100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033386SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo7988199328/06/1993SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___7988__1993_28/06/1993300333851993MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / REGIMEN SALARIAL / REGIMEN PRESTACIONAL - Derogatoria / GOBIERNO NACIONAL - Facultades / CONGRESO - Facultades De acuerdo con el artículo 150 numeral 19 de la C.N., la expedición de los decretos sobre régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, no es una competencia exclusiva del Congreso sino compartida con el gobierno nacional. El Congreso dicta las normas generales y señala en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe ajustarse el gobierno y este a su vez, fija dicho régimen salarial y prestacional con base en dichos postulados. Es decir, el gobierno dispone de una competencia decisorio, pero dentro del marco legal que el Congreso le haya señalado. Por consiguiente, se trata de una competencia donde concurren estas dos ramas del poder público. El artículo 215 no regula la facultad del congreso para derogar esta clase de decretos y por lo tanto la sala no encuentra que el artículo acusado infrinja de manera manifiesta el artículo 215 de la C.P., y por consiguiente no es posible acceder a la solicitud de suspensión provisional solicitada.
Sentencias de NulidadDiego Younes MorenoGOBIERNO NACIONALLUIS CARLOS SACHICA APONTEartículos 2o., 3o. v 35 del Decreto 025 de 1993Identificadores10030127969true1221766original30126019Identificadores

Fecha Providencia

28/06/1993

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Diego Younes Moreno

Norma demandada:  artículos 2o., 3o. v 35 del Decreto 025 de 1993

Demandante:  LUIS CARLOS SACHICA APONTE

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / REGIMEN SALARIAL / REGIMEN PRESTACIONAL - Derogatoria / GOBIERNO NACIONAL - Facultades / CONGRESO - Facultades

De acuerdo con el artículo 150 numeral 19 de la C.N., la expedición de los decretos sobre régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, no es una competencia exclusiva del Congreso sino compartida con el gobierno nacional. El Congreso dicta las normas generales y señala en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe ajustarse el gobierno y este a su vez, fija dicho régimen salarial y prestacional con base en dichos postulados. Es decir, el gobierno dispone de una competencia decisorio, pero dentro del marco legal que el Congreso le haya señalado. Por consiguiente, se trata de una competencia donde concurren estas dos ramas del poder público. El artículo 215 no regula la facultad del congreso para derogar esta clase de decretos y por lo tanto la sala no encuentra que el artículo acusado infrinja de manera manifiesta el artículo 215 de la C.P., y por consiguiente no es posible acceder a la solicitud de suspensión provisional solicitada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: DIEGO YOUNES MORENO

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993)

Radicación número: 7988

Actor: LUIS CARLOS SACHICA APONTE

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

LUIS CARLOS SACHICA APONTE, acude en demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción de nulidad, contra los artículos 2o., 3o. v 35 del Decreto 025 de 1993, proferido por el Presidente de la República y mediante el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales, suboficiales y otros servidores del Ministerio de Defensa Nacional.

Por reunir los requisitos legales, la demanda habrá de admitirse

Como en capítulo separado de la demanda se solicita la suspensión del artículo 35 del Decreto 025 de 1993, en el aparte con el cual se deroga el Decreto 335 de 1992, la Sala procede a su examen y decisión previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) De conformidad con el artículo 152 del C.C.A., para que la medida de suspensión provisional sea procedente, es indispensable la reunión de los siguientes requisitos:

a) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda, o por escrito separado, presentado antes de que aquella sea admitida

b) Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

2) En el presente caso, se solicita la suspensión provisional del artículo mencionado y por medio del cual se deroga el Decreto 335 de 1992.

3) Se afirma en la demanda que el Decreto 335 de 1992 fue expedido con base en el régimen excepcional del Estado de emergencia económica y social y su derogatoria conforme al artículo 215 de la constitución política, solo podía realizarse directamente mediante ley, dentro del año siguiente a la declaratoria de la emergencia, y por lo tanto el Decreto 25 en cuanto deroga aquél, es manifiestamente inconstitucional a luz del citado artículo 215 de la constitución.

Concluye el actor que "el gobierno derogó una disposición cuya "derogatoria, modificación o adición", correspondía privativamente al Congreso."

4) Cita como disposición violada el artículo 215 de la Carta Política, en cuya parte pertinente, dice:

Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

...

El congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, Podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo,

5) La facultad que la Carta Política confiere al Congreso mediante esta disposición para derogar estos decretos, la establece con base en que la expedición de tal normatividad es de competencia absoluta de esa Corporación, en condiciones de normalidad, dejando la oportunidad para que este lo haga durante el año siguiente a la declaratoria de emergencia, si la iniciativa en estas materias le corresponde al gobierno, o en cualquier tiempo si la iniciativa es de los miembros del Congreso.

6) Sin embargo, ocurre que de acuerdo con el artículo 150 numeral 19 de la C.N., la expedición de los decretos sobre régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, no es una competencia exclusiva del congreso sino compartida con el gobierno nacional.

El Congreso dicta las normas generales y señala en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe ajustarse el gobierno y este a su vez, fija dicho régimen salarial y prestacional con base en tales Postulados. Es decir, el gobierno dispone de una competencia decisorio, pero dentro del marco legal que el congreso le haya señalado. Por consiguiente, se trata de una competencia donde concurren estas dos ramas del poder público.

7) El artículo 215 no regula la facultad del congreso para derogar esta clase de decretos y por lo tanto la sala no encuentra que el artículo acusado infrinja de manera manifiesta el artículo 215 de la Carta Política. Sin embargo, al análisis de fondo, deberá hacerse en la sentencia que ponga fin a la actuación iniciada, y por consiguiente no es posible acceder a la solicitud de suspensión provisional solicitada.

En mérito lo expuesto, la Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE

1) Por reunir los requisitos legales, se admite la demanda presentada en acción pública de nulidad por LUIS CARLOS SACHICA APONTE.

2) Notifíquese personalmente a los MINISTROS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y de DEFENSA NACIONAL, al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y al Agente del Ministerio Público.

3) Fíjese el asunto en lista por el término de cinco (5) días, para los efectos señalados en el numeral 5o. del artículo 207 del C.C.A.

4) Solicítese al Ministerio de Defensa Nacional, los antecedentes administrativos del acto acusado.

5) Niégase la suspensión provisional solicitada

6) No hay lugar a señalar depósito alguno para gastos ordinarios del proceso.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese y notifíquese

Discutida y aprobada en sesión del día diez (10) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).

DIEGO YOUNES MORENO CLARA FORERO DE CASTRO

CARLOS A. ORJUELA GÓNGORA JOAQUÍN BARRETO RUIZ

(AUSENTE)

ÁLVARO LECOMPTE LUNA DOLLY PEDRAZA DE ARENAS

ENEIDA WADNIPAR RAMOS

SECRETARIA