SENTENCIA 347 de 1962

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032586SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo347196231/01/1962SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo___347__1962_31/01/1962300325841962INTERVENCION DEL ESTADO - Difiere de la facultad de inspecci�n y vigilancia / INSPECCION Y VIGILANCIA DEL ESTADO - Difiere de la facultad de intervenci�n del Estado Como puede apreciarse la parte demandante incurre en un error original que en el resto de los argumentos produce sus consecuencias. Ese error es el de confundir la intervenci�n del Estado contemplada en el art�culo 32 de la Constituci�n Nacional, con aquella inspecci�n que a las autoridades confiere el art�culo 39 de la misma. La primera s�lo puede verificarse por mandato legal. No as� la segunda que emana directamente del precepto constitucional y de la raz�n de ser un Gobierno. Una cosa es la intervenci�n y otra la inspecci�n, pues tienen distinto campo de acci�n y significan acciones diferentes. �El Estado -dice el art�culo 32- puede intervenir por mandato de la ley en la explotaci�n de industrias o empresas p�blicas y privadas, con el fin de racionalizar la producci�n, distribuci�n y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protecci�n a que tiene derecho�. �Las autoridades -expresa el art�culo 39- inspeccionar�n las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad p�blicas�. La tarea de inspecci�n se confunde con la funci�n propia del Gobierno y tiende a dar un m�nimo de seguridad a los asociados, pues en esto concluyen las medidas que se tomen en el orden de la moral y de la salud p�blicas. Regular el tr�nsito, el mercado de estupefacientes o el de la obscenidad literaria y gr�fica, todo tiene la misma finalidad. Esa funci�n elemental del Estado no ha impuesto el cap�tulo especial que en el derecho p�blico se ha hecho a la intervenci�n; no ha sido controvertido como ni ha presentado los mismos caracteres de imprecisi�n. Naci� con el poder mismo, no es producto especial de ninguna escuela pol�tica y es la raz�n fundamental de la vida asociada. Ella permite satisfacer urgencias primordiales del cuerpo social. La Ley 84 de 1871 sobre Polic�a Mar�tima y Fluvial, en la que se establece desde la obligaci�n de llevar a bordo una m�quina de apagar incendios, hasta la de mantener una l�mpara encendida en un punto visible de la embarcaci�n, desde que se ponga hasta que salga el sol, cumple con esa elemental funci�n del Estado. INTERVENCION DEL ESTADO - Origen; teor�as econ�micas de Emerson y Spencer / INTERVENCION DEL ESTADO - Econom�a Dirigida; protecci�n del consumidor La intervenci�n, en cambio, al menos como empresa estatal, prospectada aun en c�nones constitucionales, es cosa de nacimiento reciente y objeto de discusi�n sobre todo en cuanto a su alcance. Surgi� como una necesidad de la �poca actual, compleja �sta por el �aumento de poblaci�n, la aceleraci�n en el vivir y el desequilibrio econ�mico. No bastando ya el mero papel tutelar del Estado, se pidi� a �ste que extendiera su acci�n a campos antes asignados a la iniciativa privada. Se pidi� al Poder P�blico orientar las actividades particulares, con un fin de bien general, tomar cartas en la libre contrataci�n, dar cauce y destino a la energ�a colectiva. As� se dio mayor intensidad y dimensi�n a la gesti�n p�blica. Las exigencias de la intervenci�n estatal y las realizaciones de �sta, ocurren sobre todo a partir de la primera gran guerra. Los pueblos comienzan a dejar o�r esa voz en sus Constituciones y los Estados comienzan a actuar conformes a ella. Se comprende entonces que no se trata sino de una funci�n de buen Gobierno, y que si sistematizada y ejercida en su plenitud hubiera representado una indebida intromisi�n o un atropello cuando la vida f�cil de las naciones permit�a que a�n se reflejara en �stas la gran imagen de la ciudad Estado, no cumplir con esa funci�n hoy es fomentar el desorden social, patrocinar el abuso y la debilidad colectiva. Lejanos ya los buenos tiempos en que Emerson pod�a desear �menos Gobierno, menos leyes, menos delegaci�n de poder� para que el ciudadano gozara de mayor libertad, y en que Spencer, adem�s de calificar a la Administraci�n oficial cono una bestia, pod�a protestar por haber �demasiadas leyes�, se llega a aceptar como un deber de los que gobiernan gobernar hasta donde el derecho natural lo permita y las necesidades p�blicas lo demanden. Y esto precisamente como un medio de restablecer el desequilibrio en las libertades. Lo que s� se presenta es el desacuerdo en cuanto al modo y t�rminos de la intervenci�n, pues mientras para algunos ella debe limitarse a estimular o complementar la iniciativa privada, para otros debe sustituirla. Todo depende de la noci�n que se posea respecto al hombre y respecto al Estado: de ah� pueden surgir o la intervenci�n propiamente dicha o el estatismo absoluto. Como efecto de la nueva actitud del Estado viene la empresa de la econom�a dirigida, o al menos donde no se planifica la producci�n, vienen las medidas que regulan la distribuci�n y el consumo y las que cuidan especialmente al obrero. Se toca al ciudadano en una materia que le es singularmente sensible como es la libertad de contrataci�n, pero termina por prevalecer lo que se tiene como el verdadero bien p�blico. INTERVENCION DEL ESTADO - Roma: Ley de las Doce Tablas / RACIONALIZACION DE LA PRODUCCION - Definici�n Naturalmente tocar as� substancias tan nobles no ocurre por primera vez en la historia de los actos de autoridad, desde luego que en Roma, por ejemplo, ya la ley de las �Doce Tablas� fijaba el m�ximun de inter�s, y que el Prefectus Annonae fijaba el mayor precio de los productos agr�colas. El mismo sentido tienen las leyes agrarias propuestas por los hermanos Gracos. Tambi�n, si se rastrea en nuestra legislaci�n anterior al canon constitucional que consagr� la intervenci�n del Estado, no dejar�n de encontrarse medidas que configuren la mencionada acci�n de Poder P�blico. Pero como preocupaci�n capital o gran empresa, la intervenci�n s�lo se presenta en los tiempos �ltimos. Es entonces cuando se habla de �racionalizaci�n�, voz por la que se entiende un conjunto de medios t�cnicos para mejorar la econom�a global, y a la que califican algunos de �voz fetiche�, por los poderes que se le atribuyen, los fervores que ha suscitado y las frustraciones que es posible esperar. De la racionalizaci�n de la producci�n, de la distribuci�n y del consumo de las riquezas, habla el art�culo 32 de nuestra Constituci�n. INTERVENCION DEL ESTADO - S�lo se puede verificar mediante una ley previa / FUNCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA - No requiere ley previa para su ejercicio En todo caso la facultad que el Estado tiene en virtud de lo dispuesto en el art�culo mencionado, es cosa distinta de la que se da a las autoridades en el art�culo 39; y si el ejercicio de la primera s�lo se puede verificar mediante una ley previa, no sucede lo mismo en cuanto hace a la facultad de inspeccionar los oficios y profesiones en orden a la seguridad de los asociados. En consecuencia, el supuesto de que parti� el demandante resulta falso, ya que la funci�n ejercida por medio del Decreto acusado, no es de aquellas a que se refiere el art�culo 32, no se trata de una medida legislativa ni de un acto que pretenda sustituirla. PROMULGACION - Concepto; obligatoriedad de la ley; publicaci�n en forma de circular / PUBLICACION DE LA LEY - Requisito de obligatoriedad / FALTA DE PUBLICACION DE ACTO GENERAL - No es causal de invalidez del acto sino la carencia de car�cter obligatorio Por lo mismo tampoco era rigurosa la promulgaci�n de ella como se consigna en la demanda, esto es, en la forma prescrita en el art�culo 52 de la Ley 4� de 1913. La ley -dice este art�culo- no obliga sino en virtud de su promulgaci�n, y su observancia principia dos meses despu�s de promulgada. La promulgaci�n consiste en insertar la ley en el peri�dico oficial y se entiende consumada en la fecha del n�mero en que termine la inserci�n. (Esta disposici�n se refiere a la ley formal, a la que se define en el art�culo 4� del C�digo Civil como �una declaraci�n de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constituci�n Nacional)�. Tambi�n a la ley formal se refieren los art�culos 85 y 120, numeral 2� de la Constituci�n Nacional. Resulta por tanto que los art�culos 32, 85 y 120 de la Carta, no resultan violados en el concepto que enuncia el actor, o sea por equivaler el Decreto acusado a una declaraci�n de voluntad soberana en un acto de intervenci�n estatal. Pero si aun prescindiendo de este concepto, que es el expuesto en la demanda, se quisiera hacer consistir la violaci�n en la falta de promulgaci�n del Decreto, se tendr�a que �ste s� fue promulgado como se acredita con el Diario Oficial que acompa�� el demandante. Y si lo que el actor a ese respecto echa de menos es la falta de promulgaci�n de las normas adoptadas por la providencia enjuiciada, se encuentra, que como lo anot� el se�or Consejero doctor Bonilla Guti�rrez, a la fecha de la demanda varias de esas normas hab�an sido publicadas en forma de circulares dirigidas por el Ministerio de Obras P�blicas a las empresas interesadas, lo que equivale a la promulgaci�n de las mismas, y de donde resulta que apenas las as� conocidas tengan car�cter obligatorio. Por otra parte la Sala, con ponencia del se�or Consejero doctor Dom�nguez Molina, y al conocer el recurso de s�plica contra el auto que neg� la suspensi�n provisional, observ� adem�s que la consecuencia de la falta de publicaci�n no ser�a la invalidez del acto sino la carencia de car�cter obligatorio. Agreg� la Sala que como antecedentes de que por un Decreto se adopten unas normas que no se incorporan al mismo, est�n los decretos por los cuales el Gobierno Nacional adopt� para la Naci�n el C�digo de Minas de Antioquia y el del Comercio de Panam�. DELEGACION DE FUNCIONES PRESIDENCIALES - Prohibici�n de delegar la potestad reglamentaria; nulidad de la delegaci�n / POTESTAD REGLAMENTARIA - Prohibici�n de delegaci�n Corresponde por �ltimo, considerar la violaci�n del art�culo 135 de la Constituci�n, la cual se hace consistir en el hecho de que por el art�culo 2� del Decreto acusado se facult� al Ministerio de Obras P�blicas para modificar, interpretar, ampliar y reglamentar el mismo Decreto. En la demanda se afirma que esto importa una delegaci�n de funciones presidenciales, y que no pod�a hacerse porque conforme al art�culo 135, la ley debe se�alar las funciones que puedan ser delegadas, y no hay ley que indique como funci�n delegable la que se atribuye al Ministerio de Obras P�blicas por el Decreto en referencia. Efectivamente la Ley 202 de 1936, que dio desarrollo al art�culo 135 de la Constituci�n, no incluye entre las funciones presidenciales que pueden ser delegadas la de ejercer la potestad reglamentaria. Expresa en el ordinal a) del art�culo 1� que el Presidente podr� delegar la funci�n de �expedir las �rdenes necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes y de los Decretos reglamentarios�. Pero siendo esto cosa distinta a modificar y ampliar un reglamento, lo que equivale llana y paladinamente a ejercer la potestad reglamentaria misma, no cabe duda de que el art�culo 2� del Decreto 2049 de 1956, viola el art�culo 135 de la Carta. As� lo estim� la Sala en la providencia del 29 de julio de 1959, y as� lo considera ahora.

INTERVENCION DEL ESTADO - Difiere de la facultad de inspecci�n y vigilancia / INSPECCION Y VIGILANCIA DEL ESTADO - Difiere de la facultad de intervenci�n del Estado

Como puede apreciarse la parte demandante incurre en un error original que en el resto de los argumentos produce sus consecuencias. Ese error es el de confundir la intervenci�n del Estado contemplada en el art�culo 32 de la Constituci�n Nacional, con aquella inspecci�n que a las autoridades confiere el art�culo 39 de la misma. La primera s�lo puede verificarse por mandato legal. No as� la segunda que emana directamente del precepto constitucional y de la raz�n de ser un Gobierno. Una cosa es la intervenci�n y otra la inspecci�n, pues tienen distinto campo de acci�n y significan acciones diferentes. �El Estado -dice el art�culo 32- puede intervenir por mandato de la ley en la explotaci�n de industrias o empresas p�blicas y privadas, con el fin de racionalizar la producci�n, distribuci�n y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protecci�n a que tiene derecho�. �Las autoridades -expresa el art�culo 39- inspeccionar�n las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad p�blicas�. La tarea de inspecci�n se confunde con la funci�n propia del Gobierno y tiende a dar un m�nimo de seguridad a los asociados, pues en esto concluyen las medidas que se tomen en el orden de la moral y de la salud p�blicas. Regular el tr�nsito, el mercado de estupefacientes o el de la obscenidad literaria y gr�fica, todo tiene la misma finalidad. Esa funci�n elemental del Estado no ha impuesto el cap�tulo especial que en el derecho p�blico se ha hecho a la intervenci�n; no ha sido controvertido como ni ha presentado los mismos caracteres de imprecisi�n. Naci� con el poder mismo, no es producto especial de ninguna escuela pol�tica y es la raz�n fundamental de la vida asociada. Ella permite satisfacer urgencias primordiales del cuerpo social. La Ley 84 de 1871 sobre Polic�a Mar�tima y Fluvial, en la que se establece desde la obligaci�n de llevar a bordo una m�quina de apagar incendios, hasta la de mantener una l�mpara encendida en un punto visible de la embarcaci�n, desde que se ponga hasta que salga el sol, cumple con esa elemental funci�n del Estado.

INTERVENCION DEL ESTADO - Origen; teor�as econ�micas de Emerson y Spencer / INTERVENCION DEL ESTADO - Econom�a Dirigida; protecci�n del consumidor

La intervenci�n, en cambio, al menos como empresa estatal, prospectada aun en c�nones constitucionales, es cosa de nacimiento reciente y objeto de discusi�n sobre todo en cuanto a su alcance. Surgi� como una necesidad de la �poca actual, compleja �sta por el �aumento de poblaci�n, la aceleraci�n en el vivir y el desequilibrio econ�mico. No bastando ya el mero papel tutelar del Estado, se pidi� a �ste que extendiera su acci�n a campos antes asignados a la iniciativa privada. Se pidi� al Poder P�blico orientar las actividades particulares, con un fin de bien general, tomar cartas en la libre contrataci�n, dar cauce y destino a la energ�a colectiva. As� se dio mayor intensidad y dimensi�n a la gesti�n p�blica.
Las exigencias de la intervenci�n estatal y las realizaciones de �sta, ocurren sobre todo a partir de la primera gran guerra. Los pueblos comienzan a dejar o�r esa voz en sus Constituciones y los Estados comienzan a actuar conformes a ella. Se comprende entonces que no se trata sino de una funci�n de buen Gobierno, y que si sistematizada y ejercida en su plenitud hubiera representado una indebida intromisi�n o un atropello cuando la vida f�cil de las naciones permit�a que a�n se reflejara en �stas la gran imagen de la ciudad Estado, no cumplir con esa funci�n hoy es fomentar el desorden social, patrocinar el abuso y la debilidad colectiva. Lejanos ya los buenos tiempos en que Emerson pod�a desear �menos Gobierno, menos leyes, menos delegaci�n de poder� para que el ciudadano gozara de mayor libertad, y en que Spencer, adem�s de calificar a la Administraci�n oficial cono una bestia, pod�a protestar por haber �demasiadas leyes�, se llega a aceptar como un deber de los que gobiernan gobernar hasta donde el derecho natural lo permita y las necesidades p�blicas lo demanden. Y esto precisamente como un medio de restablecer el desequilibrio en las libertades. Lo que s� se presenta es el desacuerdo en cuanto al modo y t�rminos de la intervenci�n, pues mientras para algunos ella debe limitarse a estimular o complementar la iniciativa privada, para otros debe sustituirla. Todo depende de la noci�n que se posea respecto al hombre y respecto al Estado: de ah� pueden surgir o la intervenci�n propiamente dicha o el estatismo absoluto. Como efecto de la nueva actitud del Estado viene la empresa de la econom�a dirigida, o al menos donde no se planifica la producci�n, vienen las medidas que regulan la distribuci�n y el consumo y las que cuidan especialmente al obrero. Se toca al ciudadano en una materia que le es singularmente sensible como es la libertad de contrataci�n, pero termina por prevalecer lo que se tiene como el verdadero bien p�blico.

INTERVENCION DEL ESTADO - Roma: Ley de las Doce Tablas /RACIONALIZACION DE LA PRODUCCION - Definici�n

Naturalmente tocar as� substancias tan nobles no ocurre por primera vez en la historia de los actos de autoridad, desde luego que en Roma, por ejemplo, ya la ley de las �Doce Tablas� fijaba el m�ximun de inter�s, y que el Prefectus Annonae fijaba el mayor precio de los productos agr�colas. El mismo sentido tienen las leyes agrarias propuestas por los hermanos Gracos. Tambi�n, si se rastrea en nuestra legislaci�n anterior al canon constitucional que consagr� la intervenci�n del Estado, no dejar�n de encontrarse medidas que configuren la mencionada acci�n de Poder P�blico. Pero como preocupaci�n capital o gran empresa, la intervenci�n s�lo se presenta en los tiempos �ltimos. Es entonces cuando se habla de �racionalizaci�n�, voz por la que se entiende un conjunto de medios t�cnicos para mejorar la econom�a global, y a la que califican algunos de �voz fetiche�, por los poderes que se le atribuyen, los fervores que ha suscitado y las frustraciones que es posible esperar. De la racionalizaci�n de la producci�n, de la distribuci�n y del consumo de las riquezas, habla el art�culo 32 de nuestra Constituci�n.

INTERVENCION DEL ESTADO - S�lo se puede verificar mediante una ley previa / FUNCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA - No requiere ley previa para su ejercicio

PROMULGACION - Concepto; obligatoriedad de la ley; publicaci�n en forma de circular / PUBLICACION DE LA LEY - Requisito de obligatoriedad / FALTA DE PUBLICACION DE ACTO GENERAL - No es causal de invalidez del acto sino la carencia de car�cter obligatorio

Por lo mismo tampoco era rigurosa la promulgaci�n de ella como se consigna en la demanda, esto es, en la forma prescrita en el art�culo 52 de la Ley 4� de 1913. La ley -dice este art�culo- no obliga sino en virtud de su promulgaci�n, y su observancia principia dos meses despu�s de promulgada. La promulgaci�n consiste en insertar la ley en el peri�dico oficial y se entiende consumada en la fecha del n�mero en que termine la inserci�n. (Esta disposici�n se refiere a la ley formal, a la que se define en el art�culo 4� del C�digo Civil como �una declaraci�n de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constituci�n Nacional)�. Tambi�n a la ley formal se refieren los art�culos 85 y 120, numeral 2� de la Constituci�n Nacional. Resulta por tanto que los art�culos 32, 85 y 120 de la Carta, no resultan violados en el concepto que enuncia el actor, o sea por equivaler el Decreto acusado a una declaraci�n de voluntad soberana en un acto de intervenci�n estatal. Pero si aun prescindiendo de este concepto, que es el expuesto en la demanda, se quisiera hacer consistir la violaci�n en la falta de promulgaci�n del Decreto, se tendr�a que �ste s� fue promulgado como se acredita con el Diario Oficial que acompa�� el demandante. Y si lo que el actor a ese respecto echa de menos es la falta de promulgaci�n de las normas adoptadas por la providencia enjuiciada, se encuentra, que como lo anot� el se�or Consejero doctor Bonilla Guti�rrez, a la fecha de la demanda varias de esas normas hab�an sido publicadas en forma de circulares dirigidas por el Ministerio de Obras P�blicas a las empresas interesadas, lo que equivale a la promulgaci�n de las mismas, y de donde resulta que apenas las as� conocidas tengan car�cter obligatorio. Por otra parte la Sala, con ponencia del se�or Consejero doctor Dom�nguez Molina, y al conocer el recurso de s�plica contra el auto que neg� la suspensi�n provisional, observ� adem�s que la consecuencia de la falta de publicaci�n no ser�a la invalidez del acto sino la carencia de car�cter obligatorio. Agreg� la Sala que como antecedentes de que por un Decreto se adopten unas normas que no se incorporan al mismo, est�n los decretos por los cuales el Gobierno Nacional adopt� para la Naci�n el C�digo de Minas de Antioquia y el del Comercio de Panam�.

DELEGACION DE FUNCIONES PRESIDENCIALES - Prohibici�n de delegar la potestad reglamentaria; nulidad de la delegaci�n / POTESTAD REGLAMENTARIA - Prohibici�n de delegaci�n

Corresponde por �ltimo, considerar la violaci�n del art�culo 135 de la Constituci�n, la cual se hace consistir en el hecho de que por el art�culo 2� del Decreto acusado se facult� al Ministerio de Obras P�blicas para modificar, interpretar, ampliar y reglamentar el mismo Decreto. En la demanda se afirma que esto importa una delegaci�n de funciones presidenciales, y que no pod�a hacerse porque conforme al art�culo 135, la ley debe se�alar las funciones que puedan ser delegadas, y no hay ley que indique como funci�n delegable la que se atribuye al Ministerio de Obras P�blicas por el Decreto en referencia. Efectivamente la Ley 202 de 1936, que dio desarrollo al art�culo 135 de la Constituci�n, no incluye entre las funciones presidenciales que pueden ser delegadas la de ejercer la potestad reglamentaria. Expresa en el ordinal a) del art�culo 1� que el Presidente podr� delegar la funci�n de �expedir las �rdenes necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes y de los Decretos reglamentarios�. Pero siendo esto cosa distinta a modificar y ampliar un reglamento, lo que equivale llana y paladinamente a ejercer la potestad reglamentaria misma, no cabe duda de que el art�culo 2� del Decreto 2049 de 1956, viola el art�culo 135 de la Carta. As� lo estim� la Sala en la providencia del 29 de julio de 1959, y as� lo considera ahora.

Bogot�, D. E., treinta y uno (31) enero de mil novecientos sesenta y dos (1962)

Referencia: Negocio n�mero 347, relacionado con la solicitud de nulidad de los art�culos 1�, 2�, 3� y 4� del Decreto 2049, de agosto 23 de 1956, �por el cual se adoptan normas para la construcci�n, reparaci�n, inspecci�n y clasificaci�n de embarcaciones fluviales�.

El texto del Decreto cuya validez debe examinarse en esta sentencia es el siguiente:

por el cual se adoptan normas para la construcci�n, reparaci�n, inspecci�n y clasificaci�n de embarcaciones fluviales.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia en ejercicio de sus facultades legales, y

1�.- Que teniendo en cuenta la urgente necesidad de reformar las normas de construcci�n, reparaci�n, inspecci�n y clasificaci�n de embarcaciones fluviales adoptadas en el a�o de 1942 por medio del Decreto 2674, el Ministerio de Obras P�blicas constituy� una comisi�n con el fin de elaborar un proyecto de reforma;

2�.- Que dicha comisi�n, establecida por medio del Decreto n�mero 0903 de 1955, elabor� un proyecto en el cual reforma y adiciona la reglamentaci�n vigente sobre la materia;

3�.- Que el mencionado proyecto. de reforma fue revisado y aprobado por el representante del Punto IV �Misi�n de Operaciones de los Estados Unidos en Colombia�, asesor de esta Comisi�n;

4�.- Que la Direcci�n de Navegaci�n y Puertos del Ministerio de Obras P�blicas estudi� y aprob� el proyecto en referencia,

Art�culo 1�.- A partir de la fecha, adoptase como norma para la construcci�n, inspecci�n, reparaci�n y clasificaci�n de embarcaciones fluviales, en el territorio de la Rep�blica, el proyecto elaborado por la Comisi�n establecida por medio del Decreto n�mero 903 de 1955, aprobado por dicha Comisi�n en sesi�n n�mero 109 de fecha 23 de marzo de 1956.

Art�culo 2�.- Facultase al Ministerio de Obras P�blicas para interpretar, modificar, ampliar y reglamentar este estatuto a fin de mantener su operabilidad y actualidad.

Art�culo 3�.- Quedan derogados el Decreto n�mero 2674 de 1942 y todas las disposiciones que sean contrarias a las normas establecidas por el presente Decreto.

Art�culo 4�.- El Ministerio de Obras P�blicas ordenar� la publicaci�n de las normas adoptadas.

Este Decreto fue acusado de nulidad por el doctor Juan D�vila Montes, quien a ese respecto, y obrando como apoderado de Transportes Industriales S. A., en demanda instaurada el 23 de julio de 1958, relacion� los hechos y expuso el derecho que a continuaci�n se menciona:

1�.- Por el Decreto n�mero 2049 de 1956, inserto en el Diario Oficial n�mero 29137 de 18 de septiembre de 1956, se adopt� un C�digo cuyas normas no han sido promulgadas o publicadas a�n, pues no basta para este �ltimo objeto con la producci�n de circulares como la n�mero 4/56 de diciembre 28 de 1956, y la n�mero 11 de diciembre 13 de 1957.

2�.- Por lo mismo las Empresas de Navegaci�n Fluvial o las personas naturales o jur�dicas, interesadas en la industria de la navegaci�n fluvial, desconocen las normas legales a las cuales deben atenerse para el desarrollo de sus actividades y explotaci�n econ�mica.

El Decreto acusado viola los art�culos 32, 55,76, 85, 120 y 135 de la Constituci�n Nacional, y los art�culos 52 y 56 de la Ley 4 de 1913. Las razones, el demandante las expone as�:

�El art�culo 32 de la Constituci�n establece que el Estado puede intervenir por medio de leyes �en la explotaci�n de industrias o empresas p�blicas y privadas, con el fin de racionalizar la producci�n, distribuci�n y consumo de las riquezas...� Pues bien, el Gobierno Nacional por medio de un Decreto que solamente lleva la firma del Presidente de la Rep�blica y del Ministro de Obras P�blicas, es decir, un decreto reglamentario, resolvi� adoptar un verdadero C�digo Sustantivo o normas para construcci�n, inspecci�n, reparaci�n y clasificaci�n de embarcaciones fluviales en el territorio de la Rep�blica, o sea que intervino en la explotaci�n de la industria de la navegaci�n, lo cual como lo ordena el art�culo 32, constitucional, solamente puede hacerse por mandato de la ley. Los decretos reglamentarios deben limitarse a hacer eficaz una norma sustantiva o de car�cter legal y no puede el Jefe del Gobierno, so pretexto de reglamentaci�n, dictar o adoptar normas nuevas, o disposiciones sustantivas, propios (sic) de la ley, sin que se configure un cl�sico caso de extralimitaci�n de funciones. Pero este aspecto se ver� con mayor detenimiento al analizar la violaci�n del art�culo 120 de la Constituci�n�.

�Dice el art�culo 76 de la Constituci�n que �corresponde al Congreso hacer las leyes� y que �por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: 1� Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes�; no obstante este claro mandato constitucional, que radica �nicamente en el Congreso la facultad de hacer, interpretar, reformar y derogar las leyes, el Gobierno Nacional por medio del Decreto acusado, que es un decreto reglamentario o sea de aquellos que no pueden tener sino un sentido formal, resolvi� por si y ante s� adoptar normas sustantivas, invadiendo el campo legislativo y en su carrera de violaciones, tal como lo dice el art�culo 2� del Decreto 2049, facult� al Ministro de Obras P�blicas para �interpretar, modificar, ampliar y reglamentar este estatuto...� Si el estatuto es o debe ser una norma sustantiva, su interpretaci�n, modificaci�n, reforma y derogatoria, solamente puede hacerse por medio de una ley, seg�n las voces del art�culo 76 de la Constituci�n. Pero el Gobierno Nacional se extralimit� en tal forma que no solamente concedi� esas facultades al Ministerio de Obras P�blicas, y propiamente hablando al Departamento de Clasificaci�n de embarcaciones, sino que adem�s, como se ve en el art�culo 29 demandado, los facult� para �ampliar� las normas adoptadas. Como puede verse, un acto de esta clase excede todos los l�mites de la juridicidad y concentra en una persona facultades omn�modas que puede ejercitar sin limitaci�n violando todos los principios de derecho conocidos�.

�Pero al mismo tiempo que se viol� el art�culo 76, igualmente se viol� el art�culo 55 constitucional, por cuanto se invadieron funciones propias de la Rama Legislativa del Poder P�blico, y dicho art�culo establece que �el Congreso, el Gobierno y los Jueces, tienen funciones separadas...� Como la Constituci�n reserva al Congreso la facultad de interpretar, reformar y derogar las leyes, mal puede el Gobierno facultar al Ministro de Obras P�blicas par que interprete y modifique, ampl�e y reglamente el estatuto sobre construcci�n, reparaci�n, inspecci�n y clasificaci�n de embarcaciones fluviales�.

�Ordena el art�culo 85 de la Constituci�n que cuando ha sido aprobado un proyecto de ley, el Gobierno dispondr� que se promulgue como tal. La importancia de la promulgaci�n o publicaci�n de una ley o de un decreto es tal, que dicha norma ha sido consagrada en nuestra Constituci�n y desde luego desarrollada por el C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal (Ley 4� de 1913). Una norma que no ha sido promulgada, es desconocida por los asociados quienes por lo tanto no est�n obligados a su observancia y ya se vio que la Constituci�n ordena al Gobierno hacer dicha promulgaci�n. En el caso del Decreto 2049 a�n no se han publicado o promulgado las normas que se dice por �l haber sido adoptadas, a�n m�s, por el art�culo 3� acusado se facult� al Ministerio de Obras P�blicas para �ordenar la publicaci�n� desprendi�ndose as� el Gobierno de una facultad que no puede delegar y menos diferir en la forma que lo hizo. Casi dos a�os despu�s de expedido el Decreto 2049 no se ha hecho la promulgaci�n de las disposiciones que orden� adoptar y la forma fragmentaria escogida por el Departamento de Clasificaci�n del Ministerio de Obras P�blicas, ha sido la de enviar �circulares� sobre diversas materias a medida que los funcionarios de dicho Departamento lo estiman conveniente o inconveniente, apropiado o no, y lo que es m�s grave, sujeto a su simple voluntad o capricho y antojo. As�, pues, con el sistema que se ha seguido se viol� claramente el mandato del art�culo 85 de la Carta, lo mismo que los concordantes del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, como luego se ver�.

�El ordinal 3� del art�culo 120 de la Constituci�n dice que corresponde al Presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, �ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las �rdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes�.�

�Bien sabido es que el Presidente de la Rep�blica puede dictar decretos en desarrollo de las facultades antes mencionadas o en ejercicio de las facultades que le confieren los ordinales 11 y 12 del art�culo 76 y el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional�.

�Naturalmente el Decreto acusado no fue expedido en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del art�culo 76, ni tampoco con base en las facultades del art�culo 121 de la Constituci�n. El Decreto 2049 debe, por lo tanto, clasificarse entre los actos que corresponden al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa, pero es aqu� donde se configura una nueva violaci�n de las normas constitucionales, pues la facultad de ejercer la potestad reglamentaria expidiendo decretos nunca puede confundirse con el acto mismo de crear el derecho sustantivo, o sus equivalentes la ley o norma positiva, que fue lo que hizo el Gobierno al expedir el Decreto acusado. Hubo en este caso una clara extralimitaci�n de funciones y se viol� el art�culo 120, ordinal 3� de la Constituci�n Nacional�.

�Establece el art�culo 135 de la Constituci�n que pueden los Ministros ejercer determinadas funciones de las que corresponden al Presidente de la Rep�blica, cuando su delegaci�n ha sido se�alada por la ley�.

�Por el art�culo 2� del Decreto acusado se facult�, como antes se vio, al Ministerio de Obras P�blicas (ni siquiera al Ministro), para interpretar, modificar, ampliar, etc., el estatuto de navegaci�n. Al mismo tiempo, por el art�culo 4� acusado se estableci� que la publicaci�n de las normas adoptadas se har�a por el Ministerio de Obras P�blicas�.

�Las dos autorizaciones referidas, que violan otros preceptos de la Constituci�n como qued� anteriormente establecido, son una delegaci�n que mal puede el Presidente hacer, primero porque la facultad de interpretar las leyes no le corresponde, y segundo, porque la atribuci�n de promulgarlas le est� conferida al Gobierno y no hay ley que establezca que por un Decreto reglamentario pueden pasar a ser atribuciones de un Ministerio. Esta nueva y manifiesta violaci�n de una norma positiva, se agrega a todas las anteriores para que se decrete la nulidad pedida y se suspendan los efectos, provisionalmente, del Decreto 2040 de 1956�.

�Violaci�n del art�culo 52 del C�digo Pol�tico y Municipal (Ley 4� 1913)�.

�El art�culo 52 de este C�digo establece que la ley no obliga sino en virtud de su promulgaci�n y que �sta consiste en insertarla en el peri�dico oficial�.

�El Decreto 2049 fue publicado en el Diario Oficial n�mero 20137 de 18 de septiembre de 1956. Podr�a pensarse, por lo tanto, que con este acto se cumpli� con el requisito de la promulgaci�n. Sin embargo, por el texto mismo del Decreto, por la forma en que est� redactado y por la orden final que le da en su art�culo 4� al Ministerio de Obras P�blicas para la �publicaci�n de las normas adoptadas� se est� viendo que estamos frente a un acto administrativo expedido en forma especialmente irregular, ya que difiri� la publicaci�n de las normas, en lugar de haberlo hecho incluy�ndolas en el texto mismo del Decreto, si �l hubiese tenido alg�n respaldo legal. El sistema ideado, fue como se ha dicho, el de diferir la publicaci�n, haciendo un esguince legal que configura una manifiesta violaci�n de la norma contenida en el art�culo 52, que es claro en su letra y corresponde a nociones universales de derecho, seg�n las cuales no puede haber leyes o decretos ocultos cuyos mandatos no son conocidos ni siquiera por las mismas autoridades�.

�Si el mismo art�culo 52 establece que la observancia de las leyes principia dos meses despu�s de haber sido promulgadas, es evidente que la observancia del Decreto acusado no ha comenzado jur�dicamente a�n, pues como se vio, sus normas no han sido publicadas, y �por tratarse de disposiciones en su mayor parte nuevas o complementarias de la antigua reglamentaci�n -Decreto 2674 de 1942-, se han venido aplicando paulatinamente...�, seg�n consta en certificado del Departamento de Clasificaci�n de embarcaciones fluviales, otorgado por el mismo Jefe de dicho Departamento en julio 8 de 1958, y el cual se acompa�a a esta demanda. En el mismo certificado se establece que el requisito de la publicaci�n establecido por la ley, sin cuyo cumplimiento no es posible proceder a la aplicaci�n de norma alguna de car�cter t�cnico o administrativo, se ha venido cumpliendo por medio de circulares de tipo y caracter�sticas de la circular n�mero 4/56 de 1956, mencionada anteriormente. Por confesi�n de la dependencia del Ministerio de Obras P�blicas queda establecido que el sistema adoptado para la promulgaci�n de estas disposiciones ha sido el de �circulares�, lo cual viola el mandato legal seg�n el cual la promulgaci�n consiste en la inserci�n en el peri�dico oficial�.

�As�, pues, el Decreto 2049 viol� manifiestamente la norma del art�culo 52 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, por lo cual procede su anulaci�n y previamente la suspensi�n provisional�.

�Violaci�n del art�culo 56 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal�. �Dispone el art�culo 56 del C�digo Pol�tico y Municipal que �no podr� alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla, despu�s de que est� en observancia, seg�n los art�culos anteriores�, es decir, que s� podr� alegarse ignorancia de la ley antes de que est� en observancia, y por lo tanto no ser� obligatorio su cumplimiento. Por la certificaci�n a que antes se hizo menci�n se puede ver que la publicaci�n de las normas a que se contrae el Decreto acusado no se ha hecho o se ha hecho por medio de circulares, lo cual equivale a haber adoptado un sistema no contemplado por la ley�.

�Y no solamente no contemplado sino contrario a sus claras voces que ordenan que la publicaci�n debe ser hecha en el Diario Oficial, para que la observancia tenga vigor. Si se omiti� el requisito de la publicaci�n y se reemplaz� por el de circulares parciales, se incurri� en una violaci�n flagrante del art�culo que se comenta, lo mismo que del que se hizo menci�n en el aparte anterior. La jurisprudencia ha sentado como principio que �en Colombia promulgar y publicar, expresan una misma idea: insertar la ley en el peri�dico oficial, y se entiende consumado el fen�meno en la fecha del n�mero en que termina la inserci�n. Concluida �sta principia su observancia...� (Corte, G. J. n�mero 1920, p�gina 733, sentencia de 28 de abril de 1937).

Adem�s de la nulidad el demandante pidi� la suspensi�n provisional del Decreto antes transcrito, suspensi�n que fue negada seg�n providencia, del quince de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, del se�or Consejero doctor Ricardo Bonilla Guti�rrez, que la Sala de Decisi�n, integrada por los se�ores Consejeros Carlos Gustavo Arrieta, Andr�s Augusto Fern�ndez, Pedro G�mez Valderrama y Alejandro Dom�nguez Molina, con ponencia del �ltimo, reform� en parte, al suspender el art�culo 2� del Decreto ejecutivo n�mero 2049 de 23 de agosto de 1956.

La exposici�n del actor respecto al concepto en que el Decreto acusado viola las disposiciones que �l cita, puede resumirse toda ella en las siguientes razones:

1�. Que el Decreto n�mero 2049 de 1956 implica la intervenci�n que est� prevista en el art�culo 32 de la Constituci�n, esto es, la intervenci�n del Estado en una industria que s�lo puede hacerse por mandato de la ley.

2�. Que al expedir el Decreto 2049 de 1956 el Ejecutivo asumi� funciones legislativas, contraviniendo as� los art�culos 55 y 76 de la Constituci�n Nacional.

3�. Que expedido el Decreto en referencia debi� haber sido promulgado como ley con las normas adoptadas, y que, no habi�ndolo sido, se violaron los art�culos 85 y 120, ordinal 2� de la Constituci�n, y los art�culos 52 y 56 de la Ley 4� de 1913.

4�. Que �la facultad para ejercer la potestad reglamentaria nunca puede confundirse con el acto mismo de crear el derecho sustantivo, o su equivalente la ley o norma positiva, que fue lo que hizo el Gobierno al expedir el Decreto acusado, con lo cual se viol� el art�culo 120, ordinal 3� de la Constituci�n, y

5�. Que lo dispuesto en los art�culos 2� y 4� del Decreto viola el art�culo 135 de la Constituci�n, porque, por una parte, �la facultad de promulgar la ley est� conferida al Gobierno y no hay ley que establezca que por un decreto reglamentario pueden pasar (sic) a ser atribuciones de un Ministerio�. Y porque, por otra parte, lo all� establecido implica una delegaci�n de funciones que mal pod�a el Presidente hacer.

La tarea de inspecci�n se confunde con la funci�n propia del Gobierno y tiende a dar un m�nimo de seguridad a los asociados, pues en esto concluyen las medidas que se tomen en el orden de la moral y de la salud p�blicas. Regular el tr�nsito, el mercado de estupefacientes o el de la obscenidad literaria y gr�fica, todo tiene la misma finalidad. Esa funci�n elemental del Estado no ha impuesto el cap�tulo especial que en el derecho p�blico se ha hecho a la intervenci�n; no ha sido controvertido como ni ha presentado los mismos caracteres de imprecisi�n. Naci� con el poder mismo, no es producto especial de ninguna escuela pol�tica y es la raz�n fundamental de la vida asociada. Ella permite satisfacer urgencias primordiales del cuerpo social.

La Ley 84 de 1871 sobre Polic�a Mar�tima y Fluvial, en la que se establece desde la obligaci�n de llevar a bordo una m�quina de apagar incendios, hasta la de mantener una l�mpara encendida en un punto visible de la embarcaci�n, desde que se ponga hasta que salga el sol, cumple con esa elemental funci�n del Estado.

Las exigencias de la intervenci�n estatal y las realizaciones de �sta, ocurren sobre todo a partir de la primera gran guerra. Los pueblos comienzan a dejar o�r esa voz en sus Constituciones y los Estados comienzan a actuar conformes a ella. Se comprende entonces que no se trata sino de una funci�n de buen Gobierno, y que si sistematizada y ejercida en su plenitud hubiera representado una indebida intromisi�n o un atropello cuando la vida f�cil de las naciones permit�a que a�n se reflejara en �stas la gran imagen de la ciudad Estado, no cumplir con esa funci�n hoy es fomentar el desorden social, patrocinar el abuso y la debilidad colectiva. Lejanos ya los buenos tiempos en que Emerson pod�a desear �menos Gobierno, menos leyes, menos delegaci�n de poder� para que el ciudadano gozara de mayor libertad, y en que Spencer, adem�s de calificar a la Administraci�n oficial cono una bestia, pod�a protestar por haber �demasiadas leyes�, se llega a aceptar como un deber de los que gobiernan gobernar hasta donde el derecho natural lo permita y las necesidades p�blicas lo demanden. Y esto precisamente como un medio de restablecer el desequilibrio en las libertades. Lo que s� se presenta es el desacuerdo en cuanto al modo y t�rminos de la intervenci�n, pues mientras para algunos ella debe limitarse a estimular o complementar la iniciativa privada, para otros debe sustituirla. Todo depende de la noci�n que se posea respecto al hombre y respecto al Estado: de ah� pueden surgir o la intervenci�n propiamente dicha o el estatismo absoluto.

Como efecto de la nueva actitud del Estado viene la empresa de la econom�a dirigida, o al menos donde no se planifica la producci�n, vienen las medidas que regulan la distribuci�n y el consumo y las que cuidan especialmente al obrero. Se toca al ciudadano en una materia que le es singularmente sensible como es la libertad de contrataci�n, pero termina por prevalecer lo que se tiene como el verdadero bien p�blico.

Naturalmente tocar as� substancias tan nobles no ocurre por primera vez en la historia de los actos de autoridad, desde luego que en Roma, por ejemplo, ya la ley de las �Doce Tablas� fijaba el m�ximun de inter�s, y que el Prefectus Annonae fijaba el mayor precio de los productos agr�colas. El mismo sentido tienen las leyes agrarias propuestas por los hermanos Gracos. Tambi�n, si se rastrea en nuestra legislaci�n anterior al canon constitucional que consagr� la intervenci�n del Estado, no dejar�n de encontrarse medidas que configuren la mencionada acci�n de Poder P�blico. Pero como preocupaci�n capital o gran empresa, la intervenci�n s�lo se presenta en los tiempos �ltimos. Es entonces cuando se habla de �racionalizaci�n�, voz por la que se entiende un conjunto de medios t�cnicos para mejorar la econom�a global, y a la que califican algunos de �voz fetiche�, por los poderes que se le atribuyen, los fervores que ha suscitado y las frustraciones que es posible esperar. De la racionalizaci�n de la producci�n, de la distribuci�n y del consumo de las riquezas, habla el art�culo 32 de nuestra Constituci�n.

En todo caso la facultad que el Estado tiene en virtud de lo dispuesto en el art�culo mencionado, es cosa distinta de la que se da a las autoridades en el art�culo 39; y si el ejercicio de la primera s�lo se puede verificar mediante una ley previa, no sucede lo mismo en cuanto hace a la facultad de inspeccionar los oficios y profesiones en orden a la seguridad de los asociados. En consecuencia, el supuesto de que parti� el demandante resulta falso, ya que la funci�n ejercida por medio del Decreto acusado, no es de aquellas a que se refiere el art�culo 32, no se trata de una medida legislativa ni de un acto que pretenda sustituirla. Por lo mismo tampoco era rigurosa la promulgaci�n de ella como se consigna en la demanda, esto es, en la forma prescrita en el art�culo 52 de la Ley 4� de 1913. La ley -dice este art�culo- no obliga sino en virtud de su promulgaci�n, y su observancia principia dos meses despu�s de promulgada. La promulgaci�n consiste en insertar la ley en el peri�dico oficial y se entiende consumada en la fecha del n�mero en que termine la inserci�n. (Esta disposici�n se refiere a la ley formal, a la que se define en el art�culo 4� del C�digo Civil como �una declaraci�n de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constituci�n Nacional)�. Tambi�n a la ley formal se refieren los art�culos 85 y 120, numeral 2� de la Constituci�n Nacional.

Resulta por tanto que los art�culos 32, 85 y 120 de la Carta, no resultan violados en el concepto que enuncia el actor, o sea por equivaler el Decreto acusado a una declaraci�n de voluntad soberana en un acto de intervenci�n estatal. Pero si aun prescindiendo de este concepto, que es el expuesto en la demanda, se quisiera hacer consistir la violaci�n en la falta de promulgaci�n del Decreto, se tendr�a que �ste s� fue promulgado como se acredita con el Diario Oficial que acompa�� el demandante. Y si lo que el actor a ese respecto echa de menos es la falta de promulgaci�n de las normas adoptadas por la providencia enjuiciada, se encuentra, que como lo anot� el se�or Consejero doctor Bonilla Guti�rrez, a la fecha de la demanda varias de esas normas hab�an sido publicadas en forma de circulares dirigidas por el Ministerio de Obras P�blicas a las empresas interesadas, lo que equivale a la promulgaci�n de las mismas, y de donde resulta que apenas las as� conocidas tengan car�cter obligatorio. Por otra parte la Sala, con ponencia del se�or Consejero doctor Dom�nguez Molina, y al conocer el recurso de s�plica contra el auto que neg� la suspensi�n provisional, observ� adem�s que la consecuencia de la falta de publicaci�n no ser�a la invalidez del acto sino la carencia de car�cter obligatorio. Agreg� la Sala que como antecedentes de que por un Decreto se adopten unas normas que no se incorporan al mismo, est�n los decretos por los cuales el Gobierno Nacional adopt� para la Naci�n el C�digo de Minas de Antioquia y el del Comercio de Panam�.

Por lo que hace al art�culo 56 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, seg�n el cual �no podr� alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla, despu�s de que est� en observancia�, disposici�n que tambi�n se estima violada, no implica ella un precepto positivo que imponga una norma a la Administraci�n, sirio que entra�a una advertencia a los ciudadanos. En manos de �stos est� el cumplirla o infringirla; pero de esta violaci�n especial�sima no conoce esta Rama de la Administraci�n de Justicia.

El Decreto n�mero 2049 de 1956, es un Decreto reglamentario que expidi� el Gobierno Nacional con fundamento en la Ley 4� de 1907, cuyo art�culo 1� dice: �El Poder Ejecutivo tiene inspecci�n sobre todas las empresas p�blicas de conducciones y transportes, derecho que ejerce el Ministerio de Obras P�blicas y Fomento por medio de agentes encargados, unos de la Inspecci�n T�cnica y otros de la Administrativa�.

Conforme a su idea de que el Decreto 2049 de 1956 implica un acto de intervenci�n estatal, el demandante afirma que la facultad de promulgar la ley est� confiada al Gobierno, y que no hay ley que establezca que por Decreto reglamentario esa facultad pueda pasar a ser atribuci�n de un Ministerio. Como se dijo anteriormente, lo expuesto por el actor puede valer en cuanto a la ley formal. Pero, no trat�ndose de ella y no habiendo, por el contrario, precepto alguno que impida autorizar a un Ministerio para ejercitar el acto material de hacer conocer, o publicar un reglamento, la objeci�n mentada no tiene alcance jur�dico.

Efectivamente la Ley 202 de 1936, que dio desarrollo al art�culo 135 de la Constituci�n, no incluye entre las funciones presidenciales que pueden ser delegadas la de ejercer la potestad reglamentaria. Expresa en el ordinal a) del art�culo 1� que el Presidente podr� delegar la funci�n de �expedir las �rdenes necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes y de los Decretos reglamentarios�. Pero siendo esto cosa distinta a modificar y ampliar un reglamento, lo que equivale llana y paladinamente a ejercer la potestad reglamentaria misma, no cabe duda de que el art�culo 2� del Decreto 2049 de 1956, viola el art�culo 135 de la Carta. As� lo estim� la Sala en la providencia del 29 de julio de 1959, y as� lo considera ahora.

El se�or Agente del Ministerio P�blico, doctor Uladislao Dom�nguez, en su bien fundamentado estudio sobre este negocio, es de parecer que se nieguen las peticiones de la demanda. Es decir, no cree �l que haya fundamento para acceder siquiera a la nulidad del art�culo 2� del Decreto acusado. Como se ha visto, la Sala respecto a este punto difiere del pensamiento del se�or Fiscal.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

1�. Declarase nulo el art�culo 2� del Decreto- ejecutivo n�mero 2049 de agosto 23 de 1956.

CARLOS GUSTAVO ARRIETA.- RICARDO BONILLA GUTI�RREZ.- ALEJANDRO DOM�NGUEZ MOLINA. FRANCISCO ELADIO G�MEZ G.- JORGE A. VEL�SQUEZ.- GABRIEL ROJAS ARBEL�EZ.