100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033562SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo2944199414/10/1994SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo____2944_1994_14/10/1994300335611994SIN EXTRACTO DE RELATORÍA
Sentencias de NulidadMiguel González RodríguezFEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS14/10/1994Decreto 1000 de 1984Identificadores10030129043true1222959original30127091Identificadores

Fecha Providencia

14/10/1994

Fecha de notificación

14/10/1994

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Miguel González Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 1000 de 1984

Demandante:  FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS


SIN EXTRACTO DE RELATORÍA

CUENTAS DE FOMENTO CACAOTERO – Inversión / FONDO NACIONAL CACAOTERO – Ejecución / PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - Recursos

El artículo 11 del Decreto Reglamentario No. 1000 de 1984 es claro cuando ordena que los recursos de los Fondos solamente pueden invertirse en la ejecución de los objetivos dispuestos por la Ley 67 de 1983. Y si ésta en su art. 7o." ha previsto la elaboración anual por parte de las entidades administradoras de los recursos de los fondos de un plan de inversiones y gastos por programas y proyectos prioritarios y la discriminación de los recursos para la ejecución de los mismos.

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS – Convenio / GOBIERNO NACIONAL – Facultades / CONTRATO ADMINISTRATlVO – Estipulaciones / CUOTAS DE FOMENTO CACAOTERO - Administración y recaudo / LEY DE FOMENTO - Arroceros Cerealista y Cacaotero

EL hecho de que la Ley 67 de 1983 haya previsto en el inciso 2o. del artículo 8o." que en el contrato administrativo que celebre el Gobierno Nacional con las Federaciones Nacionales de arroceros, cerealistas y cacaoteros para la administración de las cuotas de fomento debe disponerse lo relativo al manejo de los recursos y la definición de los programas y proyectos, no significa que tales aspectos solo puedan mencionarse en dicho contrato ya que todo ello debe obedecer a un plan de inversiones y gastos en el cual no resulta ajena la estipulación de los programas y proyectos objeto del mismo y los recursos necesarios para su ejecución.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Radicación número: 2944

Actor: FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS

Demandado:

Referencia: Acción de Nulidad

La FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS a través de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de parte del artículo 2o. y de la totalidad del inciso 2o. del artículo 11 del Decreto Reglamentario No. 1000 de 24 de abril de 1984 "Por el cual, se reglamenta parcialmente la Ley 67 de 1983", expedido por el Gobierno Nacional.

I-. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

Estima la actora como transgredidos con los actos acusados los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, 3o., 4o., parágrafo del artículo 5o., 7o. y 8o. de la Ley 67 de 1983.

Fundamenta, en síntesis, el concepto de la violación así:

1 o): EL artículo 2o. del Decreto No. 1000 de 24 de abril de 1984 en la parte que dice "...cuando el Ministerio así lo determine mediante resolución..." viola en forma evidente el parágrafo del artículo 5o. de la Ley 67 de 1983, ya que éste dispone claramente que el valor del kilogramo del producto lo señalará el Ministerio de Agricultura antes del 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, no pudiendo por tanto la norma demandada cambiar el sentido de la ley volviendo indeterminado, lo que de manera precisa estableció la ley. De igual manera se viola el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política ya que la distorsión que hace la norma demandada no era ni es necesaria para la cumplida ejecución de la ley reglamentada.

2o) El inciso 2o. del artículo 11 del citado decreto es violatorio de los artículos 189 numeral 11 de la Carta, 3o., 40., 70. y 80 de la Ley 67 de 1983 por lo siguiente:

a) EL artículo 3o. de la Ley 67 de 1983 determina claramente que el producto de la cuota de fomento se llevará a una cuenta especial denominada FONDO NACIONAL DEL CACAO, en este caso, con destino exclusivo al cumplimiento de los objetivos previstos en la ley.

El inciso segundo del artículo 11 acusado rompe el equilibro de los objetivos legales, al darle a los mismos un orden de prioridad, para según esta prioridad asignarles mayores o menores recursos. Además, condiciona las prioridades y cuantías a la incidencia que para el fomento de cada cultivo en particular ofrezcan todos los objetivos y a las circunstancias del desarrollo de cada cultivo.

b) El artículo 4o. de la referida ley en forma taxativa determina cuáles son los objetivos a los cuales tiene que destinarse exclusivamente el producto de las cuotas de fomento, a saber: ejecución de programas de investigación; financiación de tales programas; transferencia de tecnología; comercialización; apoyo a las exportaciones y estabilización de precios.

