SENTENCIA 11001-03-25-000-2005-00150-00 de 2007

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033293SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-25-000-2005-00150-00200711/10/2007SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-25-000-2005-00150-00__2007_11/10/2007300332922007DERECHO A LA IGUALDAD � No se vulnera por trato diferente a empleados p�blicos, trabajadores oficiales y trabajadores particulares Se solicita la nulidad parcial de los art�culos 40 y 43 y literal �a� del art�culo 47 del Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la Ley 6� del mismo a�o, en lo relativo al contrato individual de trabajo en general, porque seg�n el actor, los art�culos acusados adem�s de atentar contra el derecho a la igualdad y al trabajo, desconoce los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica. En el caso concreto, el actor argument� que las normas demandadas atentan contra el derecho a la igualdad y aunque no precis� el porque de tal afirmaci�n, la Sala precisa, que el derecho de igualdad supone un trato similar a quienes se encuentran en condiciones iguales, y diferente a quienes est�n en distinta situaci�n. En nuestro ordenamiento jur�dico encontramos empleados de carrera administrativa, trabajadores particulares y trabajadores oficiales y no se puede pregonar igualdad de condiciones porque existe para cada uno de los grupos de trabajadores un r�gimen especial. En efecto, la Ley 909 de 2004 regula a los empleados p�blicos; el r�gimen individual de los trabajadores oficiales se encuentra establecido en las Leyes 6 de 1945 y 61 de 1987 y en los Decretos 2127 de 1945 y los trabajadores particulares se rigen por el C�digo Sustantivo del Trabajo. Si bien, la vinculaci�n de los trabajadores oficiales se realiza a trav�s del contrato de trabajo, al igual que los trabajadores privados, sus reg�menes laborales son distintos debido a que los primeros prestan su servicio al Estado mientras que los �ltimos satisfacen necesidades privadas o intereses particulares. De acuerdo a las anteriores consideraciones, no se puede predicar la violaci�n del derecho de igualdad en el caso objeto de estudio porque, estando frente a grupos de trabajadores que la �nica afinidad que presentan es su vinculaci�n mediante un contrato de trabajo, il�gico ser�a que recibieran un trato igual o similar. CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO � Plazo. Pr�rroga El art�culo 492 del C�digo Sustantivo del Trabajo dispuso que quedar�an vigentes las normas que regulan entre otros, el derecho individual del trabajo en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales. Es decir, que son las normas anteriores al c�digo que se aplicaban a trabajadores oficiales, las que contin�an rigiendo las relaciones de la administraci�n p�blica con sus servidores, mientras no hayan sido modificadas por leyes posteriores. En consecuencia, del an�lisis de los art�culos acusados, no obstante haber sido expedidos en vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1886, al regular lo atinente al contrato de trabajo celebrado a t�rmino indefinido, o lo que es lo mismo, sin estipular t�rmino alguno, que por el s�lo hecho de que se determine que los mismos se entiendan pactados por el t�rmino de seis meses y si el trabajador contin�a laborando, se prorroguen por el mismo tiempo, no se puede predicar que las normas acusadas atenten contra los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 ni contra ninguna otra disposici�n de la Constituci�n Pol�tica de 1991. Adem�s, de la comparaci�n de los art�culos 8 de la Ley 6� de 1945, y 40, 43 y 47 del Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la misma, se comprueba que el Decreto acusado en ning�n momento extralimit� el �mbito del ejercicio reglamentario que la Constituci�n le permite. La Ley 6� de 1945, estableci� un plazo presuntivo de seis meses, par�metro dentro del cual el Decreto 2127 del mismo a�o reglament� dicha situaci�n, precisando que el plazo de los seis meses es respecto a los a los contratos a t�rmino indefinido, que entre otras cosas, tambi�n est�n considerados en la citada ley. Nota de Relator�a: La Sala retoma los planteamientos expuestos en la sentencia de 13 de septiembre de 2007 proferida dentro del expediente 0414-2003, Magistrado Ponente Alejandro Ord��ez Maldonado, asunto en el cual se examin� la legalidad de las mismas normas impugnadas en este proceso.

DERECHO A LA IGUALDAD � No se vulnera por trato diferente a empleados p�blicos, trabajadores oficiales y trabajadores particulares

Se solicita la nulidad parcial de los art�culos 40 y 43 y literal �a� del art�culo 47 del Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la Ley 6� del mismo a�o, en lo relativo al contrato individual de trabajo en general, porque seg�n el actor, los art�culos acusados adem�s de atentar contra el derecho a la igualdad y al trabajo, desconoce los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica. En el caso concreto, el actor argument� que las normas demandadas atentan contra el derecho a la igualdad y aunque no precis� el porque de tal afirmaci�n, la Sala precisa, que el derecho de igualdad supone un trato similar a quienes se encuentran en condiciones iguales, y diferente a quienes est�n en distinta situaci�n. En nuestro ordenamiento jur�dico encontramos empleados de carrera administrativa, trabajadores particulares y trabajadores oficiales y no se puede pregonar igualdad de condiciones porque existe para cada uno de los grupos de trabajadores un r�gimen especial. En efecto, la Ley 909 de 2004 regula a los empleados p�blicos; el r�gimen individual de los trabajadores oficiales se encuentra establecido en las Leyes 6 de 1945 y 61 de 1987 y en los Decretos 2127 de 1945 y los trabajadores particulares se rigen por el C�digo Sustantivo del Trabajo. Si bien, la vinculaci�n de los trabajadores oficiales se realiza a trav�s del contrato de trabajo, al igual que los trabajadores privados, sus reg�menes laborales son distintos debido a que los primeros prestan su servicio al Estado mientras que los �ltimos satisfacen necesidades privadas o intereses particulares. De acuerdo a las anteriores consideraciones, no se puede predicar la violaci�n del derecho de igualdad en el caso objeto de estudio porque, estando frente a grupos de trabajadores que la �nica afinidad que presentan es su vinculaci�n mediante un contrato de trabajo, il�gico ser�a que recibieran un trato igual o similar.

El art�culo 492 del C�digo Sustantivo del Trabajo dispuso que quedar�an vigentes las normas que regulan entre otros, el derecho individual del trabajo en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales. Es decir, que son las normas anteriores al c�digo que se aplicaban a trabajadores oficiales, las que contin�an rigiendo las relaciones de la administraci�n p�blica con sus servidores, mientras no hayan sido modificadas por leyes posteriores. En consecuencia, del an�lisis de los art�culos acusados, no obstante haber sido expedidos en vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1886, al regular lo atinente al contrato de trabajo celebrado a t�rmino indefinido, o lo que es lo mismo, sin estipular t�rmino alguno, que por el s�lo hecho de que se determine que los mismos se entiendan pactados por el t�rmino de seis meses y si el trabajador contin�a laborando, se prorroguen por el mismo tiempo, no se puede predicar que las normas acusadas atenten contra los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 ni contra ninguna otra disposici�n de la Constituci�n Pol�tica de 1991. Adem�s, de la comparaci�n de los art�culos 8 de la Ley 6� de 1945, y 40, 43 y 47 del Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la misma, se comprueba que el Decreto acusado en ning�n momento extralimit� el �mbito del ejercicio reglamentario que la Constituci�n le permite. La Ley 6� de 1945, estableci� un plazo presuntivo de seis meses, par�metro dentro del cual el Decreto 2127 del mismo a�o reglament� dicha situaci�n, precisando que el plazo de los seis meses es respecto a los a los contratos a t�rmino indefinido, que entre otras cosas, tambi�n est�n considerados en la citada ley.

Nota de Relator�a: La Sala retoma los planteamientos expuestos en la sentencia de 13 de septiembre de 2007 proferida dentro del expediente 0414-2003, Magistrado Ponente Alejandro Ord��ez Maldonado, asunto en el cual se examin� la legalidad de las mismas normas impugnadas en este proceso.

Procede la Sala a emitir sentencia en la acci�n de simple nulidad formulada por NIXON TORRES CARCAMO contra la NACI�N, MINISTERIO DE LA PROTECCI�N SOCIAL.

NIXON TORRES CARCAMO, acudi� a la jurisdicci�n en ejercicio de la acci�n prevista en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo y solicit� que se declare la nulidad parcial de los art�culos 40 y 43 y literal �a� del art�culo 47 del Decreto 2127 de 1945, que establecen lo siguiente:

�ARTICULO 40. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijaci�n de t�rmino alguno, se entender� pactado por seis meses, a menos que se trate de contrato de aprendizaje o a prueba, cuya duraci�n se rige por normas especiales. (Lo subrayado es lo que se demanda)

�ARTICULO 43. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijaci�n de t�rmino alguno, salvo estipulaci�n en contrario, se entender� prorrogado en las mismas condiciones, por per�odos iguales, es decir, de seis en seis meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o t�cito, despu�s de la expiraci�n del plazo presuntivo. La pr�rroga a plazo fijo del contrato celebrado por tiempo determinado deber� constar por escrito; pero si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuare prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o t�cito, el contrato vencido se considerar�, por ese solo hecho, prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por per�odos de seis meses.(Lo subrayado es lo que se demanda)

a. Por expiraci�n del plazo pactado o presuntivo;(Lo subrayado es lo que demanda)

El Presidente de la Rep�blica expidi� el Decreto 2127 de 1945 �Por el cual se reglamenta la Ley 6� de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo en general�.

En la expedici�n del Decreto, el Presidente de la Rep�blica y el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsi�n Social, hoy Ministerio de la Protecci�n Social, reglamentaron el per�odo de 6 en 6 meses en los contratos a t�rmino indefinido por fuera del contexto sustantivo se�alado en el art�culo 8 de la Ley 6 de 1945.

Este Decreto, que a�n hoy se encuentra vigente en el ordenamiento jur�dico colombiano, est� descontextualizado con lo normado en la actual Constituci�n Pol�tica de Colombia y que derog� la Constituci�n de 1986 fuente y contexto jur�dico vigente para la �poca de la expedici�n del Decreto 2127 de 1945.

Como normas violadas invoc� los art�culos 25 y 53 de la Constituci�n Pol�tica; 8� de la Ley 6 de 1946 y la Ratio Decidendi de las sentencias C-003 de 1998 y SU de 1999 de la Corte Constitucional.

En el concepto de violaci�n argument� que las normas demandadas atentan contra el derecho fundamental al trabajo porque colocan a los trabajadores oficiales en condiciones de desigualdad y desmejoramiento en su vida laboral, al ser sometidos a unos cortes peri�dicos, donde el tiempo trabajado con anterioridad es perdido por el trabajador no es computado en el resarcimiento o indemnizaci�n de perjuicios que le ocasiona el ser desvinculado de forma unilateral por el Estado porque solamente se le computan, indistintamente de los a�os laborados, 6 meses de la relaci�n laboral.

Si la Administraci�n requiere de la contrataci�n indefinida de trabajadores oficiales, no se ve raz�n suficiente para obligar a la liquidaci�n peri�dica, cada 6 meses, de todos los trabajadores que as� se hayan vinculado. Si la naturaleza del servicio impone la contrataci�n a t�rmino indefinido, es claro que la liquidaci�n semestral resulta contrario a los principios constitucionales de celeridad, econom�a y eficacia. Siendo esto as�, las normas acusadas no admiten tal interpretaci�n, sino la m�s acorde con la filosof�a que inspira a la Carta Pol�tica en materia laboral, que propugna, entre otras cosas, por la garant�a de la estabilidad de los trabajadores, la cual se ve amenazada por las normas que se acusan, puesto que desconocen los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 de la Constituci�n de 1991.

El MINISTERIO DE LA PROTECCI�N SOICAL, se opuso a las pretensiones de la demanda con los argumentos que se sintetizan as�:

No se infringieron disposiciones Superiores en raz�n a que si bien el trabajo es un derecho fundamental, la norma acusada no lo desconoce pues al legislador se le dio la libertad para determinar las distintas clases de contratos, su tiempo de duraci�n o la modalidad de configuraci�n, asi pues, el contrato de trabajo que es la forma de vinculaci�n de los trabajadores oficiales con la administraci�n, goza de la autonom�a de las partes pues es una vinculaci�n de tipo contractual que se rige por leyes especiales, entre ellas las, normas demandadas.

Adem�s. las normas acusadas no desconocen el ordenamiento jur�dico porque se expidieron con fundamento en la facultad reglamentaria de que gozaba el Presidente de la Rep�blica concedida por el numeral 3� del art�culo 120 de la Constituci�n de 1886, facultad que se mantiene en la Carta Pol�tica de 1991.

La Procuradur�a Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, solicit� la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Consider� que los art�culos 40, 43 y 47 del Decreto 2127 de 1945, que reglament� la Ley 6� del mismo a�o, en lo relativo al contrato de trabajo en general, no violan normas constitucionales ni legales si se tiene en cuenta que, que las mismas garantizan al trabajador que mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, sus contratos contin�an vigentes, es decir, les da el car�cter de ilimitados en el tiempo a aquellos contratos en los cuales no se estipul� t�rmino alguno, asegurando para el trabajador su derecho de permanencia en el servicio mientras cumpla con sus obligaciones o no concurra ninguna de las circunstancias que, conforme a la ley, termina el contrato o autoriza al Estado para ponerle fin al mismo, y contrario a lo que afirma el actor, estos acuerdos brindan al trabajador mayor estabilidad y seguridad que los mismos contratos a t�rmino fijo.

En lo atinente al fondo del asunto, la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asunto de id�ntica naturaleza al problema que ahora se examina, raz�n por la cual se retoman los planteamientos expuestos en la sentencia de 13 de septiembre de 2007 proferida dentro del expediente 0414-2003, Magistrado Ponente Alejandro Ord��ez Maldonado, asunto en el cual se examin� la legalidad de las mismas normas impugnadas en este proceso.

En el caso concreto, el actor argument� que las normas demandadas atentan contra el derecho a la igualdad y aunque no precis� el porque de tal afirmaci�n, la Sala precisa, que el derecho de igualdad supone un trato similar a quienes se encuentran en condiciones iguales, y diferente a quienes est�n en distinta situaci�n.

En nuestro ordenamiento jur�dico encontramos empleados de carrera administrativa, trabajadores particulares y trabajadores oficiales y no se puede pregonar igualdad de condiciones porque existe para cada uno de los grupos de trabajadores un r�gimen especial. En efecto, la Ley 909 de 2004 regula a los empleados p�blicos; el r�gimen individual de los trabajadores oficiales se encuentra establecido en las Leyes 6 de 1945 y 61 de 1987 y en los Decretos 2127 de 1945 y los trabajadores particulares se rigen por el C�digo Sustantivo del Trabajo.

Si bien, la vinculaci�n de los trabajadores oficiales se realiza a trav�s del contrato de trabajo, al igual que los trabajadores privados, sus reg�menes laborales son distintos debido a que los primeros prestan su servicio al Estado mientras que los �ltimos satisfacen necesidades privadas o intereses particulares.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, no se puede predicar la violaci�n del derecho de igualdad en el caso objeto de estudio porque, estando frente a grupos de trabajadores que la �nica afinidad que presentan es su vinculaci�n mediante un contrato de trabajo, il�gico ser�a que recibieran un trato igual o similar.

Con respecto al desconocimiento de los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica, alegados por el actor, es importante resaltar que el art�culo 492 del C�digo Sustantivo del Trabajo dispuso que quedar�an vigentes las normas que regulan entre otros, el derecho individual del trabaja en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales. Es decir, que son las normas anteriores al c�digo que se aplicaban a trabajadores oficiales, las que contin�an rigiendo las relaciones de la administraci�n p�blica con sus servidores, mientras no hayan sido modificadas por leyes posteriores.

En consecuencia, del an�lisis de los art�culos acusados, no obstante haber sido expedidos en vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1886, al regular lo atinente al contrato de trabajo celebrado a t�rmino indefinido, o lo que es lo mismo, sin estipular t�rmino alguno, que por el s�lo hecho de que se determine que los mismos se entiendan pactados por el t�rmino de seis meses y si el trabajador contin�a laborando, se prorroguen por el mismo tiempo, no se puede predicar que las normas acusadas atenten contra los principios m�nimos fundamentales consagrados en el art�culo 53 ni contra ninguna otra disposici�n de la Constituci�n Pol�tica de 1991.

�ARTICULO 8o. El contrato de trabajo no podr� pactarse por m�s de cinco (5) a�os. Cuando no se estipule t�rmino o este no resulte de la naturaleza misma del servicio contratado, como en los casos de rocer�as, recolecci�n de cosechas, etc., se entender� celebrado por seis (6) meses� (Negrillas y subrayado fuera del texto)

Por su parte, el Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la ley anterior establece:

ARTICULO 40. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijaci�n de t�rmino alguno, se entender� pactado por seis meses, a menos que se trate de contrato de aprendizaje o a prueba, cuya duraci�n se rige por normas especiales (Negrillas y subrayado fuera del texto)

ARTICULO 43. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijaci�n de t�rmino alguno, salvo estipulaci�n en contrario, se entender� prorrogado en las mismas condiciones, por per�odos iguales, es decir, de seis en seis meses�(Negrillas y subrayado fuera del texto)

a. Por expiraci�n del plazo pactado o presuntivo; (Negrillas y subrayado fuera del texto)

La Sala precisa que el art�culo 8 de la Ley 6� de 1945 fue modificado por el art�culo 2 de la Ley 64 de 1946 cuyo texto es el siguiente:

El contrato de trabajo no podr� pactarse por m�s de dos (2) a�os. Cuando no se estipule t�rmino o este no resulte de la naturaleza misma del servicio contratado, como en los casos de rocer�as, recolecci�n de cosechas, etc., se entender� celebrado por seis (6) meses.

Este art�culo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 003 de 1998 en el entendido de que la disposici�n no impida la celebraci�n de contratos de trabajo a t�rmino indefinido con la Administraci�n P�blica, cuando as� lo estipulen las partes. Al respecto expres� la Corte:

�Los art�culos transcritos resultan �tiles porque revelan la interpretaci�n que en su momento se hizo del art�culo 8� de la Ley 6� de 1945, y que puede ser extensiva a la norma demandada. En efecto de acuerdo con ellos, lo que establece el art�culo 8 de la Ley 6� de 1945, modificado por el art�culo 2 de la Ley 64 de 1946, es que el plazo m�ximo del contrato a t�rmino fijo es de dos (2) a�os. Y que en los contratos en los cuales se conviene que ser�n a t�rmino indefinido o en aquellos en los cuales simplemente no se menciona ning�n t�rmino, se entender� que se celebraron por un plazo de seis (6) meses.�

Adem�s, de la comparaci�n de las normas transcritas, se comprueba que el Decreto acusado en ning�n momento extralimit� el �mbito del ejercicio reglamentario que la Constituci�n le permite. La Ley 6� de 1945, estableci� un plazo presuntivo de seis meses, par�metro dentro del cual el Decreto 2127 del mismo a�o reglament� dicha situaci�n, precisando que el plazo de los seis meses es respecto a los a los contratos a t�rmino indefinido, que entre otras cosas, tambi�n est�n considerados en la citada ley.

Suficientes son las razones precedentes, para que la Sala procede a denegar las pretensiones de la demanda.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

EST�SE a lo dispuesto en la sentencia de 13 de septiembre de 2007 proferida dentro del expediente 0414-2003, Magistrado Ponente Alejandro Ord��ez Maldonado, asunto en el cual se examin� la legalidad de las mismas normas impugnadas en este proceso.

Fecha Providencia	11/10/2007
Fecha de notificaci�n	11/10/2007