100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033179SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1926199230/10/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1926__1992_30/10/1992300331771992DERECHOS DE AUTOR - Por ejecuciones musicales Si de acuerdo con el artículo 161 de la Ley 23 de 1982 la renovación de una licencia de funcionamiento para los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales, a los cuales se refiere el artículo 159 ibídem, debe estar precedida de la comprobación del pago de los derechos que en favor de los autores corresponden a las ejecuciones musicales efectuadas en el correspondiente lapso, y dicha comprobación según la norma demandada consiste en el paz y salvo que puede otorgar una cualquiera de las asociaciones legalmente reconocidas, la Sala considera que esta última regulación no solo garantiza el pago efectivo de tales derechos, en los casos en que los autores se encuentren afiliados a ellas, sino que, respetando igualmente el derecho a la autonomía personal no excluye el que tal documento pueda ser expedido por ellos mismos, o por sus representantes o causahabientes, en el caso que unos u otros no hayan delegado su representación.
Sentencias de NulidadLibardo Rodríguez RodríguezGOBIERNO NACIONALGUILLERMO ZEA FERNANDEZ30/10/1992Decreto 3116 de 1984Identificadores10030126674true1220394original30124698Identificadores

Fecha Providencia

30/10/1992

Fecha de notificación

30/10/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Libardo Rodríguez Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 3116 de 1984

Demandante:  GUILLERMO ZEA FERNANDEZ

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


DERECHOS DE AUTOR - Por ejecuciones musicales

Si de acuerdo con el artículo 161 de la Ley 23 de 1982 la renovación de una licencia de funcionamiento para los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales, a los cuales se refiere el artículo 159 ibídem, debe estar precedida de la comprobación del pago de los derechos que en favor de los autores corresponden a las ejecuciones musicales efectuadas en el correspondiente lapso, y dicha comprobación según la norma demandada consiste en el paz y salvo que puede otorgar una cualquiera de las asociaciones legalmente reconocidas, la Sala considera que esta última regulación no solo garantiza el pago efectivo de tales derechos, en los casos en que los autores se encuentren afiliados a ellas, sino que, respetando igualmente el derecho a la autonomía personal no excluye el que tal documento pueda ser expedido por ellos mismos, o por sus representantes o causahabientes, en el caso que unos u otros no hayan delegado su representación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: 1926

Actor: GUILLERMO ZEA FERNANDEZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sección Primera procede a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del C.C.A. instauró ante esta Corporación el ciudadano Guillermo Zea Fernández, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad parcial del artículo 23 del Decreto 3116 de diciembre 21 de 1984, expedido por el Gobierno Nacional, con las firmas del señor Presidente de la República y del ministro de Gobierno.

I. ANTECEDENTES

a. Elacto acusado

El Decreto 3116 de 1984 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1982", que contiene el acto cuya nulidad se solicita, fue expedido por el señor Presidente de la República ".. en ejercicio de sus atribuciones, en especial de las conferidas en los numerales 3 y 19 del artículo 120 de la Constitución Política de 1886".

A continuación se transcribe el artículo 23 del mencionado Decreto, en el cual se subraya la expresión demandada:

"Artículo 23. Para que las autoridades expidan las licencias de funcionamiento o renovación, el comprobante o paz y salvo de que trata el artículo 161 de la Ley 23 de 1982, deberá ir firmado y sellado (por la Dirección Nacional del Derecho de Autor y) por quien lo otorga con el sello de gerencia de la respectiva asociación. Este documento tendrá validez por el mismo período de la licencia o renovación y podrá ser otorgado por una cualquiera de las asociaciones legalmente reconocidas

El texto que se indica entre paréntesis fue declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de fecha 15 de septiembre de 1987, Consejero Ponente doctor Guillermo Benavides Melo. Actor: Asociación Colombiana de Autores y Compositores, ACDAYC, Expediente No. 184. Anales del Consejo de Estado Nos. 493-494, segundo semestre 1987, Volumen 1, págs. 242 a 252).

b. Las normas presuntamente violadas y elconcepto de la violación

El actor considera que el acto acusado incurre en violación de las siguientes normas, por las razones que se resumen a continuación, expresadas en la demanda y en su alegato de conclusión (fls. 9 a 14 y 59 a 63):