Dichos objetivos tienen que ejecutarse en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la actividad agrícola dentro del Plan Nacional de Desarrollo. La ley no ordena que los objetivos se sujeten a las prioridades, cuantías y condiciones que prevé la norma acusada.

  1. De acuerdo con el artículo 7o. de la Ley 67 de 1983, el Plan de Inversión y Gastos tiene que hacerse por programas y proyectos y no como ordena el acto acusado: que los planes y proyectos tienen que hacerse según cada objetivo, con las condiciones que el decreto impone.

  1. EL artículo 8o. ib ídem autoriza al Gobierno Nacional para celebrar un contrato especial con las Federaciones allí indicadas para que éstas administren y recauden las cuotas de fomento y que lo relativo al manejo de los recursos del Fondo, la definición y establecimiento de programas y proyectos, las facultades y prohibiciones de la entidad administradora, el plazo del contrato y demás requisitos y condiciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos legales se tienen que disponer en el contrato y no como se ha hecho en el decreto reglamentario demandado.

II-. ACTUACION

Mediante proveído de 16 de junio de 1994 se admitió la demanda.

La Nación -Ministerio de Agricultura-, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en síntesis, lo siguiente:

1-. El espíritu del decreto reglamentario fue el de establecer mecanismos que permitieran desarrollar y agilizar la esencia de la norma reglamentada. El Ministerio de Agricultura ha cumplido con los objetivos y metas previstos en la ley.

2-, No existe violación alguna de la Ley 67 de 1983. Se debe analizar la normatividad dentro de un contexto jurídico legal al cual pertenece y por ende el entorno jurídico en el cual se desarrolla para no incurrir en supuestas transgresiones de preceptos constitucionales o legales que no se configuran.

III-. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación considera que deben denegarse las súplicas de la demanda por cuanto la norma reglamentaria y la reglamentada señalan que el Ministerio de Agricultura deberá fijar el precio de referencia semestralmente y cosa distinta es que el Ministerio pueda mediante resolución determinar si la liquidación de las cuotas de fomento se hace con base en el precio de referencia o sobre el precio de venta del producto.

Además, la determinación de prioridades no configura por sí sola violación de la Ley. Por el contrario, los lineamientos del reglamento constituyen marco legal para el contrato administrativo de recaudo de cuotas y administración del Fondo.

IV-. LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a resolver la controversia, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES

Dispone el texto completo del artículo 50 de la Ley 67 de 1983:

"Recaudo. El recaudo de las Cuotas de Fomento se realizará por las entidades o empresas que compren o procesen cada uno de los productos o por la entidad pública o privada que en cada caso designe el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Exclusivamente para los efectos anteriores, el Ministerio de Agricultura señalará semestralmente antes del 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el valor del kilogramo del producto respectivo a nivel nacional regional (sic), con base en el cual se hará la liquidación de cada cuota de fomento durante el semestre inmediatamente siguiente".

Prevé el artículo 2o. del Decreto Reglamentario No. 1000 de 1984 acusado:

"Las Cuotas de Fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el Ministerio de Agricultura, o sobre el de venta del producto, cuando el Ministerio así lo determine mediante resolución, en consideración a que las condiciones especiales de mercado favorecen los intereses de los productores".

Como lo observó la Sala al resolver sobre la solicitud de suspensión provisional, del contenido del artículo 2o. acusado no se infiere el alcance que pretende dar la actora. En efecto, al expresar la norma en estudio "... cuando el Ministerio así lo determine mediante resolución... ". no está haciendo referencia al momento de la liquidación de las cuotas de fomento para efectos del recaudo a que alude el parágrafo del artículo 5o. de la Ley 67 de 1983 que se cita como vulnerado, sino a lo que puede determinar dicho Ministerio mediante resolución, es decir, si la base de la liquidación se hace sobre el precio de referencia o el precio de venta del producto, pero siempre semestralmente. Por esta razón no está llamado a prosperar el primer cargo de violación.

