100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034264SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2607-98200016/11/2000SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__2607-98_2000_16/11/2000300342632000REGIMEN SALARIAL DEL SECTOR SALUD - Nivel territorial. El Gobierno tiene la facultad para señalar el límite máximo salarial de estos servidores / NIVELACION SALARIAL DEL SECTOR SALUD - Recursos con los cuales se realiza esta nivelación. Autonomía de las entidades territoriales Observa la Sala que el Decreto acusado establece en el artículo 2º la remuneración máxima en el año de 1998, para los empleados públicos de la Salud del orden territorial. Así mismo, en el artículo 3º, señala que de conformidad con los artículos 6 y 11 del Decreto 439 de 1995, las entidades de salud del orden territorial, atendiendo su disponibilidad presupuestal, podrán establecer las correspondientes asignaciones básicas mensuales hasta el límite máximo expresado en el presente Decreto; por lo que ninguna censura puede hacerse a tales previsiones, pues del análisis que hizo otrora la Corte, las facultades del Gobierno Nacional para señalar el límite máximo de los servidores públicos del orden territorial, encuentran pleno respaldo constitucional, sin que por ello se estime que la potestad que le fue atribuida a las entidades territoriales para determinar el régimen salarial, a través de sus órganos competentes, se vean limitas en su autonomía o se tornen inocuas, como lo censura la Federación demandante. En cuanto al artículo 4º del Decreto acusado que prescribe que el programa de nivelación será efectuado por cada entidad de salud del orden territorial, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del situado fiscal, la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios, ha de decir la Sala que encuentra reparo en el hecho de que el precepto condicione la nivelación salarial a la disponibilidad de los recursos provenientes de la venta de servicios y los demás rentas del sector en las distintas entidades, ya que tal prescripción es una injerencia del Gobierno Nacional en los recursos de los diferentes departamentos y municipios, lo cual, sin lugar a duda, limita la autonomía presupuestal y de administración de los recursos de las entidades territoriales, que garantiza y protege la Constitución Política, lo que impone a la Sala declarar la nulidad de tales frases. Dado entonces el enfoque que le dio la demandante a las censuras contra el acto demandado, encuentra la Sala, en conclusión, que el Decreto 980 de 1998 se aviene al ordenamiento constitucional y legal, salvo en las frases “,la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios” contenidas en el artículo 4, las cuales se declararán nulas en esta sentencia.
Sentencias de NulidadAna Margarita Olaya ForeroGOBIERNO NACIONALFEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS 16/11/2000Decreto 980 del 29 de mayo de 1998Identificadores10030136458true1231133original30134299Identificadores

Fecha Providencia

16/11/2000

Fecha de notificación

16/11/2000

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Ana Margarita Olaya Forero

Norma demandada:  Decreto 980 del 29 de mayo de 1998

Demandante:  FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


REGIMEN SALARIAL DEL SECTOR SALUD - Nivel territorial. El Gobierno tiene la facultad para señalar el límite máximo salarial de estos servidores / NIVELACION SALARIAL DEL SECTOR SALUD - Recursos con los cuales se realiza esta nivelación. Autonomía de las entidades territoriales

