100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033642SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo2231199407/02/1994SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo____2231_1994_07/02/1994300336411994ADJUDICACION NO FORMAL / LICENCIA DE INICIACION DE LABORES / DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS / SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION - Vigilancia La Sala, al igual que el Ministerio Público y la parte demandada, no advierte en qué pueda consistir la infracción que afirma el actor, pues mientras las disposiciones que se estiman infringidas, se remiten a señalar como función de la Dirección General de Educación de Adultos, el fomentar los programas de educación no formal para jóvenes y adultos, las normas acusadas se dirigen sólo a señalar requisitos y trámites o procedimientos elementales y necesarios que el Estado puede y debe exigir con el propósito de obtener un normal y adecuado funcionamiento de los institutos que impartan educación no formal, en desarrollo y cumplimiento de su función de inspección y vigilancia de la educación que se consagraba en el articulo 41 de la anterior Constitución y hoy se establece en el artículo 67 de la nueva Carta Política. Cabría agregar que tales requisitos no son más que un mínimo de condiciones para garantizar que la educación no formal sea prestada por instituciones serias, idóneas y estables, y constituyen, a su vez, un estímulo a los usuarios para optar por su ingreso a una institución que tenga el reconocimiento y supervisión oficial, como bien lo plantea la colaboradora del Ministerio Público. Las disposiciones demandadas en este cargo son un claro reflejo del ejercicio de la función de inspección y vigilancia que le asiste al Estado, con el fin de velar por la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines, en procura de una mejor formación intelectual y moral de sus educandos y de garantizar su eficiente gestión, por lo cual deviene descaminado pretender que se vulnera las citadas normas constitucionales, siendo que la actitud del Gobierno a través de los mencionados preceptos reglamentarios, no refleja cosa distinta al ejercicio de la atribución que se le asigna a través del articulo 67 de la Carta, desarrollando la preceptiva legal que dice reglamentar, pues la intervención del Estado en la educación se ejerce por intermedio del Congreso y del Presidente de la República en sus respectivas esferas legislativa y administrativa. En relación concretamente con el pretendido trato desigual a la educación no formal frente a la educación formal, para la Sala es evidente que la diferente regulación establecida para esas dos clases de educación, obedece a las características propias de cada una de ellas, sin que pueda afirmarse que ello implique un atentado a la dignidad o a la igualdad de las personas. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. (1994) Radicación número: 2231 Actor: JAIME ROCHA GARCIA Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sección Primera procede a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por el ciudadano Jaime Rocha García, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C. C. A., contra la primera parte del artículo 47 y la totalidad de los artículos 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 y 66 del Decreto Reglamentario 525 de 6 de marzo de 1990, expedido por el Gobierno Nacional.
Sentencias de NulidadLibardo Rodríguez RodríguezGOBIERNO NACIONALJAIME ROCHA GARCIA7/2/1994Decreto 525 de 1990Identificadores10030129566true1223532original30127607Identificadores

Fecha Providencia

07/02/1994

Fecha de notificación

7/2/1994

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Libardo Rodríguez Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 525 de 1990

Demandante:  JAIME ROCHA GARCIA

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


ADJUDICACION NO FORMAL / LICENCIA DE INICIACION DE LABORES / DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS / SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION - Vigilancia

La Sala, al igual que el Ministerio Público y la parte demandada, no advierte en qué pueda consistir la infracción que afirma el actor, pues mientras las disposiciones que se estiman infringidas, se remiten a señalar como función de la Dirección General de Educación de Adultos, el fomentar los programas de educación no formal para jóvenes y adultos, las normas acusadas se dirigen sólo a señalar requisitos y trámites o procedimientos elementales y necesarios que el Estado puede y debe exigir con el propósito de obtener un normal y adecuado funcionamiento de los institutos que impartan educación no formal, en desarrollo y cumplimiento de su función de inspección y vigilancia de la educación que se consagraba en el articulo 41 de la anterior Constitución y hoy se establece en el artículo 67 de la nueva Carta Política. Cabría agregar que tales requisitos no son más que un mínimo de condiciones para garantizar que la educación no formal sea prestada por instituciones serias, idóneas y estables, y constituyen, a su vez, un estímulo a los usuarios para optar por su ingreso a una institución que tenga el reconocimiento y supervisión oficial, como bien lo plantea la colaboradora del Ministerio Público. Las disposiciones demandadas en este cargo son un claro reflejo del ejercicio de la función de inspección y vigilancia que le asiste al Estado, con el fin de velar por la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines, en procura de una mejor formación intelectual y moral de sus educandos y de garantizar su eficiente gestión, por lo cual deviene descaminado pretender que se vulnera las citadas normas constitucionales, siendo que la actitud del Gobierno a través de los mencionados preceptos reglamentarios, no refleja cosa distinta al ejercicio de la atribución que se le asigna a través del articulo 67 de la Carta, desarrollando la preceptiva legal que dice reglamentar, pues la intervención del Estado en la educación se ejerce por intermedio del Congreso y del Presidente de la República en sus respectivas esferas legislativa y administrativa. En relación concretamente con el pretendido trato desigual a la educación no formal frente a la educación formal, para la Sala es evidente que la diferente regulación establecida para esas dos clases de educación, obedece a las características propias de cada una de ellas, sin que pueda afirmarse que ello implique un atentado a la dignidad o a la igualdad de las personas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. (1994)

Radicación número: 2231

Actor: JAIME ROCHA GARCIA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sección Primera procede a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por el ciudadano Jaime Rocha García, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C. C. A., contra la primera parte del artículo 47 y la totalidad de los artículos 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 y 66 del Decreto Reglamentario 525 de 6 de marzo de 1990, expedido por el Gobierno Nacional.

I. - ANTECEDENTES

a. - El acto acusado

Lo constituyen las citadas disposiciones del Decreto 525 de 1990, mediante el cual "se reglamentan los artículos 55, 57, 59 y 60 de la Ley 24 de 1988, parcialmente los artículos 12, 13 y 18 de la Ley 29 de 1989 y se dictan otras disposiciones", el cual obra a folios 7 a 13 del expediente.

b. - Los hechos de la demanda

Los expone el actor, así (fl. 14):

El 11 de febrero de 1988 se expidió la Ley 24, por la cual se reestructuró el Ministerio de Educación Nacional y se dictaron otras disposiciones en las cuales se reguló la educación no formal.

El 6 de marzo de 1990 se expidió el decreto 525, en cuyo capítulo VI, a partir del artículo 46, el Gobierno Nacional reguló la administración de la educación no formal en los institutos públicos y privados.

c. - Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación

El actor considera que con la expedición del acto acusado se violaron las siguientes normas, por las razones que se resumen a continuación, expresadas en la demanda (fls. 14 a 22):

Primer cargo. - Los artículos 51, 53 y 54 acusados violan la Ley 24 de 1988 en su artículo 39, literales d) y e) que consagran como función de la Dirección General de Educación de Adultos del Ministerio de Educación Nacional, el fomento de los programas de Educación No Formal. Es decir, tal dependencia debe promover y proteger estos programas. Pero, contrariamente, los artículos 51 y 53 demandados exigen a los institutos de Educación No Formal, además de la respectiva aprobación otorgada por la Junta Seccional Reguladora de Matrículas y Pensiones, la licencia de iniciación de labores. Tal licencia se requiere para todos los institutos de educación no formal que se encuentren en alguna o algunas de las situaciones mencionadas en los artículos 53,55 y 56 del Decreto 525 de 1990, o sea, en cualquier situación ya que parece que estas normas consagran todas las situaciones posibles.

También contrariamente a lo previsto en la disposición que se cita como vulnerada, de los literales b), d), f) y g) del artículo 54 demandado, se deduce que para poder solicitar la licencia de iniciación de labores, se debe contar con el establecimiento dotado de personal, muebles, equipos, local, etc., donde sólo podrá funcionar el Instituto de Educación No Formal.