En cuanto al segundo cargo de violación es preciso tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 3o. de la Ley 67 de 1983 es del siguiente tenor:

"Fondo Nacional Arrocero, Cerealista y Cacaotero. El producto de las cuotas de fomento a que se refieren los artículos anteriores se llevarán en una cuenta espacial bajo el nombre de Fondo Nacional del Arroz, Fondo Nacional Cerealista y Fondo Nacional del Cacao, según el caso, con destino exclusivo al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley".

El artículo 4o. ibidem señala:

"Objetivos. Los recursos de cada Fondo se aplicarán a la ejecución o financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la actividad agrícola dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para las consumidores nacionales".

El artículo 7o. ibidem estatuye:

"Plan de inversiones y Gastos. La entidad administradora de los recursos de cada Fondo elaborará anualmente, antes del 1 o. de octubre, el Plan de Inversiones y Gastos por programas y proyectos para el año inmediatamente siguiente, el cual solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por una comisión especial integrada por los señores Ministros de Agricultura, o su delegado; o el .Tefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, y por tres miembros elegidos por la Junta Directiva de la Asociación correspondiente”.

El inciso 2o. del artículo 8o. ibidem dispone:

"En el contrato administrativo se dispondrá lo relativo al manejo de los recursos del Fondo, la definición y establecimiento de programas y proyectos, las facultades y prohibiciones de la entidad administradora, el plazo del contrato y demás requisitos y condiciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos legales, así como la contraprestación por la administración y recaudo de cada cuota, cuyo valor podrá ser hasta del diez por ciento (10%) del recaudo anual.

El artículo 11 del Decreto Reglamentario No. 1000 de 1984 acusado estatuye:

"Los recursos de los Fondos Arrocero, Cerealista y Cacaotero, únicamente podrán invertirse en la ejecución de los objetivos dispuestos por la ley. En virtud de lo anterior, en el Plan de Inversiones y Gastos se asignarán recursos discriminados por programas y proyectos según cada objetivo, cuya cuantía y prioridad dependen de la incidencia que para el fomento de cada cultivo en particular ofrezcan tales objetivos y de las circunstancias actuales de su desarrollo de manera que se logren mejorar las condiciones técnicas y económicas de la producción en beneficio de los agricultores y consumidores.”

No observa la Sala que el acto acusado haya quebrantado las normas de la Ley 67 de 1983 cuyo texto ha quedado transcrito y por ende el artículo 189 numeral 11 de la Carta Política. En efecto el artículo 11 del Decreto Reglamentario No. 1000 de 1984 es claro cuando ordena que los recursos de los Fondos solamente pueden invertirse en la ejecución de los objetivos dispuestos por la ley. Y si ésta en su artículo 7o. ha previsto la elaboración anual por parte de las entidades administradoras de los recursos de los Fondos de un Plan de Inversiones y Gastos por Programas y proyectos, el cual debe ser aprobado poruña comisión especial para su ejecución, ello supone la existencia de programas y proyectos prioritarios y la discriminación de los recursos para la ejecución de los mismos.

De tal manera que el acto acusado no está variando el espíritu de la ley ni cambiando el orden de los objetivos, sino haciendo explícito lo que en ella está implícito pues es lógico que si en un momento determinado existen objetivos prioritarios que deben desarrollarse, éstos merecen la asignación de recursos en una cuantía superior frente a los que no lo son.

De otra parte el hecho de que la citada Le 67 de 1983 y haya previsto en el inciso 2o. del artículo 8o. que en el contrato administrativo que celebre el Gobierno Nacional con las Federaciones Nacional de arroceros, cerealistas y cacaoteros para la administración de las cuotas de fomento debe disponerse lo relativo al manejo de los recursos y la definición de los programas y proyectos, no significa que tales aspectos sólo puedan mencionarse en dicho contrato, ya que todo ello debe obedecer a un Plan de Inversiones y Gastos en el cual no resulta ajena la estipulación de los programas y proyectos objeto del mismo y los recursos necesarios para su ejecución.

Por estas consideraciones tampoco está llamado a prosperar el cargo en estudio imponiéndose, en consecuencia, la denegatoria de las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 13 de octubre de 1994.

YESIDROJAS SERRANO, PRESIDENTE; ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ, MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