100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032743SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo269198907/02/1989SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___269__1989_07/02/1989300327411989CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SALA CONSTITUCIONAL Examinado y visto en su conjunto el Decreto 432 de 1969, no hace sino consagrar cabalmente la normatividad relativa al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al establecimiento del procedimiento "para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo". El artículo 11 del Decreto 432, materia del presente contencioso de anulación, no hace sino, repetir la atribución del Gobierno de objetar de inconstitucionalidad un proyecto de ley, tal como ya viene siendo en la Carta Fundamental y luego para este caso específico determinar el procedimiento a seguir a partir de la repartición del asunto hasta su adopción por la Sala Plena. Consejo de Estado.--Sala de lo Contencioso Administrativo.-Sección Primera.-Bogotá, D.E., siete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve. Consejero ponente: Doctor Simón Rodríguez Rodríguez. Referencia: Proceso número 269. Demandante: Julio César Díaz Perdomo.
Sentencias de NulidadSimón Rodríguez RodríguezJulio César Díaz Perdomo07/02/1989artículo 11 del Decreto 432 de 1969Identificadores10030122899true1215781original30121020Identificadores

Fecha Providencia

07/02/1989

Fecha de notificación

07/02/1989

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Simón Rodríguez Rodríguez

Norma demandada:  artículo 11 del Decreto 432 de 1969

Demandante:  Julio César Díaz Perdomo


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SALA CONSTITUCIONAL

Examinado y visto en su conjunto el Decreto 432 de 1969, no hace sino consagrar cabalmente la normatividad relativa al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al establecimiento del procedimiento "para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo". El artículo 11 del Decreto 432, materia del presente contencioso de anulación, no hace sino, repetir la atribución del Gobierno de objetar de inconstitucionalidad un proyecto de ley, tal como ya viene siendo en la Carta Fundamental y luego para este caso específico determinar el procedimiento a seguir a partir de la repartición del asunto hasta su adopción por la Sala Plena.

Consejo de Estado.--Sala de lo Contencioso Administrativo.-Sección Primera.-Bogotá, D.E., siete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Consejero ponente: Doctor Simón Rodríguez Rodríguez.

Referencia: Proceso número 269.

Demandante: Julio César Díaz Perdomo.

El actor de la referencia, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad del artículo 11 del Decreto 432 de 1969 (marzo 26), Decreto este por medio del cual "se dictan normas relativas al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo", proferido por el Presidente de la República, "en ejercicio de la autorización que le confirió el Acto legislativo número 1 de 1968, en el literal c) de su artículo 76".

El acto acusado:

"Artículo 11. El Gobierno podrá objetar de inconstitucionalidad un proyecto de ley por infracción directa de normas sustanciales, o procedimentales contenidas en la Constitución o de las leyes orgánicas, en cuanto al trámite a que está sometida la expedición de las leyes".

Como se vio dicha norma se dictó "en ejercicio de la autorización" que le confirió al Presidente de la República el Acto legislativo número 1 de 1968, en el literal c) de su artículo 76, que dice:

"Artículo 76. Artículos transitorios.

"a)....;

"b)..."

"c ) El Gobierno queda autorizado para tomar las medidas administrativas necesarias al establecimiento de los servicios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y para dictar, mientras la ley no lo haga, las normas relativas a su funcionamiento y las procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo;

"d) . . .;

"e) . . . "

La demanda:

Afirma que la norma cuestionada se expidió con exceso de las facultades en las cuales se funda, y textualmente agrega lo siguiente:

"En rigor, corresponde al Congreso por medio de las leyes reglamentar la Constitución y expedir consecuentemente las normas a las cuales se sujetan los poderes públicos en ésta consagrados, todo ello con sujeción a los preceptos constitucionales que determinan esa competencia. . . "

Considera, además, que la norma cuestionada restringió el alcance y reglamentó sin competencia alguna los artículos 85, 90, 118 numeral 7, 214 numeral 1 y 219 literal c) (sic) de la Constitución Nacional, fuera del artículo 55 de la misma por cuanto el Ejecutivo invadió esferas de competencia exclusiva del Organo Legislativo.

Alegatos de las partes:

Venció el término para alegar sin que ninguna de las partes hubiera hecho uso de tal derecho.

Concepto del Ministerio Público:

Es de opinión el honorable Fiscal Primero que debe invalidarse el texto acusado con fundamento en lo alegado por el demandante, porque al Gobierno " ..en ningún momento y esto es absolutamente claro, le estaba permitido auto asignarse ( sic ) competencias para objetar por inconstitucionalidad un proyecto de ley por determinadas causales y en cuanto a determinados aspectos .."

Consideraciones de la Sala:

1 El Congreso de Colombia, a través del Acto legislativo número 1 de 1968 (diciembre 11), "por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia", autorizó al Gobierno en el literal c) de su artículo 76 "para tomar las medidas administrativas necesarias al establecimiento de los servicios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y para dictar, mientras la ley no lo haga, las normas relativas a su funcionamiento y las procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo". El Gobierno, en ejercicio de esta autorización, expidió el Decreto número 432 de 1969 (marzo 26) y en su artículo 11 (norma acusada) expresó: "El Gobierno podrá objetar de inconstitucionalidad un proyecto de ley por infracción directa de normas sustanciales, o procedimentales contenidas en la Constitución o de las leyes orgánicas, en cuanto al trámite a que está sometida la expedición de las leyes" (Subrayas la Sala).

2. No encuentra esta Corporación que el artículo 11 del Decreto 432 de 1969, arriba transcrito se haya dictado por fuera de la previsión del artículo 76, literal c) del Acto legislativo número 1 de 1968. Antes por el contrario se ajustó a ella por las razones que se pasan a explicar:

Examinado y visto en su conjunto el Decreto 432 de 1969, no hace sino consagrar cabalmente la normatividad relativa al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al establecimiento del procedimiento "para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo".

Es así entonces que el Capítulo I del Decreto 432 luego de recordar que a la Corte se le confía la guarda de la integridad de la Constitución, repite cuáles son las atribuciones de dicha Sala de acuerdo con lo que al efecto previene la Constitución Nacional y determina que los Magistrados de ella hacen parte de la Sala Plena.

El Capítulo II en su Sección la señala el trámite de los asuntos constitucionales de competencia de la Corte. En su Sección 2a. reitera en el artículo 11, objeto de la presente impugnación la facultad que la Carta Política da al Gobierno para objetar de inconstitucional un proyecto de ley y a renglón seguido en el artículo 12 previene el trámite a seguir desde cuando el negocio es repartido al Magistrado, la elaboración del proyecto de fallo por la Sala Constitucional y su sometimiento a la consideración de la Sala Plena dentro del plazo de seis (6) días siguientes y el período igual que esta última tendrá para proferir la sentencia. En su Sección 3a. se prevé al procedimiento que debe observarse desde cuando el Gobierno envía a la Corte "al día siguiente de su expedición" copia del texto de los decretos dictados en ejercicio de las facultades de los artículos 121 y 122 de la Carta, la fijación en lista del asunto para que tanto el Procurador General de la Nación como cualquier ciudadano puedan intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad del Decreto y el plazo dentro del cual la Sala Plena debe adoptar la decisión. Su Sección 4 señala los requisitos que debe contener "la acusación de inexequibilidad", su reparto al Magistrado sustanciador, su decisión de inadmisión o admisión según fuere el caso, su traslado al Procurador General de la Nación y la decisión final por parte de la Corte Plena. Su Sección 5 señala los casos en que no corren los términos para la tramitación de los asuntos de constitucionalidad, las causales de impedimento y recusación de los Magistrados y Conjueces. Su Sección 6a previene que la Corte habrá de cotejar las disposiciones objetadas, revisadas o acusadas con la totalidad de los preceptos de la Constitución y si hallare que se han infringido normas distintas a las aducidas o por causa o en forma diferente de la invocada procederá a efectuar la correspondiente declaración de inconstitucionalidad. El artículo 31 dice cuál votación se requiere para adoptar la sentencia y el 32 imprime el carácter de reservadas a las deliberaciones de la Corte.

El Capítulo III por último indica cuál es el personal subalterno de la Sala Constitucional, la entrada en vigencia de ésta y el tránsito de los asuntos de constitucionalidad en trámite para el momento de dictarse el presente Decreto 432.

3. El artículo 11 del Decreto 432, materia del presente contencioso de anulación, no hace sino, dentro del contexto procedimental atrás explicado, repetir la atribución del Gobierno de objetar de inconstitucionalidad un proyecto de ley, tal como ya viene erigido en la Carta Fundamental (arts. 90, 118 numeral 70 y 214, numeral 1°) y luego para este caso específico determinar el procedimiento a seguir a partir de la repartición del asunto hasta su adopción por la Sala Plena, según lo previene el artículo 12 que lo complementa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Deniéganse las peticiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.

La presente providencia fue discutida y aprobada en sesión de dos (2) de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

Luis Antonio Alvarado Pantoja, Samuel Buitrago Hurtado, Guillermo Benavides Melo, Simón Rodríguez Rodríguez.

Víctor M. Villaquirán, secretario.