100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033079SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2057199206/11/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2057__1992_06/11/1992300330771992REGISTRO DE MARCA - Observaciones / POTESTAD REGLAMENTARIA / DERECHO COMUNITARIO Para que la administración pueda rechazar de oficio el registro de observaciones o, mediante resolución motivada, el registro de una marca por haber prosperado tales observaciones, necesariamente han de tenerse en cuenta los medios probatorios que el interesado allegue en apoyo de su solicitud, y, en la oportunidad que no puede ser otra que con la presentación del escrito. La norma comunitaria da por sentada la existencia de los elementos probatorios, y, en tal sentido, la reglamentación que hizo el Gobierno Nacional, que permite precisar aspecto éste tan importante, no puede calificarse como exceso de una potestad pues precisamente el objeto de la reglamentación es hacer expedida la aplicación de una norma, sin rebasar el espíritu y alcance de la misma, y, no puede entenderse que el legislador comunitario haya obviado el aspecto probatorio, como para que pueda afirmarse que no pueda ser objeto de reglamentación. Todo lo contrario, éste elemento se encuentra insito pues se supone lógicamente que quien busque desvirtuar la registrabilidad de un signo marcarlo, debe aducir los elementos de juicio junto con las pruebas en que ellos se sustentan, para sacar avante su pretensión.
Sentencias de NulidadMiguel González RodríguezPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAALVARO RAMIREZ BOTERO06/11/1992Decreto 0575 de 1992Identificadores10030126079true1219772original30124121Identificadores

Fecha Providencia

06/11/1992

Fecha de notificación

06/11/1992

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Miguel González Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 0575 de 1992

Demandante:  ALVARO RAMIREZ BOTERO

Demandado:  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


REGISTRO DE MARCA - Observaciones / POTESTAD REGLAMENTARIA / DERECHO COMUNITARIO

Para que la administración pueda rechazar de oficio el registro de observaciones o, mediante resolución motivada, el registro de una marca por haber prosperado tales observaciones, necesariamente han de tenerse en cuenta los medios probatorios que el interesado allegue en apoyo de su solicitud, y, en la oportunidad que no puede ser otra que con la presentación del escrito. La norma comunitaria da por sentada la existencia de los elementos probatorios, y, en tal sentido, la reglamentación que hizo el Gobierno Nacional, que permite precisar aspecto éste tan importante, no puede calificarse como exceso de una potestad pues precisamente el objeto de la reglamentación es hacer expedida la aplicación de una norma, sin rebasar el espíritu y alcance de la misma, y, no puede entenderse que el legislador comunitario haya obviado el aspecto probatorio, como para que pueda afirmarse que no pueda ser objeto de reglamentación. Todo lo contrario, éste elemento se encuentra insito pues se supone lógicamente que quien busque desvirtuar la registrabilidad de un signo marcarlo, debe aducir los elementos de juicio junto con las pruebas en que ellos se sustentan, para sacar avante su pretensión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992)

Radicación número: 2057

Actor: ALVARO RAMIREZ BOTERO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano ALVARO RAMIREZ BOTERO, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad del literal d) del artículo 26 de Decreto 0575 de 3 de abril de 1992, expedido por el Presidente de la República "Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 3 13 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

I. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Señala el actor como violados los siguientes artículos: 121, 150 numerales 1, 2 y 24 y 189 de la Constitución Política; 618 y 2.035 del C. de Co.

Para fundamentar el concepto de la violación, aduce los siguientes argumentos:

l. Se violó, por falta de aplicación el artículo 121 de la Constitución Política al ejercer el Presidente de la República una función distinta de las que le atribuyen el artículo 189 ibídem y los artículos 618 y 2.035 del C. de Co., puesto que pretendió reglamentar lo relativo a pruebas de las observaciones al registro de marca, cuando la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene ninguna disposición sobre esta materia, y cuando el Código de Comercio consagra una norma a este respecto totalmente distinta, es decir, reglamentó lo que por ausencia de materia no era reglamentable, y, en relación con el Código de Comercio, cambió lo que hubiera podido reglamentar.

2. Se quebrantó el artículo 150 numerales 1, 2 y 24 de la Carta Política, por falta de aplicación, al usurpar funciones que corresponden al Congreso, cuales son hacer las leyes, reformar los Códigos y regular el régimen de la propiedad industrial, ya que frente a este último estableció una norma totalmente nueva, al consagrar que junto con las observaciones deben presentarse pruebas que desvirtúen la registrabilidad de la marca, y reformó el Código de Comercio, derogando su artículo 590 inciso 2o.

3. Se vulneraron los artículos 189 ordinal 2o. ibídem y 618 y 2.035 del C. de Co., por indebida aplicación, al exceder las facultades reglamentarias.

II. ACTUACIÓN.

Por auto de fecha 16 de julio de 1992, se admitió la demanda denegándose el decreto de suspensión provisional por no encontrarse prima facie la infracción señalada en el libelo.

En cumplimiento del auto admisorio de la demanda se notificó a la Nación - Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior.

La Nación - Ministerio de Desarrollo Económico - , a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor, aduciendo que el Decreto 575 de 1992 fue expedido por el, Gobierno Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 618 y 2.035 del C. de Co., y en desarrollo de los artículos 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Decreto Reglamentario citado simplemente señala los detalles, el período probatorio de las observaciones, para buscar la efectividad de las previsiones de la Decisión 313, indicando los medios jurídicos para lograr que la norma legislativa tenga efectividad y sin que ello traiga consigo una violación del mandato de ésta.

Ill. LA DECISIÓN.

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

El Decreto 0575 de 3 de abril de 1992, consagra en su artículo 26 los requisitos que debe contener el escrito de observaciones al registro de una marca, y, dentro de ellos, en el literal d.), que constituye el acto acusado, exige: "las pruebas tendientes a desvirtuar la registrabilidad del signo".

Observa la Sala que las normas de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contienen los aspectos relativos al registro marcario, concretamente las disposiciones de los artículos 82 a 85 ibídem que guardan relación con el tema controvertido, prevén que quien tenga un interés legítimo pueda oponerse o hacer observaciones al registro de una marca. Así, en el artículo 82 de la citada Decisión se señala:

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada".

El artículo 83 estatuye las causases por las cuales de oficio, la Oficina Nacional Competente podrá rechazar tales observaciones y dentro de ellas consagra:

"a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa.

c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta, o

d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro

en el cual se tramita la solicitud de registro de marca".

El artículo 84 preceptúa:

"Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada".

Del contenido de las normas comunitarias transcritas se infiere que ellas regulan, como en efecto lo hacen, el trámite de las observaciones al registro marcario, como quiera que indican quién puede presentar la solicitud, el término para hacerlo, las causases por las que de oficio se puede rechazar la solicitud y el término para alegar de conclusión, vencido el cual se tomará la decisión.

Forzoso es concluir entonces que para que la administración pueda rechazar de oficio el escrito de observaciones, o, mediante resolución motivada, el registro de una marca por haber prosperado tales observaciones, necesariamente han de tenerse en cuenta los medios probatorios que el interesado allegue en apoyo de su solicitud, y, en la oportunidad que no puede ser otra que con la presentación del escrito, dado que en el trámite previsto en los artículos 82 a 85 si bien es cierto no se estableció el período probatorio específico, no es menos cierto que al consagrar las causases de rechazo de la solicitud y exigir la motivación en la decisión, ellos no pueden darse con prescindencia de las pruebas que aporte el solicitante. En otras palabras, la norma comunitaria da por sentada la existencia de los elementos probatorios, y, en tal sentido, la reglamentación que hizo el Gobierno Nacional, que permite precisar aspecto éste tan importante, no puede calificarse como exceso de una potestad pues precisamente el objeto de la reglamentación es hacer expedita la aplicación de una norma, sin rebasar el espíritu y alcance de la misma, y, no puede entenderse que el legislador comunitario haya obviado el aspecto probatorio, como para que pueda afirmarse que no pueda ser objeto de reglamentación. Todo lo contrario, éste elemento se encuentra insito pues se supone lógicamente que quien busque desvirtuar la registrabilidad de un signo marcario, debe aducir los elementos de juicio junto con las pruebas en que ellos se sustentan, para sacar avante su pretensión.

Por las razones analizadas no se advierte quebranto de los artículos 121 y 189 de la Constitución Política ni 618 y 2.035 del C. de Co., dado que por regular las normas comunitarias el trámite de las observaciones al registro marcario, sin haber dejado de lado el aspecto probatorio, no resulta cierta la aseveración del actor en el sentido de que no existe materia reglamentable. Además, no se observa transgresión del artículo 150 numerales 1, 2 y 24 de la Carta Política, pues no hubo usurpación de las funciones que corresponden al Congreso ya que el ejercicio de la potestad reglamentaria está radicado en cabeza del Gobierno Nacional, y, en cuanto a la derogatoria del artículo 590 inciso 2o. del Estatuto Comercial que señala el período probatorio en el trámite de las oposiciones, al haber la Decisión 313 regulado su trámite, dicha disposición no tiene aplicación mientras subsistan las normas comunitarias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1o. Deniéganse las súplicas de la demanda instaurada por ALVARO RAMIREZ BOTERO contra el literal d.) del artículo 26 del Decreto 0575 de 1992.

2o. Devuélvanse los dineros depositados para gastos del proceso que no fueron utilizados.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO