100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032625SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull09198604/07/1986SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__09_1986_04/07/1986300326231986SIN EXTRACTO DE RELATORIA
Sentencias de NulidadCarlos Galindo Pinilla.04/07/1986auto admisorio de la demanda de febrero 28 de 1986 Identificadores10030122089true1214929original30120217Identificadores

Fecha Providencia

04/07/1986

Fecha de notificación

04/07/1986

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Norma demandada:  auto admisorio de la demanda de febrero 28 de 1986

Demandante:  Carlos Galindo Pinilla.


SIN EXTRACTO DE RELATORIA

SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Demandados en Acción de Nulidad.

DAMNIFICADOS DEL CAUCA. PRUEBA DE LA CALIDAD (Suspensión provisional). El Decreto reglamentario 3174 de 1983, al exigir probar tal calidad en declaraciones extrajuicio y hacer constar en ellas que tenía RESIDENCIA, DOMICILIO 0 SEDE SOCIAL en la zona afectada, introduce una modalidad restrictiva y flagrante violatoria de las normas reglamentadas.

SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS EN ACCION DE NULIDAD. ¿Cuándo procede ésta medida provisoria

Suspéndese provisionalmente el artículo 19 del Decreto reglamentario 3174 de 1983.

Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Primera . - Bogotá, D. E., cuatro de julio de mil novecientos ochenta y seis.

.Consejero ponente: Doctor Miguel Betancourt Rey,

Expediente Nº 09. Actor: Carlos Galindo Pinilla.

El señor abogado Carlos Galindo Pinilla ocurre en súplica ante la sala de decisión, para que se revoque la parte del auto admisorio de la demanda de febrero 28 de 1986 proferido por el señor Consejero ponente, el cual este se abstuvo de examinar la solicitud de suspensión provisional hallarla improcedentemente formulada

Se trata de la acción pública ejercitada por el actor contra el articulo 1º del Decreto reglamentario 3174 de 1913, dictado por el, Presidente de la República en uso de la potestad reglamentaria, norma aquella que se refiere al artículo 8º del Decreto - ley 2498 de 1983, en el aspecto concerniente a la manera como las personas afectadas por el sismo acaecido el 31 de marzo de ese mismo año en el Departamento del Cauta debían demostrar su calidad de tales para que pudieran considerarse titulares de los beneficios establecidos en su favor por el citado Decreto - ley.

Si bien la demanda de nulidad fue admitida aparece, en efecto, m el auto reseñado, que la medida de suspensión provisional fue declara improcedente con base en lo dicho por la sección en providencia de febrero 12 de 1986, dentro del proceso número 24 iniciado por Guillermo Gómez Téllez, providencia que afirma:

"Según se desprende del nítido sentido literal y entendimiento de la norma pretranscrita, el actor debe demostrar especialmente que se da la transgresión ostensible de las normas superiores de derecho por el acto administrativo impugnado, pues no es aceptable ... que se haga una simple remisión a los argumentos aducidos para sostener la ¡legalidad del mismo en el cuerpo de la demanda, pues estos están dirigidos a demostrar tal ilegalidad sin que necesariamente deba verse en ellos la violación de carácter manifiesto que es lo que conduciría a proferir la medida cautelar. .."

Al sustentar la súplica expresa el actor, en suma, que la declaración de improcedencia se funda en dos transcripciones, la de un aparte del capítulo de su demanda y la de "un brevísimo aparte de una providencia del 12 de febrero de 1986. . . "

Sobre la primera, comenta que es sólo una reiteración y aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en torno del "... concepto de la manifiesta ilegalidad, en su forma más simple y perfecta, vale decir, cuando la contradicción puede verificarse por la simple comparación de textos ... “ y pasa a presentar, seguidamente y en columnas paralelas, las transcripciones de los artículos 1º del Decreto reglamentario 3174 de 1983 y 89 del Decreto - ley 2498 del mismo año, así:

"Decreto reglamentario 3174 de 1983, artículo 1º.

"Para efectos de gozar de los estímulos, servicios, privilegios y demás beneficios establecidos en las normas legales vigentes en favor de los damnificados del terremoto del 31 de marzo de 1983, en el departamento del Cauca, estos acreditarán su calidad de tales mediante declaraciones extrajuicio, en las cuales conste expresamente que el interesado, sí es persona natural, residía en zona afectada antes del 31 de marzo de 1983, o tenía allí su domicilio o sede social, si se trata de personas jurídicas o sociedades de hecho..."

"Decreto - ley 2498, artículo 8º.

"De los beneficios instituidos por el presente decreto única. mente podrán gozar las personas que, por cualquier circunstancia debidamente demostrada, hayan resultado realmente perjudicadas como consecuencia del sismo acaecido en el departamento del Cauca el día 31 de marzo de 1983.

"Por vía reglamentaria el Gobierno Nacional fijará los requisitos que deban cumplirse para acreditar esa calidad, tanto en sede judicial como extrajudicial... “

Afirma que el artículo 8º reglamentado, autoriza al Gobierno para fijar el modo como debe probarse el perjuicio sufrido y el carácter de real perjudicado; en tanto que el artículo 19 reglamentario, ordena acreditar esas circunstancias con declaraciones extrajuicio, " ... sobre la residencia o domicilio en la ciudad de Popayán, a la fecha del terremoto, circunstancias estas completamente extrañas al perjuicio real y a la condición de damnificado...", y que, a su ver, entrañan una evidente contradicción entre los textos escritos, que influye espontáneamente de una simple lectura que dejó de hacer Magistrado de la Sala Unitaria. . . "

Acerca de la segunda transcripción, piensa que es tan corta que no osa comentarla por el riesgo de no interpretarla adecuadamente pero que, en todo caso, no es aplicable al asunto que se ventila, viniendo luego a reproducir parcialmente, el auto de noviembre 8 de 1974, dictado por la Sección Primera, con ponencia del señor Consejero Mora Osejo, en el expediente 2231, que trata, sintetizando, de la naturaleza de la medida cautelar y sus finalidades; de los fundamentos jurídicos ha de apoyarse; del modo de presentarla; y de la manera de decidirla ; de todo lo cual extrae que las fundamentaciones de las peticiones principal y cautelar deben guardar estrecha relación entre sí, aunque no necesariamente con respecto a todos los cargos de violación imputados, no considerando, por tanto, que sea jurídico apreciar la petición de cautela en forma independiente, habida cuenta de que los cargos, en sus aspectos coincidentes, valen tanto para motivar la sentencia de nulidad como para fundamentar la decisión sobre suspensión provisional.

Concluye que, determinada la calidad de damnificado en el Decreto - Ley, restaba al gobierno, únicamente, señalar los requisitos para demostrarla ; pero lo que hizo el decreto reglamentario fue sustituir la calidad del real perjudicado, por la de mero “domiciliado” o “residente” en la zona afectada, ”...desvirtuando por completo el sentido y alcance de la norma legal y, por ende, violándola...”

Consideraciones de la Sala:

Reiteradamente ha dicho la corporación y sobre ello no es superfluo insistir, que en tratándose del ejercicio de la acción pública, la institución de la medida provisoria procede sólo cuando aparece, prima facie que la violación de un precepto superior es tan notoria, que no exige emprender estudio alguno de fondo, ni sumergirse en elaboradas disquisiciones, y que son ajenas al examen de su admisibilidad las consideraciones de nudo hecho, cuya prueba es materia del debate central y no viene a apreciarse sino en la sentencia.

No es acertado y en ello tiene razón el actor, haber esgrimido en auto suplicado como uno de los motivos para desestimar sin examina la petición de suspensión provisional, la supuesta ausencia de sustentación legal de la misma, sólo porque tal sustentación aparezca expuesta dentro de los fundamentos jurídicos de la demanda, a los cuales remite aquella petición, ya que exigir escritos separados e incluso cuales capítulos especiales para una y otra, es un formulismo que, a más de inútil muchos casos, excede los requisitos previstos en el artículo 152 C.C.A., ninguna de cuyas disposiciones obliga a constituir siquiera , sección separada para la solicitud de suspensión, ni a reescribir la argumentación enfilada ya como tesis medular contra las normas acusadas, si ella ya cumple las exigencias del artículo 152 y la "remisión" queda suficientemente clara y precisa. Pero además, el actor si sustento la solicitud de suspensión provisional en el apartado de la demanda consagrado a ella, en la forma sucinta que corresponde a la violación ostensible".

Pues bien, en el caso de autos es palmario que al exigir el reglamento a los damnificados probar tal calidad con declaraciones extrajuicio y hacer constar en ellas que tenían residencia, domicilio o sede social en zona afectada, introduce una modalidad restrictiva y flagrantemente violatoria de las normas reglamentadas, pues no sólo somete a aquellas personas a un medio de prueba único, improbable de aportar en muchos casos, sino que excluye a un núcleo muy considerando de ellos que, a pesar de haber recibido perjuicios ostensibles de orden, no podrían reclamar para sí los beneficios contemplados en normas reglamentadas.

Así, por ejemplo, una institución financiera, que tiene su sede social en Barranquilla pero poseía edificios que resultaron destruidos por el sismo en el Cauca, por efecto del decreto reglamentario se vería imposibilitada para disminuir en alguna medida, ese daño material.

Del mismo modo, el estudiante de la Universidad del Cauca, que tenía residencia habitual en Cali y que, como consecuencia del fenómeno telúrico, hubiera sufrido graves traumatismos síquicos de carácter permanente, quedaría privado del amparo de los preceptos reglamentados, que tampoco podrían invocar sus parientes y allegados. Y de igual manera, el transeúnte que perdió su vehículo y mercaderías la mañana del terremoto, quien difícilmente podría hallar quienes depusieran sobre los perjuicios recibidos por él o abonaran su calidad de residente o domiciliado de la que, por hipótesis, carece.

Las anteriores someras reflexiones indican que el recurso debe prosperar.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

Resuelve:

Revócase eI auto admisorio de la demanda en la parte suplicada y, en su lugar, dispónese suspender provisionalmente el articulo 1º del Decreto reglamentario 3174 de 1983.

En firme este auto, vuelva el expediente al Consejero ponente, para que prosiga el trámite de la demanda de nulidad.

Comuníquese y notifíquese.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha cuatro de julio de mil novecientos ochenta y seis.

Los Consejeros,

Miguel Betancourt Rey, Samuel Buitrago Hurtado, Simón Rodríguez Rodríguez.

Víctor M. Villaquirán, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO DR. SAMUEL BUITRAGO HURTADO

Expediente Nº 09. Actor: Carlos Galindo Pinilla.

Consejero ponente: Doctor Miguel Betancourt Rey.

Como comporto en un todo las razones jurídicas expresadas por el Doctor Simón Rodriguez Rodríguez en su aclaración de voto, que están acorde con la línea jurisprudencial que ha prevalecido en la Sala y con el sentido y alcances del artículo 152 del C.C.A., me adhiero para fundamentar mi aclaración.

Bogotá, D.E., dieciocho (18) de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986).

Samuel Buitrago Hurtado.

SUSPENSION PROVISIONAL (Aclaración de Voto).

Aclaración de Voto del Doctor Simón Rodríguez Rodríguez. - Bogotá, D. E., catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis.

Consejero ponente: Doctor Miguel Betancourt Rey (exp. Nº 09).

El suscrito Consejero aclara el voto a la providencia del 4 de julio de 1986, por las siguientes razones:

1. En primer lugar, se trata de una aclaración de voto porque, de acuerdo con la ponencia y en discrepancia con lo sostenido por el auto suplicado, el actor sí sustentó especialmente la suspensión provisional impetrada del artículo 1º del Decreto reglamentario 3176 de 1983 según se puede leer a folio 4 del escrito de demanda.

2. Dejo en claro también para evitar equívocos, que a mi juicio según el penúltimo inciso del artículo 152 del C.C.A. la medida de suspensión debe solicitarse y sustentarse "de modo expreso en la demanda o por escrito separado, antes de citarse el auto admisorio de la demanda".

Ello quiere decir que como regla general es exigencia legal la sustentación de la suspensión provisional, porque al juzgador deben dársele las razones especiales que ameriten tomar la medida precautoria, que de por sí para adaptarse reviste características propias cuales son la violación por el acto administrativo acusado de normas superiores de derecho, no de cualquier manera sino flagrantemente "que se pueda percibir a través de una sencilla comparación" como lo pregona la norma mencionada.

Entonces tampoco, como regla general podría considerarse que no sustentada la suspensión, el Juez de oficio pudiera entrarán adivinar si en el cuerpo de la demanda se dan las condiciones que la justifiquen. Sobre todo porque la explicación del concepto de violación va dirigida específicamente a demostrar la nulidad del acto impugnado, la que puede ocurrir sin quebranto flagrante o con él. En este último caso es labor del actor hacer el señalamiento y sustentación correspondientes.

Respetuosamente,

Simón Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado.