100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033181SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1974199224/07/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1974__1992_24/07/1992300331791992
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Fecha Providencia

24/07/1992

Fecha de notificación

24/07/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Miguel González Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 2398 de 1986

Demandante:  ALVARO MURILLO GELVEZ

Demandado:  RESIDENCIA DE LA REPUBLICA


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: 1974

Actor: ALVARO MURILLO GELVEZ

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano ALVARO MURILLO GELVEZ, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 3o. y 12 del Decreto 2398 de 1986, en los cuales se dispone:

"ARTICULO 3o.: En los certificados que se expidan a solicitud de los interesados se empleará la fórmula "NO ES SOLICITADO POR AUTORIDAD JUDICIAL O DE POLICIA", en los siguientes casos:

1o. Primer sobreseimiento temporal o autos de detención o de proceder no revocados cuando se haya concedido excarcelación.

2o. Libertades condicionales.

3o. Condenas de ejecución condicional."

"ARTICULO 12: Cuando el Jefe del "DAS" haya decretado la cancelación de antecedentes, en los certificados que se expidan a particulares se empleará la fórmula "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES O DE POLICIA".

"PARAGRAFO. - La misma fórmula se empleará en los casos de anotaciones en los que haya recaído fallo definitivo en favor del sindicado y para quienes no hubieren sido procesados."

l. CONCEPTO DE LA VIOLACION

Considera el actor que con los actos acusados se vulneró el Decreto 884 de 1944, que estableció la obligación para la posesión de empleos públicos, de presentar un certificado de identidad en que conste que el designado no ha cometido actos delictuosos contra el tesoro público ni la propiedad particular, así como la Ley 15 de 1968 que autorizó al Gobierno para determinar nuevos modelos de certificados por intermedio del DAS, por cuanto los artículos demandados cambian y amplían el sentido del certificado al disponer que la constancia haga referencia a toda clase de delitos y contravenciones, además que permiten que quienes enfrentan un proceso por delitos contra la propiedad, y aún, quienes fueren condenados por tales delitos, puedan posesionarse de un cargo público, que fue lo que el legislador extraordinario quiso impedir.

II. ACTUACION

Mediante providencia de 21 de Abril de 1.992, se admitió la demanda, ordenándose correr traslado a la Nación - Ministerio de Justicia y Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

El Departamento Administrativo de Seguridad - DAS - , a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo al efecto, en síntesis, lo siguiente:

1. Que los Decretos 2400 y 3074 de 1968 que regulan la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder público, señalaron una cobertura más amplia respecto del contenido del certificado con fines de posesión, y, que la Ley 15 de 1968 autorizó al Gobierno para señalar modelos o formatos que deben tener los certificados, entre ellos los de conducta, más no para establecer de manera excluyente el contenido y finalidad de los mismos.

2. Que el certificado judicial no tiene la exclusiva finalidad de servir como requisito para la posesión.

A su vez, el Ministerio de Justicia, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones del libelo argumentando que el Decreto 884 de 1944 se encuentra tácitamente derogado por los Decretos 2400 y 3074 de 1968, y, que además, el Decreto Ley 625 de 1974 señala las funciones de la División de Laboratorio e Identificación, dentro de las cuales está la de expedir los certificados judiciales, por lo que el acto demandado se ajusta a la legalidad.

III. LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la contención, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

El Decreto 884 de 1944 "por el cual se dictan medidas encaminadas a prevenir delitos contra la Hacienda Pública", tuvo por finalidad evitar el nombramiento, para desempeñar empleos públicos de cualquier clase, de quienes hayan incurrido en actos ilícitos contra la hacienda pública, y, para el efecto, estatuyó en su artículo 1o. , que "para tomar posesión de cualquier empleo nacional, departamental o municipal, el empleado designado debe presentar previamente un certificado de identidad personal, expedido por alguna de las oficinas de identificación dependientes de la Policía nacional o departamental, en que conste que no ha cometido actos delictuosos contra el tesoro público ni contra la propiedad particular..."

Así mismo, exceptuó de dicha obligación a algunos funcionarios, entre ellos, a los de elección popular, militares en servicio activo, Ministros del Despacho, Magistrados, Jueces y Fiscales del órgano judicial, Magistrados y Fiscales de lo Contencioso Administrativo, Procurador General, Procuradores Delegados etc., etc.

Obviamente esta situación ha cambiado, y hoy por hoy, en tratándose de posesión de un empleo público, ya no solo existen las excepciones anotadas anteriormente, sino que la abundante legislación posterior al Decreto 884 de 1944, ha extendido sus efectos a toda clase de delitos. A manera de ejemplo se pueden citar los Decretos 2400 y 3074 de 1968 que regulan el régimen de los funcionarios de la rama ejecutiva, así como los Decretos 1660 de 1978 y 1988 de 1989 que se refieren a los funcionarios de la rama jurisdiccional, que exigen para la posesión, la presentación del certificado judicial, y, consagran dentro de las inhabilidades para el ejercicio del cargo, el haber sido condenado por delitos dolosos, haciendo la salvedad de los subrogados penales.

De tal suerte que, en cuanto al cargo por violación del Decreto 884 de 1944, no está llamado a prosperar, pues, de una parte, los artículos acusados no solo tienen cobertura frente a actos como el de posesión, que como ya vimos, es un requisito sine qua non para el desempeño de cualquier cargo no haber sido condenado por delitos dolosos , lo cual se acredita con el respectivo certificado judicial, sino que las distintas normas han extendido dicha inhabilidad a toda clase de delitos dolosos, encontrándose cobijados lógicamente dentro de ellos, los delitos contra la administración pública y el patrimonio económico, como se denominan actualmente los delitos contra el tesoro público y la propiedad Particular de que hablaba el decreto 884 de 1944, y de otra parte, desde la creación del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS - , con la expedición del Decreto 1717 de 1960, y de los Decretos 1677 de 1967, 625 de 1974 y 512 de 1989, que han regulado la organización administrativa del Das y modificado su estructura, esta entidad ha tenido la facultad de expedir los certificados judiciales que no solo son requeridos para efectos de tomar posesión de un cargo, público o privado, sino para todas las actividades en que las distintas autoridades, bien sea públicas o privadas, exijan tal requisito.

Observa la Sala, que tampoco asiste razón al actor en lo tocante a la violación de la Ley 15 de 1968, por cuanto ésta Ley que autorizó al Gobierno, para determinar, por intermedio del DAS, los modelos de los certificados de conducta en lo que atañe a sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición, se está refiriendo a requisitos de forma, y, los actos acusados no desarrollan la ley, pues a través del Decreto 2046 de 1968 se reguló lo relativo a estos aspectos, y para nada hacen referencia a vigencia, modelo, características del certificado, etc., que permita establecer que en cuanto a la forma, se quebrantó la citada Ley,

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la Ley

FALLA

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por el ciudadano ALVARO MURILLO GELVEZ, frente a los artículos 3o. y 12 del Decreto 2398 de 1986.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO