SENTENCIA 1100103270001998004500 de 1999

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034178SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo1100103270001998004500199919/11/1999SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___1100103270001998004500__1999_19/11/1999300341771999SUSTRACCION DE MATERIA - Existencia / UPAC - Demanda contra decretos aut�nomos / DECRETOS AUTONOMOS SOBRE EL UPAC - Derogatoria / SENTENCIA INHIBITORIA En ejercicio de la acci�n de inconstitucionalidad, fueron demandados ante la Corte Constitucional los decretos expedidos por el Presidente de la Rep�blica, al amparo de las facultades constitucionales que le otorgaba el num. 14 del articulo 120 de la C. P. de 1886, mediante los cuales se instituyo y reglamento el sistema de valor constante UPAC, as� como las normas del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero referidas al mismo tema. La demanda, radicada bajo el No.2374 fue decidida mediante sentencia C-700/99 de septiembre 16 de 1999, M. P. Dr. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo, y en relaci�n con los Decretos 677,678,1229 y 1269 de 1972, y 1127 de 1990 la Corte Constitucional se declaro inhibida �para resolver acerca de su constitucionalidad por carencia actual de objeto�, con fundamento en las siguientes consideraciones: �En relaci�n con los decretos aut�nomos 677, 678, 1229 y 1269 de 1972, y 1127 de 1990, todos ellos expedidos por el Presidente de la Rep�blica en desarrollo de lo dispuesto por el art�culos 120, numeral 14, de la Carta Pol�tica de 1886, reformada por Acto Legislativo n�mero 1 de 1968, que consagraba una atribuci�n constitucional propia en cabeza del Jefe del Estado, se estima pertinente definir que aunque, en principio, cabr�a discusi�n acerca de la competencia de esta Corte para pronunciarse sobre normas de tal naturaleza, lo cierto es que la controversia no es relevante en el presente caso, en la medida en que dichos decretos fueron incorporados y sustituidos por normas con fuerza de ley, y en ese orden de ideas, est�n actualmente por fuera del sistema jur�dico. Inclusive, ya lo estaban al ser expedida la Constituci�n Pol�tica de 1991. �Ahora bien, hecha la pertinente verificaci�n, se tiene que los mencionados decretos aut�nomos actualmente no existen en el mundo jur�dico, pues la materia regulada por ellos coincide con la enunciada en el citado art�culo 4.3.0.0.5 del Decreto 1730 de 1991 y, por otra parte, las disposiciones acusadas de ese mismo estatuto normativo, que a su vez incorporan los preceptos de los decretos aut�nomos en referencia, no hacen alusi�n a ninguna norma fuente, y tampoco existe canon expreso que disponga la no inclusi�n y sustituci�n de los aludidos decretos dictados por el Presidente de la Rep�blica con base en las facultades otorgadas directamente por la Constituci�n de 1886. �En consecuencia, siguiendo la reiterada jurisprudencia de la Corporaci�n y toda vez que los expresados decretos no est�n produciendo en la actualidad efectos jur�dicos, carece de utilidad y raz�n un fallo de fondo acerca de su constitucionalidad, por configurarse el fen�meno de la sustracci�n de materia.� ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - Sustituci�n de normatividad anterior / REGLAMENTO AUTONOMO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza / NORMAS COMPILADAS EN EL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - Procedencia de juicio de legalidad La Corte Constitucional en la sentencia C-188/94 de abril 19 de 1994, Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Mu�oz, al conocer de la constitucionalidad parcial del Decreto 663 de 1993, por el cual se actualiza el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero; la manifestaci�n expresa contenida en el Decreto 1730 de 1991 de incorporar y sustituir las normas dictadas por el Gobierno Nacional al amparo del numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, implica inequ�vocamente la derogatoria expresa de los decretos objeto de la demanda, puesto que como ya qued� establecido ellos fueron expedidos en desarrollo de las facultades previstas en el citado precepto constitucional. Ahora bien, sin perjuicio de cual era la naturaleza jur�dica de los reglamentos aut�nomos expedidos por el Presidente de la Rep�blica con fundamento en el numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica, que no es asunto objeto del presente debate, y sobre la cual se pronunci� la Secci�n Primera de la Corporaci�n en sentencia de febrero 4 de 1976 Consejero Ponente doctor Carlos Galindo Pinilla, Expedientes 2150, 2153 y 2155, concluyendo que tales manifestaciones de intervenci�n del ejecutivo comportaban la jerarqu�a de la ley formal; lo cierto, es que los presuntos vicios de inconstitucionalidad de los decretos acusados, no pueden trasladarse, ni en su esencia ni en la forma, a las nuevas normas legales que los sustituyeron; pues si tal sustituci�n implica su derogatoria, solo en la medida en que se establezca la inconstitucionalidad de las disposiciones que fueron recogidas de las normas derogadas, pero por vicios atribuibles a las nuevas normas, podr� satisfacerse la finalidad que a trav�s de la acci�n p�blica de nulidad persigue el accionante, esto es que se restablezca el orden jur�dico presuntamente alternado con la expedici�n de los decretos objeto de la demanda. Se tiene entonces que si bien es cierto, las normas contenidas en los decretos cuya nulidad se acusa en el presente proceso, fueron recogidas por el Decreto 1730 de 1991 o Estatuto Org�nico del Sistema Financiero; y que por su incorporaci�n y sustituci�n en un ordenamiento que tiene fuerza de ley, adquirieron igual jerarqu�a, correspondiendo en consecuencia a la Corte Constitucional decidir sobre su constitucionalidad; no puede considerarse que tal circunstancia sea determinante de la incompetencia de la Corporaci�n para el conocimiento de la acci�n de nulidad propuesta contra los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de 1984, porque en todo caso lo demandado son los decretos y no las normas legales que los sustituyeron. ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD - Competencia / CONSEJO DE ESTADO - Competencia en juicios de constitucionalidad / ACCION DE ILEGALIDAD SOBRE NORMAS DEL UPAC - Improcedencia Como a partir de la vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1991 es clara la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, promovidas contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional, con excepci�n de los expedidos con fundamento en los art�culos 150-10 y 341 de la misma Carta, cuya competencia es de la Corte Constitucional, no encuentra la Sala procedente un fallo inhibitorio por incompetencia como lo requieren los oponentes. En efecto, si como qued� demostrado el r�gimen jur�dico de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, en lo esencial mantiene su vigencia en las nuevas normas legales, cuya inconstitucionalidad no ha sido ni pod�a ser objeto de cuestionamiento en el presente proceso, no es entonces viable un pronunciamiento por parte de la Corporaci�n sobre la legalidad o ilegalidad de los decretos impugnados. Ello es as�, porque las disposiciones objeto de enjuiciamiento en el presente proceso mantienen su legalidad al haber sido sustituidas por el nuevo ordenamiento legal, hasta tanto �sta sea desvirtuada en virtud de un pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional competente, de manera que los efectos de las disposiciones acusadas de nulidad, sobreviven no en virtud de las disposiciones derogadas, sino como consecuencia de la aplicaci�n del nuevo ordenamiento jur�dico que las consagra, por lo que un pronunciamiento sobre su legalidad o ilegalidad se reitera, no conlleva al restablecimiento del orden jur�dico presuntamente vulnerado por efectos de su expedici�n. UPAC - C�lculo / TASA DTF - C�lculo / CORRECCION MONETARIA EN UPAC - C�lculo / COSA JUZGADA - Procedencia Si bien en el presente proceso lo acusado es la totalidad de la precitada resoluci�n 18/95 Arts. 1 y 2, y en el anterior proceso la proposici�n de nulidad fue parcial, en lo esencial, los fundamentos en que se sustentan los cargos en uno y otro proceso tienen relaci�n con la misma causa, esto es la extralimitaci�n de funciones de la Junta Directiva al introducir en la f�rmula prevista para el c�lculo de la correcci�n monetaria el promedio m�vil de la tasa DTF efectiva; la inequidad e ilegalidad del sistema UPAC que se deriva de la anterior modificaci�n y la violaci�n de los principios constitucionales y legales que deben observarse trat�ndose de la intervenci�n del Estado en la econom�a y manejo de los recursos econ�micos de los usuarios del sistema. Como consecuencia de lo anterior se considera que respecto de la citada resoluci�n ha operado el fen�meno jur�dico de la cosa juzgada, en cuanto que en uno y otro proceso existe identidad de objeto y de causa, raz�n por la cual habr� de declararse la Sala inhibida para conocer de la legalidad de la Resoluci�n 18 de junio 30 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y ordenar� estarse a lo dispuesto en la sentencia de mayo 21 de 1999 proferida por la Secci�n Cuarta en el proceso 9280 a que se ha hecho referencia. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: GERMAN AYALA MANTILLA Santaf� de Bogot�, D.C., Diecinueve (19) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Radicaci�n n�mero: 11001-03-27-000-1998-0045-00 Actor: JORGE LUCAS TOLOSA CA�AS Demandado: GOBIERNO NACIONAL y BANCO DE LA REPUBLICA

SUSTRACCION DE MATERIA - Existencia / UPAC - Demanda contra decretos aut�nomos / DECRETOS AUTONOMOS SOBRE EL UPAC - Derogatoria / SENTENCIA INHIBITORIA

En ejercicio de la acci�n de inconstitucionalidad, fueron demandados ante la Corte Constitucional los decretos expedidos por el Presidente de la Rep�blica, al amparo de las facultades constitucionales que le otorgaba el num. 14 del articulo 120 de la C. P. de 1886, mediante los cuales se instituyo y reglamento el sistema de valor constante UPAC, as� como las normas del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero referidas al mismo tema. La demanda, radicada bajo el No.2374 fue decidida mediante sentencia C-700/99 de septiembre 16 de 1999, M. P. Dr. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo, y en relaci�n con los Decretos 677,678,1229 y 1269 de 1972, y 1127 de 1990 la Corte Constitucional se declaro inhibida �para resolver acerca de su constitucionalidad por carencia actual de objeto�, con fundamento en las siguientes consideraciones: �En relaci�n con los decretos aut�nomos 677, 678, 1229 y 1269 de 1972, y 1127 de 1990, todos ellos expedidos por el Presidente de la Rep�blica en desarrollo de lo dispuesto por el art�culos 120, numeral 14, de la Carta Pol�tica de 1886, reformada por Acto Legislativo n�mero 1 de 1968, que consagraba una atribuci�n constitucional propia en cabeza del Jefe del Estado, se estima pertinente definir que aunque, en principio, cabr�a discusi�n acerca de la competencia de esta Corte para pronunciarse sobre normas de tal naturaleza, lo cierto es que la controversia no es relevante en el presente caso, en la medida en que dichos decretos fueron incorporados y sustituidos por normas con fuerza de ley, y en ese orden de ideas, est�n actualmente por fuera del sistema jur�dico. Inclusive, ya lo estaban al ser expedida la Constituci�n Pol�tica de 1991. �Ahora bien, hecha la pertinente verificaci�n, se tiene que los mencionados decretos aut�nomos actualmente no existen en el mundo jur�dico, pues la materia regulada por ellos coincide con la enunciada en el citado art�culo 4.3.0.0.5 del Decreto 1730 de 1991 y, por otra parte, las disposiciones acusadas de ese mismo estatuto normativo, que a su vez incorporan los preceptos de los decretos aut�nomos en referencia, no hacen alusi�n a ninguna norma fuente, y tampoco existe canon expreso que disponga la no inclusi�n y sustituci�n de los aludidos decretos dictados por el Presidente de la Rep�blica con base en las facultades otorgadas directamente por la Constituci�n de 1886. �En consecuencia, siguiendo la reiterada jurisprudencia de la Corporaci�n y toda vez que los expresados decretos no est�n produciendo en la actualidad efectos jur�dicos, carece de utilidad y raz�n un fallo de fondo acerca de su constitucionalidad, por configurarse el fen�meno de la sustracci�n de materia.�

ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - Sustituci�n de normatividad anterior / REGLAMENTO AUTONOMO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza / NORMAS COMPILADAS EN EL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - Procedencia de juicio de legalidad

