100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034095SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-24-000-2002-00009-017634200327/06/2003SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-24-000-2002-00009-01_7634_2003_27/06/2003300340942003EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. - Niega nulidad parcial del Decreto 897 de 1996 por la cual se autorizó prestación de servicios / TRANSFORMACION DE ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL EN E.P.S. - Limitaciones a nuevas afiliaciones: legalidad / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Universalidad / E.A.A.B. E.S.P. - Limitación a nuevas afiliaciones: legalidad Como puede observarse, la expresión que se demanda “sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones” es similar a la contenida en el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 cuando dice que las entidades pueden continuar prestando los servicios de salud “a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley”, pues ello precisamente no significa otra cosa sino que, no pueden realizarse nuevas afiliaciones. Sin embargo, la norma demandada tiene una protección adicional pues dispone que no podrán realizarse nuevas afiliaciones “con excepción de aquellas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”. Tanto la Ley 100 de 1993 como el Decreto 897 de 1996 respetan los derechos adquiridos al disponer que “cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio que el Plan de Salud Obligatorio los trabajadores vinculados a la vigencia de la presente Ley y hasta el término de la vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los términos del artículo 169”. La expresión demandada es una consecuente respuesta a las finalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud planteado por la Ley 100 de 1993 que tiene como uno de sus principios fundamentales el de la universalidad. Por ello, el parágrafo 1 del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, antes trascrito, consagra que los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, “se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta ley”. La expresión demandada “sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones” respecto de los Servicios de Salud de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, no es sino una lógica consecuencia de lo dispuesto en la ley que busca precisamente asegurar la cobertura de la seguridad social en salud a todos los habitantes, pues como lo señaló el Ministerio en la contestación de la demanda, “... la Empresa de Acueducto de Bogotá, no tiene la capacidad legal de asumir la prestación del servicio público de salud a sus funcionarios a través de un sistema diferente al ordenado por la Ley 100 de 1993....”. Al no configurarse la violación de norma alguna, la Sala denegará, en consecuencia, las pretensiones de la demanda.
Sentencias de NulidadOlga Inés Navarrete BarreroMINISTERIO DE SALUDSINDICATO DE TRABADADORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP- SINTRACUEDUCTO-Decreto 897 de 1996 Identificadores10030135306true1229940original30133191Identificadores

Fecha Providencia

27/06/2003

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Olga Inés Navarrete Barrero

Norma demandada:  Decreto 897 de 1996

Demandante:  SINDICATO DE TRABADADORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP- SINTRACUEDUCTO-

Demandado:  MINISTERIO DE SALUD


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. - Niega nulidad parcial del Decreto 897 de 1996 por la cual se autorizó prestación de servicios / TRANSFORMACION DE ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL EN E.P.S. - Limitaciones a nuevas afiliaciones: legalidad / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Universalidad / E.A.A.B. E.S.P. - Limitación a nuevas afiliaciones: legalidad

Como puede observarse, la expresión que se demanda “sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones” es similar a la contenida en el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 cuando dice que las entidades pueden continuar prestando los servicios de salud “a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley”, pues ello precisamente no significa otra cosa sino que, no pueden realizarse nuevas afiliaciones. Sin embargo, la norma demandada tiene una protección adicional pues dispone que no podrán realizarse nuevas afiliaciones “con excepción de aquellas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”. Tanto la Ley 100 de 1993 como el Decreto 897 de 1996 respetan los derechos adquiridos al disponer que “cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio que el Plan de Salud Obligatorio los trabajadores vinculados a la vigencia de la presente Ley y hasta el término de la vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los términos del artículo 169”. La expresión demandada es una consecuente respuesta a las finalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud planteado por la Ley 100 de 1993 que tiene como uno de sus principios fundamentales el de la universalidad. Por ello, el parágrafo 1 del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, antes trascrito, consagra que los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, “se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta ley”. La expresión demandada “sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones” respecto de los Servicios de Salud de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, no es sino una lógica consecuencia de lo dispuesto en la ley que busca precisamente asegurar la cobertura de la seguridad social en salud a todos los habitantes, pues como lo señaló el Ministerio en la contestación de la demanda, “... la Empresa de Acueducto de Bogotá, no tiene la capacidad legal de asumir la prestación del servicio público de salud a sus funcionarios a través de un sistema diferente al ordenado por la Ley 100 de 1993....”. Al no configurarse la violación de norma alguna, la Sala denegará, en consecuencia, las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., junio veintisiete (27) de dos mil tres (2003)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00009-01(7634)

