100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033152SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull3503199203/07/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_3503__1992_03/07/1992300331501992PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / DELEGACION DE FUNCIONES / DESVIACION DE PODER - Improcedencia El artículo 135 de la Constitución Nacional de 1886 facultaba al Presidente de la República para delegar ciertas funciones de las que le corresponde como suprema autoridad administrativa, en los Ministerios, Jefes de Departamento Administrativo y Gobernadores y dispone que las funciones que pueden ser delegadas serán señaladas por la ley. El literal b) del artículo lo. de la Ley 202 de 1936 facultó expresamente al Presidente de la República para delegar la función de nombrar y separar los empleados nacionales con las excepciones que la propia norma establece. Las excepciones que en cuanto a nombramientos enumera el artículo 1o. del Decreto 1153 de 1978, acusado, corresponden a las propias excepciones previstas en la ley. Por este aspecto, el decreto acusado no es violatorio del artículo 135 de la Constitución Nacional de 1886, puesto que si existe ley que señale las funciones delegadas en éste. La circunstancia de que en el decreto acusado se hubiera invocado una disposición que ciertamente no era la que hacía el señalamiento exigido por la C.P., no hace anulable el acto pues lo esencial para su constitucionalidad es que hubiese la facultad legal y esa facultad existía, independientemente de que no se hubiere invocado. Repetidamente la Sala ha dicho que solo puede hablarse de falsa motivación cuando para sustentar el acto y darle visos de legalidad se hacen afirmaciones no verídicas, no cuando como en el caso sub - judice, se comete un error en la cita de la disposición que autoriza el acto y que en realidad existe.
Sentencias de NulidadDolly Pedraza De ArenasJORGE ELIUD VILLA TABORDA03/07/1992Decreto 1153 de 1978Identificadores10030126486true1220187original30124525Identificadores

Fecha Providencia

03/07/1992

Fecha de notificación

03/07/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Dolly Pedraza De Arenas

Norma demandada:  Decreto 1153 de 1978

Demandante:  JORGE ELIUD VILLA TABORDA


PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / DELEGACION DE FUNCIONES / DESVIACION DE PODER - Improcedencia

El artículo 135 de la Constitución Nacional de 1886 facultaba al Presidente de la República para delegar ciertas funciones de las que le corresponde como suprema autoridad administrativa, en los Ministerios, Jefes de Departamento Administrativo y Gobernadores y dispone que las funciones que pueden ser delegadas serán señaladas por la ley. El literal b) del artículo lo. de la Ley 202 de 1936 facultó expresamente al Presidente de la República para delegar la función de nombrar y separar los empleados nacionales con las excepciones que la propia norma establece. Las excepciones que en cuanto a nombramientos enumera el artículo 1o. del Decreto 1153 de 1978, acusado, corresponden a las propias excepciones previstas en la ley. Por este aspecto, el decreto acusado no es violatorio del artículo 135 de la Constitución Nacional de 1886, puesto que si existe ley que señale las funciones delegadas en éste. La circunstancia de que en el decreto acusado se hubiera invocado una disposición que ciertamente no era la que hacía el señalamiento exigido por la C.P., no hace anulable el acto pues lo esencial para su constitucionalidad es que hubiese la facultad legal y esa facultad existía, independientemente de que no se hubiere invocado. Repetidamente la Sala ha dicho que solo puede hablarse de falsa motivación cuando para sustentar el acto y darle visos de legalidad se hacen afirmaciones no verídicas, no cuando como en el caso sub - judice, se comete un error en la cita de la disposición que autoriza el acto y que en realidad existe.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente:DOLLY PEDRAZA DE ARENAS

Santafé de Bogotá, D.C., Julio tres (03) de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: 3503

Actor: JORGE ELIUD VILLA TABORDA

Referencia: Acción de Nulidad

El ciudadano Jorge Eliud Villa Taborda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, pide a esta Corporación la nulidad del Decreto 11 53 del 20 de junio de 1978 originario del Gobierno Nacional, por el cual se delegan funciones presidenciales para el nombramiento y remoción de funcionarios. (fl. 4)

Los HECHOS fundamentales de la acción pueden resumiese, así:

1o. Por el decreto enjuiciado el Presidente de la República delegó en los ministros y jefes del departamento administrativo una serie de facultades que le son propias como primera autoridad administrativa de la Nación.

2o. El Presidente de la República, sólo puede delegar las funciones que señale la ley, según el artículo 135 de la Constitución de 1886.

3o. El Decreto demandado adolece de falsa motivación puesto que invoca el artículo 9o. del Decreto 1045 de 1978, norma que no señala las funciones que puede delegar el Presidente ni podría señalarlas pues ello desbordaría las facultades concedidas por la Ley 5a. de 1978.

El concepto de violación lo hace consistir en la circunstancia de que el artículo 135 de la Constitución de 1886 exigía una ley previa en la que se relacionaran las funciones que podían ser delegadas por el Presidente, lo que no aconteció con el Decreto sub - exámine, en el que citó el artículo 9o. del Decreto 1045 de 1968 que trata temas completamente diferentes a la delegación de funciones.

Solicitada la suspensión provisional del Decreto acusado (fis. 6 - 7), se decretó por auto de la Sala Unitaria del 29 de septiembre de 1988. (fis. 9 - 11)

La Fiscalía Quinta de la Corporación solicita se decrete la nulidad de los artículos lo., 3o., y 4o. y se deniegue la de los artículos 2o., 5o., 6o., y 7o. del Decreto demandado, sustentando así su opinión:

"La Ley 5a. de 1978, concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administración de personal, entre las cuales no se encuentra la de delegar funciones en los términos en que se realizó en los artículos mencionados. Por lo tanto, los artículos 1, 3 y 4, serían anulables por violación al artículo 135 de la Constitución Nacional".

En relación con los artículos 2o., 5o., 6o., y 7o., se tiene que no se refieren al tema de delegación de funciones sino a otros distintos a ésta, tales como vacancias temporales, la provisión de empleos públicos que ejercen funcionarios colombianos en el exterior, etcétera, lo que hace que no violen la norma constitucional mencionada. "(fl. 25 y 26

Agotado el trámite de rigor y no observándose causal de nulidad procesal que invalide la actuación, se procede a decidir, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Observa la Sala que el Decreto acusado no se encuentra vigente, pues fue derogado expresamente por el Decreto 406 de 24 de febrero de 1989; sin embargo atendiendo la última jurisprudencia de la Sala Plena sobre la necesidad de fallar aún después de que el acto deje de regir, habrá de dictar fallo de fondo.

El artículo 135 de la Constitución de 1886 facultaba al Presidente de la República para delegar ciertas funciones de las que le corresponden como suprema autoridad administrativa, en los Ministros, Jefes de Departamento administrativo y gobernadores y dispone que " las funciones que pueden ser delegadas serán señaladas por la ley".

El literal b) del artículo lo. de la Ley 202 de 1936 facultó expresamente al Presidente de la República para delegar la función de nombrar y separar los empleados nacionales con las excepciones que la propia norma establece.

Las excepciones que en cuanto a nombramientos enumera el artículo 1 o. del Decreto 11 53 de 1978, acusado, corresponden a las propias excepciones previstas en la ley.

Entonces por este aspecto, el decreto acusado no es violatorio del artículo 135 de la Constitución de 1886, puesto que sí existe ley que señale las funciones delegadas en éste.

La circunstancia de que en el decreto enjuiciado se hubiera invocado una disposición que ciertamente no era la que hacía el señalamiento exigido por la Constitución Política, no hace anulable el acto, pues lo esencial para su constitucionalidad es que hubiese la facultad legal y esa facultad existía, independientemente de que no se hubiese invocado.

Repetidamente la Sala ha dicho que sólo puede hablarse de falsa motivación cuando para sustentar el acto y darle visos de legalidad se hacen afirmaciones no verídicas, no cuando, como en el caso sub - judice, se comete un error en la cita de la disposición que autoriza el acto y que en realidad existe.

Los anteriores razonamientos son suficientes para que se deniegue la nulidad del decreto demandado. No hay lugar a ordenar que se levante la suspensión provisional decretada por cuanto como ya se expresó hoy el Decreto no tiene vigencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

NIEGASE la nulidad del Decreto 1153 de junio 20 de 1978 expedido por el Señor Presidente de la República.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Archívese el expediente

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del día veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y dos (1 992).

JOAQUIN BARRETO RUIZ, REYNALDO ARCINIEGAS BAEDECKER, CLARA FORERO DE CASTRO, AUSENTE; ALVARO LECOMPTE LUNA, DOLLY PEDRAZA DE ARENAS, DIEGO YOUNES, AUSENTE. ENEIDA WADNIPAR RAMOS, SECRETARIA