Cargo único. Violación de los artículos 161 y 176 de la Ley 23 de 1982 y 13 y 38 de la actual Constitución Política, por lo siguiente:

De conformidad con los literales a), b) y c) del artículo 4o. de la Ley 23 de 1982, son titulares de los derechos de autor "El autor de su obra". "El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución" y "El productor sobre su fonograma", quienes según lo dispuesto por el artículo 176 ibídem, se encuentran facultades para cobrar de los usuarios, los establecimientos abiertos al público o que utilicen medios de difusión al público, el denominado "derecho de ejecución pública", cuando quiera que ella se realice mediante la utilización de discos fonográficos, entre otros dispositivos o mecanismos:

Ahora bien, si conforme al artículo 211 de la citada Ley 23 de 1982, que acoge el derecho de libre asociación garantizado por el artículo 38 de la Carta Política, los titulares de los derechos de autor podrán formar asociaciones sin ánimo de lucro para la defensa de sus intereses, quiere decir que los autores de obras musicales, los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de Monogramas pueden constituir libremente asociaciones para la defensa de sus intereses. Por tanto, podrán ser varias las asociaciones que pueden cobrar de los usuarios los derechos de autor.

Si el artículo 161 de la Ley 23 de 1982 condiciona la expedición de la licencia de funcionamiento para los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales a la presentación del comprobante de haber cancelado a los autores, representantes o causahabientes los correspondientes derechos de autor, resulta obvio que "el sentido natural de este texto legal fue abolido por el Decreto Reglamentario en el artículo 23 que se demanda, al otorgar esa facultad legal de expedir el comprobante de pago, solamente a una cualquiera de las asociaciones legalmente reconocidas".

Es por lo anterior que el texto que se demanda otorga un privilegio indebido a la primera de las asociaciones que otorga el paz y salvo sobre derechos de autor, quedando las demás sin oportunidad igual de recibir la remuneración de sus derechos. Además, coloca al usuario del derecho en posición ventajosa frente a". Posibles asociaciones a las que no les pagó por permitirlo así la norma, desconociendo de esta manera, el principio constitucional de la igualdad ante la ley, la que debe ser la misma para todos...”.

La violación de las citadas normas se evidencia aún más si se compara la norma acusada con el artículo 26 de la Ley 23 de 1982, pues mientras la primera faculta a una asociación para expedir el comprobante de pago, la segunda faculta a las diferentes asociaciones para la misma gestión.

c. Las razones de la defensa

En la contestación de la demanda y en su alegato de conclusión, la parte demandada expresa, en síntesis, los siguientes argumentos. (fls. 36 a 43 y 65 a 69):

La disposición demandada no incurre en violación del artículo 161 de la Ley 23 de 1982, sino que protege, precisamente, el derecho de asociación y el respeto a la propiedad intelectual y autoral, ya que ella no señala quien es la primera asociación legalmente reconocida, sino que deja en libertad al autor para que se asocie a cualquiera de las existentes, a efecto de que le otorgue el correspondiente comprobante o paz y salvo.

La norma demandada no otorga privilegios a determinada asociación, debido a su amplitud, y por ser esta facultativa. Además, ella, por el hecho de que autorice a una de las legalmente constituidas para expedir el paz y salvo, no desconoce, desmejora, disminuye o priva a los autores de las obras o a sus representantes del derecho de reclamar y percibir los derechos de autor que les correspondan por su utilización, pues su tenor literal debe entenderse en su sentido natural y obvio, "... es decir, al autorizarse la expedición del referido documento de paz y salvo 'por una cualquiera de las asociaciones legalmente constituidas' se está significando que la asociación que lo otorgue será aquella a las que los autores de las obras musicales ejecutadas públicamente le hayan entregado sus obras en administración y, por ende, los represente en el cobro del derecho económico, y no otra".

Si se admitiese la tesis del actor, en el sentido que el usuario debe acreditar ante la autoridad administrativa el pago de los derechos de autor, presentando el paz y salvo de todas las asociaciones legalmente constituidas, sería tanto como admitir, erróneamente, “... que deben pagarse derechos de autor de manera indiscriminado a asociados autorales que no han obtenido mandato de los autores realmente ejecutados, configurándose con ello un pago de lo no debido, desconociéndose de manera ilegal el mandato del artículo 73 de la Ley 23 tantas veces citada, que ordena que las tarifas por concepto de derechos de autor se deben acordar mediante contratos bilaterales".

d. La impugnación de la demanda

Al proceso compareció y fue reconocido como impugnante de la demanda el ciudadano Carlos José Díaz Marín, quien se opone a las pretensiones del actor con base en las razones que a continuación se resumen (fls. 48 a 50):

Dado que ni la Ley 23 de 1982, ni el Decreto 3116 de 1984, éste último que contiene el acto demandado, establecen o permiten un monopolio para la administración de los derechos patrimoniales del autor, artistas intérpretes o ejecutantes y productores fonográficos, en ello radica la legalidad de la norma acusada, pues faculta a cualquier asociación legalmente reconocida "... para expedir el paz y salvo autoral de su repertorio, o de las obras musicales debidamente administradas".

Como quiera que en el mercado musical existen obras de titulares no miembros de ninguna asociación autoral, obras que han caído en el dominio público, de autores anónimos, de autores extranjeros sin representación en el país, folclóricas y tradicionales de autores desconocidos y obras cuyos autores han renunciado a sus derechos, el usuario de la música no puede someterse al largo camino que, además de infructuoso, le ocasionaría grandes erogaciones económicas, para conseguir al titular original del derecho de autor a efecto de obtener el paz y salvo de que trata la norma demandada.

Además, la música utilizada en establecimientos públicos no siempre la representa una sola asociación autoral, si no se da el caso de obras administradas directamente por el titular o sus causahabientes "... quienes quedarían desprotegidos al declararse la nulidad impetrada, o se institucionalizaría el monopolio y el privilegio".

e. La actuación surtida.

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., al proceso se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto de 28 de febrero de 1992 se admitió la demanda y se denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado (fls. 16 a 20).

Mediante providencia de 24 de julio de 1992 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiese su concepto de fondo. De este traslado hicieron uso las partes, mas no el impugnante ni la señora agente del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer término la Sala emprenderá el estudio de la alegada violación, por parte del acto acusado, de los artículos 161 y 176 de la Ley 23 de 1982, sobre la cual reposa el cargo de transgresión de los artículos 13 y 38 de la actual Constitución Política.

Para este efecto se transcriben a continuación las mencionadas normas legales:

"Artículo 161. - Las autoridades administrativas de todos los órdenes se abstendrán de expedir la licencia de funcionamiento, para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales hasta cuando el solicitante de la referida licencia presente el comprobante respectivo de haber cancelado a los autores, representantes o causahabientes los correspondientes derechos de autor".

"Artículo 176. - Los discos fonográficos y demás dispositivos mencionados en el artículo 151 de la presente Ley que sirvieron para una ejecución pública por medio de la radiodifusión, de la cinematografía. de las máquinas tocadiscos o de cualquier otro aparato similar, en cualquier lugar público ' abierto o cerrado, darán lugar a la percepción de derechos a favor de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en los términos establecidos en la presente Ley".

En cuanto a la violación del artículo 161 de la Ley 23 de 1982, alegada en sustento de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, esta Sala, en auto de 28 de febrero de 1992, en el cual se decidió sobre dicha solicitud, expresó lo siguiente:

"De lo atrás expuesto, la Sala considera que la razón de fondo que sustenta la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado radica en la consideración acerca de que mediante éste se elimina la facultad que el artículo 161 de la Ley 23 de 1982 otorga a los titulares de los derechos de autor, individualmente o agremiados, para expedir el comprobante que acredite la cancelación de los referidos derechos.

"Luego de analizados los fundamentos expuestos por el actor, y de confrontar la expresión acusada con el artículo 161 de la Ley 23 de 1982, la Sala considera que la medida precautelativa solicitada no tiene vocación de prosperidad, por las siguientes razones:

"1. - Porque si bien el artículo 161 de la Ley 23 de 1982 consagra que el comprobante de cancelación de los derechos de autor corresponde expedirlo a los autores, representantes o causahabientes, de los términos como está redactada la expresión cuya nulidad se solicita no puede concluirse abiertamente, y sin asomo de duda, como lo plantea el actor, que mediante ella se esté dejando sin posibilidad de expedir el paz y salvo por concepto de derechos de autor a las demás asociaciones legalmente reconocidas. En efecto, cuando en la expresión demandada se indica que dicho paz y salvo "podrá ser otorgado por una cualquiera de las asociaciones legalmente reconocidas", no parece estar excluyendo a las demás que se encuentran en la misma situación legal, por la sencilla razón de que dicho documento solo será susceptible de ser expedido por aquella asociación que ostente la representación del respectivo autor o causahabiente.

"2. - Porque, de igual manera a la expuesta en el numeral anterior, la redacción de la norma demandada permite inferir, en este momento procesal, que el documento de paz y salvo "podrá ser otorgado" por los autores o causahabientes, cuando no hayan delegado la representación de que habla el aludido artículo 161 de la Ley 23 de 1982.

"3. - Porque, en fin, al utilizarse en la expresión demandada la locución verbal "podrá", ha de entenderse, en principio, de que con ella se está indicando una posibilidad o facultad para hacer algo, la cual, obviamente, solo será susceptible de materializarse por parte de la persona natural o jurídica, que tenga la titularidad o la representación del derecho de autor" (fls. 17 y 18).

Ahora bien, adicionalmente a lo expresado en la providencia transcrita cuyos planteamientos se reiteran en esta sentencia como fundamento para denegar las súplicas de la demanda, la Sala considera lo siguiente:

1o. - Si de acuerdo con el artículo 161 de la Ley 23 de 1982 la renovación de una licencia de funcionamiento para los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales, a los cuales se refiere el artículo 159 ibídem, debe estar precedida de la comprobación del pago de los derechos que en favor de los autores correspondan a las ejecuciones musicales efectuadas en el correspondiente lapso, y dicha comprobación según la norma demandada consiste en el paz y salvo que puede otorgar una cualquiera de las asociaciones legalmente reconocidas, la Sala considera que esta última regulación no solo garantiza el pago efectivo de tales derechos, en los casos en que los autores se encuentren afiliados a ellas, sino que, respetando igualmente el derecho a la autonomía personal no excluye el que tal documento pueda ser expedido por ellos mismos, o por sus representantes o causahabientes, en el caso que unos u otros no hayan delegado su representación.

2o. - En lo referente a la argumentación del actor, encaminada a demostrar la violación del artículo 176 de la Ley 23 de 1982, en la medida en que la norma acusada no garantiza a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas la percepción de derechos, la Sala considera que dicha norma legal sólo guarda relación con el caso en estudio en cuanto consagra la percepción de derechos en favor de los autores, pues debe recordarse que el acto cuya nulidad se solicita reglamenta exclusivamente la expedición del paz y salvo de que trata el artículo 161 ibídem, es decir, de aquel que permita demostrar el pago de derechos en favor de los autores, sus representantes o causahabientes y en momento alguno regula, como no podría regular, sin contravenir la norma, el que tal documento deba ser expedido igualmente, por los artistas intérpretes o ejecutantes y por los productores de Monogramas, estos últimos que, si bien de acuerdo con dicho artículo 176 perciben "derechos", para efecto de su pago deberán regirse por lo dispuesto en los artículos 173 y 174 ibídem.

Por último, y como consecuencia de no haberse demostrado la violación de los artículos 161 y 176 de la Ley 23 de 1982, el cargo de transgresión de los artículos 13 y 38 de la actual Constitución Política no puede prosperar, ni siquiera aplicando las normas correspondientes de la Constitución anterior, bajo cuya vigencia se expidió el acto acusado, pues reposa sobre el desconocimiento de las disposiciones legales ya analizadas.

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. - DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

Segundo. - De conformidad con el artículo 7o. del Decreto 2867 de 1989, devuélvase al actor la suma de dos mil pesos ($2.000.oo) M/CTE., depositados para gastos ordinarios del proceso, según consta a folio 21 del expediente, los cuales no fueron utilizados.

Tercero. - Con envío de copia, comuníquese esta sentencia al señor ministro de Gobierno.

Cuarto. - En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO