100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033624SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo11001-03-24-000-2015-00174-00201630/06/2016SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___11001-03-24-000-2015-00174-00__2016_30/06/2016300336232016MEDIDAS CAUTELARES – Requisitos para suspender actuaciones administrativas / DEPARTAMENTO DE GUAINÍA – Sujeto de medidas especiales. Intervención del Estado en el servicio de Seguridad Social en Salud / SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Negada frente a los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014 al no advertirse vulneración que amerite la medida Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada, la contestación de la entidad demandada, y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, el Despacho llega a la conclusión de que no hay vulneración que amerite suspender de forma provisional los efectos de los actos demandados. […]. Es claro para este Despacho que está expresamente concebido en la Ley que el Departamento del Guainía es sujeto de medidas especiales dentro de las cuales se le otorgó al Gobierno Nacional la potestad para reglamentar, asegurar y definir los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud. La regulación previamente referida es suficiente para que en este momento del proceso judicial no se observe una trasgresión de normas que implique adoptar la medida cautelar solicitada, pues se observa que ante situaciones especiales previstas por la Ley el Gobierno reguló también de forma especial la forma de salvaguardar el derecho fundamental a la salud. […]. El actor se limitó a considerar que se crearía un monopolio, pero no desarrolló su idea teniendo en cuenta que las condiciones de aseguramiento en el Departamento de Guainía son por ministerio de la ley, especiales, por lo que su argumento se convierte en subjetivo y no es suficiente para declarar la suspensión provisional solicitada. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 3 de diciembre de 2012, Radicación 2012-00290, C.P. Guillermo Vargas Ayala. SÍNTESIS DEL CASO: El ciudadano Luis Eduardo Manotas Solano, en ejercicio del medio de control de simple nulidad y previa solicitud de suspensión provisional, demandó los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional, “ Por el cual se definen los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS y fortalecer el aseguramiento en el Departamento de Guainía y se dictan otras disposiciones” , aduciendo que se vulneran los artículos 48, 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 153.4 de la Ley 100 de 1993, los numerales 3, 10 del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011 y los literales H) y l) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015. El Consejero a cargo del proceso negó la solicitud de suspensión provisional. FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 233 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 154 / LEY 1122 DE 2007 – ARTÍCULO 14 / LEY 1122 DE 2007 – ARTÍCULO 26 / LEY 1438 DE 2011 – ARTÍCULO 30 NORMA DEMANDADA: DECRETO 2561 DE 2014 (12 de diciembre) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 13 (No suspendido) / DECRETO 2561 DE 2014 (12 de diciembre) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 15 (No suspendido)
Sentencias de NulidadGuillermo Vargas AyalaMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIALLUIS EDUARDO MANOTAS SOLANOartículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014Identificadores10030129451true1223391original30127496Identificadores

Fecha Providencia

30/06/2016

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Guillermo Vargas Ayala

Norma demandada:  artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014

Demandante:  LUIS EDUARDO MANOTAS SOLANO

Demandado:  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL


MEDIDAS CAUTELARES – Requisitos para suspender actuaciones administrativas / DEPARTAMENTO DE GUAINÍA – Sujeto de medidas especiales. Intervención del Estado en el servicio de Seguridad Social en Salud / SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Negada frente a los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014 al no advertirse vulneración que amerite la medida

Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada, la contestación de la entidad demandada, y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, el Despacho llega a la conclusión de que no hay vulneración que amerite suspender de forma provisional los efectos de los actos demandados. […]. Es claro para este Despacho que está expresamente concebido en la Ley que el Departamento del Guainía es sujeto de medidas especiales dentro de las cuales se le otorgó al Gobierno Nacional la potestad para reglamentar, asegurar y definir los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud. La regulación previamente referida es suficiente para que en este momento del proceso judicial no se observe una trasgresión de normas que implique adoptar la medida cautelar solicitada, pues se observa que ante situaciones especiales previstas por la Ley el Gobierno reguló también de forma especial la forma de salvaguardar el derecho fundamental a la salud. […]. El actor se limitó a considerar que se crearía un monopolio, pero no desarrolló su idea teniendo en cuenta que las condiciones de aseguramiento en el Departamento de Guainía son por ministerio de la ley, especiales, por lo que su argumento se convierte en subjetivo y no es suficiente para declarar la suspensión provisional solicitada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 3 de diciembre de 2012, Radicación 2012-00290, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

SÍNTESIS DEL CASO: El ciudadano Luis Eduardo Manotas Solano, en ejercicio del medio de control de simple nulidad y previa solicitud de suspensión provisional, demandó los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional, Por el cual se definen los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS y fortalecer el aseguramiento en el Departamento de Guainía y se dictan otras disposiciones”, aduciendo que se vulneran los artículos 48, 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 153.4 de la Ley 100 de 1993, los numerales 3, 10 del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011 y los literales H) y l) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015. El Consejero a cargo del proceso negó la solicitud de suspensión provisional.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 233 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 154 / LEY 1122 DE 2007 – ARTÍCULO 14 / LEY 1122 DE 2007 – ARTÍCULO 26 / LEY 1438 DE 2011 – ARTÍCULO 30

NORMA DEMANDADA: DECRETO 2561 DE 2014 (12 de diciembre) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 13 (No suspendido) / DECRETO 2561 DE 2014 (12 de diciembre) GOBIERNO NACIONAL – ARTÍCULO 15 (No suspendido)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00174-00

Actor: LUIS EDUARDO MANOTAS SOLANO

Demandado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Ley 1437 de 2011

Se decide sobre la solicitud de suspensión provisional que, elevada por LUIS EDUARDO MANOTAS SOLANO contra los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional.

I. La solicitud de suspensión provisional

En escrito separado de la demanda se solicitó la suspensión provisional de los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional:

“ARTÍCULO 13. DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA. Para fortalecer la operación del aseguramiento y garantizar, a través del modelo de atención y prestación de servicios, el acceso efectivo a la salud en el departamento de Guainía, la SNS autorizará por un período de cinco (5) años, prorrogable por el mismo término, a la EPS habilitada, que resulte ganadora en el proceso de convocatoria de que trata el artículo 15 del presente decreto, para que opere ambos regímenes.

PARÁGRAFO. La determinación de la prórroga de la autorización de la EPS deberá ser resuelta por la SNS con una antelación no inferior a seis (6) meses, previos al vencimiento de la autorización inicial.

ARTÍCULO 15. REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD A CARGO DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO. La convocatoria para el proceso de selección en el departamento de Guainía de la EPS, tendrá las siguientes reglas:

15.3 El Ministerio de Salud y Protección Social, con la instancia representativa de los pueblos indígenas del departamento, realizará la evaluación de la EPS y enviará una lista según el puntaje obtenido a la SNS con el fin de llevar a cabo el proceso de autorización, con quien haya obtenido el mayor puntaje, en primer lugar, y en su defecto con el segundo y así sucesivamente. El proceso no se afectará por la existencia de un único participante.

PARÁGRAFO. En todo caso, la participación de la Institucionalidad Indígena en Salud en el proceso de selección de la EPS será de carácter obligatorio, de conformidad con el artículo 17de la Ley 691 de 2001.

A juicio de la parte actora, con la vigencia del acto acusado se le vulnera el derecho fundamental a la salud por imponérsele una EPS para la prestación del Plan Obligatorio de Salud.

La lectura del escrito le indica a la Sala que el descontento del actor está basado en que el Ministerio de Salud y Protección social debe realizar la evaluación de la EPS con la instancia representativa de los pueblos indígenas del Departamento, pues considera que se omite la participación del resto de la población no indígena.

También alegó que se afecta la sana competencia (artículo 333 y 334 de la Constitución) entre las EPS al tener que quedarse con una sola y que el monopolio que genera la elección de una sola EPS da lugar a una restricción fáctica del derecho fundamental a la salud y la seguridad social por quebrantar, a su juicio, el principio de la eficiencia en concordancia con el derecho a la autonomía personal que nos asiste a todos y cada uno de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social y Salud (SGSSS) en el territorio de la Guainía, pues la consecuencia de la existencia de esta norma es que se tendrá únicamente una opción de EPS.

Afirmó que con las disposiciones atacadas se vulnera el derecho a la salud (artículos 48 de la Constitución y la Ley 1751 de 2015) al dejar la selección de la única EPS que administrará el SGSSS, a la comunidad Indígena del Departamento.

II. Contestación de la entidad demandada

Ministerio de Salud y Protección Social:

Mediante apoderado el Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a que se decretara la suspensión provisional del acto administrativo demandado, para esos efectos utilizó como argumentos los siguientes:

Que el Presidente de la Republica en ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución y en desarrollo de las prerrogativas descritas, profirió el Decreto 2561 de 2014 con el objeto de otorgar un tratamiento especial a las zonas dispersas, garantizando su acceso a los servicios de salud y fortaleciendo el aseguramiento público en el Departamento de Guainía.

Que correspondía al ejecutivo en ejercicio de su potestad reglamentaria precisar los alcances y definir aquellos aspectos que, en el marco de las competencias que le fueron asignadas por el artículo 154 de la Ley 100 de 1993 y atendiendo el contenido de los artículo 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política, le permitieran intervenir el servicio público de seguridad social en salud garantizando un acceso de calidad a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social y Salud en el Departamento de la Guainía.

Que el constituyente al pretender la adopción de un modelo de Estado Social de Derecho, introdujo ciertos parámetros de economía social de mercado en los que, de un lado, se admite que la empresa es motor de desarrollo social y por esta vía se reconoce la importancia de una economía de mercado y de la promoción de la actividad empresarial, pero por otro, se asigna al Estado no sólo la facultad sino la obligación de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo económico y social.

El derecho a la libre competencia no presupone la existencia de una libertad absoluta frente a la actividad que se pretende desarrollar. Es decir, la mencionada prerrogativa implica la adopción de una serie de normas jurídicas que regulen el poder de una empresa en un determinado mercado, a fin de garantizar que el mismo obedezca al interés general y no al beneficio de quienes la conforman.

Que dicha facultad no se refiere exclusivamente a la protección de los intereses de los competidores, por el contrario, se extiende hacia los consumidores con el objeto de proporcionar una mayor calidad en la prestación de bienes y servicios.

Que si se lee con detenimiento el decreto se debe concluir que su naturaleza es mejorar el acceso al servicio de salud de la población del departamento y aunar los esfuerzos y recursos para ello, teniendo en cuenta su carácter de derecho fundamental, es decir, se introdujo un modelo específico para el departamento.

Que la norma surtió el procedimiento específico de consulta previa.

Que la libre escogencia constituye un principio del SGSSS, contenido ahora en el artículo 3, numeral 12, de la Ley 1438 de 2011 y alinderado en la Ley 1751 de 2015 en su artículo 6 literal h) dentro de la oferta disponible que no es otra cosa que la consideración específica sobre una territorialidad. No se trata de una facultad retórica sino que tiene como sustento la posibilidad de acceso a los servicios de salud. Por otra parte, la propia Ley 691 de 2001 establece que la afiliación comunitaria de la población indígena precisamente para salvaguardar su identidad cultural.

III. Para resolver, se considera:

3.1. Aspectos generales.

El artículo 238 de la Constitución Política dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos susceptibles de ser impugnados por vía judicial, por los motivos y con los requisitos que establece la ley.

El CPACA señala la procedencia de las medidas cautelares (art. 229), su finalidad y alcance (art. 230), lo mismo que los requisitos para solicitarlas (art. 231) y el trámite para decretarlas (art 233).

En relación con la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo el nuevo ordenamiento contencioso administrativo señala que ésta puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del proceso, por escrito o en audiencia, y que procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

El artículo 152.2 del CCA (Decreto 01 de 1984) exigía como condición inexorable para que procediera la medida de suspensión provisional, una “manifiesta infracción –del acto acusado con- una de las disposiciones invocadas como fundamento”.

Como lo destacó esta Corporación en un pronunciamiento anterior proferido en el marco de la nueva normatividad establecida en el CPACA (Ley 1437 de 2011), para la suspensión provisional se prescindió de la “manifiesta infracción” hasta allí vigente y se interpretó que, “la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”[1]. Esta es una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que ello habilita al juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas al efecto. Todo esto, lógicamente, sin incurrir en una valoración de fondo más propia de la fase de juzgamiento que de este primer momento del proceso; ya que, conforme lo estatuido por el artículo 229 CPACA en su inciso 2º, “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”.

3.2. Caso Concreto

Las normas cuya suspensión se solicita son os artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional, mediante las cuales se regula lo relativo al aseguramiento en salud del Departamento de Guainía y se dictan las normas para determinar cuál va ser la entidad a cargo de ese aseguramiento, es decir, que EPS estará encargada.

Por su parte, las normas legales que se consideran manifiestamente infringidas son: los artículos 48, 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 153.4 de la Ley 100 de 1993, los numerales 3, 10 del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011 y los literales H) y l) del artículo 6° de la Ley 1751 de 2015.

Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada, la contestación de la entidad demandada, y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, el Despacho llega a la conclusión de que no hay vulneración que amerite suspender de forma provisional los efectos de los actos demandados.

Para llegar a dicha conclusión basta con observar el cuerpo normativo que regula lo relativo a la intervención del Estado en el servicio de Seguridad Social en Salud:

ARTÍCULO 154 – LEY 100 DE 1993

ARTICULO. 154.-Intervención del Estado. El Estado intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines:

a) Garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución y en los artículos 2º y 153 de esta ley;

b) Asegurar el carácter obligatorio de la seguridad social en salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia;

c) Desarrollar las responsabilidades de dirección, coordinación, vigilancia y control de la seguridad social en salud y de la reglamentación de la prestación de los servicios de salud;

d) Lograr la ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social en salud permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educación, información y fomento de la salud y a los de protección y recuperación de la salud a los habitantes del país;

e) Establecer la atención básica en salud que se ofrecerá en forma gratuita y obligatoria, en los términos que señale la ley;

f) Organizar los servicios de salud en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad;

g) Evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes, y

h) Garantizar la asignación prioritaria del gasto público para el servicio público de seguridad social en salud, como parte fundamental del gasto público social.

ARTÍCULO 14 – LEY 1122 DE 2007

Artículo 14. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud.

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que señala el reglamento.

A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema tendrá las siguientes reglas adicionales para su operación:

(l) Por tratarse de una población dispersa geográficamente y con el fin de facilitar la operatividad en la atención en salud de la población de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vichada y Vaupés, el Gobierno Nacional definirá los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud de dichas comunidades y fortalecerá el aseguramiento público en dichos Departamentos;

ARTÍCULO 26 – LEY 1122 DE 2007

“Artículo 26. De la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas. La prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas solo se hará a través de Empresas Sociales del Estado (ESE) que podrán estar constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios de salud. En todo caso, toda unidad prestadora de servicios de salud de carácter público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado, excepto las unidades de prestación de servicios de salud que hacen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado y de aquellas entidades públicas cuyo objeto no es la prestación de servicios de salud. En cada municipio existirá una ESE o una unidad prestadora de servicios integrante de una ESE.

Parágrafo 1°. Cuando por las condiciones del mercado de su área de influencia, las ESE no sean sostenibles financieramente en condiciones de eficiencia, las entidades territoriales podrán transferir recursos que procuren garantizar los servicios básicos requeridos por la población, en las condiciones y requisitos que establezca el reglamento.

Parágrafo 2°. La Nación y las entidades territoriales promoverán los servicios de Telemedicina para contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, capacitación y a la disminución de costos y mejoramiento de la calidad y oportunidad de prestación de servicios como es el caso de las imágenes diagnósticas. Especial interés tendrán los departamentos de Amazonas, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.”

ARTÍCULO 30 – LEY 1438 DE 2011

Artículo 30. Aseguramiento en territorios con población dispersa geográficamente. El Gobierno Nacional definirá los territorios de población dispersa y los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud de dichas comunidades y fortalecerá el aseguramiento.

Es claro para este Despacho que está expresamente concebido en la Ley que el Departamento del Guainía es sujeto de medidas especiales dentro de las cuales se le otorgó al Gobierno Nacional la potestad para reglamentar, asegurar y definir los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud.

La regulación previamente referida es suficiente para que en este momento del proceso judicial no se observe una trasgresión de normas que implique adoptar la medida cautelar solicitada, pues se observa que ante situaciones especiales previstas por la Ley el Gobierno reguló también de forma especial la forma de salvaguardar el derecho fundamental a la salud.

Respecto de la aludida vulneración del derecho a la competencia el actor se queda corto en argumentos pues en efecto en las normas demandadas está previsto que EPS y de manera pueden participar en el proceso de selección:

15.1 El Ministerio de Salud y Protección Social, dentro del mes siguiente a la entrega de la información de que trata el artículo 14 del presente decreto, realizará una convocatoria pública nacional, conforme a los términos y condiciones que este defina, incluidos los requisitos que los participantes deberán demostrar para operar el modelo de atención y de prestación del servicio de salud, construidos en coordinación con el delegado por las autoridades indígenas, para seleccionar la EPS que va a operar el modelo de atención en salud y prestación de servicios de salud y administrar el riesgo de los afiliados pertenecientes al régimen subsidiado y a aquellos afiliados del régimen contributivo que quieran ingresar a la misma.

15.2 Podrán participar en la convocatoria:

– Las EPS habilitadas para operar en el departamento de Guainía.

– Las EPS habilitadas en otras entidades territoriales.

– Las EPS que manifiesten por escrito su interés en asociarse para presentarse a la convocatoria.

– El departamento de Guainía, haciendo uso de los instrumentos jurídicos previstos en la normativa vigente, si decide asociarse con una o varias EPS habilitadas.

El Ministerio solicitará la constitución de garantías por parte de los participantes en la convocatoria.

Las EPS que se presenten a la convocatoria deben estar habilitadas en alguno de los dos regímenes y no encontrarse con medida de intervención por parte de la SNS.

15.3 El Ministerio de Salud y Protección Social, con la instancia representativa de los pueblos indígenas del departamento, realizará la evaluación de la EPS y enviará una lista según el puntaje obtenido a la SNS con el fin de llevar a cabo el proceso de autorización, con quien haya obtenido el mayor puntaje, en primer lugar, y en su defecto con el segundo y así sucesivamente. El proceso no se afectará por la existencia de un único participante.

15.4 La SNS en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, podrá revocar la autorización de la EPS en cualquier momento, en caso de que se presente el incumplimiento en la operación del aseguramiento y el modelo de atención en salud, de que trata el presente decreto. También se revocará la autorización en el caso de perder la habilitación.

En los casos de revocación de autorización de la EPS, la SNS podrá solicitar que se adelante un nuevo proceso de convocatoria o hacer uso de la lista de elegibles, respetando el orden, para autorizar otra. En este último caso, la EPS de la lista de elegibles deberá manifestar ante la Superintendencia su interés de operar el presente modelo de atención en salud y prestación de servicios de salud en el departamento del Guainía. Para tal fin, dicha entidad podrá solicitar la actualización de la información para la verificación de los requisitos.

PARÁGRAFO. En todo caso, la participación de la Institucionalidad Indígena en Salud en el proceso de selección de la EPS será de carácter obligatorio, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 691 de 2001.

El actor se limitó a considerar que se crearía un monopolio, pero no desarrolló su idea teniendo en cuenta que las condiciones de aseguramiento en el Departamento de Guainía son por ministerio de la ley, especiales, por lo que su argumento se convierte en subjetivo y no es suficiente para declarar la suspensión provisional solicitada.

Por lo expuesto, el Despacho considera que no hay lugar a decretar la suspensión provisional de los actos enjuiciados toda vez que del análisis realizado en esta etapa del proceso no se evidencia una transgresión que amerite adoptar la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

NEGAR la suspensión provisional de los artículos 13 y 15 del Decreto 2561 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional.

Notifíquese y cúmplase,

GUILLERMO VARGAS AYALA

Consejero de Estado

[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Rad. No. 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.