Observa la Sala que el Decreto acusado establece en el artículo 2º la remuneración máxima en el año de 1998, para los empleados públicos de la Salud del orden territorial. Así mismo, en el artículo 3º, señala que de conformidad con los artículos 6 y 11 del Decreto 439 de 1995, las entidades de salud del orden territorial, atendiendo su disponibilidad presupuestal, podrán establecer las correspondientes asignaciones básicas mensuales hasta el límite máximo expresado en el presente Decreto; por lo que ninguna censura puede hacerse a tales previsiones, pues del análisis que hizo otrora la Corte, las facultades del Gobierno Nacional para señalar el límite máximo de los servidores públicos del orden territorial, encuentran pleno respaldo constitucional, sin que por ello se estime que la potestad que le fue atribuida a las entidades territoriales para determinar el régimen salarial, a través de sus órganos competentes, se vean limitas en su autonomía o se tornen inocuas, como lo censura la Federación demandante. En cuanto al artículo 4º del Decreto acusado que prescribe que el programa de nivelación será efectuado por cada entidad de salud del orden territorial, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del situado fiscal, la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios, ha de decir la Sala que encuentra reparo en el hecho de que el precepto condicione la nivelación salarial a la disponibilidad de los recursos provenientes de la venta de servicios y los demás rentas del sector en las distintas entidades, ya que tal prescripción es una injerencia del Gobierno Nacional en los recursos de los diferentes departamentos y municipios, lo cual, sin lugar a duda, limita la autonomía presupuestal y de administración de los recursos de las entidades territoriales, que garantiza y protege la Constitución Política, lo que impone a la Sala declarar la nulidad de tales frases. Dado entonces el enfoque que le dio la demandante a las censuras contra el acto demandado, encuentra la Sala, en conclusión, que el Decreto 980 de 1998 se aviene al ordenamiento constitucional y legal, salvo en las frases “,la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios” contenidas en el artículo 4, las cuales se declararán nulas en esta sentencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejera ponente: ANA MARGARITA OLAYA FORERO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil (2000).

Radicación número: 2607-98

Actor: FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: DECRETOS DE GOBIERNO

ANTECEDENTES

1. La parte actora, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y de la acción de nulidad por inconstitucionalidad prescrita en el artículo 237 de la Carta Política, solicita a esta Corporación se declare la nulidad del Decreto 980 del 29 de mayo de 1998 “por medio del cual se actualizan las asignaciones básicas máximas mensuales establecidas para 1998 en el Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud”.

2. El texto de la disposición acusada aparece en copia auténtica a folios 49 a 52 vto. del expediente.

3. La parte actora invoca como infringidos los artículos 150, numeral 19 literal e; 189 numeral 11; 287; 300 numeral 7 y 313 numeral 6 de la Constitución Política; 1 y 2 literales h) e i) de la ley 4ª de 1992.

El concepto de violación puede resumirse así:

CARGOS :

Que el Gobierno Nacional carecía de competencia primero para fijar un régimen salarial especial y un programa gradual de nivelación salarial para los empleados del Sector Salud del orden territorial, como lo hizo mediante el decreto Ejecutivo No. 439 del 8 de marzo de 1995, que a su vez sirve de fundamento esencial para el decreto 980 de 1998, acusado en esta litis.

Que el Gobierno nacional para legitimar su actuación, se ampara en una arbitraria interpretación extensiva de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, y de forma adicional, del artículo 193 de la ley 100 de 1993; que de esta manera la actuación reglamentaria ejercida por el Gobierno Nacional está incursa en causal de nulidad, por su abierta contradicción con la Carta Política y los artículos 1 y 2 de la Ley marco 4 de 1992, que regulan la materia relativa a la determinación de la estructura, categoría y escala de remuneración de los empleos públicos del orden territorial, competencia que corresponde a los respectivos gobiernos locales, con sujeción a los parámetros establecidos por la propia Constitución.

Agrega que la comprensión del artículo 12 de la Ley 4 de 1992 debe ser entendida en forma armónica y sistemática con las demás disposiciones constitucionales que rigen la materia salarial a nivel territorial y, desde luego, siempre al amparo del principio constitucional de la autonomía administrativa de las entidades territoriales; que esto significa que si bien el gobierno nacional puede establecer límites máximos salariales en las escalas de remuneración de los empleados públicos del orden territorial, la competencia del gobierno central sólo debe ser ejercida respecto de las escalas salariales fijadas por las mismas autoridades territoriales, siempre de conformidad con los criterios y objetivos señalados por la Constitución y la ley marco salarial, lo contrario sería una usurpación ilegítima de competencias que quebranta el orden jurídico constitucional, sencillamente, porque no es el gobierno nacional a quien compete por mandato constitucional o legal fijar el régimen salarial de los empleados públicos del orden territorial, sino a las correspondientes autoridades locales.

