100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033141SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull408199220/10/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_408__1992_20/10/1992300331391992PROCESO DISCIPLINARIO / DESTITUCION / INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Las etapas fundamentales de¡ proceso disciplinario que indispensablemente deben adelantarse para aplicar cualquier sanción, se relacionan con el respeto al derecho de defensa. Por consiguiente, es necesario que al funcionario investigado se le formulen cargos, se le brinde la oportunidad de rendir descargos y de solicitar la práctica de pruebas, se pida el concepto de la comisión de personal de] organismo, cuando se trata de imponer sanciones disciplinarias como la destitución que fue aplicada al demandante, con inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el termino de tres meses. Una vez revisado el proceso disciplinario adelantado contra el actor por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en dicho proceso se cumplieron los trámites propios que para el efecto señalan las disposiciones legales pertinentes. La Corporación ha dicho que el incumplimiento de los términos no despoja de la competencia al funcionario que debe adoptar la decisión, ni genera la nulidad de¡ acto; puede sí, acarrear responsabilidad disciplinaria para el empleado que injustificadamente ha incurrido en mora; y el Decreto 079 de 1978 (artículo 5) atribuye en el literal e) a la Sección de Asuntos Laborales de¡ Ministerio de Hacienda y Crédito Público la función de investigar la conducta de los funcionarios a solicitud de las dependencias de¡ Ministerio, disposición de carácter especial, posterior y de superior jerarquía normativa a la señalada por la parte actora en el escrito de corrección y adición del libelo, artículo 155 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973.
Sentencias de NulidadÁlvaro Lecompte LunaGOBIERNO NACIONALALBERTO ALMANZA FLOREZ20/10/1992Decreto 2488 de 1982 y Decreto 3008 de 1982Identificadores10030126417true1220110original30124459Identificadores

Fecha Providencia

20/10/1992

Fecha de notificación

20/10/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Álvaro Lecompte Luna

Norma demandada:  Decreto 2488 de 1982 y Decreto 3008 de 1982

Demandante:  ALBERTO ALMANZA FLOREZ

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


PROCESO DISCIPLINARIO / DESTITUCION / INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS

Las etapas fundamentales de¡ proceso disciplinario que indispensablemente deben adelantarse para aplicar cualquier sanción, se relacionan con el respeto al derecho de defensa. Por consiguiente, es necesario que al funcionario investigado se le formulen cargos, se le brinde la oportunidad de rendir descargos y de solicitar la práctica de pruebas, se pida el concepto de la comisión de personal de] organismo, cuando se trata de imponer sanciones disciplinarias como la destitución que fue aplicada al demandante, con inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el termino de tres meses. Una vez revisado el proceso disciplinario adelantado contra el actor por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en dicho proceso se cumplieron los trámites propios que para el efecto señalan las disposiciones legales pertinentes. La Corporación ha dicho que el incumplimiento de los términos no despoja de la competencia al funcionario que debe adoptar la decisión, ni genera la nulidad de¡ acto; puede sí, acarrear responsabilidad disciplinaria para el empleado que injustificadamente ha incurrido en mora; y el Decreto 079 de 1978 (artículo 5) atribuye en el literal e) a la Sección de Asuntos Laborales de¡ Ministerio de Hacienda y Crédito Público la función de investigar la conducta de los funcionarios a solicitud de las dependencias de¡ Ministerio, disposición de carácter especial, posterior y de superior jerarquía normativa a la señalada por la parte actora en el escrito de corrección y adición del libelo, artículo 155 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: ALVARO LECOMPTE LUNA

Santafé de Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).

Radicación número:408

Actor: ALBERTO ALMANZA FLOREZ

Demandado:GOBIERNO NACIONAL

Referencia: DECRETOS DEL GOBIERNO. (reconstrucción Decreto 3825 / 85)

Habiéndose tenido como reconstruido el proceso iniciado mediante demanda y por conducto de apoderado judicial por el señor Alberto Almanza Flórez en ejercicio de la acción de plena jurisdicción - hoy de "nulidad y restablecimiento del derecho" (artículo 85 C.C.A. decreto - ley 2304 de 1989) - contra los actos administrativos emanados del gobierno nacional que lo desvinculó del cargo de Jefe de División 2040 grado 08 de las Divisiones Delegadas de Presupuesto de la Subdirección de Ejecución Presupuestal de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y habiéndose situado la instancia en el momento de dictación de sentencia, corresponde a la Sala decidir lo que fuere del caso, al no observar existencia de vicio que incida en la actuación.

l.DEL PETITIUM

Según se lee en el libelo, pretende la parte demandante que se declaren nulos los decretos números 2488 de agosto 26 de 1982 y 3008 de octubre 15 del mismo año expedidos por el señor Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se destituyó al señor Alberto Almanza Flórez del cargo que venía desempeñando. Impétrase que, como consecuencia de ello, se restablezca al actor el empleo mencionado, o a otro igual o de superior jerarquía, conservando las prerrogativas y los derechos de los funcionarios de carrera administrativa; que se condene a la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) a pagarle los salarios, prestaciones, indemnizaciones, bonificaciones y demás emolumentos que directa o indirectamente se deriven de la relación de trabajo; que se disponga que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios del demandante, especialmente para lo atinente al pago de prestaciones y demás derechos.

II.DE LOS HECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCION

Sobre este aspecto, la parte actora manifiesta que señor Alberto Almanza Flórez ingresó al servicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 3 1 de julio de 1959 y que al momento de su retiro cumplía las funciones de jefe de visión 2040 - 08 de la División Delegada de Presupuesto; que estando al servicio de dicho organismo ante el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías se presentó un incidente el 3 de diciembre de 1980, que resumen en los siguientes términos:

"El 3 de diciembre de 1980, el Técnico de Presupuesto de DAINCO, envió a la División Delegada de Presupuesto de la misma Entidad, una cuenta de cobro para que se tramitara. Esta fue aprobada mediante la cuenta No. 55, y se pasó a la Auditoría para que el señor Auditor la aprobara, pero él sugirió que se hiciera el giro al Arauca por cuanto no había acta de entrega de obra, y fue así como se hizo el giro No. 275 de diciembre 17 de 1980.

"La citada cuenta quedó volando en la Oficina del Auditor, y el 31 de diciembre o principios de enero de 198 1, posiblemente, al elaborar la reserva de Caja (entre el Auditor y el Pagador), se incluyó esta cuenta (#55), como cuenta pendiente de pago, pero sin observar que para ella no se habían situados fondos, por cuanto éstos ya se habían girado al Arauca para que se pagase allí. Desde el 16 de diciembre de 1980 la reserva fue aprobada por el Auditor; el día 22 de febrero de 1981 se pasó ésta a la División Delegada de Presupuesto para su contabilización, es decir a la Oficina de mi cliente. Allí se contabilizó el total de la reserva por cientos de millones, incluyendo el error de nuestra (sic) que había quedado volando en Auditoría (y que después se detectó como error). El cheque de la cuenta equivocada se giró en la Pagaduría contra el Banco Ganadero, el día 25 de febrero de 1981 y se pagó el día 17 de marzo del mismo año, según el sello que en dicha cuenta se lee. Luego entre el 22 de febrero y el 17 de marzo se descubrió en la División Delegada de Presupuesto, es decir, por mi cliente, que para esa cuenta (No. 55) no existía disponibilidad de fondos, y que en consecuencia la Pagaduría no ha debido girar valor alguno para que se cancelara. Sin embargo, esta cuenta No. 55 se canceló y no fue posible ya retenerla, al descubrir el error.

"Mi poderdante podía haber acusado de este hecho al Pagador, pero no lo hizo y más bien optó por cancelar el giro al Arauca y procurar con la colaboración del Director del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, DAINCO, recuperar el dinero para reintegrarlo a la Pagaduría de dicho Departamento.

