100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033734SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1100103270002007000260016608200908/10/2009SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032700020070002600_16608_2009_08/10/2009300337332009DEMANDA CONTRA NORMA NO VIGENTE - Procede pronunciamiento de fondo al seguir amparada por presunción de legalidad / PRESUNCION DE LEGALIDAD - La tiene las normas no vigentes que son demandadas / SITUACION JURIDICA PARTICULAR - Los daños ocasionados por una norma ilegal son reparados al demandarse Como asunto previo es preciso señalar que tanto el Decreto 344 de 2007, como las normas que el mismo reglamenta, esto es, los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006, relativos a la conciliación contencioso administrativa tributaria y a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, respectivamente, tuvieron vigencia temporal hasta el 31 de julio de 2007. Es criterio jurisprudencial que aunque los actos acusados han dejado de regir, es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las normas acusadas, puesto que siguen amparadas por la presunción de legalidad. Lo anterior, porque como lo ha reiterado esta Corporación, lo que efectivamente restablece el orden vulnerado es la decisión del juez que anula o declara ajustados a derecho los actos de la Administración. Además, durante el lapso que la norma general tuvo vigencia, pudieron producirse situaciones jurídicas particulares que ameritan la reparación del daño y la restauración del derecho que eventualmente se haya afectado. Criterio que en el caso es válido, porque a pesar de que las normas acusadas perdieron vigencia, su legalidad fue cuestionada; y, es posible que existan situaciones jurídicas que resulten afectadas con la decisión que sobre su legalidad se profiera. FUENTE FORMAL: LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 54 / LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 55 DEVOLUCION, COMPENSACION O IMPUTACION IMPROCEDENTE DE SALDO A FAVOR - Debe ser reintegrado con miras a poder tranzar o conciliar / REINTEGRO DE SALDO A FAVOR DEVUELTO O COMPENSADO EN FORMA IMPROCEDENTE - Se efectúa por el exceso sobre la suma que legalmente le corresponde / CONCILIACION O TRANSACCION TRIBUTARIA - Tiene como requisito sine qua non la presentación de una declaración de corrección / DECLARACION TRIBUTARIA DE CORRECION - La requerida para transar o conciliar sustituye la inicial y tiene el carácter de provocada Y no exceden los parágrafos acusados la disposición legal, por cuanto el primero de ellos, remite a la situación fiscal en que el contribuyente o responsable haya imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor declarado en el mismo denuncio que originó el proceso en curso que pretendiera transar o conciliar, evento en el cual, para hacer efectivo el beneficio debe reintegrar a las arcas Estatales el valor devuelto, imputado o compensado “en exceso”. La condición expuesta, deviene de lo estipulado por el artículo 670 del Estatuto Tributario, cuando parte de la premisa según la cual, una devolución o compensación efectuada a un contribuyente no es “un reconocimiento definitivo a su favor”, pues si la suma devuelta o compensada se modifica posteriormente por un acto oficial, el declarante está obligado, no a reintegrar el total obtenido con la devolución en todos los casos, sino el exceso sobre la suma que legalmente le corresponde con posterioridad a la notificación del acto administrativo objeto del proceso a transar o conciliar. El actor parte de una apreciación errada cuando expone “La exigencia reglamentaria carece de justificación porque los factores que reducen el saldo a favor devuelto, imputado o compensado, son modificados por el acuerdo conciliatorio o transaccional y dicho saldo recobra el valor originalmente declarado por el contribuyente o responsable”, ignorando que para solicitar la conciliación o transacción respecto de un proceso de determinación del tributo, es requisito sine qua non la presentación de una corrección a la declaración que generó el proceso que se pretende terminar, y que dicha declaración, que sustituye en todo a la inicial, tiene el carácter de provocada de las que tratan los artículos 709 y 713 E.T. Por tener la citada connotación, al corregir la declaración, las cifras que contiene la corrección son las registradas en el acto administrativo que se pretende transar, no las de la liquidación privada que originó el saldo a favor, con la única excepción que en el renglón del “saldo a pagar”, se incluye el valor del acto oficial disminuido en el porcentaje autorizado para la transacción o conciliación respectiva. FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 670 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 709 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 713 CONCILIACION O TERMINACION POR MUTUO ACUERDO EN TRIBUTARIO - Requiere la existencia de un proceso en curso en el que se discuta un acto oficial / PROCESO DE DETERMINACION TRIBUTARIO - Tiene características muy diferentes al de devolución improcedente / CONCILIACION SOBRE ACTOS QUE ORDENAN REINTEGRO DE SUMAS DEVUELTAS - Se debe tramitar en proceso aparte del de determinación del tributo cuando existan en forma concurrente En lo que hace al parágrafo 2° ib, éste en el inciso inicial establece que, “Cuando sobre el mismo impuesto y período se encuentre en curso un proceso de determinación oficial del tributo y adicionalmente otro de imposición de sanción por devolución improcedente, el contribuyente podrá dar aplicación a la conciliación o terminación anticipada por separado, en los términos regulados por los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006”. Es claro que el primer requisito que la misma Ley reglamentada exige para la viabilidad de la Conciliación o la Terminación por Mutuo Acuerdo, es la existencia de un proceso en curso en el que se discuta un acto oficial relacionado con impuestos nacionales, ya que si no está en desarrollo la discusión trabada entre el ente administrativo y uno o varios de sus administrados, por ausencia de materia, no habría sobre qué conciliar o transar. Por otra parte, de acuerdo con la normativa tributaria vigente uno es el proceso de determinación y discusión del tributo y otro de características muy diferentes, aunque se inicie como consecuencia del primero, el proceso sancionatorio por devolución improcedente. Y por tratarse de procesos diferentes fue que la Ley 1111 taxativamente estableció una forma y unos parámetros separados para conciliar o transar el acto oficial que propuso o determinó la obligación tributaria y otros cuando se trata de una Resolución que impone sanción independiente como consecuencia de un pliego de cargos, los que por razones legales se tienen que estar tramitando en procesos aparte, ambos en curso para la época de la solicitud del mutuo acuerdo o la conciliación. Resulta errada nuevamente la posición del demandante cuando concluye que una vez transado el acto oficial de determinación “no habría nada que conciliar o transar, porque la sanción ya no podría ser exigible, al perder los fundamentos de hecho o de derecho…”, dado que si bien al transar la liquidación de revisión la ley exonera al contribuyente de pagar el porcentaje autorizado del mayor impuesto y las sanciones, intereses y actualización resultantes de ese acto administrativo, no es dable ignorar que, como lo ha sostenido la DIAN y lo ha reiterado en diversas oportunidades la jurisprudencia, es cierto que la Resolución que impone la sanción por devolución improcedente exige el reintegro de la suma devuelta o compensada en exceso de la que procedía legalmente, junto con los intereses moratorios que a ella corresponden, aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%), pero de éstas, la única que constituye sanción es el 50% de incremento de los intereses, partida que, precisamente por haberse impuesto en un proceso diferente, no pertenece a las sanciones objeto de rebaja al transar o conciliar el proceso de determinación. FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 670 / LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 54 / LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 55 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá, D.C. ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-27-000-2007-00026-00(16608) Actor: VICENTE AMAYA MANTILLA Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Sentencias de NulidadMartha Teresa Briceño De ValenciaMINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO VICENTE AMAYA MANTILLA08/10/2009Decreto 344 de2007Identificadores10030130288true1224303original30128307Identificadores

Fecha Providencia

08/10/2009

Fecha de notificación

08/10/2009

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Martha Teresa Briceño De Valencia

Norma demandada:  Decreto 344 de2007

Demandante:  VICENTE AMAYA MANTILLA

Demandado:  MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO


DEMANDA CONTRA NORMA NO VIGENTE - Procede pronunciamiento de fondo al seguir amparada por presunción de legalidad / PRESUNCION DE LEGALIDAD - La tiene las normas no vigentes que son demandadas / SITUACION JURIDICA PARTICULAR - Los daños ocasionados por una norma ilegal son reparados al demandarse

Como asunto previo es preciso señalar que tanto el Decreto 344 de 2007, como las normas que el mismo reglamenta, esto es, los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006, relativos a la conciliación contencioso administrativa tributaria y a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, respectivamente, tuvieron vigencia temporal hasta el 31 de julio de 2007. Es criterio jurisprudencial que aunque los actos acusados han dejado de regir, es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las normas acusadas, puesto que siguen amparadas por la presunción de legalidad. Lo anterior, porque como lo ha reiterado esta Corporación, lo que efectivamente restablece el orden vulnerado es la decisión del juez que anula o declara ajustados a derecho los actos de la Administración. Además, durante el lapso que la norma general tuvo vigencia, pudieron producirse situaciones jurídicas particulares que ameritan la reparación del daño y la restauración del derecho que eventualmente se haya afectado. Criterio que en el caso es válido, porque a pesar de que las normas acusadas perdieron vigencia, su legalidad fue cuestionada; y, es posible que existan situaciones jurídicas que resulten afectadas con la decisión que sobre su legalidad se profiera.

FUENTE FORMAL: LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 54 / LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 55

DEVOLUCION, COMPENSACION O IMPUTACION IMPROCEDENTE DE SALDO A FAVOR - Debe ser reintegrado con miras a poder tranzar o conciliar / REINTEGRO DE SALDO A FAVOR DEVUELTO O COMPENSADO EN FORMA IMPROCEDENTE - Se efectúa por el exceso sobre la suma que legalmente le corresponde / CONCILIACION O TRANSACCION TRIBUTARIA - Tiene como requisito sine qua non la presentación de una declaración de corrección / DECLARACION TRIBUTARIA DE CORRECION - La requerida para transar o conciliar sustituye la inicial y tiene el carácter de provocada

Y no exceden los parágrafos acusados la disposición legal, por cuanto el primero de ellos, remite a la situación fiscal en que el contribuyente o responsable haya imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor declarado en el mismo denuncio que originó el proceso en curso que pretendiera transar o conciliar, evento en el cual, para hacer efectivo el beneficio debe reintegrar a las arcas Estatales el valor devuelto, imputado o compensado “en exceso”. La condición expuesta, deviene de lo estipulado por el artículo 670 del Estatuto Tributario, cuando parte de la premisa según la cual, una devolución o compensación efectuada a un contribuyente no es “un reconocimiento definitivo a su favor”, pues si la suma devuelta o compensada se modifica posteriormente por un acto oficial, el declarante está obligado, no a reintegrar el total obtenido con la devolución en todos los casos, sino el exceso sobre la suma que legalmente le corresponde con posterioridad a la notificación del acto administrativo objeto del proceso a transar o conciliar. El actor parte de una apreciación errada cuando expone “La exigencia reglamentaria carece de justificación porque los factores que reducen el saldo a favor devuelto, imputado o compensado, son modificados por el acuerdo conciliatorio o transaccional y dicho saldo recobra el valor originalmente declarado por el contribuyente o responsable”, ignorando que para solicitar la conciliación o transacción respecto de un proceso de determinación del tributo, es requisito sine qua non la presentación de una corrección a la declaración que generó el proceso que se pretende terminar, y que dicha declaración, que sustituye en todo a la inicial, tiene el carácter de provocada de las que tratan los artículos 709 y 713 E.T. Por tener la citada connotación, al corregir la declaración, las cifras que contiene la corrección son las registradas en el acto administrativo que se pretende transar, no las de la liquidación privada que originó el saldo a favor, con la única excepción que en el renglón del “saldo a pagar”, se incluye el valor del acto oficial disminuido en el porcentaje autorizado para la transacción o conciliación respectiva.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 670 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 709 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 713

CONCILIACION O TERMINACION POR MUTUO ACUERDO EN TRIBUTARIO - Requiere la existencia de un proceso en curso en el que se discuta un acto oficial / PROCESO DE DETERMINACION TRIBUTARIO - Tiene características muy diferentes al de devolución improcedente / CONCILIACION SOBRE ACTOS QUE ORDENAN REINTEGRO DE SUMAS DEVUELTAS - Se debe tramitar en proceso aparte del de determinación del tributo cuando existan en forma concurrente

En lo que hace al parágrafo 2° ib, éste en el inciso inicial establece que, “Cuando sobre el mismo impuesto y período se encuentre en curso un proceso de determinación oficial del tributo y adicionalmente otro de imposición de sanción por devolución improcedente, el contribuyente podrá dar aplicación a la conciliación o terminación anticipada por separado, en los términos regulados por los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006”. Es claro que el primer requisito que la misma Ley reglamentada exige para la viabilidad de la Conciliación o la Terminación por Mutuo Acuerdo, es la existencia de un proceso en curso en el que se discuta un acto oficial relacionado con impuestos nacionales, ya que si no está en desarrollo la discusión trabada entre el ente administrativo y uno o varios de sus administrados, por ausencia de materia, no habría sobre qué conciliar o transar. Por otra parte, de acuerdo con la normativa tributaria vigente uno es el proceso de determinación y discusión del tributo y otro de características muy diferentes, aunque se inicie como consecuencia del primero, el proceso sancionatorio por devolución improcedente. Y por tratarse de procesos diferentes fue que la Ley 1111 taxativamente estableció una forma y unos parámetros separados para conciliar o transar el acto oficial que propuso o determinó la obligación tributaria y otros cuando se trata de una Resolución que impone sanción independiente como consecuencia de un pliego de cargos, los que por razones legales se tienen que estar tramitando en procesos aparte, ambos en curso para la época de la solicitud del mutuo acuerdo o la conciliación. Resulta errada nuevamente la posición del demandante cuando concluye que una vez transado el acto oficial de determinación “no habría nada que conciliar o transar, porque la sanción ya no podría ser exigible, al perder los fundamentos de hecho o de derecho…”, dado que si bien al transar la liquidación de revisión la ley exonera al contribuyente de pagar el porcentaje autorizado del mayor impuesto y las sanciones, intereses y actualización resultantes de ese acto administrativo, no es dable ignorar que, como lo ha sostenido la DIAN y lo ha reiterado en diversas oportunidades la jurisprudencia, es cierto que la Resolución que impone la sanción por devolución improcedente exige el reintegro de la suma devuelta o compensada en exceso de la que procedía legalmente, junto con los intereses moratorios que a ella corresponden, aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%), pero de éstas, la única que constituye sanción es el 50% de incremento de los intereses, partida que, precisamente por haberse impuesto en un proceso diferente, no pertenece a las sanciones objeto de rebaja al transar o conciliar el proceso de determinación.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTICULO 670 / LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 54 / LEY 1111 DE 2006 - ARTICULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Bogotá, D.C. ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-27-000-2007-00026-00(16608)

Actor: VICENTE AMAYA MANTILLA

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FALLO

Decide la Sala la acción de nulidad instaurada por el actor, contra los parágrafos 1° y 2° del artículo 7° del Decreto 344 de 8 de febrero de 2007, reglamentario de los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006

EL ACTO DEMANDADO

El texto de los parágrafos demandados, dice:

Artículo 7°. Pago del valor objeto de la conciliación contenciosa o de la terminación por mutuo acuerdo. […]

“Parágrafo 1°. Si el contribuyente o responsable ha imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor liquidado en su declaración privada, para la procedencia de la conciliación o terminación deberá reintegrar a la administración tributaria el valor correspondiente al valor devuelto, imputado o compensado en exceso.

“Parágrafo 2°. Cuando sobre el mismo impuesto y período se encuentre en curso un proceso de determinación oficial del tributo y adicionalmente otro de imposición de sanción por devolución improcedente, el contribuyente podrá dar aplicación a la conciliación o terminación anticipada por separado, en los términos regulados por los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006.

“En este caso el valor de la sanción por devolución improcedente, base para la conciliación o transacción corresponde al incremento del cincuenta por ciento (50%) de los intereses, calculados sobre el valor aprobado por el comité en la conciliación o terminación en el proceso de determinación del impuesto.”

LA DEMANDA

El ciudadano VICENTE AMAYA MANTILLA, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, demanda la nulidad de los parágrafos 1° y 2° del artículo 7° del Decreto Reglamentario 344 de 2007.

Invocó como normas violadas los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006, por los cuales se autorizó la terminación anticipada de los procesos judiciales y administrativos en los que se discuten los mayores impuestos y sanciones determinados oficialmente a cargo de los contribuyentes o responsables de los tributos nacionales y permitió que al conciliar o transar y pagar parcialmente los tributos discutidos, se condonara o disminuyera el valor restante y el total de las sanciones, intereses y actualización de las deudas impugnadas.

El concepto de violación se sintetiza así:

1. El parágrafo 1° acusado viola las normas superiores al exigir al contribuyente o responsable, el reintegro del saldo a favor devuelto, imputado o compensado, como requisito para acceder a la conciliación contencioso administrativa o la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios.

Tal exigencia desconoce la norma legal, de una parte porque no la contiene y fue agregada arbitraria e ilegalmente en la disposición acusada, y de otra, porque la ley exonera en los porcentajes autorizados del pago del mayor impuesto, las sanciones, intereses y actualización de la obligación discutida.

Resulta contradictorio que sin disminución alguna, se exija pagar tales valores para acceder a la rebaja de los mismos, pues el querer del legislador es el de establecer una forma anticipada de terminación de los procesos judiciales y administrativos.

La exigencia reglamentaria carece de justificación porque los factores que reducen el saldo a favor devuelto, imputado o compensado, son modificados por el acuerdo conciliatorio o transaccional y dicho saldo recobra el valor originalmente declarado por el contribuyente o responsable, toda vez que éste paga un porcentaje del mayor impuesto o sanción liquidados oficialmente a su cargo y la Ley 1111 de 2006 [art. 54 y 55], lo libera de la diferencia.

Concluye que requerir tal reintegro constituye denegación del beneficio tributario consagrado en la ley, lo que justifica la nulidad impetrada.

2. El parágrafo 2° establece la “necesidad” de conciliar o transar la sanción por devolución improcedente, cuyo valor corresponde “al incremento del cincuenta por ciento (50%) de los intereses, calculados sobre el valor aprobado por el comité en la conciliación o terminación en el proceso de determinación del impuesto”, sin tener en cuenta que como resultado de la transacción o terminación por mutuo acuerdo, desaparece el fundamento de hecho y de derecho de dicha sanción, pues el acto administrativo correspondiente sustituye la liquidación oficial que disminuyó el saldo a favor, el cual tiene carácter de “cosa juzgada”.

La norma reglamentaria, torna la conciliación o transacción de la sanción por devolución improcedente, necesaria, “porque, de no conciliarse o transarse la sanción de acuerdo con la norma acusada, y pese a que se haya conciliado o transado la liquidación oficial origen de la misma, aquélla sería exigible pues superviviría pese a las disminuciones obtenidas en la conciliación o transacción previas al acto de determinación oficial del tributo, haciendo nugatorios sus efectos sobre el saldo a favor devuelto, compensado o imputado y desconociendo el vínculo de causa – efecto que tiene la liquidación oficial con la resolución de sanción”.

Según el inciso segundo del artículo 670 del Estatuto Tributario, el fundamento de esta sanción es, el rechazo o modificación del saldo a favor objeto de devolución o compensación por liquidación oficial; pero dicho saldo se reestablece cuando el contribuyente o responsable, para acceder a la conciliación o a la terminación del proceso por mutuo acuerdo, paga total o parcialmente el mayor impuesto liquidado a su cargo, o parcialmente la sanción establecida en los actos de determinación oficial que disminuyeron el saldo a favor declarado devuelto o compensado y los valores restantes son eliminados como efecto del beneficio consagrado en la ley, con lo que desaparece la razón jurídica que justifica la mencionada sanción por devolución improcedente.

En este entendido no habría nada que conciliar o transar, porque la sanción ya no podría ser exigible, al perder los fundamentos de hecho o de derecho como lo dispone el numeral 2 del artículo 66 del C.C.A., que consagra la figura de “decaimiento del acto administrativo”.

La norma demandada pretende que el contribuyente aplique el procedimiento de la conciliación o de terminación por mutuo acuerdo sobre la sanción por devolución improcedente, lo que conlleva el pago del 80% de la misma y su actualización [art. 54, L1111/06], o el 50% o 75% de la sanción en discusión [art. 55 ib] y con ello se ignora el efecto de la conciliación o transacción efectuada sobre la liquidación oficial.

Uno de los efectos de dichos mecanismos de terminación anticipada de los procesos, es la condonación del valor total de las sanciones e intereses derivadas de las liquidaciones oficiales discutidas, como lo indican los incisos 1º y 2º del artículo 54 y los literales a) y b) del 55 de la ley 1111 de 2006, por lo que mal puede sobrevivir la sanción por devolución improcedente, la cual es consecuencia directa de las modificaciones introducidas al saldo a favor en las liquidaciones de corrección o de revisión, y está conformada por intereses, sin distingo alguno, incrementados en un 50%, por lo que al referirse a “intereses” deben entenderse todos, incluidos los sancionatorios de que trata el inciso segundo del artículo 670 del Estatuto Tributario.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL

En capítulo aparte de la demanda solicitó la suspensión provisional de las normas demandadas, negada mediante auto de 21 de junio de 2007 [fl. 29].

LA OPOSICIÓN

La apoderada de la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opone a las pretensiones de la demanda; expone como razones de defensa las siguientes:

La sanción por devolución improcedente, regulada en el artículo 670 del Estatuto Tributario, incluye no sólo los intereses moratorios que correspondan, incrementados en un 50%, sino también el reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso, en forma tan clara que no cabe interpretación distinta al sentido literal de la disposición.

El pago que efectúe el contribuyente para acceder a la conciliación o terminación por mutuo acuerdo en relación con la liquidación oficial, no lo exonera de pagar la sanción por improcedencia de la devolución, originada en un proceso administrativo distinto.

La base para la liquidación de esta sanción es, la suma devuelta en exceso, esto es, la diferencia entre el saldo a favor declarado -que pidió en devolución y/o compensación- y el determinado oficialmente en la liquidación oficial.

El artículo 670 ib., establece que las devoluciones y/o compensaciones, no constituyen un reconocimiento definitivo a favor del contribuyente, dado que la Administración de Impuestos está facultada para modificar las declaraciones, caso en el cual, la devolución y/o compensación, efectuada deviene en improcedente.

Con fundamento en el artículo 634 del E. T., expresa que los intereses moratorios se causan por el pago no oportuno de los impuestos, anticipos y retenciones y que los intereses de que trata el artículo 670, se liquidan sobre la suma devuelta y/o compensada en exceso.

Afirma que los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006 regulan la conciliación y la terminación de los procesos administrativos por mutuo acuerdo, según la etapa en que se encuentre el proceso de determinación del tributo o el sancionatorio.

Actuaciones independientes y diferenciables, no excluyentes, recogidas la mencionada Ley, sin que se efectuará cambio procesal alguno, por lo cual siguen siendo coetáneos y puede el contribuyente beneficiarse con un pago menor, si así lo decide.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte actora insiste en la nulidad de las normas que reglamentan la conciliación contencioso administrativa tributaria y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos de carácter impositivo de que tratan los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006 y pide se dé aplicación al criterio expuesto por la Sala en sentencia del 5 de julio de 2007 proferida dentro del proceso radicado bajo el número 25000-23-27-000-2005-00617-01-16001, C.P Dr Juan Ángel Palacio Hincapié.

La demandada reitera los argumentos expuestos al oponerse a las pretensiones.

La Procuradora Sexta Delegada ante esta Corporación solicita se acceda parcialmente a las súplicas de la demanda y en consecuencia se declare la nulidad del parágrafo 1° y se niegue la del 2°.

Luego de la confrontación de las normas demandadas con las presuntamente infringidas, observó que en condiciones normales, como consecuencia del rechazo o modificación del saldo a favor, procede el reintegro de las sumas devueltas en exceso más los intereses moratorios, como lo ordena el artículo 670 del Estatuto Tributario, intereses que se aumentan en el 50%, aspecto en el cual consiste la sanción por la devolución improcedente que el mismo precepto determina.

Sin embargo, el artículo 6 del Decreto 344 de 2006 establece que la diferencia entre el saldo a favor declarado y el determinado oficialmente, resulta conciliada y por tanto se entiende que no queda pendiente de reintegro por parte del contribuyente ningún valor.

Así, si precisamente el valor devuelto, imputado o compensado en exceso por el contribuyente, constituye la diferencia objeto de conciliación con la Administración y con base en ella procedería el reintegro, no puede el contribuyente al mismo tiempo que solicita la transacción sobre esa diferencia, efectuar el reintegro correspondiente, pues desaparecería el monto sobre el cual se realiza la transacción.

Si el contribuyente reintegra el exceso devuelto, imputado o compensado, ello equivale a que acepta en su totalidad la diferencia encontrada por la Administración, lo cual implica consolidar el impuesto como se determinó oficialmente, finalidad que no es la prevista en las normas superiores que por el contrario permiten una aceptación parcial de la diferencia –en el porcentaje indicado en la ley– razón por la que el parágrafo 1º las contradice y por ello debe retirarse del ordenamiento jurídico.

En cuanto al parágrafo 2, indica que el inciso 1° ratifica la independencia entre la determinación oficial del impuesto y la aplicación de la sanción por devolución improcedente, por lo que resulta viable que la conciliación se tramite por separado, sin que exista contradicción con lo dispuesto en la norma superior, que tan solo prevé distintos porcentajes, según el trámite administrativo o jurisdiccional en que se encuentren.

Frente al inciso 2° advirtió que debe tenerse en cuenta que el incremento del 50% de los intereses en que establece el valor de la sanción para efectos de la conciliación, corresponde a lo previsto en el artículo 670 del Estatuto Tributario y que si bien se refiere solamente a los intereses, por tratarse de la sanción por devolución improcedente, tal referencia debe entenderse hecha a los intereses moratorios.

Cuando se trata de la conciliación de una sanción por devolución improcedente, es coherente calcular los intereses en que ésta consiste, sobre el valor aprobado por el comité en la conciliación o terminación en el proceso de determinación del impuesto, porque de éste depende el valor en exceso, a su vez objeto de conciliación, razón por la que el parágrafo 2 debe mantenerse.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los parágrafos 1° y 2° del artículo 7° del Decreto 344 de 8 de febrero de 2007, reglamentario de los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006.

El demandante sostiene que las normas acusadas exceden la facultad reglamentaria; el parágrafo 1° al exigir el reintegro del valor devuelto, imputado o compensado en exceso, sin rebaja alguna, como requisito para acceder a la conciliación o la terminación por mutuo acuerdo; y el parágrafo 2° al revivir los intereses a título de sanción por devolución improcedente y con ello desconocer los efectos de la conciliación o de la transacción de los valores determinados en la liquidación oficial del tributo.

Como asunto previo es preciso señalar que tanto el Decreto 344 de 2007, como las normas que el mismo reglamenta, esto es, los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006[1], relativos a la conciliación contencioso administrativa tributaria y a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, respectivamente, tuvieron vigencia temporal –hasta el 31 de julio de 2007.

Es criterio jurisprudencial que aunque los actos acusados han dejado de regir, es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las normas acusadas, puesto que siguen amparadas por la presunción de legalidad. Lo anterior, porque como lo ha reiterado esta Corporación, lo que efectivamente restablece el orden vulnerado es la decisión del juez que anula o declara ajustados a derecho los actos de la Administración[2]. Además, durante el lapso que la norma general tuvo vigencia, pudieron producirse situaciones jurídicas particulares que ameritan la reparación del daño y la restauración del derecho que eventualmente se haya afectado[3].

Criterio que en el caso es válido, porque a pesar de que las normas acusadas perdieron vigencia, su legalidad fue cuestionada; y, es posible que existan situaciones jurídicas que resulten afectadas con la decisión que sobre su legalidad se profiera.

El texto de los artículos de la Ley 1111 de 2006, reglamentados por el Decreto 344 de 2007 es el siguiente:

“ARTÍCULO 54. CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta Ley, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar hasta el día 31 de julio del año 2007, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta un veinte por ciento (20%) del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto en discusión.

“Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por ciento (20%) el valor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por ciento (80%) del valor de la sanción y su actualización, según el caso.

“Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en única instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, se podrá conciliar sólo el valor total de las sanciones e intereses, siempre que el contribuyente o responsable pague el ciento por ciento (100%) del mayor impuesto en discusión.

“Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de:

a) La liquidación privada de impuesto sobre la renta por el año gravable 2005 cuando se trate de un proceso por dicho impuesto;

b) Las declaraciones del impuesto a las ventas correspondientes al año 2006, cuando se trata de un proceso por dicho impuesto;

c) Las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al año 2006, cuando se trate de un proceso por este concepto;

d) De los valores conciliados, según el caso.

“El acuerdo conciliatorio prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.

“Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de 1998 y el Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le sean contrarias.

“Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del impuesto al consumo.

“No se aplicará esta disposición para los procesos que se encuentren en recurso de súplica.

“ARTÍCULO 55. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta Ley, Requerimiento Especial, Pliego de Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución que impone sanción, podrán transar hasta el 31 de julio del año 2007 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, en el evento de no haberse notificado liquidación oficial; siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;

“b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;

“c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50%) de la sanción propuesta;

d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la sanción impuesta.

“Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto de renta por el año gravable de 2005, del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o retención según el caso correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago o acuerdo de pago de los valores transados según el caso.

“La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.

“Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 424 del Estatuto Tributario.

“Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del impuesto al consumo.”[4]

El actor argumenta inicialmente un pretendido exceso en la facultad reglamentaria, de la norma demandada frente a la que reglamenta.

Al respecto es pertinente recordar que la función del Decreto Reglamentario es, sin que pueda contener disposiciones contrarias a la ley que reglamenta, desarrollar el texto de la misma y llenar los vacíos que esta contenga, suministrando las explicaciones que la misma ley no discrimine, para su correcta aplicación.

Por tanto, si el texto del Decreto no contraría lo enunciado por la ley, mal se puede hablar de exceso alguno frente a la misma.

Y no exceden los parágrafos acusados la disposición legal, por cuanto el primero de ellos, remite a la situación fiscal en que el contribuyente o responsable haya imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor declarado en el mismo denuncio que originó el proceso en curso que pretendiera transar o conciliar, evento en el cual, para hacer efectivo el beneficio debe reintegrar a las arcas Estatales el valor devuelto, imputado o compensado “en exceso”.

La condición expuesta, deviene de lo estipulado por el artículo 670 del Estatuto Tributario[5], cuando parte de la premisa según la cual, una devolución o compensación efectuada a un contribuyente no es “un reconocimiento definitivo a su favor”, pues si la suma devuelta o compensada se modifica posteriormente por un acto oficial, el declarante está obligado, no a reintegrar el total obtenido con la devolución en todos los casos, sino el exceso sobre la suma que legalmente le corresponde con posterioridad a la notificación del acto administrativo objeto del proceso a transar o conciliar.

El actor parte de una apreciación errada cuando expone “La exigencia reglamentaria carece de justificación porque los factores que reducen el saldo a favor devuelto, imputado o compensado, son modificados por el acuerdo conciliatorio o transaccional y dicho saldo recobra el valor originalmente declarado por el contribuyente o responsable, ignorando que para solicitar la conciliación o transacción respecto de un proceso de determinación del tributo, es requisito sine qua non la presentación de una corrección a la declaración que generó el proceso que se pretende terminar, y que dicha declaración, que sustituye en todo a la inicial, tiene el carácter de provocada de las que tratan los artículos 709[6] y 713[7] E.T.

Por tener la citada connotación, al corregir la declaración, las cifras que contiene la corrección son las registradas en el acto administrativo que se pretende transar, no las de la liquidación privada que originó el saldo a favor, con la única excepción que en el renglón del “saldo a pagar”, se incluye el valor del acto oficial disminuido en el porcentaje autorizado para la transacción o conciliación respectiva.

Esto, por cuanto el mutuo acuerdo o la conciliación se concibieron como un acuerdo monetario con fines de economía procesal y de recaudo inmediato, en el que el contribuyente se allana a las glosas propuestas o determinadas por el ente fiscal y paga el importe del acto oficial, rebajado en el porcentaje que la ley le otorga como contraprestación, rebaja que solo aplica sobre el exceso impuesto por el acto administrativo, el cual no existía cuando se realizó la devolución, pero que en todo caso implica una aceptación de la actuación oficial discutida en el proceso que se finiquita y tiene un efecto muy diferente a cuando mediante pruebas el declarante desvirtúa los rechazos contenidos en el acto administrativo, ya que en este último evento sí, como lo expone el actor “dicho saldo recobra el valor originalmente declarado por el contribuyente o responsable”.

De lo anterior se concluye que al constituir la voluntad de acogerse a la transacción o conciliación, una aceptación tácita de los actos oficiales discutidos, es apenas lógico que se exija para obtener dicho beneficio el reintegro de las sumas devueltas, compensadas e imputadas en exceso, lo que no quiere decir – ni el parágrafo demandado hace referencia a esto- que el reintegro no se subsuma en la cantidad pagada para transar o conciliar, de donde no excede la norma demandada la potestad reglamentaria, ni el texto de la ley que reglamenta.

En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 7 de diciembre de 2006[8]

En lo que hace al parágrafo 2° ib, éste en el inciso inicial establece que, “Cuando sobre el mismo impuesto y período se encuentre en curso un proceso de determinación oficial del tributo y adicionalmente otro de imposición de sanción por devolución improcedente, el contribuyente podrá dar aplicación a la conciliación o terminación anticipada por separado, en los términos regulados por los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006”.

Es claro que el primer requisito que la misma Ley reglamentada exige para la viabilidad de la Conciliación o la Terminación por Mutuo Acuerdo, es la existencia de un proceso en curso en el que se discuta un acto oficial relacionado con impuestos nacionales, ya que si no está en desarrollo la discusión trabada entre el ente administrativo y uno o varios de sus administrados, por ausencia de materia, no habría sobre qué conciliar o transar.

Por otra parte, de acuerdo con la normativa tributaria vigente uno es el proceso de determinación y discusión del tributo[9] y otro de características muy diferentes, aunque se inicie como consecuencia del primero, el proceso sancionatorio por devolución improcedente,[10] posición avalada por diversas Sentencias del Consejo de Estado las cuales reiteran que los actos sancionatorios que ordenan el reintegro de sumas devueltas o compensadas, hacen parte de una actuación oficial diferente al proceso de determinación oficial del tributo[11].

Es así como, no siempre que se profiera una Liquidación de Revisión para sustituir una declaración tributaria con saldo a favor que haya sido imputado, compensado o solicitado en devolución, se inicia en forma automática el proceso sancionatorio aludido, por cuanto este requiere agotar un procedimiento separado, que culmina con la notificación de una Resolución independiente, con oportunidad de ser recurrida también en un proceso aparte.

Y por tratarse de procesos diferentes fue que la Ley 1111 taxativamente estableció una forma y unos parámetros separados para conciliar o transar el acto oficial que propuso o determinó la obligación tributaria[12] y otros cuando se trata de una Resolución que impone sanción independiente como consecuencia de un pliego de cargos[13], los que por razones legales se tienen que estar tramitando en procesos aparte, ambos en curso para la época de la solicitud del mutuo acuerdo o la conciliación.

Resulta errada nuevamente la posición del demandante cuando concluye que una vez transado el acto oficial de determinación “no habría nada que conciliar o transar, porque la sanción ya no podría ser exigible, al perder los fundamentos de hecho o de derecho…”, dado que si bien al transar la liquidación de revisión la ley exonera al contribuyente de pagar el porcentaje autorizado del mayor impuesto y las sanciones, intereses y actualización resultantes de ese acto administrativo, no es dable ignorar que, como lo ha sostenido la DIAN y lo ha reiterado en diversas oportunidades la jurisprudencia, es cierto que la Resolución que impone la sanción por devolución improcedente exige el reintegro de la suma devuelta o compensada en exceso de la que procedía legalmente, junto con los intereses moratorios que a ella corresponden, aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%)[14], pero de éstas, la única que constituye sanción es el 50% de incremento de los intereses, partida que, precisamente por haberse impuesto en un proceso diferente, no pertenece a las sanciones objeto de rebaja al transar o conciliar el proceso de determinación.

Coherente con lo anterior, el último inciso demandado expone: “En este caso el valor de la sanción por devolución improcedente, base para la conciliación o transacción corresponde al incremento del cincuenta por ciento (50%) de los intereses, calculados sobre el valor aprobado por el comité en la conciliación o terminación en el proceso de determinación del impuesto.”

Completa este acápite legal la explicación sobre la forma de efectuar el pago para acceder a la transacción o conciliación de la sanción por devolución improcedente, haciendo claridad en que al transar la liquidación oficial, dentro de lo pagado se reintegró lo que había sido devuelto o compensado “en exceso” y se perdonó el pago de los intereses sobre dicha suma.

Sin embargo, luego de agotar dicho procedimiento, subsiste la sanción propiamente dicha, o sea, el 50% de los intereses que si bien no se deben pagar, se tienen que calcular teóricamente “sobre el valor aprobado por el comité en la conciliación o terminación en el proceso de determinación del impuesto”, para luego aplicarles el citado 50% y a dicho resultado aplicar el porcentaje establecido por la ley para que mediante su pago quede transado o conciliado el proceso sancionatorio, pues de lo contrario aunque ya no tendría el contribuyente que reintegrar lo devuelto ni pagar intereses, subsistiría la obligación de cancelar la sanción (50% de incremento de intereses) completa.

Por tanto, el parágrafo acusado lo que hace es precisar la base de determinación de la sanción, sin desconocer los efectos que el proceso de determinación tiene sobre el de imposición de la sanción por devolución improcedente. Al respecto la Sala ha reiterado que los actos sancionatorios que ordenan el reintegro de sumas devueltas o compensadas, hacen parte de una actuación oficial diferente al proceso de determinación oficial del tributo[15].

En consecuencia, tratándose de la conciliación o terminación anticipada de actos que imponen sanción por improcedencia de la devolución o compensación, es legal calcular el monto de la misma sobre el valor aprobado por el comité especial en la conciliación o terminación en el proceso de liquidación oficial del mismo tributo y período.

De otra parte, en cuanto a la solicitud del demandante de darse aplicación al criterio expuesto en la sentencia del 5 de julio de 2007, expediente 16001, se destaca que en dicha oportunidad, al resolver sobre la legalidad de actos de imposición de la sanción por devolución improcedente, esta Corporación luego del análisis de los elementos de prueba, encontró que no había lugar a ordenar el reintegro de suma alguna, debido a que el saldo a favor liquidado con motivo de la conciliación en ese caso particular, fue inferior al inicialmente declarado por el contribuyente.

En síntesis, será en cada caso y de acuerdo a las circunstancias particulares, que deberá analizarse, si al conciliar o terminar por anticipado el proceso de determinación, se dan los presupuestos legales para dar por terminado el de imposición de la sanción por improcedencia de la devolución o compensación.

Dado que el parágrafo 2° acusado, se ajusta a las normas reglamentadas, no se accederá a la pretensión del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

NIÉGASE la nulidad de los parágrafos 1° y del artículo 7° del Decreto 344 de 8 de febrero de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese, archívese. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

Martha Teresa Briceño De Valencia Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Presidente de la Sección
William Giraldo Giraldo Héctor J. Romero Díaz



[1] Ley publicada el 27 de diciembre de 2006. D.O. 46.494.

[2] Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de enero de 1991, Exp. S-157, C.P. Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, reiterada en sentencias de Sala Plena del 6 de marzo de 1991, Exp. S-148, C.P Dr. Jaime Abella Zárate, de 23 de julio de 1996, Exp. S-612, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, citadas en sentencia de 7 de diciembre de 2006, Exp. 14983, C.P. Dr. Héctor Romero Díaz, entre otras.

[3] Ibídem

[4] Los apartes subrayados de los dos artículos fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-809 de 3 de octubre de 2007, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

[5] Artículo 670 E.T. “Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios o sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso mas los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%)…”

[6] Artículo 709 E.T. “Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento (…). Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida…”

[7] Artículo 713 E.T. “Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación (…) Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados…”

[8] Expediente 14983. C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

[9] Artículos 697 a 741 E.T.

[10] Artículo 670 E.T.

[11] Sentencias de 19 de julio de 2002, Exp. 12866 y 12934, C.P. Dra. Ligia López Díaz, de 23 de febrero de 1996, Exp. 7463 C.P. Dr. Julio E. Correa R. y de 5 de junio de 2008, Expediente 76001-23-25-000-2000-00754-01(15869), C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

[12] Ley 1111 de 2006 artículo 54 inciso 1° y artículo 55 literales a) y b).

[13] Ley 1111 de 2006 artículo 54 inciso 2° y artículo 55 literales c) y d).

[14]Artículo 670 E.T. “SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES. [Modificado por el artículo 131 de la Ley 223 de 1995] Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.

Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados éstos últimos en un cincuenta por ciento (50%).Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”.

[15] Sentencias de 19 de julio de 2002, Exp. 12866 y 12934, C.P. Dra. Ligia López Díaz, de 23 de febrero de 1996, Exp. 7463 C.P. Dr. Julio E. Correa R. y de 5 de junio de 2008, Expediente 76001-23-25-000-2000-00754-01(15869), C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.