100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033422SENTENCIASala de lo Contenciosos AdministrativoAI-010199715/04/1997SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo____AI-010_1997_15/04/1997300334211997REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - Organización / SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Funciones / REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - Funciones Del contenido del acto administrativo acusado - Decreto 2158 / 92 - , se infiere que lo que éste pretende es garantizar la continuidad en la prestación de un servicio público, de dirección coordinación y administración del registro del Estado Civil, que con anterioridad a la Carta Política de 1991 estaba a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, mientras es asumido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalado por el Art. 266 de la misma, previa reglamentación legal que determine la forma y términos como ha de prestarse el servicio. Si hasta el momento no se ha expedido esta reglamentación legal, tal desidia o negligencia no puede endilgársele a la Superintendencia de Notariado y Registro, pues en ella no está radicada la facultad legislativa, ni mucho menos puede pretenderse la nulidad del acto administrativo acusado para, de esa manera presionar la expedición de dicha reglamentación legal, pues, como ya se dijo, de la confrontación entre las dos disposiciones en supuesto conflicto no surge el quebranto invocado en la demanda. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ Santa Fe de Bogotá, D.C., quince (15) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997). Radicación número: AI-010 Actor: CESAR ROSAS RODRÍGUEZ Demandado: GOBIERNO NACIONAL
Sentencias de NulidadErnesto Rafael Ariza MuñozGOBIERNO NACIONALCESAR ROSAS RODRÍGUEZ15/04/1997Decreto 2158 de 1992 Identificadores10030128197true1221996original30126247Identificadores

Fecha Providencia

15/04/1997

Fecha de notificación

15/04/1997

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Norma demandada:  Decreto 2158 de 1992

Demandante:  CESAR ROSAS RODRÍGUEZ

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - Organización / SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Funciones / REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - Funciones

Del contenido del acto administrativo acusado - Decreto 2158 / 92 - , se infiere que lo que éste pretende es garantizar la continuidad en la prestación de un servicio público, de dirección coordinación y administración del registro del Estado Civil, que con anterioridad a la Carta Política de 1991 estaba a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, mientras es asumido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalado por el Art. 266 de la misma, previa reglamentación legal que determine la forma y términos como ha de prestarse el servicio. Si hasta el momento no se ha expedido esta reglamentación legal, tal desidia o negligencia no puede endilgársele a la Superintendencia de Notariado y Registro, pues en ella no está radicada la facultad legislativa, ni mucho menos puede pretenderse la nulidad del acto administrativo acusado para, de esa manera presionar la expedición de dicha reglamentación legal, pues, como ya se dijo, de la confrontación entre las dos disposiciones en supuesto conflicto no surge el quebranto invocado en la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., quince (15) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).

Radicación número: AI-010

Actor: CESAR ROSAS RODRÍGUEZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

El ciudadano CESAR ROSAS RODRÍGUEZ, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del parágrafo del artículo 1º del Decreto núm. 2158 de 30 de diciembre de 1.992 "por el cual se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro", expedido por el Gobierno Nacional.

l - FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como cargo único invoca el actor en su demanda la transgresión del artículo 266 de la Constitución Política, porque, a su juicio, el acto administrativo acusado consagra una excepción que en manera alguna prevé la Carta.

En efecto, el citado artículo 266 señaló clara y perentoriamente que la dirección y organización del registro civil e identificación de las personas corresponde a la

Registraduría Nacional del Estado Civil y no a la Superintendencia de Notariado y Registro, como se consagró en el acto administrativo acusado.

II - . TRAMITE DE IA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II .l - . CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1.1 - . La Nación - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - , a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que, contrario a lo que considera el actor, la norma acusada en modo alguno vulnera el artículo - 266 - de la Constitución Política, pues no atribuye a la Superintendencia de Notariado y Registro de manera perentoria sino temporal las funciones de dirección, coordinación y administración del registro del estado civil, en cumplimiento del mismo precepto constitucional.

II.1.2 - . La Nación - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE IA FUNCIÓN PUBLICA - , a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta, expresó, en síntesis, que la norma acusada permite transitoriamente y mientras es asumido por el organismo competente del Estado, que el servicio público del registro civil sea prestado por la Superintendencia de Notariado y Registro. La norma en cuestión en momento alguno le está atribuyendo funciones inconstitucionales a dicha Superintendencia, pues esta competencia la venía ejerciendo con anterioridad y la debe continuar ejerciendo transitoriamente hasta que por mandato legal se reglamenten los términos y la forma como va a ser asumido el servicio por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con el artículo 266 de la Constitución Política.

ll.1 - 3 - La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, a través de apoderada, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta, manifestó, principalmente, que en razón de la norma acusada la Superintendencia de Notariado y Registro sólo emite conceptos de orientación no vinculantes, a registradores, inspectores, notarios, cónsules, autoridades jurisdiccionales, particulares y a la misma Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la División de Registro del Estado Civil, sobre aspectos relacionados con el servicio, y por acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil expide algunas Resoluciones, cuando en la solicitud se invoca el derecho de petición, y para autorizar la inscripción de nacimientos de hijos de padres desconocidos, de conformidad con el Decreto 158 de 1.994.

El parágrafo acusado se consagró con el fin de darle a los usuarios y a los encargados de la prestación del servicio, las orientaciones necesarias.

III - . ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidario de que se acceda a las pretensiones de la demanda, porque, a su juicio, el acto administrativo acusado es violatorio del inciso 20 del articulo - 266, de - la Constitución Política .ya que la finalidad de las funciones transitorias del Gobierno fue la de poner en consonancia las entidades que se autorizaban suprimir, fusionar o reestructurar, con la reforma constitucional. De modo que si el artículo 266 constitucional atribuyó a la Registraduría Nacional del Estado Civil "el registro civil y la identificación de las personas", además de las funciones que para ella "establezca la ley", no hay duda de que se traiciona la finalidad del artículo transitorio 20 si, mediante decreto, en lugar de poner en consonancia las instituciones con el precepto referido, se deja en manos de la Superintendencia de Notariado y Registro unas funciones que le son ajenas, a través de un ambiguo mecanismo de "transitoriedad permanente"', pues no se fijó un plazo sino condición que, no se ha cumplido, casi seis años después de expedida la Constitución Política.

De otra parte, el encabezado del Decreto 2158 de 1.992 señala que fue expedido en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo transitorio 20 de la Constitución Política v teniendoencuentalas recomendaciones de la Comisión de que trata el mismoartículo, y analizados los documentos de la Comisión Asesora se evidencia que ésta sólo recomendó que la propuesta relacionada con la regulación del control fiscal interno fuera expedida con fundamento - - en el artículo transitorio 20, pero no se encuentra manifestación alguna atinente a la función transitoria que es objeto de debate.

IV - . CONSIDERACIONES DE LA SALA

Sea lo primero advertir que el conocimiento del proceso de la referencia fue asumido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 numeral 9 y 49 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1.996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), que le atribuye la competencia para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, que no sean del conocimiento de la Corte Constitucional, como acontece en el evento sub lite en que la norma acusada forma parte de un decreto revestido de estas características y en que sólo se invoca la violación directa e inmediata de una norma constitucional.

Para la Sala no resultan de recibo los argumentos del Agente del Ministerio Público ya que la confrontación del acto administrativo acusado no es procedente efectuarla con el artículo transitorio - 20 de la Carta Política, pues en parte alguna de la demanda se invoca como transgredido este precepto constitucional, ni mucho menos se le endilga a aquél su desconocimiento en lo referente a las recomendaciones de la Comisión Asesora.

Por ser ésta una Jurisdicción rogada, sólo le es dable al juzgador, para efectos de establecer la violación alegada, hacer la confrontación entre el acto administrativo cuestionado y la disposición de orden superior que se indica como transgredida, a la luz del alcance del concepto de la violación determinado en la demanda por el actor.

En este orden de ideas, se tiene lo siguiente:

El inciso 2°. del artículo 266 de la Carta Política, que se invoca en la demanda como transgredido, es del siguiente tenor:

"No podrá ser reelegido (se refiere la norma al Registrador Nacional del Estado Civil) y ejercerálasfuncionesque establezca la ley, - incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga" (las subrayas - fuera de texto).

Prescribe el parágrafo del artículo 1°. acusado:

Parágrafo : En tanto la Registraduría Nacional del Estado civil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 266 de la Constitución Política, asume las funciones de dirección, coordinación y administración del registro del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro continuará cumpliendo estas funciones como lo viene haciendo hasta la fecha, a cuyo propósito mantendrá una División de Registro de Estado Civil de las Personas, dependiente de la Decretaría General de la entidad".

Como se advirtió al estudiar la solicitud de la medida precautoria, y ahora se reitera, no se observa la transgresión del precepto constitucional transcrito, a que alude el actor y sí, por el contrario, del contenido del acto administrativo acusado se infiere que lo que éste pretende es garantizar la continuidad en la prestación de un servicio público, que con anterioridad a la Carta Política de 1.991 estaba a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, - mientras es asumido por el organismo señalado en la misma, previa reglamentación legal que determine la forma y términos como ha de prestarse el servicio.

Si hasta el momento no se ha expedido esta reglamentación legal, tal desidia o negligencia no puede endilgársele a la Superintendencia de Notariado y Registro, pues en ella no está radicada la facultad legislativa, ni mucho menos puede pretenderse la nulidad del acto administrativo acusado para, de esa manera presionar la expedición de dicha reglamentación legal, pues, como ya se dijo, de la confrontación entre las disposiciones en supuesto conflicto no surge el quebranto invocado en la demanda.

Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

DEVUÉLVASE al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de abril de 1997.

JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ

Presidente

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

MARIO ALARIO MÉNDEZ

ANTONIO ALVARADO CABRALES

GERMAN AYALA MANTILLA

CARLOS BENTANCUR JARAMILLO

JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS

Ausente

JULIO ENRIQUE CORREA RESTREPO

MIREN DE LA LOMBANA DE MAGYAROFF

JAVIER DÍAZ BUENO

SILVIO ESCUDERO CASTRO

CLARA FORERO DE CASTRO

DELIO GÓMEZ LEYVA

AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ

RICARDO HOYOS DUQUE

LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA

CARLOS ORJUELA GONGORA

DOLLY PEDRAZA DE ARENAS

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Ausente

CONSUELO SARRIA OLCOS

DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