"Fue por ello que se hicieron varias llamadas telefónicas y como éstas no surtieron efecto alguno, se le envió la Comunicación DAINCO 340, al señor Intendente del Arauca, suscrita por el Jefe del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías y por mi poderdante, donde se le pide que se ordene el reintegro correspondiente al giro No. 275 de 1980 (diciembre 17) y se agregaba: "Lo anterior en razón de que DAINCO tiene obligación de cancelar con esta partida otros compromisos, y de no cumplirse con este reintegro solicitado, nos veríamos en la necesidad de suspender todo giro adicional a la Intendencia del Arauca en la presente vigencia para cumplir con lo exigido por la Ley de Presupuesto".

"Por estas razones, el señor Intendente del Arauca ofreció colaboración para la solución del asunto y dio los pasajes para que mi poderdante y el Pagador de DAINCO viajaran a esa Intendencia. No sobra advertir que este pago no fue con cargo al Erario, sino, fue gentileza y ayuda personal y directa del señor Intendente. Mi cliente y el Pagador viajaron al Arauca el día sábado 5 de septiembre de 1981, con el propósito de regresar el día siguiente, domingo 6 del mismo mes. Este regreso no lo pudieron efectuar porque el mal tiempo no se los permitió, por las condiciones atmosféricas, de las cuales todos somos conocedores y que son frecuentes en esos lugares, lo que configura una fuerza mayor. Por esta razón, mi cliente solo pudo regresar a Bogotá, el día martes en las primeras horas de la mañana para comenzar sus labores en la División Delegada de Presupuesto ante DAINCO a las 8 a.m. De tal modo que su estadía en Arauca fue contra su voluntad.

"4o. En el mes de octubre, ya recuperado el dinero, mi poderdante estuvo en uso de vacaciones y a su regreso fue trasladado a las Oficinas del Ministerio de Hacienda, donde estuvo sin funciones durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 18 de diciembre, cuando fue trasladado a la Delegada de Presupuesto ante el DANE. La Administración con éste proceder estaba comenzando una serie de castigos que había de recibir mi poderdante, por haberse equivocado contablemente su Contador Auxiliar inmediato.

"5o. Con oficios 1734 y 1787 de diciembre 14 y 18 de 1981, la Dirección General de Presupuesto, comisionó al señor GUSTAVO SUAREZ M., para que efectuara visita a la Pagaduría y a la División Delegada ante DAINCO, con el fin de verificar el monto y destinación de algunos fondos provee de los Ministerios de Obras y de Gobierno y constatar sobre un viaje llevado a cabo por los Jefes de esas dos dependencias a la Intendencia del Arauca, a fin de reclamar un giro efectuado previamente por dichos funcionarios. El citado visitador envió el informe de su comisión en oficio de enero que consta en 6 folios y el cual se adjunta a la presente.

"6o. Con fecha 3 de febrero de 1982, el Jefe de la Sección de Asuntos Laborales del Ministerio de Hacienda, ordenó abrir la investigación administrativa correspondiente, fijando un termino de instrucción de 30 días hábiles y prorrogables por igual término, con el fin de determinar posibles irregularidades cometidas por los funcionarios Alberto Almanza Flórez y... además designó como investigadora a la Dra. Flor Beltrán Sierra, quien el día 3 de febrero de 1982 abocó el conocimiento e inicio la investigación.

"7o. El día 11 de marzo de 1982 se le dio traslado de los cargos a mi poderdante y éste respondió el 24 de marzo en documentos que consta en 4 folios.

"8o. Las conclusiones a que la citada funcionaria llegó aparecen en memorial de 31 de marzo y se resumen diciendo que. aunque el error se originó en la Pagaduría y se visó en la Contraloría, no eximen de responsabilidad a mi poderdante por el hecho de la supervisión que mi cliente debía ejercer. Igualmente la citada funcionaria expresa que "no se causó perjuicio al Estado", y finalmente recomienda que "deben tenerse en cuenta los antecedentes de los investigados", y remite su informe al Jefe de la Sección para que allí se determine "si hubo o no falta y si fue grave o leve" (este documento consta en 10 folios, adjuntos).

"9o. El Jefe de Asuntos Laborales del Ministerio de Hacienda, calificó la falta como GRAVE y dio traslado del - expediente a la Comisión de Personal, en concepto que emite el día 12 de abril de 1982.

10. La Comisión de Personal se reunió el día 7 de julio de 1982 y la Representante de los empleados ante la misma, expresó que se debían "tener en cuenta sus buenos antecedentes, el hecho de que el empleado de manejo es el Jefe de la Sección de Pagaduría y la función de hacer la reserva está delegada en esta última Sección".

"Estima que si en la Pagaduría se hubiese tenido el suficiente cuidado y diligencia, el Delegado de Presupuesto no hubiera incurrido en el error" (subrayo). La Comisión de Personal conceptuó que mi poderdante debía ser sustituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres meses, aunque la doctora María Elisa Galves, se apartó, de este concepto, por considerar que al doctor Almanza se le debe imponer una sanción menor, teniendo en cuenta que si la Pagaduría con las funciones delegadas que tiene, actuara con responsabilidad el error no se hubiera cometido" (subrayo) (folios 3, 4 y 5 cdno ppal.).

Más adelante señala la parte actora que, simultáneamente con la investigación disciplinaria, se procedió a calificar los servicios del demandante por un período de tres meses y que tuvo un resultado deficiente, calificación que está llena de errores jurídicos y técnicos; que el 26 de agosto de 1982 se dictó el decreto 2488, mediante el cual se destituyó al demandante del empleo que ocupaba, acto administrativo que vino a ser notificado personalmente en septiembre 9 de 1982, contra el cual se interpuso recurso de reposición el día 16 del mismo mes y ano, recurso que fue resuelto negativamente por decreto 3008 de octubre 15 de 1982; que es necesario destacar que la propia dependencia que proyectó el decreto de destitución, elaboró el proyecto para resolver el recurso, pues tal circunstancia se infiere de las firmas y sellos de pie de página; que el actor se encontraba escalafonado en la carrera administrativa en el cargo de jefe de División, escalafón que se hallaba confirmado y reclasificado, según los términos de la comunicación No. 2339 del Departamento Administración de Servicio Civil.

1 En la corrección y adición de la demanda, la parte actora amplía los hechos en que fundamenta su acción, en la forma en que aparece a folios 19, 20 y 21 del cuaderno principal. Relaciona como violados los artículos 16, 17, 26 y 62 de la Constitución; decretos 2400 artículos 40 y ss. y 3074 de 1968 y su decreto reglamentario 1950 de 1973 artículos 11 y ss. 130 y ss., 133, 134, 136, 15 l; decreto 077 de enero 19 de 1977, artículo 13 numeral 3o.; decreto 294 de 1973, artículos 122 numeral 2o. y 163 literal b).

En la corrección y adición del libelo se citan además como infringidos los artículos 155 del decreto reglamentario 1950 de 1973, 57 del decreto extraordinario 2400 de 1968 y lo. del decreto reglamentario 2045 de 1969.

SECONSIDERA:

lo.) Se trata de dilucidar en el caso sub - lite la legalidad de los decretos números 2488 y 3008 de 1982 expedidos por el señor Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se destituyó al señor Alberto Almanza Flórez del cargo de Jefe de División 2040 grado 08 de las Divisiones Delegadas de Presupuesto de la Subdirección de Ejecución Presupuestal de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2o.) Los hechos que sirvieron de fundamento para aplicar la citada sanción disciplinaria al actor, aparecen resumidos de la siguiente manera, en el documento que reposa a folios 131 y ss. del cuaderno No. 2, relacionado con la investigación administrativa adelantada en la Dirección General de Presupuesto para averiguar posibles irregularidades cometidas en la División Delegada de Presupuesto ante el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías.

"En la División Delegada de Presupuesto ante el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, DAINCO, fue librada la orden de anticipo No. 275 el 16 de diciembre de 1980, por valor de $1.500.000.oo a favor de LUCILA REYES DUARTE, Tesorera General de la República, para girar a MERLE DUEÑAS OROZCO, Tesorera Intendencial del Arauca, con el fin de cancelar los saldos de los contratos 035 y 041 de 1979, por valor de $450.000.oo y $1.050.000.oo respectivamente.

"Sin tener en cuenta que estos fondos habían sido destinados para la Tesorería Intendencial del Arauca, en la División Delegada de Presupuesto ante DAINCO, se contabilizó el día 22 de febrero de 1981, la reserva de Caja por $1.500.000.oo correspondiente a los contratos 035 y 041 de 1979, sin existir los fondos disponibles, ni la disponibilidad de fondos, ni el compromiso correspondiente para su constitución.

"Posteriormente la Pagaduría de la citada Delegada descargó y canceló la cuenta No. 055 por un valor de $1.050.000.oo correspondientes al saldo del contrato 041 de 1979 la cual debía cancelarse en la Tesorería Intendencial del Arauca.

"Ante el error cometido, y en vista de que debía reintegrarse el dinero girado para cancelar la cuenta 055, el Jefe de la División y el Pagador respectivos, viajaron al Arauca a exigir el dinero, sin permiso de la Dirección General de Presupuesto, y transportándose con los pasajes suministrados por el Intendente del Arauca, MIGUEL MATHUS CAYLE".

3o.) Ahora bien, independientemente de que el actor se encontraba escalafonado en la carrera administrativa (folios 125 a 128 cuaderno principal), importa en el caso sub - judice, de manera esencial, establecer si fue destituido de su empleo con estricta sujeción a la ley y previa observancia del derecho de defensa.

4o.) Como lo ha manifestado la Sala en otras ocasiones, las etapas fundamentales del proceso disciplinario que indispensablemente deben adelantarse para aplicar cualquier sanción, se relacionan con el respeto al derecho de defensa.

5o.) Por consiguiente, es necesario que al funcionario investigado se le formulen cargos, se le brinde la oportunidad de rendir descargos y de solicitar la práctica de pruebas, se pida el concepto de la comisión de personal del organismo, cuando se trata de imponer sanciones disciplinarias como la destitución que fue aplicada al demandante, con inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de tres meses.

6o.) Observa la Corporación que, una vez revisado el proceso disciplinario adelantado contra el actor por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en dicho proceso se cumplieron los trámites propios que para el efecto señalan las disposiciones legales pertinentes.

7o.) Al respecto se encuentra que en el referido proceso se formularon cargos al actor, quien procedió a rendirlos, se reunió la comisión de personal del comentado ministerio y se sugirió por la mayoría de los miembros de la citada comisión se impusiera la máxima sanción disciplinaria consagrada en la ley, cual es la destitución, contenida en los actos administrativos enjuiciados (folios 68, 75 y 147 cuaderno No. 2).

En tales condiciones, estima la Corporación que no se establece en el proceso disciplinario adelantado contra el demandante, haya existido violación del derecho de defensa del inculpado.

8o.) De otra parte, en cuanto al desconocimiento de los términos en la investigación disciplinaria (folios 9 y 21 cuaderno principal), a que el jefe del organismo no fue quien designó el funcionario investigador y a que éste tenía una jerarquía inferior a la del actor (folios 21 y 22 ibídem), es preciso señalar que, la Corporación ha dicho que el incumplimiento de los términos no despoja de la competencia al funcionario que debe adoptar la decisión, ni genera la nulidad del acto; puede sí, acarrear responsabilidad disciplinaria para el empleado que injustificadamente ha incurrido en mora; y el decreto 079 de 1976 (artículo 5) atribuye en el literal e) a la Sección de Asuntos Laborales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la función de investigar la conducta de los funcionarios a solicitud de las dependencias del Ministerio, disposición de carácter especial, posterior y de superior jerarquía normativa a la señalada por la parte actora en el escrito de corrección y adición del libelo, artículo 155 del decreto reglamentario 1950 de 1973 (folios 21 y 22 cuaderno principal).

A folio 158 del cdno. No. 2 aparece el oficio No. 142 de enero 20 de 1982 suscrito por el Director General del Presupuesto del referido ministerio, mediante el cual se solicita iniciar la correspondiente investigación contra el demandante y otro funcionario de dicho organismo.

9o.) En lo atinente a que se desconocieron las normas que regulan el funcionamiento de las comisiones de personal (folio 22 cdno. ppal.), la Sala no comparte el planteamiento hecho por la parte demandante, ya que a la reunión de julio 7 de 1982, según consta en acta No. 27 (folio 147 cdno, No. 2), asistieron los integrantes que conforme a las disposiciones legales hacen parte de tales cuerpos colegiados, quienes deliberaron y recomendaron por decisión mayoritaria la destitución del actor y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de tres meses (folios 156 ibídem). teniendo en cuenta que "No es cierto que la responsabilidad de los hechos recayó únicamente en el pagador. De las declaraciones que se tomaron, inclusive de las suyas propias se deduce que él tuvo igual responsabilidad que el señor Méndez; el error se cometió tanto en. la pagaduría como en la propia División Delegada a cargo del investigado para la época de los hechos". (folios 149 ibídem).

Sobre las críticas formuladas por la parte actora, a la forma como operó para el caso sub - examine la comisión de personal, resultan muy ilustrativas las explicaciones dadas al respecto por el apoderado de la Nación y que constan a folios 60 y 61 del cdno. ppal.

I0o.) Alega la parte actora en el escrito demandatorio que el demandante fue sancionado cuatro veces o de cuatro formas diferentes, violando así la administración el principio consagrado en el ordenamiento jurídico, según el cual a nadie se le puede sancionar más de una vez por una misma causa (folio 7 cdno. ppal.)

Dirá la Sala, en relación con tales planteamientos, que la figura del traslado constituye un movimiento de personal, que en parte alguna de la legislación vigente (decretos 2400 y 3074) de 1968 y 1950 de 1973) se encuentra consagrado como sanción disciplinaria; como tampoco tiene dicho carácter la calificación de servicios, que es un instrumento para evaluar el desempeño del funcionario de carrera administrativa, como en el caso del actor, que busca fundamental medir el rendimiento y calidad en el trabajo.

De otro lado, la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos impuesta al demandante por el término de tres meses, es consecuencia de la sanción disciplinaria de la destitución, que obliga establecer a la autoridad nominadora en el acto administrativo contentivo de esta medida administrativa por mandato legal.

Así las cosas, no es válida la afirmación de la parte actora de que el demandante fue sancionado cuatro veces por una misma causa.

11o.) En distintas piezas que obran en el proceso, la parte actora admite la responsabilidad en los hechos que fueron objeto de investigación disciplinaria, en cuanto a la supervisión que a él le correspondía ejercer. Así lo manifestó en el libelo (folios 11, 20 y 21 cdno. ppal.) y en el alegato de conclusión (folio 31 ibídem).

Asimismo lo admite el demandante en la declaración rendida dentro del proceso disciplinario (folios 43 y 44 cdno No. 2) y en la ampliación de su declaración (folio 43 y 44 cdno. No. 2) y en la ampliación de su declaración (folio 63 ibídem), a lo cual hace referencia el informe sobre la investigación administrativa adelantada que reposa a folios 132 y ss. del cuaderno No. 2, cuando dice que "Al Jefe de la división Delegada de presupuesto ante DAINCO para la época de los hechos, ALBERTO ALMANZA FLOREZ, quien reconoce que efectivamente se cometió el error en la División a su cargo, que viajó al Arauca con pasajes sufragados por el Intendente y que la anulación del anticipo 275 simplemente se hizo con la palabra ANULADO frente a la partida correspondiente".

De igual modo aluden al error cometido en la División de Presupuesto de "DAINCO", los señores Albertino Méndez Beltrán y Jorge Molano Ortiz en las declaraciones que reposan a folios 48, 50 y 59 del cdno. No. 2.

l2o. El decreto No. 077 de 1976 (artículo 13 numeral 3) señala como funciones de los jefes de las divisiones y secciones delegadas de presupuesto, la tarea de vigilar el funcionamiento de las correspondientes pagadurías y solicitar a los pagadores los informes que consideren convenientes, atribución que no fue cumplida a cabalidad por el demandante en el caso sub - lite, como el mismo lo reconoce cuando hace mención a la supervisión que debía ejercer, de lo cual se infiere que el actor incurrió por este solo hecho en falta .

Por ende, las declaraciones dadas por Jaime Figueroa D. y José Eduardo Corredor (folios 91, 92, 94, 95 y 96 cdno. ppal.), acorde con las cuales no cabe responsabilidad alguna al jefe de presupuesto de "DAINCO", carecen de fundamento jurídico para desvirtuar la responsabilidad que le corresponde al actor, según las disposiciones legales, por los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria que culminó con la destitución del cargo que ocupaba como Jefe de División 2040 - Grado 08 de las Divisiones Delegadas de presupuesto.

l3o.) No obstante que el demandante quiso enmendar el error en que incurrió con la participación de otros funcionarios que prestaban sus servicios en "DAINCO" viajando a Arauca para exigir el dinero girado para cancelar la cuenta No. 055 por valor de $1.050.000 correspondiente al saldo del contrato 041 de 1979, ha debido el actor informar a sus superiores jerárquicos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los hechos sucedidos y que dieron lugar posteriormente a que se adelantara la investigación disciplinaria que originó su retiro del servicio por destitución del cargo que desempeñaba y, asimismo, obtener la respectiva autorización para que pudiera desplazarse como funcionario público y en cumplimiento de sus funciones a Arauca para los fines que el demandante perseguía, es decir, recuperar el dinero girado a que se ha hecho mención, a pesar de que el viaje se llevara a cabo en días no laborables. Recuérdese que el régimen de administración de personal, artículos 74 y 76 del decreto reglamentario 1950 de 1973, consagran como situaciones administrativas el permiso y las comisiones de servicio, a las cuales ha podido acudir el actor para evitar los inconvenientes jurídicos que podría ocasionar su viaje a Arauca, sin contar con la correspondiente autorización de sus superiores jerárquicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De allí que la comunicación de diciembre 15 de 1989 de la Empresa Aérea del Turismo "SAM" que consta a folio 139 del cuaderno principal, según la cual "no encontramos documento alguno que permita establecer la realización del vuelo Arauca Bogotá en septiembre 7 de 1981, por parte de esta compañía Aérea" no sirvan de justificación para el no regreso del actor a la capital de la República el día lunes, frente a la obligación que el demandante tenía de pedir autorización para viajar a Arauca, de conformidad con lo ya expuesto sobre este aspecto.

l4o.) Los empleados públicos están obligados por precepto legal a observar extremo cuidado en el ejercicio de sus funciones, con mayor razón cuando en el desempeño de sus tareas oficiales se compromete al erario público, como corresponde precisamente a los aspectos que conciernen al manejo presupuestal y financiero de las entidades públicas, más aún si se tiene en cuenta la amplia experiencia administrativa con que contaba el actor superior a 20 años en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según aparece en la constancia dada por esta entidad (folios 122 y 123 cdno. ppal.).

Las consideraciones planteadas por la Corporación en el caso sub - judice son más que suficientes para que las peticiones de la parte actora no tengan vocación de prosperidad, dado que los decretos impugnados como ostentan la presunción de legalidad, que implica las de regularidad y de perfección, la mantiene por no haber sido destruida en sede jurisdiccional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Deniéganse las peticiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y archívese el expediente. Cúmplase.

La anterior providencia fue aprobada en sesión de la Sala del día 7 de octubre de 1992.

Dolly Pedraza de Arenas, Reynaldo Arciniegas Baedecker, Joaquín Barreto Ruiz, Jaime Ahumada Díaz, Conjuez, - Alvaro Lecompte Luna, Diego Younes Moreno, Ausente;

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.