100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032610SENTENCIA-- Seleccione --nullnull194407/06/1944SENTENCIA_-- Seleccione --_null_null___1944_07/06/1944300326081944ESTACIONAMIENTO – Urbano de vehículos / MUNICIPIOS – Su integridad patrimonial CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: GONZALO GAITAN Bogotá, siete (07) de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944) Radicación número: Actor: RAMON LOZANO GARCES Demandado:
Sentencias de NulidadGonzalo GaitánRAMON LOZANO GARCES07/06/1944artículo único del Decreto ejecutivo número 687 de 1943, Decreto ejecutivo número 1027 de 1943, artículo 29 del Decreto ejecutivo número 1027 bis de 1943Identificadores10030122003true1214843original30120131Identificadores

Fecha Providencia

07/06/1944

Fecha de notificación

07/06/1944

Sala:  -- Seleccione --

Sección:  null

Subsección:  null

Consejero ponente:  Gonzalo Gaitán

Norma demandada:  artículo único del Decreto ejecutivo número 687 de 1943, Decreto ejecutivo número 1027 de 1943, artículo 29 del Decreto ejecutivo número 1027 bis de 1943

Demandante:  RAMON LOZANO GARCES


ESTACIONAMIENTO – Urbano de vehículos / MUNICIPIOS – Su integridad patrimonial

CONSEJO DE ESTADO

Consejero ponente: GONZALO GAITAN

Bogotá, siete (07) de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944)

Radicación número:

Actor: RAMON LOZANO GARCES

Demandado:

Referencia:

Ramón Lozano Garcés, mayor, vecino del Municipio de Quibdó y residente en esa ciudad, en ejercicio de la acción de nulidad que consagra el Código de lo Contencioso Administrativo, en demanda presentada ante el Juzgado del Circuito de su vecindad y dirigida al Consejo de Estado, solicita que, previos los trámites de rigor, se decrete la nulidad de las siguientes disposiciones:

1° La del artículo único del Decreto ejecutivo número 687 de 1943, en cuanto aprueba los artículos 2°, 3°, parágrafo único. 4°, inciso a), y 5° del Acuerdo intendencial número 7 de 1941.

2° La del artículo único del Decreto ejecutivo número 1027 de 1943, en cuanto aprueba los artículos 49 y 49 bis del Acuerdo intendencial número 5 de 1943, y

3° La del artículo 29 del Decreto ejecutivo número 1027 bis de 1943, en cuanto a la disposición que establece para artículo 42 del presupuesto extraordinario de la Intendencia del Chocó en la vigencia fiscal del 1° de abril de 1943 al 31 de marzo de 1944.

Funda el actor su acción en los siguientes hechos:

"a) La Constitución Nacional de Colombia establece en su artículo 182 Ja garantía de la integridad patrimonial de los entes municipales, parangonándola con la que rige para los bienes de carácter privado. Las normas acusadas están interfiriendo esa garantía estatutaria en forma tal, que implican un cercenamiento de la facultad dispositiva de los distritos respecto a parte importante de sus rentas, por la indebida retención que del 70% de sus participaciones en las rentas intendenciales del Chocó se ha decretado y por la destinación arbitraria que de parte de tales participaciones hacen la Intendencia y el Gobierno Nacional.

"b) Los Decretos acusados quebrantan también el artículo 129 de la Ley 4° de 1913, dictado precisamente como proyección legal del artículo 182 de la Constitución colombiana.

"c) Los Distritos choco anos y los habitantes en general de este territorio estamos sufriendo perjuicios por las medidas cuya nulidad se pide, porque el Gobierno Intendencial en cumplimiento de tales disposiciones ha venido haciendo la retención de sumas de dinero que al entrar a los fiscos municipales ya se hubieran derramado en la economía seccional".

Los anteriores hechos los aduce específicamente el demandante para obtener la suspensión provisional de los actos acusados, y cuanto a la cuestión de la nulidad agrega estos otros hechos:

"1° El nueve (9) de mayo del año de 1941, el Consejo Administrativo del Chocó expidió un Acuerdo que dispuso aumentar al 20% la participación de los Distritos en las rentas intendenciales de licores monopolizados, degüello, tabaco y cervezas, y al 10% en las demás rentas ordinarias. En el mismo Acuerdo se dispuso retener de las participaciones un 70% para que la Intendencia lo invirtiera en ciertas obras públicas.

"2° Por Decreto ejecutivo número 687, expedido el 3 de abril del presente año, se aprobó el Acuerdo de que trata el hecho anterior, con lo cual entró a regir, ya que el Decreto del Organo Ejecutivo le dio vigencia y le imprimió obligatoriedad.

"3° El 30 de marzo del presente año, el Consejo Administrativo de la Intendencia Nacional del Chocó expidió el Acuerdo número 5, en el cual se establece que el 30% de las participaciones municipales en las rentas intendencial es se pagará a los Municipios directamente, y que el 70% restante se mantendrá en las cajas i n ten denúnciales para que la entidad intendencial lo invierta en las obras que indiquen los Concejos y Juntas de Hacienda.

"4° El 27 de mayo de 1943 el Organo Ejecutivo Nacional expidió el Decreto número 1027, que aprueba el Acuerdo a que se refiere el hecho anterior, con lo cual, tal norma ha entrado a regir, y

"5° El 27 de mayo del presente año se expidió el Decreto ejecutivo número 1027 bis, que estableció lo siguiente:….Artículo 42. Para el pago y para la inversión de las participaciones municipales los Municipios se atemperarán a las disposiciones del Acuerdo número 7 de 1941, aprobado por el Decreto ejecutivo 687, de 3 de abril del corriente año.

Como disposiciones violadas cita únicamente la demanda los artículos 182 de la Codificación Constitucional y 129 del Código de Régimen Político y Municipal.

Por auto de 17 de diciembre postrero el Consejo de Estado admitió la demanda, pero negó ,1a suspensión provisional impetrada.

El demandante ni pidió pruebas ni presentó alegato de conclusión.

El Fiscal del Consejo conceptúa que deben negarse las peticiones de la demanda, y en orden a esta conclusión prohíja los razonamientos que se dieron en el auto en que se negó la suspensión provisional.

Ejecutoriado como está el auto de citación para sentencia, se procede a fallar.

Dice el artículo 182 de la Codificación Constitucional que el autor señala como violado:

"Los bienes y rentas de los Departamentos, así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser ocupadas estas .propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales ni municipales". El artículo 129 del Código de Régimen Político y Municipal, que también considera infringido el demandante con los autos acusados, reproduce exactamente el principio descentralista consagrado en el texto constitucional preinserto.

Lo propio reza respecto de los Municipios de las Intendencias el artículo 59 de la Ley 2ª de 1943.

Así, pues, está vedado al legislador disponer de bienes que constitucional y legalmente pertenezcan a los Departamentos, a las Intendencias, a las Comisarías o a los Municipios.

Empero, en el caso de autos no aparece que por medio de los actos acusados se haya dispuesto de bienes pertenecientes al Municipio del Chocó. Lo que ha ocurrido es que a dichos Municipios se les dio participación en las rentas intendenciales y se dispuso que el 70% de estas participaciones ingresara mes por mes a un fondo especial denominado Fondo Intendencial para Obras Públicas Municipales. Y es claro que si graciosamente se concede una participación, la entidad que la concede puede controlar la inversión de los fondos, condicionarla, etc., etc., sin que con ello se menoscabe lo que se pudiera llamar el derecho patrimonial de las secciones.

Es más: a los Municipios ni siquiera se les priva de ese setenta por ciento de las participaciones, sino que tal porcentaje se invierte en las obras que determine el respectivo Concejo Municipal, sólo que quien administra es el Intendente. Así resulta claro del texto del artículo 6º de la Ley 2ª de 1943, cuando dice:

"Los Municipios y Corregimientos Intendenciales y Comisaríales tienen derecho a una participación en las rentas de carácter seccional, que no podrá ser inferior a un veinte por ciento (20%) sobre las de licores monopolizados, cervezas y consumo de tabaco, ni a un diez por ciento (10%) sobre las demás ordinarias. Pero el Gobierno Nacional podrá disponer que hasta un setenta por ciento (70%) del total de dichas participaciones les sea retenido para la constitución de un fondo especial, que no se confunda con los fondos intendenciales o comisariales ordinarios, y que se destine precisamente a la ejecución, por el intendente o Comisario, de las obras públicas que el respectivo Concejo Municipal determine o que interesen a los Corregimientos Intendenciales o Comisariales. igualmente podrá disponer que todas las participaciones que correspondan a estos últimos se inviertan en los gastos ordinarios que su administración demande, sin perjuicio de que con los fondos de la respectiva Intendencia o Comisaría se supla cualquier fallante por este concepto".

Ahora bien: los acuerdos intendenciales y los decretos ejecutivos que los aprueban, y que constituyen la materia del litigio, no hicieron otra cosa que ceñirse al artículo 6º, recién transcrito.

El demandante, de otro lado, a quien incumbe la carga de la prueba, no ha demostrado que con los actos acusados se menoscabe el diez por ciento (10%) de las rentas de licores y degüello que conforme a la Ley VIII de 1909 corresponde a los Municipios.

En mérito de las razones expuestas, el Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto fiscal, niega las peticiones de la demanda.

Cópiese y notifíquese.

ANIBAL BADEL, GONZALO GAITAN, GABRIEL CARREÑO MALLARINO, GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS, CARLOS RIVADENEIRA G., DIOGENES SEPULVEDA MEJIA, TULIO ENRIQUE TASCON. , LUIS E. GARCIA Y., SECRETARIO