificado por el art�culo 12 del decreto 3307 de 2007, que reglament� el art�culo 25 de la ley 658 de 2001, no tiene la virtualidad de modificar lo dispuesto por el legislador en esta materia. El legislador constitucionalmente es a quien le corresponde determinar el r�gimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a una determinada actividad econ�mica (art�culo 333 C.P.).

La inhabilidad consagrada en el art�culo 25 de la ley 658 de 2001, impide claramente al Gobierno Nacional y a la autoridad mar�tima nacional, integrar en la reglamentaci�n y regulaci�n respectivamente, la actividad de amarre y de practicaje mar�timo como un solo servicio.

Aunque esta conclusi�n es suficiente para excluir el servicio de amarre como una actividad que hace parte del servicio de practicaje mar�timo, vale la pena, se�alar que si bien es cierto, el legislador al definir qu� se entiende por �abarloar�, �acoderar�, �atraque� y zarpe, considera que las mismas culminan al amarrar efectivamente el buque o soltar las amarras, seg�n el caso, tambi�n lo es, las �maniobras de practicaje� se definen en t�rminos de los movimientos que debe realizar el capit�n del buque �asistido por el piloto pr�ctico� y que dentro del marco de obligaciones impuestas por el legislador a las empresas de practicaje que explotan comercialmente el servicio, no se encuentran las de contar con el personal de amarre necesario para efectuar esta actividad.

Por las razones expuestas, la Sala considera que el legislador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, concibi� en la ley 658 de 2001, el servicio p�blico de practicaje mar�timo y fluvial en funci�n de la actividad de asesor�a que prestan los pilotos pr�cticos a los capitanes de los buques para la realizaci�n de maniobras de practicaje en aguas mar�timas y fluviales a trav�s de las empresas de practicaje habilitadas para prestar comercialmente estos servicios.

En consecuencia, no es viable jur�dicamente que por v�a reglamentaci�n de la ley 658 de 2001, que regul� el servicio p�blico de practicaje se extienda la cobertura y la extensi�n del mismo.

Tampoco es viable que a trav�s de la facultad de fijar las tarifas o contraprestaci�n por el servicio de practicaje, asignada por el legislador a la autoridad mar�tima nacional en el art�culo 7 de la ley 658 de 2001, se incluyan dentro de los factores para su c�lculo, los costos de servicios que no se encuentran dentro de la cobertura y el alcance que el legislador le otorg� al servicio p�blico de practicaje.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala recomienda al Gobierno Nacional y a la Direcci�n General Mar�tima, modificar la definici�n de practicaje mar�timo contenida en el numeral 11 del art�culo 1� del decreto reglamentario 1466 de 2004 y el art�culo 12 del decreto 3307 de 2007 en materia de inhabilidades, para ajustarlos a lo ordenado por el legislador en la ley 658 de 2001, as� como, tambi�n, modificar la estructura tarifaria de las resoluciones expedidas por la Dimar, excluyendo de las mismas factores ajenos al alcance y la cobertura que fij� el legislador para este servicio, es decir, los servicios de transporte del piloto pr�ctico y de amarre.

As� las cosas, encuentra esta Sala que la expresi�n �para quienes ejerzan la actividad de practicaje� contenida en el art�culo 7� de la ley 658 de 2001, hace referencia a la contraprestaci�n o remuneraci�n que se debe pagar por el servicio de practicaje entendido �ste como el servicio de asesor�a que presta el piloto pr�ctico al capit�n del buque. El transporte del piloto pr�ctico al buque y el servicio de amarre son servicios considerados en la ley 658 de 2001 como complementarios y distintos al practicaje propiamente dicho, cuyos costos no pueden integrarse en la tarifa que para este servicio p�blico debe fijar la autoridad mar�tima nacional�[30]. (Subrayas de la Sala).

Siendo ello as� y vista la evidente trasgresi�n del orden jur�dico, la Sala no puede hacer cosa distinta que reafirmar la decisi�n de prosperidad de la pretensi�n de nulidad del art�culo 27 del Decreto 1466 de 2004.

Al revisar la potestad reglamentaria ejercida en la expedici�n del art�culo 12 del Decreto 3703 de 2012, la Sala observa que el sentido de la decisi�n no puede variar, debido a que la disposici�n enjuiciada incorpora una excepci�n que no se encuentra prevista en la ley; es decir, en ninguna parte se observa el �nimo del Legislador de introducir salvedades a las incompatibilidades enlistadas en el numeral 2 del art�culo 25 de la Ley 658 de 2001, lo cual tambi�n rebasa el l�mite de las facultades de reglamentaci�n de las que es titular el Gobierno Nacional, pues no se advierte de ninguna manera el marco jur�dico del cual pueda extraerse la posibilidad de implementar excepciones al r�gimen de incompatibilidades a la prestaci�n del servicio p�blico de practicaje.

Ahora, si lo pretendido era permitir que las empresas de explotaci�n de recursos minero energ�ticos, cuya actividad incorporara toda la cadena log�stica (extraer, procesar, almacenar, transportar a puerto, comercializar, etc.), llevara a cabo la actividad de practicaje, debi� ser la iniciativa legislativa el camino a seguir a efectos de incluirla como excepci�n, pues es ese el escenario previsto para el efecto por el ordenamiento jur�dico sobre todo en materia de incompatibilidades.

El Consejo de Estado[31] se ha referido sobre el particular y ha puntualizado que por limitar �stas derechos y libertades de las personas, la consagraci�n de las inhabilidades debe tener origen constitucional o legal. Veamos:

�Se advierte que la consagraci�n del r�gimen de inhabilidades e incompatibilidades, se justifica en la prevalencia de los intereses estatales y en los principios y valores de igualdad, moralidad, �tica, correcci�n, probidad, transparencia e imparcialidad que deben imperar en la actuaci�n de los sujetos que desempe�an la funci�n p�blica, o de quienes aspiran o pretendan acceder a la misma. En efecto, el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posici�n, el privilegio indebido con olvido del inter�s p�blico, de la legalidad, de la buena administraci�n, del patrimonio p�blico y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el �mbito del derecho p�blico, tendientes a evitar la vinculaci�n a la funci�n p�blica o el ejercicio de �sta en las diferentes ramas del Poder P�blico, de personas cuya conducta o situaci�n pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores. As�, las inhabilidades se erigen en circunstancias personales negativas o situaciones prohibitivas preexistentes o sobrevenidas consagradas en la Constituci�n Pol�tica y la ley para acceder o mantenerse en la funci�n p�blica, pues bien impiden el ingreso (elegibilidad), ora la continuidad en el cargo o empleo de sujetos que no re�nen las condiciones, calidades y cualidades de idoneidad o moralidad para desarrollar determinadas actividades o adoptar ciertas decisiones, las cuales se encuentran establecidas con el fin de prevenir conductas indebidas que atenten contra la moralidad, transparencia, eficiencia, eficacia, imparcialidad, igualdad, dignidad y probidad en el servicio, y de evitar el aprovechamiento de la funci�n, posici�n o poder para favorecer intereses propios o de terceros. Las inhabilidades e incompatibilidades, como quiera que limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; la tipificaci�n de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es r�gida y taxativa; su aplicaci�n e interpretaci�n es restrictiva, de manera que excluye la analog�a legis o iuris, excepto en lo favorable; se encuentran definidas en el tiempo, salvo aquellas de car�cter constitucional (verbigracia: Arts. 179.1, 197 y 267 C.P.); y, adem�s, se consideran previstas en un r�gimen jur�dico imperativo y de orden p�blico (ius cogens), raz�n por la cual no son disponibles por acuerdo o convenio de las partes.� (Resaltado de la Sala).

En este escenario, es preciso compartir el concepto emitido por el Ministerio P�blico, y por supuesto, el an�lisis planteado por el demandante, y en consecuencia, resulta procedente expulsar tambi�n del ordenamiento el art�culo 12 del Decreto 3703 de 2007, todo lo cual releva a la Sala de estudiar los dem�s cargos de nulidad planteados por el actor.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

SEGUNDO: En consecuencia, DECRETAR la nulidad del art�culo 27 del Decreto 1466 del 10 de mayo de 2004 y del art�culo 12 del Decreto 3703 del 24 de septiembre de 2007, los dos proferidos por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Defensa Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

La anterior providencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n del 31 de mayo de 2018.

[1] �Art�culo 1�. Definiciones. Para efectos del presente decreto, se establecen las siguientes definiciones:

[15] En la legislaci�n espa�ola, por ejemplo, se entiende por practicaje�el servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida y las maniobras n�uticas dentro de los l�mites geogr�ficos de la zona de practicaje en condiciones de seguridad y en los t�rminos que se establecen en esta Ley, en el reglamento del servicio y en el pliego regulador del mismo. Este servicio se prestar� a bordo de los buques, incluy�ndose en el mismo las instrucciones impartidas por los pr�cticos desde el momento en que partan de la estaci�n de practicaje para prestar el servicio�.

En Argentina, el reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje en puertos y canales se�ala que �stas son tareas que �realiza a bordo de los buques el personal habilitado paraasesorar al capit�n en navegaci�n y reglamentaci�n, en las zonas declaradas de practicaje o pilotaje obligatorio o facultativo (�)�.-Decreto 2694 de 1991-.

El reglamento de practicaje y remolcaje de la Rep�blica de El Salvador, se�ala que la finalidad del servicio de practicaje es lograr que �las maniobras en zonas de practicaje obligatorio se efect�en de manera, que se garantice las seguridad del buque y de las instalaciones mar�timas portuarias mediante un pr�ctico autorizado debidamente (�) que preste asesor�a al capit�n del buque en aspectos de navegaci�n, ruta, gobierno, maniobras y cumplimiento de las disposiciones de seguridad�. Acuerdo No. 4 Acta 56 de 2006.

Congreso de la Asociaci�n Internacional de Practicaje Mar�timo (IMPA) en Cuba �Sin el trabajo de los pr�cticos no pueden entrar los buques a los puertos, que son el reflejo de la econom�a nacional�.

[16]El practicaje en Chile. Maximizaci�n de la contribuci�n del practicaje de puerto. El �mbito de la Seguridad Mar�tima y del Medio Ambiente Acu�tico.

[17]Documento publicado por la OMI. �La Omi y la Seguridad de la Navegaci�n�. Enero de 1998. http://www.imo.org. �El registro de siniestros mar�timos del Lloyd�s, edici�n correspondiente a 1958 �a�os anteriores al periodo de sesiones de la Asamblea de la OMI- se�alaba que el 16% del tonelaje de buques mercantes siniestrados ese a�o (56000 tb) se hab�a perdido por abordajes, y un 32% adicional (115000 bt) por colisiones con restos de naufragios sumergidos. La inmensa mayor�a de estos siniestros (�) fue causada total o parcialmente por errores o deficiencias de car�cter n�utico. (�) hist�ricamente, los peores desastres mar�timos han sido resultado de abordajes u otros accidentes atribuibles a errores de navegaci�n.�.

A t�tulo de ejemplo, encuentra la Sala que la Autoridad del Canal de Panam�, al regular la tarifa oficial del servicio mar�timo de practicaje, incluye estos dos servicios, en los siguientes t�rminos:

�Para los tr�nsitos en los que se solicita o es necesario que el pr�ctico aborde o desembarque cuando el buque se encuentra fuera del rompeolas del sector Atl�ntico, se cobrar� por el practicaje mar afuera (rengl�n 1060.5060 del listado de tarifas), m�s el servicio de lancha (rengl�n 1800.0100). (�)

�Si despu�s de transitar el Canal, se solicita o es necesario que el pr�ctico preste los servicios de atraque en el muelle, de amarre o de anclaje del buque, o de practicaje m�s all� de los puntos terminales mencionados arriba, la embarcaci�n pagar� el practicaje de puerto contenido en el rengl�n 1060.5010 del listado de tarifas, m�s la tarifa de lancha 1800.0100). (�)

�Los cargos por practicaje de puerto son en adici�n a los que correspondan de mar afuera, miscel�neos o especiales, y se cobrar�n, independientemente de si uno o m�s pr�cticos realizan el servicio. Los cargos de practicaje de puerto cubren el servicio de un solo pr�ctico. En el caso de que un movimiento requiera el uso de m�s pr�cticos, se aplicar�n cargos adicionales. Los cargos por retrasos en movimientos de puerto son en adici�n a los cargos de practicaje de puerto.

(3) El servicio de lancha para el practicaje de puerto se cobra a la tarifa estipulada en el rengl�n 1800.0100.

�Amarraderos: Se aplicar� un s�lo cargo de practicaje cuando las embarcaciones utilicen los amarraderos de la Autoridad del Canal, salvo cuando se relacione con los requisitos de operaci�n del tr�nsito, tal como lo defina el Gerente de la Secci�n de Administraci�n de Tr�fico y Arqueo de Naves, a las tarifas del rengl�n 1060.5010, m�s la tarifa por el servicio de lanchas (rengl�n 1800.0100 (�)�

[19]Ley 48 de 2003. Art�culo 60. Concepto y clases de servicios b�sicos. 1. Son servicios b�sicos aquellas actividades comerciales que permiten la realizaci�n de las operaciones de tr�fico portuario. (�) 2. Los servicios b�sicos son los siguientes: a. Servicio de practicaje. b. Servicios t�cnico-n�uticos: 1. Remolque portuario. 2. Amarre y desamarre de buques.

[24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 2 de septiembre de 2010, Rad. No.: 11001-03-24-000-2007-00265-00. C.P.: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. En sentido similar, v�ase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, sentencias del 15 de julio de 1994, Rad. 5393 y del 26 de agosto de 1994, Rad. 5312B. C.P.: Guillermo Chah�n Lizcano; as� como las sentencias de la Secci�n Tercera, Subsecci�n B, del 29 de agosto de 2013, Rad. 11001032600020050007600(32293). C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de esta Secci�n, las sentencias del 6 de junio de 2013, Rad. 11001 03 24 000 2006 00284 00. C.P.: Mar�a Claudia Rojas Lasso; 21 de noviembre de 2013, Rad. 11001032400020120035000. C.P.: Guillermo Vargas Ayala; 30 de agosto de 2012, Rad. 11001032400020060039800, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y de 7 de junio de 2012, Rad. 11001032400020070033300. C.P.: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez. Tambi�n se destaca la importancia de la competencia y del respeto a los l�mites que fija el texto legal reglamentado, de la Secci�n Primera, entre otras, las sentencias del 29 de julio de 2010, Rad. 11001032400020020024901. C.P.: Rafael Ostau de LafontPianeta; del 19 de marzo de 1998, Rad. 11955; o del 28 de agosto de 1997, Rad.12574. C.P.: Silvio Escudero Castro.

[25] �Art�culo 1489. Definici�n de agente mar�timo. Agente mar�timo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave.�

�Art�culo 1490. Agente mar�timo como sociedad - porcentaje perteneciente a personas nacionales. Cuando el agente mar�timo sea una sociedad, el sesenta por ciento del capital social, por lo menos, deber� pertenecer a personas naturales colombianas�.

[26] Sentencia de 25 de octubre de 2007, Expediente nro. 2004-00109-01, Consejera ponente: doctora Martha Sof�a Sanz Tob�n.

[28] �Art�culo 27.- Simultaneidad en el ejercicio de la actividad de practicaje.- El t�rmino simultaneidad contenido en el numeral 2� del art�culo 25 de la ley 658 de 2001, se refiere a la concurrencia en una misma persona de las siguientes calidades: 1.- En una persona natural la condici�n de piloto pr�ctico oficial en servicio activo, con la prestaci�n de la actividad de las empresas de practicaje. As� mismo ser piloto pr�ctico e inspector del Estado Rector del Puerto. 2.- En una persona jur�dica de la condici�n de empresa de practicaje con la de agente mar�timo, operador de remolcador y dem�s operadores portuarios.�

[29]Esta resoluci�n, expedida con anterioridad al decreto 1466 de 2004, ha sido modificada en tres oportunidades, a saber: Resoluci�n 357 de 2003, en la cual, se incluye dentro de la tarifa la permanencia del piloto pr�ctico en operaciones de cargue y descargue de hidrocarburos. Resoluci�n 183 de 2005, en la cual, se ajustan las tablas de arqueo y distancia debido a las tendencias en la tasa de cambio. Resoluci�n 119 de 2007, en la cual, se regula el practicaje que se le presta a las dragas de bandera nacional o extranjera.

[30] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de abril de 2008, proferido en el proceso 11001-03-06-000-2008-00005-00 (1876).

[31] Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009, proferida en el proceso radicado con el n�m. 11001 0315 000 2007 00581 001 (P.I.), Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

Fecha Providencia	31/05/2018
Fecha de notificaci�n	31/05/2018