100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033490SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull3368199517/11/1995SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__3368_1995_17/11/1995300334891995AUTONOMIA UNIVERSITARIA - Alcances / CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR - Funciones - EDUCACION SUPERIOR - Autonomía Universitaria / PERSONERIA JURIDICA - Requisitos / CESU - Naturaleza El Consejo Nacional de Educación Superior, es un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, que desde luego, no puede ser objeto de reglamentación en los estatutos o reglamentos internos de las universidades como lo pretende el accionante cuando afirma que es en dichos reglamentos internos donde la universidad determina la forma de participación del estudiantado en los organismos de dirección del centro docente. Además, advierte la Sala que el argumento del demandante, está construido sobre un presupuesto falso, pues, como ya se precisó, el CESU no es un organismo de dirección de la universidad, es un organismo del Gobierno Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría en materia de educación superior. Dentro de la autonomía universitaria que garantiza la Carta Política, las universidades pueden darse sus estatutos de acuerdo con la ley, que lo es la Ley 30 de 1992. Dicha ley prevé, que el contenido, la forma y los requisitos de esos estatutos serán señalados por el CESU, organismo que fijó esos requisitos los cuales fueron acogidos por decreto reglamentario, es decir, que de conformidad con el mandato constitucional las universidades se dan sus estatutos pero cumpliendo las exigencias que prevé la Ley 30 de 1992 y su Decreto reglamentario 1478 de 1994.
Sentencias de NulidadNubia González CerónGOBIERNO NACIONALALEJANDRO ANGEL PEÑARANDA NARVAEZ17/11/1995Decretos reglamentarios 1229 de 1993 y 1478 de 1994Identificadores10030128649true1222552original30126697Identificadores

Fecha Providencia

17/11/1995

Fecha de notificación

17/11/1995

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Nubia González Cerón

Norma demandada:  Decretos reglamentarios 1229 de 1993 y 1478 de 1994

Demandante:  ALEJANDRO ANGEL PEÑARANDA NARVAEZ

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


AUTONOMIA UNIVERSITARIA - Alcances / CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR - Funciones - EDUCACION SUPERIOR - Autonomía Universitaria / PERSONERIA JURIDICA - Requisitos / CESU - Naturaleza

El Consejo Nacional de Educación Superior, es un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, que desde luego, no puede ser objeto de reglamentación en los estatutos o reglamentos internos de las universidades como lo pretende el accionante cuando afirma que es en dichos reglamentos internos donde la universidad determina la forma de participación del estudiantado en los organismos de dirección del centro docente. Además, advierte la Sala que el argumento del demandante, está construido sobre un presupuesto falso, pues, como ya se precisó, el CESU no es un organismo de dirección de la universidad, es un organismo del Gobierno Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría en materia de educación superior. Dentro de la autonomía universitaria que garantiza la Carta Política, las universidades pueden darse sus estatutos de acuerdo con la ley, que lo es la Ley 30 de 1992. Dicha ley prevé, que el contenido, la forma y los requisitos de esos estatutos serán señalados por el CESU, organismo que fijó esos requisitos los cuales fueron acogidos por decreto reglamentario, es decir, que de conformidad con el mandato constitucional las universidades se dan sus estatutos pero cumpliendo las exigencias que prevé la Ley 30 de 1992 y su Decreto reglamentario 1478 de 1994.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: NUBIA GONZALEZ CERON

Santa Fe de Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)

Radicación número: 3368

Actor: ALEJANDRO ANGEL PEÑARANDA NARVAEZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que dio origen al proceso de la referencia, instaurada por el ciudadano Alejandro Angel Peñaranda Narváez en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., con el fin de obtener la declaratoria de nulidad parcial de los Decretos reglamentarios 1229 de 1993, “por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1992” y 1478 de 1994, “por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de personería jurídica de instituciones privadas de educación superior, la creación de seccionales y se dictan otras disposiciones”, expedidos por el Gobierno Nacional.

I. ANTECEDENTES

I.1. Los actos acusados son del siguiente tenor:

Decreto 1229 de 1993. “Artículo 1. Para la escogencia de los representantes previstos en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 30 de 1992, se procederá así, en cada caso:

“i. Representante de los estudiantes. Cada universidad inscribirá ante el director General del Icfes el nombre del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior u organismo que haga sus veces, para que en la Asamblea convocada por el Ministro de Educación Nacional por medio del Icfes, escoja de entre ellos, al representante ante el CESU, previsto en el apartado m. del artículo 35.

Dichos representantes deberán estar matriculados en postgrado o en cualquiera de los dos últimos años o cuatro últimos semestres de carrera”.

Decreto 1478 de 1994. “Artículo 5º. Los estatutos de la institución estarán en concordancia con los principios y objetivos determinados en los capítulos I y II del Título Primero de la Ley 30 de 1992. Su contenido será el siguiente:

...

“7. La descripción de la organización académica y administrativa básica, en especial la relativa a sus órganos de dirección y administración, sus funciones y el régimen de la participación democrática de la comunidad educativa en la dirección de la institución, teniendo en cuenta que éste debe contemplar la representación por lo menos de un profesor y un estudiante en la Junta o Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces”.

I.2 NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

El accionante considera que los actos acusados violan el artículo 69 de la Constitución Política. Como fundamento de dicha violación expone los argumentos que se resumen a continuación:

El artículo 69 de la C.P. garantiza la autonomía universitaria, la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo.

En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, aprobar y manejar su presupuesto, definir los planes de estudio que regirán su actividad económica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el fin pretendido por cada institución universitaria para sus egresados.

El concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley.

Dentro de la autonomía universitaria debe existir para toda institución de educación superior la posibilidad de estipular, con carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad universitaria, un régimen interno que adopta el nombre de reglamento. En este reglamento, la universidad, según su potestad amparada en el artículo 69 de la C.P., determinará los mecanismos de representación a los cuales puedan acceder los estudiantes, sin limitarles su derecho de representación.

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria traducida en comportamientos administrativos de gestión, tales como darse sus reglamentos, estatutos y directivas.

Este nuevo tratamiento universitario no puede considerarse aisladamente sino dentro de un contexto nacional, como lo señala el artículo 1º de la Constitución Política al decir que Colombia es un Estado de Derecho, organizado en forma de República Unitaria.

Si es un Estado de Derecho donde cada asociado debe cumplir normas organizativas frente al otro asociado y, a su vez, los asociados forman una unidad bajo la dirección del Estado, quiere decir que nadie va por su lado frente a los demás y al Estado, sino organizados bajo el control de éste. Por lo tanto, ninguna persona natural o jurídica es independiente jurídicamente, sino que está limitada por los derechos de los demás y por las leyes de convivencia social, las cuales son impuestas por el Estado, quien vigila su cumplimiento.

La autonomía universitaria significa que la institución puede organizarse internamente, dentro de lo que el Estado le permite al reconocerle la calidad de universidad. Pero las actuaciones que trascienden su propia identidad, están determinadas por el Estado. La autonomía no le permite a una universidad comportarse como quiera frente a otras instituciones, las relaciones las regula el Estado.

La autonomía universitaria no puede entenderse sino en armonía con los principios constitucionales consagrados en los artículos 1º, 69, 70, 71, 188, 189, 115 y 365.

III. TRAMITE DEL PROCESO

De conformidad con las normas del C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, de ese trámite merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto de siete de julio de 1995, se admitió la demanda y se ordenó el trámite de rigor (fols. 32 y 33).

Mediante auto de 28 de septiembre de 1995, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto, la parte demandada y el agente del Ministerio Público presentaron los escritos que obran a folios 100 a 103 y 104 a 108. El demandante no presentó alegato de conclusión.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Primero Delegado ante esta Corporación manifiesta que el fundamento político jurídico a que se encuentra sujeto nuestro sistema de derecho con la adopción del principio denominado de “legalidad”, descansa en que la actividad de la administración, las normas que ella expida y los actos que ella profiera deben estar permanentemente sometidos a reglas jurídicas superiores.

Encontrándonos en un Estado Social de Derecho, es en armonía con este predicado que debe ser entendida la llamada “autonomía” que constitucionalmente se le ha reconocido a la universidad colombiana, que no es otra cosa que la capacidad de disponer conforme a la misma Constitución y a la ley, de un margen de manejo y organización a sí misma que le permita a cada institución elegir sus destinos con arreglo a sus propios objetivos según el perfil educativo que los individualiza pero siempre, bajo la suprema dirección del Estado.

