100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033173SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1585199223/01/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1585__1992_23/01/1992300331711992DERECHOS DE AUTOR / ASOCIACION DE AUTORES Requerir para el reconocimiento de la personaría jurídica de las asociaciones de autores que se acompañe un documento, en este caso la partitura musical, no es más que una exigencia obvia que permite en un momento dado determinar la calidad del autor y la explotación o utilización de la obra, requisitos "sine qua non" para la organización y funcionamiento de las asociaciones de autores. En lo que atañe al Literal C. del Decreto 0772 de 1990 encuentra la Sala que al existir el requisito de un contrato de mandato previo en que se confiere la representación para los efectos del inciso final del artículo 47 de la Ley 23 de 1982, se está contraviniendo lo dispuesto en el artículo 229 ibídem. DECRETA LA NULIDAD del Literal C del artículo 1 del Decreto 0772 de 16 de abril de 1 990 emanado de la Presidencia de la República.
Sentencias de NulidadMiguel González RodríguezPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAHERNAN ANTONIO BARRERO BRAVO23/01/1992Decreto 0772 de 1990Identificadores10030126620true1220340original30124644Identificadores

Fecha Providencia

23/01/1992

Fecha de notificación

23/01/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Miguel González Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 0772 de 1990

Demandante:  HERNAN ANTONIO BARRERO BRAVO

Demandado:  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


DERECHOS DE AUTOR / ASOCIACION DE AUTORES

Requerir para el reconocimiento de la personaría jurídica de las asociaciones de autores que se acompañe un documento, en este caso la partitura musical, no es más que una exigencia obvia que permite en un momento dado determinar la calidad del autor y la explotación o utilización de la obra, requisitos "sine qua non" para la organización y funcionamiento de las asociaciones de autores. En lo que atañe al Literal C. del Decreto 0772 de 1990 encuentra la Sala que al existir el requisito de un contrato de mandato previo en que se confiere la representación para los efectos del inciso final del artículo 47 de la Ley 23 de 1982, se está contraviniendo lo dispuesto en el artículo 229 ibídem. DECRETA LA NULIDAD del Literal C del artículo 1 del Decreto 0772 de 16 de abril de 1 990 emanado de la Presidencia de la República.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: 1585

Actor: HERNAN ANTONIO BARRERO BRAVO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano HERNAN ANTONIO BARRERO BRAVO, obrando en su propio nombre, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad del acto administrativo de la referencia en el cual se dispone:

"DECRETO 0772 DE 1990

(Abril 16)

"Por el cual se adiciona el Decreto 3116 de 1984 en cuanto al reconocimiento de personarías jurídicas a las asociaciones de titulares de derechos de autor y derechos conexos.

DECRETA:

"...Artículo 1o. - Además de los requisitos a que se refiere el artículo 42 del decreto 3116 de 1984, los interesados en el reconocimiento de una personaría jurídica deberán acreditar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor:

"A. Que todas y cada una de las obras de los afiliados se encuentren debidamente documentadas, para lo cual deberán acompañar la partitura musical, con letra o sin ella, indicando en escrito aparte:

"1. El nombre y dirección del editor musical, si lo tiene.

"2. El nombre y dirección del productor del Monograma.

"3. Año de grabación.

"4. Número de ejemplares editados.

"5. Nombre de los artistas que realizan la interpretación.

"B. Que las obras se encuentren actualmente en explotación, para lo cual deberán:

"1. Entregar a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, copia de las planillas elaboradas por las personas que tengan a su cargo la dirección de la entidad o establecimiento, donde se compruebe la ejecución pública en vivo.

"2. Allegar para la ejecución pública de Monogramas en establecimientos abiertos al público o a través de organismos de radiodifusión, copia de las planillas a que se refiere el artículo 163 de la ley 23 de 1982, que permitan comprobar la utilización de las obras de manera reiterada.

"C. Fotocopia autenticada del contrato de mandato entre el autor y la sociedad".

