100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032608SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2176198617/10/1986SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__2176_1986_17/10/1986300326061986
Sentencias de NulidadJoaquín Vanin TelloAgustín Castillo Zárate17/10/1986decreto número 898 del 3 de abril de 1981Identificadores10030121993true1214833original30120121Identificadores

Fecha Providencia

17/10/1986

Fecha de notificación

17/10/1986

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Joaquín Vanin Tello

Norma demandada:  decreto número 898 del 3 de abril de 1981

Demandante:  Agustín Castillo Zárate


NACIONALIZACION DE LA EDUCACION. PRESTACIONES MEDICAS Y ECONOMICAS (Suspensión provisional).

Se suspende provisionalmente la frase "en igual forma como lo venían haciendo antes de la expedición de la Ley 43 de 1975", del inciso del artículo primero y todo el parágrafo del mismo artículo del Decreto 898 de 1981.

Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Segunda. - Bogotá, D. E., diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

Consejero ponente: Doctor Joaquín Vanín Tello.

Referencia: Expediente Nº 2176. Decretos del Gobierno. Actor: Agustín castillo Zárate.

El ciudadano Agustín Castillo Zárate, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad del decreto expedido por el Gobierno Nacional número 898 del 3 de abril de 1981 y solicitó, además, se suspendiera provisionalmente.

Para resolver sobre la suspensión provisional se considera:

El artículo 152 del C.C.A. establece que podrán suspenderse los efectos de un acto administrativo, tratándose de las acciones de nulidad, como la propuesta, si existe manifiesta violación de una norma superior que se pueda percibir a través de una sencilla comparación, o del examen de las pruebas aportadas.

El demandante en la misma sustentación de su solicitud indica que el decreto acusado es violatorio del articulo 182, inciso segundo, de la Constitución Política y del artículo primero, incisos primero y segundo, de la Ley 43 de 1975.

De la sencilla comparación entre el decreto acusado y las normas indicadas por el demandante se llega a estas conclusiones:

1. Habiéndose nacionalizado el servicio educativo de primaria y secundaria que estaba a cargo de los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito Especial de Bogotá, según las previsiones de la Ley 43 de 1975, no es posible que la atención de las prestaciones médicas y económicas a cargo de tales entidades territoriales en virtud de los contratos celebrados con la Nación deba llevarse a cabo "en igual forma como lo venían haciendo antes de la expedición de la Ley 43 de 1975".

En lo demás el inciso del artículo primero del decreto se limita a disponer que aquellos servicios pueden prestarse en los términos de aludidos contratos, lo cual no contraría dicha ley ni la Constitución Política y no es más que la consecuencia necesaria, que no requerimientos expresarse, de que los contratos válidamente celebrados deben

2. Por la misma razón de que a partir de la vigencia de la Ley 43 1975 el aludido servicio educativo quedó a cargo de la Nación, es dente que el parágrafo del artículo primero del decreto acusado violatorio de la Ley 43 de 1975 y, además, del artículo 182, inciso segundo, de la Constitución Política, en razón de que sólo otra norma fuerza legal podía establecer que fueran aquellas entidades territoriales o sus cajas de previsión la! encargadas de satisfacer las prestacionales médicas y económicas de los docentes.

En consecuencia, se suspenderán provisionalmente la frase ,en forma como lo venían haciendo antes de la expedición de la 43 de 1975" del inciso del artículo primero y todo el parágrafo mismo artículo del Decreto 898 de 1981.

En mérito de lo dicho, se dispone:

1º Suspéndese provisionalmente la frase “en igual forma como lo venían haciendo antes de la expedición de la Ley 43 de 1975” del inciso del articulo primero y todo el paragráfo del mismo articulo Decreto 98 de 1981.

2º Admítase la demanda presentada por el ciudadano Agustín Castillo Zarate.

3º Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público y al Ministro de Educación Nacional y por estado.

4º Fíjese en lista por el término de diez (10) días para los efecto del numeral 3 del artículo 207 del C . C.A.

5º Solicítase al Ministerio de Educación Nacional el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado, si los hubiera.

Además, cúmplase.

Joaquin Vanín Tello.

Miguel A. Perilla P., Secretario.