Sería entonces ajeno a la disciplina jurídica que nos rige, concebir en aras de una atribuida autonomía, un gobierno despojado del poder de control y de la capacidad de intervención, y un establecimiento educativo dotado de una libertad total y absoluta de hacer y disponer jurídicamente del control superior del Estado. Como la misma norma supuestamente violada lo establece, la universidad se dará sus propias directivas y estatutos “conforme a la ley”, es decir, se le atribuye una relativa autonomía, sometida al control del ordenamiento jurídico.

Resulta claro que con la expedición de los decretos demandados no se está desconociendo la facultad que el imperativo constitucional le otorgó a la universidad colombiana de organizarse hacia el interior y gestionar endógenamente. El legislador mediante tales actos está regulando una relación del ente universitario hacia un organismo independiente del ente educativo, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, situación que trasciende el marco de autonomía atribuida y que toca campos que competen completamente al gobierno, en ejercicio de la función de suprema inspección y vigilancia sobre instituciones educativas, tal como lo consagra la Ley 30 de 1992, en su artículo 35.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, considera la Sala necesario precisar el alcance del artículo 69 de la C.P., en cuanto garantiza la autonomía universitaria.

El mencionado texto constitucional preceptúa: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

“La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

“El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

“El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Del anterior mandato constitucional, es lógico concluir, que la norma predica la “autonomía universitaria”, en virtud de la cual las universidades pueden cumplir autónomamente dos situaciones, “darse sus propias directivas” y “regirse por sus propios estatutos”, lo cual sólo podrán hacer de acuerdo con la ley. Para las universidades del Estado la ley establecerá un régimen especial.

Ahora bien, la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de educación superior”, en el Título Primero, Capítulo VI, reconoce y desarrolla la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política, cuando en sus artículos 28, 29 y 30, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional (art. 28).

Igualmente precisa que dicha autonomía estará determinada por su campo de acción de acuerdo con la ley en comento, en los siguientes aspectos:

“a) Darse y modificar sus estatutos.

“b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

“c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.

“d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

“e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.

“f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

“g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función Constitucional” (art. 29).

Por último reconoce que es propio de las instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con la mencionada ley (art. 30).

En el Título Segundo, Capítulo I, se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), como un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría y de carácter permanente (art. 34).

Dicho Consejo Nacional de Educación Superior, estará integrado de la siguiente manera:

a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside;

b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación;

c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia;

d) El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, Conciencias;

e) Un rector de la universidad estatal u oficial;

f) Dos rectores de universidades privadas;

g) Un rector de universidad de economía solidaria;

h) Un rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial;

i) Un rector de institución técnica profesional estatal u oficial;

j) Dos representantes del sector productivo;

k) Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial;

l) Un profesor universitario;

m) Un estudiante de los últimos años de universidad;

n) El Director del Icfes, con voz pero sin voto.

Para la escogencia de los representantes establecidos en los literales e), f), g), h), i), j), k), l) y m), el Gobierno Nacional debe establecer una completa reglamentación que asegure la participación de cada uno de los estamentos representados, los cuales tendrán un período de dos años (art. 35).

En virtud de dicho mandato legal y con fundamento en la potestad reglamentaria, el ejecutivo expidió el Decreto reglamentario 1229 de 1992, “por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1992”, cuyo artículo lo prevé que para la escogencia de los representantes previstos en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 30 de 1992, se procederá así, en cada caso:

“i. Representante de los estudiantes: Cada universidad inscribirá ante el Director General del Icfes el nombre del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior u organismo que haga sus veces, para que en la asamblea convocada por el Ministro de Educación Nacional por medio del Icfes, escoja de entre ellos, al representante ante el CESU, previsto en el apartado m del artículo 35.

“Dichos representantes deberán estar matriculados en postgrados o en cualquiera de los dos últimos años o cuatro últimos semestres de carrera”.

Según el demandante el literal i del artículo 35, viola la autonomía de las universidades, reconocida en el artículo 69 de la C.P.

En verdad, la Sala no encuentra tal violación, en primer lugar, porque como ya quedó demostrado, la autonomía de las universidades según el mandato constitucional está circunscrita a dos eventos, darse sus propias directivas y regirse por estatutos propios, de acuerdo con la ley, y, esa concepción constitucional fue desarrollada por la Ley 30 de 1992. Pero además porque nada tiene que ver con las directivas ni con los estatutos y en consecuencia con la autonomía universitaria, la creación del CESU. En efecto el Consejo Nacional de Educación Superior, es un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, que desde luego, no puede ser objeto de reglamentación en los estatutos o reglamentos internos de las universidades como lo pretende el accionante cuando afirma que es en dichos reglamentos internos donde la universidad determina la forma de participación del estudiantado en los organismos de dirección del centro docente.

Además, advierte la Sala que el argumento del demandante, está construido sobre un presupuesto falso, pues, como ya se precisó, el CESU no es un organismo de dirección de la universidad, es un organismo del Gobierno Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría en materia de educación superior.

En cuanto a la acusación que formula el demandante al artículo 5º, numeral 7º del Decreto 1478 de 1994, la Sala observa lo siguiente:

El mencionado artículo 5º prescribe que los estatutos de la institución estarán en concordancia con los principios y objetivos determinados en los capítulos I y II del Título Primero de la Ley 30 de 1992. Su contenido será el siguiente:

“7. La descripción de la organización académica y administrativa básica, en especial la relativa a sus órganos de dirección y administración, sus funciones y el régimen de la participación de la comunidad educativa en la dirección de la institución, teniendo en cuenta que éste debe contemplar la representación por lo menos de un profesor y un estudiante en la Junta o Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces”.

Considera el demandante que el transcrito numeral 7º viola en forma manifiesta el artículo 69 de la C.P. y en sustento de dicha consideración, fundamentalmente afirma que “en ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos”.

La Sala no encuentra la alegada violación por las siguientes razones:

Tal como ya quedó advertido y precisado el artículo 69 de la C.P. garantiza la autonomía universitaria la cual debe ser ejercida de conformidad con la ley. Ahora bien, esa ley a la cual hace referencia la Carta Política lo es la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.

En materia de estatutos la mencionada ley reconoce que las instituciones universitarias, las escuelas tecnológicas y las instituciones técnicas profesionales pueden darse y modificar sus estatutos exigiendo notificación al Ministerio de Educación Nacional a través del Icfes (art. 29).

Para efectos del reconocimiento de personería jurídica de las instituciones privadas de Educación Superior, la ley en comento señala los documentos que se deben acompañar a la solicitud, entre ellos, los estatutos de la institución, precisando que el contenido, la forma y requisitos que deberán reunir los documentos requeridos serán señalados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) (art. 100).

A este respecto recuerda la Sala tal como ya quedó precisado, que el CESU es un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría.

En cumplimiento de las anteriores funciones, en especial de la de asesoría, el CESU señaló el contenido, forma y condiciones que deben reunir los documentos que hay que presentar con la solicitud de reconocimiento de personería jurídica que formula una institución privada de Educación Superior; de ello dan fe los considerandos del Decreto 1478 de 1994 los cuales no han sido controvertidos en este proceso y por lo mismo gozan de las presunciones de legalidad y veracidad.

Por lo anteriormente expuesto, y acogiendo la asesoría del CESU el Gobierno Nacional expide el Decreto 1478 de 1994.

Por consiguiente, huelga concluir que dentro de la autonomía universitaria que garantiza la Carta Política, las universidades pueden darse sus estatutos de acuerdo con la ley, que lo es la Ley 30 de 1992. Dicha ley prevé, que el contenido, la forma y los requisitos de esos estatutos serán señalados por el CESU, organismo que fijó esos requisitos los cuales fueron acogidos por decreto reglamentario, es decir, que de conformidad con el mandato constitucional las universidades se dan sus estatutos pero cumpliendo las exigencias que prevé la Ley 30 de 1992 y su Decreto reglamentario 1478 de 1994.

Por las anteriores razones no prospera el cargo.

Por consiguiente, al no prosperar el cargo formulado por el actor, serán denegadas las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

Segundo. Devuelvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente.

Tercero. En firme esta sentencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 16 de noviembre de 1995.

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ NUBIA GONZÁLEZ CERÓN

PRESIDENTE

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ RODRIGO RAMÍREZ GONZÁLEZ