Expresa, de otra parte, que el Gobierno nacional al actualizar las asignaciones máximas salariales sobre la base de escalas de remuneración impuestas de forma ilegítima, vulnera el núcleo esencial del principio de la autonomía territorial.

Alega que mal puede el gobierno nacional atribuirse competencias que no tiene, para desconocer el principio de la autonomía de las entidades territoriales, y en tal virtud, determinar la estructura de los entes territoriales no solo para una vigencia fiscal, sino comprometer, mediante un programa de nivelación salarial, las vigencias para los años sucesivos; que se trata de una disposición que limita la competencia presupuestal de las autonomías territoriales, que afecta los fiscos departamentales y municipales; que sobre esta garantía institucional la Corte Constitucional en la sentencia 219 de 1997 sentó ya jurisprudencia, expresando que “en especial, el legislador, por expreso mandato constitucional, debe respetar la garantía institucional de la autonomía territorial…”.

4. La demanda fue notificada personalmente al señor Ministro de Salud y al agente del Ministerio Público.

El Señor Ministro de Salud, por intermedio de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma. Manifiesta que la Ley 100 de 1993 en el artículo 193, tal como lo advierte la Corte Constitucional en la sentencia C-054 de 1998, fue expedida por la necesidad de ampliar territorialmente el aparato de la seguridad social en salud, para lo cual era indispensable la creación de un conjunto de estímulos salariales y no salariales y la implementación de un plan de educación continuo, así como de créditos para instalación de equipos, vivienda y transporte que beneficiaran a la totalidad de los empleados del sector salud, que, por ello, se expidió el decreto 439 de 1995, por medio del cual se dispuso establecer el régimen salarial especial y el programa gradual de nivelación de salarios para los empleados públicos de la salud del orden territorial, determinando la graduación salarial de los empleados ubicados en los cargos de Médico General, Enfermero, Auxiliar de Enfermería, Promotor de Saneamiento y Promotor de Salud, de igual forma señaló el porcentaje de incremento para los años de 1995, 1996, 1997 y 1998; que el artículo 5 del citado Decreto 439 de 1995, fija la remuneración máxima para los empleados públicos de la salud del orden territorial para los años de 1995, 1996, 1997 y 1998, remuneración que está referida a los empleos que en el citado artículo se enlistan y sin que pueda afirmarse que los cargos no contemplados en dicha disposición no fueron objeto de la nivelación salarial.

Expresa, además, que una vez el Gobierno Nacional establece el proceso gradual de nivelación salarial para el sector salud, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, Gobernadores y Alcaldes, pueden señalar los salarios y emolumentos que corresponden a los empleos de la respectiva sección territorial, incluidos los del sector de la salud, así como las escalas de remuneración en las cuales se ubican dichos empleos; por consiguiente, según dice, es claro que el gobierno tiene facultad para crear un régimen salarial, en el cual se determine para el específico caso de los empleados de la salud que laboran en zonas apartadas, el cual podría comprender los rangos salariales mínimos y máximos correspondientes a las diferentes categorías para los niveles administrativos o grupos de empleos que considere el gobierno, pues tal como lo contempla la Ley 100 de 1993, la nivelación salarial debía realizarse con arreglo al régimen gradual previsto en esta disposición, por una sola vez y teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos de orden presupuestal.

Finalmente, agrega que al analizar las competencias en materia salarial conferidas constitucionalmente al Congreso de la República y al Gobierno nacional, éstas son complementarias a las asignadas por el Constituyente en el orden territorial con las funciones atribuidas a las autoridades seccionales y locales; que, por consiguiente, la facultad para crear incentivos y nivelar salario en el sector de la salud otorgadas al ejecutivo, con el fin de estimular el eficiente desempeño de estos servidores, se encuentra en concordancia con los presupuestos constitucionales.

ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Señor Procurador Cuarto Delegado ante esta Corporación estima que el Decreto acusado transgrede las normas constitucionales y legales invocadas en la demanda; que valen en este caso, los argumentos que presentó en el proceso No. 0197-99 en el cual se examinó la legalidad del decreto 439 de 1995; por tratarse de la misma acusación; que, por ello, en su concepto, el ejecutivo nacional al expedir la norma acusada, al igual que en el citado Decreto 439, sobrepasó sus facultades y violó el principio constitucional de la autonomía fiscal y administrativa de las entidades territoriales, siendo, por tanto, viable su declaratoria de nulidad, en lo pertinente a aquellas disposiciones de su articulado que van más allá del mero establecimiento del límite máximo salarial de los servidores públicos de las entidades territoriales en la forma prevista por el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992.

Se decide, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

En esencia son dos cargos los que formula la demandante contra el Decreto 980 del 29 de mayo de 1998: Exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por vicios sustanciales y vulneración del núcleo esencial del principio de la autonomía territorial.

Para examinar la legalidad de la norma acusada frente a las censuras que le endilga la actora, es necesario que la Sala haga las siguientes precisiones.

A diferencia de la Carta Política anterior, la Constitución de 1991 en el artículo 150 numeral 19 le asignó al Congreso de la República la facultad para fijar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otros efectos, para señalar el régimen salarial y prestacional de los “empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública” y “regular el régimen de prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales”.

Dentro de este nuevo reparto de competencias, el Congreso dictó la Ley 4ª de 1992, de carácter general, el cual dispuso en el artículo 12 lo siguiente:

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las Entidades Territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las Corporaciones Públicas Territoriales arrogarse esta facultad.

PARAGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.”

La norma precedente fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, “siempre que se entienda que las facultades conferidas al Gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.”.

Respecto de la facultad del Gobierno para señalar el límite máximo salarial de los servidores del orden territorial, dijo la Corte en la citada sentencia, lo siguiente:

“La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de marco general puesto por la ley para el ejercicio de competencias confiadas a las autoridades territoriales, en principio, es compatible con el principio de autonomía. Lo contrario, llevaría a entronizar un esquema de autonomía absoluta, que el Constituyente rechazó al señalar: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley”.

La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, es un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las autoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional y de las entidades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios públicos.

La razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia - los sueldos de los cargos semejantes del nivel nacional - garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado….”.

Ahora bien, observa la Sala que el Decreto acusado establece en el artículo 2º la remuneración máxima en el año de 1998, para los empleados públicos de la Salud del orden territorial. Así mismo, en el artículo 3º, señala que de conformidad con los artículos 6 y 11 del Decreto 439 de 1995, las entidades de salud del orden territorial, atendiendo su disponibilidad presupuestal, podrán establecer las correspondientes asignaciones básicas mensuales hasta el límite máximo expresado en el presente Decreto; por lo que ninguna censura puede hacerse a tales previsiones, pues del análisis que hizo otrora la Corte, las facultades del Gobierno Nacional para señalar el límite máximo de los servidores públicos del orden territorial, encuentran pleno respaldo constitucional, sin que por ello se estime que la potestad que le fue atribuida a las entidades territoriales para determinar el régimen salarial, a través de sus órganos competentes, se vean limitas en su autonomía o se tornen inocuas, como lo censura la Federación demandante.

Los planteamientos que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-315 de 1995 son suficientes para que la Sala deseche la censura contra los artículos 1, 2, y 3, por exceso en las facultades del Gobierno, ya que el decreto demandado fue proferido por el Gobierno Nacional en claro ejercicio de facultades legales, las cuales, se repiten, están acordes con el orden constitucional.

De otra parte, no encuentra la Sala en las prescripciones de los artículos segundo y tercero, infracción al principio de autonomía de las entidades territoriales, como quiera que tales preceptos se limitan a establecer, de una parte, la remuneración máxima en 1998, para lo cual sí está facultado el Gobierno Nacional, y a prescribir que las entidades territoriales que presten servicios de salud, podrán establecer las correspondientes asignaciones básicas mensuales hasta el límite máximo expresado en el presente Decreto, lo cual respeta el ámbito de competencia de las entidades territoriales, para señalar, por conducto de sus órganos competentes, las escalas salariales, sin exceder el máximo fijado por el Gobierno Nacional.

Pero además, tales prescripciones son un desarrollo obvio del artículo 193 de la ley 100 de 1993 que dispone:

“Artículo 193. Incentivos a los Trabajadores y Profesionales de la Salud

Con el fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores y profesionales de la salud y su localización en las regiones con mayores necesidades, el gobierno podrá establecer un régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en ningún caso constituirán salario. También podrá establecer estímulos de educación continua, crédito para instalación, equipos, vivienda y transporte. Igualmente, las Entidades Promotoras de Salud auspiciarán las prácticas de grupo y otras formas de asociación solidaria de profesionales de la salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinará las zonas en las cuales se aplicará lo dispuesto en el presente artículo.

“Para los empleados públicos de la salud del orden territorial el Gobierno Nacional establecerá un régimen salarial especial y un programa gradual de nivelación de salarios entre las diferentes entidades.

“El régimen salarial especial comprenderá la estructura y denominación de las categorías de empleo, los criterios de valoración de los empleos y los rangos salariales mínimos y máximos correspondientes a las diferentes categorías para los niveles administrativos, o grupos de empleados que considere el Gobierno Nacional.

“El Gobierno nacional establecerá un proceso gradual para nivelar los límites mínimos de cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales. Esta nivelación se realizará con arreglo al régimen gradual aquí previsto y por una sola vez, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de la ley 60 de 1993. Esta nivelación debe producirse en las vigencias fiscales de 1995 a 1998 de acuerdo con la disponibilidad de recursos del situado fiscal y de las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios con quienes deberá concertarse el Plan específico de nivelación. Para la vigencia de 1994, puede adelantarse la nivelación con arreglo a las disponibilidades presupuestales y al reglamento.

Para la fijación del régimen salarial especial y la nivelación de que trata el presente artículo, se considerarán los criterios establecidos en el artículo 2º de la ley 4 de 1992, con excepción de las letras k y l. Igualmente, deberá considerarse la equidad regional y el especial estímulo que requieran los empleados públicos que presten sus servicios en zonas marginadas y rurales, de conformidad con el reglamento.”

(Lo subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional - Sentencia C-054 del 4 de marzo de 1998.).

Este artículo 193 de la Ley 100 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-054 de 1998, excepto en la frase subrayada en la transcripción antecedente. Por ser pertinente para el examen del Decreto acusado, es preciso transcribir el razonamiento que hizo la Corte en relación con la nivelación salarial de las entidades territoriales:

“En este orden de ideas, es claro, por lo tanto, que el Gobierno puede crear, como en efecto lo permite la norma cuestionada, un régimen salarial, en el cual se determine, para el específico caso de los empleados de la salud que laboren en zonas apartadas de la Nación, el cual podrá comprender los rangos salariales mínimos y máximos correspondientes a las diferentes categorías para los niveles administrativos o grupos de empleados que considere el gobierno; pero no en cuanto a la estructura y denominación de las categorías de empleo, los criterios de valoración de los empleos y”, expresiones que se declararán inexequibles.

En síntesis, considera la Corte que, la técnica empleada por el legislador, mediante la utilización de disposiciones cuyas características se subsumen en lo que la jurisprudencia de esta Corporación califica de normas marco, es el instrumento que la Carta dispone para la fijación de los regímenes salariales ordinarios y especiales y para la estructuración de un plan gradual de nivelación entre las diferentes entidades, siempre y cuando no se desconozcan las competencias constitucionales que corresponden a las autoridades departamentales y municipales en el ámbito propio de su autonomía constitucional y administrativa.

Advierte, no obstante la Sala Plena de la Corte que el inciso 4 del artículo 193, es exequible, en el entendido de que la nivelación, se deberá realizar con arreglo al régimen gradual previsto en el artículo cuestionado y por una sola vez. Esta nivelación deberá producirse únicamente con la disponibilidad de recursos del situado fiscal y no de los recursos de los diferentes departamentos y municipios. En efecto, el gobierno deberá concertar el plan específico de la nivelación, tomando en consideración que para efectos de la fijación del régimen salarial especial y de la nivelación aquí prevista se considerarán los criterios establecidos en el artículo 2º. de la ley 4 de 1992, con excepción de las letras k) y l); así como los criterios técnicos de la equidad regional y el especial estimulo que requieren los empleados públicos que presten sus servicios en zonas marginales y rurales, de conformidad con lo reglamentado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud, que determinará las zonas en donde se aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de la ley 100 de 1993, el cual por este aspecto será declarado exequible, no sin antes advertir, que de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, como lo afirma el demandante, pero “dentro de los límites de la Constitución y la ley”. Así lo disponen también los artículos 300, 305, 313 y 315 del Estatuto Superior, en cuanto al ejercicio de las competencias correspondientes a los distintos órganos de tales entidades.”.(Destaca la Sala).

En cuanto al artículo 4º del Decreto acusado que prescribe que el programa de nivelación será efectuado por cada entidad de salud del orden territorial, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del situado fiscal, la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios, ha de decir la Sala que encuentra reparo en el hecho de que el precepto condicione la nivelación salarial a la disponibilidad de los recursos provenientes de la venta de servicios y los demás rentas del sector en las distintas entidades, ya que tal prescripción es una injerencia del Gobierno Nacional en los recursos de los diferentes departamentos y municipios, lo cual, sin lugar a duda, limita la autonomía presupuestal y de administración de los recursos de las entidades territoriales, que garantiza y protege la Constitución Política, lo que impone a la Sala declarar la nulidad de tales frases.

Y no podría tomar la Sala una decisión distinta, pues los razonamientos que hizo la Corte Constitucional en el precitado fallo C-054 de 1998, sobre los alcances del artículo 193 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que la nivelación salarial especial deberá producirse únicamente con la disponibilidad de recursos del situado fiscal y no de los recursos de los diferentes departamentos y municipios, llevan a la declaratoria de nulidad de las expresiones contenidas en el artículo 4 que se resaltaron anteriormente, ya que si bien fueron expuestos en la parte motiva de su providencia, obligan al juez al momento de fallar, porque tienen una relación inescindible con la parte resolutiva de dicha sentencia.

Dado entonces el enfoque que le dio la demandante a las censuras contra el acto demandado, encuentra la Sala, en conclusión, que el Decreto 980 de 1998 se aviene al ordenamiento constitucional y legal, salvo en las frases “,la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios” contenidas en el artículo 4, las cuales se declararán nulas en esta sentencia.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DECLARASE la nulidad de las expresiones “la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios” contenidas en el artículo 4 del Decreto Reglamentario No. 980 del 29 de mayo de 1998.

NIEGANSE las demás súplicas de la demanda.

Reconócese personería a la doctora TERESA RICO DE MORELLI como apoderada del Ministerio de Salud, en los términos y para los efectos del poder que obra visible a folio 115.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese el expediente

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de a fecha.

ANA MARGARITA OLAYA FOREROALBERTO ARANGO MANTILLA

TARSICIO CACERES TORO JESÚS M .LEMOS BUSTAMENTE

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO NICOLAS PAJARO PEÑARANDA

ENEIDA WADNIPAR RAMOS

Secretaria