I. - DISPOSICIONES VIOLADAS

Considera el actor que con la expedición del acto acusado se han quebrantado los artículos 12, 44 y 120, num. 3o., de la Constitución Nacional de 1886; 3o. inc. 2o., 84 y 158 del C.C.A.; 1502 y 639 del C.C.; Ley 23 de 1982 en sus artículos 9, 72, 76, 158, 165, 172, 216, 217 y 229.

Hace consistir el concepto de la violación así: (f. 18 a 22).

a) El literal A del acto impugnado viola los artículos 9o. y 217 de la ley 23 de 1982, por cuanto en la citada ley, en ninguna de sus disposiciones, aparece la forma de probar o el medio de prueba para acreditar a una persona como autor de una obra musical, por lo tanto con las exigencias requeridas, se está confundiendo la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual (partitura, fonograma, etc.), con la creación misma (título originario ) que es la obra musical con o sin letra (f. 19).

b) Las exigencias requeridas en el literal B del acto impugnado no tienen fundamento legal para efecto del reconocimiento de la personaría jurídica de una asociación autoral, si se tiene en cuenta que los artículos 12 y 44 de la Constitución Política de 1886 consagran el derecho de asociación y le asignan a la ley su regulación. Que, además, el artículo 216 de la ley 23 de 1982 no le da solamente a la asociación autoral la atribución de cobrar los derechos patrimoniales para la ejecución pública de obras musicales, sino otras de mayor importancia que tienden a la defensa de los intereses de los asociados, por lo que el requisito de las planillas desconoce a otros autores que tienen derecho a asociarse, en los términos de la ley 23 de 1982 y cuyas obras musicales se utilizan o explotan en otras formas consignadas en el artículo 76 de la citada ley y que no necesariamente tienen que ver con la ejecución pública, lo que significa, entonces, que el literal B está instituyendo un medio de prueba documental para acreditar que una obra musical está en explotación, lo que contraría la ley que dice reglamentar y el pronunciamiento del Consejo de Estado de fecha 19 de mayo de 1989, expediente 914.

Que corresponde a la asociación autoral por medio de sus estatutos, mientras una norma con fuerza de ley lo establece, indicar cómo el autor acredita debidamente su calidad de tal y no al Gobierno a través de un Decreto Reglamentario porque en esta forma se excede en la potestad otorgada en el artículo 120, num. 3o. de la Constitución Nacional de 1886.

c) Que al exigir el decreto acusado en el literal C fotocopia autenticada del contrato de mandato entre el autor y la sociedad, se está reconociendo que la asociación autorial en creación ya existe y posee personalidad jurídica que cuenta con representación legal, lo que no es cierto, ni legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la ley 23 de 1982, que establece que solamente podrán tenerse como asociaciones de autores y ejercer las atribuciones que la ley les señala, las constituidas y registradas conforme a las disposiciones de la misma, además que tal requisito permite concluir que quien no tiene capacidad jurídica en los términos del artículo 1502 del C.C. no puede celebrar el contrato de mandato requerido en el literal C.

Y, finalmente que como la ley 23 de 1982 no exige adjuntar a la solicitud fotocopia autenticada del contrato de mandato, el Gobierno por medio de un Decreto reglamentario sin fuerza de ley no puede hacer tal requerimiento.

II. - ACTUACION

Mediante proveído de fecha 6 de noviembre de 1990 visible a folios 28 a 31, se admitió la demanda y se negó el decreto de suspensión provisional por requerirse de un análisis profundo de la cuestión debatida para encontrar la manifiesta oposición del acto acusado frente a las normas citadas como vulneradas.

Del auto admisorio de la demanda se corrió traslado a la Nación - Ministerio de Gobierno - , quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones por no vislumbrarse transgresión a las normas citadas por el libelista y sí por el contrario contener el acto acusado la finalidad de ser consecuente con la filosofía del estatuto autorial para otorgar mayores medios de protección al autor, y excepcion6 ineptitud sustancial de la demanda por haber omitido la actora el cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 4o. del artículo 137 del C.C.A al no explicar el concepto de la violación de las normas presuntamente violadas.

Igualmente se ordenó comunicar el proveído al Director Nacional de Derechos de Autor quien manifestó que el acto acusado desarrolla el principio contenido en la ley 23 de 1982 y en él se plasma el propósito querido por la administración en la expedición de la norma.

III. - CONCEPTO DE LA FISCALIA

La colaboradora Fiscal de la Corporación considera que no precede la excepción propuesta pues la demanda si cumple con el requisito exigido en el ordinal 4o. del artículo 137 del C.C.A.

Que en cuanto a la nulidad solicitada, no está llamada a prosperar porque en cuanto al literal A, el mismo artículo 9o. de la ley 23 de 1982 prevé formalidades que permitan los controles necesarios para hacer efectivos los derechos de autor y el artículo 217 ibídem exige la demostración de hechos de los que se han de derivar derechos y al no señalarse en la ley los medios probatorios, se impone la reglamentación.

Que en lo tocante al literal B, tampoco asiste razón al actor pues dicha norma no regula sólo una de las formas de explotación de las obras musicales lo que no implica desconocer otras formas de utilización, y en cuanto a la prueba documental, se acudió a los mecanismos previstos en la ley 23 de 1982 art. 163.

Y, en cuanto a la nulidad del literal C, parece tener razón el accionante, pero sólo en lo que atañe a la oportunidad en que debe cumplirse tal formalidad que no debe ser antes sino después del reconocimiento de la personaría jurídica para que concuerde con las previsiones del inciso final del artículo 217 de la ley 23 de 1982.

IV. - LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Considera la Sala en primer término el estudio de la excepción de ineptitud sustancial de la demanda planteada por la demandada y que hace consistir en que el actor omitió el alcance del concepto de la violación de las normas presuntamente quebrantadas.

Comparte la Sala el criterio de la Fiscalía en el sentido de que la demanda objeto de este proceso no adolece de dicha irregularidad. En efecto, si bien es cierto que en el libelo se señalan como vulneradas una serie de disposiciones, y para algunas de ellas el actor no explica el alcance de la violación, no lo es menos que para cada literal acusado hace referencia a algunas normas para las cuales sí analiza dicho alcance y es a éstas a las que se circunscribe el examen que debe hacer esta Corporación. Por ello, el medio exceptivo no está llamado a prosperar y se impone un pronunciamiento de fondo.

En cuanto al cargo por violación de los artículos 9o. y 217 de la ley 23 de 1982 en lo que atañe al literal A del Decreto 0772 de 1990, observa la Sala que no asiste razón al actor en la nulidad solicitada pues de una parte el artículo 9o. de la citada ley preceptúa:

"La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen" (Subraya la Sala).

Y para desarrollar el principio de protección de los derechos de autor cual es la finalidad de la ley 23 de 1982, se estableció el Registro Nacional de Derechos de Autor cuyos objetivos según reza el artículo 193 son: a) Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley y b) dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de propiedad intelectual y a los actos y documentos que a ella se refieran.

Para efectuar dicho registro el interesado deberá dirigir una solicitud a la autoridad competente en la que se exprese claramente, entre otros, el nombre, apellido y domicilio del autor, del productor, del editor, del impresor, título de obra o producción, lugar y fecha de aparición etc. (art. 195 Ley 23 de 1982).

Concretamente para el registro de obras musicales, el decreto 3116 de 1984 reglamentario de la ley 23 de 1982, en su artículo 2o. exige:

a) Título de la obra.

b) Si es inédita o publicada.

c) Copia o fotocopia de la partitura con la firma autenticada del autor.

De lo anterior se infiere que las exigencias contenidas en el literal A para el reconocimiento de la personaría jurídica a las asociaciones de autores de acompañar la partitura con los datos requeridos, no son más que una reiteración de los documentos y datos que se exigen para el registro de las obras, tendientes a proteger los derechos de autor y por lo mismo mal puede quebrantarse el artículo 9o. que busca precisamente brindar esa protección.

