100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033635SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo11001-03-24-000-2015-00522-00201606/04/2016SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___11001-03-24-000-2015-00522-00__2016_06/04/2016300336342016RECURSO DE REPOSICION – Contra auto que negó suspensión provisional / RECURSO DE REPOSICION – Finalidad / RECURSO DE REPOSICION – No es válido formular cargos nuevos no presentados en la solicitud de suspensión provisional El actor plantea nuevos cargos diferentes a los trazados en la solicitud de suspensión provisional. En efecto, en esta no se señaló el cargo relativo a que los motivos de interés público o social deben estar definidos previamente en la ley, tampoco se hizo alusión a la posible afectación del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, por lo que tales planteamientos desbordan el marco temático de la solicitud, el cual se fijó en el escrito que contiene la sustentación de la medida cautelar. Vale la pena destacar que el recurso de reposición tiene como objetivo controvertir uno o varios de los fundamentos del auto recurrido pero no plantear cargos nuevos. El Despacho estima que el momento procesal para presentar los cargos objeto de debate son la demanda, su adición o la solicitud de suspensión provisional, lo cual es razonable, pues de lo contrario el proceso se convertiría en un trámite sin fin, pues en cada etapa procesal las partes formularían nuevos asuntos que no fueron planteados al inicio y, a su vez, se violaría el principio de congruencia entre lo pedido, lo excepcionado y lo resuelto en la sentencia. FUENTE FORMAL : CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 231 / LEY 675 DE 2001 – ARTICULO 13 NORMA DEMANDADA: DECRETO 1547 DE 2015 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (Niega reposición)
Sentencias de NulidadGuillermo Vargas AyalaLA NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO LAURA MORENO RESTREPODecreto No. 1547 de 2015Identificadores10030129526true1223470original30127567Identificadores

Fecha Providencia

06/04/2016

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Guillermo Vargas Ayala

Norma demandada:  Decreto No. 1547 de 2015

Demandante:   LAURA MORENO RESTREPO

Demandado:  LA NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO


RECURSO DE REPOSICION – Contra auto que negó suspensión provisional / RECURSO DE REPOSICION – Finalidad / RECURSO DE REPOSICION – No es válido formular cargos nuevos no presentados en la solicitud de suspensión provisional

El actor plantea nuevos cargos diferentes a los trazados en la solicitud de suspensión provisional. En efecto, en esta no se señaló el cargo relativo a que los motivos de interés público o social deben estar definidos previamente en la ley, tampoco se hizo alusión a la posible afectación del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, por lo que tales planteamientos desbordan el marco temático de la solicitud, el cual se fijó en el escrito que contiene la sustentación de la medida cautelar. Vale la pena destacar que el recurso de reposición tiene como objetivo controvertir uno o varios de los fundamentos del auto recurrido pero no plantear cargos nuevos. El Despacho estima que el momento procesal para presentar los cargos objeto de debate son la demanda, su adición o la solicitud de suspensión provisional, lo cual es razonable, pues de lo contrario el proceso se convertiría en un trámite sin fin, pues en cada etapa procesal las partes formularían nuevos asuntos que no fueron planteados al inicio y, a su vez, se violaría el principio de congruencia entre lo pedido, lo excepcionado y lo resuelto en la sentencia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 231 / LEY 675 DE 2001 – ARTICULO 13

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1547 DE 2015 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (Niega reposición)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00522-00

Actor: LAURA MORENO RESTREPO

Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Se decide el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el Auto del 5 de febrero del 2016, a través del cual el Despacho negó la suspensión provisional solicitada en el proceso.

  1. Antecedentes.

La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de simple nulidad contra el Decreto No. 1547 de 2015[1], expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Adicionalmente solicitó la suspensión provisional del acto acusado, argumentando solamente la presunta nulidad de los literales a) y b) del parágrafo 3º del artículo 1[2] del acto demandado, al considerar que con su expedición se violaron los artículos 58 y 78 de la Constitución Política y 13 de la Ley 675 de 2001, por los siguientes motivos:

  1. Que se viola el derecho a la propiedad privada, dado que se desconoce la facultad de los propietarios de decidir si reconstruyen o no su inmueble debido al grave deterioro.
  2. Que se viola el artículo 13[3] de la Ley 675 de 2001[4], por cuanto este establece que en caso de destrucción o deterioro superior al 75% del edificio, es facultativo para la Asamblea General de copropietarios decidir si se reconstruye la edificación. En cambio, el Decreto demandado establece como obligatorio para el titular de la licencia adelantar el trámite para el reforzamiento estructural cuando así lo establezca la autoridad municipal encargada de riesgo de desastres o se encuentre en firme decisión judicial o administrativa.

1.3. Que se viola el artículo 78 constitucional que preceptúa la obligación de los productores y proveedores de responder por los productos defectuosos que atenten contra la salud e integridad de los usuarios. En cambio, el decreto demandado obliga a los consumidores a aceptar la reparación del inmueble sin garantía alguna.

  1. El auto recurrido.

El Despacho profirió auto del 5 de febrero de 2016 mediante el cual negó la suspensión provisional del acto acusado, exponiendo lo siguiente:

  1. Que en cuanto a la presunta trasgresión del artículo 58[5] de la Constitución Política que garantiza la propiedad privada, este mismo artículo determina que “la propiedad es una función social que implica obligaciones”. Esto quiere decir que el derecho a la propiedad privada no es absoluto,[6] es relativo,[7] está sujeto a limitaciones, pues esta cumple una función social, la cual implica cumplir una serie de cargas impuestas por el legislador y excepcionalmente por autoridades administrativas cuando medien razones de interés general que razonablemente lo justifiquen.

2.2. Que en lo atinente a la presunta violación del artículo 13[8] de la Ley 675 de 2001, no se observó una contradicción entre el acto acusado y la citada norma superior dado que esta última no establece que los casos allí enunciados sean los únicos en los cuales se deba reconstruir una edificación, es decir, no es una enunciación taxativa, sino que pueden haber otros eventos en los cuales se hace necesario la reconstrucción de un inmueble.

2.3. Que en cuanto a la posible vulneración del artículo 78 constitucional tampoco se advierte una contradicción, dado que el mismo decreto demandado prevé: “Si el proyecto se encuentra en periodo de garantía de la construcción, deberá tramitarse la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural por el constructor o enajenador responsable de la garantía o la compañía de seguros que constituyó la misma. En caso de no hacerlo, dicho trámite lo podrá adelantar el municipio o distrito. Los costos del trámite y de la ejecución de la obra estarán a cargo de quienes deben asumir la garantía de la construcción.

  1. El recurso de reposición.

La demandante interpuso recurso de reposición, solicitando revocar la providencia en cuestión y, en su lugar, decretar la suspensión provisional de los actos acusados por los siguientes motivos:

  1. Que si bien es cierto la propiedad privada no es absoluta y que el interés general prevalece sobre el particular, la Constitución exige la preexistencia de una ley que defina los motivos de interés público o social.
  2. Que en el caso concreto no existe una ley previa que haya definido los motivos de interés público o social para limitar el derecho a la propiedad privada, razón por la cual la entidad demandada no tenía competencia para ordenar al propietario de un inmueble adelantar de forma obligatoria el trámite para la expedición de una licencia de reforzamiento estructural.
  3. Que no basta con la existencia de una ley previa sino que las restricciones impuestas respeten el núcleo esencial de la propiedad privada, en este caso se afecta el ius abutendi, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición y enajenación.

  1. Que en cuanto a la violación del artículo 13 de la Ley 675 de 2001 carece de todo sustento la manifestación que contiene el auto impugnado cuando afirma “puede haber otros eventos en los cuales se hace necesario la reconstrucción”, pues la norma no está condicionada o limitada a una causa específica, por el contrario, al regular de forma íntegra esta forma especial de derecho de dominio es aplicable a todas las situaciones en las que se requiere la reconstrucción del edificio.

  1. Que se configura un perjuicio irremediable, dado que el acto acusado olvida los derechos de los propietarios de los inmuebles sin consideración alguna de sus intereses.

Traslado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La parte demandada se opuso a los argumentos esgrimidos por la actora en el recurso de reposición, en el sentido que no es necesaria la expedición de una ley previa para regular la materia, dado que los alcances de la propiedad privada también los fija la Constitución Nacional que es norma de normas.

  1. Consideraciones

El artículo 238 de la Constitución Política faculta a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

El acto administrativo en cuya suspensión se insiste son los literales a) y b) del parágrafo 3º del artículo 1º del Decreto No. 1547 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Despacho advierte lo siguiente:

  1. El actor plantea nuevos cargos diferentes a los trazados en la solicitud de suspensión provisional. En efecto, en esta no se señaló el cargo relativo a que los motivos de interés público o social deben estar definidos previamente en la ley, tampoco se hizo alusión a la posible afectación del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, por lo que tales planteamientos desbordan el marco temático de la solicitud, el cual se fijó en el escrito que contiene la sustentación de la medida cautelar. Vale la pena destacar que el recurso de reposición tiene como objetivo controvertir uno o varios de los fundamentos del auto recurrido pero no plantear cargos nuevos.

El Despacho estima que el momento procesal para presentar los cargos objeto de debate son la demanda, su adición o la solicitud de suspensión provisional, lo cual es razonable, pues de lo contrario el proceso se convertiría en un trámite sin fin, pues en cada etapa procesal las partes formularían nuevos asuntos que no fueron planteados al inicio y, a su vez, se violaría el principio de congruencia entre lo pedido, lo excepcionado y lo resuelto en la sentencia.

  1. En el caso sub examine al actor le era suficiente ahondar en los argumentos que planteó en la solicitud de suspensión provisional o explicar por qué razón los cargos planteados inicialmente eran acertados.
  2. Ahora, no se advierte la supuesta transgresión de los artículos 58 y 78 de la Constitución Política y 13 de la Ley 675 de 2001, pues la actora no probó si quiera sumariamente que se vaya a ocasionar un perjuicio irremediable en caso de no acceder a la suspensión provisional del acto acusado, al contrario, prima facie el acto acusado busca evitar que se configure un perjuicio irremediable respecto de los derechos a la vida y la integridad personal de las personas que habiten o viven cerca de las viviendas que por su deficiente estado puedan colapsar.

Se debe recordar que de conformidad con el artículo 231 del CPACA[9] es carga del demandante aportar las pruebas que considere necesarias para resolver la solicitud de suspensión provisional. En el presente caso, la demandante no aportó con el recurso de reposición ninguna prueba que permita evidenciar que el acto acusado representa un riesgo o alguna amenaza para un derecho subjetivo, colectivo o para la vigencia del ordenamiento jurídico.

4.4.En cuanto al cargo consistente en que el acto acusado viola el artículo 13 de la Ley 675 de 2001, debido a que éste no está condicionado a una causa específica, al regular de forma íntegra el derecho de dominio. El Despacho advierte que el hecho de que la asamblea de copropietarios tenga la facultad de decidir, desde el punto de vista de la propiedad privada, si reconstruye o no una edificación cuando esta presenta un deterioro superior al 75%, no la exime de la obligación de adelantar el trámite de reforzamiento estructural cuando la obra presente fallas, esto en aras del interese general, en este caso, la seguridad y los derechos a la vida e integridad física de terceras personas que puedan verse afectadas ante un eventual colapso de la estructura.

La Ley 675 de 2001 regula la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Es decir, regula un asunto estrictamente entre particulares, lo cual no es óbice para que los copropietarios puedan exonerarse del cumplimiento de cargas impuestas por el legislador y excepcionalmente por autoridades administrativas en aras de garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular.

Así las cosas, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, no se advierte en esta etapa procesal la transgresión de las normas alegadas por la demandante y, en consecuencia, no existen méritos para suspender los efectos de los actos acusados. En esa medida, se hace necesario confirmar el auto recurrido, en cuanto negó la solicitud de medida cautelar.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

CONFIRMAR el auto recurrido.

Notifíquese y cúmplase

GUILLERMO VARGAS AYALA

Consejero de Estado

[1] "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas”.

[2] “a) Titularidad. Será obligatorio para el titular de la licencia de construcción adelantar el trámite para su reforzamiento estructural, una vez expedido el concepto técnico de la autoridad municipal o distrital encargada de la gestión del riesgo de desastres, o se encuentre en firme la decisión judicial o administrativa; en el caso en que el proyecto se encuentre sometido al régimen de propiedad horizontal, el titular de la referida licencia de construcción, será la asamblea de copropietarios o quien esta faculte. b) Intervención de los alcaldes. En el evento que el titular de la licencia de construcción se niegue a solicitar la respectiva licencia en la modalidad de reforzamiento, el trámite se adelantará por el alcalde municipal o distrital. Si el proyecto se encuentra en periodo de garantía de la construcción, deberá tramitarse la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural por el constructor o enajenador responsable de la garantía o la compañía de seguros que constituyó la misma. ·En caso de no hacerlo, dicho trámite lo podrá adelantar el municipio o distrito. Los costos del trámite y de la ejecución de la obra estarán a cargo de quienes deben asumir la garantía de la construcción.

[3]ARTÍCULO 13. RECONSTRUCCIÓN OBLIGATORIA. Se procederá a la reconstrucción del edificio o conjunto en los siguientes eventos:

1. Cuando la destrucción o deterioro del edificio o conjunto fuere inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor comercial.

2. Cuando no obstante la destrucción o deterioro superior al setenta y cinco por ciento (75%) del edificio o conjunto, la asamblea general decida reconstruirlo, con el voto favorable de un número plural de propietarios que representen al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de propiedad.

[4] Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.

[5] por medio del cual “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”.

[6] En este sentido la Corte Constitucional ha dicho: “En cuanto al carácter no absoluto del derecho a la propiedad y sus límites, esta Corte, ha reiterado en múltiples oportunidades que a partir del alcance del contenido normativo del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 58 de la Constitución, tal derecho no ostenta una naturaleza absoluta. Por el contrario, la misma Carta Política, consagra expresamente límites tales como (i) la función social y ecológica de la propiedad lo cual implica obligaciones; (ii) el deber de ceder ante el interés púbico o social; (iii) la posibilidad de que por estos motivos el Estado realice expropiaciones tanto judiciales, como administrativas; (iv) adicionalmente, el artículo 59 CP establece que la propiedad privada debe ceder frente al interés público en caso de guerra, lo cual implica la posibilidad de ocupación temporal del bien inmueble; y (v) finalmente, el artículo 332 CP determina que la libertad económica se encuentra igualmente limitada por el bien común, el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” Sentencia C-669 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[7] En el derecho moderno, se reconoce la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el proceso de su consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los atributos o poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios. El carácter relativo y no absoluto del derecho de propiedad que ha sido reconocido por esta Corte en diferentes sentencias (C-428/94 y T-431/94), habilita al legislador y excepcionalmente a las autoridades administrativas para establecer restricciones a dicho derecho cuando medien razones de interés general que razonablemente las justifiquen. (Sentencia T-245 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz). El régimen de la propiedad privada en el nuevo orden constitucional se aleja decididamente de las tendencias individualistas del derecho, que únicamente lo tienen como fuente de prerrogativas jurídicas subjetivas, para inclinarse por la visión del derecho-deber, en la que su ejercicio sólo se legitima cuando persigue la promoción del bienestar social.”

[8] ARTÍCULO 13. RECONSTRUCCIÓN OBLIGATORIA. Se procederá a la reconstrucción del edificio o conjunto en los siguientes eventos:

1. Cuando la destrucción o deterioro del edificio o conjunto fuere inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor comercial.

2. Cuando no obstante la destrucción o deterioro superior al setenta y cinco por ciento (75%) del edificio o conjunto, la asamblea general decida reconstruirlo, con el voto favorable de un número plural de propietarios que representen al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de propiedad.

PARÁGRAFO 1o. Las expensas de la construcción estarán a cargo de todos los propietarios de acuerdo con sus coeficientes de copropiedad.

PARÁGRAFO 2o. Reconstruido un edificio o conjunto, subsistirán las hipotecas y gravámenes en las mismas condiciones en que fueron constituidos, salvo que la obligación garantizada haya sido satisfecha.

[9]Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.(…)”