Dicho artículo 54 también exige ilegalmente que al presentar la solicitud mencionada, se indique el nombre, identificación y formación del director y los instructores del Instituto de Educación No Formal, lo que supone tener que contratar este personal y pagarles, sin saber si se aprueba la licencia, lo que implica que el instituto debe tener un director y unos instructores vinculados laboralmente para poder acudir ante la respectiva Secretaría de Educación, a fin de solicitar la correspondiente licencia. Las normas acusadas, entonces, dice el actor, antes que fomentar los programas de educación no formal, impiden su desarrollo.

Segundo cargo. - Los artículos 47 y 49 acusados violan el inciso primero del artículo 26 de la Constitución Nacional al prohibir a los Institutos de Educación No Formal, la expedición de títulos, cuando lo que esta norma superior está haciendo a través de su texto es facultando a la ley para exigir como requisito obligatorio los títulos de idoneidad que considere necesarios frente a todos los oficios y profesiones.

En suma, el artículo 47 dispone que la Educación No Formal no conduce a títulos y el artículo 49 prohibe a los Institutos de Educación No Formal, que son los que imparten la capacitación en oficios, la expedición de los mismos.

Los textos de los artículos 47 y 48 del decreto acusado que definen qué es la Educación No Formal, permiten demostrar igualmente la violación del artículo 26 de la Carta.

Tercer cargo. - Los artículos 60 y 66 violan los artículos 1o. y 2o. de la Carta que instituyen el principio de la dignidad humana, lo que quiere decir "que toda persona debe ser tratada conforme a sus circunstancias, a sus méritos", lo que no es llevado a la práctica por aquellas normas reglamentarias ya que denomina Educación No Formal, al subsistema educativo, al cual pertenece la mayor parte del pueblo colombiano, y olvidándose así de la esencia del propósito educativo, lo que configura un trato desigual frente a los educados en la educación formal, violándose también de esta manera el artículo 13 de la Carta, pues no se tiene en cuenta que las personas que acceden a la Educación No Formal, lo hacen en razón de sus limitaciones económicas.

Cuarto cargo. - Los artículos 51, 53, 54, 55 y 56 demandados infringen también el artículo 25 de la Carta que consagra que el trabajo debe gozar de una especial protección del Estado, por cuanto los excesivos gastos consagrados en ellos hacen que las personas declinen en sus intentos de crear Institutos de Educación No Formal, impidiéndose así el ejercicio del derecho al trabajo para tales empresarios.

Quinto cargo. - Sostiene el actor que las normas demandadas violan el preámbulo de la Constitución, pues entre los fines de ésta se encuentra el de asegurar el trabajo y la igualdad de los integrantes de la sociedad colombiana. En consecuencia, dice, resulta vulnerado por las razones explicadas en los numerales anteriores.

d. - Las razones de la defensa

En la contestación de la demanda, la parte demandada expresa, en síntesis, los siguientes argumentos (fls. 34 a 36):

La parte segunda del artículo 47 que forma parte del Decreto 525 de 1990, se basó en el anterior Decreto Ley 088 de 1976 que estableció las diferencias entre la Educación Formal y la No Formal. Al pretender la nulidad del artículo 47, se está tratando de suspender la vigencia de una norma que tiene sustento en una de mayor jerarquía, la cual, en lo impugnado, se encuentra vigente.

Los artículos 51, 53 y 54 del Decreto 525 de 1990, de idéntica manera tienen su sustento en los literales D y C del artículo 39 de la Ley 24 de 1988, el cual fue derogado por medio del artículo 58 del Decreto 2127 de fecha 29 de diciembre de 1992, por medio del cual se reestructuró el Ministerio de Educación Nacional; como consecuencia de lo anterior, no puede violarse una norma que en este momento ya fue derogada en la parte pertinente.

Con relación al artículo 53 que habla de la iniciación de labores de estos Establecimientos de Educación No Formal, se encuentra que es apenas normal y legal que las autoridades administrativas que otorgan la licencia de funcionamiento, la autorización de iniciación de labores y el registro, exijan el cumplimiento de unas condiciones mínimas con base en los artículos 189, numerales 21 y 22, de la Constitución Nacional, que conceden a las mismas autoridades la facultad de inspeccionar y vigilar el servicio público de la educación, en términos del artículo 67 de la misma Carta Política.

Analizado en su contexto el escrito que compone la demanda y las normas que le sirven de base, no se encuentra que se desconozcan o violen ni las normas superiores que regulan la educación en Colombia ni la Constitución vigente, ni los derechos fundamentales de los individuos que integran la sociedad colombiana. Contrariamente a lo sostenido por el actor, cuando el artículo 1o. de la Constitución Nacional establece que Colombia es un Estado de Derecho que respeta la dignidad humana, y donde prevalece el interés general sobre el particular, autoriza a las autoridades para expedir normas y reglamentos que diferencien las distintas escalas de educación, y que en forma equitativa reconozcan el mayor o menor grado de conocimientos técnicos y preparación científica que sus asociados alcanzan cuando escogen y superan una cierta clase de educación para satisfacer sus necesidades educativas.

Cuando la Constitución establece que las autoridades están instituidas para defender los derechos de las personas, está reconociendo que existen diferencias de mérito que una vez alcanzadas y reconocidas por el Estado mediante títulos exigidos, son inalienables.

Cuando en las instituciones se exigen ciertos requisitos, el Estado defiende y ampara a la persona en sus derechos para que no sea engañada por falsos formadores en ocupaciones, artes u oficios.

A voces con el artículo 26 de la Carta, en ningún momento el Estado impide que las personas desempeñen artes u oficios que les plazca, siendo lícito su ejercicio; lo que no se puede confundir es la causa con la consecuencia, una cosa son las Instituciones de Educación No Formal y otra bien distinta los ciudadanos.

Las personas poco instruidas o de bajos recursos económicos en busca de un mejor mañana, pueden ser engañados por los establecimientos piratas que dicen enseñar ciertos oficios, ocupaciones o artes.

e. - La actuación surtida

De conformidad con las normas correspondientes previstas en el C. C. A., al proceso se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto de 22 de enero de 1993 (fls. 25 a 26) se admitió la demanda.

Mediante proveído de 4 de marzo de 1993 (fls. 145 a 146) se deniegan las pruebas solicitadas por las partes.

Mediante auto de 30 de junio de 1993 (fl. 207) se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión, derecho del cual sólo hizo uso este último.

II. - EL CONCEPTO DEL M1NISTERIO PUBLICO

En su concepto, la señora Procuradora Primera Delegada ante esta Corporación considera, en síntesis, lo siguiente (fls. 208 a 213):

1. Del cotejo de los artículos 51, 53, 54, 55 y 56 del Decreto 525 de 1990, con los literales transcritos del artículo 39 de la Ley 24, no se advierte en qué puede consistir la contradicción que dice ver el demandante.

Los requisitos de que se ocupan los artículos acusados, son apenas los trámites elementales y necesarios que debe exigir el Estado para garantizar que la educación no formal sea prestada por instituciones serias, idóneas y estables. Y constituyen a su vez estímulo a los usuarios para optar por su ingreso a una institución que tiene el reconocimiento y la supervisión oficial.

2. - En cuanto a que los artículos 47 y 49 del Decreto 525 de 1990, que se dice violan el inciso primero del artículo 26 de la Constitución, cabe acotar la improcedencia de la cita ya que las normas acusadas, por haber sido expedidas en 1990 no podían quebrantar directamente el artículo 26 de la Constitución de 1991.

Sin embargo, es bueno precisar que la norma superior consagra la libertad de escoger profesión u oficio y confiere al Congreso facultad para exigir títulos de idoneidad; "podrá" dice la norma. No cabe duda que tal facultad habrá de utilizarla el legislador en defensa de los derechos de la comunidad, teniendo en cuenta el riesgo social que resulte del ejercicio de determinadas profesiones u oficios. Nótese cómo la exigencia del título de idoneidad está prevista como excepción a la regla general. "Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social", dice la comentada norma.

3. - En relación con el ataque a los artículos 60 y 66 del Decreto 525 de 1990, que se dice violan los artículos lo., 2o. y 13 de la Constitución Nacional, resulta aplicable lo dicho anteriormente sobre la imposibilidad de la transgresión directa de la Constitución de 1991. Pero, además, resulta pertinente advertir que los artículos 60 y 66 acusados en este cargo, no forman parte del petitum de la demanda.

4. - En relación con los artículos 51, 53, 54, 55 y 56 del Decreto 525 de 1990 que se acusan de violar el artículo 25 de la Constitución Nacional, siguen teniendo cabida los mismos comentarios hechos anteriormente. Empero, es bueno señalar que en beneficio de toda la comunidad las autoridades competentes están llamadas a inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones, entre ellas la de docente, y a esto justamente propenden las normas acusadas. El gobierno debía reglamentar el ejercicio de la Educación No Formal y lo reglamentó, sin desconocer el derecho de los propietarios de los institutos existentes. Cabe señalar cómo los artículos 55 y 56 conceden plazo para la legalización de los institutos sin licencia. La protección al trabajo debida por el Estado implica, en interés general, la sujeción a los ordenamientos legales, porque el derecho de cada uno llega hasta donde empieza el derecho de los demás.

5. - En cuanto al quebranto del preámbulo de la Constitución, vale la pena recordar que la Corte Constitucional en sentencia C - 479 del 13 de agosto de 1992, cambió el criterio tradicional sostenido por las altas corporaciones de justicia, de que el preámbulo no podía ser señalado como norma violada. Dijo la Corte que como quiera que el preámbulo sí goza de poder vinculante, resulta lógico que toda norma que desconozca o quebrante cualquiera de los fines señalados en él, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios. Sin embargo, la insuficiencia del cargo no permite encontrar por él, ni por las demás censuras, la razón jurídica suficiente que logre desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos acusados.

Por las anteriores razones solicita denegar las pretensiones.

III. - CONSIDERACIONES DE LA SALA

En relación con el primer cargo. - La primera parte de esta censura se contrae a que los artículos 5l y 53 del Decreto Reglamentario 525 de 1990, infringen los literales d) y e) del artículo 39 de la Ley 24 de l988 al exigir a los institutos de Educación No Formal, además de la respectiva aprobación otorgada por la Junta Seccional Reguladora de Matrículas y Pensiones, la licencia de iniciación de labores, con desmedro del fomento de los programas de educación no formal.

El texto de las disposiciones acusadas es del siguiente tenor:

"Artículo 51. Para iniciar labores, los institutos que imparten Educación No Formal, deben cumplir los siguientes requisitos:

"a) Licencia de iniciación de labores.

"b) Aprobación de costos educativos por la Junta Seccional Reguladora de Matrículas y Pensiones, contra cuyas decisiones sólo procede el recurso de reposición".

"Artículo 53. La licencia de iniciación de labores para Educación No Formal, debe solicitarse ante la respectiva Secretaría de Educación a través de la Oficina Coordinadora de Educación de Adultos o quien haga sus veces, en algunos de los siguientes casos:

"a) Antes de iniciar labores.

"b) Cuando se hayan suspendido labores por un año o más.

"c) Cuando se proyecta la apertura de sucursales o similares.

"d) Cuando se traslade a otra jurisdicción político - administrativa.

"e) Cuando se vayan a ofrecer nuevos cursos, programas o actividades o se cambie el contenido de los programas.

"f) Cuando se fusionen con otro Instituto".

Las previsiones legales que se estiman vulneradas por las pretranscritas, rezan:

"ARTICULO 39. - Son funciones de la Dirección General de Educación de Adultos:

....................................................................

"d) Fomentar los programas de educación no formal y proporcionar orientaciones para el desarrollo de la educación básica no formal dirigida a jóvenes y adultos.

"e) Fomentar los programas de educación no formal y proporcionar orientaciones para el desarrollo de la educación media vocacional no formal, dirigida a jóvenes y adultos".

Aunque la parte demandada aduce que no es viable la violación del artículo 39 de la Ley 24 de 1988, porque esta norma fue derogada por el artículo 58 del Decreto 2127 de 29 de diciembre de 1992, ello no implica que tenga que omitirse pronunciamiento jurisdiccional sobre su presunto quebranto alegado por el actor, dado que ella tuvo vigencia desde su publicación que lo fue el 16 de febrero de 1988 en el Diario Oficial No. 38.215 hasta cuando se produjo su derogatoria por el precitado decreto; e igual y consecuencialmente, a términos del artículo 66 del C. C. A., era obligatoria la norma administrativa acusada, toda vez que no había sido anulada ni suspendida por esta jurisdicción.

En relación con la alegada violación, la Sala, al igual que el Ministerio Público y la parte demandada, no advierte en qué pueda consistir la infracción que afirma el actor, pues mientras las disposiciones que se estiman infringidas se remiten a señalar como función de la Dirección General de Educación de Adultos, el fomentar los programas de Educación No Formal para jóvenes y adultos, las normas acusadas se dirigen sólo a señalar requisitos y trámites o procedimientos elementales y necesarios que el Estado puede y debe exigir con el propósito de obtener un normal y adecuado funcionamiento de los institutos que impartan Educación No Formal, en desarrollo y cumplimiento de su función de inspección y vigilancia de la educación que se consagraba en el artículo 41 de la anterior Constitución y hoy se establece en el artículo 67 de la nueva Carta Política.

En la segunda parte del cargo se acusan de infringir la misma norma legal, es decir, el artículo 39 - literal d) y e) de la Ley 24 de 1988, los literales b), d), f) y g) del artículo 54 del Decreto 0525 de 1990, los cuales prescriben como requisitos para obtener la iniciación de labores que la respectiva solicitud contenga la siguiente información y documentos:

".............................................................

"b) Sede y dirección donde funciona.

"d) Nombre, identificación y formación académica del director.

"f) Descripción detallada de la planta física, incluyendo plano y cédula catastral.

"g) Copia auténtica de la certificación de propiedad del inmueble, o del contrato de arrendamiento y de los contratos de los instructores...".

Dadas las características de las exigencias allí plasmadas, caven las mismas consideraciones hechas a la primera parte de la censura.

Cabría agregar que tales requisitos no son más que un mínimo de condiciones para garantizar que la Educación No Formal sea prestada por instituciones serias, idóneas y estables, y constituyan, a su vez, un estímulo a los usuarios para optar por su ingreso a una institución que tenga el reconocimiento y supervisión oficial, como bien lo plantea la colaboradora del Ministerio Público.

Hay que añadir también que el requisito sobre la vinculación con carácter laboral del director y los instructores que el actor plantea, no debe entenderse en el sentido de que los contratos exigidos por la norma acusada deban estar ejecutándose, pues puede tratarse de contratos suscritos pero con ejecución supeditada al otorgamiento de la licencia.

En consecuencia, este primer cargo no prospera.

En relación con el segundo cargo. - Señala el demandante que los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 0525 de 1990 quebrantan el artículo 26 de la Carta Fundamental por cuanto prohiben a los Institutos de Educación No Formal la expedición de títulos a sus educandos, desconociendo que la citada norma constitucional faculta a la ley para exigir como requisito obligatorio los títulos de idoneidad que estime necesarios frente a todos los oficios y profesiones.

Pese a lo confuso e incoherente del cargo, lo que se logra desentrañar es una equivocada interpretación de la parte pertinente del texto constitucional que se estima transgredido. En efecto, lo que esta norma previene, respecto de las profesiones u oficios, al igual que lo prescribía el artículo 39 de la derogada Constitución de 1886, es que "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad..." (la subraya es de la Sala).

Así que la norma superior consagra la libertad de escoger profesión u oficio y otorga al Congreso la facultad para exigir títulos de idoneidad tanto para profesiones como para oficios. Es decir, defiere a la ley su reglamentación. La inflexión verbal "podrá" utilizada en la norma, descarta por completo que la exigencia de títulos de idoneidad debe consagrarse en la ley con carácter obligatorio para todos los eventos como lo pretende equivocadamente el demandante.

Ahora bien. El artículo 47, acusado, es una reproducción literal del inciso 2o. del artículo 3o. del Decreto Ley 088 de 1976, por lo que mal puede afanarse que transgrede o rebasa la norma que en este punto reglamenta.

En efecto, dice así aquella disposición:

"Artículo 47. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso 2o. del artículo 3o. del Decreto Ley 088 de 1976, se entiende por Educación No Formal la que se imparte sin sujeción a períodos de secuencia regulada. La Educación No Formal no conduce a grados ni a títulos. La Educación No Formal podrá realizarse como complemento de la Educación Formal y será fomentada por el Estado".

De idéntica manera, valga reiterarlo, el citado artículo 3o. define la Educación No Formal.

A su vez el artículo 49, demandado, estatuye que "Los Institutos de Educación No Formal, no podrán expedir títulos, ni otorgar grados académicos...", lo cual corresponde a la misma esencia de la definición legal en cuanto a que ésta señala que "La Educación No Formal no conduce a grados ni a títulos".

Y en cuanto al acusado artículo 48, basta transcribir su texto para evidenciar el total desacierto del actor. Reza así esta disposición reglamentaria:

"Para efectos del presente decreto se denomina Establecimiento de Educación No Formal, todo instituto de naturaleza pública o privada que tenga como actividad impartir enseñanza, capacitar, actualizar, complementar en un área o actividad específica que conduzca al desempeño de una ocupación u oficio, o a la capacitación sin sujeción a períodos de secuencia regulada y que ejerza su acción sobre el alumno en forma directa o a través de cualquier medio.

"Parágrafo. El concepto "sin sujeción a períodos a secuencia regulada", significa que la institución no estará sometida al escalonamiento de grados o niveles, ni a períodos regulados de tiempo, que implique una sucesión de temas relacionados entre sí con prerrequisitos o correquisitos propios de la Educación Formal".

Corresponde pues, esta norma a un correcto desarrollo de la disposición legal preseñalada, por lo que resulta un desatino pretender que vulnera el artículo 26 de la Carta y menos aún en forma directa.

En consecuencia, no prospera el cargo.

En relación con el tercer cargo. - Se acusan los artículos 60 y 66 del Decreto 0525 de 1990 de infringir los artículos lo., 2o. y 13 de la Constitución, aduciéndose que atentan contra la dignidad humana al configurar un trato desigual frente a los educados en la Educación Formal.

Aquellas disposiciones prescriben:

"Artículo 60. - Las Secretarías de Educación, a través de las Oficinas Coordinadoras de Educación de Adultos, o quien haga sus veces, serán las encargadas de analizar las solicitudes de licencia de iniciación de labores, para lo cual deberán practicar visitas de control y proyectar el respectivo acto administrativo, debiéndose abstener de tramitar tales solicitudes cuando el nombre del curso o actividad, y la duración del mismo se confunda con los de educación formal. El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes enviarán periódicamente a las Secretarías de Educación, listados de programas de educación formal autorizados legalmente.

"Parágrafo. Las Secretarías de Educación a través de las Oficinas Coordinadoras de Educación de Adultos, o quien haga sus veces, realizarán actividades de control de los institutos públicos y privados de educación no formal de su jurisdicción con miras a garantizar la calidad del servicio educativo, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Educación Nacional".

"Artículo 66. - Los Institutos de Educación No Formal que estén debidamente legalizados, al divulgar por cualquier medio sus programas, deberán mencionar el número del acto administrativo que le concedió la licencia de iniciación de labores y la autoridad ante quien se hizo, y señalar claramente que se trata de educación no formal.

"Parágrafo. Las violaciones de lo preceptuado en este artículo, darán lugar a las sanciones previstas en los artículos 64 y 65 de este decreto".

Sea lo primero señalar que sólo en la medida en que estas disposiciones infringieran las normas legales que reglamentan, se podría hablar tentativamente de los cánones constitucionales indicados como directamente vulnerados por aquellas.

Sin perjuicio de lo anterior, es bueno señalar que de la simple confrontación de las disposiciones pretranscritas con los textos constitucionales indicados por el actor como violados, se infiere sin el menor esfuerzo mental que lo que se estatuye en aquellas no incide en lo más mínimo en los postulados que en éstas se consagran.

Las disposiciones demandadas en este cargo son un claro reflejo del ejercicio de la función de inspección y vigilancia que le asiste al Estado, con el fin de velar por la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines, en procura de una mejor formación intelectual y moral de sus educandos y de garantizar su eficiente gestión, por lo cual deviene descaminado pretender que se vulnera las citadas normas constitucionales, siendo que la actitud del Gobierno a través de los mencionados preceptos reglamentarios no refleja cosa distinta al ejercicio de la atribución que se le asigna a través del artículo 67 de la Carta, desarrollando la preceptiva legal que dice reglamentar, pues la intervención del Estado en la educación se ejerce por intermedio del Congreso y del Presidente de la República en sus respectivas esferas legislativa y administrativa.

En relación concretamente con el pretendido trato desigual a la educación no formal frente a la educación formal, para la Sala es evidente que la diferente regulación establecida para esas dos clases de educación obedece a las características propias de cada una de ellas, sin que pueda afirmarse que ello implique un atentado a la dignidad o a la igualdad de las personas.

El cargo, pues, no prospera.

En relación con el cuarto cargo. - Se acusa en esta censura a los artículos 51, 53, 54, 55 y 56 del Decreto 0525 de transgredir el artículo 25 de la Constitución. Caben aquí los mismos razonamientos hechos en la parte introductoria del examen del "tercer cargo". Sin embargo, no sobra consignar, como lo destaca la defensa, que contrariamente a lo sostenido por el actor, cuando el artículo lo. de la Carta establece que Colombia es un Estado de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, autoriza y obliga a las autoridades para expedir normas y reglamentos que diferencien las distintas escalas de educación, y que en forma equitativa reconozcan el mayor o menor grado de conocimientos técnicos y científicos que sus asociados alcanzan cuando escogen y superan una cierta clase de educación para satisfacer sus necesidades educativas.

El Gobierno, ciertamente, como en efecto lo destaca la Agencia del Ministerio Público, debía reglamentar el ejercicio de la educación no formal, y lo reglamentó, sin desconocer el derecho de los propietarios de los institutos existentes. Los artículos 55 y 56 conceden plazo para la legalización de los institutos sin licencia. La protección al trabajo debida por el Estado, no se menoscaba con los requisitos exigidos a los Institutos de Educación No Formal, pues la apreciación del actor de ser excesivos y onerosos, desconoce los fines últimos de la reglamentación en favor de los derechos de los educandos, justamente con miras a evitar que puedan llegar a ser víctimas de instituciones sin el debido reconocimiento e inspección legales.

El cargo, entonces, no prospera.

En relación con el quinto cargo. - El presunto quebranto del preámbulo de la Constitución lo hace derivar el actor del éxito que tendría en los cargos precedentes. Pero como quiera que todos ellos han resultado imprósperos, su última pretensión necesariamente también está llamada a fracasar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. - DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo. - Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente.

Tercero. - En firme este fallo, archívese el expediente.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

YESID ROJAS SERRANO ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

PRESIDENTE

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUSENTE