SENTENCIA 975-1212 de 1992

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033100SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull975-1212199227/11/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_975-1212__1992_27/11/1992300330981992COMPROBANTE DE REVISION / CERTIFICADO DE MOVILIZACION El comprobante de revisi�n puede denominarse v�lidamente certificado de movilizaci�n. El cambio de] t�rmino "revisi�n" por el de "movilizaci�n", per se, no implica violaci�n de normas superiores, ya que ellas consagran, precisamente, la consecuencia de la comprobaci�n de "...graves deficiencias mec�nicas o de higiene..." en el proceso de revisi�n de los veh�culos, cual es su inmovilizaci�n CERTIFICADO DE MOVILIZACION / POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO / CONTRATO DE SEGURO Si bien de acuerdo con el art�culo 1046 del C. de Co. del contrato de seguro se perfecciona y prueba mediante el documento denominado "p�liza", la norma acusada no va en contrav�a de lo dispuesto por la disposici�n legal, en la medida en que no se est� desvirtuando ni la naturaleza jur�dica de dicho instrumento, ni su validez como medio probatorio, sino logr�ndose por parte de las autoridades de tr�nsito la certeza de que la p�liza, por ser de car�cter obligatorio, se ha constituido de acuerdo con las disposiciones legales que la regulan, procur�ndose con ello garantizar el pago efectivo de los da�os que se ocasionen con motivo de accidentes de tr�nsito. El certificado de movilizaci�n no cumple con la misma finalidad de la licencia de tr�nsito, ni la sustituye, ni la deroga, sino que es un documento con el cual simplemente se acredita la observancia de las disposiciones superiores que imponen a los ciudadanos obligaciones correlativas a la libertad de locomoci�n y de circulaci�n INTRA / AUTORIDAD DE TRANSITO Con la expedici�n del Decreto 1173 de 1980, y en virtud de lo dispuesto por su art�culo 36, el Intra adquiri� la calidad de autoridad de tr�nsito CONTRAVENCION DE TRANSITO / POLICIA DE TRANSITO / SANCION / POTESTAD REGLAMENTARIA - L�mites / PODER DE POLICIA En lo pertinente, el art�culo 53 del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre s�lo manda que la superficie abarcada por el limpia brisas debe ser de dimensiones tales que garanticen una buena visibilidad del conductor, sin que de ello pueda deducirse que el legislador hubiese siquiera pretendido derivar consecuencias contravencionales como la que le atribuye la norma acusada. Si bien en el art�culo 227 de la citada codificaci�n consagra como sanci�n la multa, ella s�lo tiene cabida y aplicaci�n en la medida en que se incurra en "faltas al presente c�digo", dentro de la cual no est� contemplada la conducta descrita en la norma que se analiza - no fijaci�n del certificado de movilizaci�n en el vidrio delantero del veh�culo. En ejercicio de la facultad reglamentaria no se pueden tipificar delitos ni contravenciones, ni crear sanciones que no est�n consagrados en las leyes

El comprobante de revisi�n puede denominarse v�lidamente certificado de movilizaci�n. El cambio de] t�rmino "revisi�n" por el de "movilizaci�n", per se, no implica violaci�n de normas superiores, ya que ellas consagran, precisamente, la consecuencia de la comprobaci�n de "...graves deficiencias mec�nicas o de higiene..." en el proceso de revisi�n de los veh�culos, cual es su inmovilizaci�n

CERTIFICADO DE MOVILIZACION / POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO / CONTRATO DE SEGURO

Si bien de acuerdo con el art�culo 1046 del C. de Co. del contrato de seguro se perfecciona y prueba mediante el documento denominado "p�liza", la norma acusada no va en contrav�a de lo dispuesto por la disposici�n legal, en la medida en que no se est� desvirtuando ni la naturaleza jur�dica de dicho instrumento, ni su validez como medio probatorio, sino logr�ndose por parte de las autoridades de tr�nsito la certeza de que la p�liza, por ser de car�cter obligatorio, se ha constituido de acuerdo con las disposiciones legales que la regulan, procur�ndose con ello garantizar el pago efectivo de los da�os que se ocasionen con motivo de accidentes de tr�nsito. El certificado de movilizaci�n no cumple con la misma finalidad de la licencia de tr�nsito, ni la sustituye, ni la deroga, sino que es un documento con el cual simplemente se acredita la observancia de las disposiciones superiores que imponen a los ciudadanos obligaciones correlativas a la libertad de locomoci�n y de circulaci�n

Con la expedici�n del Decreto 1173 de 1980, y en virtud de lo dispuesto por su art�culo 36, el Intra adquiri� la calidad de autoridad de tr�nsito

CONTRAVENCION DE TRANSITO / POLICIA DE TRANSITO / SANCION / POTESTAD REGLAMENTARIA - L�mites / PODER DE POLICIA

En lo pertinente, el art�culo 53 del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre s�lo manda que la superficie abarcada por el limpia brisas debe ser de dimensiones tales que garanticen una buena visibilidad del conductor, sin que de ello pueda deducirse que el legislador hubiese siquiera pretendido derivar consecuencias contravencionales como la que le atribuye la norma acusada. Si bien en el art�culo 227 de la citada codificaci�n consagra como sanci�n la multa, ella s�lo tiene cabida y aplicaci�n en la medida en que se incurra en "faltas al presente c�digo", dentro de la cual no est� contemplada la conducta descrita en la norma que se analiza - no fijaci�n del certificado de movilizaci�n en el vidrio delantero del veh�culo. En ejercicio de la facultad reglamentaria no se pueden tipificar delitos ni contravenciones, ni crear sanciones que no est�n consagrados en las leyes

Santaf� de Bogot�, D.C., veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992)

La Secci�n Primera procede a dictar sentencia de �nica instancia para resolver las demandas que han dado lugar a los procesos de la referencia y que han sido acumulados, instauradas en ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad que consagra el art�culo 84 del C.C.A. por los ciudadanos Jairo Herr�n Vargas y Juan Manuel Pe�a D�vila (Expediente No. 975) y Pablo J. C�ceres Corrales (Expediente No. 1212), tendientes a obtener la declaratoria de nulidad, parcial o total, de algunos art�culos del Decreto No. 460 de 11 de marzo de 1988, expedido por el se�or Presidente de la Rep�blica con la firma del Ministro de Obras P�blicas y Transporte, "por el cual se establece el Certificado de Movilizaci�n para la Revisi�n Nacional de veh�culos automotores, se derogan los art�culos 14 y 15 del Decreto 2544 de 1987 y se dictan otras disposiciones".

En consideraci�n al n�mero de normas acusadas, veinte en total, y por razones de �ndole metodol�gica, la Sala har� primero referencia a la actuaci�n surtida en cada uno de los procesos y luego en el an�lisis de los cargos, transcribir� el texto de las normas demandadas y har� las consideraciones pertinentes despu�s de resumir los argumentos de los actores, las razones de la defensa planteadas por la parte demandada, los argumentos de la parte impugnante y lo pertinente del concepto Fiscal.

Como quiera que en la demanda contenida en el expediente radicado bajo el n�mero 975 es donde se solicitan, tambi�n, nulidades parciales de los art�culos enjuiciados, se proceder�, en esos casos, a subrayar el texto demandado, para diferenciarlo de la petici�n que de la nulidad total de la norma se pide en la demanda contenida en el expediente radicado bajo el n�mero 1212.

De conformidad con las normas previstas en el C. C.A., a los procesos se les dio el tr�mite establecido para los procesos ordinarios, dentro de los cuales merecen destacarse, en cada uno de ellos, las siguientes actuaciones:

Mediante providencia visible a folios 18 y 19 se admiti� la demanda, se orden� darle el tr�mite correspondiente y se deneg� la medida de suspensi�n provisional de las normas acusadas.

Interpuesto como fue recurso de s�plica contra la decisi�n de no acceder a decretarla suspensi�n provisional solicitada (fls. 20 a 22 y 43), la Sala de Decisi�n, mediante providencia de 13 de diciembre de 1988, confirm� el auto recurrido (fls. 46 a 49).

Por auto de 6 de marzo de 1989 se abri� a pruebas el proceso y se decret� la solicitada por la parte actora (fl. 63).

Dentro del traslado a las partes para alegar de conclusi�n (fl. 115), �stas hicieron uso de tal derecho (fls. 116 a 120 y 121 a 125).

El se�or Fiscal Primero de la Corporaci�n rindi� el concepto que aparece a folios 131 a 135.

Mediante providencia de 8 de junio de 1990 (fls. 154 a 157) se orden� la acumulaci�n a este proceso, del radicado bajo el n�mero 1212.

Por auto de 13 de julio de 1989 se admiti� la demanda, se orden� darle el tr�mite que le corresponde y se decret� la suspensi�n provisional de los art�culos 5o., 6o., 7o., 8o., l5o. par�grafo del 2Oo, 25o., 28o. y 31 del Decreto 460 de 11 de marzo de 198 8 (fls. 56 a 61).

Contra la anterior providencia, en cuanto accedi� a decretar la suspensi�n provisional de algunas de las normas demandadas, interpusieron recurso de s�plica tanto la parte demandada (fls. 70 a 75), como el Instituto Nacional del Transporte (fls. 91 a 1 00) y los ciudadanos Juan Carlos Esguerra Portocarrero (fls. 101 a 105) y Guillermo Vargas Ayala (fls. 106 a 124), el cual fue resuelto mediante providencia de 21 de septiembre de 1989, en el sentido de revocar tal medida precautelativa.

Mediante providencia visible a folio 170 se reconoci� como parte impugnadora de la acci�n instaurada al Instituto Nacional del Transporte.

Dentro del traslado para alegar de conclusi�n, tan s�lo el Instituto Nacional del Transporte present� el escrito que obra a folios 173 a 189.

El se�or Fiscal de la Corporaci�n rindi� el concepto dentro de los dos juicios acumulados que aparece a folios 191 a 197.

"Art�culo 2o. El comprobante de revisi�n a que se refiere la Ley 14 de 1983 se denominar� en adelante "Certificado de Movilizaci�n".

Primer cargo. Violaci�n directa de los art�culos 73 del Decreto - Ley 1344 de 1970 y 57 de la Ley 14 de 1983, al cambiar la denominaci�n del "Comprobante de Revisi�n" por el "Certificado de Movilizaci�n", pues de acuerdo con lo establecido en la norma demandada se deduce que el veh�culo que carezca de tal documento no podr� movilizarse por las v�as de uso p�blico.

Por otra parte, el Comprobante de Revisi�n a que se refieren las citadas normas consiste en la constataci�n que hace el funcionario o perito sobre las condiciones f�sicas y �rganos de control y seguridad y del correcto estado del veh�culo, y de ellas no se desprende que el legislador haya pretendido elevar a categor�a legal el certificado creado. Adem�s, el �nico documento exigido por la Ley, en tal calidad, es la Licencia de Tr�nsito, establecida en el art�culo 87 del C�digo Nacional de Tr�nsito.

Segundo cargo. Violaci�n indirecta del ordinal 3o. del art�culo 120 de la - hoy derogada Constituci�n Nacional, pues se mantiene el Comprobante de Revisi�n y se crea el consagrado en la norma demandada, el cual no se encuentra contenido en la disposici�n reglamentada y que, al no pertenecer impl�cita o expl�citamente a la naturaleza de la materia que desarrolla, excede el ejercicio de la potestad reglamentaria (fls. 8 a 1 O).

Cargo �nico. Violaci�n de los art�culos 73 del Decreto 1344 de 1970 y 57 de la Ley 14 de 1983, y como consecuencia de ello la transgresi�n del art�culo 120 - 3 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, pues no puede afirmarse, como lo hace la norma demandada, que el comprobante de revisi�n peri�dica se denominar� "Certificado de Movilizaci�n", porque la revisi�n s�lo persigue controlar el "correcto estado mec�nico y el de los instrumentos de control y seguridad...�. �... y las condiciones mec�nicas y de higiene", para inmovilizarlo hasta que se corrijan las deficiencias observadas (art. 73 Decreto 1344 de 1970)". en el citado art�culo 57 no se dice que el llamado ahora Certificado de Movilizaci�n se expedir�... para reemplazar la licencia de tr�nsito, ni para garantizar el seguro obligatorio de responsabilidad por da�os a terceros. Estos son fines que la Ley no dispone ni permite que el gobierno, mediante un simple decreto reglamentario exija como nuevas exigencias documentales para movilizar los veh�culos" (fls. 20 y 21).

La norma acusada no incurre en las violaciones de orden legal y constitucional endilgadas, pues del examen de los art�culos 73 del Decreto 1344 de 1970 y 57 de la Ley 14 de 1983 no puede colegirse que el legislador haya establecido con un rigorismo t�cnico la denominaci�n y las caracter�sticas del documento mediante el cual los administrados deben acreditar la realizaci�n del revisado t�cnico - mec�nico de los veh�culos. La expresi�n "Comprobante de Revisi�n" empleada en el mencionado art�culo 57 de la Ley 14 de 1983 "...no tiene una significaci�n espec�fica de tal grado que haga nugatoria toda posibilidad de darle a dicho documento una denominaci�n m�s precisa" (fl. 56).

En su contestaci�n de demanda, la parte demandada no se refiere concretamente a esta disposici�n.

Como premisa de la impugnaci�n se expresa que "Las normas demandadas y las que sirvieron de fundamento a la demanda han sido abolidas por reforma, por lo cual deber� producirse un fallo inhibitorio, por sustracci�n de materia...�, toda vez que el Decreto 460 de 1988 fue expresamente derogado por el art�culo 3o. del Decreto - Ley 1809 de agosto 6 de 1990 y los art�culos 4o., 8o., 73, 87, 96, 97, 189, .190, 191, 192 y 193 del C�digo Nacional de Tr�nsito fueron tambi�n derogados por el art�culo 2o. del citado Decreto.

No obstante lo anterior, se expresa que el Certificado de Movilizaci�n a que se refiere la norma demandada no modifica en manera alguna el documento denominado por la Ley 14 de 1983 como Comprobante de Revisi�n. "Es un mismo documento jur�dico con denominaci�n diferente,... (...) ... son t�rminos sin�nimos, como se analizar� en los cargos formulados en contra de las subsiguientes disposiciones acusadas" (fls. 177 y 178).

En dicho concepto, el Agente del Ministerio P�blico no analiza en forma individual los cargos formulados en contra de cada una de las normas demandadas, sino que considera que en t�rminos generales, la totalidad de los actos acusados se ajustan a la normatividad que les sirvi� de fundamento, con base en las siguientes consideraciones principales:

Tanto del art�culo 73 del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre, como del art�culo 57 de la Ley 14 de 1983 se infiere que se "...impone la revisi�n (del veh�culo), el que ella sea peri�dica, que la periodicidad sea anual, que medie comprobante, la inmovilizaci�n del veh�culo y que previamente haya cancelaci�n de los impuestos de Circulaci�n y tr�nsito y de timbre. No otros son los conceptos contenidos en el decreto acusado" (subrayas del texto transcrito).

"Finalmente, es el mismo C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre el que, en su art�culo 8o. determina que el Gobierno adscribir� las funciones que �l ---el Decreto 1344/70 - no atribuya singularmente alguna de las autoridades nacionales, departamentales o municipales del ramo; y para ello, se�alar� los requisitos o condiciones que deben reunir las autoridades y les fijar� pautas t�cnicas de funcionamiento, someti�ndolas a su inspecci�n t�cnica y administrativa. Y dentro del importe de funciones atribuidas a las autoridades por la Ley 14 de 1983 se hallan las de �ndole "Fiscal" que aparejan labores de supervisi�n y control del erario o tesoro p�blico referido a varios entes, entre ellos, el de Tr�nsito Terrestre" (fls. 131 a 135).

En su concepto la Agencia Fiscal se remite a las consideraciones hechas en el expediente radicado bajo el No. 975 y, adicionalmente, expone su punto de vista en relaci�n con otros art�culos de la demanda, los cuales ser�n analizados posteriormente. No obstante lo anterior, finaliza su vista expresando que "...ante el evento de la sustracci�n de materia, lo pertinente ser�a el pronunciamiento inhibitorio" (fls. 191 a 197).

En relaci�n con la excepci�n formulada por el impugnante, consistente en la sustracci�n de materia que se presenta en este caso por cuanto las normas demandadas y las que sirven de fundamento a la demanda (Expediente No. 1212) han sido derogadas por disposiciones posteriores a lo cual tambi�n se refiere el concepto del Agente del Ministerio P�blico, la Sala anota que tal excepci�n carece de asidero jur�dico, pues debe recordarse que si bien el Consejo de Estado tradicionalmente aplic� la teor�a de la sustracci�n de materia como fundamento del correspondiente fallo inhibitorio que de ella se derivaba, esa posici�n jurisprudencial fue radicalmente modificada por su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que se impone fallo al m�rito a pesar de que los actos demandados hayan sido derogados al momento de dictar sentencia (v�ase sentencia de 14 de enero de 1991, Consejero Ponente doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Actor: Robert Bruce Raisbeck. Expediente No. S-157).

En atenci�n a que los cargos formulados contra el art�culo 2o. del acto acusado se cimentan en la violaci�n de las mismas normas de car�cter legal y constitucional, la Sala proceder� a su an�lisis conjunto.

Las disposiciones legales que se consideran transgredidas, y las cuales, entre otras, se citan como sustento del acto acusado en los considerandos del mismo, son del siguiente tenor literal:

"Art�culo 73. Las autoridades de tr�nsito revisar�n peri�dicamente todos los veh�culos con el fin de verificar su correcto estado mec�nico y el de los instrumentos de control y legalidad, y cuando comprueben graves deficiencias mec�nicas o de higiene, podr�n ordenar la inmovilizaci�n del veh�culo, hasta que se corrijan".

"Art�culo 57. El revisado de que trata el Decreto 1344 se realizar� anualmente y su comprobante no podr� ser expedido sin la cancelaci�n previa de los impuestos a que se refiere esta ley".

Dados los t�rminos escuetos de la disposici�n demandada, la Sala estima que el aspecto central a dilucidar consiste en establecer si el hecho de haberse cambiado la expresi�n legal "Comprobante de Revisi�n" por el de "Certificado de Movilizaci�n" implica o no la transgresi�n de las citadas normas legales, de lo cual depender� el que pueda predicarse o no la violaci�n del art�culo 120 - 3 de la Constituci�n Pol�tica de 1886.

En relaci�n con el mencionado aspecto la Sala considera que de la atenta lectura de las dos normas que se estiman vulneradas y de su arm�nica interpretaci�n, resulta que el comprobante de revisi�n a que ellas se refieren puede denominarse v�lidamente Certificado de Movilizaci�n, toda vez que, en primer t�rmino, si de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espa�ola un comprobante es el instrumento mediante el cual se verifica o confirma la veracidad o exactitud de una cosa, y una certificaci�n es el instrumento en que se asegura la verdad de un hecho, es indiscutible que los dos persiguen un mismo y �nico objetivo, cual es el de la demostraci�n de las cosas o de los hechos con el concepto que de ellos consagra la norma.

En segundo lugar, y en cuanto al cambio del t�rmino "Revisi�n" por el de "Movilizaci�n", la Sala no observa que ello, per se, implique la violaci�n de las citadas normas superiores, ya que ellas consagran, precisamente, la consecuencia de la comprobaci�n de "...graves deficiencias mec�nicas o de higiene..." en el proceso de revisi�n de los veh�culos, cual el su inmovilizaci�n.

Adem�s de lo anterior, la Sala considera que frente a normas de car�cter reglamentario, como la que se analiza, en las cuales el Gobierno Nacional realiza cambios o variaciones en la terminolog�a utilizada por el Legislador, la violaci�n de la norma reglamentada y el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria s�lo ser� susceptible de predicarse en la medida en que tal cambio o variaci�n se produzca con la finalidad de derivar de ella consecuencias distintas de las que le atribuye la ley, e igualmente en la medida en que tales mutaciones ling��sticas se realicen sobre palabras que "...el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias" (C�digo Civil, art. 28), lo cual no se presenta frente a las normas presuntamente violadas, pues, como atr�s se observ�, la disposici�n acusada se limita a introducir tal denominaci�n sin deducir consecuencia alguna, adem�s de que no se aleg� ni se demostr� por los demandantes que la expresi�n "Comprobante de Revisi�n" tenga una definici�n legal en la materia que regula el acto acusado.

"Art�culo 3o. El "Certificado de Movilizaci�n" es el �nico documento que acredita por el t�rmino de un (1) a�o que el veh�culo que ampara se encuentra en condiciones mec�nicas y de higiene, aptas para poder movilizarse por las v�as de uso p�blico, que se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos de circulaci�n y tr�nsito y timbre y que cuenta con la p�liza de seguro obligatorio establecida mediante Decreto n�mero 2544 de 1987".

Primer cargo. Violaci�n directa del art�culo 73 del C�digo Nacional de Tr�nsito, pues mientras esta norma, en concordancia con el numeral l. del art�culo 230 del mismo estatuto se�ala las causales de inmovilizaci�n de los veh�culos y la sanci�n a que hay lugar, previa observancia del procedimiento establecido en los cap�tulos IV y V del t�tulo 4o. del C�digo en cita, el Certificado de Movilizaci�n deroga el principio legal de "comprobaci�n de la causal", al asumir que objetivamente existe, por el s�lo hecho de que el veh�culo no lleve la respectiva calcoman�a.

Se viola, as� mismo, el "principio de culpabilidad", propio del tratamiento y fallo de las contravenciones, pues el presunto contraventor no podr� alegar causales eximentes de culpabilidad, sino que se le tendr� objetivamente como contraventor, a pesar de que el veh�culo se encuentre en perfectas condiciones mec�nicas o de higiene.

De igual manera la norma demandada contradice los art�culos 5o., 18 y 25 del C�digo Penal, los cuales son de obligatoria observancia de acuerdo con lo se�alado en el art�culo 263 del C�digo Nacional de Tr�nsito.

Segundo cargo. Violaci�n directa del art�culo 57 y par�grafo 2o. del art�culo 58 de la Ley 14 de 1983, e indirecta del ordinal 3o. del art�culo 120 de la - hoy derogada - Constituci�n Nacional, por cuanto siendo el paz y salvo por concepto de impuestos de Circulaci�n y Tr�nsito y de Timbre Nacional el documento resultante del previo pago efectuado en las oficinas recaudadoras territoriales, la norma demandada atribuye al Certificado de Movilizaci�n una categor�a no otorgada legalmente al comprobante de revisi�n, al considerarlo como el "�nico" documento que acredita que un veh�culo se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos. De esta manera se evidencia el desbordamiento de la potestad reglamentaria.

Tercer cargo. Violaci�n del art�culo 1046 del C�digo de Comercio, pues al estatuir que el "Certificado de Movilizaci�n" es el "�nico" documento que acredita que el veh�culo que ampara cuenta con la P�liza de Seguro Obligatorio "...establecida en el art�culo 115 de la Ley 33 de 1986... y no en el Decreto 2544 de 1987 como err�neamente se afirma en el texto del art�culo", se invadi� un campo regulado por normas de mayor jerarqu�a (fl s. 1 0 a 12).

Primer cargo. Violaci�n del Decreto 1344 de 1970 (C�digo Nacional de Transporte Terrestre) en sus art�culos 73, 87, 88 (modificado por el art�culo 14 del Decreto 2169 de 1970), 89, 94, 95, 96, 97, 100 y 102, los cuales regulan la licencia de tr�nsito, su contenido, sus fines y el r�gimen que determina sus elementos.

De acuerdo con las citadas normas, la Licencia de Tr�nsito es el �nico acto administrativo que confiere al propietario de un veh�culo la autorizaci�n para circularlo en las v�as de uso p�blico. As�, pues, el citado documento y las placas de identificaci�n se expiden cuando se acredite, previo experticio, que el automotor cumple con las condiciones mec�nicas y de higiene (art. 97). Adem�s, los art�culos 96 y 97 consagran que la licencia se ha de expedir cuando se demuestre la constituci�n del seguro de responsabilidad por da�os a terceros.

El Certificado de Movilizaci�n que se crea mediante la norma acusada "...es un documento adicional a la Licencia de Tr�nsito, que pretende cumplir sus mismos fines y es, en su r�gimen, muy distinto al comprobante de revisi�n de que habla el art�culo 57 de la Ley 14 de 1983, porque al formulario de revisi�n, que es el comprobante legal, le a�ade el formulario �nico nacional y el Certificado de Movilizaci�n" (subrayas del actor), de que tratan los art�culos 14 y 17 del Decreto demandado.

De otra parte, al disponerse que el Certificado de Movilizaci�n "...se constituye en el '�nico documento que acredita por el t�rmino de un (1) a�o que el veh�culo que ampara se encuentra en condiciones mec�nicas y de higiene aptas para poder movilizarse por las v�as de uso p�blico, que se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos de circulaci�n y tr�nsito y timbre y que cuenta con la p�liza de seguro establecida mediante decreto 2544 de 1987'del Gobierno Nacional est�. o derogando la licencia de tr�nsito que, hemos visto, es el �nico documento que seg�n la ley demuestra esos hechos que pretende acreditar el ahora llamado 'certificado de movilizaci�n' o creando un nuevo documento que no est� previsto en la ley" (fl. 20).

Segundo cargo. Violaci�n del art�culo 76 - 24 de la anterior Carta Pol�tica, pues siendo de determinaci�n legal la creaci�n de los documentos indispensables para que los veh�culos puedan circular, tal como se ha dispuesto en la Licencia de Tr�nsito, las placas, la tarjeta de operaci�n de los veh�culos de servicio p�blico y la comprobaci�n de la revisi�n anual, el Gobierno, ni las autoridades de tr�nsito pueden sustituirlos por otros ni a�adirle unos nuevos "...para acreditar los mismos hechos de que parten los anteriores, porque se estar�a: a) modificando los art�culos 73 y 87 a 102 del C�digo de Tr�nsito cuya expedici�n y reforma es del resorte del Congreso de la Rep�blica (art. 76, num. 24), o b) creando nuevas condiciones para la circulaci�n de veh�culos desconociendo que esa es una materia que la Constituci�n reserv� al Legislador".

Tercer cargo. Violaci�n del ordinal 3o. del art�culo 120 de la - hoy derogada - Constituci�n Pol�tica, pues la potestad reglamentaria no puede ejercerse como facultad legislativa, creando obligaciones y situaciones generales, como las expuestas, del resorte propio del legislador, en los t�rminos del art�culo 76, numerales 2 y 24 de la Carta (fls. 14 a 20).

El Certificado de Movilizaci�n que se consagra en la norma acusada se ajusta a los marcos de las leyes reglamentadas, toda vez que el Decreto 1344 de 1970 prev� la obligaci�n de practicar el revisado peri�dico a los veh�culos y la Ley 14 de 1983 determina que tal revisi�n debe ser anual, condicionando la expedici�n del comprobante al pago de los respectivos impuestos.

Las �nicas finalidades que se persiguen con el establecimiento del Certificado de Movilizaci�n son las de racionalizar el proceso revisado de los veh�culos y establecer mecanismos id�neos de control del cumplimiento de las obligaciones legales.

En la demanda se parte de la base equivocada de que se est� creando un requisito para inmovilizar los veh�culos, cuando de su texto no se infiere ello pues en parte alguna se establece que las autoridades puedan retenerlos o inmovilizarlos por dicha raz�n. Obviamente que quien no lo porte se har� acreedor a una sanci�n de multa, pero de ninguna manera ser� obligado a dejar de circular.

Si bien la libertad de locomoci�n es materia reservada a la competencia del legislador, ello no implica la carencia de facultades de reglamentaci�n por parte de las autoridades de tr�nsito, como de manera clara lo dispone el art�culo lo. del Decreto 1344 de 1970.

La conclusi�n del actor, en el sentido de que el Certificado de Movilizaci�n modifica el C�digo de Tr�nsito carece de fundamento, pues tal documento tiene por finalidad servir como medio de prueba a la revisi�n consagrada en el art�culo 73 del Decreto 1344 de 1970. "Esto es tan c4aro que expresamente aparece consagrado en el Art. 2o. de la norma acusada" (fl. 145).

El hecho de que un veh�culo que obtenga licencia de tr�nsito atribuya a su propietario o tenedor la autorizaci�n de circular libremente por las v�as p�blicas, no constituye un derecho ilimitado e infinito en el tiempo.

En aras de la seguridad ciudadana se estableci� en el art�culo 73 del Decreto 1344 de 1970 la obligaci�n adicional de revisar peri�dicamente los veh�culos y autoriz� a las autoridades para inmovilizar a aquellos que no reunieran las condiciones m�nimas mec�nicas o de higiene.

Consecuencia de lo anterior es la gran diferencia que existe entre la Licencia de Tr�nsito y el Comprobante de Revisi�n o Certificado de Movilizaci�n, estos �ltimos citados que constituyen "...un mismo documento jur�dico con denominaci�n diferente. Pero sustancialmente no hay ninguna modificaci�n. Certificado de Movilizaci�n y Comprobante de Revisi�n son t�rminos sin�nimos".

La anterior aseveraci�n se reafirma en el art�culo 2o. del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre, con las reformas introducidas por el Decreto - Ley 1809 de 1990, en el cual se indica que el Certificado de Movilizaci�n es el Comprobante de Revisi�n t�cnico-mec�nica de un veh�culo automotor.

En suma, "La Licencia de Tr�nsito y el Certificado de Movilizaci�n (Comprobante de Revisi�n) son documentos complementarios creados por la Ley y en ese sentido se plasmaron las disposiciones del Decreto 460 de 1988" (par�ntesis del �repugnante) (fls. 177 y 178).

Tal como se expres� frente al art�culo 2o., anteriormente analizado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas que all� se consignaron.

En relaci�n con los cargos primero, segundo y tercero, consistentes en la violaci�n directa de los art�culos 73 del Decreto 1344 de 1970, 57 y 58, par�grafo segundo, de la Ley 14 de 1983, 1046 del C�digo de Comercio, e indirecta de los art�culos 5o., 18 y 35 del C�digo Pena� y 120 - 3 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, la Sala observa y considera que la norma acusada contiene e integra una serie de previsiones consagradas en disposiciones de superior jerarqu�a, lo cual no constituye, de ninguna manera, un hecho susceptible de generar las alegadas transgresiones al ordenamiento jur�dico, pues en aquellas encuentra, precisamente, su respaldo y consecuente legalidad, como se analizar� a continuaci�n.

En efecto, la norma acusada dispone que el Certificado de Movilizaci�n (o Comprobante de Revisi�n) acredita los siguientes hechos:

a) Que se ha llevado a cabo la revisi�n anual por parte de las autoridades de tr�nsito de las condiciones mec�nicas y de higiene del veh�culo, de la cual ha resultado su aptitud para poderse movilizar por las v�as de uso p�blico.

b) Que se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos de circulaci�n y tr�nsito y timbre, y

Ahora bien, en cuanto al primero de los citados hechos, la Sala encuentra que la susodicha revisi�n por per�odos anuales se encuentra contenida en los art�culos 73 del Decreto 1344 de 1970 y 57 de la Ley 14 de 1983, transcritos en el an�lisis de la norma que antecede y, en lo atinente a que el Certificado de Movilizaci�n acredita que el veh�culo est� en condiciones mec�nicas y de higiene aptas para poder transitar por las v�as de uso p�blico, se constata que ello se encuentra ajustado no s�lo a los t�rminos del citado art�culo 73, sino concordante con lo dispuesto por el art�culo 40 de la misma codificaci�n de tr�nsito y transporte, en el cual se expresa que "Para poder transitar dentro del territorio nacional los veh�culos� (...)... deber�n encontrarse en las condiciones mec�nicas y de comodidad y seguridad consagradas en este C�digo, provistos de �rganos de mando de f�cil y seguro accionar, y con dispositivo de direcci�n que garantice la f�cil y segura maniobrabilidad del veh�culo".

En lo referente al segundo hecho que acredita el Certificado de Movilizaci�n, es decir, que el veh�culo se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos de circulaci�n y tr�nsito y timbre, �ste encuentra su consagraci�n legal en el art�culo 57 de la Ley 14 de 1983, en la medida en que en �l se dispone que el Comprobante de Revisi�n "...no podr� ser expedido sin la cancelaci�n previa de los impuestos a que se refiere esta ley", es decir, a los mismos de circulaci�n y tr�nsito y de timbre nacional (arts. 49 y 50 ib�dem).

En relaci�n con el tercer hecho que se acredita con el Certificado de Movilizaci�n, consistente en que el veh�culo "cuente con la p�liza de seguro obligatorio", la Sala considera que si bien de acuerdo con el art�culo 1046 del C�digo de Comercio el contrato de seguro se perfecciona y prueba mediante el documento denominado "p�liza", la norma acusada no va en contrav�a de lo dispuesto por la disposici�n legal, en la medida en que no se est� desvirtuando ni la naturaleza jur�dica de dicho instrumento, ni su validez como medio probatorio, sino logr�ndose por parte de las autoridades de tr�nsito la certeza de que la p�liza, por ser de car�cter obligatorio (Ley 33 de 1986, art. 1 15), se ha constituido de acuerdo con las disposiciones legales que la regulan, procur�ndose con ello garantizar el pago efectivo de los da�os que se ocasionen con motivo de accidentes de tr�nsito.

De otra parte, la Sala considera que cuando la norma acusada dispone que el Certificado de Movilizaci�n es el "�nico" documento que acredita los tres hechos ya analizados, ello no cabe ser interpretado con la �ptica de que la utilizaci�n del t�rmino "�nico "' implique el desconocimiento y derogatoria de las normas superiores en las cuales encuentra su fundamento, sino como que tal documento p�blico da fe de que se ha cumplido integralmente lo dispuesto por las mismas, a pesar de que las obligaciones consagradas en cada una de ellas pueda probarse individualmente con los documentos correspondientes.

Por �ltimo, la Sala considera que la norma acusada no puede incurrir en transgresi�n de los art�culos 5o., 18 y 35 del C�digo Penal, que consagran la culpabilidad y la forma que �sta reviste y la divisi�n de los hechos punibles en delitos y contravenciones, por la sencilla raz�n de que en ella no se dispone o consagra tipo alguno de contravenci�n, que permita hacer referencia a los mismos, ni se se�ala como causal de inmovilizaci�n del veh�culo el hecho de no contar con el certificado que regula el acto acusado.

En relaci�n con el primer cargo consistente en la violaci�n de los art�culos 73, 87, 88, 89, 94 a 97, 100 y 102 del Decreto 1344 de 1970, por las razones que atr�s se dejaron consignadas, la Sala considera lo siguiente:

Los motivos centrales de inconformidad del actor con respecto al art�culo 3o. del acto acusado radican, en esencia, en que mientras las citadas normas determinan que la licencia de tr�nsito y las placas son los �nicos requisitos legales exigidos para que un veh�culo pueda transitar por el territorio nacional, y que la expedici�n del primero de los citados documentos debe estar precedida de una revisi�n t�cnica del veh�culo para establecer sus condiciones mec�nicas y de higiene, y de la presentaci�n de la prueba del seguro, el Certificado de Movilizaci�n que se crea cumple con los mismos fines de aquella y tiene un r�gimen muy distinto al del comprobante de revisi�n.

Luego de la lectura de las disposiciones que se consideran transgredidas y de su confrontaci�n anal�tica con la norma acusada, la Sala encuentra que no es posible predicar v�lidamente la similitud en cuanto a los fines y objetivos hacia los cuales apuntan la Licencia de Tr�nsito y el Certificado de Movilizaci�n, ya que el primero de ellos, que en el lenguaje com�n. se denomina "Tarjeta de Propiedad", es el documento que si bien para su expedici�n debe proceder la comprobaci�n de la revisi�n mec�nico - higi�nica y la prueba del seguro obligatorio, la existencia de la misma no garantiza ni demuestra, por s� sola que el veh�culo cuyo tr�nsito autoriza se haya sometido a la revisi�n anual que consagran los art�culos 73 del Decreto 1344 de 1970 y 57 de la Ley 14 de 1983, que se encuentra al d�a en el pago de los respectivos impuestos de circulaci�n y tr�nsito y timbre, y que cuenta con el seguro vigente y obligatorio de da�os a terceros, requisitos �stos que en el an�lisis de los cargos formulados contra esta misma norma en el expediente No. 975, se concluy� que son de imperativo cumplimiento.

Es por lo anterior que la Sala concluye que el Certificado de Movilizaci�n no cumple con la misma finalidad de la Licencia de Tr�nsito, ni la sustituye, ni la deroga, sino que es un documento con el cual simplemente se acredita la observancia de las disposiciones superiores que imponen a los ciudadanos obligaciones correlativas a la libertad de locomoci�n y de circulaci�n.

En relaci�n con los cargos segundo y tercero, que tratan sobre la violaci�n de los art�culos 76 - 24 y 120 - 3 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, la Sala considera que la norma acusada no incurre en su contradicci�n, pues, como ya se analiz�, con el Certificado de Movilizaci�n no se est� creando un nuevo documento para la circulaci�n de los veh�culos.

"Art�culo 4o. El Certificado de Movilizaci�n, consistir� en una calcoman�a en la cual se indicar� claramente el mes y el a�o de su vencimiento, adem�s del n�mero de la placa del veh�culo, el nombre o c�digo de la compa��a aseguradora y el n�mero de la p�liza del seguro obligatorio".

Esta norma adolece de ilegalidad por los motivos expuestos frente a los art�culos 2o. y 3o.

Del texto de la demanda (fls. 21 y ss.) se deduce que los cargos formulados contra estos art�culos son los mismos que se formularon contra las normas anteriormente analizadas.

En parte alguna de los escritos presentados por la demandada se hace referencia, en concreto, al art�culo 4o. acusado, pero ha de entenderse que ellos son los mismos expresados en relaci�n con la legalidad del "Certificado de Movilizaci�n".

En el escrito que la contiene, no se hace expresa referencia a la norma demandada, pero ha de entenderse que los argumentos son los mismos expresados en relaci�n con la legalidad del "Certificado de Movilizaci�n".

Las razones de la Agencia Fiscal son las mismas que se dejaron consignadas en el an�lisis del art�culo 2o. acusado.

Como el ataque a este art�culo se sustenta en las mismas razones aducidas respecto de los art�culos 2o. y 3o., ya analizados y desechados, el cargo n puede prosperar.

"Art�culo 5o. El Certificado de Movilizaci�n ser� dise�ado y suministrado a las Oficinas de Tr�nsito del pa�s por el Instituto Nacional del Transporte, tendr� cobertura nacional y ser� expedido a los propietarios de los veh�culos por las Oficinas de Tr�nsito".

A�n cuando en la demanda se indica como norma acusada el mencionado art�culo, en el ac�pite correspondiente a "NORMAS VIOLADAS - CONCEPTO DE VIOLACION", no se hace referencia alguna a ella (fls. 8 a 12).

Adem�s de considerarse como aplicable a este art�culo el cargo formulado contra el art�culo 3o. del Decreto acusado, se estima que la norma arriba transcrita es violatoria de los art�culos 76, numeral 24; 120, numeral 3o. y 187, numeral 9 de la - hoy derogada - Constituci�n Nacional de 1886 y 7o. del C�digo Nacional de Tr�nsito, por las siguientes razones (fls. 25 a 33):

El art�culo 3o. del C�digo Nacional de Tr�nsito se�ala cu�les tienen el car�cter de "Autoridades de Tr�nsito", y en su enumeraci�n no se consagra con tal car�cter al Instituto Nacional de Transporte, pues "Su actividad se concreta a ejecutar la pol�tica de intervenci�n en el transporte, concepto muy diferente al de tr�nsito o circulaci�n".

En efecto, el tr�nsito o la circulaci�n no se refieren a un servicio p�blico, como lo es el transporte, ni a una actividad econ�mica que est� relacionada con las necesidades de la sociedad, sino al ejercicio de la libertad de locomoci�n, consagrada en la Constituci�n y garantizada por la ley, libertad �sta que por ser susceptible de afectar la seguridad, salubridad y tranquilidad de las personas, el Estado, mediante medidas policivas, busca reducir los riesgos all� subyacentes.

Es por lo anterior que el art�culo 76, numeral 24 de la Constituci�n prescribe que es de competencia de la ley unificar las normas de polic�a de tr�nsito en el pa�s, reflejo de lo cual es lo dispuesto por el art�culo lo. del C�digo Nacional de Tr�nsito.

En consecuencia "...las autoridades ejecutivas y de control de las normas nacionales de polic�a de tr�nsito son las autoridades nacionales, departamentales, municipales, intendenciales y comisariales de polic�a" (subrayas de] actor).

Mientras que el numeral 3. del art�culo 120 de la - hoy derogada - Constituci�n Nacional otorga competencia exclusiva al Presidente de la Rep�blica para dictar normas reglamentarias,, en el texto demandado se confiere al INTRA la facultad de dise�ar el Certificado de Movilizaci�n y lo convierte en superior de las autoridades municipales "...rompiendo con el orden jer�rquico que la Constituci�n se�ala en el r�gimen departamental y municipal en un tema propiamente policivo y de vigilancia de la conducta de los particulares", adem�s de que con esta facultad se desconocen "los principios constitucionales de los art�culos 76 inciso (sic) y numeral 24 y 120 numeral 3, 187 numeral 9" y, de contera, el art�culo 7o. del C�digo Nacional de Tr�nsito.

En suma, los art�culos demandados que confieren competencia al INTRA en materia de tr�nsito y circulaci�n son ilegales, pues tal entidad no puede ser titular de las facultades conferidas, pues ellas est�n radicadas en cabeza de otros organismos nacionales, departamentales y municipales.

El INTRA "...s� es autoridad de tr�nsito. As� aparece consagrado en el Decreto 1173 - 80 en su art�culo 36 modificatorio del art�culo 3o. del Dto. 1344 - 70; en el Dto. 2623 - 85; en el Dto. 729 - 86, en la Ley 33 - 86 y en la Ley 53 - 89" (sic) (fl. 146).

l. Por disposici�n legal expresa, ya que el C�digo Nacional de Transporte en su art�culo 3o. defini� como tal al Consejo Superior de Tr�nsito, el cual, mediante Decreto - Ley 154 de 1976 se modific� en su denominaci�n por el Consejo Nacional de Tr�nsito y Transporte, determinando, adem�s, que ejercer�a las funciones consultivas y ejecutivas que la ley y los reglamentos le asignen. Fue entonces como por Decreto - Ley 1 173 de 1980, art�culo 36, se determin� que las funciones de tr�nsito que ejerc�a el anterior Consejo ser�an ejercidas en adelante por la Junta Directiva del INTRA. Sobre este particular aspecto se pronunci� la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 16 de agosto de 1984 (Anales T CVII, a�o LIX, p�gs. 33 a 36).

2. El INTRA era y es autoridad de tr�nsito, pues "...se le ha asignado un c�mulo de funciones de tr�nsito que resulta un desprop�sito afirmar que no es autoridad del ramo. Cito s�lo algunas disposiciones: Decreto 1147 / 71; Decreto - Ley 1173 / 80; Decreto 2623 / 85; Decreto 729 / 86; Ley 33 / 86; y hoy en d�a las ya mencionadas Ley 53 de 1989, el Decreto 403 / 90 derogado este por el Decreto - Ley 1809 / 90, que a su turno lo defini� como autoridad de tr�nsito, asign� al INTRA pluralidad de funciones de circulaci�n" (sic) (fls. 178 y 179).

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

La censura que en contra de esta norma se formula en el expediente radicado bajo el n�mero 1212 se centra en que el Instituto Nacional del Transporte no era autoridad de tr�nsito y, por tal motivo, el Gobierno Nacional no pod�a adscribirle las funciones de dise�o y suministro del Certificado de Movilizaci�n.

En relaci�n con dicha censura, la Sala considera como suficiente para denegar la prosperidad del cargo el hecho de que con la expedici�n del Decreto 1173 de 1980, y en virtud de lo dispuesto por su art�culo 36, el INTRA adquiri� la calidad de autoridad de tr�nsito, tal como fue ampliamente analizado y definido por esta Corporaci�n en sentencias de 20 de septiembre de 1990 y de 28 de febrero de 1992, en la �ltima de las cuales se expres� lo siguiente:

"Al respecto, esta Corporaci�n, en sentencia de fecha 20 de septiembre de 1990, expedientes acumulados 1043 y 1074, Ponente Doctor Rodrigo Vieira, al estudiar la legalidad del Acuerdo No. 031 de 1987 emanado de la Junta Directiva del INTRA, lleg� a la conclusi�n de que con la expedici�n del Decreto 1173 de 1980 el "consejo Nacional del Transporte" sustituy� al Consejo Nacional de Tr�nsito y Transporte Terrestre", y al prescribir en su art�culo 36 que las funciones que en ese entonces ejerc�a el Consejo Nacional de Tr�nsito y Transporte Terrestre, ser�an ejercidas en lo sucesivo por la Junta Directiva del INTRA en lo que se refiere al tr�nsito, le dio al INTRA la investidura de autoridad de tr�nsito.

"De manera pues, que, con la expedici�n del citado Decreto de 1980 y, posteriormente con la de la Ley 53 de 1989, el Instituto Nacional de Transporte y Tr�nsito, adquiri� la calidad de autoridad de tr�nsito (Sala de lo Contencioso Administrativo Secci�n Primera, Consejero Ponente doctor Libardo Rodr�guez Rodr�guez. Actor: Pablo J. C�ceres Corrales. Exp. No. 1274).

"Art�culo 6o. El Certificado de Movilizaci�n deber� ser fijado en el vidrio delantero del veh�culo sin obstaculizar la visibilidad del conductor y ser� por razones de seguridad, el �nico elemento que podr� colocarse en el mencionado sitio so pena de ser sancionado con multa equivalente a tres (3) salarios m�nimos legales diarios vigentes".

Cargo �nico. La norma demandada no s�lo adolece de ilegalidad por los motivos expuestos sino, adicionalmente, por cuanto dispone una prohibici�n y sanci�n "...por fuera del contenido impl�cito en la ley, toda vez que hace relaci�n a un elemento nuevo no contenido en ella" (fl. 12).

Primer cargo. Frente a esta norma es valedero el primer cargo formulado en contra del art�culo 3o.

Segundo cargo. La norma demandada es violatoria de los art�culos 120 numeral 3 de la Constituci�n Nacional de 1886 y 187, 189, 190, 191, 192 y 193 del C�digo Nacional de Tr�nsito, con las modificaciones introducidas por la Ley 33 de 1986, pues al establecer una nueva contravenci�n, el Gobierno desbord� el campo propio de la potestad reglamentaria y desobedeci� los principios constitucionales que atribuyen la competencia en estos temas al Congreso de la Rep�blica.

Si la conducta que consagra la norma acusada no est� considerada en el cat�logo de infracciones que estableci� el C�digo Nacional de Tr�nsito y la Ley 33 de 1986, es natural que al asumir una funci�n legislativa, el Gobierno viola la Constituci�n Nacional (fls. 36 a 38).

En los escritos presentados por la entidad demandada (fls. 52 a 60 y 116 a 120), no se hace referencia alguna a la norma acusada.

En parte alguna del escrito presentado por la entidad demandada se hace referencia al art�culo acusado.

En relaci�n con el Primer Cargo. Frente a este cargo se impone acudir a los razonamientos expuestos por la parte impugnadora frente a la solicitud de nulidad del art�culo 3o. demandado.

En relaci�n con el Segundo Cargo. Mediante esta norma no se cre� ni una contravenci�n ni una sanci�n, pues tanto una como otra se encontraban establecidas en los art�culos 53 y 227 del C�digo Nacional de Tr�nsito. Precisamente, con base en el art�culo 53 citado, el Gobierno pod�a ordenar que no se colocara ning�n elemento adicional en la superficie del limpiabrisas, a efecto de garantizar la "seguridad� de que trataba el art�culo 40 de la misma codificaci�n. En consecuencia, "No se trataba de una contravenci�n creada reglamentariamente, sino del desarrollo directo de una obligaci�n prevista en los art�culos 40, 53 y 73 del C�digo Nacional de Tr�nsito, en ejercicio del art�culo 120 - 3 de la Carta".

"Adem�s, el C�digo de Polic�a en sus art�culos 99 y 1 00 facultaba tambi�n a la administraci�n para expedir reglamentos en materia de tr�nsito en procura de la seguridad ciudadana, y el art�culo lo. del C�digo autoriza a las autoridades a reglamentar el tr�nsito en garant�a de la seguridad y comodidad de los habitantes" (fl. 183).

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

En relaci�n con el primer cargo formulado en el expediente No. 1212, la Sala considera que no puede prosperar, por cuanto se sustenta en las mismas acusaciones contra el art�culo 3o. del acto acusado, que no prosperaron.

En relaci�n con el cargo - �nico formulado en el expediente No. 975 y con el segundo cargo formulado en el expediente No. 1212, en los cuales se alega la violaci�n de los art�culos 120 - 3 de la anterior Carta Pol�tica, 187 y 189 a 193 del Decreto 1344 de 1970, en virtud de que la norma reglamentaria dispone una prohibici�n y establece una nueva contravenci�n, la Sala considera lo siguiente:

En cuanto a la primera parte de la disposici�n acusada, es decir, aquella en que se indica el vidrio delantero del veh�culo como sitio donde debe fijarse el Certificado de Movilizaci�n, de tal manera que no obstaculice la visibilidad del conductor y determina que aqu�l ser� el �nico elemento que podr� colocarse en dicho sitio, la Sala no puede compartir las apreciaciones de los demandantes, toda vez que con tal medida el Presidente de la Rep�blica s�lo ejerci� v�lidamente la potestad reglamentaria de que se encuentra investido, y en su concepto la misma no implica limitaci�n alguna al ejercicio de las libertades individuales, sino simplemente con ella se pretende garantizar la seguridad p�blica de acuerdo con los t�rminos del art�culo 99 del C�digo Nacional de Polic�a y con lo dispuesto por el inciso segundo del art�culo lo. del Decreto 1344 de 1970, adem�s de que el inciso cuarto del art�culo 40 del mencionado Decreto determina que "En todo caso, la superficie abarcada por el limpiabrisas debe ser de dimensiones tales que garanticen una buena visibilidad del conductor".

Ahora bien, respecto de la segunda parte de la norma demandada, en cuanto dispone la imposici�n de una multa equivalente a tres salarios m�nimos legales diarios a quienes incumplan con el mandato que ella contiene, la Sala previa y cuidadosa revisi�n del cat�logo de faltas y sanciones consagradas en el Decreto 1344 de 1970, con las reformas que le fueron introducidas por la Ley 33 de 1986, no encuentra que el desacato a la conducta descrita en la primera parte del art�culo que se analiza sea considerado como constitutivo de falta, y menos a�n que pueda conllevar a la imposici�n de sanciones.

Sostiene el impugnante que mediante la norma acusada no se crea una contravenci�n ni una sanci�n, pues ellas se encuentran establecidas en los art�culos 52 y 227 del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre. Al respecto, y dejando a salvo lo expresado sobre la primera parte de dicha norma, la Sala considera que no le asiste raz�n alguna en su aseveraci�n toda vez que, en lo pertinente, el citado art�culo 53 s�lo manda que la superficie abarcada por el limpiabrisas debe ser de dimensiones tales que garanticen una buena visibilidad del conductor, sin que de ello pueda deducirse que el legislador hubiese siquiera pretendido derivar consecuencias contravencionales como la que le atribuye la norma acusada. En cuanto al sustento que de dicha norma se pretende encontrar en el art�culo 227 de la citada codificaci�n, la Sala encuentra que tampoco asiste raz�n al repugnante, ya que si bien en dicha disposici�n se consagra como sanci�n la multa, ella s�lo tiene cabida y aplicaci�n en la medida en que incurra en "...faltas al presente c�digo", dentro del cual no est� contemplada la conducta descrita en la norma que se analiza.

De otra parte, y en relaci�n con el tambi�n argumento del repugnante, en el sentido de que los art�culos 99 y 100 del C�digo Nacional de Polic�a y lo. del Decreto 1344 de 1970 facultan a la administraci�n para expedir reglamentos policivos de tr�nsito en procura de la seguridad ciudadana, de lo cual deduce la competencia del Gobierno para expedir normas como la demandada, la Sala considera que la facultad que dichas normas otorgan a la administraci�n en ese sentido no puede ser ejercida con violaci�n de las normas constitucionales que radican en el legislador la funci�n de crear conductas punibles y de asignarles su correspondiente sanci�n.

Ahora bien, de acuerdo con el art�culo 76 de la anterior Carta Pol�tica corresponde al Congreso hacer las leyes y como consecuencia interpretarlas, reformarlas, derogarlas y expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n. El ordinal 3o. del art�culo 120 ib�dem otorga al Presidente de la Rep�blica la potestad reglamentaria mediante la expedici�n de �rdenes, decretos y resoluciones "necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes", de donde se deduce que en ejercicio de la facultad reglamentaria no se pueden tipificar delitos ni contravenciones, ni crear sanciones que no est�n consagrados en las leyes.

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que mediante la norma acusada, y en la parte que se analiza, el Gobierno, so pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria, invadi� campos propios del legislador para crear una sanci�n no prevista en norma de categor�a legal, de lo cual resulta su nulidad.

En consecuencia, en la parte resolutiva de este fallo se declarar� la nulidad de la siguiente frase: "so pena de ser sancionado con multa equivalente a tres (3) salarios m�nimos legales diarios vigentes".

"Art�culo 7o. Ning�n veh�culo podr� transitar por el territorio nacional sin portar el Certificado de Movilizaci�n vigente; quien lo haga incurrir� en multa equivalente a cinco (5) salarios m�nimos legales diarios vigentes, sin perjuicio de las dem�s sanciones establecidas en el presente Decreto. Las autoridades de tr�nsito que conozcan del caso, remitir�n copia de la orden de comparendo a la Oficina de Tr�nsito donde el veh�culo tenga radicada su cuenta".

Estos son los mismos expresados en relaci�n con el art�culo 6o. demandado y ya analizado.

Segundo cargo. Violaci�n del art�culo 76, numerales 3. y 24 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, pues siendo de competencia del Congreso, se est� determinando una nueva conducta punible consistente en conducir un automotor que no tenga Certificado de Movilizaci�n y le est� se�alando una pena pecuniaria.

Adem�s, se "Est� modificando el C�digo Nacional de Tr�nsito doblemente al: A) A�adir al cat�logo de contravenciones que contiene su T�tulo IV una infracci�n m�s, y simult�neamente B) Al modificar las sanciones que en �l se fijan para quienes operen veh�culos que no re�nan las condiciones de seguridad e higiene que ha decretado la Ley de Tr�nsito" (fl. 38 y 39).

En ninguno de los escritos presentados por la parte demandada, en los dos expedientes acumulados, se hace referencia a la norma acusada.

Frente a esta norma son aplicables los argumentos expuestos en relaci�n con el art�culo 6o. demandado. Adem�s, "Quien transitara sin el certificado (constancia de revisi�n) tendr�a una sanci�n. Como es tan obvio deb�a expedirse alg�n documento que acreditara dicha revisi�n, que no era otro que el Certificado de Movilizaci�n. Este era parte de los requisitos de seguridad exigidos por el C�digo".

Por otra parte, "Las autoridades deb�an saber qui�nes hab�an revisado el veh�culo y qui�nes no (art. 73). Si no se portaba el certificado habr�a una sanci�n. Todo lo anterior estaba previsto en los art�culos 1, 73, 40 y 227 del C�digo de Tr�nsito entonces vigente y en los art�culos 90 y 100 del C�digo Nacional de Polic�a" (fl. 184).

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a, son las mismas all� consignadas.

En relaci�n con los cargos formulados en contra de esta norma en los dos expedientes acumulados, consistentes en la violaci�n de las mismas disposiciones invocadas frente al art�culo 6o. ya analizado y, adicionalmente, de los art�culos 76 numerales 3 y 24 de la anterior Carta Pol�tica, y dado que los argumentos del �repugnante son en esencia los mismos expuestos en defensa de la legalidad del art�culo 6o. del acto acusado, la Sala considera que los an�lisis y conclusi�n a que se lleg� en relaci�n con las partes primera y segunda de dicha norma son v�lidos y constituyen el fundamento de la decisi�n de anular la siguiente frase de la norma acusada: "...quien lo haga incurrir� en multa equivalente a cinco (5) salarios m�nimos legales diarios vigentes, sin perjuicio de las dem�s sanciones establecidas en el presente Decreto. Las autoridades de tr�nsito que conozcan del caso, remitir�n copia de la orden de comparendo a la Oficina de Tr�nsito donde el veh�culo tenga radicada su cuenta". La nulidad de la �ltima parte se justifica por referirse al tr�mite de aplicaci�n de la �ltima parte se justifica por referirse al tr�mite de aplicaci�n de la multa.

"Art�culo 8o. Enti�ndase por revisi�n t�cnico - mec�nica el proceso de verificaci�n del estado general del veh�culo y el correcto funcionamiento de los sistemas de frenos, direcci�n, luces y suspensi�n, adem�s de aquellos que se�ala el Director General del Instituto Nacional del Transporte.

"Par�grafo. El Director General del Instituto Nacional del Transporte, fijar� los par�metros t�cnicos que deben cumplir cada uno de los sistemas enunciados en este art�culo".

El cargo �nico formulado contra esta norma es, en esencia el mismo planteado, adicionalmente, contra el art�culo 5o. del Decreto 460 de 1988 (fls. 31 a 33).

En parte alguna del escrito de contestaci�n de la demanda se hace referencia al art�culo acusado.

Toda vez que el fundamento del cargo radica en la incompetencia del INTRA como autoridad de Tr�nsito, ha de entenderse que las razones de la impugnaci�n son las mismas expresadas en relaci�n con el art�culo 5o. acusado.

Las razones de la Agencia Fiscal son las mismas que se dejaron consignadas en el correspondiente ac�pite del art�culo 2o. acusado.

Fundament�ndose, como se fundamenta, el cargo formulado contra esta norma en el mismo adicionalmente planteado en relaci�n con el art�culo 5o. ya analizado, y no habiendo prosperado �ste correr� con la misma suerte de aqu�l.

"Art�culo 11. Para efectuar la revisi�n a que se refiere el presente Decreto, las Oficinas de Tr�nsito deber�n utilizar �nicamente centros de diagn�stico oficiales y/o privados, siempre que estos �ltimos hayan sido previamente autorizados por la respectiva Oficina de Tr�nsito para tal efecto.

"Par�grafo. Las Oficinas de Tr�nsito celebrar�n convenios o contratos con los centros de diagn�stico particulares en los que se determinen las tarifas especiales que se cobrar�n por este servicio".

En ninguna parte del escrito de demanda la parte actora sustenta expresamente la solicitud de nulidad de la norma transcrita.

Debido a que el actor no sustent� la solicitud de declaratoria de nulidad de la norma transcrita, la Sala se ve relevada en su an�lisis y por lo tanto, no prospera el cargo.

"Art�culo 13. Para los efectos del Certificado de Movilizaci�n, los veh�culos podr�n ser revisados �nicamente en aquellos centros de diagn�stico autorizados por la Oficina de Tr�nsito donde se encuentre matriculado o radicada la cuenta del respectivo veh�culo".

La norma arriba transcrita, en su parte subrayada, se encuentra viciada de ilegalidad "...por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s por estar subordinada a la existencia del Art�culo 2o. demandado (fl. 12).

En ninguna parte del escrito de la demanda la parte actora sustenta expresamente la solicitud de nulidad de la norma transcrita.

En ninguno de los escritos presentados por la parte demandada, en los dos expedientes acumulados se hace referencia a la norma acusada.

En el escrito de impugnaci�n no se hace expresa referencia a la norma acusada.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

El cargo formulado contra esta norma no prospera, por las mismas razones expuestas por la Sala en relaci�n con el art�culo 2o. del acto acusado.

"Art�culo 15. El Formulario �nico Nacional y el Formulario de Revisi�n ser�n �nicos a nivel nacional y ser�n dise�ados, reglamentados y suministrados por el Instituto Nacional del Transporte. En consecuencia las autoridades de tr�nsito competentes no podr�n utilizar para estos efectos otros formularios o comprobantes sin perjuicio de los derechos establecidos por las Asambleas Departamentales o Concejos Municipales, Comisariales e Intendenciales. La Junta Directiva del Instituto Nacional del Transporte fijar� el valor del Certificado de Movilizaci�n y de los formularios �nico Nacional y de Revisi�n".

La norma arriba transcrita, en su parte subrayada, se encuentra viciada de ilegalidad "...por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s, por estar subordinada a la existencia del art�culo 2o. demandado (fl. 12).

Cargo �nico. Adem�s de ser aplicable a esta norma los mismos planteamientos hechos con respecto al art�culo 5o. del acto acusado, se incurre en violaci�n del art�culo 43 de la - hoy derogada - Constituci�n Nacional, pues tomando en consideraci�n que la revisi�n es un procedimiento de control de las autoridades y que la expedici�n del comprobante anual que demuestre la misma se impone una vez pagados los respectivos impuestos, es l�gico que la prueba de aquella no constituye un servicio ni el suministro de un bien, por lo cual el valor del certificado de que habla la norma es una contribuci�n, de competencia exclusiva del Congreso, de las Asambleas y de los Concejos Municipales.

Si el Gobierno carece de facultad para establecer tal contribuci�n, "Menos a�n podr� conferir esa facultad a la Junta Directiva del Instituto Nacional del Transporte...�.

"Por otra parte, el asignar las funciones de tr�nsito por el Gobierno en cualquier tiempo tiene la expresa prohibici�n de modificar el origen, destino y car�cter nacional, departamental o municipal de los impuestos, contribuciones o expensas que se cobren por concepto de circulaci�n y tr�nsito". (fls. 34 a 36).

Ni en su escrito de contestaci�n de demanda, ni en el alegato de conclusi�n la entidad demandada hace referencia alguna a la norma acusada.

"Al disponer el art�culo 15 del Dto. 460-88, que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Transporte y Tr�nsito fijar� el valor del certificado de movilizaci�n, est� indicando que ese valor que ha de pagarse es el costo que el INTRA asume por la elaboraci�n del documento y del cual no deriva provecho alguno" (fl. 146).

En el escrito de impugnaci�n no se hace expresa referencia a la norma acusada.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

El cargo formulado contra esta norma no prospera, por las razones expuestas por la Sala en relaci�n con el art�culo 2o. del acto acusado.

En cuanto tiene que ver con la acusaci�n consistente en que el INTRA no es autoridad de tr�nsito, tal aspecto qued� definido en el an�lisis del art�culo 5o. del acto acusado, en el cual se concluy� que a partir de la expedici�n del Decreto 1173 de 1980, el mencionado organismo adquiri� dicha calidad.

Por lo que respecta a la alegada violaci�n del art�culo 43 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, la Sala considera como raz�n suficiente para desechar el cargo, recordar que de conformidad con el art�culo 36 numeral 6 del Decreto 2623 de 1985, "por el cual se aprueba el Acuerdo No. 35 de 1985, que adopta los Estatutos Org�nicos del Instituto Nacional del Transporte", este organismo, por intermedio de su Junta Directiva, se encuentra facultado para fijar los precios por concepto "... de la venta de los formularios relacionados con los tr�mites..." que ante �l se realicen, dentro de los cuales est�n, precisamente, los se�alados en la norma demandada, y sin que el precio que para ellos se establezca pueda ser reputado como impuesto o contribuci�n, cuya naturaleza jur�dica difiere notablemente de aqu�llos.

A continuaci�n se transcribe la totalidad del mencionado art�culo, aclarando que la nulidad que se solicita se refiere exclusivamente a la frase subrayada:

"Art�culo 18. Si durante la revisi�n nacional hubiese orden judicial de retener o decomisar un veh�culo, la Oficina de Tr�nsito no podr� entregar el Certificado de Movilizaci�n y proceder� de inmediato a poner dicho automotor a �rdenes de la autoridad que lo requiera".

La norma contentivo de la frase cuya nulidad se demandase encuentra viciada de ilegalidad "... por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s, por estar subordinada a la existencia del art�culo 2o. demandado (fl. 12).

En ninguno de los escritos que obran en el expediente la entidad demanda hace referencia alguna a la expresi�n aqu� cuestionada.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

El cargo no prospera, por las razones expuestas en el an�lisis del art�culo 2o. del acto acusado.

"Art�culo 19. Establ�cense las siguientes fechas para la revisi�n t�cnico-mec�nica de los automotores matriculados en el pa�s para el a�o de 1988:

"Del 1o. de diciembre de 1988 al 31 de marzo de 1989 los veh�culos de modelos 1971 y anteriores.

"Par�grafo. A partir de las fechas de vencimiento de cada grupo de modelos de veh�culos a que se refiere el presente art�culo, las autoridades de tr�nsito exigir�n el certificado de Movilizaci�n a dichos veh�culos

El par�grafo de la norma transcrita se encuentra viciado de ilegalidad "...por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s. por estar subordinado a la existencia del art�culo 2o. demandado (fl. 12).

En ninguna parte del escrito de demanda la parte actora sustenta expresamente la solicitud de nulidad de la norma transcrita.

En ninguno de los escritos que obran en los expedientes acumulados la entidad demandada hace referencia alguna al art�culo acusado.

En el escrito de impugnaci�n no se hace expresa referencia a la norma acusada.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

El cargo formulado no prospera, por las mismas razones expuestas por la Sala en la acusaci�n formulada al art�culo 2o. del acto acusado.

"Art�culo 20. Una vez revisado el veh�culo en cualquiera de los meses preestablecidos para su revisi�n, �ste deber� presentarse a nueva revisi�n en ese mismo mes cada a�o.

"Par�grafo. Cuando las condiciones as� lo exijan, el Director General del Instituto Nacional de Transporte podr� reprogramar las fechas de revisi�n".

El cargo �nico formulado contra esta norma es, en esencia, el mismo planteado, adicionalmente, contra el art�culo 5o., tambi�n demandado (fls.31 y 32).

Estas son las mismas consignadas en el an�lisis que se hizo del art�culo 5o. demandado (fl. 146).

Ellas son las mismas expresadas como fundamento de la impugnaci�n del art�culo 5o., tambi�n demandado.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

El cargo formulado no prospera por id�nticas razones a las expuestas en el an�lisis del art�culo 5o. del acto acusado.

"Art�culo 22. Para los veh�culos que hayan sido objeto de la revisi�n anual correspondiente a 1988 antes de la vigencia del presente Decreto, las Oficinas de Tr�nsito diligenciar�n el Formulario �nico Nacional y remitir�n copia del mismo antes del 31 de mayo del presente a�o a la Direcci�n General del Instituto Nacional del Transporte.

"Par�grafo. Los propietarios de estos veh�culos proceder�n de acuerdo con la programaci�n a presentar la p�liza del seguro obligatorio y acreditar el pago de los impuestos del veh�culo en la Oficina de Tr�nsito a fin de obtener su Certificado de Movilizaci�n

A pesar de que se solicita la nulidad del par�grafo de la norma transcrita, la parte actora no formula ning�n cargo contra el mismo.

En ninguna parte del escrito de la demanda la parte actora sustenta expresamente, la solicitud de nulidad de la norma transcrita.

En atenci�n a que los actores no indican ninguna norma legal en la cual sustenten la solicitud de declaratoria de nulidad de esta norma, ello releva a la Sala de cualquier an�lisis.

"Art�culo 23, Los veh�culos de servicio p�blico por carretera tanto de carga como de pasajeros, as� como los particulares de carga, podr�n efectuar la revisi�n t�cnico-mec�nica a que se refiere el presente Decreto en la fecha programada ante - cualquier Oficina de Tr�nsito del pa�s que cuente con centro de diagn�stico autorizado para tal fin. En el caso de que tal revisi�n se realice en una Oficina de Tr�nsito diferente a aqu�lla en donde se encuentra matriculado el veh�culo o radicada su cuenta, el funcionario de tr�nsito delegado en el centro de diagn�stico respectivo refrendar� el Formulario de Revisi�n, sin diligenciar el Formulario �nico Nacional. El Formulario de Revisi�n ser� entregado al interesado, quien deber� presentarlo en la Oficina de Tr�nsito donde el veh�culo tenga radicada la cuenta en el momento de la solicitud del Certificado de Movilizaci�n. La autoridad de tr�nsito proceder� entonces a diligenciar el Formulario �nico Nacional, previo el lleno de los requisitos establecidos en este Decreto.

La norma contentivo de la frase cuya nulidad se demanda, se encuentra viciada de ilegalidad "...por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s, por estar subordinada a la existencia del art�culo 2o. demandado (fl. 12).

En ninguna parte del escrito de demanda la parte actora sustenta expresamente la solicitud de nulidad de la norma transcrita.

En ninguno de los escritos que obran en los expedientes acumulados la entidad demandada hace referencia alguna al art�culo acusado.

En el escrito de impugnaci�n no se hace expresa referencia a la norma acusada.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

El cargo formulada contra esta norma no prospera por as razones expuestas por la Sala en la acusaci�n formulada al art�culo 2o. del acto acusado.

"Art�culo 25. Quien no presente el veh�culo a revisi�n t�cnico - mec�nica en las fechas se�aladas en el presente Decreto, incurrir� en multa equivalente a cinco (5) salarios m�nimos legales diarios, vigentes por cada mes o fracci�n de mes que haya pasado desde el mes establecido para su revisi�n. En todo caso, el Certificado de Movilizaci�n se expedir� con vigencia hasta el mes inicialmente establecido para su revisi�n.

La norma contentivo de la frase cuya nulidad se demanda, est� viciada de ilegalidad "...por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s, por estar subordinada a la existencia del art�culo 2o. demandado (fl. 12).

Cargo �nico. Violaci�n de los art�culos 16 de la - hoy derogada - Constituci�n Nacional y 73 del C�digo Nacional de Tr�nsito, pues modifica el r�gimen constitucional y legal de las contravenciones al sancionar con la inmovilizaci�n del veh�culo a quien no lo presente a la revisi�n - anual - , lo cual "... es en el fondo, una suspensi�n de la licencia de tr�nsito por razones de orden p�blico como son las derivadas de la protecci�n a de las personas en sus vidas y bienes" (sic). Se evidencia, adem�s la modificaci�n del art�culo 73 citado �... puesto que le asigna a la falta de revisi�n una consecuencia - imposici�n de multa distinta a la prevista en aquel art�culo" (Subrayas del actor) (Fls. 39 y 40).

"Al establecer unos procedimientos y un calendario para la revisi�n de los automotores el Estatuto acusado no hace cosa distinta que permitir el adecuado cumplimiento de las disposiciones..." legales (fl. 58).

"La multa que conten�a el art�culo 25 era la que ordenaba el art�culo 227 del C�digo de Tr�nsito para el caso de la no revisi�n ordenada en el art�culo 73 de entonces "(fl. 184).

Tal como se expres� al hacer referencia a dicho concepto en el art�culo 2o. demandado, la Agencia Fiscal considera que la totalidad de las normas acusadas se ajustan a derecho.

En relaci�n con las multas que consagra el decreto acusado, se considera que tal sanci�n se encuentra establecida en la Ley 33 de 1986, T�tulo IV.

Aun cuando la inmovilizaci�n de los veh�culos "... es una medida de previsi�n, precauci�n o de cuidado y seguridad", por lo mismo no da derecho a las autoridades a despojar el propietario o tenedor del veh�culo (fl. 196).

El cargo no prospera, por las razones expuestas en relaci�n con el art�culo 2o. del acto acusado.

Como quiera que frente a la primera parte del art�culo demandado se observa que el Gobierno Nacional eleva a categor�a de contravenci�n la conducta de no presentar a revisi�n t�cnico - mec�nica el veh�culo en las fechas se�aladas en el acto acusado, para con base en ella establecer una sanci�n de multa, sin que esa conducta ni la sanci�n est�n consagradas en las normas legales, y teniendo en cuenta que en los an�lisis efectuados en relaci�n con los art�culos 6o. y 7o. se concluy� que tal proceder desborda el marco del ejercicio de la potestad reglamentaria, e invade, en consecuencia zonas constitucionales reservadas al legislador, la Sala considera que no hace falta volver sobre la misma materia para concluir que en presencia de similares circunstancias debe producirse la declaratoria de nulidad de la norma demandada, a excepci�n de su �ltimo p�rrafo que expresa: "En todo caso, el Certificado de Movilizaci�n se expedir� con vigencia hasta el mes inicialmente establecido para su revisi�n", toda vez que de las alegaciones del actor no resulta que contra ella se formule cargo alguno.

En consecuencia, en la parte resolutiva de este fallo se declarar� la nulidad del siguiente texto de la norma demandada:

"Quien no presente el veh�culo a revisi�n t�cnico-mec�nica en las fechas se�aladas en el presente Decreto, incurrir� en multa equivalente a cinco (5) salarios m�nimos legales, diarios vigentes por cada mes o fracci�n de mes que haya pasado desde el mes establecido para su revisi�n".

"Art�culo 27. El mes de. expiraci�n de la p�liza de seguro individual deber� coincidir con el mes de expiraci�n del Certificado de Movilizaci�n. Cuando se trate de p�liza de seguro colectiva, el Certificado de Movilizaci�n para cada uno de los veh�culos amparados se expedir� por un (1) a�o a partir del mes de revisi�n correspondiente, sin consideraci�n a la fecha de expiraci�n del seguro. Las aseguradoras informar�n al Instituto Nacional de Transporte sobre las novedades que se presenten durante la vigencia de la p�liza, as� como sobre su renovaci�n. Si esta informaci�n no es suministrada, se entender� que la p�liza ha sido oportunamente renovada. En caso de no renovaci�n, el Instituto nacional de Transporte comunicar� a las Oficinas de Transito a fin de que estas anules los Certificados de Movilizaci�n que habiendo sido expedidos al amparo de dichas p�lizas, a�n se encuentren vigentes".

La norma contentivo de las frases cuya nulidad se demanda, est� viciada de ilegalidad "...por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s, por estar subordinada a la existencia del art�culo 2o. demandado. (fl. 12).

Frente a esta norma son aplicables los argumentos expuestos en el cargo adicional formulado contra el art�culo 5o., tambi�n demandado.

En ninguno de los escritos presentados por la parte demandada, en los expedientes acumulados, se hace referencia a la norma acusada.

En el escrito de impugnaci�n no se hace expresa referencia a la norma acusada.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

Toda vez que los cargos formulados contra esta norma en los expedientes acumulados se sustentan en las mismas razones expuestas con relaci�n a los art�culos 2o. y 5o. del acto acusado, y de acuerdo con lo all� analizado por la Sala no prosperaron, �stos tampoco pueden prosperar.

"Art�culo 28. El propietario de un veh�culo que transite sin el correspondiente seguro de que trata el Decreto 2544 de 1987, ser� sancionado con multa equivalente a diez (1 O) salarios m�nimos legales diarios vigentes".

Cargo �nico. Violaci�n del art�culo 76, numerales 3 y 24 de la - hoy derogada Constituci�n Pol�tica, al crear "...una nueva infracci�n que debe tener origen en una norma del Congreso", raz�n por la cual se est� modificando el C�digo de Tr�nsito sin la autorizaci�n constitucional debida (fls. 37 y 38).

En ninguno de los escritos presentados por la parte demandada se hace referencia a la norma acusada.

"El requisito del seguro de accidentes era una norma tendiente a la seguridad ciudadana contenida en la Ley 33/86 que modific� el C�digo de Tr�nsito. La obligaci�n de tener el seguro por da�os a personas causados en accidentes de tr�nsito estaba consagrado en el art. 259 del C�digo de Tr�nsito que era precisamente la norma reglamentada y, de conformidad con el art. 227 del C�digo la multa es sanci�n aplicable por falta de sus disposiciones" (fl. 184).

En relaci�n con las multas que consagra el Decreto acusado, se considera que tal sanci�n se encuentra establecida en la Ley 33 de 1986, T�tulo IV (fl. 196).

Para declarar la prosperidad del cargo formulado en contra de esta norma, la Sala reitera los mismos planteamientos efectuados en el an�lisis del art�culo 25 del acto acusado, ya que mediante ella el Gobierno Nacional crea una conducta contravencional y le establece una sanci�n de multa, a pesar de que el C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre, seg�n el texto vigente en la �poca, tipificaba espec�ficamente cada una de las conductas que eran susceptibles de sanci�n y precisaba la sanci�n correspondiente, sin que dentro de ellas se encontrara la de transitar sin el correspondiente seguro. Es decir, que si bien el seguro es obligatorio, el incumplimiento de esa obligaci�n tendr� las consecuencias previstas en la ley, sin que dentro de ellas se encontrara la de ser sancionable con multa.

"Art�culo 31. El Director General del Instituto Nacional de Transporte dictar� las disposiciones necesarias para el estricto cumplimiento del presente Decreto".

Frente a este art�culo se plantea el cargo adicional formulado contra el art�culo 5o. acusado (fl. 32).

Son las mismas expuestas en relaci�n con la solicitud de nulidad del art�culo 5o., tambi�n demandado.

Estas son las mismas expresadas frente a la solicitud de nulidad del art�culo 5o. demandado.

Tal como se expres� frente al art�culo 2o. demandado, las consideraciones de la Fiscal�a son las mismas all� consignadas.

A juicio de la Sala este cargo no prospera por cuanto reposa en la misma acusaci�n formulada en contra del art�culo 5o. del acto acusado, que no prosper�.

"Art�culo 32. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n, deroga los art�culos 14 y 15 del Decreto 2544 de 1987 y dem�s normas que le sean contrarias".

La norma acusada est� viciada de ilegalidad "... por los argumentos ya expuestos..." y, adem�s, por estar subordinada a la existencia del art�culo 2o. demandado.

Tampoco prospera este cargo, pues se sustenta en los mismos argumentos planteados en contra del art�culo 2o. del acto acusado, los cuales no prosperaron.

Por �ltimo, la Sala puntualiza que las declaratorias de la nulidad a que proceder� en la parte resolutiva de este fallo s�lo se refieren al per�odo de tiempo durante el cual pretendieron estar vigentes las normas que se anulan, es decir hasta la fecha de publicaci�n del Decreto 1809 de agosto 6 de 1990, mediante el cual, a trav�s de su art�culo 3o. se derog� expresamente el Decreto 460 de 1988, que constituye el acto acusado en este proceso.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, o�do el concepto del Ministerio P�blico y administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley,

Primero. DECLARASE la nulidad de las siguientes disposiciones del Decreto 460 de 11 de marzo de 1988, expedido por el se�or presidente de la Rep�blica:

a) Del art�culo 6o., la parte que reza: "... so pena de ser sancionado con multa equivalente a tres (3) salarios m�nimos legales diarios vigentes".

b) Del art�culo 7o., la parte que dice "... quien lo haga incurrir� en multa equivalente a cinco (5) salarios m�nimos legales diarios vigentes, sin perjuicio de las dem�s sanciones establecidas en el presente Decreto. Las autoridades de Tr�nsito que conozcan del caso, remitir�n copia de la orden de comparendo a la Oficina de Tr�nsito, donde el veh�culo tenga radicada su cuenta�.

c) Del articulo 25, la parte que expresa: "quien no presente el veh�culo a revisi�n t�cnico - mec�nica en las fechas se�aladas en el presente Decreto, incurrir� en multa equivalente a cinco (5) salarios m�nimos legales diarios, vigentes por cada mes o fracci�n de mes que haya pasado desde el mes establecido para su revisi�n".

Tercero. Con env�o de copia, comun�quese esta sentencia, a los se�ores Ministro de Obras P�blicas y Transporte y a la Directora General del Instituto Nacional de Transporte y Tr�nsito, INTRA.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n de fecha veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Fecha Providencia	27/11/1992
Fecha de notificaci�n	27/11/1992