La Corte Constitucional en la sentencia C-188/94 de abril 19 de 1994, Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Mu�oz, al conocer de la constitucionalidad parcial del Decreto 663 de 1993, por el cual se actualiza el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero; la manifestaci�n expresa contenida en el Decreto 1730 de 1991 de incorporar y sustituir las normas dictadas por el Gobierno Nacional al amparo del numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, implica inequ�vocamente la derogatoria expresa de los decretos objeto de la demanda, puesto que como ya qued� establecido ellos fueron expedidos en desarrollo de las facultades previstas en el citado precepto constitucional. Ahora bien, sin perjuicio de cual era la naturaleza jur�dica de los reglamentos aut�nomos expedidos por el Presidente de la Rep�blica con fundamento en el numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica, que no es asunto objeto del presente debate, y sobre la cual se pronunci� la Secci�n Primera de la Corporaci�n en sentencia de febrero 4 de 1976 Consejero Ponente doctor Carlos Galindo Pinilla, Expedientes 2150, 2153 y 2155, concluyendo que tales manifestaciones de intervenci�n del ejecutivo comportaban la jerarqu�a de la ley formal; lo cierto, es que los presuntos vicios de inconstitucionalidad de los decretos acusados, no pueden trasladarse, ni en su esencia ni en la forma, a las nuevas normas legales que los sustituyeron; pues si tal sustituci�n implica su derogatoria, solo en la medida en que se establezca la inconstitucionalidad de las disposiciones que fueron recogidas de las normas derogadas, pero por vicios atribuibles a las nuevas normas, podr� satisfacerse la finalidad que a trav�s de la acci�n p�blica de nulidad persigue el accionante, esto es que se restablezca el orden jur�dico presuntamente alternado con la expedici�n de los decretos objeto de la demanda. Se tiene entonces que si bien es cierto, las normas contenidas en los decretos cuya nulidad se acusa en el presente proceso, fueron recogidas por el Decreto 1730 de 1991 o Estatuto Org�nico del Sistema Financiero; y que por su incorporaci�n y sustituci�n en un ordenamiento que tiene fuerza de ley, adquirieron igual jerarqu�a, correspondiendo en consecuencia a la Corte Constitucional decidir sobre su constitucionalidad; no puede considerarse que tal circunstancia sea determinante de la incompetencia de la Corporaci�n para el conocimiento de la acci�n de nulidad propuesta contra los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de 1984, porque en todo caso lo demandado son los decretos y no las normas legales que los sustituyeron.

ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD - Competencia / CONSEJO DE ESTADO - Competencia en juicios de constitucionalidad / ACCION DE ILEGALIDAD SOBRE NORMAS DEL UPAC - Improcedencia

Como a partir de la vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1991 es clara la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, promovidas contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional, con excepci�n de los expedidos con fundamento en los art�culos 150-10 y 341 de la misma Carta, cuya competencia es de la Corte Constitucional, no encuentra la Sala procedente un fallo inhibitorio por incompetencia como lo requieren los oponentes. En efecto, si como qued� demostrado el r�gimen jur�dico de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, en lo esencial mantiene su vigencia en las nuevas normas legales, cuya inconstitucionalidad no ha sido ni pod�a ser objeto de cuestionamiento en el presente proceso, no es entonces viable un pronunciamiento por parte de la Corporaci�n sobre la legalidad o ilegalidad de los decretos impugnados. Ello es as�, porque las disposiciones objeto de enjuiciamiento en el presente proceso mantienen su legalidad al haber sido sustituidas por el nuevo ordenamiento legal, hasta tanto �sta sea desvirtuada en virtud de un pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional competente, de manera que los efectos de las disposiciones acusadas de nulidad, sobreviven no en virtud de las disposiciones derogadas, sino como consecuencia de la aplicaci�n del nuevo ordenamiento jur�dico que las consagra, por lo que un pronunciamiento sobre su legalidad o ilegalidad se reitera, no conlleva al restablecimiento del orden jur�dico presuntamente vulnerado por efectos de su expedici�n.

UPAC - C�lculo / TASA DTF - C�lculo / CORRECCION MONETARIA EN UPAC - C�lculo / COSA JUZGADA - Procedencia

Si bien en el presente proceso lo acusado es la totalidad de la precitada resoluci�n 18/95 Arts. 1 y 2, y en el anterior proceso la proposici�n de nulidad fue parcial, en lo esencial, los fundamentos en que se sustentan los cargos en uno y otro proceso tienen relaci�n con la misma causa, esto es la extralimitaci�n de funciones de la Junta Directiva al introducir en la f�rmula prevista para el c�lculo de la correcci�n monetaria el promedio m�vil de la tasa DTF efectiva; la inequidad e ilegalidad del sistema UPAC que se deriva de la anterior modificaci�n y la violaci�n de los principios constitucionales y legales que deben observarse trat�ndose de la intervenci�n del Estado en la econom�a y manejo de los recursos econ�micos de los usuarios del sistema. Como consecuencia de lo anterior se considera que respecto de la citada resoluci�n ha operado el fen�meno jur�dico de la cosa juzgada, en cuanto que en uno y otro proceso existe identidad de objeto y de causa, raz�n por la cual habr� de declararse la Sala inhibida para conocer de la legalidad de la Resoluci�n 18 de junio 30 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y ordenar� estarse a lo dispuesto en la sentencia de mayo 21 de 1999 proferida por la Secci�n Cuarta en el proceso 9280 a que se ha hecho referencia.

Santaf� de Bogot�, D.C., Diecinueve (19) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)

Procede la Sala a decidir sobre la demanda de nulidad parcial instaurada por el ciudadano JORGE LUCAS TOLOSA CA�AS, contra los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de 1984 expedidos por el Gobierno Nacional y la Resoluci�n Externa No. 018 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica.

Son normas acusadas los Decretos 677 y 1229 de 1972, 1131 de 1984 y la Resoluci�n Externa No. 018 en los apartes que se subrayan.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confiere el numeral 14 del art�culo 120, y

"Art�culo 3�. El fen�meno del ahorro para la construcci�n se orienta sobre la base del principio del valor constante de los ahorros y pr�stamos determinados contractualmente.

"Para efecto de conservar el valor constante de los ahorros y de los pr�stamos a que se refiere el presente decreto, unos y otros se reajustaran peri�dicamente de acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno y los intereses pactados se liquidaran sobre el valor principal reajustado.

"Par�grafo. Los reajustes peri�dicos previstos en este art�culo se calcularan de acuerdo con la variaci�n resultante del promedio de los �ndices nacionales de precios al consumidor, para empleados de una parte, y para obreros de otra, elaborados por el DANE".

"Art�culos 19. Las corporaciones privadas de ahorro de que trata el presente Decreto, no se consideraran establecimientos bancarios para los efectos previstos en el ordinal 3� del art�culo 86 de la Ley 45 de 1923".

"Art�culo 20. Para los efectos previstos en el Decreto 437 de 1961, no constituye enriquecimiento para el acreedor el mayor valor proveniente del reajuste se�alado en el art�culo 3� de este Decreto".

por el cual se dictan unas medidas relacionadas con el principio de valor constante para ahorros y pr�stamos.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confiere el numeral 14, del art�culo 120, y

"Art�culo 2�. Para los efectos previstos en el art�culo 1518 del C�digo Civil, tanto en los contratos sobre construcci�n de dep�sitos de ahorro entre los depositantes y las Corporaciones de Ahorros y Vivienda como en los contratos de mutuo que �stas celebren para el otorgamiento de pr�stamos se estipular� expresamente que las obligaciones en moneda legal se determinar�n mediante la aplicaci�n de la equivalencia de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC)".

"Art�culo 10. Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda para sus operaciones cobrar�n las siguientes tasas de inter�s y otorgar�n los siguientes plazos: a) una tasa de inter�s efectiva del siete y medio por ciento (7 1/2)% anual, aplicable a los cr�ditos individuales hipotecarios, expresados en UPAC, y cuyo plazo de amortizaci�n no podr� exceder de quince a�os, y b) una tasa de inter�s efectiva del ocho por ciento (8%) anual para los cr�ditos a constructores, expresados en UPAC, cuyo plazo de amortizaci�n ser� igual al programado inicialmente para la construcci�n y seis meses mas".

"Por el cual se interviene la actividad de las corporaciones de ahorro y vivienda.

EL Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica,

"Art�culo 1�. El Banco de la Rep�blica calcular� mensualmente e informar� con id�ntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda para cada uno de los d�as del mes siguiente, los valores en moneda legal de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), calculada as�: a las variaciones resultantes en el promedio del Indice Nacional de Precios al Consumidor, para empleados y obreros, elaborado por el Departamento Nacional de Estad�stica (DANE) para el per�odo de doce (12) meses inmediatamente anterior, se le adicionar� el uno y medio por ciento (1.5%) del cuadrado de la diferencia entre el promedio de variaci�n del �ndice nacional de precios ya mencionado y el rendimiento promedio efectivo ponderado de los certificados de dep�sito a noventa (90) d�as emitidos por los bancos comerciales y las corporaciones financieras, calculado por el Banco de la Rep�blica para el mes inmediatamente anterior".

Por la cual se dictan medidas en relaci�n con las corporaciones de ahorro y vivienda.

"en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren lo art�culos 16, literal 1) y 18 de la Ley 31 de 1992

Art�culo 1�. El Banco de la Rep�blica calcular� mensualmente para cada uno de los d�as del mes siguiente e informar� con id�ntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, equivalente al setenta y cuatro por ciento (74%) del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva de que tratan las Resoluciones 42 de 1988 de la Junta Monetaria y Externa No. 17 de 1993 de la Junta Directiva de las cuatro (4) semanas anteriores a la fecha de c�lculo".

"Art�culo 2�.- Lo previsto en el art�culo anterior se aplicar� para la determinaci�n de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, a partir del 1� de agosto de 1995".

Solicita el accionante como petici�n principal se declare la nulidad con los efectos fiscales a la vigencia, de los Decretos 677 y 1229 de 1972, 1131 de 1984 y Resoluci�n Externa No. 18 de junio 30 de 1995 en los apartes que se subrayaron en el ac�pite anterior.

Como petici�n subsidiaria requiere se declare la nulidad con efectos fiscales a la vigencia de los Decretos 1131 de 1984 y la Resoluci�n Externa No. 18 de junio 30 de 1995, en los mismos apartes subrayados.

Previa citaci�n de las normas superiores que considera violadas y la explicaci�n del concepto de violaci�n expone en resumen los siguientes fundamentos de hecho.

En la d�cada de los a�os setenta, el Gobierno Nacional pretendiendo atenuar los efectos de tecnificaci�n de la agricultura y la violencia rural, concluy� que se deb�a acelerar el crecimiento del ingreso y el empleo en los sectores construcci�n y exportaciones, con la adopci�n de una pol�tica que constitu�a la aplicaci�n de la correcci�n monetaria a la tasa de cambio y �sto dio vida al sistema UPAC, bajo el principio de la correcci�n monetaria o valor constante, para proteger el ahorro de la erosi�n causada por la inflaci�n.

Pretextando las facultades constitucionales del numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica vigente para la �poca, profiri� el Decreto 677 de mayo 2 de 1972, tomando una serie de medidas en relaci�n con el ahorro privado, canalizando parte del mismo a la actividad de construcci�n.

Las motivaciones que adujo el Gobierno Nacional para la creaci�n del sistema si bien eran v�lidas para la �poca, despu�s de veinticinco a�os de vigencia, persisten con el agravante de haber multiplicado el desempleo y estar en completa orfandad y abandono las labores agr�colas.

Se mont� un sistema corporativo-financiero sobre la base de la vivienda que en concepto amplio constituye una necesidad b�sica familiar, desconociendo principios del derecho internacional y de rango constitucional.

Se desconocieron y edificaron preceptos de la ley, mediante actos administrativos de menor jerarqu�a desbordando limitaciones de ley para el enriquecimiento incausado o il�cito en el cobro de las cargas o deudas por concepto de cr�ditos y capital y se reprimi� el concepto del C�digo Civil que prohibe declaraciones de voluntad sobre las cosas no comerciales.

El monto de la tasa de inter�s para cr�ditos individuales hipotecarios se inici� con un siete y medio por ciento anual efectivo seg�n el Decreto 1229 de 1972, lo que sumado al porcentaje inflacionario generaba una cuota alt�sima que se traduc�a en una m�nima porci�n para abono a capital y una elevad�sima cuota por intereses corrientes, que hace que el usuario del sistema en un alto porcentaje se encuentre sobrecedido en la amortizaci�n de su pr�stamos, ante la imposibilidad de sostener el pago de un sistema doblemente indexado.

Con la expedici�n del Decreto 1131 de 1984 se determin� que la variaci�n de la correcci�n monetaria depender�a del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), adicionada en 1.5% del cuadrado de la diferencia IPC, implantando al tax�metro indexado con dos factores de liquidaci�n, un nuevo mecanismo que lo hizo consistir en una liquidaci�n geom�trica.

Mediante la Resoluci�n Externa No. 18 de junio 30 de 1995, desapareci� del universo jur�dico la IPC, fijando la correcci�n monetaria en el 74% del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva de las cuatro semanas anteriores a la fecha de c�lculo, convirtiendo as� los factores de liquidaci�n en una forma astron�mica.

Estos cambios ponen de manifiesto una nueva fuente de obligaciones que solo compete al usuario deudor del sistema, lo que ha hecho ilegalmente retroactivo un mecanismo m�s gravoso a derechos consolidados y pactados con las solemnidades de ley, que oficiosamente son modificados por el Estado, desconociendo la voluntad de las partes y vulnerando los principios al usuario, como la buena fe, el estado de derecho, la seguridad jur�dica, la equidad y confianza leg�tima.

Los usuarios del sistema UPAC se acogieron al sistema: "INTERESES BAJOS INFLACION-PLAZO LARGO", si los intereses los controla un Estado serio y justo, lo �nico incierto para el usuario ser�a la inflaci�n, entonces pactada �sta podr�a beneficiarse de la deflaci�n, o sea que as� como las cuotas de amortizaci�n a capital estar�an constantemente en alza, tambi�n podr�an mediante una sana econom�a oficial - bajar.

El mecanismo originalmente implantado, no obstante la calidad de la vivienda ofertada, la deficiencia o inexistencia de servicios p�blicos, el alto nivel de desempleo y el pago de servicios p�blicos indexados y la natural depreciaci�n de los inmuebles adquiridos por el usurario, generaba una cuota alta pero soportable, solo que a partir de las ilegales intervenciones y modificaciones han estrangulado al deudor al punto de perder su vivienda.

Cuando el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 1229 de 1972, fij� como adicional a la correcci�n una tasa de inter�s del 7.5% para cr�ditos a comprador de vivienda hipotecaria y de un 8% para el constructor. Hoy llegan a 20%. Se concluye que el margen de intermediaci�n que en los comienzos era del 5%, hoy es tres veces mayor. A su vez seg�n el mismo Decreto las cuentas de ahorro ganaban sobre la correcci�n monetaria un inter�s real del 5% anual, que por ser sobre saldo m�nimo trimestral daba el 1.8 anual. Hoy ganan cero (0).

Para fortalecer m�s los ingresos por la intermediaci�n crediticia, el Gobierno Nacional y la Superintendencia Bancaria (sic) expidieron los Decretos 1131 de 1984 y Resoluci�n Externa No.18 de 1995, que dieron el puntillazo final al deudor hipotecario, luego si el sistema original no es inconstitucional, ilegal y arbitrario, seg�n lo dicho en la petici�n principal , por lo menos la desvirtuaci�n del sistema y dise�o original que se monto en los dispositivos demandados subsidiariamente, son monumentalmente ilegales.

Cita el accionante como normas violadas respecto de las peticiones principal y subsidiaria, las siguientes:

- Carta Internacional de Derechos Humanos, art�culos 16 numeral 3; 17, numeral 2; 25 numeral 1.

- Pacto Internacional de Derechos Econ�micos Sociales y Culturales, art�culo 11 numeral 1.

- Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art�culos XI y XXIII.

- Constituci�n Pol�tica de 1991, art�culos 51, 58, 64, 150-12, 19 literales a) y d), y numeral 22; 159-24-25.

El tema de la vivienda familiar as� como el derecho a la salud y la educaci�n se consideran derechos sociales de rango constitucional, amparados en nuestra Carta Pol�tica y en los instrumentos internacionales que se enunciaron en el ac�pite anterior, de estos �ltimos se resalta el que trata de la declaraci�n VALDIVIA (1996), Acuerdo entre pa�ses Ibero Americanos que consagr�:

"Todo ciudadano tiene el derecho de acceso a una vivienda digna, de acuerdo a lo que se�ale el marco constitucional de cada estado. La misma constituye el eje fundamental para el desarrollo social de la familia y la comunidad. Los gobiernos, para hacer efectivo este derecho, deben establecer condiciones, mecanismos facilitadores y promover planes de vivienda de inter�s social, mediante distintos sistemas de financiamiento que posibiliten el acceso igualitario, no solo a la soluci�n habitacional sino a todos los servicios urbanos."

El Estado hasta antes de crear el sistema UPAC dispon�a de un significativo volumen de recursos financieros y del Instituto de Cr�dito Territorial, para garantizar el derecho a la vivienda familiar que con la vigencia del sistema se hizo desaparecer para que naciera el INURBE, permitiendo el Estado nutrirse del mecanismo voraz de la upaquizaci�n.

No se est� del todo en contra del sistema, siempre que los t�rminos de upaquizaci�n solo lleguen hasta el momento de solemnizaci�n de la venta y tradici�n del inmueble, t�rmino hasta donde a su juicio lo permite la ley, porque la unidad de vivienda familiar solo es comercial hasta el momento que es comerciable, una vez adquirido el inmueble pasa a regirse por normas civiles que informan la materia, en especial las de patrimonio familiar y las de amparo constitucional.

El sistema upaquizado impuesto al adquirente y usuario deudor de la unidad familiar, que reform� el sistema de ahorro y pr�stamo privado, se debi� estatuir mediante ley de la Rep�blica, o con base en una ley habilitante, toda vez que reformaba y derogaba principios de rango constitucional y legal.

El Gobierno Nacional aduciendo las facultades del art�culo 120-14 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, expidi� los Decretos demandados y fue as� como el 677 de 1972 introdujo el sistema para pr�stamos y acu�� la f�rmula con su doble carga INFLACION Y CREDITOS y de manera imperceptible estableci� que los intereses se liquidaran sobre el valor principal REAJUSTADO. Si bien no se cuestiona este �ltimo t�rmino a pesar de ser ilegal por constituir una triple carga para el deudor, si se aprecia de entrada la voracidad del sistema.

En la parte final de los considerandos del decreto se dice que la motivaci�n del sistema era suministro de vivienda y generaci�n de nuevo empleo, pero en la parte resolutiva y en lo que ata�e a la vivienda familiar no lo menciona, sino que consagra gen�ricamente el t�rmino construcci�n, omisi�n apenas l�gica, pues contaba con la expresa prohibici�n del art�culo 1518 del C�digo Civil, que solo autoriza declaraciones de voluntad sobre las cosas comerciales y la vivienda de car�cter familiar no lo es. Si bien en un principio son bienes comerciales, una vez solemnizada su adquisici�n, todo lo relativo a su naturaleza jur�dica se informa por las normas del C�digo Civil y las leyes que en esta materia lo regulan o reforman.

Sobre el concepto de comerciabilidad, resalta las definiciones de COMERCIALIZAR, COMERCIO, COMERCIAR, Y COMERCIALIZACION que trae el diccionario Ilustrado Larousse y los art�culos 1� y 2� del C�digo de Comercio (Decreto Legislativo 410 de 1971), concluyendo que para superar el escollo jur�dico del sistema, se tendr�a que buscar el estatuto jur�dico de comercializaci�n o de comercial para los inmuebles con destino a la vivienda, pues el propio C�digo de Comercio en su art�culo 20 enumera taxativamente los actos, operaciones y empresas mercantiles y de sus 19 numerales el �nico que hace referencia al tema de la construcci�n es el 15.

El sistema puede ser v�lido y jur�dico en la etapa de comercializaci�n, pasando por las de adquisici�n de materiales, construcci�n, promoci�n y venta. Hasta este momento se puede expresar en t�rminos upaquizados, una vez solemnizada la compra venta del inmueble habitacional se debe transformar el monto upaquizado al valor nominal o corriente a la fecha de conclusi�n de la transacci�n y de all� expresarse de acuerdo a lo normado sobre cr�dito y abono a capital en los grav�menes hipotecarios, porque transferido el inmueble al n�cleo familiar, es asumido por los amparos constitucionales y legales del r�gimen civil y dem�s normas que regulan la materia.

Afirmar sobre la revalorizaci�n podr�a ser v�lido, si la calidad de los inmuebles y los servicios p�blicos fueran �ptimos, pero se puede demostrar que con la venta de un inmueble upaquizado, no se cubre la cuota inicial de otra unidad de vivienda de inferior estrato y �rea.

En conclusi�n, las unidades de vivienda si bien son comercializables, ello no implica que su ofertalizaci�n las haga caer en el �mbito jur�dico del derecho comercial una vez constituida en vivienda familiar y patrimonio de familia.

Constituci�n Pol�tica de 1886, art�culos 30 y 76-1-2-3-12-14 como causal de nulidad.

Se incurre en violaci�n al art�culo 30 por cuanto el adquirente de un inmueble comprometido con el sistema UPAC formaliz� su transacci�n con los preceptos legales que informaban y regulaban la materia. Pretender entonces por un decreto ejecutivo involucrar al deudor en la soluci�n de vivienda de car�cter familiar, al consagrar gen�ricamente el t�rmino ".. y prestamos", implica desconocer el amparo constitucional que le da el precepto a la propiedad privada. Igual reproche se sostiene para la involucraci�n que se hace con respecto de "unos y otros". Compromete al deudor, que no es extremo de comercializaci�n.

Respecto al art�culo 76 se tiene que el Gobierno Nacional carec�a de facultades constitucionales y legales para introducir el sistema en contra del deudor. En efecto, la materia a regular requerida de una ley de la Rep�blica o por lo menos de una ley habilitante, por ser competencia del Congreso de la Rep�blica.

Los art�culos 19 y 20 del Decreto 677 de 1972, est�n contrariando la Ley 45 de 1923 y el Decreto Legislativo 437 de 1961.

Se cree que el sistema se habr�a engendrado mucho antes de su efectiva aparici�n en el universo jur�dico, solo que en un posible intento fallido de impon�rselo al Congreso, el Gobierno Nacional pretextanto las facultades del art�culo 120-14 se abrog� la reforma de todo el sistema nacional de ahorro y pr�stamos y de crear las Corporaciones, dej�ndolas derivar del sistema bancario en la pr�ctica, a pesar de existir prohibici�n legal.

Con el sistema se oper� una metamorfosis, los Bancos se convirtieron en Entidades de Ahorros y Pr�stamos y las nacientes Corporaciones de Ahorro, comenzaron a operar como bancos, el Gobierno les sirvi� con los actos demandados sin importarle la violaci�n a los principios constitucionales y legales y de un plumazo decret� la conversi�n de sociedades y establecimientos civiles en mercantiles.

Las Corporaciones que se formaron se inspiraron en el modelo mutualista, constituidas con el objeto de fomentar el ahorro entre sus asociados y el empleo de dichos ahorros en pr�stamos hipotecarios para la construcci�n y adquisici�n de sus viviendas.

El art�culo 19 del Decreto 677 de 1972 deroga la Ley 45 de 1923, al darle un estatus diferente a las Corporaciones privadas de ahorro respecto de los establecimientos bancarios, sin importar que en realidad act�an como bancos, son bancos y su estructura, orientaci�n y supervisi�n es la misma establecida para los bancos; olvidando que las Corporaciones fueron concebidas con fines esencialmente sociales, en especial satisfacer la necesidad de vivienda de inter�s social y para generar empleo; delegando as� en las nacientes corporaciones la intermediaci�n financiera de corporaciones supuestamente civiles, pero regidas para unos efectos por el C�digo de Comercio y para otras por el C�digo Civil.

En la pr�ctica las Corporaciones de Ahorro y Vivienda se mueven en el marco jur�dico que rige el sistema financiero ordinario, pero perciben incausadamente y se lucran, sin una justa causa legal del sistema indexado de pago impuesto, al punto que el mismo Decreto en su art�culo 20 modifica los topes de ingresos por concepto de cr�ditos para no quedar incurso en enriquecimiento il�cito o incausado, que regula el C�digo Penal y el Decreto Legislativo 437 de 1961, que pretende modificar.

El modelo impuesto con el Decreto 677 de 1972 agot� a los deudores y entonces el Gobierno Nacional los recompens� con la expedici�n del Decreto 1131 de 1984, cambiando la f�rmula de liquidaci�n del sistema, haciendo m�s gravosa la deuda y amortizaci�n al deudor, se trat� ni m�s ni menos de una especie de confiscaci�n o apropiaci�n indebida "legalizada" mediante otro decreto ejecutivo.

Se abrog� entonces el Ejecutivo cinco de las veinticuatro facultades que la Constituci�n Pol�tica confer�a al Congreso, pues entr� a reformar y derogar leyes y decretos legislativos preexistentes, y a reformar c�digos, en cuanto mediante el art�culo 2� del Decreto 1229 de 1972, introduce el art�culo 1518 del C�digo Civil para hacer comerciable lo que solo es comercializable.

El Decreto 1131 de 1984 y la Resoluci�n Externa No.18 de 1995, tambi�n infringen los preceptos constitucionales, puesto que introdujeron una modificaci�n al sistema de liquidaci�n del UPAC, haci�ndolo tan gravoso que por este solo hecho debe declararse su nulidad. Adem�s de la citada resoluci�n no se conoce su aprobaci�n por Decreto ejecutivo que debe convalidarla.

No obstante que los tres primeros actos demandados se originaron en el imperio de la Constituci�n anterior, hoy siguen con la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995 agrediendo los principios constitucionales enunciados. A riesgo de equivocarse, dice el actor, "me atrevo a formular en estos t�rminos tan angustiantes estas s�plicas, a fin de que la Honorable Corporaci�n, nos dirima si las reglas del juego libre de la econom�a que nos impusieron, han permitido que act�en los mecanismos autom�ticos que la regulan, descentralizado, pragm�tico, abierto y competitivo, o por el contrario se est� sometiendo a una de las partes a la discrecionalidad en materia tan sensible. Es decir, que el ejecutivo pudo cambiar, como lo hizo para uno de los extremos las condiciones contractuales en materia de pol�tica monetaria, haci�ndolas m�s gravosas, sin ninguna ponderaci�n, justificaci�n o regla preestablecida y a partir de las situaciones m�s ventajosas que se le haya presentado a la parte minoritaria, pero m�s poderosa de la sociedad y de la relaci�n contractual".

El Art�culo 51: Este precepto constitucional ordena reactivar la construcci�n, mantener las bajas tasas de inter�s, reducir los m�rgenes y los encajes de las entidades de cr�dito hipotecario, aumentar la eficiencia del sector, impulsando m�todos de construcci�n productivos, garantizando la oferta de materiales a costos razonables y estables; seguramente esa macro-pol�tica controlar�a en parte la inflaci�n y aliviar�a al deudor hipotecario del sistema, pero como puede apreciarse, fue infringido por la Superintendencia Bancaria (sic) con la expedici�n de la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995 sin que se sepa cual fue la causal legal o jur�dica que motivo tal engendro.

Todos los actos demandados violan este precepto constitucional, pues con ellos se hizo operar en los cr�ditos una especie de novaci�n, solo que no les extingui� la obligaci�n anterior, si no que se la sumo al deudor hipotecario, convirtiendo el pr�stamo inicial en una inequitativa variaci�n de las condiciones, al sobredimensionar la deuda, haciendo de la transacci�n una inversi�n riesgosa para el deudor.

Los art�culos 58 y 64 tambi�n est�n vulnerados por los actos demandados, pues ambos amparan los derechos adquiridos, en particular los derivados de la propiedad privada, los cuales no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores, sobre todo cuando provienen de obligaciones pactadas en instrumentos solemnes.

Sobre el tema considera ilustrativos los planteamientos consignados en la sentencia de la Sala de Casaci�n Civil y Agraria. Corte Suprema de Justicia, de mayo 29 de 1997, Expediente 4845, Magistrado Ponente doctor Nicol�s Bechara Simancas y el criterio orientado por Eduardo Zuleta Angel, cuyos apartes pertinentes transcribe.

El PRINCIPIO DE NO RETROACTIVIDAD se aplica para protegerse contra manifestaciones que hasta ahora no ten�an ning�n medio de control: la voracidad fiscal, la inestabilidad legislativa, la desintermediaci�n financiera y custodia del estado en los instrumentos financieros para vivienda, variaci�n de los �ndices porcentual de los intereses, discrecionalidad en la pol�tica monetaria, inflaci�n. En todas estas esferas la competencia legislativa est� en manos del Congreso y extraordinariamente en el Ejecutivo, por ello se afirma que este se abrog� todas las facultades propias del legislador primario

La materia legislada por los actos demandados ten�a amparo constitucional, se trata del r�gimen de vivienda de unidad familiar, por tanto los preceptos que la regulan se deb�an ce�ir a un marco legal o l�mite material, que al no observarse y proferirse por la instancia competente, los hacen inconstitucionales.

El art�culo 189-24-25 defiere al ejecutivo facultades para ejercer control y vigilancia e intervenci�n sobre las entidades que manejan la materia espec�fica, pero nunca para derogar todo un sistema o cambiar el r�gimen jur�dico de las actividades civiles a comerciales o viceversa.

Este precepto acepta en el universo jur�dico las declaraciones de voluntad sobre las cosas que se espera que existan, pero que sean comerciales, al ser acu�ado en un acto de inferior jerarqu�a como es el Decreto 1229 de 1972, expedido un d�a despu�s de la vigencia del Decreto 677 de 1972, implica que el Gobierno Nacional se abrog� atribuciones del legislador primario y no cabe duda que su aparici�n apuntaba a buscarle eficacia legal e instrumental al sistema upaquizado para extenderlo a la vivienda familiar, cuya regulaci�n se rige por el derecho positivo civil. "De otra parte, su presencia en el decreto, es con el fin de permitir la abstracci�n de aplicaci�n de la f�rmula indexada a los deudores hipotecarios e imponerles las constantes reformas".

Los actos cuestionados individual y colectivamente, han conculcado la esencia jur�dica de cada uno de los art�culos citados, al contrariar su esencia, su contenido, su mandato y estar en disidencia con lo normado.

El Decreto 677 de 1972 en sus art�culos 19 y 20 releva a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda de cumplir las formalidades y condiciones se�aladas en el art�culo 86 de la Ley 45 de 1923, sustray�ndolas de su condici�n de entidades con giro normal de bancos, sin importar que en la pr�ctica su giro real sea el de los bancos. Adem�s pretende el mismo Decreto, derogar el art�culo 29 del Decreto Ley 437 de 1961 y el numeral 3 del art�culo 86 de la Ley 45 de 1923.

La f�rmula para el c�lculo de la correcci�n monetaria estaba concebida en el Decreto 1229 de 1972, con base en el IPC, la Superintendencia Bancaria (sic) fue desapareciendo del sistema el IPC hasta situarlo en el 74% del promedio m�vil de la DTF de las cuatro semanas anteriores a la fecha de c�lculo, seg�n la Resoluci�n 18 de 1995. El DANE a�n existe, y sigue reportando la variaci�n resultante del promedio de los �ndices nacionales de precios al consumidor, no se explica entonces c�mo surgi� la nueva f�rmula y a t�tulo de qu�.

Todo el sistema es atentatorio de las normas sobre el patrimonio de familia, pues despoja al adquirente hipotecario de todos los atributos o garant�as legales, ya que el bien no es familiar, hasta tanto se cubra la �ltima cuota y es embargable mientras permanece hipotecado, no obstante que el adquirente al solemnizar el compromiso ha aportado una cuota fruto del patrimonio familiar.

La Ley 56 de 1985 regula la materia de arrendamiento de vivienda para la familia, constituy�ndose en una ley inequitativa frente al sistema, pues mientras el deudor hipotecario del sistema paga cuotas indexadas, recibe de arrendamiento el valor nominal mensual, solo reajustable anualmente hasta el tope de �ndice inflacionario.

Los art�culos demandados tienen que ver con los actos mercantiles y su regulaci�n por las leyes mercantiles. No se est� demandando todo el sistema, se acepta y comparte, pero solo hasta el momento en que el bien sale del comercio y entra a constituirse en vivienda del patrimonio familiar. Aqu� adquiere la calidad de comercializable y pierde la calidad de comercial. Se acepta que el dinero nominal prestado sea upaquizado, cubriendo la etapa de tiempo en que se desembolse el dinero al constructor y en el que cerr� la venta, con precios upaquizados a su favor y en contra del deudor. Hasta aqu� puede ser v�lida la transacci�n con el mecanismo upaquizado, de ah� en adelante por el amparo constitucional y legal de la vivienda familiar y el patrimonio de familia, se debe regular por los dispositivos civiles.

Para sustentar la petici�n subsidiaria, dice el accionante reiterar los fundamentos jur�dicos expuestos en la petici�n principal, manifestando que si no se concede la pretensi�n principal, por lo menos se restablezca el sistema a sus formas originales, resguardando la equidad y la seguridad de los derechos de los asociados agraviados con el sistema.

Mediante escrito del 23 de abril de 1998, la demanda fue corregida, allegando copias aut�nticas de los decretos demandados y constancia de publicaci�n de la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995.

Con escrito radicado el 15 de octubre de 1999, anexa el actor fotocopia de la sentencia C-700/99 de septiembre 6 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, que solicita tener en cuenta para la decision sobre la nulidad impetrada.

En la demanda se solicit� la suspensi�n provisional de las disposiciones demandadas. Solicitud que fue negada por la Sala mediante auto de mayo 29 de 1998, providencia que fuera recurrida por el accionante y confirmada con auto de julio 31 de 1998, al considerarse que la medida previa solicitada no se ajustaba a las previsiones del art�culo 152 del C�digo Contencioso Administrativo.

El actor propuso incidente de recusacion contra el Magistrado Ponente, recusaci�n que hizo extendible a todos los Magistrados de la Secci�n, as� como a los Conjueces que hayan tenido o tengan v�nculo con el sistema UPAC.

La recusacion propuesta fue negada por la Sala mediante auto de junio 18 de 1999 y remitido el expediente a la Secci�n Quinta de la Corporaci�n para que se decidiera el respecto.

La Secci�n Quinta por auto de julio 8 de 1999 declar� infundada la recusacion propuesta y resolvi� sancionar al actor imponi�ndole una multa equivalente a cinco salarios m�nimos legales mensuales.

Contra la anterior providencia interpuso el actor recurso de reposici�n el cual fue resuelto por la Secci�n Quinta mediante auto de agosto 12 de 1999, confirmando la providencia recurrida.

La Asociaci�n Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, mediante apoderada especial se opone a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:

1.- Los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de 1984 fueron derogados en su integridad por el Decreto 1730 de 1991, en virtud del cual el Presidente de la Rep�blica expidi� el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el art�culo 25 de la Ley 45 de 1990.

Posteriormente, el Presidente obrando conforme las facultades otorgadas por el art�culo 36 de la Ley 35 de 1993, dict� el Decreto Ley 663 de 1993, regulando de manera integral el sistema financiero.. Este Decreto tiene fuerza de ley, raz�n por la cual la competencia para conocer de su inconstitucionalidad es de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado.

2.- Existen dos sistemas capaces de financiar vivienda en forma masiva: el sistema UPAC y la financiaci�n en pesos, ambos ofrecidos por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y los Bancos. T�cnicamente entre los dos no hay diferencias de fondo que favorezcan a uno de ellos. El crecimiento exagerado de las cuotas no obedece a la naturaleza del sistema UPAC, sino a un factor ex�geno que es la tasa de inter�s del mercado.

El sistema UPAC no es contrario a los preceptos contenidos en los art�culos 58 y 64 de la Constituci�n Pol�tica de 1991 que garantizan la propiedad privada y el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad agraria, ya que por el contrario �l ha permitido a una multiplicidad de familias adquirir vivienda. Adem�s el UPAC no es un sistema de cr�dito de fomento, sino de financiaci�n a largo plazo para todos los estratos de la poblaci�n, por lo que no corresponde a un desarrollo del art�culo 64 de la misma Carta Pol�tica, ni mucho menos tiene la connotaci�n de expropiatorio, pues los problemas actuales no son derivados del sistema mismo, si no de la coyuntura macroecon�mica.

El sistema UPAC, ha contribuido de manera eficaz a la soluci�n del problema de vivienda pues en primer t�rmino el precio real del metro cuadrado en Bogot� creci� en t�rminos reales a tasas muy superiores a las del crecimiento real de una UPAC, (Gr�fico 2) y de otra parte, del total de viviendas financiadas, el sistema UPAC financi� el 81.3% y del total de viviendas de inter�s social financi� el 82.2% (Gr�fico 1).

3.- El sistema UPAC no es contrario al principio contenido en el art�culo 51 de la Constituci�n Pol�tica, porque de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional en sentencia T-251 de junio 5 de 1995, si bien es deber del Estado promover la vivienda digna, ello no implica la obligaci�n de proporcionar vivienda a la totalidad de los habitantes del pa�s, sino de fijar condiciones y planes de vivienda seg�n las condiciones socioecon�micas del pa�s.

La experiencia indica que el sistema UPAC si es adecuado para financiar vivienda a largo plazo, pues con �l se han financiado m�s de 1.500.000 viviendas y actualmente se est�n financiando 800.000.

El incremento exagerado de las cuotas, responde como ya se dijo a un factor ex�geno que es la tasa de inter�s de mercado, por ello, en sus 25 a�os de existencia se ha modificado varias veces la f�rmula de c�lculo de la correcci�n monetaria, amarr�ndola a la inflaci�n o a las tasas de inter�s del mercado o ambas simult�neamente en diferentes proporciones. La actual f�rmula de c�lculo de la correcci�n monetaria, contenida en la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995, debe mantenerse pues con ella la porci�n fija representa apenas entre el 29% y 30% del costo financiero y la ca�da de la tasa activa de inter�s del mercado podr�a ir acompa�ada de una reducci�n de la correcci�n monetaria hasta un nivel del 15%, con lo cual el costo financiero se mantendr�a dentro de los niveles del mercado. Adem�s, si se compara la evoluci�n del salario m�nimo legal con una UPAC, desde su creaci�n, se observa que el salario ha crecido m�s, lo que indica que el salario m�nimo puede comprar m�s UPAC hoy que hace 25 a�os (Gr�fico 2).

El doctor Manuel Enrique Cifuentes Mu�oz, actuando como apoderado especial del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda -ICAV -, y tambi�n en nombre propio expone como razones de oposici�n a las pretensiones del actor las siguientes:

1.- La Corte Constitucional mediante sentencia C-252 de 1998 destac� el principio de especializada, por raz�n de la materia, que rige la regulaci�n del cr�dito para adquisici�n de vivienda, principio que se predica frente a las disposiciones generales del C�digo Civil y de Comercio. Si bien la adquisici�n de vivienda puede en algunos casos reputarse como acto t�picamente civil, no as� su financiaci�n, m�xime cuando la misma es otorgada por un intermediario financiero. Basta al respecto referirse al numeral 3 del art�culo 20 del C�digo de Comercio. Por ello, la pretensi�n de enmarcar la operaci�n de pr�stamo para adquisici�n de vivienda dentro del �mbito del C�digo Civil carece de sustento.

2.- Las variaciones en el c�lculo del UPAC no han sido producto de una confabulaci�n de las entidades financieras y el Gobierno, como se expres� en la impugnaci�n a la demanda de la doctora Emperatriz Castillo (Exp. AI-045), impugnaci�n que solicita se allegue y tenga en cuenta en lo pertinente. Tampoco han implicado una variaci�n en el concepto, esencia o finalidad del �ndice y por el contrario, los ajustes en el c�lculo, en cuanto se refieren a las variaciones en el costo del dinero como tal, reflejan de una manera m�s adecuada el concepto de valor constante.

El UPAC al igual que otros �ndices, es susceptible de ajustes, y estos ajustes en la medida que no impliquen cambios en el concepto de �ndice, no implican alteraci�n de los derechos previamente adquiridos.

La apoderada del Ministerio de Desarrollo Econ�mico expone las razones pol�ticas y econ�micas que generaron la adopci�n del sistema UPAC, con base en las cuales el Gobierno Nacional en ejercicio de su facultad de intervenci�n consagrada en el art�culo 120-14 de la Constituci�n Pol�tica de entonces, adopt� entre otras la medida contenida en el Decreto 677 de 1972, cuya finalidad esencial fue estimular y fomentar el ahorro privado, para canalizarlos hacia la industria de la construcci�n.

En la atribuci�n constitucional derivada del art�culo 120-14 de la Constituci�n Pol�tica para la intervenci�n del Gobierno Nacional en el manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado, se entiende impl�cito el juicio pol�tico sobre necesidad, conveniencia y oportunidad de intervenir, y por lo mismo, tienen los medios de intervenci�n igual jerarqu�a que la ley, salvo en relaci�n con el r�gimen general de la intervenci�n prescrito en el art�culo 32 de la misma Constituci�n. Luego es evidente que el Gobierno estaba habilitado para dictar, con la finalidad indicada, normas de car�cter simplemente formal e instrumental que no entra�an modificaciones a la estructura b�sica del r�gimen legal entonces vigente.

Acerca de la violaci�n al precepto establecido en el art�culo 1518 del C�digo Civil sostiene que la facultad de intervenci�n del Presidente de la Rep�blica le permit�a regular el contenido de las relaciones jur�dicas contractuales, si la obligatoriedad de la estipulaci�n se impone en raz�n de ser parte en los contratos la Corporaci�n de Ahorro y Vivienda, pues en nada afecta que la otra parte contratante o en general las personas sean ajenas al poder interventor.

El art�culo 20 del Decreto 677 de 1972 fue reformado en virtud de las disposiciones tributarias expedidas durante la emergencia econ�mica de 1974-1978, estim�ndose que por la expedici�n del art�culo 102 del Decreto Legislativo 2053 de 1974, el valor de la correcci�n monetaria no era una renta ordinaria, aunque inicialmente se reputo como ganancia ocasional, grav�ndose totalmente. Con posterioridad este criterio fue rectificado por el Decreto Legislativo 2247 de 1974 determin�ndose en su art�culo 50 que la correcci�n monetaria se gravar�a �nicamente en la parte que excediera de un 8% anual.

El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico presenta por intermedio de apoderado especial, las siguientes consideraciones de oposici�n: El par�grafo del art�culo 3� del Decreto 677 de 1972 fue derogado por el art�culo 1� del Decreto 1131 de 1984. Posteriormente el c�lculo de la correcci�n monetaria fue incluido en el art�culo 2.1.2.3.7 del Decreto Ley 1730 de 1991 y actualmente la norma vigente es la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, expedida en desarrollo de la Ley 31 de 1992.

Los dos primeros incisos del art�culo 3� del Decreto 677 de 1972 fueron derogados al ser incorporados en el Decreto Ley 1730 de 1991-Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, el cual entr� a regir antes de la Constituci�n Pol�tica de 1991. Dicha incorporaci�n, lo tiene dicho la jurisprudencia, implica la derogatoria de la norma anterior, y as� se consagra en su art�culo 4.3.0.0.5. "El presente Estatuto incorpora y sustituye las leyes y decretos dictados en ejercicio de las facultades concedidas por los art�culos 76, numeral 12, 120 numerales 14. 121 y 122 de la Constituci�n Pol�tica".

Esta situaci�n es confirmada por el Decreto 663 de 1993, expedido en desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 35 de 1993, el cual incorpor� las normas demandadas en el primer inciso del art�culo 134.

La Corte Constitucional en sentencia C-188/94 ha considerado que la incorporaci�n en un decreto ley de una norma expedida en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art�culo 120-14 de la Constituci�n Pol�tica de 1886 implica la derogatoria de la misma.

El art�culo 19 del Decreto 677 de 1972, seg�n el cual las Corporaciones de Ahorro y Vivienda no se considerar�an establecimientos bancarios para los efectos previstos en el ordinal 3� del art�culo 86 de la Ley 45 de 1923, se encuentra sustituida por el art�culo 2� del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, que distingue entre establecimientos bancarios y Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

El Art�culo 20 del Decreto 677 de 1972 que pretend�a precisar que la correcci�n monetaria no constitu�a renta para efectos impositivos, fue derogada desde 1974, tal como lo precis� el Consejo de estado en sentencia de febrero 4 de 1976, Consejero Ponente doctor Carlos Galindo Pinilla (Anales Tomo XC, pag. 67).

El art�culo 10 del decreto 1229 de 1972 fue incorporado en el art�culo 2.1.2.3.4 del Decreto Ley 1730 de 1991 y a su vez dicha disposici�n fue incorporada en el numeral 2� del art�culo 134 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, luego dicha norma se encuentra derogada.

El Decreto 1131 de 1984, fue sustituido por las normas incorporadas en el Decreto Ley 1730 de 1991, las cuales a su vez fueron sustituidas por las Resoluciones 6 de 1993, 26 de 1994 y 18 de 1995, la cual rige actualmente.

En s�ntesis, salvo la Resoluci�n No. 18 de 1995, las dem�s normas acusadas se encuentran derogadas y en la medida en que fueron incorporadas al Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, habr�a que concluir en que el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de su inconstitucionalidad.

En cuanto a los cargos de violaci�n a la Constituci�n Pol�tica de 1886 es pertinente se�alar que las facultades otorgadas por el art�culo 120-14 habilitaban al Gobierno para dictar disposiciones que regularan la actividad cuyo objeto era el manejo, aprovechamiento e inversi�n del ahorro privado.

Sin que sea necesario afirmar que los decretos dictados por el Gobierno ten�an fuerza de ley, como lo se�ala la Corte Suprema de Justicia (Sentencias del 18 de agosto de 1972, 17 de abril de 1975 y 29 de noviembre de 1991), o que se trataba de una funci�n administrativa, como lo dijo la misma Corte en sentencia de noviembre 20 de 1990 o el Consejo de Estado en sentencia de junio 14 de 1974, es claro que el Gobierno pod�a fijar las reglas que considerara necesarias, incluyendo las operaciones que pueden realizar las entidades financieras y las inversiones a efectuar.

En relaci�n con el UPAC el Consejo de Estado en sentencia de febrero 4 de 1976 se�al� que el ordinal 14 del art�culo 120 confer�a al Gobierno una funci�n de intervenci�n, que solo se distingu�a de la prevista en el art�culo 32, en que para ejercerla no se exig�a mandato previo del legislador.

Desde este punto de vista el art�culo 19 del Decreto 677 de 1972 no merece reparo alguno, pues al disponer que las Corporaciones no se considerar�an establecimientos bancarios para los efectos previstos en el art�culo 85 de la Ley 45 de 1923, simplemente est� regulando el r�gimen de inversiones de los establecimientos bancarios.

En cuanto al art�culo 20 del mismo decreto que en el fondo se�ala que para efectos tributarios la correcci�n monetaria no constituye enriquecimiento, debe precisarse que dicha norma no modific� el r�gimen tributario de la �poca, sino que precis� un hecho real y es reconocer que la p�rdida del poder adquisitivo de la moneda no puede decirse que enriquece.

La citada norma tampoco viol� el art�culo 30 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, ni el derecho de propiedad, ni los derechos adquiridos, porque cuando la persona contrata un pr�stamo con una Corporaci�n acepta que el valor de la deuda ser� objeto de ajuste con la correcci�n monetaria y �sta var�a de acuerdo con las reglas adoptadas por el Gobierno antes, y hoy por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica.

En la medida en que los cambios futuros en la correcci�n monetaria afectan los cr�ditos vigentes, no se puede afirmar que exista aplicaci�n retroactiva de las normas que modifican su f�rmula de c�lculo; solo existir�a aplicaci�n retroactiva si las nuevas f�rmulas se aplicar� para un per�odo anterior a su adopci�n.

Sobre los cargos de violaci�n a la Constituci�n Pol�tica de 1991, debe observarse que salvo la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995, las normas demandadas hab�an sido derogadas antes de su expedici�n, por lo cual no es procedente hacer un examen de inconstitucionalidad en relaci�n con ellas.

En cuanto a la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995, se�ala que ella fue expedida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica en desarrollo del literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992 que establece como atribuci�n fijar la "metodolog�a para la determinaci�n de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC procurando que �sta refleje los movimientos.� As�, si el actor considera que la correcci�n monetaria no deber�a tomar en cuenta los movimientos de la tasa de inter�s deb�a demandar la ley 31 de 1992.

Sobre el derecho a vivienda digna cita la sentencia T-251 de 1995 de la Corte Constitucional y agrega que el UPAC se caracteriza porque mantiene el valor de los recursos tanto para el ahorrador como para quien obtiene un pr�stamo, regla que es perfectamente arm�nica con los principios de justicia.

Adem�s el sistema ha permitido que se cumpla de manera m�s eficiente la funci�n de financiar vivienda, como lo demuestra el c�lculo elaborado por el Viceministro T�cnico de Hacienda en el cual se aprecia que si en enero de 1990 se partiera de un cr�dito con la misma tasa de inter�s efectivo en UPAC y en pesos, en mayo de 1998, el valor del saldo de la deuda ser�a mucho m�s alto si se hubiera acudido a un pr�stamo en pesos que en UPAC.

La adopci�n y aplicaci�n de una nueva f�rmula de correcci�n monetaria no implica retroactividad, pues en los contratos de cr�dito se estipula que las sumas de dinero se liquidar�n conforme a la tasa de correcci�n monetaria, y al ser fijada �sta por los organismos competentes, simplemente se aplican las previsiones contractuales que prev�n como se determinan las prestaciones. En este punto debe hacerse distinci�n entre ley retroactiva y el efecto inmediato de la ley.

No se considera que la ley civil sea adversa al reconocimiento de la correcci�n monetaria, pues a�n aceptando que el contrato de mutuo que se celebra ante la Corporaci�n y su cliente regulado por el art�culo 20 del C�digo de Comercio, se sujeta a la ley civil, la misma no prohibe el pacto de f�rmulas an�logas al UPAC. Adem�s como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es posible que las partes en un contrato civil acuerden ajustar el valor de las prestaciones en funci�n de la correcci�n monetaria.

No es procedente el cargo de violaci�n al art�culo 1518 del C�digo Civil, pues lo primero que debe observarse es que el art�culo 2� del Decreto 1229 de 1972 dispone que para los efectos previstos en el art�culo 1518 del C�digo Civil en los contratos del sistema se deb�a estipular que las obligaciones en moneda legal se determinar�n mediante la aplicaci�n de la equivalencia de unidad de poder adquisitivo de valor constante, es decir que lo que prev� el art�culo es un mecanismo de determinaci�n del monto de la obligaci�n.

De acuerdo con lo previsto en los numerales 3 y 7 del art�culo 20 del C�digo de Comercio, la actividad de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y los pr�stamos que ellas conceden, tienen car�cter de actos mercantiles.

Sobre la violaci�n de las Leyes 70 de 1931 y 56 de 1985, se consideran improcedentes los cargos, pues el patrimonio de familia inembargable y el r�gimen de arrendamientos, de que tratan las citadas leyes no son regulados por las disposiciones acusadas.

El Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de febrero de 1976 con ponencia del doctor Carlos Galindo Pinilla, decidi� las demandas de nulidad presentadas contra las disposiciones relacionadas con el sistema de valor constante, negando las pretensiones de los demandantes, salvo respecto de ciertas normas que se declar� inhibido. Entre las disposiciones acusadas se encontraban los Decretos 677 y 1229 de 1972. El Consejo de Estado se declar� inhibido respecto del art�culo 20 del Decreto 677 de 1972 y el art�culo 10 del Decreto 1229 de 1972. De esta manera existe un pronunciamiento de fondo sobre las disposiciones acusadas expedidas en 1972, por lo cual existe una decisi�n con autoridad de cosa juzgada.

Tampoco hay lugar a un nuevo examen de las normas respecto de las que se pronunci� el Consejo de Estado en la sentencia de febrero 4 de 1976, frente a la Constituci�n Pol�tica de 1991, pues como ya se se�al� dichas normas fueron derogadas por el Decreto Ley 1730 de 1991.

El 7 de octubre de 1998, esto es fuera del vencimiento del t�rmino de fijaci�n en lista, que ocurri� el 7 de septiembre de 1998, la apoderada de la Asociaci�n Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, presenta escrito ampliando los fundamentos expuestos en la contestaci�n a la demanda.

En esta oportunidad interviene la apoderada del Ministerio de Desarrollo Econ�mico, reiterando los argumentos presentados en la contestaci�n a la demanda.

Por su parte el apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico solicita se tengan en cuenta los resultados de la decisi�n que se produzca en el proceso No. AI-045, Actor Emperatriz Castillo Burbano, en el cual se estudia la constitucionalidad de los art�culos 3� y 20 del Decreto 677 de 1972.

Reitera las razones de la defensa expuestas en la contestaci�n de la demanda y adicionalmente cita los pronunciamientos de la Corte Constitucional contenidos en las sentencias C-265-94 y C-183-98 respecto de las facultades de intervenci�n en materia econ�mica.

El actor y el apoderado del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda ICAV, presentaron escritos de alegatos fuera del t�rmino de traslado que venci� el 9 de noviembre de 1998.

Representado por la Procuradora Octava Delegada ante la Corporaci�n considera que la actuaci�n debe remitirse a la Secci�n Primera, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 039 de 1990, toda vez que la naturaleza del asunto litigioso, no es materia de competencia de la Secci�n Cuarta.

Al efecto expone: La demanda est� dirigida a que se declare la nulidad parcial de los Decretos 677, 1229 de 1972, 1131 de 1984 expedidos por el Gobierno Nacional y de la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995 expedida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, y en subsidio, que se declare la nulidad parcial del Decreto 1131 de 1984 y la Resoluci�n No. 18 de 1995.

Seg�n el art�culo 82 del C�digo de Procedimiento Civil podr�n acumularse en una misma demanda pretensiones aunque no sea conexas por la causa o por el objeto, o inconexas, m�s unas dependientes de las otras, o que deban servirse de las mismas pruebas, o que no tengan ninguno de estos nexos sino solo la unidad de partes, este precepto exige tres requisitos: a) Juez competente para conocer de todas; b) Que puedan tramitarse todas por el mismo procedimiento; c) Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

Para hablar de exclusi�n se requiere que el empleo de una, haga ineficaz la otra al existir una dualidad de relaciones jur�dicas que no puedan coexistir, o que el ejercicio de una impida el ejercicio de la otra. Este requisito suele manifestarse de las siguiente forma: Fundamentos: a) id�nticos, b) diversos pero compatibles, c) diversos e incompatibles.

En el caso concreto de la demanda comprende una petici�n principal y una subsidiaria, seg�n el Acuerdo No. 39 los procesos de simple nulidad que puede conocer la Secci�n Cuarta, tendr�n que ver con actos relacionados con impuestos y contribuciones. Los Decretos impugnados no est�n relacionados con impuestos y contribuciones, por cuya raz�n la competencia para pronunciarse corresponder�a a la Secci�n Primera. Adem�s porque all� se encuentra en curso un proceso sobre la legalidad del Decreto 677 de 1972.

Dentro de los asuntos atribuidos a la Secci�n Cuarta se encuentran los procesos de simple nulidad y nulidad y restablecimiento, relacionados con actos expedidos, entre otros por el Banco de la Rep�blica.

La nulidad de la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995 expedida por el Banco de la Rep�blica, corresponde tanto a la petici�n principal como a la subsidiaria, luego en cuanto a su impugnaci�n ser�a competencia de la Secci�n Cuarta, pero ante la inobservancia de la indebida acumulaci�n de tal pretensi�n, ser�a del caso entrar a pronunciarse exclusivamente sobre ella, pero razones de pol�tica procesal aconsejan que sea la Secci�n encargada de resolver sobre la mayor�a de los actos impugnados, la que decida sobre la fundamentabilidad de la �ltima.

Bajo el t�tulo petici�n principal, solicita el actor se declare la nulidad parcial de los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de 1984, expedidos por el Presidente de la Rep�blica, as� como de la Resoluci�n Externa No. 18 de junio 30 de 1995 proferida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica.

Considera que las disposiciones cuya nulidad se pretende, son violatorias de las normas constitucionales previstas en los art�culos 30 y 76-1-2-4-12-14 de la Constituci�n Pol�tica de 1886; 51, 58, 64, 150-12, 19 literales a) y d) y numeral 22; 159-24-25 de la Constituci�n Pol�tica de 1991; as� como de las disposiciones legales contenidas en los art�culos 1518, 1502, 1532, 1602, 1603 y 2455 del C�digo Civil; 3�, 4�, 21 y 22 de la Ley 70 de 1931; 19 y 10 de la Ley 56 de 1985; 12, 20 y 23 del C�digo de Comercio; y de instrumentos internacionales, como la Carta Internacional de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales y la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Como petici�n subsidiaria solicita el accionante, se declare la nulidad parcial del Decreto 1131 de 1984 y de la Resoluci�n Externa 18 de 1995, por las mismas violaciones propuestas para la petici�n principal.

Si bien los t�rminos en que se plantean los cargos de violaci�n no corresponden al rigor t�cnico de la demanda, puesto que ellos est�n formulados globalmente y no se determinan con la debida precisi�n las normas que en cada caso sirven a la demostraci�n del vicio de ilegalidad que corresponde al concepto de violaci�n que se denuncia, los conceptos de violaci�n pueden precisarse as�: carencia de facultades constitucionales del Presidente de la Rep�blica para introducir reformas al sistema de ahorro; establecimiento del sistema UPAC para pr�stamos de vivienda familiar con el consecuente desconocimiento de los derechos de propiedad, vivienda digna y derechos adquiridos; aplicaci�n retroactiva de las modificaciones introducidas al sistema; desconocimiento del car�cter de patrimonio familiar de los inmuebles adquiridos para vivienda y su regulaci�n con criterio comercial; la inconveniencia del sistema frente a la realidad econ�mica de los usuarios; el cuestionamiento a la f�rmula del c�lculo del UPAC adoptada por el Banco de la Rep�blica; y la proposici�n de que mantenga el sistema UPAC en los t�rminos en que fue concebido inicialmente.

Previo el an�lisis de fondo decide la Sala sobre el fallo inhibitorio propuesto por los impugnantes de la demanda (Asociaci�n Bancaria de Entidades de Colombia y Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico) en relaci�n con los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de 1984, con fundamento en la falta de competencia de la Corporaci�n para conocer de la acci�n de nulidad de los mismos; habida consideraci�n de su derogatoria en virtud de la expedici�n del Decreto 1730 de 1991 o Estatuto Org�nico Financiero, ya que al haber sido incorporados a dicho Estatuto habr�an adquirido el car�cter de normas con fuerza de ley, cuya revisi�n de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional.

La demanda, radicada bajo el No.2374 fue decidida mediante sentencia C-700/99 de septiembre 16 de 1999, M.P. Dr. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo, y en relaci�n con los Decretos 677,678,1229 y 1269 de 1972, y 1127 de 1990 la Corte Constitucional se declaro inhibida �para resolver acerca de su constitucionalidad por carencia actual de objeto�, con fundamento en las siguientes consideraciones:

�Es menester que, para establecer su propia competencia, la Corte Constitucional distinga, entre las disposiciones acusadas, aquellas que fueron dictadas con base en el art�culo 120, numeral 14 de la Constituci�n anterior (decretos aut�nomos o reglamentos constitucionales) de las expedidas con base en facultades extraordinarias, unas antes y otras despu�s de proferida la Constituci�n Pol�tica de 1991.

�Las disposiciones demandadas a las que se refiere el segundo grupo enunciado hacen parte de los decretos 1730 de 1991 y 663 de 1993, expedidos con base en facultades otorgadas al Presidente de la Rep�blica por las leyes 45 de 1990 y 35 de 1993, respectivamente. Se trata de decretos con fuerza de ley y, por tanto, de conformidad con lo contemplado expresamente en el numeral 5 del art�culo 241 de la Carta Pol�tica, le corresponde a esta Corporaci�n verificar su constitucionalidad.

�En relaci�n con los decretos aut�nomos 677, 678, 1229 y 1269 de 1972, y 1127 de 1990, todos ellos expedidos por el Presidente de la Rep�blica en desarrollo de lo dispuesto por el art�culos 120, numeral 14, de la Carta Pol�tica de 1886, reformada por Acto Legislativo n�mero 1 de 1968, que consagraba una atribuci�n constitucional propia en cabeza del Jefe del Estado, se estima pertinente definir que aunque, en principio, cabr�a discusi�n acerca de la competencia de esta Corte para pronunciarse sobre normas de tal naturaleza, lo cierto es que la controversia no es relevante en el presente caso, en la medida en que dichos decretos fueron incorporados y sustituidos por normas con fuerza de ley, y en ese orden de ideas, est�n actualmente por fuera del sistema jur�dico. Inclusive, ya lo estaban al ser expedida la Constituci�n Pol�tica de 1991.

�En efecto, el Decreto Ley 1730 de 1991, �por el cual se expide el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero�, en su art�culo 4.3.0.0.5. dispuso la incorporaci�n y sustituci�n (subraya la Corte) �de las leyes y decretos dictados en ejercicio de las facultades concedidas por los art�culos 76, numeral 12, 120, numeral 14, 121 y 122 de la Constituci�n Pol�tica, que regulan las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y que establecen las facultades y funciones asignadas a �sta, salvo las disposiciones contenidas en c�digos o estatutos org�nicos o integrales, aquellas que se acompa�an en este decreto de la menci�n de su norma fuente, las que regulan las inversiones en proceso de desmonte, la Ley 48 de 1990 y las se�aladas en otros art�culos de este estatuto�.�.

�Ahora bien, hecha la pertinente verificaci�n, se tiene que los mencionados decretos aut�nomos actualmente no existen en el mundo jur�dico, pues la materia regulada por ellos coincide con la enunciada en el citado art�culo 4.3.0.0.5 del Decreto 1730 de 1991 y, por otra parte, las disposiciones acusadas de ese mismo estatuto normativo, que a su vez incorporan los preceptos de los decretos aut�nomos en referencia, no hacen alusi�n a ninguna norma fuente, y tampoco existe canon expreso que disponga la no inclusi�n y sustituci�n de los aludidos decretos dictados por el Presidente de la Rep�blica con base en las facultades otorgadas directamente por la Constituci�n de 1886.

�En consecuencia, siguiendo la reiterada jurisprudencia de la Corporaci�n y toda vez que los expresados decretos no est�n produciendo en la actualidad efectos jur�dicos, carece de utilidad y raz�n un fallo de fondo acerca de su constitucionalidad, por configurarse el fen�meno de la sustracci�n de materia.

�As�, esta Corte, en raz�n de haber sido retiradas del orden jur�dico por el propio legislador, se abstendr� de proferir fallo de m�rito acerca de la constitucionalidad de tales normas, pues su pronunciamiento carecer�a de objeto actual.�

Teniendo en cuenta la decisi�n inhibitoria de la Corte, respecto de los Decretos 677 y 1229 de 1972, que son objeto de acusaci�n de nulidad en el presente proceso, no se entiende configurada respecto de los mismos la cosa juzgada constitucional por lo que corresponde a la Sala decidir sobre su legalidad, previo an�lisis de la excepci�n por incompetencia propuesta por los opositores, controversia que no fue abordada por la Corte en su sentencia por encontrarla irrelevante frente a la carencia de objeto material, derivada de su derogatoria en virtud de la expedici�n de normas con fuerza de ley.

Observa la Sala que los decretos en referencia, fueron expedidos por el Presidente de la Rep�blica invocando las facultades constitucionales que le confer�a el numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, en los siguientes t�rminos: "Corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado y suprema autoridad administrativa: ...14. Ejercer, como atribuci�n constitucional propia, la intervenci�n necesaria en el Banco de Emisi�n y en las actividades de personas naturales o jur�dicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado".

Mediante la Ley 45 de 1990, art�culo 25, se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica para expedir un Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, con el objeto de sistematizar, integrar y armonizar en un solo cuerpo jur�dico la normas vigentes que regulaban las actividades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

En desarrollo de estas facultades, el Presidente de la Rep�blica expidi� el Decreto Extraordinario 1730 de julio 4 de 1991, "Por el cual se expide el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero", cuya vigencia se dispuso a partir del 1� de septiembre de 1991, incorporando y sustituyendo la totalidad de las leyes y decretos que regulaban el sistema financiero y que se encontraban vigentes a la fecha de su expedici�n, tal como expresamente se dispuso en su art�culo 4.3.0.0.5:

"Art�culo 4.3.0.0.5.- INCORPORACIONES. El presente estatuto incorpora y sustituye las leyes y decretos dictados en ejercicio de las facultades concedidas por los art�culos 76, numeral 12, 120, numeral 14, 121 y 122 de la Constituci�n Pol�tica, que regulan las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y que establecen las facultades y funciones asignadas a �sta, salvo las disposiciones contenidas en c�digos o estatutos org�nicos o integrales, aquellas que se acompa�an en este decreto de la menci�n de su norma fuente, las que regulan las inversiones en proceso de desmonte, la ley 48 de 1990 y las se�aladas en otros art�culos de este estatuto". (Subraya la Sala)

Adicionalmente, en el art�culo 4.3.0.0.1, se precis�, cu�les disposiciones de las incorporadas en el Estatuto, referidas a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, ten�an fuente en el ordinal 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica de 1886.

Acorde con lo anterior, en los art�culos 2.1.2.3.1 a 2.1.2.3.33 se incorporaron las disposiciones relativas al r�gimen jur�dico aplicable a las operaciones financieras de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y entre ellas, la regulaci�n del sistema de "unidad de poder adquisitivo constante UPAC", tal como estaba previsto inicialmente en el Decreto 677 de 1972, y sus posteriores modificaciones con los Decretos 1229 de 1972 y 1131 de 1984 as�:

"Art�culo 2.1.2.3.3.- UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE. El fomento del ahorro para la construcci�n se orientar� sobre la base del principio del valor constante de ahorros y pr�stamos, determinado contractualmente. Para efectos de conservar el valor constante de los ahorros y de los pr�stamos a que se refiere el presente t�tulo, unos y otros se reajustar�n peri�dicamente de acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno, y los intereses pactados se liquidar�n sobre el valor principal reajustado.

"En desarrollo del principio de valor constante de ahorros y pr�stamos consagrado en el inciso anterior, establ�cese la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) con base en la cual las corporaciones de ahorro y vivienda deber�n llevar todas las cuentas y registros del sistema, reducidos a moneda legal."

"Art�culo 2.1.2.3.4.- ESTIPULACION EN LOS CONTRATOS. Para los efectos previstos en el art�culo 1518 del C�digo Civil, tanto en los contratos sobre constituci�n de dep�sitos de ahorro entre los depositantes y las corporaciones de ahorro y vivienda como en los contratos de mutuo que �stas celebren para el otorgamiento de pr�stamos, se estipular� expresamente que las obligaciones en moneda legal se determinar�n mediante la aplicaci�n de la equivalencia de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC)".

"Art�culo 2.1.2.3.6.- CALCULO PARA LA LIQUIDACION. En concordancia con las normas sobre reajuste monetario de los ahorros manejados por las corporaciones de ahorro y vivienda, �stas continuar�n liquidando los retiros de dep�sitos de las cuentas de ahorro de Valor Constante con el valor de la UPAC calculado por el Banco de la Rep�blica para el d�a inmediatamente anterior al de la realizaci�n de la operaci�n.

"A los dep�sitos que se efect�en y retiren en la misma fecha no se les reconocer� correcci�n monetaria.

"Art�culo 2.1.2.3.7.- LIQUIDACION. El Banco de la Rep�blica calcular� mensualmente e informar� con id�ntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, para cada uno de los d�as del mes siguiente, los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, calculada as�: el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la variaci�n resultante en el �ndice nacional de precios al consumidor (total ponderado) elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica -DANE- para el per�odo de los doce (12) meses inmediatamente anteriores, se le adicionar� el treinta y cinco por ciento (35%) del promedio de la tasa variable DTF calculada por el Banco de la Rep�blica para el mes inmediatamente anterior."

Como se observa las normas sustituidas por la nueva ley, reproducen en lo esencial el sistema UPAC.

Adicional a lo anterior, en la Ley 45 de 1990, art�culo 92, y el Decreto 1730 de 1991, art�culo 1.1.1.1.2, se consideraron establecimientos de cr�dito sujetos a la regulaci�n prevista para las instituciones financieras, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, as�: "Son Corporaciones de Ahorro y Vivienda aquellas instituciones que tienen por funci�n principal la captaci�n de recursos para realizar primordialmente operaciones activas de cr�dito hipotecario a largo plazo, mediante el sistema de valor constante". (Subraya la Sala)

De acuerdo con lo anterior, y tal como lo precis� la Corte Constitucional en la sentencia C-188/94 de abril 19 de 1994, Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Mu�oz, al conocer de la constitucionalidad parcial del Decreto 663 de 1993, por el cual se actualiza el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero; la manifestaci�n expresa contenida en el Decreto 1730 de 1991 de incorporar y sustituir las normas dictadas por el Gobierno Nacional al amparo del numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, implica inequ�vocamente la derogatoria expresa de los decretos objeto de la demanda, puesto que como ya qued� establecido ellos fueron expedidos en desarrollo de las facultades previstas en el citado precepto constitucional.

Ahora bien, sin perjuicio de cual era la naturaleza jur�dica de los reglamentos aut�nomos expedidos por el Presidente de la Rep�blica con fundamento en el numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica, que no es asunto objeto del presente debate, y sobre la cual se pronunci� la Secci�n Primera de la Corporaci�n en sentencia de febrero 4 de 1976 Consejero Ponente doctor Carlos Galindo Pinilla, Expedientes 2150, 2153 y 2155, concluyendo que tales manifestaciones de intervenci�n del ejecutivo comportaban la jerarqu�a de la ley formal; lo cierto, es que los presuntos vicios de inconstitucionalidad de los decretos acusados, no pueden trasladarse, ni en su esencia ni en la forma, a las nuevas normas legales que los sustituyeron; pues si tal sustituci�n implica su derogatoria, solo en la medida en que se establezca la inconstitucionalidad de las disposiciones que fueron recogidas de las normas derogadas, pero por vicios atribuibles a las nuevas normas, podr� satisfacerse la finalidad que a trav�s de la acci�n p�blica de nulidad persigue el accionante, esto es que se restablezca el orden jur�dico presuntamente alternado con la expedici�n de los decretos objeto de la demanda.

Se tiene entonces que si bien es cierto, las normas contenidas en los decretos cuya nulidad se acusa en el presente proceso, fueron recogidas por el Decreto 1730 de 1991 o Estatuto Org�nico del Sistema Financiero; y que por su incorporaci�n y sustituci�n en un ordenamiento que tiene fuerza de ley, adquirieron igual jerarqu�a, correspondiendo en consecuencia a la Corte Constitucional decidir sobre su constitucionalidad; no puede considerarse que tal circunstancia sea determinante de la incompetencia de la Corporaci�n para el conocimiento de la acci�n de nulidad propuesta contra los Decretos 677 y 1229 de 1972 y 1131 de

1984, porque en todo caso lo demandado son los decretos y no las normas legales que los sustituyeron.

As� las cosas y como a partir de la vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1991 es clara la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, promovidas contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional, con excepci�n de los expedidos con fundamento en los art�culos 150-10 y 341 de la misma Carta, cuya competencia es de la Corte Constitucional, no encuentra la Sala procedente un fallo inhibitorio por incompetencia como lo requieren los oponentes.

En efecto, si como qued� demostrado el r�gimen jur�dico de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, en lo esencial mantiene su vigencia en las nuevas normas legales, cuya inconstitucionalidad no ha sido ni pod�a ser objeto de cuestionamiento en el presente proceso, no es entonces viable un pronunciamiento por parte de la Corporaci�n sobre la legalidad o ilegalidad de los decretos impugnados.

Ello es as�, porque las disposiciones objeto de enjuiciamiento en el presente proceso mantienen su legalidad al haber sido sustituidas por el nuevo ordenamiento legal, hasta tanto �sta sea desvirtuada en virtud de un pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional competente, de manera que los efectos de las disposiciones acusadas de nulidad, sobreviven no en virtud de las disposiciones derogadas, sino como consecuencia de la aplicaci�n del nuevo ordenamiento jur�dico que las consagra, por lo que un pronunciamiento sobre su legalidad o ilegalidad se reitera, no conlleva al restablecimiento del orden jur�dico presuntamente vulnerado por efectos de su expedici�n.

Cosa distinta ser�a si las nuevas normas legales hubieren modificado en su esencia el sistema consagrado inicialmente en los decretos demandados, pero est� claro que tal evento no tuvo ocurrencia, pues la ley de facultades en virtud de la cual se expidi� el Decreto 1730 de 1991, advirti� "Con tal prop�sito podr� reordenar la numeraci�n de la diferentes disposiciones, incluyendo esta ley, sin que en tal caso se altere su contenido", de manera que la derogatoria de las normas procedentes no surge de una regulaci�n distinta, sino de la sustituci�n de las mismas con igual contenido, en el nuevo ordenamiento legal.

A lo anterior se agrega, el hecho de que las situaciones reguladas por las disposiciones derogadas, consagran de manera general y abstracta el r�gimen financiero en relaci�n con las operaciones de cr�dito y ahorro de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, cuyo desarrollo solo es posible a trav�s de una relaci�n contractual, luego se desvirt�a la finalidad del control de legalidad sobre actos generales derogados, cual es la de proteger la legalidad de los actos administrativos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia, respecto de situaciones jur�dicas no consolidadas.

El anterior criterio no contradice el expuesto en anteriores oportunidades por la Secci�n y reiterado por la Sala Plena de la Corporaci�n en sentencias como las de enero 14 y marzo 4 de 1991, Expedientes S-157 y S-148 respectivamente; en el sentido de considerar que a pesar de haber sido derogados los actos generales impugnados en ejercicio de la acci�n de nulidad, es posible un pronunciamiento por parte de la jurisdicci�n, con el prop�sito de amparar los efectos generados sobre actos administrativos particulares expedidos durante su vigencia, puesto que en el caso concreto de los actos acusados, tal como qued� expuesto no se cumplen los presupuestos en que se sustenta el citado criterio jurisprudencial.

Lo anteriormente expuesto, lleva a la Sala a declararse inhibida para proferir fallo de m�rito en relaci�n con las disposiciones contenidas en los Decretos 677 y 1229 de 1992, 1131 de 1984, en los apartes demandados.

Propone la parte impugnante (Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico), excepci�n de cosa juzgada con fundamento en la sentencia de 4 de febrero de 1976 proferida por la Secci�n Primera de la Corporaci�n, que decidi� sobre las demandas de nulidad presentadas contra la totalidad de las normas que hasta 1974 regularon el sistema de valor constante UPAC, entre ellas los Decretos 677 y 1229 de 1972.

Estima la Sala que el an�lisis sobre la excepci�n propuesta resulta innecesario por cuanto sobre los citados decretos y por las razones anteriormente expuestas habr� de proferirse fallo inhibitorio.

De acuerdo con lo previsto en el art�culo 1� del Acuerdo 39 de 1990, corresponde a la Secci�n, decidir sobre la legalidad de la Resoluci�n Externa 18 de junio 30 de 1995 expedida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, cuya nulidad se acusa en el presente proceso.

Considera el accionante que la citada resoluci�n es violatoria de los mandatos constitucionales que se citan como violados, por cuanto al modificarse la f�rmula para el c�lculo del UPAC sobre la tasa DTF efectiva y no sobre el IPC, como estaba concebida en el Decreto 677 de 1972, el sistema se hace m�s gravoso para el usuario deudor y se exceden los l�mites constitucionales y legales de las facultades de intervenci�n. Adem�s porque una modificaci�n a la f�rmula implica aplicaci�n retroactiva de la ley; no se conoce su aprobaci�n por decreto ejecutivo que debe convalidarla; no se explica de donde surgi� la nueva f�rmula y a t�tulo de que. Solicita de otra parte, dirima la Corporaci�n, si las reglas de juego libre de la econom�a impuestas con el acto acusado permiten que act�en los mecanismos constitucionales que las regulan.

Mediante sentencia de mayo 21 de 1999 Exp. 9280 Magistrado Ponente doctor Daniel Manrique Guzm�n, se declar� la nulidad parcial del art�culo 1� de la Resoluci�n Externa 18 de junio 30 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, en la parte que se resalta de la norma.

�Art�culo 1� El Banco de la Rep�blica calcular� mensualmente para cada uno de los d�as del mes siguiente e informar� con id�ntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, equivalente al setenta y cuatro por ciento (74%) del promedio m�vil d ella tasa DTF efectiva de que tratan las Resoluciones 42 de 1988 de la Junta Monetaria y Externa No. 17 de 1993 de la Junta Directiva de las cuatro (4) semanas anteriores a la fecha de c�lculo�.

�Controvierten las partes, en el presente proceso, la legalidad de la Resoluci�n Externa #18 de 30 de junio de 1995, proferida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, y en particular, la sujeci�n de su art�culo 1� a los preceptos a los que deb�a ajustarse.

El actor y su coadyuvante, formulan dos cuestionamientos fundamentales al acto censurado: el primero, referente a la autonom�a de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica con implicaciones en diversas normas Constitucionales y Legales, en punto a no ser la misma ilimitada o discrecional; y el segundo, tocante a las previsiones mismas del art�culo 1� del acto, en el sentido de que la f�rmula valorativa de las UPAC ah� prescrita, no consulta las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno, sino un elemento ajeno a dichas variaciones que lo ser�an las tasas de intereses de los DTF, desbord�ndose, de suyo, el marco de la ley.

A esto replica la parte demandada, que el factor consultado no es s�lo el DTF, sino el promedio ponderado de los intereses pagados por los bancos, corporaciones financieras y compa��as de financiamiento comercial; que el Banco no calcula propiamente el importe monetario de las UPAC, sino que se�ala la metodolog�a de c�lculo; y que, en el punto, las funciones fueron ejercidas por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica con estricta sujeci�n al art�culo 16, literal f), de la Ley 31 de 1992.

Respecto del primer cuestionamiento, la Sala tiene establecido que, en efecto, las funciones de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, se deben ejercer, incluso en desarrollo de las denominadas 'leyes marco' con arreglo, entre otras disposiciones, a los art�culos 372 a 373 de la Constituci�n y 16 de la Ley 31 de 1992, no siendo, por ende, discrecionales dichas funciones ni pudiendo ejercerse las mismas en un campo distinto del delimitado por las leyes �marco� y los postulados econ�micos y sociales del Gobierno Nacional. (cf. sentencias de la Sala, de noviembre 10 de 1995, expediente #5530, Consejero Ponente, Dr. Delio G�mez Leyva; y marzo 20 de 1998, expediente #8682, Consejero Ponente, D. Julio E. Correa Restrepo).

Por lo que hace al segundo cuestionamiento, no se considera que el sistema DTF acogido por la resoluci�n acusada, difiera del 'promedio ponderado' que menciona el se�or apoderado de la parte demandada, pues en todo caso se est� acudiendo simplemente a tasas de inter�s comercial, como criterio de valoraci�n de las UPAC y no al IPC o a otro indicador econ�mico. Tampoco se encuentran mayores diferencias entre 'calcular' el valor de las UPAC y 'fijar la metodolog�a de c�lculo' de las mismas, menos cuando el art�culo 1� de la resoluci�n acusada dispone perentoriamente que "el Banco de la Rep�blica calcular�..."

Por otro aspecto, tampoco se consideran v�lidos los reparos que el se�or apoderado del Banco hizo al art�culo 134 del Decreto 663 de 1993, porque la norma proviniera de un decreto anterior a la Ley 31 de 1992 y a la propia Constituci�n de 1991, toda vez que dicha norma hac�a parte de un estatuto vigente a tiempo de expedirse el acto censurado y por lo mismo era aplicable sin ninguna restricci�n.

Ahora bien, como lo resalta la se�ora Procuradora S�ptima Delegada en su alegato de conclusi�n, el literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992, al otorgar a la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica la facultad de fijar la metodolog�a de c�lculo de la UPAC, lo hace bajo la prevenci�n de que se procure que "�sta (la UPAC) tambi�n refleje los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a" (destacados fuera de texto).

Esto significa, como es obvio, que las tasas de inter�s son apenas un elemento de menor relevancia, pr�cticamente ni siquiera obligatorio, pues la ley no lo impone, sino que recomienda que se 'procure' su inclusi�n en proceso de c�lculo de la UPAC. Por lo mismo, resulta claro que el componente principal y pr�cticamente �nico de dicho c�lculo, no pod�a ser otro que el se�alado por el antes citado art�culo 134 del Decreto 663 de 1993, esto es, el IPC, ya que el art�culo en cita dice que con el objeto de preservar el valor constante de los ahorros y los pr�stamos, ambos se deben reajustar peri�dicamente, "de acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno".

El IPC o �ndice de precios al consumidor, como indicador econ�mico, es un indicador de correcci�n monetaria calculada peri�dicamente por el DANE y comprende diversidad de precios, principalmente los de la llamada �canasta familiar�.

Las UPAC, como f�rmula indexada, se halla naturalmente ligada al IPC y s�lo en m�nima proporci�n a otros indicadores econ�micos, por lo cual si se toman exclusivamente los DTF como factor de c�lculo, en la forma como lo dispuso la Junta Directiva del Banco en el caso, necesariamente se desvirt�an la �ndole y objetivos econ�micos de los UPAC.

En este orden de ideas, es claro que para el c�lculo de la UPAC el art�culo 134 del Decreto 663 de 1993 establece que debe tenerse en cuenta el �ndice de precios al consumidor IPC y no �nicamente un precio, como lo ser�a el del dinero a que alude la DTF, con independencia de los elementos que la conforman, pues se enfatiza, las tasas de inter�s constituyen un factor, sin car�cter obligatorio, dentro del c�lculo de las UPAC, por lo que el acto administrativo demando, al tomar �nicamente dicho factor para el c�lculo en cuesti�n, vulner� la norma superior contenida en el citado art�culo 134 del Decreto 663 de 1993.

De conformidad con lo anterior la Sala concluye, en consonancia con las apreciaciones de los actores y de la Procuradur�a Delegada, que la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, al expedir la resoluci�n impugnada quebrant� en forma directa los art�culos 16, literal f) de la Ley 31 de 1992 y 134 del Decreto 663 de 1993, e indirectamente, los art�culos 372 y 373 de la Carta, por no tener en cuenta las disposiciones de rango legal a los que deb�a sujetarse para el c�lculo de las UPAC, como se precis� anteriormente, razones suficientes para acceder a la nulidad solicitada.�

Observa la Sala que si bien en el presente proceso lo acusado es la totalidad de la precitada resoluci�n (arts. 1 y 2), y en el anterior proceso la proposici�n de nulidad fue parcial, en lo esencial, los fundamentos en que se sustentan los cargos en uno y otro proceso tienen relaci�n con la misma causa, esto es la extralimitaci�n de funciones de la Junta Directiva al introducir en la f�rmula prevista para el c�lculo de la correcci�n monetaria el promedio m�vil de la tasa DTF efectiva; la inequidad e ilegalidad del sistema UPAC que se deriva de la anterior modificaci�n y la violaci�n de los principios constitucionales y legales que deben observarse trat�ndose de la intervenci�n del Estado en la econom�a y manejo de los recursos econ�micos de los usuarios del sistema.

Como consecuencia de lo anterior se considera que respecto de la citada resoluci�n ha operado el fen�meno jur�dico de la cosa juzgada, en cuanto que en uno y otro proceso existe identidad de objeto y de causa, raz�n por la cual habr� de declararse la Sala inhibida para conocer de la legalidad de la Resoluci�n 18 de junio 30 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y ordenar� estarse a lo dispuesto en la sentencia de mayo 21 de 1999 a que se ha hecho referencia.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

1) DECLARASE inhibido para un pronunciamiento de m�rito sobre los cargos formulados en relaci�n con los art�culos 3�, 19 y 20 del Decreto 677 de 1972; 2� y 10 del Decreto 1229 de 1972; 1� del Decreto 1131 de 1984, expedidos por el Presidente de la Rep�blica.

2) En relaci�n con la Resoluci�n No. 18 de junio 30 de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, decl�rase igualmente inhibido para conocer de su legalidad y estese a lo dispuesto en la sentencia de mayo 21 de 1999, proferida por la Secci�n en el proceso 9280.

JULIO E. CORREA RESTREPO	GERMAN AYALA MANTILLA
Presidente de la Secci�n

DELIO GOMEZ LEYVA	DANIEL MANRIQUE GUZMAN

RAUL GIRALDO LONDO�O
Secretario

Fecha Providencia	19/11/1999
Fecha de notificaci�n	19/11/1999