Actor: SINDICATO DE TRABADADORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP- SINTRACUEDUCTO-

Demandado: MINISTERIO DE SALUD

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por SINTRACUEDUCTO, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., con el fin de que se anule el Decreto 897 de 1996 proferido por el Ministerio de Salud, por el cual autoriza al servicio médico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP para ser una entidad adaptada de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1890 de 1995, en lo referente al parágrafo del artículo primero que impide nuevas afiliaciones de los trabajadores de la EAAB ESP que ingresen con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, 23 de diciembre de 1993.

ANTECEDENTES

Lo que se demanda es la expresión contenida en el parágrafo del artículo primero “sin que pueda realizar nuevas afiliaciones”, el cual establece:

”Parágrafo. El servicio médico y odontológico a que se refiere el presente artículo, solo podrá continuar prestando los servicios de salud, a los servidores que se encontraban vinculados a la respectiva entidad, en la fecha de iniciación de vigencia de la ley 100 de 1993 y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo venían haciendo, sin que pueda realizar nuevas afiliaciones, con excepción de aquellas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”. (Subrayado fuera de texto).

  1. Hechos

La Ley 100 de 1993 en su artículo 236 establece que la transformación se hará “de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el gobierno nacional.” En desarrollo de esta norma, el Gobierno dictó el Decreto 1890 de 1995 que en su artículo 13, inciso segundo dice: “Autorización para que la entidad continúe prestando servicios como entidad adaptada. Si la Superintendencia encuentra que la entidad satisface los requisitos previstos al efecto en este decreto, informará al Ministerio de Salud, para que el gobierno nacional determine las entidades que por cumplir los requisitos previstos pueden continuar prestando los servicios de salud...”

El Gobierno Nacional estaba facultado para autorizar la adaptación o no de las entidades que así lo solicitaren y no para modificar el marco regulatorio e imponer limitaciones a estas entidades por fuera de este. El servicio médico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, decidió entre las alternativas planteadas por la ley, transformarse en una entidad adaptada.

Realizados los trámites dispuestos en el Decreto 1890 de 1995, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 897 de 1996, autorizó al servicio médico de la EAAB ESP como entidad adaptada al sistema de seguridad social en salud. Cabe resaltar que dicho decreto es de carácter administrativo y no legislativo como pretende el nominador.

El Gobierno Nacional era incompetente para limitar las nuevas afiliaciones en las entidades adaptadas. Los trabajadores que ingresaron con posterioridad a la puesta en vigencia de la Ley 100 de 1993 no han podido hacer uso de los derechos otorgados por esta respeto a su libertad de elección y el reconocimiento de los derechos adquiridos.

b. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

El actor consideró que se violaban las siguientes disposiciones:

Constitución Nacional: Preámbulo, artículo 13, 48, 49, 155, numeral 3, 156, literal g), 159, numeral 3, 161, 181, 188, 236, 272, 283 y 289; Decreto 1890 de 1995, artículo 2, 13, inciso tercero.

Concepto de la violación.

  1. Violación de norma superior. El haber hecho la mención demandada altera el orden social justo dispuesto en la Constitución Política y los principios fundamentales.

  1. Interpretación errónea. Se aprecian dos fallas de interpretación: la primera al artículo 49 de la Carta Política y 13 del Decreto 1890 respecto a la función ejercida con la expedición del decreto demandado, al pretender el nominador ejecutar una acción legislativa que no le otorgaba la ley, pues es muy claro en afirmar el artículo constitucional que es potestad del Estado reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y el decreto en determinar que la función otorgada es la de autorizar a las entidades para funcionar, en los términos de la ley.

Se malinterpretó lo dispuesto en el artículo 13, inciso tercero, del Decreto 1890. El nominador pretende reglamentar lo que ya había reglamentado el Decreto 1890 sin tener la potestad legal para hacerlo, extralimitando así los límites de su función. También se interpretó inadecuadamente el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 al imponer límites a la entidad adaptada que ni la ley estatutaria ni reglamentaria contemplan.

El parágrafo primero del artículo 236 de la Ley 100 de 1993 dice:

“En todo caso, los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier entidad promotora de salud, según lo dispuesto en esta ley.

La frase demandada es nula por desconocer las disposiciones superiores citadas que no fueron aplicadas.

La Seguridad Social y la Salud son servicios públicos a cargo del Estado y como servicio público algunos de cuyos elementos esenciales son la generalidad, la igualdad, régimen jurídico especial, continuidad y obligatoriedad del Estado de prestar el servicio.

Las normas rectoras del ordenamiento de seguridad social no son solamente predicables del marco regulatorio sino de todos los actos regulatorios de la misma. El derecho de libre escogencia es consecuencia natural de ellos. Así se consagró en el numeral 4 del artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el literal g) del artículo 156 de la misma ley.

  1. Expedición del acto por funcionario incompetente.

El Gobierno Nacional, en este caso en cabeza del Ministerio de Salud, carecía de facultad legal para expedir el texto demandado.

Se violan los derechos de los trabajadores que han ingresado a la EAAB ESP con posterioridad al 23 de diciembre de 1993. La Ley 100 de 1993 autoriza expresamente al Gobierno Nacional para reglamentar la transformación de las empresas, cajas, fondos y entidades públicas o privadas que antes de la expedición de esa ley, prestaran servicios de salud. En virtud de esta función se expidió el Decreto 1890 de 1995 que estipula a su vez que corresponde al gobierno nacional determinar qué entidades, previo cumplimiento de los requisitos legales, pueden continuar prestando los servicios de salud. De manera alguna este decreto menciona prohibición sobre el ejercicio del mismo o determina que al autorizar se pueda imponer o limitar o circunscribir la prestación a algún conglomerado en particular.

  1. La defensa del acto acusado

El Ministerio de Salud contestó la demanda en los siguientes términos:

El Ministerio de Salud dicta las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo que son de obligatorio cumplimiento por todas las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no tiene la capacidad legal de asumir la prestación del servicio público de salud de sus funcionarios a través de un sistema diferente al ordenado por la Ley 100 de 1993.

La Constitución Política dispone la facultad del legislador para regular los contenidos de la seguridad social. La Ley 100 de 1993 contiene las normas sobre principios generales del sistema de seguridad social. El servicio de seguridad social en salud es un servicio público esencial, y está sometido al régimen jurídico que fija la ley manteniendo el Estado la regulación, el control y la vigilancia del servicio. La ley puede fijar los requisitos y autorizar las entidades que presten el servicio, conceder términos para que las entidades se adecuen a los requisitos establecidos y señalar que servicios deben prestarse obligatoriamente, así como facultar al Gobierno Nacional para que adelante las funciones de control y vigilancia, establecer los procedimientos para que se mantenga la prestación básica del servicio, fijar la cuantía de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio y el plazo para que las entidades territoriales organicen el régimen de subsidios.

El artículo 49 superior le confiere al Estado unitario la organización, dirección y reglamentación de la prestación de servicios de salud. Nada obsta para que el ejecutivo señale parámetros sobre el tema, máxime cuando está autorizado por la ley y no contradice el espíritu de la Constitución.

Cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto 897 del 21 de mayo de 1996 no hizo otra cosa que regular mediante autorización que el servicio médico y odontológico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pueda seguirse prestando a los funcionarios de dicha entidad en las condiciones y bajo los parámetros señalados tanto en el artículo 236 de la Ley 100 de 1993, como en el Decreto 1890 de 1995, sin que con ello se viole disposición de orden constitucional o legal alguna.

  1. La actuación surtida

De conformidad con las normas del C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del dieciocho (18) de abril de 2002, se dispuso la admisión de la demanda y se negó la suspensión provisional solicitada.

En mayo 8 de 2002 se surtió la diligencia de notificación personal al Procurador Delegado ante esta Corporación y por aviso se notificó a la Nación, Ministerio de Salud, el 24 de junio del mismo año.

Durante el traslado concedido a las partes y al Agente del Ministerio Público para alegar de conclusión, en los términos del inciso segundo del artículo 59 de la Ley 446 de 1998, hizo uso de este derecho la parte demandante.

II. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Las pretensiones de la demanda se dirigen a que se declare la nulidad parcial del Decreto 897 de 1996 en cuanto promueve un trato desigual y discriminatorio entre los servidores públicos vinculados a la entidad distrital antes y después de la vigencia de la Ley 100 de 1993 ya que los primeros tiene acceso a los servicios oportunos, eficientes y de alta calidad del servicio médico de la EAAB ESP, y los segundos, deben someterse al crítico servicio que prestan las diferentes EPS.

Además, el Ejecutivo carecía de facultades para expedir la norma demandada. La existencia del servicio médico de la EAAB EPS en nada contradice el mandato del artículo 49 de la Constitución Política, ni la ley la moral o las buenas costumbres.

En relación con las entidades adaptadas, debe entenderse que el espíritu de la Ley 100 de 1993 se cumple cuando la administración establece que si en una empresa como la EAAB se prestaban directamente los servicios médicos y odontológicos a sus trabajadores, y que este servicio es óptimo y oportuno, se debe declarar que dicho servicio exclusivo puede calificarse a la entidad encargada de prestarlo como una Entidad Adaptada Al permitir que los servicios propios de ciertas empresas continúen prestando los servicios, garantiza la continuidad de los mismos.

La prohibición del ejecutivo para que todos los servidores públicos de la EAAB ESP puedan afiliarse a la Entidad Adaptada, es una clara violación al derecho fundamental a la igualdad y a no ser discriminados. Existen en el país diversas entidades adaptadas encargadas de la prestación de los servicios médicos a sus afiliados y ninguna de ellas consagra la discriminatoria excepción de no permitir afiliaciones nuevas que correspondan a aquellos trabadores que han ingresado en los últimos años a las correspondientes entidades oficiales.

III- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

La agente del Ministerio Público estima que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar al no haberse desvirtuado la legalidad del acto acusado, con base en las siguientes consideraciones:

El Decreto 1890 de 1995 reglamentó los artículos 130 y 236 de la Ley 100 de 1993 y reguló el régimen de adaptación al Sistema de Seguridad Social en Salud de las cajas fondos y entidades de seguridad social del sector público y estableció los requisitos para que pudieran continuar prestando los servicios de salud.

La empresa de servicios médicos y odontológicos de la EAAB ESP solicitó adaptarse al nuevo sistema de seguridad social en salud en los términos de este Decreto.

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1890 de 1995, expidió el Decreto 897 de 1996 el cual se limita a que, una vez revisados los requisitos exigidos para adaptarse al sistema de seguridad social en salud de la empresa de servicios médicos y odontológicos de la EAAB, autorizar la continuidad en la prestación de servicios de salud de la empresa como dependencia adaptada al Sistema de Seguridad Social en Salud, en los términos del Capítulo II del Decreto 1890 de 1995 y el artículo 236 de la Ley 100 de 1993, sin exceder su potestad reglamentaria y dentro del ámbito de su competencia.

La filosofía de la Ley 100 de 1993 fue la de establecer un Sistema de Seguridad Social en Salud y otorgó a las entidades que prestaban servicios de salud la facultad de adaptarse al nuevo sistema dentro de los dos años siguientes a la expedición de la ley, de acuerdo con la reglamentación que la respecto expidiera el Gobierno Nacional. Esta continuidad en la prestación del servicio sólo se autorizó por la Ley 100 de 1993, artículo 236 hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo vienen haciendo, lo cual significa que fue la propia ley la que estableció la prohibición de continuar recibiendo afiliados y no el decreto acusado como lo sostiene la actora.

IV-CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se solicita la nulidad parcial del Decreto 897 del 21 de mayo de 1996 expedido por el Presidente de la República “por el cual se autoriza al Servicio Médico y Odontológico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, para continuar prestando servicios de salud en los términos del Capítulo II del Decreto 1890 de 1995”. La expresión demandada está contenida en el parágrafo del artículo primero del citado Decreto 897 que establece:

“Decreto 897 de 1996.

“Artículo 1.

Autorizar al Servicio Médico y Odontológico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, entidad del sector público, del orden Distrital, para que continúen prestando servicios de salud o amparen a sus afiliados en los riesgos de enfermedad general y maternidad, como dependencia adaptada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los términos del Capítulo II del Decreto 1890 de 1995.

Parágrafo. El Servicio Médico y Odontológico, a que se refiere el presente artículo, sólo podrá continuar prestando los servicios de salud, a los servidores que se encontraban vinculados a la respectiva entidad, en la fecha de iniciación de vigencia de la Ley 100 de 1993 y hasta el término de la relación laboral o durante el periodo de jubilación, en la forma como lo venían haciendo, sin que pueda realizar nuevas afiliaciones, con excepción de aquellas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”. (Se resalta lo demandado).

Se cuestiona la frase “sin que pueda realizar nuevas afiliaciones” la cual se considera violatoria, entre otros, del derecho a la igualdad.

Este Decreto se expidió en virtud de las facultades conferidas por la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 del Decreto 1890 de 1995.

El artículo 236 de la Ley 100 de 1993, que sirvió de fundamento jurídico al Decreto parcialmente acusado, establece:

Ley 100 de 1993.


”Artículo 236. De las Cajas. Los Fondos y Entidades de Seguridad Social del Sector Publico, Empresas y Entidades Públicas.

Las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley presten servicios de salud o amparen a sus afiliados riesgos de enfermedad general y maternidad, tendrán dos años para transformarse en empresas promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o para efectuar su liquidación, de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.

La transformación en Entidad Promotora de Salud será un proceso donde todos los trabajadores recibirán el Plan de Salud Obligatorio de que trata el artículo 162 y, en un plazo de cuatro años a partir de la vigencia de esta Ley, éstos pagarán las cotizaciones dispuestas en el artículo 204 –ajustándose como mínimo en un punto porcentual por año- y la Entidad Promotora de Salud contribuirá al sistema plenamente con la compensación prevista en el artículo 220. Cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio que el Plan de Salud Obligatorio, los trabajadores vinculados a la vigencia de la presente Ley y hasta el término de la vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los términos del artículo 169. La dependencias que presten servicios de salud de las cajas, fondos, entidades previsionales o entidades públicas con otro objeto social podrán suprimirse o convertirse en Empresas Sociales del Estado, que se regirán por lo estipulado en la presente Ley.

Las entidades públicas antes referidas, que a juicio del Gobierno Nacional no requieran transformarse en empresas promotoras de salud, ni liquidarse podrán continuar prestando los servicios de salud a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación en la forma como lo vienen haciendo. Estas entidades deberán, no obstante, ajustar gradualmente su régimen de beneficios y financiamiento, a lo previsto en los artículos 162, 204 y 220 de esta ley, en un plazo no mayor a cuatro (4) años, de tal manera que participen en la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía. De conformidad con lo anterior, las entidades recaudarán mediante retención a los servidores públicos, en forma creciente y explícita, las cotizaciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la cual aumentará como mínimo en un punto porcentual por año.

En caso de liquidación, de las cajas, fondos, entidades previsionales y empresas del sector público, los empleadores garantizarán la afiliación de sus trabajadores a otra Entidad Promotora de Salud y, mientras éstos logren dicha afiliación, tendrán que garantizar la respectiva protección a sus beneficiarios.

Para las instituciones del orden nacional se aplicarán por analogía las disposiciones laborales de que trata el capítulo 2 del Decreto 2147 de 1992, en especial para preservar los derechos de los trabajadores y pagar las indemnizaciones que resulten de la supresión de los empleos. Igualmente, se harán extensivas las disposiciones consagradas en el Decreto 2151 de 1992 para garantizar la adaptación laboral de los empleados que, por obra de lo aquí dispuesto, se les supriman sus cargos.

Para las instituciones de otro orden distinto del nacional, la respectiva entidad territorial o la junta directiva de los entes autónomos, expedirá la norma correspondiente, observando los principios establecidos en el presente artículo.

Parágrafo 1. En todo caso, los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente Ley se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta Ley.

Parágrafo 2. Las enajenaciones derivadas de los procesos de reorganización aquí mencionados estarán exentos de los impuestos correspondientes.

Parágrafo 3. Las instituciones de seguridad social del orden nacional podrán ser liquidadas cuando así lo solicite la mitad más uno de los afiliados que se expresarán de conformidad con el mecanismo que para el efecto defina el decreto reglamentario. Lo anterior sin perjuicio de que todas las instituciones se sometan a las disposiciones consagradas en la presente Ley”. (Subrayado fuera de texto).

Por su parte el artículo 13 del Decreto 1890 de 1995, por el cual se reglamentan los artículos 130 y 236 de la Ley 100 de 1993, prescribe:

Decreto 1890 de 1995.

“Artículo 13. Autorización para que la entidad continúe prestando el servicio como entidad adaptada. La solicitud para continuar prestando servicios de salud en los términos del tercer inciso el artículo 236 de la Ley 100 de 1993, acompañada de los documentos necesarios para acreditar los requisitos a que se refiere el artículo 10 del presente Decreto, deberá ser presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud a más tardar el 7 de diciembre de 1995.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la Superintendencia Nacional de Salud hará a la entidad interesada las observaciones que estime pertinentes, para que la respectiva entidad pueda aportar los documentos necesarios o efectuar las aclaraciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a esa comunicación.

Si la Superintendencia encuentra que la entidad satisface los requisitos previstos al efecto en este Decreto, informará al Ministerio de Salud, para que el Gobierno Nacional determine las entidades que por cumplir los requisitos previstos pueden continuar prestando servicios de salud en los términos del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, y por ello no requieren transformarse o liquidarse.

Una vez adoptada la decisión correspondiente por el Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud comunicará dicha decisión a las respectivas entidades”.

Como puede observarse, la expresión que se demanda “sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones” es similar a la contenida en el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 cuando dice que las entidades pueden continuar prestando los servicios de salud “a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley”, pues ello precisamente no significa otra cosa sino que, no pueden realizarse nuevas afiliaciones.

Sin embargo, la norma demandada tiene una protección adicional pues dispone que no podrán realizarse nuevas afiliaciones “con excepcion de aquellas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”.

La expresión demandada no vulnera ninguna de las disposiciones señaladas en la demanda sino que es un desarrollo de los preceptos consagrados en la Ley 100 de 1993, uno de los cuales es precisamente el contenido en su preámbulo según el cual “ La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”.

También el artículo 157 de la citada Ley consagra que todos los colombianos deben estar vinculados al Sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente se unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del territorio nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el artículo 162.

Tanto la Ley 100 de 1993 como el Decreto 897 de 1996 respetan los derechos adquiridos al disponer que “cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio que el Plan de Salud Obligatorio los trabajadores vinculados a la vigencia de la presente Ley y hasta el término de la vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los términos del artículo 169”.

La expresión demandada es una consecuente respuesta a las finalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud planteado por la Ley 100 de 1993 que tiene como uno de sus principios fundamentales el de la universalidad. Por ello, el parágrafo 1 del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, antes trascrito, consagra que los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, “se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta ley”.

La expresión demandada “sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones” respecto de los Servicios de Salud de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, no es sino una lógica consecuencia de lo dispuesto en la ley que busca precisamente asegurar la cobertura de la seguridad social en salud a todos los habitantes, pues como lo señaló el Ministerio en la contestación de la demanda, “... la Empresa de Acueducto de Bogotá, no tiene la capacidad legal de asumir la prestación del servicio público de salud a sus funcionarios a través de un sistema diferente al ordenado por la Ley 100 de 1993....”.

Al no configurarse la violación de norma alguna, la Sala denegará, en consecuencia, las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de veintiséis (27) de junio del año dos mil tres.

MANUEL S. URUETA AYOLA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

Ausente con permiso

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE OLGA INES NAVARRETE BARRERO