100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033138SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1950199218/09/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1950__1992_18/09/1992300331361992CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS DE TELEVISION / ADJUDICACION DEL CONTRATO - Criterios / CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION - Facultades No dice en parte alguna la norma superior hipotéticamente transgredida por el acto demandado, que los presupuestos para la adjudicación, los criterios para conferirla, deban ser los mismos que se dedujeron en la evaluación previa a la inscripción en el registro de proponentes y, por ende, el Decreto 1266 de 1991 no modificó condiciones ni confirió al Consejo Nacional de Televisión facultades extrañas o contrarias al ordenamiento jurídico.
Sentencias de NulidadYesid Rojas SerranoPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAMAURICIO SARRIA BARRAGAN18/09/1992Decreto 1266 de 1991Identificadores10030126401true1220094original30124443Identificadores

Fecha Providencia

18/09/1992

Fecha de notificación

18/09/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Yesid Rojas Serrano

Norma demandada:  Decreto 1266 de 1991

Demandante:  MAURICIO SARRIA BARRAGAN

Demandado:  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS DE TELEVISION / ADJUDICACION DEL CONTRATO - Criterios / CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION - Facultades

No dice en parte alguna la norma superior hipotéticamente transgredida por el acto demandado, que los presupuestos para la adjudicación, los criterios para conferirla, deban ser los mismos que se dedujeron en la evaluación previa a la inscripción en el registro de proponentes y, por ende, el Decreto 1266 de 1991 no modificó condiciones ni confirió al Consejo Nacional de Televisión facultades extrañas o contrarias al ordenamiento jurídico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: YESID ROJAS SERRANO

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de Septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: 1950

Actor: MAURICIO SARRIA BARRAGAN

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Entra la Sala a decidir la demanda incoada por el actor de la referencia, quien con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita la nulidad parcial de un decreto gubernamental.

LA ACCION

El demandante implora que se hagan las siguientes declaraciones:

1) Es nulo parcialmente el Decreto 1266 de 17 de mayo de 1991 dictado por el señor Presidente de la República y suscrito igualmente por el señor Ministro de Comunicaciones, por medio del cual se reglamenta la Ley 14 de 1991 y se dictan otras disposiciones, específicamente los numerales lo y 2o. del artículo segundo (20.), cuyo texto es del siguiente tenor literal:

l. Un setenta por ciento (70%) del puntaje de las propuestas para programación general, corresponderá a los aspectos evaluados en el Registro de Empresas Concesionarias de Espacios de Televisión que lleva Inravisión; para las propuestas para la adjudicación de programas informativos - noticiero, dichos aspectos corresponderán a un treinta por ciento'(30%) de su puntaje.

Las proporciones en que se valoren los distintos aspectos evaluados en el registro serán determinados en el pliego de condiciones, según lo que se estime más adecuado para buscar la idoneidad de los concesionarios.

2. La otra parte del puntaje corresponderá a la calidad y contenido de la propuesta. Este factor se obtendrá del promedio de las calificaciones que cada uno de los consejeros de televisión asigne a cada propuesta, y con base en los precisos factores objetivos que especifique el pliego de condiciones.

2a) La declaración anterior que anula parcialmente el Decreto 1266 de 1991, será comunicada al funcionario o funcionarios correspondientes del orden nacional.

LOS HECHOS en que se funda la demanda, se resumen en este proveído así:

1. El Congreso de la República por medio de la Ley 14 de 29 de enero de 1991, dictó normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial y estableció todas las disposiciones relacionadas por la naturaleza jurídica, los fines y principios de la prestación del servicio de televisión de las Entidades Estatales prestatarias del mismo, los órganos de dirección y control, etc.

2o. Específicamente, el artículo 14 de dicha ley estableció las funciones del Consejo Nacional de Televisión, órgano de dirección del servicio público citado, así:

b) Reglamentar las condiciones en que puedan utilizarse los espacios de televisión para los particulares mediante concesiones o en asociación con Inravisión, de conformidad con las leyes y los reglamentos superiores.

e) Adjudicar los contratos de concesión de espacios de televisión por franjas de audiencia y clasificación de la programación de tal manera que quien sea concesionario de espacios en una cadena, no pueda serlo en la otra;

h) Clasificar la programación, atendiendo, entre otros, el carácter y la modalidad de los programas;

j) Reglamentar el registro de empresas concesionarios de espacios de televisión, tomando en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: La capacidad financiera, la capacidad técnica, la experiencia y el nivel profesional, la capacidad operativo y el cumplimiento de normas y disposiciones contractuales anteriores;

k) Adoptar los pliegos de condiciones de las licitaciones para la concesión de espacios de televisión.

3o. Mediante el Decreto 1266 de 1991, el Presidente de la República reglamentó algunos aspectos de la Ley 14 de 1991, en especial lo relacionado con el trámite de la licitación pública para la concesión de espacios de televisión que realice el Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión. De manera arbitraria e ilegal se delega, en el artículo 20 del Decreto Reglamentario, al Consejo Nacional de Televisión para la calificación del puntaje total de las ofertas que presenten los interesados en la concesión de espacios de televisión, sin precisar la manera como se realizaría la calificación. En otros términos, el puntaje total de las ofertas se establece de manera subjetiva por parte de cada uno de los miembros del Consejo Nacional de Televisión, circunstancia que no es compatible con los principios generales de la licitación y de la contratación pública.

4o. Resulta peligroso, inequitativo e improcedente el mecanismo introducido por el Decreto 1266 de 1991 para la calificación de las ofertas o propuestas para la adjudicación y concesión de espacios de televisión, por cuanto que a los interesados se les pueden variar las reglas del juego en forma torticera y a voluntad y acomodo de los Miembros del Consejo Nacional de Televisión.

5o. No podía el ejecutivo otorgarle facultades que no le competen al Consejo Nacional de Televisión, por cuanto se están violando los principios reglados que debe presidir toda licitación pública, a claras voces del Decreto 222 de 1983, lo que implica que se excedió en el marco general constitucional y legal de la potestad reglamentaria. En tal virtud deberá anularse parcialmente el Decreto 1266 de 1991.

LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACION

El actor señala en su demanda como violadas las siguientes normas:

1. Ordinal b) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991.

2. Artículos 33, 44 y 45 del Decreto 222 de 1983. Sobre la primera de las normas señaladas dice el actor, en esencia:

Los apartes acusados del Decreto 1266 de 1991, infringen directamente a (sic) la Ley 14 de 1991 toda vez que la reglamentación a que se refiere el ordinal b) de su artículo 14 debe estar en conformidad con las leyes y reglamentos superiores, pero no podía excederse la potestad reglamentaria en el sentido de concederle la facultad absoluta al Consejo Nacional de Televisión de señalar y determinar sin pautas regladas la calificación de las ofertas por parte de los interesados en la concesión de espacios de televisión.

Después de citar varias jurisprudencias de esta Corporación, concluye diciendo que,

Debe impedirse, y más tratándose de un servicio público tan especial como el de televisión, que sean terceros en forma subjetiva los que finalmente determinan las condiciones dentro de las cuales puede hacerse una licitación, lo que aparece patético en el presente caso, si se examinan con cuidado las disposiciones acusadas.

En cuanto a las normas del Decreto 222 de 1983, dice que,

De igual manera se infringe el artículo 33 del Decreto 222 de 1983 que taxativamente señala los criterios para la adjudicación de los contratos administrativos. En efecto, al establecer el Decreto 1266 de 1991 en los apartes acusados la manera como debe adjudicarse por el Consejo Nacional de Televisión, no reglamentó las condiciones de conformidad con las leyes y reglamentos superiores, sino que los modificó al conferirle una facultad a dicho Consejo, totalmente extraña y contraria al ordenamiento jurídico.

Por su parte los artículos 44 y 45 del Decreto 222 de 1983 contienen disposiciones generales en relación con el registro de proponentes, especificándose en el inciso 8o. del artículo 45 que la calificación y clasificación en el respectivo registro regirán para todas las propuestas que el inscrito presente.

El Decreto Reglamentario No. 1266 de 1991, en los apartes acusados no podía facultar al Consejo Nacional de Televisión para que variara a su antojo el registro de empresas Concesionarias de Espacios de Televisión que continúa vigente a la fecha, a efectos de evaluar los puntajes de las ofertas que presenten los interesados en la concesión de espacios de Televisión.

LA INTERVENCION DE LA PARTE DEMANDADA

La Nación - Ministerio de Comunicaciones - , mediante apoderada judicial, al contestar la demanda, por fuera de los términos legales, refuta los hechos contenidos en ésta comenzando por afirmar que,

El Consejo Nacional de Televisión, en ejercicio de la facultad legal conferida por el ordinal e) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991, adjudica los contratos de concesión de espacios de televisión y en su calidad de autoridad adjudicante le corresponde, previo concepto del Comité de Licitaciones creado para tal efecto, calificar las propuestas presentadas, tal como lo establece el pliego de condiciones adoptado por el mismo organismo, respetando, como ya se sabe, el procedimiento de evaluación y calificación de los criterios establecidos en dicho pliego.

Explica seguidamente lo establecido en el artículo 39 de la misma ley en cuanto al contrato de concesión de espacios de televisión mediante el procedimiento de la licitación pública contemplado en el régimen de contratación administrativa; se refiere luego, específicamente, a la parte demandada del Decreto Reglamentario 1266 de 1991, esto es, el artículo segundo en sus numerales 10 y 20 para responder que no es cierto que de manera arbitraria e ilegal como lo afirma el demandante, el artículo 20 del Decreto 1266 de 1991, hubiera delegado en el Consejo Nacional de Televisión la calificación del puntaje total de las ofertas presentadas en virtud de la licitación pública nacional 0 1 de 1991, toda vez que en el pliego de condiciones el Consejo Nacional de Televisión, tal como lo ordena el estatuto contractual vigente, determinó la forma como se ponderarían los factores del registro.

En su pretensión de que se desestimen las peticiones de la demanda, refuta también la apoderada del Ministerio de Comunicaciones las acusaciones que allí se hacen manifestando que,

No es dable afirmar que el Decreto 1266 de 1991 facultó al Consejo Nacional de Televisión para hacer inoperante el registro de empresas concesionarios de televisión ni determinó como fundamento de la adjudicación de la licitación de espacios criterios íntegramente subjetivos, como lo afirma el actor. Los puntajes obtenidos por los concesionarios en el registro correspondiente, que traducen la calificación otorgada por Inravisión a la capacidad administrativa, técnica, operativo, financiera y al cumplimiento, obtuvieron en el pliego de condiciones, numeral 2.2 del literal A del capítulo VI, la aplicación de un factor porcentual idéntico para todos los inscritos, determinado por el criterio de otorgar un mayor peso específico a la capacidad operativo, profesional y experiencia del proponente, para garantizar la idoneidad de los adjudicatarios, ello no significa, como lo afirma el actor, que cada uno de los miembros del Consejo determinará de manera subjetiva el puntaje total de la propuesta, pues el mismo, como se deduce de la parte pertinente del pliego transcrita, lo componen la suma del puntaje final obtenido del promedio de los puntajes individuales de cada consejero a la propuesta y el puntaje final obtenido del registro de empresas concesionarios de espacios de televisión, - una vez aplicado el porcentaje de importancia relativa de cada factor determinado en el aparte del pliego preindicado.

La respondiente transcribe, en efecto, dentro del texto de su respuesta, la parte pertinente a los literales A y B del pliego de condiciones que el Consejo Nacional de Televisión adoptó para establecer los criterios de la evaluación y adjudicación, así como la metodología para evaluar las propuestas en la Licitación Pública Nacional No. 01 de 1991.

Concluye diciendo,

El pliego de condiciones, ley de las partes en el proceso licitatorio, estipuló de manera estricta todos los requisitos que la ley establece en especial, lo relacionado con los criterios de evaluación y adjudicación y, como se puede observar de la lectura del capítulo VI del pliego de condiciones que se anexa como prueba, cada uno de los factores o aspectos objeto de calificación y ponderación, tiene un máximo puntaje asignado con base en el cual los consejeros deben decidir en el momento de proceder a la adjudicación de la licitación.

Corrido el traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, incluyendo a la señora Agente del Ministerio Público, demandante y demandado se hicieron presentes con sus memoriales que reafirman sus posiciones; no así la funcionaria del Ministerio Público.

CONSIDERACIONÉS DE LA SALA:

Mediante la acción pública consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se está solicitando la declaratoria de nulidad del artículo 20 del Decreto Reglamentario número 1266 del 17 de mayo de 1991.

El texto de la norma acusada es el siguiente:

ARTICULO 20. - Para efectos de la adjudicación, cada propuesta que reúna los requisitos mínimos señalados por la ley y el pliego de condiciones, será calificada con un puntaje total, que se obtendrá de la sumatoria de los (2) siguientes factores:

l. Un setenta por ciento (70%) del puntaje de las propuestas para programación general, corresponderá a los aspectos evaluados en el Registro de Empresas Concesionarias de Espacios de Televisión que lleva Inravisión; para las propuestas para la adjudicación de programas informativos - noticiero, dichos aspectos corresponderán a un treinta (30%) de su puntaje.

Las proporciones en que se valoren los distintos aspectos evaluados en el registro serán determinados en el pliego de condiciones, según lo que se estime más adecuado para buscar la idoneidad de los concesionarios.

2. La otra parte del puntaje corresponderá a la calidad y contenido de la propuesta. Este factor se obtendrá del promedio de las calificaciones que cada uno de los consejeros de televisión asigne a cada propuesta y con base en los precisos factores objetivos que especifique el pliego de condiciones. (Folios 32 - 33). o el epígrafe correspondiente a las normas violadas, se señalan en da el ordinal b) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991 y los artículos 45 del Decreto 222 de 1983. Al análisis de esa acusada violación se entonces este proveído:

La primera de las normas supuestamente violadas, el ordinal b) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991, reza:

ARTICULO 14. Funciones. El Consejo Nacional de Televisión tendrá las siguientes funciones:

a)...

b) Reglamentar las condiciones en que puedan utilizarse los espacios de televisión por los particulares mediante concesiones o en asociación con Inravisión, de conformidad con las leyes y los reglamentos superiores.

El cargo principal de la demanda contra el artículo 20. del Decreto demandado, es la delegación que en él se hace al Consejo Nacional de Televisión para calificar el puntaje total de las ofertas que se hagan para la concesión de espacios de televisión sin que se precise la manera de hacerlo, dejando a la apreciación subjetiva de los miembros del Consejo el establecimiento del puntaje total de dichas ofertas.

Lo anterior, según la demanda, infringe la Ley 14 puesto que la reglamentación a que se refiere el ordinal b) del artículo 14, debe conformarse a las leyes y reglamentos superiores sin que se pueda exceder la potestad reglamentaria concediendo facultades absolutas al Consejo Nacional de Televisión de señalar la calificación de las ofertas sin existir pautas regladas al respecto.

En forma reiterativa el libelo demandatorio hace hincapié sobre la violación del susodicho artículo 14 de la Ley 14 por parte del acto demandado en cuanto a que dicha reglamentación - la de las condiciones para la utilización de los espacios de televisión - , debía estar en conformidad con las leyes y los reglamentos superiores, pero no hace el más mínimo señalamiento de cuáles son esas leyes y esos reglamentos superiores limitándose a transcribir, en forma por demás generosa, jurisprudencias de esta Corporación sobre la filosofía que debe orientar el régimen de los decretos reglamentarios y a afirmar que, en el acto demandado, hubo violación directa del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, se tiene que el artículo 30 del Decreto Ley 222 de 1983, que demarca el estatuto contractual, al establecer las reglas que se deben tener en cuenta para la licitación pública, ordena en el numeral segundo que la entidad interesada elabore un pliego de condiciones que debe contener en forma expresa y completa, además de otros requisitos, los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación (lit. j.):

A esos criterios hace concreta referencia el artículo 3 del mismo Decreto Ley cuando en el inciso segundo dice:

En la evaluación de las propuestas deberán tenerse en cuenta, en forma rigurosa, los criterios de adjudicación y las ponderaciones de esos criterios conforme a lo establecido en el pliego de condiciones correspondiente, con fundamento, entre otros, en los siguientes factores: el precio, el plazo, la calidad, cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes.

Como bien se observa, el artículo 33 parcialmente transcrito, remite la evaluación a los criterios de adjudicación y las ponderaciones de esos criterios conforme a lo establecido en el pliego de condiciones correspondiente, pliego de condiciones que, para citar un ejemplo, consta en este expediente con un contenido de cuarenta y seis páginas, a partir del folio 38. En el capítulo correspondiente a Evaluación de criterios, en forma específica se dice que cada uno de los Consejeros de Televisión, asignará a cada propuesta una calificación de uno a cien puntos distribuidos en la manera que allí taxativamente se señala. Esta acotación la hace la Sala únicamente a manera de ejemplo, ya que la acción que se estudia no pretende la declaratoria de nulidad de licitación alguna ni de acto administrativo concreto, distinto al Decreto 1266 de 1991, como parecen darlo a entender algunas referencias de la señora apoderada de la parte demandada.

Es de colegirse entonces, por lo que se ha analizado, que no hay arbitrariedad ni ilegalidad en el artículo 2o. del Decreto 1266 de 1991, sino que su contexto está concebido dentro de los lineamientos de las leyes y los reglamentos superiores. No se da, consecuentemente, la alegada violación del ordinal b) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991.

Se señalan en la demanda como igualmente violados, los artículos 33, 44 y 45 del Decreto 227 de 1983.

Al respecto, comienza el libelista la explicación de la violación que denuncia, citando el artículo 80 numeral 40 del Decreto 222 en el que se prescribe que no podrán celebrar contratos por sí o por interpuesta persona, Quienes con anterioridad a la apertura de la licitación o concurso o a la celebración del contrato, según el caso, no estuvieron inscritos, calificados y clasificados en los correspondientes registros cuando el presente estatuto o los reglamentos así lo exijan. Relaciona los artículos 44 y 45 del mismo decreto, en cuanto contienen disposiciones generales en relación con el registro de proponentes, especificándose en el inciso 80 del artículo 45 que La calificación y clasificación en el respectivo registro regirán para todas las propuestas que el inscrito presente.

Hace mención, igualmente, de la Resolución No. 01 de 1989 en la que se dictan normas sobre calificación, clasificación e inscripción en el registro de empresas concesionarios de espacios de televisión y afirma que el Decreto Reglamentario No. 1266 de 1991, no podía facultar al Consejo Nacional de Televisión para que variara a su antojo el registro de empresas concesionarios de esos espacios a efectos de evaluar los puntajes de sus ofertas.

El actor no hace referencia alguna de sustentación sobre la agresión que señala del artículo 44 del Decreto en mención, aún así, la Sala observa que dicho artículo, en el que se reglamenta el registro de proponentes, estipula entre otras cosas que En los casos especiales que dispongan los respectivos reglamentos, no se podrá licitar, adjudicar o celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que no se hallaren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el registro correspondiente y que La inscripción deberá hacerse con anterioridad a la apertura de la licitación o concurso o a la celebración del contrato según el caso.

No se observa en los dos numerales del artículo demandado, ninguna disposición que contradiga lo estipulado en el artículo 44 del Decreto 222 de 1983. Nada en su texto puede interpretarse como política permisivo de licitación, adjudicación o celebración de contratos, que transgreda la obligatoriedad de la previa inscripción, calificación o clasificación, muy en particular, de la inscripción, como taxativamente lo ordena el inciso segundo de dicho artículo y como lo reglamenta la Resolución No. 01 de 1989.

Según lo anterior, dos son los momentos de la licitación pública a que hacen referencia las normas que se han venido mencionando: El registro de proponentes que, como lo dice el inciso segundo del artículo 44 ut supra transcrito, deberá hacerse con anterioridad a la apertura de la licitación; para la inscripción de dicho registro, deberá hacerse una previa calificación y clasificación, llamada también evaluación por el Decreto 222. De ahí la determinación del inciso final del mismo artículo 44: Una vez hecha la evaluación correspondiente, se hará la inscripción en el registro de proponentes dentro de la clase o grupo y con la calificación que resulte de dicho estudio.

Esa calificación y clasificación, como lo anota el libelista demandante, regirán para todas las propuestas que el inscrito presente, según lo establece el inciso octavo del artículo 45, ibídem. Es decir, que no se exigirá una nueva inscripción en el registro de proponentes, a no ser que se hayan vencido los términos establecidos en el inciso cuarto del mismo artículo, o sea, la vigencia de los veinticuatro meses, transcurridos los cuales, el interesado deberá presentar oportunamente los documentos que la respectiva entidad considere necesarios para conocer las calidades actuales del inscrito.

Esta calificación y clasificación (Evaluación) en nada se afecta por el Decreto 1266 de 1991, ya que éste en su artículo 20., el acusado, trata de la calificación para efectos de la adjudicación la que, constituye un aspecto diferente dentro de la licitación.

El otro momento es la adjudicación.

El artículo 33 del Decreto patrón que se viene analizando, determina los criterios para la adjudicación. El artículo en forma muy clara, precisa que para hacerla, deberá haber un previo estudio del caso y un análisis comparativo y que se hará al licitador o concursante cuya propuesta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de condiciones o términos de referencia, según el caso.

Así también, exige la norma que en esta evaluación de las propuestas, se tengan en cuenta, además de los criterios de adjudicación de que habla el literal j) del artículo 30, numeral 2, ibídem, los cuales son tenidos en cuenta por el Decreto demandado en su artículo lo., LAS PONDERACIONES DE ESOS CRITERIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CORRESPONDIENTE, con fundamento, entre otros, los siguientes factores: el precio, el plazo, la calidad, cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes (Mayúsculas de la Sala).

No dice en parte alguna esta norma superior, hipotéticamente transgredida por el acto demandado, que los presupuestos para la adjudicación, los criterios para conferirla, deban ser los mismos que se dedujeron en la evaluación previa a la inscripción en el registro de proponentes y, por ende, el Decreto 1266 de 1991 no modificó condiciones ni confirió al Consejo Nacional de Televisión facultades extrañas o contrarias al ordenamiento jurídico como lo denuncia el demandante, ni tampoco pasó por alto el precepto contenido en el ordinal b) del artículo 14 de la Ley 14 de 1991 cuando advierte que el reglamento de las condiciones en que puedan utilizarse los espacios de televisión deberán estar conforme a las leyes y reglamentos superiores.

Corolario de lo hasta aquí discurrido, es la comprobación de que las normas de estirpe superior en cuya defensa fue instaurada la acción de simple nulidad, es decir, los artículos 14 de la Ley 14 de 1991 y, 33, 44 y 45 del Decreto 222 de 1983, no sufrieron agresión alguna por parte del acto demandado, y en consecuencia, no aparece violado tampoco, indirectamente el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional al comprobarse que el decreto cuestionado fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad de Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los Decretos, Resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes, en este caso concreto, de la Ley 14 de 1991.

Por las razones expuestas, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia v por autoridad de la Ley, sin haber tenido oportunidad de conocer un concepto del Ministerio Público,

FALLA

DENIENGANSE las súplicas de la demanda.

Devuélvase al actor el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, si no los hubo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 1992.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ, MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA SALA, LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YESID ROJAS SERRANO