En lo tocante al artículo 217 de la citada ley 23 de 1982, tampoco se observa quebranto alguno, pues esta disposición prevé que para que las asociaciones de autores puedan funcionar, se admitirán como socios a los autores que acrediten debidamente su calidad de tales, además de que se exploten o utilicen las obras conforme a la ley, y que dejarán de formar parte de una asociación, las personas que sean titulares de obras fuera de uso o explotación.

Significa, entonces, que requerir para el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones de autores que se acompaña un documento, en este caso la partitura musical que no es otra cosa que el texto completo de la obra musical o la exteriorización material de la creación intelectual, con unos datos mínimos para establecer quién es su autor, editor musical, productor del fonograma, etc., no es más que una exigencia obvia que permite en un momento dado determinar la calidad del autor y la explotación o utilización de la obra, requisitos sine qua non para la organización y funcionamiento de las asociaciones de autores, según el texto del artículo 217 de la ley 23 de 1982, y, consecuencialmente, para el reconocimiento de su personería jurídica.

En lo que respecta al cargo frente al literal B del Decreto 0772 de 1990 por violación de los artículos 12 y 44 de la Constitución Política de 1886; 216 y 76 de la ley 23 de 1982, y 158 del C.C.A., estima la Sala que tampoco está llamado a prosperar ya que el requisito de las planillas está consagrado en el artículo 163 de la ley 23 de 1982 que obliga a los establecimientos o entidades donde se interpreten o ejecuten obras musicales a anotar en planillas diarias, en riguroso orden, el título de cada obra musical, el nombre del autor o compositor, y, el de los artistas o intérpretes, y, por lo mismo, nada impide que este documento preste mérito probatorio suficiente para demostrar la explotación o utilización de las obras musicales.

La propia ley 23 de 1982 prevé para las obras musicales las planillas; la motivación del Decreto 0772 de 1990 hace referencia únicamente a la ejecución pública de tales obras, lo que significa que no es que se desconozcan en el literal B los autores que se dedican a obras diferentes de las musicales, que son las que señala el art. 76 de la ley 23 de 1982, sino simplemente que no se está legislando respecto de ellas.

Por lo demás, el fallo de 19 de mayo de 1989, Exp. 914, en que se fundamenta el actor, declaró la nulidad del artículo 43 literales a., b., c., d y e del decreto 3116 de 1984, censurando no el hecho de que la calidad del autor no se pudiera probar sino la exigencia de un número mínimo de obras por parte de los autores para formar parte de una asociación autoral, por tratarse de una medida meramente cualitativa, arbitraria, injusta e ilegal. Por esto tampoco se transgrede el artículo 158 del C.C.A.

Finalmente, en lo que atañe al literal C del decreto 0772 de 1990 encuentra la Sala que al existir el requisito de un contrato de mandato previo en que se confiere la representación para los efectos del inciso final del artículo 47 de la ley 23 de 1982, se está contraviniendo lo dispuesto en el artículo 229 ibídem, toda vez que se está contratando con una asociación" que aún no puede considerarse como tal según los lineamientos del mencionado artículo y por lo tanto el contrato resultaría a la postre ineficaz hasta tanto la asociación tenga la capacidad plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, lo cual sólo es posible justamente cuando obtenga el reconocimiento de su personaría jurídica, previo control de legalidad de sus estatutos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1o. - DENIÉGASE la nulidad de los literales A y B del artículo lo del Decreto 0772 de 16 de abril de 1990 emanado de la Presidencia de la República.

2o. - DECLARASE LA NULIDAD del literal C del artículo lo del Decreto 0772 de 1990 por las razones señaladas en la parte motiva de este proveído.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese al Ministerio de Gobierno y archívese el expediente.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos.

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ YESID ROJAS SERRANO