100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032585AUTO-- Seleccione --nullnull196131/10/1961AUTO_-- Seleccione --_null_null___1961_31/10/1961300325831961EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEOS – Reglamentación
Sentencias de NulidadRicardo Bonilla GutiérrezGONZALO GAITANDecreto 1348 de 1961Identificadores10030121840true1214679original30119968Identificadores

Fecha Providencia

31/10/1961

Sala:  -- Seleccione --

Sección:  null

Subsección:  null

Consejero ponente:  Ricardo Bonilla Gutiérrez

Norma demandada:  Decreto 1348 de 1961

Demandante:  GONZALO GAITAN


EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEOS – Reglamentación

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: RICARDO BONILLA GUTIERREZ

Bogota treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961)

Radicación número:

Actor: GONZALO GAITAN

Demandado:

Por venir ajustada a la ley, debe admitirse la anterior demanda intentada por el doctor Gonzalo Gaitán en ejercicio de la acción de nulidad contra algunas disposiciones del Decreto número 1.348 de 20 de junio de 1961 por el cual se reglamenta la Ley 10° de 16 de marzo de I961 y como el demandante ha pedido la suspensión provisional de las disposiciones que impugna, de acuerdo con los artículos 94 y 95 del C. C. A., se procede a resolver lo relativo a esa medida provisoria.

Formuló la solicitud en los siguientes términos.

Del estudio que dejo hecho aparece evidente que las disposiciones acusadas violan manifiestamente normas de carácter superior violación que se advierte prima facie y por eso solicito muy respetuosamente la suspensión provisional de ellas (artículos 94 y 95 del Código de lo Contencioso Administrativo)

Por cuanto en el último de los citados artículos se dispone que la solicitud de suspensión provisional se resuelva por el sustanciador en el mismo auto en que la demanda se admite, se procede a estudiar las disposiciones del Decreto 1.348 del presente año por el cual se reglamenta la Ley 10% de 16 de marzo de 1961 que han sido objeto de la demanda de nulidad en relación con los cargos de violación de normas superiores que se les formulan por el demandante.

Este examen preliminar de la cuestión debe, por tanto, reducirse a decidir si la violación de normas superiores en que se afirma haberse incurrido en las disposiciones reglamentarias impugnadas aparece de manifiesto en éstas al compararlas con las reglas de superior jerarquía citadas por el actor y dentro del concepto en que él afirma haber sido infringidas éstas por aquéllas.

El propio demandante, en el Capítulo del libelo titulado "Bases de la demanda", hace un resumen de la cuestión qué plantea, antes de entrar en el examen de cada una de las disposiciones acusadas en frente de las de orden superior que considera infringidas. Dice así el demandante:

De esta confrontación podrá deducirse sin mayor esfuerzo mental, que el Gobierno excedió visiblemente la potestad reglamentaria, violando así la propia ley que pretendió reglamentar, algunas disposiciones del Código de Petróleos, otras de la Carta Fundamental y muy especialmente el ordinal 3° del artículo 120 de esta misma Carta, que otorga al Presidente de la República la potestad reglamentaria y deslinda la órbita dentro de la cual puede moverse al ejercitar esta función constitucional.

Véase ahora cada una de las disposiciones impugnadas y el cargo de ilegalidad que se le formula:

Artículo 8o del Decreto

Se refiere a las propuestas que se presenten en adelante para exploración y explotación de petróleo en zonas cuyo subsuelo pertenezca a la
Nación y dice:

Para estimar la capacidad económica del proponente, con la documentación exigida por el artículo 125 del Código de Petróleos y demás disposiciones pertinentes, deberá acompañarse a la propuesta el programa de inversiones proyectadas y el presupuesto para el período inicial de exploración. Los mismos requisitos se exigirán para el caso de traspaso de concesiones.

Para la calificación de la capacidad económica de que trata este artículo, se requiere el concepto previo del Consejo de Petróleos.

Queda en estos términos reformado el aparte e) del artículo 126 del Código de Petróleos

Sostiene el demandante que ha habido desviación del poder reglamentario, por cuanto el artículo 6° de la ley dice en lo pertinente:

La capacidad económica se estimará para cada, caso, tomando en cuenta:

1. Las obligaciones contraídas por los proponentes hasta la fecha en el país por razón de otros contratos de petróleos.

2. Las obligaciones que va a asumir de acuerdo con el nuevo contrato.

En opinión del demandante la transcrita disposición de la ley está completa, y no requiere complementarse en la reglamentación. La capacidad económica del proponente, según él, debe estimarse por el Gobierno teniendo en cuenta sólo esos dos factores.

Y refiriéndose al programa de inversiones y el presupuesto inicial exigidos en el artículo 8° del Decreto dice.

Estas exigencias no están contenidas ni implícita ni explícitamente en la disposición reglamentada ni en las disposiciones legales vigentes que determinan cuáles son las obligaciones del concesionario en el período de exploración y que se hallan contenidas en las Leyes 37 de 1931, 160 de 1936, 18 de 1952 y 10 de 1961. Los requisitos exigidos son extralegales y el Decreto incurrió en lo que el inciso 2° del Art. 66 del Código de lo Contencioso Administrativo llama abuso o desviación de poder, que lo hace nulo.

Considera el suscrito Consejero que parece un factor necesario para medir la capacidad económica del proponente, en relación con las obligaciones que va a contraer, el previo conocimiento de la cuantía de las inversiones que ha de llevar a cabo en el período inicial de exploración con taladro, es decir, durante los tres años subsiguientes al perfeccionamiento del contrato si recae sobre terrenos de la zona Norte Occidente, o los cuatro, si sobre las zonas Este y Sureste, de conformidad con el artículo 8° de la misma ley.

Este le obliga a perforar con taladro un mínimo de 2.000 metros en uno o varios pozos. Y eso trabajos tendrán que iniciarse por lo menos seis meses antes de vencerse el período inicial de exploración. Es claro, entonces, que el proponente deberá calcular ese gasto y contar con los medios económicos para efectuarlo.

Además, las prórrogas sólo pueden concederse a los que presenten el plan de actividades a desarrollar con una perforación mínima de 4.000 metros en busca de petróleo en uno o varios pozos, como lo ordena el artículo 8° de la ley reglamentada.

Por lo dicho, no aparece a primera vista desviado el uso que de su poder reglamentario hace el Gobierno al imponer al proponente en orden a apreciar su capacidad económica en cuanto a las obligaciones que va a asumir que acompañe a la documentación exigida por el artículo 125 del Código de Petróleos el programa de inversiones proyectadas y el presupuesto para el período inicial de exploración.

Con el artículo 8° del Decreto se completa el ordenamiento legal en este punto, ya que, como se observó atrás, la ley exige el programa de actividades para las prórrogas, y de ese programa lógicamente debe formar parte el presupuesto o cálculo de su costo.

No procede, por lo dicho, suspender provisionalmente el artículo 8° del Decreto.

Artículo 9o del Decreto:

Impugna el demandante este artículo por considerar que en él se desvía la potestad reglamentaria. El artículo dispone que a partir de los veinte años del período de explotación el concesionario deberá incluir dentro de las inversiones previstas por el Código de Petróleos las partidas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones, equipos, bienes muebles e inmuebles, etc., objeto de reversión al Estado. Agrega el impugnador que no sólo no hay base en la ley reglamentada ni en el Código de Petróleos para dictar la disposición transcrita, sino que el artículo 33 del mismo Código establece que sólo son objeto de reversión al Estado los inmuebles.

AI respecto se observa.

Primero. En el inciso final del artículo 27 del C de P. se autoriza al Gobierno para reglamentar la inversión mínima anual durante la explotación. Y el ordinal 8° del artículo 68 sanciona con la caducidad el incumplimiento de esa reglamentación.

Segundo. Haciendo uso de aquella facultad el Gobierno reglamentó las inversiones. En efecto, en el artículo 160 (disposiciones reglamentarias del C. de P.) después de fijarse el mínimo de inversiones anuales en los diferentes períodos de explotación que allí se establecen, se dice en el inciso 6o: "Al computar el gasto mínimo obligatorio no se incluirá el costo de maquinaria, herramientas y otros elementos de trabajo sino cuando estén situados dentro del límite de la zona de la concesión o en el lugar a donde vayan a ser usados para el servicio de la empresa".

Así, pues había ya una norma reglamentaria que autorizaba la inclusión del costo de bienes muebles que se pusieran en los terrenos en explotación afectos a ella, para el efecto de fijar las inversiones mínimas obligatorias. Y parece lógico que el costo a que se refiere el citado artículo no se limite al valor de adquisición sino que se extienda a los gastos necesarios de mantenimiento. La supresión en la Ley 10 de 1961 de la prórroga optativa de diez años que se preveía en el inciso final del artículo 23 del C. de P. parece haber creado la necesidad de velar por el buen mantenimiento de todos los bienes afectos a la explotación, como se prevé en el artículo impugnado, complementando lo reglamentado en el artículo 160 del C. de Petróleos.

Por lo demás, aunque es verdad que los muebles puestos por el explotador no revierten al Estado, según el artículo 33 del C. de P., también es cierto que el contratista tiene la obligación de vendérselos si así se lo exige dentro de los noventa días siguientes a la terminación del contrato , como lo dispone el mismo artículo. Y siendo muy posible que se presente desacuerdo entre las partes contratantes sobre la calidad de simples muebles o de inmuebles por destinación que tengan algunas cosas, a la luz del Código Civil, se prevé en el mismo artículo que el punto de desacuerdo sea sometido a dictamen de árbitros.

De lo anteriormente dicho se infiere que el Estado tiene legítimo interés en que se mantengan en buenas condiciones durante el período final de la explotación no solamente las cosas que puedan calificarse inequívocamente de inmuebles, sino aquellas que sean legalmente muebles, según el veredicto final de los peritos, si hay lugar a ello. Y tan cierto es que la Nación está interesada en el buen mantenimiento de ese conjunto de cosas afectas a la explotación que puede, en cualquier tiempo, como lo dice el inciso final del artículo 33 impetrar las providencias conservatorias que le convengan para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del contratista, el campo petrolífero o sus instalaciones y dependencias", entre las cuales no puede menos de pensarse que estén incluidas todas aquellas cosas muebles por naturaleza, pero inmuebles por destinación, cuya calidad legal aún no se ha definido (susceptibles ellas de revertir al Estado) y también las que a la postre sean calificadas de simples muebles, porque sobre ellas, por su utilidad para proseguir la explotación, puede el Estado ejercitar el derecho de compra.

Por las consideraciones que se han hecho hasta aquí no se encuentra, prima facie, la desviación de la potestad reglamentaria que el demandante le atribuye al artículo 9° del Decreto, y no procede la suspensión provisional del artículo 9° del Decreto.

Artículo 10° del Decreto

Dice así: "Los datos y documentos sobre actividades de exploración y explotación de que trata el artículo 28 del Código de Petróleos, se entregarán al Ministerio antes del 1° de marzo siguiente al año calendario o parte del mismo a que se refieren. La memoria contendrá un informe documentado sobre la realización del programa de inversiones y actividades de conformidad con las normas que dicte el Ministerio".

El demandante lo tacha de ilegal por cuanto modifica el artículo 28 del Código de Petróleos, que establece la obligación de presentar el informe al final del período anual de trabajo. Y porque, además, el citado artículo establece que el informe anual se refiere al respectivo año del período de exploración y explotación.

También es calificado de ilegal el artículo trascrito porque el artículo 28 del C de P. no condiciona el informe a ningún requisito especial, en tanto que el impugnado exige que la memoria contenga un informe documentado sobre la realización del programa de inversiones y actividades de conformidad con las normas que dicte el Ministerio. Al respecto comenta el demandante: "El concesionario, salvo para la prórroga, no está hoy obligado a presentar programa previo de actividades".

Sobre el punto planteado se considera:

La primera parte de la acusación se refiere a que el artículo 28 del C. de P. parece referirse a períodos anuales que se cuentan desde cuando el contrato entra en vigor y el artículo impugnado a años del calendario.

El demandante considera que el Gobierno debe ceñirse rigurosamente a la letra del artículo 28 en cuanto a la fecha del informe. Sin embargo, parece que lo esencial de la disposición del artículo 28 es la obligación de informar anualmente sobre los puntos de que allí se trata. Es cuestión de conveniencia del Gobierno, y también del contratista, que tales informes anuales se acomoden al año calendario, para muchos efectos de orden práctico. Inclusive, es más amplio el plazo concedido para la rendición del informe en el artículo impugnado (dos meses) que el de un mes, previsto en el artículo 163 de las disposiciones reglamentarias del C. de Petróleos.

La contradicción de la norma impugnada con la esencia misma de la disposición legal que se cita no es evidente prima facie, ni se ve perjuicio alguno, y sí muchas ventajas prácticas, para que la obligación legal de rendir el informe periódico establecido en el artículo 28 del Código se cumpla por anualidades del calendario y no precisamente por año de vigencia del respectivo contrato.

En cuanto a la segunda parte de la impugnación, o sea la de que la disposición impugnada establece un requisito sobre programa de actividades que sólo está contemplado para las prórrogas y uno de inversiones que no está previsto en la ley, debe tenerse en cuenta: 19 Que el artículo 8º de la ley reglamentada establece para el período inicial de exploración una obligación mínima de perforación con taladro que justifica aún en este período la elaboración del programa de actividades que se piensa desarrollar el año siguiente. 2º Que si se impone en la legislación (como lo reconoce el demandante y es patente en el quinto inciso del artículo 89 de la Ley 10°), para obtener cada una de las prórrogas anuales presentar up programa de las actividades que se proyectan para el año siguiente, el presupuesto de las respectivas inversiones es un elemento sustancial de ese programa.

De lo dicho se concluye que no aparece evidente la ilegalidad del artículo 109 del Decreto por ninguno de los conceptos por los cuales se le impugna. No hay, pues, lugar a suspenderlo provisionalmente.

Artículo 11 del Decreto

Dice este:

Los límites máximo y mínimo para el área de los contratos de exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional de que trata el artículo 69 de la Ley 10° de 1961, se entienden opcionales, tanto para los proponentes como para el Gobierno.

“El Gobierno sólo podrá ejercer la opción allí indicada mediante resolución ejecutiva de carácter general, debidamente publicada en el Diario Oficial y en la cual se determine la extensión territorial máxima, que concederá en determinadas zonas del territorio nacional”.

Lo impugna el demandante en los siguientes términos:

Establece este artículo una OPCION para el Gobierno, no contemplada ni en la Ley 10° en el Código de Petróleos.

Para el proponente siempre ha sido opcional solicitar el número de hectáreas que crea conveniente para su negocio, dentro del mínimo y el máximo que establece la ley, en las dos zonas petrolíferas en que está dividido el país. Para el Gobierno no: si el proponente solicita un número determinado de hectáreas, dentro de estos límites, y por otra parte, su propuesta reúne todos los requisitos legales, el Gobierno deberá otorgarle el número de hectáreas que requiera, sin poderlas aumentar o disminuir.

“La opción que establece el artículo impugnado en favor del Gobierno, no la autoriza la ley. El Gobierno sólo puede moverse dentro del máximo y el mínimo de hectáreas que autoriza el artículo 6o de la Ley 10.

“La opción en favor del Gobierno seria muy grave, bajo otro punto de vista, para la industria del petróleo. Los concesionarios quedarían en el dilema, o de no aceptar el número de hectáreas que le fije el Gobierno, o de aceptarlas con menoscabo de las proyecciones del negocio. Es el concesionario, de conformidad con la ley, el que puede apreciar la extensión territorial que le convenga, según los resultados de los estudios que haga para formular la propuesta.

“La ilegalidad e inconstitucionalidad del artículo 11 resulta flagrante, en consecuencia”

El cargo, es pues, bastante vago. No se precisa cuáles disposiciones superiores se consideran violadas directamente por este artículo.

En rigor, bastaría esa consideración para no tener en cuenta, por ahora, el cargo que se le formula, pues para los efectos de la suspensión provisional es más indispensable que para el fallo la cita concreta de la norma superior violada, ya que sólo una comparación entre ella y la disposición que se dice infringida permitirá llegar a primera vista a la evidencia de la violación. No obstante, por la trascendencia del asunto y con el ánimo de colaborar en el estudio del problema traído por el distinguido demandante al conocimiento de esta jurisdicción, se adelantan las siguientes observaciones:

La Ley 10 de 1961 ha previsto que no todos los terrenos concebibles por el Estado par exploración y explotación de su subsuelo petrolífero se someterán a las reglas de la contratación ordinaria. Tal es el alcance de lo establecido en los artículos 11 y 12, relacionados entre sí y con otras disposiciones de la nueva ley.

El demandante dice que "el Gobierno sólo puede moverse dentro del máximo y el mínimo de hectáreas qué autoriza el Art. 6o de la Ley 10

Teniendo en cuenta que esta afirmación parece implicar que al artículo 11 del Decreto se le formula el cargo de contravenir a lo dispuesto en el citado artículo de la ley, hay que ver si a primera vista puede advertirse tal violación.

El legislador de 1961 sustituyó el artículo 22 del Código por el 6o de la Ley 108. Y decía el penúltimo inciso del artículo 22:

Todo contratista podrá devolver, previo aviso al Gobierno, a partir del final del segundo año de perfeccionado el contrato, y de año en año, en todo el período de la exploración, lotes no menores de cinco mil (5.000) hectáreas y de longitud que sea aproximadamente dos y media (2V2) veces la latitud.

En el artículo 6o de la Ley 10 se repitió literalmente en uno de sus incisos lo trascrito.

El artículo 6° dice en otro aparte:

Ningún concesionario que haya renunciado o abandonado una concesión podrá solicitarla nuevamente, ni por sí ni por interpuesta persona, dentro de los dos (2) años siguientes a la aceptación de la renuncia o a la declaratoria de abandono. Los terrenos renunciados quedarán inmediatamente libres para contratar en las condiciones previstas en el artículo 12 de esta ley

La expresión "terrenos renunciados" parece comprender lógicamente los que hayan sido devueltos o se devuelvan al Estado a partir del segundo año de exploración con taladro, puesto que devolverlos voluntaria mente equivale a renunciar a la concesión respecto de ellos. Si esto es así los terrenos que se hubieran devuelto y quedaron libres antes de la vigencia de la Ley 108 de 1961, pasan, por mandato del artículo 12 de ésta, a integrar las zonas que al tenor del artículo 11 de la misma, podrán ser contratadas en forma diferente y más ventajosa para el Estado que la ordinaria.

A las zonas renunciadas antes de la ley o a las que se renuncien bajo su vigencia se agregan aquellas correspondientes a los contratos que hayan sido objeto de caducidad o lo sean en el futuro, como lo dispone el artículo 12.

Y a toda esa extensión de subsuelo nacional petrolífero cuya exploración y explotación puede el Estado contratar en las condiciones especiales del artículo 11 de la Ley 10 debe agregarse la correspondiente a las áreas que en lo sucesivo fueren devueltas por los concesionarios en virtud del artículo 10° de la misma, áreas que deberán ser iguales a la mitad de la extensión contratada.

Se tiene entonces que respecto de todas esas zonas podrá el Gobierno contratar la exploración y explotación en condiciones más ventajosas que las establecidas en el Código de Petróleos y demás disposiciones que lo adicionan y reforman, según el ordinal b) del artículo 11 citado.

Las previsiones de la Ley 10 que acaban de citarse permiten deducir que al menos en cuanto a los terrenos de que ellas tratan y que el Gobierno está autorizado a contratar en condiciones más ventajosas caben normas reglamentarias como la contenida en el artículo 11 del Decreto. Esto sin perjuicio de un estudio más detenido de la cuestión, al que dará lugar la secuela del juicio.

Aun cuando en el artículo impugnado se emplea la palabra opción parece claro que la determinación correspondiente no se tomará en presencia de la solicitud de concesión para recortarla como lo teme el demandante sino antes, en forma general y abstracta, sin consideración subjetiva alguna, por medio de resoluciones publicadas en el Diario Oficial. Y para evitar hacer uso de una inconveniente discrecionalidad ante casos concretos se anticipa la norma reglamentaria a estatuir el procedimiento para señalar de antemano las zonas en que el máximo de la extensión concebible puede reducirse.

Es suficiente lo explicado para que no se encuentre manifiesta violación de las disposiciones de la ley y el Código por el artículo 11 del Decreto 1.348 de 1961, en cuanto éste prevé que puede señalar el Gobierno por medio de resoluciones generales "la extensión territorial máxima que concederá en determinadas zonas del territorio nacional", facultad que en el artículo se denomina opción.

No procede, pues, la suspensión provisional del artículo 11.

Artículo 12 del Decreto

Dice así: Se entiende que una concesión entra en período de explotación cuando a juicio de las dos partes contratantes hubiere un mínimo de instalaciones tales como tanques de almacenamiento, separadores de gas, planta de desalación y deshidratación y medios de recolección de crudo y gas, de transporte adecuado para el crudo, así como un volumen de producción efectiva, que a juicio de las partes y de acuerdo con estudios técnicos y económicos preliminares sobre reservas probables del yacimiento descubierto, garanticen una producción comercial de tales reservas.

Si el Ministerio, con base en los hechos anteriores y previa la práctica de una inspección ocular no decidiere autorizar la iniciación del período de explotación, podrá otorgar al concesionario un período prudencial durante el cual pueda subsanar las deficiencias anotadas y vender el petróleo crudo extraído o que extraiga; en tal caso la participación del Estado se liquidará en forma provisional, sin que por ello se entienda que la concesión ha entrado en la etapa de explotación comercial, ni prorrogados los períodos legales de explotación o exploración.

Quedan en los anteriores términos sustituidos los artículos 148 y 149' del Código de Petróleos

En concepto del demandante: Quebranta este artículo las disposiciones contenidas en los artículos 22, 23 y 30 del Código de Petróleos. La terminación del período de exploración y la iniciación del período de explotación, no pueden quedar legalmente a voluntad del Gobierno. El límite entre estos dos períodos está establecido claramente en la ley y no puede ser variado por el reglamento, so pena de rebasar la potestad reglamentaria. A propósito dice el inciso 9° del artículo 23 del Código de Petróleos.

Terminado el plazo de la exploración, el contratista deberá dar principio a la explotación comercial de la concesión en los términos previstos por este Código. Y los incisos anteriores de este artículo fijan con claridad el cierre o término del período de exploración, atendidas las prórrogas, a que según ellos, el contratista tiene derecho. Si, pues, la ley fijó con precisión el límite entre los dos períodos dichos de exploración y explotación, el Decreto reglamentario no puede variarlos. Por otra parte, el artículo 30 del Código de Petróleos autoriza expresamente al contratista y sólo a él "para principiar los trabajos de explotación en cualquier época del período de exploración", con el solo requisito de dar aviso al Gobierno, acompañando los planos, cartas geológicas y memoria descriptiva referentes al área que desee poner en explotación".

De conformidad con las disposiciones del Código de Petróleos no puede quedar a merced del Ministerio autorizar o no la iniciación del período de explotación. Este último período se inicia AUTOMATICAMENTE al vencimiento definitivo del período de explotación, o antes, a opción del contratista

Además, según este inconsulto artículo 12, se crea, sin base legal, un período especial en el contrato, que no es ni de exploración ni de explotación y en abierta pugna con las disposiciones del Código de Petróleos

El estudio de la impugnación del artículo 12 se facilita porque el demandante cita con precisión las normas que considera quebrantadas.

El artículo 22 del C. de P. como se dijo ya ha sido sustituido íntegramente por el 69 de la Ley 10 de 1961. Bastaría esa consideración para no tener en cuenta el cargo respecto al quebrantamiento de aquella disposición. A esto debe agregarse que ninguna relación se halla entre el artículo 22 (ni en su texto anterior ni en su texto actual, que es el del artículo 6 de la Ley 10) con el artículo 12 del Decreto cuya impugnación se estudia.

En cuanto al artículo 23 del C. de P., relativo a las concesiones en la llamada región occidental, ha de advertirse que él quedó modificado por el 89 de la Ley 10 de 1961. Y el artículo 24, aplicable sólo a las regiones del Este y Sureste quedó igualmente modificado por el mismo artículo.

Las modificaciones se refieren a la duración de los períodos de exploración con taladro y a las obligaciones concretas de metros que se deban perforar en cada período y anualidad.

Se examina el cargo de violación del artículo 23 del C. de P.

La definición de lo que se entiende por exploración que trae ese artículo parece clara el conjunto de trabajos geológicos superficiales y los de perforación con taladro tendientes a averiguar si los terrenos materia de la concesión contienen o no petróleo en cantidades comercialmente explotables.

En cambio, no dice el artículo y acaso no podría decirlo en términos generales por la variabilidad de los factores que pueden determinar la calidad de comercialmente explotable de un yacimiento en qué consiste la explotación económica o exportación comercial.

En el mismo artículo 23 del C. de P. se decía, por ejemplo, en un supuesto que no subsiste para contratos futuros: Si al final del octavo año el contratista no ha encontrado petróleo en cantidad comercial explotable, el Gobierno le concederá una prórroga….", pero ningún dato da sobre cómo y quién califica la productividad comercial del terreno que se ha estado explorando en busca de petróleo económicamente explotable.

Y dice otro inciso del artículo 23:

Terminado el plazo de la exploración, el contratista deberá dar principio a la explotación comercial de la concesión en las condiciones previstas en el Código". Pero subsiste la duda, que la ley no despeja: ¿Qué se entiende o debe entenderse por explotación comercial y quién está autorizado para calificar la calidad de comercialmente expoliarle

No parece que por el hecho de haberse vencido el término de la exploración comience automáticamente el de la explotación comercial, pues ésta depende del resultado obtenido hasta entonces y de circunstancias de hecho independientes del plazo, aun cuando se supone que el contratista hay hecho por lo menos lo que la ley y el contrato le imponen para obtener una producción que corresponda al indefinido concepto de explotación comercial.

El artículo 23 no contiene, pues, disposición alguna que aparezca ostensiblemente violada por el artículo 12 del Decreto. Al contrario, parece dejar campo a que la reglamentación establezca lo que deba entenderse por explotación comercial y a quién corresponde calificar la comerciabilidad o no comerciabilidad de la explotación.

Véase ahora si el artículo 12 del Decreto viola ostensiblemente el artículo 30 del C. de P. Este dice que "el contratista podrá principiar los trabajos de explotación en cualquier época del período de exploración dé acuerdo con los artículos 23 y 24 de este Código, dando aviso al Gobierno, aviso al cual acompañará los planos.

Como se ve, el artículo 30 se remite a los artículos 23 y 24. Analizado ya el 23 en relación con el artículo 12 del Decreto, se ha hecho notar que él sólo deja flotando la duda sobre lo que deba entenderse por explotación comercial. El artículo 24 del C. de P. relativo exclusivamente a las concesiones de la región del Este y Sureste arroja alguna luz para entender que la explotabilidad comercial no comienza automáticamente al vencerse el plazo de la exploración y, además, que ese concepto supone claramente no sólo una producción importante y susceptible de dejar utilidades, sino la existencia de instalaciones adecuadas para una producción continua en condiciones económicas y la de los consiguientes medios de transporte. Así lo da a entender el último inciso de ese artículo cuando habla del aplazamiento prudencial que para iniciar la explotación el Gobierno puede dar al concesionario si antes de vencerse la última prórroga del período de exploración se la solicita motivadamente "por el tiempo indispensable para la construcción del oleoducto que haya de servir la respectiva concesión y para que el contratista efectúe los cálculos de las reservas probables del petróleo descubierto". Y luego añade: "La fecha que el Gobierno señale, de conformidad con esta disposición, servirá de base para computar a partir de ella el término del período de explotación.

La consecuencia de lo analizado respecto del artículo 30 es, por tanto, que no lo viola ostensiblemente el artículo 12 impugnado y, que más bien podría decirse que tanto él como los artículos 23 y 24 dejan un interrogante en cuanto a lo que debe entenderse por explotación comercial y cómo, cuándo y quién puede decidir en qué fecha se inicia esa clase de explotación, para todos los efectos legales y contractuales.

Tal vez por eso el artículo 218 de la parte reglamentaria del C. de P. en su segundo inciso dice que "La iniciación del período de explotación será fijada, en cada caso, por el Ministerio de Minas y Petróleos de acuerdo con las leyes, reglamentos o contratos administrativos que rijan sobre la materia en el año gravable de que se trate, y comunicada al Administrador de Hacienda Nacional del domicilio del contribuyente.

Parece que el artículo 12 del Decreto está destinado a despejar cualquier duda sobre el principio de la explotación comercial y no se establece allí que el Gobierno, discrecionalmente califique el hecho. Por el contrario, se prevé un procedimiento que no permita, dentro de la ejecución del contrato, que una cualquiera de las partes imponga a la otra su propio criterio sobre una cuestión que la ley no podía definir y que puede prestarse a controversias perjudiciales para ambas.,¡

No procede, por lo dicho, decretar la suspensión provisional del artículo 12 del Decreto.

Artículo 13 del Decreto Este artículo dispone.

El acuerdo por medio del cual se declara en explotación comercial una concesión deberá registrarse en un acta especial, en la cual se determinará el día en que habrá de terminar el período de explotación teniendo en cuenta, si fuere el caso, el tiempo no utilizado del período de exploración incluyendo sus respectivas prórrogas.

El Ministerio de Minas y Petróleos dentro de los sesenta (60) días siguientes dictará una resolución motivada en la cual se establecerá la fecha de terminación legal de la concesión, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 10 de 1961

.

Dice el demandante: La nulidad de este artículo es una consecuencia necesaria de lo que acabo de decir (respecto del artículo 12), por cuanto presupone que es lícito variar por acuerdo el período de exploración y el comienzo de explotación que están fijados en la ley. Otra cosa sería que en acto especial quede protocolizado el momento en que se inicia el período de explotación

Las consideraciones que en este auto se han hecho para concluir que no procede la suspensión provisional en cuanto al artículo 12 del Decreto son pertinentes también respecto del artículo 13.

No es, por tanto, el caso de suspenderlo.

Ordinal 9° del artículo 14 del Decreto

El artículo 14 dispone cuál debe ser la documentación que se acompaña a la solicitud de prórroga que haga el concesionario durante el período de exploración para que ella sea considerada.

El ordinal 9° impugnado, ordena incluirán plan de actividades que el concesionario desarrollará durante la prórroga solicitada, con inclusión de un programa de perforación mínima de 4.000 metros en busca de petróleo en uno o varios pozos y de las inversiones por realizar durante la prórroga solicitada, todo ello para la aprobación del Ministerio y concepto del Consejo de Petróleos.

Dice el demandante:

Dispone este numeral que el concesionario para efectos de obtener la prórroga deberá presentar un plan de "las inversiones por realizar durante la prórroga solicitada, todo ello para la aprobación del Ministerio y concepto del Consejo de Petróleos. En ninguna parte la ley consagra esta exigencia

Creo haber demostrado, al estudiar el artículo 8° que legalmente el contratista no está obligado a presentar programas de inversiones y presupuestos de exploración. Lo dicho allí, es suficiente para solicitar la nulidad del numeral 9° del artículo 14, que queda sin base al ser declarada la nulidad impetrada respecto del artículo 8°

Al considerar los cargos de desviación del poder reglamentario que hace el demandante al artículo 8o del Decreto se puso de presente que el artículo 8º de la ley reglamentada, en su quinto inciso, dispone

:

Para obtener cada una de las prórrogas anuales el contratista presentará para la aprobación del Gobierno y concepto del Consejo Nacional de Petróleos, un plan de actividades que desarrollará durante la prórroga solicitada, en el cual deberá incluir la perforación mínima de cuatro mil (4.000) metros en busca de petróleo, en uno o varios pozos

Es casi imposible dentro de la prospección de un negocio y máxime de uno de las calidades técnicas y económicas de la industria del petróleo, que cuando se exige informar sobre el plan de actividades que se proyecta desarrollar en el año siguiente se omita lo relativo al cálculo de su costo. La empresa, para sus mismos propósitos de orden interno, al idear su programa tendrá que presupuestar la inversión que le demanda.

Podría, por tanto, decirse que la exigencia de acompañar el presupuesto al "plan de actividades que desarrollará durante la prórroga solicitada" el concesionario, a términos del trascrito inciso del artículo 8º de la ley reglamentada, está implícito en dicho plan. Aparentemente, el ordinal 9º del artículo 12 convierte lo implícito en explícito, dentro del ejercicio de la potestad reglamentaria.

No se ve prima facie en el ordinal impugnado del artículo 14 del Decreto contradicción manifiesta con el artículo 8º de la ley, ni desviación del poder reglamentario. No procede, por consiguiente, la suspensión provisional respecto de esa disposición.

El ordinal 5° del artículo 15 del Decreto.

Dice el artículo que una vez aprobados por el Ministerio de Minas y Petróleos los documentos relativos a la solicitud de prórroga que haga durante la exploración, de conformidad con el artículo 14 del mismo Decreto, "para obtener la prórroga solicitada el concesionario deberá demostrar los siguientes hechos:

5° Que en el período anterior ha llevado a cabo el plan de actividades y de inversiones correspondientes".

Como fundamento de su impugnación a lo dispuesto en el ordinal trascrito dice el señor demandante:

Para impetrar la nulidad de este numeral valga lo dicho respecto de los artículos 8° 10° y 14

También en la presente providencia se ha explicado por qué no es procedente la suspensión provisional de los citados artículos.

En cuanto al punto concreto a que se refiere el ordinal impugnado del artículo 15, basta repetir que los incisos cuarto y quinto del artículo 8° de la ley reglamentada disponen planes mínimos de actividad que deben desarrollarse dentro del período inicial de exploración y sus prórrogas anuales y el sexto inciso agrega:

Comprobará además que en el período anterior ha llevado a cabo el plan correspondiente.

De modo que, al parecer, la misma ley ordena el informe para obtener la prórroga. Además, si como se dijo en su lugar el presupuesto puede considerarse como un elemento integrante del plan de actividades, lo invertido o gastado en su ejecución es un dato que debe con perfecta lógica estimarse incluido en el informe o comprobación que exige la ley en el último aparte trascrito.

No encontrándose manifiesta contradicción entre la disposición impugnada y la legal reglamentada no hay lugar a suspender provisionalmente el ordinal 5° del artículo 15 del Decreto.

El artículo 17 del Decreto

Para motivar su impugnación dice el demandante:

Igualmente es ostensible la inconstitucionalidad y la ilegalidad de este artículo. Más flagrante aún si se quiere. Dice él que 'lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 9° de la Ley 108 de 1961 es aplicable también a todas las concesiones de petróleos vigentes'. El inciso 4° del artículo 9º de la Ley 10 de 1961 dispone:

Los cánones aquí establecidos se reducirán a la mitad, a partir del segundo año del período de exploración, cuando en la respectiva anualidad el contratista demuestre a satisfacción del Ministerio de Minas y Petróleos que ha mantenido trabajando, con la debida asiduidad durante un mínimo de trescientos días del calendario, por lo menos, un equipo completo de perforación.

Este artículo viola flagrantemente lo dispuesto en el 30 de la Super Ley, pues desconoce los derechos adquiridos que tienen los concesionarios de petróleo de que todas las relaciones contractuales se gobiernen por las estipulaciones de los respectivos contratos y de las leyes preexistentes al momento de la celebración de estos. No es lícito jurídicamente aplicar a estos contratos las disposiciones de la Ley 10 de 1961, posterior en mucho a la fecha de las respectivas contrataciones. La Ley 10 en cita, no le ha dado a sus disposiciones efecto retroactivo a este respecto.

Es el inconstitucional e ilegal Decreto que acuso el que ha venido a darle este efecto, por sí y ante sí.

De otro lado, la disposición que impugno infringe también el artículo 9 de la citada Ley 10 por cuanto dispone:

a) Que es aplicable también a las concesiones anteriores a la vigencia de la Ley 10 de 1961, la condición de que para obtener la reducción de los cánones, deben haberse mantenido trabajos de perforación durante trescientos (300) días del calendario, y

b) Que tal reducción sólo puede empezar a concederse para las concesiones anteriores a la .vigencia de la Ley 10, a partir del segundo año de exploración.

Para dilucidar este punto es menester tener en cuenta las disposiciones que estaban rigiendo y quedaron incorporadas en los contratos celebrados y hasta qué punto y en qué medida han quedado modificadas por la nueva ley en forma que sea aplicable a las concesiones ya otorgadas y en período de exploración.

Lo primero que se advierte es que el artículo 9° de la Ley 10 de 1961, que establece una nueva tarifa en cuanto a los cánones superficiarios, modifica el artículo 26 del C. de P.

Este, al disponer la tarifa "para los terrenos situados en el resto del territorio nacional" (las regiones al norte y al occidente de la cima de la cordillera oriental) y refiriéndose al período inicial de exploración que era de cinco años al tenor del artículo 23 decía: "Los cánones superficiarios se reducirán a la mitad en la respectiva anualidad mientras se mantenga trabajando dentro de los límites de la concesión por lo menos un equipo completo de perforación".

La expresión "trabajando con la debida asiduidad" es empleada en el artículo 23 del C. de P. a propósito del plan de actividades que el concesionario debería desarrollar durante la prórroga solicitada y en la cual debería figurar la iniciación de la perforación de dos pozos como mínimo" y el trabajo en la perforación de ellos con la debida asiduidad". (Se subraya).

Relacionando lo dispuesto en el artículo 26 con lo dicho en el 23 del Código se tiene que los cánones superficiarios en la zona norte occidente durante el período inicial de exploración se reducirían a la mitad en la respectiva anualidad mientras se mantuviera trabajando dentro de los límites de la concesión por lo menos un equipo completo de perforación y que en las prórrogas anuales (es decir, a partir de los primeros cinco años) se tendría la obligación de iniciar la perforación de dos pozos cuando menos durante cada prórroga trabajando en esa perforación con la debida asiduidad.

El artículo 24 del C. de P. (relativo a las concesiones en el Sur y Sur este) también habla de "la obligación de iniciar la perforación de un solo cada, trabajar en la perforación del mismo con la debida asiduidad (se subraya) y pagar el canon establecido

Nada se había dicho antes de la Ley 10de 1961 sobre lo que debería entenderse por trabajar en la perforación con la debida asiduidad.

Es en el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley 10° (reformatorio del artículo 26 y sus concordantes del C. de P. en este punto) donde se interpreta y aclara con autoridad la vaga e inasible expresión que se comenta, pues él dice que la rebaja de los cánones a la mitad, a partir del segundo año del período de exploración, se concederá "cuando en la respectiva anualidad el contratista demuestre a satisfacción del Ministerio de Minas y Petróleos que ha mantenido trabajando con la debida asiduidad durante un mínimo de trescientos días del calendario un equipo completo de perforación" (las subrayas son de quien transcribe).

Se interpreta o aclara así por el legislador aquella expresión oscura cuando dice que debe trabajarse durante un mínimo de trescientos días del calendario como requisito de la debida asiduidad. Y la interpretación o aclaración debe considerarse incluida en la ley anterior para sus consiguientes efectos, como lo establece el C. C. en su artículo 14. Evita así la ley una vaguedad propicia para que dentro de la ejecución del contrato se entienda de diferente modo por las partes si el concesionario tiene o no derecho a la rebaja del canon superficiario.

Vistas así las cosas, no se encuentra de manifiesto la violación del artículo 9º de la Ley 108 que el demandante le atribuye al artículo 17 del Decreto reglamentario y menos aún se advierte prima facie la del artículo 30 de la Carta en el concepto de que atente esa disposición contra derechos adquiridos por los concesionarios dentro del régimen de los contratos vigentes.

En consecuencia, no es posible acceder a suspender provisionalmente el artículo 17 del Decreto.

Artículo 19, literal

Dice la disposición impugnada:

Están sujetos al régimen de licitación previsto en el artículo 11 de
la Ley 108 de 1961 los siguientes terrenos

b) Los correspondientes a contratos que se renuncien o declaren caducados en el período de exploración con posterioridad a la vigencia de la Ley 10* de 1961;"

Dice el demandante:

Infringe los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 10 y carece de respaldo en ella, por cuanto el sistema de licitación previsto en l artículo 12 se refiere exclusivamente a las áreas obligatoriamente de vueltas en el período de explotación de conformidad con el artículo 10 ya las de los contratos renunciados o caducados dentro de los primeros años periodo artículo 12. Por lo tanto introdujo una nueva categoría de áreas sujetas a licitación, sustituyendo sí la ley, es decir, extralimitando la función reglamentaria.

En otras palabras: la ley se refiere al período de explotación y el decreto al perío
do de exploración, períodos que son completamente diferentes. La historia designa del establecimiento de la ley, que es norma de interpretación según el artículo 27 del Código Civil, así lo demuestra. En los Ana
les del Congreso (que acompaño a esta demanda) se encuentra lo siguiente:

(En seguida se relata cómo fue reformado por la Comisión de

La Cámara el proyecto original del artículo 12 de la ley y se reproducen las razones alegadas para ello por el Representante a quien correspondió la ponencia). La impugnación del literal b) del artículo 19 concluye así:

La letra b) del artículo 19 del Decreto incluye en el régimen de licitación previsto en el artículo 11 de la Ley 10 de 1961 los contratos que se renuncien o declaren caducados en el período de exploración que no quedaron comprendidos dentro del régimen de contratación especial, infringiéndose de esta suerte el artículo 12 de la Ley 108 de 1961, que se trata de reglamentar.

Para resolver sobre al suspensión provisional de la disposición impugnada se considera:

Al estudiar la impugnación hecha por el demandante al artículo 11 del Decreto se trajo a cuento lo que dice el artículo 6º de la Ley 10en uno de sus incisos, donde se lee: "Los terrenos renunciados quedarán inmediatamente libres para contratar en las condiciones previstas en el Art. 12 de esta ley". Con el trascrito párrafo se remata el inciso que dice: Ningún concesionario que haya renunciado o abandonado una concesión podrá solicitarla nuevamente, por sí ni por interpuesta persona, dentro de los dos años siguientes a la aceptación de la renuncia o declaratoria del abandono.

Se dijo en esta providencia, a propósito del artículo 11 del Decreto, por el cual se dispone que el Gobierno podrá restringir el máximo del terreno concebible en determinadas regiones, que

La expresión 'terrenos renunciados parece comprender lógicamente los que hayan sido devueltos o se devuelvan al Estado a partir de) segundo año de exploración con taladro, puesto que devolverlos voluntariamente equivale a renunciar a la concesión respecto de ellos". Y se agregaba: Si esto es así, los terrenos que se hubieran devuelto y quedaron libres antes de la vigencia de la Ley 10 de 1961 pasan, por mandato del artículo 12 de estay a integrar las zonas que al tenor del artículo 11 de la misma, podrán ser contratadas en forma diferente y más ventajosa para el Estado que la ordinaria".

La modificación introducida en la Cámara al original del proyectado artículo 12, mediante la cual se suprimió lo relativo a que pasen a la zona de contratación licitada los terrenos que sean objeto de propuestas de contratos no suscritos dentro del término que se concede para ello, (modificación justificada por el ponente en razón de que "cuando sólo hay propuesta no está demostrada la existencia del petróleo") eliminó completamente del texto de la ley esa hipótesis. No ocurrió lo mismo con la supresión del parágrafo que contenía el artículo 12 proyectado, pues quedó el aparte arriba trascrito, del artículo 6º de la ley, alusivo a los "terrenos renunciados" cuya interpretación, respaldada por la lógica, parece ser la de que están comprendidos los terrenos devueltos desde la época de la exploración con taladro, puesto que son de los renunciados por el concesionario en vista de que los estudios con exploración profunda no han mostrado perspectivas de explotación económica.

Y basta que la oposición entre la norma legal y la impugnada ofrezca motivos de duda que sólo pueda despejarse con un estudio más a fondo del problema mediante la ilustrada colaboración de las partes en el juicio para que no sea procedente la suspensión provisional del ordinal b) del artículo 19 del Decreto.

Artículo 26 del Decreto

Dice el artículo 26:

"Las concesiones de petróleos que terminen por cualquier causa, durante los primeros veinte (20) años del período de explotación, revertirán al Estado en la forma prevista en los artículos 32 y 33 del Código de Petróleos y su administración podrá ser contratada por el Estado con la Empresa Colombiana de Petróleos como lo previene el artículo 59 de la Ley 165 de 1948 o sacadas a licitación en los términos del artículo 12 de la Ley 108 de 1961 y disposiciones de este decreto que lo reglamentan".

El demandante lo impugna diciendo:

"Este artículo dispone que las concesiones de petróleo que terminen por cualquier causa durante los primeros veinte años del período de explotación revertirán al Estado en la forma prevista en los artículos 32 y 33 del Código de Petróleos".

Con lo aquí dispuesto se violan los artículos 32 y 33 del Código citado. El artículo 32, porque de conformidad con el inciso final de él, los contratos que terminen por renuncia antes de vencerse los primeros veinte años del período de explotación no están sujetos a la reversión. Y el artículo 33 porque esta última norma excluye expresamente de la reversión los contratos que terminan en los casos enumerados en el Art. 32.

Anales 29

En suma, la disposición que acuso establece una reversión a favor del Estado no contemplada ni consagrada en la ley, con lo cual el Gobierno se excedió en la potestad reglamentaria y dejó viciado de nulidad el reglamento en este punto".

Sobre la petición de suspensión provisional del artículo aquí impugnado se considera:

La cuestión planteada se reduce al significado que deba darse a la expresión

Revertirán al Estado empleada en el artículo 26 para referirse & las concesiones de petróleos que terminen por cualquier causa durante los primeros veinte años del período de explotación.

Dice el artículo 28 del C. C. que "las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal

No existe en nuestra ley una definición del verbo revertir ni del sustantivo reversión. Habrá que acudir, pues, al Diccionario de la Academia Española, donde se define autorizadamente el sentido de las palabras admitidas por ella como de uso general en nuestro idioma.

La edición de 1925 trae, sobre estas palabras lo siguiente:

Reversión (del latín reverso reversiones) 1. Restitución de una cosa al estado que tenía. 2. (Foro) acción y efecto de revertir.

Revertir (del latín revertí, volver). (Foro) volver una cosa a la propiedad del dueño que antes tuvo.

De consiguiente, en el lenguaje forense, cuando se dice "revertir" sólo quiere significarse que la cosa de que se habla vuelve a ser de su dueño primitivo.

El clásico "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia" de don Joaquín Escribe no difiere sustancialmente de las anteriores definiciones de la Academia cuando dice: "Reversión. La restitución de alguna cosa al estado que tenía, o la devolución de ella a la persona que la poseía primero".

Como el artículo impugnado dice que "las concesiones de petróleos que terminen por cualquier causa, durante los primeros veinte años de explotación, revertirán al Estado en la forma prevista en los artículos 32 y 33 del Código de Petróleos..." lo único que en él se quiere decir es que volverán al poder del Estado para que ejercite sobre ellas sus facultades plenas de dominio, desatado como queda del vínculo contractual que lo ligaba al concesionario. La extensión de los derechos que el Estado re adquiere por el simple efecto de la reversión, o sea por volver a ser plenamente suyo. lo que había sido objeto de la concesión, y asimismo la de los que surgen como nuevos en cada uno de los supuestos de los artículos 32 y 33 del C. de P. es algo que está expresado con suficiente claridad en cada uno de esos textos. Así, pues, si la concesión termina por renuncia en las condiciones expresadas en el artículo 32 el concesionario podrá "retirar sus maquinarias y demás elementos, teniendo la Nación, respecto de ellos, los derechos de compra de que trata el inciso segundo del artículo siguiente". Y si el contrato termina por cualquier causa distinta de la renuncia, al tenor del artículo 33, pasarán gratuitamente al Estado aquellas cosas a que se refiere el primer inciso de éste y que han sido mejoras puestas por el concesionario en los terrenos en orden a la explotación de la zona concedida.

De lo dicho se concluye que no aparecen violados por el artículo 26 del Decreto los artículos 32 y 33 del C. de P. Y hasta podría agregarse que lo único manifiesto en el artículo impugnado es su inutilidad, pues prescindiendo de él seguirían operando directamente los artículos 32 y 33 del C de P., así como las autorizaciones del artículo 5º

de la Ley 165 de 1948 para contratar la administración con la Empresa Colombiana de Petróleos y las del artículo 12 de la Ley 108 de 1961 para licitar un nuevo contrato en las condiciones del artículo 11 de la misma, cada una dentro de la hipótesis respectiva.

No hay lugar a suspender provisionalmente el artículo 26 del Decreto 1.348 de 1961, en consecuencia de las razones expresadas.

Artículo 28 del Decreto

Dice así:

Con el fin de conocer reservas y óptimas condiciones de producción, el Ministerio de Minas y Petróleos podrá ordenar la ejecución de pruebas o ensayos de producción, presiones de fondo u otros en pozos de petróleo o gas según prácticas usuales en la industria del petróleo". Lo impugna el demandante en los siguientes términos: "Es un principio de derecho público, de aceptación unánime, que los funcionarios públicos no pueden hacer sino lo que la ley les ordena o permite y no están autorizados para ejecutar, ni mucho menos hacer ejecutar a los contratistas actos no expresamente ordenados por la ley; a diferencia de los particulares, que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe

Para resolver sobre su suspensión provisional se considera: Sustituyendo concisamente el artículo 7º del C de P. dice el artículo 4º de la Ley 10de 1961:

"Las personas que se dediquen a la industria del petróleo en cualquiera de sus ramas, suministrarán al Gobierno los datos que hubieren obtenido de carácter científico, técnico, económico y estadístico. El Gobierno guardará la debida reserva sobre aquellos datos que, atendida su naturaleza, la requieran en defensa de los legítimos intereses de dichas personas.

Cuando el Ministerio respectivo lo juzgue necesario, podrá verificar directamente o por medio de sus agentes, la exactitud de los datos a que se refiere el inciso anterior.

Las personas a que se refiere este artículo prestarán a los empleados nacionales encargados de la inspección, vigilancia, fiscalización y conservación, todas las facilidades necesarias para el buen desempeño de su cargo.

En estos términos queda sustituido el artículo 7º del C. de Petróleos

De modo que los concesionarios están obligados a suministrar al Gobierno los datos que obtengan sobre todos esos aspectos sustanciales y en todas las ramas de la industria del petróleo. El artículo 7º las enumeraba y decía "en sus ramos de exploración, explotación, transporte y distribución".

Y el Ministerio de Minas y Petróleos podrá, autorizado por la disposición transcrita, verificar directamente la exactitud de los datos que el concesionario le suministre, y esa verificación será hecha por los empleados a quienes se encargue de la inspección, vigilancia, fiscalización y conservación (se subraya), a quienes el contratista dará todas las facilidades necesarias para el buen desempeño de su cargo. Así, pues, el Gobierno se reserva el derecho de vigilar y fiscalizar las actividades del concesionario 'en orden a la explotación y conservación, no sólo racionales sino técnicas, de la riqueza petrolífera concedida en forma temporal por el Estado al contratista, pues la finalidad de estos contratos es la de obtener "la efectiva exploración y explotación de la totalidad de las zonas materia del contrato", como lo declara uno de los incisos del artículo 69 de la ley que el Decreto 1.348 de 1961 reglamenta.

Lo dicho basta para concluir que no resulta evidente el cargo de abuso de poder que se le hace implícitamente al artículo 28 en el breve párrafo en que se le impugna.

Artículo 30 del Decreto

Dice así:

La producción de los pozos no podrá efectuarse con relaciones perjudiciales de gas y petróleo o agua y petróleo. El Ministerio fijará en cada caso los límites de estas relaciones, y en consecuencia, podrá restringir la producción de pozos de petróleo y gas u ordenar el cierre de pozos que sobrepasen dichos límites".

Para impugnarlo dice el demandante:

Tampoco se encuentra en parte alguna de la ley asidero para que el Gobierno tome tan graves determinaciones, que implican desmedidas intervenciones en el régimen de los contratos. El concesionario es el principal interesado en el buen éxito de su empresa y no se le pueden coartar sus iniciativas y su libertad para sacarla avante. Otros son los remedios que el Gobierno tiene para defender los derechos de la Nación, como ya se ha visto.

El artículo, es pues, nulo, por cuanto se sale de los límites de la potestad

Reglamentaria.

Al respecto se considera:

En el artículo 40 del C. de P. se decía que "El Gobierno, en cada contrato, acordará y estipulará los métodos que deben emplear los concesionarios para evitar el desperdicio del gas".

En el artículo 14 de la Ley 108, que modifica el 40 del Código, se dice, en lo pertinente:

Todo explotador de petróleo de propiedad privada o nacional (se sub
raya) está en la obligación de evitar el desperdicio del gas producido,
bien aprovechándolo industrialmente, o confinándolo a los yacimientos
para su utilización futura, o como fuente de energía para la máxima
recuperación final de las reservas de petróleos

La ley, al hacer obligatorio evitar el desperdicio del gas producido, no se limita siquiera a imponer esta obligación a los concesionarios dé explotaciones petrolíferas del subsuelo que le pertenece al Estado sino que extiende esta obligación para obtener la racional y técnica exploración de este utilísimo producto natural que interesa a la comunidad entera por múltiples motivos a las explotaciones pertenecientes a particulares. Se trata, pues, de una norma de orden público que puede imponerse, desde luego, inclusive a los concesionarios vinculados al Estado por contratos anteriores a la vigencia de la Ley 10

Ahora bien, al Gobierno por conducto del respectivo Ministerio corresponde la vigilancia y fiscalización de las actividades del concesionario en la explotación de los hidrocarburos, como se hizo notar a propósito del artículo 28 del Decreto y, por otra parte, le incumbe dictar las medidas tendientes a hacer efectiva la voluntad de la ley. Por tanto, cuando dispone en el artículo 30 que fijará él mismo los límites de las relaciones de gas y petróleo y que podrá restringir la producción de pozos de petróleo y gas y aun ordenar el cierre de pozos que sobrepasen los límites fijados está tomando, por medio de la reglamentación de la ley, en lo relativo a las previsiones de su artículo 14, las medidas que considera conducentes para que la prohibición de desperdiciar el gas se haga efectiva.

No parece evidente, según lo discurrido hasta aquí, que el artículo 30 del Decreto implique abuso de la potestad reglamentaria y en esas circunstancias no es procedente suspenderlo.

Artículo 32 del Decreto

Dice este artículo:

La producción de petróleo y del gas no podrá en ningún caso sobrepasar la rata máxima de producción eficiente según normas que dicte el Ministerio".

El demandante lo impugna así:

Pretende hacer imperativas las normas que dicte el Ministerio sobre producción de petróleo y gas. No existe facultad legal que autorice al Gobierno para dictar luego esas normas limitativas y los comentarios hechos al artículo 30 son valederos aquí

Para resolver sobre la suspensión provisional de este artículo se considera:

Al estudiar la impugnación al artículo 28 sé hizo notar lo que dispone el artículo 4° de la Ley 108 acerca de las funciones de inspección, vigilancia, fiscalización y conservación que deben ejercer sobre la industria del petróleo en todas sus ramas los empleados del Gobierno, lo cual implica, como allá se dijo, una autorización al Gobierno para vigilar y fiscalizar las actividades del concesionario a fin de que la explotación de los hidrocarburos se lleve a cabo en forma técnica que evite todo despilfarro y asegure la mejor utilización de aquella riqueza nacional.

También al estudiar la impugnación al artículo 30 del Decreto se trajo a cuento lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley reglamentada, poniendo de resalto que el Gobierno está autorizado explícitamente para dictar las medidas que juzgue necesarias con el propósito de evitar el desperdicio del gas. Y aún sin esa clara autorización podría decírselo mismo del despedido del petróleo, cuya extracción se concede al contratista para fines que interesan a la comunidad y no sólo a él, por lo cual parece qué el Gobierno dentro de las funciones de vigilancia y consecuenciales tiene no sólo el derecho sino la obligación de tomar las medidas que estime necesarias encaminadas a obtener una técnica y eficiente manera de operar los pozos por el contratista. Seguramente por eso dice el artículo 158 del C. de P. (parte reglamentaria): "El Ministro de Minas y Petróleos ejercerá de manera constante la vigilancia sobre la forma como se efectúe la explotación de los yacimientos de petróleo de propiedad nacional, con el objeto de impedir el agotamiento prematuro de los campos, el desperdicio de aceite o gas o, en general, una explotación contraria a la técnica o a la economía'.

Por lo brevemente expuesto no procede la suspensión provisional del artículo 32 del Decreto 1.348 de 1961.

Segundo inciso del artículo 33 del Decreto

Se transcribe todo el artículo para mayor claridad:

Artículo 33. Sobre todo gas producido en una explotación de propiedad nacional o privada, que se utilice para fines comerciales o industriales, deberán pagarse al Estado las participaciones o impuestos correspondientes, los cuales podrán ser reducidos de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 15 en concordancia con el artículo 17 de la Ley 108 de 1961.

Si no se efectuare la utilización industrial o comercial de que habla el inciso anterior dentro del plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 108 de 1961, el Gobierno podrá disponer gratuitamente del gas y contratar su aprovechamiento en cualquier tiempo con el mismo explotador o con terceros".

Dice el demandante:

Como se expresó en la relación de las disposiciones acusadas, este segundo inciso viola la ley por cuanto, según quedó dicho, recorta el contenido manifiesto y claro del artículo 14 de la Ley 10 de 1961, ya que según éste el explotador se encuentra frente a tres alternativas diferentes antes de que el Gobierno pueda tomar las medidas que prevé el citado artículo 14, si pasados tres (3) años el explotador no hubiere dado cumplimiento a una o algunas de esas alternativas, o sean: aprovecharlo industrialmente, o confinarlo al yacimiento para su utilización futura, o como fuente de energía para la máxima recuperación final de las reservas de petróleo.

Pero el Decreto reglamentario le atribuye al Gobierno la facultad de disponer del gas gratuitamente y de tomar las demás medidas contempladas en la ley, por el solo hecho de no haberse efectuado la utilización industrial o comercial del gas dentro del plazo de la ley. Se desconocen así las otras dos situaciones que la ley le brinda al explotador para no caer en la sanción de expropiación del gas sin indemnización, situaciones aquellas consistentes en la confinación del gas a los yacimientos para su utilización futura, o como fuente de energía para la máxima recuperación final de las reservas dé petróleo.

La impugnación basada en que contradice el inciso segundo lo establecido en el artículo 14 de la Ley 108 de 1961, al cual se refiere dicho inciso dentro de un desarrollo lógico de lo dispuesto en el inciso primero, no resulta evidente.

El artículo 33 habla del gas que se produzca en una explotación nacional o privada para fines comerciales o industriales, (se subraya) y para el efecto de cobrar en ese caso las participaciones o los impuestos correspondientes.

Es necesario entender que el inciso segundo habla del mismo supuesto, o sea el del gas destinado a aprovechamiento industrial inmediato por el explotador del yacimiento. Bien visto, el artículo 14 de la ley prevé dos hipótesis, ambas destinadas al aprovechamiento del gas: 1°

Aprovechamiento inmediato para la industria; 2 Confinamiento del gas a su depósito natural para aprovechamiento futuro. Parece que el artículo 33 en su segundo inciso continúa desarrollando la hipótesis establecida en el primero. Si el gas se extrae del pozo debe ser con el fin de aprovecharlo de inmediato en la forma prevista en la ley. Si se deja escapar sin utilizarlo, pasados tres años de la iniciación de la explotación el Gobierno, según el artículo 14, de la ley, desarrollado o reglamentado en el inciso segundo del artículo 33 del Decreto, podrá disponer gratuitamente del gas, etc.

En resumen, parece que el explotador debe tomar dentro de los tres años las medidas conducentes a aprovechar de inmediato industrialmente el gas que extraiga o a no dejarlo escapar inútilmente para que pueda aprovecharse en el futuro.

Por lo brevemente dicho no se observa a primera vista que el segundo inciso del artículo 33 viole el artículo 14 de la ley reglamentada, si se le entiende e interpreta por su tenor literal, y dada la clara referencia que hace a la respectiva disposición legal para que su aplicación se haga ajustada a ella.

No es procedente, pues, la suspensión provisional del referido inciso del artículo 33.

Artículo 43 del Decreto

Dice el primer inciso de este artículo, que contiene la frase impugnada: "Cuando no se siga el sistema de unidades técnicas de operación, podrá concederse la deducción por agotamiento a base de porcentaje fijo que no excederá del 10% del valor bruto del producto natural extraído del depósito o depósitos que estén en explotación en el año gravable y que se haya vendido o destinado a la exportación, o vendido para ser refinado dentro del país, o destinado por el explotador para el mismo objeto en sus propias refinerías, en el año o período para el cual se solicite la deducción, debiendo restarse del valor la suma equivalente a las participaciones causadas o pagadas a favor de particulares, el impuesto causado o pagado sobre el petróleo de propiedad privada o el valor de las participaciones que le correspondan a la Nación".

El demandante expresa así el motivo de su impugnación: "Como arriba lo dije, este artículo es ilegal en cuanto dice que "podrá concederse la deducción por agotamiento a base de porcentaje fijo que no excederá del 10% del valor bruto del producto natural extraído", pues la ley no dejó al arbitrio del Gobierno el reconocimiento de la deducción ni la fijación del monto de su porcentaje, ya que el artículo 22 de la ley deja a la elección del contribuyente la escogencia del sistema de agotamiento (bien a base de estimación técnica de costo de unidades de operación, o bien a base de porcentaje fijo), y el artículo 23 de la misma ley dice expresamente: "La deducción anual por agotamiento normal a base de porcentaje fijo, será igual al 10

.

Es evidente que el artículo 22 de la Ley 10 de 1961 deja al arbitrio del contribuyente escoger uno de los dos sistemas con que puede hacerse la deducción normal por agotamiento y también lo es que el artículo 23 establece el de porcentaje fijo en un 10% computado en la forma que en el mismo se expresa, sin que pueda concederse más ni menos. Pero cuando el Art. 43 del decreto dice podrá concederse la deducción por agotamiento a base de porcentaje fijo que no excederá del 10% del valor

Bruto....... ", etc., no está contradiciendo los expresados ordenamientos

Legales. El ejecutivo les está diciendo simplemente a las oficinas liquidadoras del impuesto qué es lo que la ley les permite o autoriza conceder en materia de porcentaje por agotamiento normal y sobre cuáles bases debe hacerse el cálculo. Así no está el Gobierno estableciendo a su libre arbitrio esa deducción ni la forma en que debe hacerse, sino ateniéndose a lo que ordena la ley. No aparece la contradicción entre ésta y el artículo 43 del decreto por el aspecto en que la ve el demandante, y no es el caso, por tanto, de ordenar la suspensión provisional de esta disposición.

Impugnaciones relativas a los artículos 45, literales c y d 54, parágrafo 1°

Y 59 del Decreto 1.348.

Alterando el orden en que las impugnaciones a las disposiciones anteriormente citadas aparecen en la demanda, a causa de la íntima relación que existe entre ellas y de la consiguiente conveniencia de tratar en conjunto el tema relativo a las deducciones al impuesto sobre la renta y complementarios que aparecen consagradas en la Ley 108 de 1961 y no existían en el Código de Petróleos, se pasa a estudiar este asunto que es de por sí complejo, y obliga a hacer consideraciones de más fondo que las usuales en un auto sobre suspensión provisional. Y es porque en esta materia se halla interpuesto entre el Código y la nueva ley el Decreto transitorio de carácter legislativo número 2.140 de 1955, en el cual se originaron, según parece, algunas de las concesiones que en cuanto a deducciones a la renta líquida para efectos impositivos establece la Ley 108 que el Decreto 1.348 reglamenta. De ahí que no sea posible captar el espíritu y alcance de las disposiciones de la ley atinentes a esta materia sin tener en cuenta lo que dispuso el mencionado Decreto transitorio y las situaciones que él creó y que el legislador de 1961 tuvo presentes al proveer para el futuro.

Con la anterior explicación se entra a considerar lo relacionado con la impugnación a las disposiciones del Decreto que se agrupan en este capítulo del presente auto.

Véase, ante todo, cómo y por qué estima el demandante que las susodichas normas del decreto reglamentario contradicen la ley reglamentada o desbordan de ella.

Artículo 45, literal c)

Este artículo establece que los gastos capitalizados, no amortizados, hechos a partir de la vigencia de la Ley 10 de 1961, en áreas improductivas, se amortizan por medio de la deducción por agotamiento normal, agregando que para tal amortización no puede utilizarse la deducción por agotamiento simultáneamente con la amortización de inversiones en exploración de que trata el artículo 25 de la Ley 10 de 1961.

Ahora bien, precisamente en el artículo 25 de la Ley 10 de 1961 se dá el derecho al contribuyente para amortizar con la deducción del 10% en él consagrada las inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de las explotaciones actuales' que el contribuyente tenga en el país, en tratándose de exploraciones en busca de petróleo llevadas a cabo a partir del l9 de enero de 1955, fecha esta que, como es obvio, comprende las inversiones de explotación que se hagan a partir de la vigencia de la Ley 10. Por lo tanto el literal c) del artículo 45 que se acusa, viola flagrantemente el texto del artículo 25 de la Ley 10, ya que según esta norma legal el contribuyente puede y tiene el derecho de efectuar esas amortizaciones por gastos capitalizados de exploración con la deducción de que trata dicho artículo 25 de la ley, sin que el Gobierno, por medio de decreto reglamentario, pueda obligarlo a efectuarlas sólo por medio de la deducción normal de agotamiento.

También la norma reglamentaria en cuestión viola las disposiciones de la Ley 10 en cuanto establece una incompatibilidad para el disfrute simultáneo de la deducción normal por agotamiento con el disfrute de la deducción especial del artículo 25 de la Ley 10, incompatibilidad esa no prevista ni consagrada en ninguna norma legal. Es decir, que el Decreto en la parte que aquí se impugna significa que los contribuyentes que tengan producción de petróleo no tendrán derecho a hacer la amortización de las inversiones en exploración que se efectúen a partir de la vigencia de la nombrada Ley 10, con la deducción del artículo 25 de esa ley si disfrutan de la deducción normal de agotamiento, incompatibilidad que, como ya se dijo, no está prevista en la ley.

Parágrafo 1° del artículo 54.

Este parágrafo modifica sustancialmente el artículo 25 de la Ley 108 de 1961, porque desconoce la amortización del diez por ciento concedida en ella, cuando la explotación que vaya a soportar el cargo esté disfrutando del factor especial de agotamiento, lo que quiere decir que todas las personas naturales o jurídicas que tengan producción de petróleo no tendrán derecho a hacer la amortización de las inversiones en exploraciones hechas después del l9 de enero de 1955 si disfrutan del factor especial de agotamiento, con lo cual se viola la ley y se deja insubsistente la amortización otorgada por el citado artículo 25 de la Ley, que no estableció esa incompatibilidad entre el "factor especial de agotamiento" y la deducción para amortizar inversiones en exploración ya citada.

El artículo, pues, establece una restricción o limitación que ni implícita ni explícitamente está contenida en la ley, con lo cual traspasa el marco de la potestad reglamentaria.

Artículo 59.

Este artículo establece un límite respecto de la renta líquida fiscal del contribuyente para los efectos de la deducción para amortización de inversiones en exploración de que trata el artículo 25 de la Ley 108, límite que no contiene la ley, y que el Decreto reglamentario no podía imponer.

En esta forma viola la norma superior y se extralimita la potestad reglamentaria en perjuicio de los contribuyentes

Para resolver sobre la suspensión provisional de las disposiciones que son objeto de la impugnación que acaba de transcribirse, procede considerar como se anunció antes de hacer la trascripción respectiva lo siguiente:

El Código de Petróleos que hoy rige es la codificación de las disposiciones legales sobre esa materia y de las reglamentarias de aquéllas que el Gobierno compiló ordenadamente y promulgó por medio del Decreto 1.056 de 20 de abril de 1953 "por el cual se expide el Código de Petróleos".

Esa codificación (en la cual quedaron incluidas las modificaciones que a las leyes vigentes por entonces introdujo el Gobierno en ejercicio de la precisa facultad que para ello le confirió el artículo 23 de la Ley 18 de 1952 y las disposiciones reglamentarias que consideró adecuadas, usando para esto las atribuciones del ordinal 3° del artículo 120 de la Carta), constituye un conjunto orgánico de la materia y sus distintas partes armonizan entre sí en cuanto a la sección legislativa y están desarrolladas en forma congruente con ella en la sección reglamentaria.

En 1955, algunas de las disposiciones de aquel Código en cuanto a deducciones para el impuesto sobre la renta y complementarios se refiere fueron transitoriamente modificadas y adicionadas por las contenidas en el Decreto 2.140, expedido el 3 de agosto de ese año, dictado por el Ejecutivo en uso de las facultades del artículo 121 de la Constitución. Así, pues, aun cuando no lo expresara el artículo 23 de aquel Decreto, por medio de él sólo quedaron transitoriamente suspendidas las disposiciones legales que le fueran contrarias. El citado Decreto "por el cual se establecen nuevos estímulos fiscales para la industria del petróleo", fue prorrogado en su vigencia al igual que otros del estado de sitio por leyes especiales y continuó, por tanto, obrando sus efectos hasta el 9 de marzo de 1961, fecha de la sanción ejecutiva a la Ley 108 de ese año "por la cual se dictan disposiciones en el ramo de petróleos". Esta ley derogó expresamente el Decreto 2.140 de 1955, Salvo un artículo que no viene al caso. Y como sin duda debía tener en cuenta las situaciones creadas en cumplimiento de las normas transitorias mientras ellas tuvieron efecto, algunas de las disposiciones sobre deducción por distintos conceptos a la renta líquida de los empresarios de explotación de hidrocarburos que contiene la nueva ley se dictaron para que comprendieran el período que se inicia el 1º de enero de 1955. Y, al propio tiempo, debe tenerse en cuenta para la interpretación adecuada y claro entendimiento de la ley 10 de 1961 que al entrar ella a regir recuperaron su vigencia cualesquiera disposiciones del Código de Petróleos que hubieran estado suspendidas por claramente opuestas al texto del Decreto, y que no lo sean a la nueva ley.

Artículo 5º establece, y eleva al 35% el porcentaje de la renta líquida anual del contribuyente como máximo deducible por agotamiento normal, modificando el artículo 65 del Código también en este punto.

El Art. 5º concede a las compañías explotadoras de petróleo de la región occidental que a partir del l9 de enero de 1955 efectúen en cualquier parte del país, directamente o por medio de filiales, subsidiarias o compañías asociadas, exploraciones superficiarias o con taladro, en busca de petróleo, en zonas discontinuas e independientes de propiedades o concesiones en explotación y en cuantía no menor de dos millones de pesos anuales, una deducción especial y extraordinaria hasta de un 15% como adición a la deducción normal por agotamiento.

El artículo 6º eleva al 10% la deducción para amortizar capitales invertidos en las nuevas exploraciones que se acometieran y que resultaran infructuosas.

El 7º disponía que perdieran el derecho a la deducción extraordinaria de agotamiento los que suspendieran las exploraciones en zonas distintas o no emprendieran nuevas, pero podrían recuperar el saldo no amortizado con la deducción del 5%, que es la establecida en el artículo 66 del C. de Petróleos.

Según el artículo 8º, el derecho a la deducción extraordinaria del quince por ciento (15%) por agotamiento se recobraría automáticamente al reanudar las actividades exploratorias conforme con lo previsto en el artículo 5o

El artículo 9º prevé cómo se puede recuperar lo invertido en exploración cuando se ha perdido el derecho a la deducción extraordinaria de agotamiento, dando una opción para ello al contribuyente.

El legislador de 1961, sobre proyecto presentado por el Gobierno y que no sufrió modificación sustancial ninguna en el Congreso, dispuso a propósito de las deducciones por agotamiento y para amortizar inversiones en exploración, lo siguiente:

Artículo 22.Para los efectos del impuesto sobre la renta y complementarios la deducción por agotamiento en explotaciones de petróleos podrá determinarse a base de estimación técnica de costo de unidades de operación, o a base de porcentaje fijo.

El contribuyente podrá elegir el sistema para calcular el agotamiento; escogida una de las dos bases, sólo podrá cambiarla, por una sola vez, con autorización del Jefe de Rentas e Impuestos Nacionales

Artículo 23. La deducción anual por agotamiento normal a base de porcentaje fijo, será igual al diez por ciento del valor bruto del producto natural extraído del depósito o depósitos que estén en explotación y que se haya vendido o destinado a la exportación, o vendido para ser refinado dentro del país, o destinado por el explotador para el mismo objeto en sus propias refinerías, en el año o período para el cual se solicita la deducción, debiendo restarse de tal valor la suma equivalente a las participaciones causadas o pagadas a favor de particulares, o al impuesto causado o pagado sobre el petróleo de propiedad privada, o al de las participaciones que le correspondan a la Nación.

Para los efectos de este artículo, se entiende por valor bruto del producto natural, el precio determinado de acuerdo con las bases establecidas en esta ley para liquidar la participación que corresponda a la Nación o el impuesto de explotación cuando se trate de propiedad privada, según el caso.

El porcentaje permitido como deducción anual por concepto de agotamiento normal, no podrá exceder en ningún caso de treinta y cinco por ciento (35%) del total de la renta líquida fiscal del contribuyente, computada antes de hacer la deducción por agotamiento, siendo entendido que este límite no se aplica cuando el sistema de agotamiento sea el de estimación técnica de costo de unidades de operación.

La deducción por agotamiento normal a base de porcentaje fijo permitida en este artículo, se concederá en cuanto sea necesaria para amortizar totalmente el costo de las respectivas inversiones de capital distintas de las que se hayan hecho en terrenos o en propiedad depreciable.

Una vez que el agotamiento haya perdido su carácter de deducción por haber terminado la amortización total del costo de las respectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho en terrenos o en propiedad depreciable, el explotador tendrá derecho por el resto del término de la explotación a una exención del impuesto sobre la renta equivalente al diez por ciento (10%) del valor bruto del producto natural determinado y limitado de acuerdo con las disposiciones de los incisos primero, segundo y tercero de este artículo.

Artículo 24.Además de la deducción anual por agotamiento normal de que trata el artículo 23, establécese un factor especial de agotamiento, aplicable durante todo el período de la producción a las explotaciones de petróleos iniciadas después del l9 de enero de 1955 y a las que se inicien dentro de la vigencia de la presente ley, equivalente al quince por ciento

(15%) del valor bruto del producto natural extraído y vendido de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 23 de esta ley y hasta el monto total de las inversiones efectuadas en estas explotaciones.

La deducción normal del diez por ciento (10%) y la especial del quince por ciento (15%) que se concede en este artículo, no podrá exceder en conjunto del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la renta líquida fiscal de la contribuyente computada antes de hacer la deducción por agotamiento.

Para las explotaciones situadas al Este y Sureste de la cima de la Cordillera Oriental, el factor especial de agotamiento de que trata este artículo será del diez y ocho por ciento (18%) del valor bruto del producto natural extraído, vendido y computado en la forma indicada en, el artículo 23 y hasta el monto total de las inversiones efectuadas en estas explotaciones.

La deducción normal del diez por ciento (10%) y la especial del diez y ocho por ciento (18%) que se concede en el inciso anterior, no podrán exceder en conjunto del cincuenta por ciento (50%) de la renta líquida fiscal del contribuyente computada antes de hacer la deducción por agotamiento.

Es entendido que estos límites del cuarenta y cinco por ciento (45 %) y del cincuenta por ciento (50%) no se aplican cuando el sistema de agotamiento adoptado por el contribuyente sea el de estimación técnica de costo de unidades de operación.

Tara las explotaciones de petróleo posteriores al 1° de enero de 1955, una vez que el factor especial de agotamiento haya perdido su carácter de deducción por haber terminado la amortización total del costo de las respectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho en terrenos o en propiedad depreciable, el explotador tendrá derecho por el resto del término de la explotación a una exención del impuesto sobre la renta equivalente al diez y ocho por ciento (18%) para las explotaciones situadas al Este y Sureste de la cima de la Cordillera Oriental, y para las situadas en el resto del territorio nacional, al quince por ciento (15%) del valor bruto del producto natural extraído, determinado de acuerdo con las disposiciones de los incisos 1º y 2º del artículo 23 de esta ley, sin perjuicio, de lo dispuesto en el inciso final del artículo 23.

Parágrafo. Para tener derecho a esta exención especial, el contribuyente deberá reinvertir en el país en actividades de exploración o de refinación, en construcción de oleoductos o gaseoductos de uso público, en construcción de plantas termoeléctricas de servicio público a base de gases derivados del petróleo, dentro de los tres años siguientes, el monto de la mencionada exención. Si no hace la reinversión por el valor expresado, la diferencia se gravará como renta del contribuyente del año correspondiente a la finalización de dicho período.

Si el monto de la reinversión del trienio fuere superior al valor de la exención especial de que trata este artículo, el contribuyente tendrá derecho a que se le abone el exceso para los períodos siguientes.

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Artículo 25. Cuando se trate de exploraciones en busca de petróleos, llevadas a cabo a partir del primero de enero de 1955, directamente por personas naturales o por compañías con explotaciones en producción o por medio de filiales o subsidiarias, se concederá una deducción por amortización de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de explotaciones actuales en el país, a una tasa del diez por ciento (10%) de la respectiva inversión.

Una vez iniciado el período de explotación, esta deducción se suspenderá; pero el saldo no amortizado de las inversiones correspondientes se tendrá como costo integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento.

Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas el saldo no amortizado de las inversiones hechas en objetivos de exploración se continuará amortizando a la tasa anual de diez por ciento (10%) .

Después de la lectura de las normas del Código en cuanto a deducciones a la renta por concepto de agotamiento y de inversiones en exploración, conocidas en lo sustancial las transitorias modificaciones favorables a las empresas que introdujo el Decreto 2140 de 1955 para estimular nuevas exploraciones, y vistos los textos de la Ley 108 de 1961 con cuya vigencia quedaron derogadas las disposiciones del Decreto y volvieron a operar las del Código, tal como fueron reformadas por ella, se facilita captar el sentido y alcance de estas normas legales para comparar lo que ellas disponen con los textos impugnados del Decreto 1.348 que se copian a continuación :

Artículo 45. La deducción por agotamiento normal a base de porcentaje fijo o de unidades técnicas de operación, determinada de acuerdo con los artículos anteriores, se concederá en cuanto sea necesario para amortizar totalmente el costo de las respectivas inversiones de capital distintas de las que se hayan hecho en propiedad depreciable, de conformidad con la siguiente clasificación:

e) Los gastos capitalizados y no amortizados que se efectúen a partir de la vigencia de la Ley 10 de 1961 en áreas improductivas, por el contribuyente que invoca la deducción. Es entendido que para estos gastos capitalizados no podrá utilizarse la deducción por agotamiento simultáneamente con la de amortización de inversiones en exploración de que trata el artículo 25 de la citada ley.

Lo impugnado por el actor es el literal c) en concepto de ser contrario al artículo 25 de la Ley 10.

Artículo 54. Exclusivamente cuando se trate de exploraciones en busca de petróleo llevadas a cabo a partir del l9 de enero de 1955, directamente por personas naturales o por Compañías con explotaciones en producción o por medio de filiales o subsidiarias, en zonas discontinuas e independientes, se concederá una deducción por amortización de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de explotaciones actuales en el país, a una tasa del diez por ciento (10%) de la respectiva inversión.

Una vez iniciado el período de explotación en la zona o zonas en las cuales se hicieron inversiones en exploraciones, esta deducción se suspenderá; pero el saldó no amortizado dé tales inversiones se tendrá como costo integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento.

Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas, el saldo no amortizado de las inversiones hechas en objetivos de exploración se continuará amortizando a la tasa anual de diez por ciento (10%).

"Parágrafo 1º En ningún caso la deducción para amortizar inversiones en exploración hechas después del 1^ de enero de 1955 se concederá cuando la explotación que vaya a soportar el cargo esté disfrutando del factor especial de agotamiento".

De lo trascrito, lo impugnado por el actor es el parágrafo, también conceptuando que se opone a lo preceptuado en el artículo 25 de la ley, limitando y restringiendo su alcance.

Se procede a estudiar concretamente los motivos de impugnación al literal c) del artículo 45, y al parágrafo 1° del artículo 54, íntimamente conexionados entre sí por ser reglamentarios del artículo 25 de la ley en diversas hipótesis.

Para mejor entender el artículo de la ley que acaba de citarse, precisa recordar que el porcentaje de deducción a la renta líquida del contribuyente explotador de petróleos por concepto de amortización de las inversiones hechas directamente por él o hechas por medio de empresas subsidiarias en exploraciones aparece ya, aun cuando apenas hasta de un máximo del cinco por ciento (5%) de la inversión en ellas, en el artículo 66 del Código de Petróleos. Y el segundo inciso de ese artículo dice que "una vez iniciado el período de explotación, la deducción de que trata este artículo se suspenderá". Esto es rigurosamente lógico. Mientras hubiera sólo gastos en la exploración separada, se deduciría hasta un 5% de ellos anualmente por concepto de amortización de esas inversiones hechas por las empresas explotadoras y como deducción a la renta que ellas hubieran obtenido de sus explotaciones en el mismo período. Pero llegada la exploración al período de explotación y haciéndose, por tanto, productiva la respectiva empresa, comenzaba a pagar su propio impuesto a la renta derivada de la nueva explotación, y entonces el saldo capitalizado y no amortizado de los gastos efectuados en la actividad exploratoria, tendría que sumarse al capital invertido en la explotación para los efectos de la deducción del 10% por agotamiento, puesto que con la producción comienza también éste.

Más claro: La deducción del 10% por agotamiento, establecida en el artículo 65, se haría sustrayéndola de la renta líquida obtenida en las explotaciones, de conformidad con el Art. 63; y la deducción hasta de un 5% anual de lo gastado em exploraciones ubicadas en concesiones o propiedades distintas de aquellas que eran objeto de explotación, se sustraería también de la renta obtenida por la empresa explotadora que directamente o por medio de subsidiarias hubiera invertido en la exploración. Aun cuando el artículo 66 del Código no lo dice expresamente, es obvio que los gastos en exploración, mientras no se iniciara la explotación del respectivo yacimiento, deberían seguirse deduciendo de la renta líquida de la empresa explotadora que hubiera invertido en aquella actividad, hasta amortizar totalmente esa inversión, sustrayendo de la renta hasta un 5% anual de la suma invertida en explorar. Convertida en empresa rentable la poseedora de la exploración sería suspendida la deducción para amortizar el saldo gastado, pues éste vendría a integrar el costo de la exploración, amortizable con la deducción por agotamiento. Los artículos 224 y 225 de la parte reglamentaria del Código no dejan duda sobre estas cuestiones.

El Decreto 2.140 nada modificó de los principios esenciales del Capítulo Décimo del Código que se han resumido en el párrafo anterior. Dicho Decreto creó una nueva deducción por agotamiento, equivalente al 15% de la renta líquida anual producida por las explotaciones para sus empresarios, denominándola deducción extraordinaria o especial por agotamiento, y dio el nombre de deducción normal a la del 10% que tenía establecida el Código. Sólo que la deducción extraordinaria del 15% favorecería exclusivamente a las empresas explotadoras de petróleos de la región occidental que a partir del 1º de enero de 1955 efectuaran en cualquier parte del país, directamente o por medio de filiales, subsidiarias o compañías asociadas, exploraciones superficiarias o con taladro en zonas discontinuas, e independientes de propiedades o concesiones en explotación y en cuantía no menor de dos millones de pesos anuales, como lo expresa el artículo 5º . Los casos previstos en los artículos 6º y 9º del Decreto citado sirven para subrayar la diferencia fundamental que hay entre las deducciones por agotamiento, destinadas a enjugar lo invertido en la explotación (inversión que comprende desde los gastos iniciales de exploración de la misma zona que llega a explotarse) y la deducción para amortizar gastos en exploración, la cual se circunscribe a estos gastos y beneficia únicamente a la persona jurídica que los haya hecho, ya por sí misma (como ocurre cuando una misma empresa tiene dos concesiones) ya por medio de empresas filiales, subsidiarias o asociadas (como sucede cuando una empresa de concesión en explotación actual contribuye a la financiación de otra que sólo está explorando y, por tanto, gastando todavía sin producir renta). En efecto, las hipótesis de los artículos citados se reducen a que mientras una empresa explotadora esté por si misma o por medio de su asociada invirtiendo en exploraciones separadas tiene derecho a la gracia tributaria denominada deducción especial de agotamiento y cuando esas exploraciones se suspendan o se abandonen por resultar infructuosas, se suspende también la deducción especial de agotamiento, pero los saldos de los gastos hechos en exploración serán objeto de la deducción destinada a amortizarlos. Y esta deducción para amortizar capitales invertidos en exploraciones se elevó al 10% anual de lo efectivamente gastado si la exploración fracasaba, conservándose en el máximo del 5% establecido por el Código mientras la exploración se estuviera adelantando.

La Ley 10 de 1961 conserva los principios básicos establecidos ya en el Código y quiere conservar, aunque transformadas en parte, las deducciones concedidas por el Decreto 2.140. Así, la del 10% por agotamiento normal á base de porcentaje fijo continúa rigiendo sobre la renta de la respectiva empresa explotadora, computándola como dice el artículo 23. La especial de agotamiento del 15% establecida por el Decreto de 1955

Anales 30

Se conserva con el nombre de factor especial de agotamiento, aplicable durante todo el período de producción a las explotaciones de petróleos iniciadas después del 1 de enero de 1955 y a las que se inicien dentro de la vigencia de la presente ley en la forma y términos expresados en el artículo 24. Y la deducción para amortizar inversiones de gastos de toda clase hechos en exploraciones en busca de petróleos llevadas a cabo a partir del 1° de enero de 1955 continúa, elevada uniformemente al 10% anual de la respectiva inversión, pero debiendo suspenderse, como estaba ya establecido en el artículo 66 del Código, cuando la explotación separada se convierta en explotación.

El artículo 25, relativo a la amortización de capitales invertidos en exploraciones, expresa lo que el artículo 66 del Código traía implícito solamente:

Que se continuará haciendo la deducción en cabeza del contribuyente que ha hecho los respectivos gastos para amortizar lo invertido en exploraciones, cuando éstas queden abandonadas o desistidas. Y esta deducción, como es obvio, debe restarse de la renta líquida fiscal del contribuyente que ha sufragado los gastos improductivos.

Procede ahora analizar las disposiciones impugnadas del Decreto 1.348 de 1961 a la luz de los principios legales que se han expresado.

El artículo 45 reglamenta la liquidación de la deducción por agotamiento normal, deducción que se hace a las empresas explotadoras en razón de lo invertido en la explotación que les produce en cada año gravable la renta que debe gozar de esa deducción. Y entra el artículo a clasificar las inversiones de capital que han de amortizarse por concepto de agotamiento, excluyendo de antemano lo invertido en propiedad de preciable.

Al costo de la explotación que debe amortizarse por agotamiento normal se cargan entonces:

a) Los gastos capitalizados hechos en la adquisición de la concesión o el precio neto de la propiedad, según el caso, con las obvias excepciones allí expresadas.

b) Los gastos preliminares de exploración, instalación, desarrollo y, en general, todos los que contablemente deben ser capitalizados en las respectivas concesiones, a excepción de las inversiones hechas en propiedades para las cuales se soliciten deducciones de depreciación.

Esto quiere decir que lo invertido en exploración de la misma zona que se explota y que no haya sido amortizado como gasto exploratorio, se capitaliza sumándolo a los demás gastos o inversiones que integran el costo amortizable por agotamiento de la explotación que produce la renta y en cabeza del contribuyente poseedor de la explotación. Y viene ahora el literal impugnado, el cual añade al costo de las inversiones del explotador de cuya renta se deduce el agotamiento normal lo siguiente:

c) Los gastos capitalizados y no amortizados que se efectúen a partir de la vigencia de la Ley 10º de 1961 en áreas improductivas, por el contribuyente que invoca la deducción. Es entendido que para estos gastos capitalizados no podrá utilizarse la deducción por agotamiento simultáneamente con la de amortización de inversiones en exploración de que trata el artículo 25 de la citada ley.

Cuando ha llegado a ser cierto que la exploración acometida por una empresa explotadora, por sí o por sus filiales, en zona distinta de la que está actualmente explotando, es abandonada por improductiva y de tal modo falla la esperanza de que llegue a amortizar con su producto lo invertido en ella, cabe preguntar: ¿El saldo capitalizado y no amortizado de lo invertido en la exploración fallida cómo ha de computarse para el efecto de la deducción destinada a amortizarlo ¿Ha de continuar ese saldo en los libros de las empresas explotadoras que hicieron la inversión improductiva como si se tratara de ahí en adelante de una inversión de capital hecha en la explotación que les está produciendo la renta y, por consiguiente, debe entrar a beneficiarse con la deducción por agotamiento normal, sumando ese saldo a las inversiones efectuadas en su propia explotación O, por el contrario, ¿ha de seguir ese saldo en los libros como inversión perdida en zona distinta de la explotada para el efecto de amortizarlo gradualmente, año por año, mediante la deducción respectiva del 10% de tal inversión Parece que en el artículo 25 de la ley está clara la respuesta, cuando establece diferentes situaciones. Para el caso de que la exploración llegue a convertirse en explotación, el saldo no amortizado de las correspondientes inversiones se tendrá como costo integrante del monto de las inversiones del contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento; es decir, la inversión en la exploración exitosa, en cuanto a su saldo no amortizado ya, entra a jugar como uno de los gastos de exploración que forman el conjunto del costo de ésta, como muy bien aparece incluido en el literal b) del artículo 45 del Decreto.

El inciso final del artículo 25 resuelve el caso de las inversiones hechas en exploraciones abandonadas. Ellas se continuarán amortizando a la tasa anual del diez por ciento. Esto significa que los inversionistas fracasados seguirán deduciendo, hasta su amortización total, el saldo de lo invertido, en el porcentaje anual otorgado y con cargo a la renta que les produzcan sus explotaciones actuales, pero no como deducción de agotamiento de éstas sino en cuenta separada para amortizar inversiones en exploraciones abandonadas de otras zonas.

En virtud de lo expuesto se impone la suspensión provisional del literal c) del artículo 45 por ser manifiestamente contrario al artículo 25 de la ley reglamentada. Ese literal, de otro lado, resulta innecesario como parte del artículo del Decreto destinado concretamente a reglamentar lo relativo a la deducción por agotamiento normal de los yacimientos en explotación.

Se pasa ahora a estudiar lo relacionado con la impugnación al parágrafo 1° del artículo 54 del Decreto.

El artículo 54 se refiere al caso concreto de las exploraciones en busca del petróleo llevadas a cabo a partir del 1º de enero de 1955. Las explicaciones hechas hasta aquí permiten ver que el citado artículo viene desarrollando con justeza la doctrina del artículo 66 del Código y del 25 de la Ley 10ª en sus tres primeros incisos. Pero el parágrafo 1° establece una incompatibilidad entre la deducción para amortizar lo gastado en esas exploraciones y la deducción del factor especial de agotamiento. Y este parágrafo es impugnado por considerarlo contrario también al artículo 25 de la Ley 10 de 1961, pues, como se ha visto, este artículo establece para las exploraciones en busca de petróleos, llevadas a cabo a partir del l9 de enero de 1955, una deducción por amortización de inversiones de toda clase hechas en ellas, a una tasa anual del 10% de lo invertido.

El parágrafo da la impresión de haber sido escrito para reglamentar el derogado Decreto 2.140, creador de la deducción especial del 15% por agotamiento, llamada luego en la Ley 10 factor especial de agotamiento, ya que sus artículos 6º a 9º sí establecían la imposibilidad de hacer en la práctica en forma simultánea las dos deducciones. En efecto, según el artículo 6° "además de las deducciones por agotamiento, y exclusivamente para el caso de que, con posterioridad a la fecha de expedición de este Decreto, se hagan las inversiones de que trata el artículo anterior, el contribuyente podrá amortizar las inversiones o gastos que haga en áreas de la región occidental que resultaren infructuosas y fueren definitivamente abandonadas mediante una amortización anual con cargo a la renta bruta, en cuantía que no exceda del diez por ciento del total de dichas inversiones

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A pesar del adverbio además con que se inicia el artículo, parece que la deducción especial por agotamiento y la destinada a amortizar inversiones en exploraciones definitivamente fracasadas sólo podían ser simultáneas cuando llegaba la oportunidad de amortizar lo invertido en éstas, o sea partir de la fecha en que tales exploraciones quedaban abandonadas. Esto indica que mientras las exploraciones se estuvieran adelantando no había lugar a deducir nada para amortizarlas, en espera de su resultado. Si se abandonaban por infructuosas, lo invertido en ellas no se sumaba al costo de la explotación que les hubiera financiado sino que se capitalizaban separadamente de ella y a la empresa explotadora y financiadora se le iba deduciendo de su renta un diez por ciento anual de la suma invertida hasta amortizar tal inversión. Y esto sin perjuicio de las deducciones por agotamiento, siempre que se mantuviera, según parece, actividades exploratorias en alguna parte.

De conformidad con el artículo 7º las empresas explotadoras de petróleo en la región occidental, que no adelantaran en el futuro exploraciones en otras zonas separadas o que habiéndolas emprendido las suspendieran, perderían el derecho a la deducción extraordinaria de agotamiento en la zona que estuvieran explotando. Pero podrían recuperar el saldo no amortizado del costo de las exploraciones mediante una deducción especial del 5% anual de lo invertido en éstas. Aquí se observa sin dificultad que la deducción especial o extraordinaria por agotamiento y la destinada a amortizar inversiones en exploraciones de zonas separadas no eran simultáneas. El derecho a recuperar lo invertido en las exploraciones no surgía sino al suspender estas, pero en cambio se suspendía la deducción especial por agotamiento, creada con el fin exclusivo de fomentar las exploraciones.

El artículo 8º del decreto transitorio hablaba de que el derecho a la deducción extraordinaria de agotamiento del 15% se recobra automáticamente para cualquier año gravable en que se pruebe haber reanudado actividades exploratorias en la cuantía y condiciones establecidas en el artículo 5º Dentro de la lógica de estas disposiciones, es posible inferir que al recobrarse el derecho a la deducción extraordinaria por agotamiento habría de suspenderse la deducción para amortizar lo invertido en exploración, pues volvería a haber la expectativa de llegar a una explotación fructífera que rentara y fuera susceptible de gozar de deducciones por agotamiento, dado que el costo de la exploración vendría a integrar entonces el de la explotación para esos efectos.

Por lo dicho, parece que durante la vigencia del Decreto 2.140 de 1955 no era posible a la misma empresa beneficiarse simultáneamente de las deducciones para amortizar gastos exploratorios en zona separada de su explotación rentable y extraordinaria o especial de agotamiento de esta explotación.

Pero la Ley 10 no conservó esa incompatibilidad. El artículo 24 establece el factor especial de agotamiento del 15% como deducción aplicable durante todo el período de producción a las explotaciones iniciadas después del l9 de enero de 1955 y a las que se inicien bajo la vigencia de la ley. Nada tiene que ver él con las exploraciones que no se conviertan o hayan convertido ya en explotaciones rentables y, de consiguiente, agotables.

El artículo 25 es el que establece la deducción para amortizar exploraciones y él nos conduce al punto de partida: o las exploraciones emprendidas después del l9 de enero de 1955 se han convertido en explotaciones o no. En caso afirmativo, el saldo no amortizado de lo invertido en ellas se capitaliza en cabeza de la respectiva empresa explotadora e integra el costo de la explotación y se beneficia de la deducción por los factores normal y especial de agotamiento, como lo ordena el segundo inciso de ese artículo. En caso negativo, los saldos que hayan quedado sin amortizar desde el 31 de diciembre de 1960 último año gravable en que rigieron las disposiciones del Decreto 2.140 de 1955 gozarán de una deducción del 10% anual de la inversión respectiva, rentable de la renta que a la empresa financiadora le produzca en cada año gravable la concesión o la propiedad petrolera que esté explotando. Eso es lo que dice el artículo 25.

El legislador de 1961 pudo haber dispuesto que la deducción para amortizar inversiones en exploración no fuera simultánea con el factor especial de agotamiento, adoptando disposiciones semejantes a las del Decreto 2.140 de 1955. Pero no lo hizo, y resultó en esta materia más generoso con los contribuyentes petroleros. La contradicción entre el parágrafo l9 del artículo 54 del Decreto y lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10 resulta evidente a la luz del análisis hecho, lo mismo que a la simple comparación de los textos, y procede suspender provisionalmente el susodicho parágrafo.

El artículo 59 del Decreto, que el demandante impugna, dice: "En ningún caso la deducción o exención por agotamiento normal y la deducción por amortización de inversiones en exploración de que trata el artículo 25 de la Ley 10^ de 1961, podrán en su conjunto exceder los límites del 45% para la región occidental ni del 50% para la región oriental, de la renta líquida fiscal del contribuyente computada antes de hacer tales deducciones o exención".

El demandante dice que ese límite no se halla establecido en la ley y así el artículo viola la norma superior y con él se extralimita la potestad reglamentaria.

El artículo 65 del Código sólo hablaba del porcentaje del 10% que hoy se llama agotamiento normal. Y estableció un 20% como máximo de la deducción anual de la renta líquida del contribuyente por ese concepto.

En el artículo 66 se dispuso conceder hasta un 5% de deducción anual por inversiones en zonas separadas (como lo aclara el artículo 225, reglamentario) pero nada dice sobre límite de esa deducción respecto de la renta liquidada anualmente al explotador cuando ella no se confunda con la deducción por agotamiento en las hipótesis ya estudiadas.

El artículo 10º del Decreto 2.140 de 1955 estableció de modo muy claro que "Para las explotaciones comerciales que se inicien en la región occidental con posterioridad a la expedición del presente decreto, el impuesto anual sobre la renta y complementarios de patrimonio y exceso de utilidades, sumado a las regalías o participaciones pagadas o causadas en favor de la Nación en el respectivo año gravable, en ningún caso será superior al 50% ni inferior al 40% de la cantidad que resulte de sumar la renta líquida fiscal, determinada conforme a las normas generales y a las especiales sobre agotamiento y amortización de inversiones que para dichas explotaciones establece este Decreto, con el valor total de las regalías o participaciones".

De modo que allí sí se dijo que la deducción para amortización de exploraciones separadas y distintas de la zona en explotación se sumaría a las deducciones por agotamiento y que la suma de todas ellas no sería inferior al 40% ni superior al 50% de la renta del contribuyente en el año respectivo.

El legislador de 1961 estatuyó el máximo porcentaje de la renta líquida anual del contribuyente explotador de hidrocarburos que pudiera deducirse por concepto de agotamiento normal, diciendo en el tercer inciso del Art. 23 que "no podrá exceder en ningún caso del 35%". Sóbrela parte de la renta líquida que puede gozar de las deducciones sumadas de agotamiento normal y de factor especial de agotamiento, hace distinción el artículo 24 entre las explotaciones situadas al occidente, para las cuales fija un límite máximo del 45% y las del Este y Sureste, que pueden ser favorecidas hasta con el 50%. Aquí también hubiera podido pensarse al leer el artículo 59, objeto de la impugnación, que él estaba destinado a reglamentar el artículo 10° del Decreto ley de 1955, si no fuera porque el artículo 59 está circunscrito a la suma de la deducción o exención por agotamiento normal con la deducción para amortizar inversiones en exploración en tanto que el artículo 10º del Decreto transitorio comprendía ambos factores de agotamiento.

Si al tiempo de expedirse la reglamentación de la Ley 10° se ha observado que en ella se omitieron disposiciones que se han considerado convenientes para los intereses nacionales y, además, equitativas, lo indicado es procurar la enmienda de la ley, pues ésta según lo extensamente explicado al tratar todo el problema relativo a las diferentes deducciones al impuesto sobre la renta para amortizar la consunción de los yacimientos y las inversiones separadas y distintas de las actuales explotaciones no contiene ningún principio que por vía reglamentaria pueda desarrollarse en la forma expresada en el artículo 59. Y basta leer los artículos 23 a 25 de la ley y lo explicado en esta providencia sobre su sentido y alcance, para hallar evidente la extralimitación de ellos en que se ha incurrido al redactar el artículo 59 del Decreto 1.348 de 1961. Por tanto procede suspenderlo también provisionalmente.

Impugnación de los artículos del Decreto donde se condiciona la deducción por factor especial de agotamiento y la exención sucesiva de aquella a la adaptación de los contratos a la nueva ley.

Impugna el actor el segundo inciso del artículo 49, el segundo inciso del artículo 51, y el ordinal d) del artículo 61 del decreto reglamentario en cuanto imponen como condición para gozar de la deducción por el factor especial de agotamiento a las explotaciones de petróleos iniciadas después del 1° de enero de 1955 la adaptación de los contratos vigentes a las disposiciones de la Ley 10^ de 1961. Dice el segundo inciso del artículo 49:

Para que las explotaciones de petróleo iniciadas después del 1º de enero de 1955, que correspondan a contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley 10ª de 1961, puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento establecido por el inciso primero del artículo 24 de la citada ley, será indispensable que los concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la misma, como lo contempla su Art. 27.

Dice el segundo inciso del artículo 51 (para la región oriental) : "Para que las explotaciones de petróleo iniciadas en esta región, después del 1° de enero de 1955, que correspondan a contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley 10^ de 1961, puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento establecido en el inciso 4° del artículo 24 de la citada ley, será indispensable que los concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la misma, como lo contempla su artículo 27".

Dicen el primer inciso y el ordinal d) del artículo 61:

Para los efectos del agotamiento normal, del factor especial de agotamiento y de la amortización de inversiones en exploraciones a que se refieren los artículos anteriores, los contribuyentes interesados en obtener cualquiera de estas deducciones deberán presentar junto con su declaración de renta y patrimonio:

d) Certificación del Ministerio de Minas y Petróleos de que los contratos de concesión se han adaptado a las prescripciones de la ley que se reglamenta para efectos del derecho a gozar del factor especial de agotamiento, cuando se trate de concesiones en explotación posteriores al 1° de enero de 1955......................... ;"Impugna el demandante las anteriores disposiciones del decreto reglamentario, así:

Artículos 49 y 51

"En el segundo inciso de estos artículos se establece que para que las explotaciones de petróleo iniciadas después del primero de enero de 1955, en el Occidente y en los Llanos, respectivamente, que correspondan a contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley 10ª de 1961, puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento establecido por el inciso l9 del artículo 24 de la Ley 10ª de 1961, será indispensable que los concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la misma ley, de conformidad con el artículo 27 de la misma.

Establecen esas disposiciones del Decreto una condición extralegal para que los concesionarios puedan aprovecharse de un beneficio otorgado por la ley a todos los explotadores, condición que extralimita visiblemente la potestad reglamentaria, pues la ley sólo exige que se trate de explotaciones iniciadas después del l9 de enero de 1955, sin que distinga, para excluirlas, y cuando se trata de explotación de petróleos nacionales, las contratadas antes de la vigencia de la citada Ley 1.

La disposición contenida en el artículo 27 de la Ley 10%, en cuanto permite a los concesionarios anteriores adaptarse a la nueva ley, es voluntaria y no obligatoria para estos, así como para el Gobierno a quien se autoriza para convenir con los concesionarios tal adaptación, autorización que el Gobierno puede o no ejercitar.

Las relaciones jurídicas del concesionario con el Estado se rigen por el contrato vigente, de conformidad con el artículo 1.602 del Código Civil, aplicable no sólo a los contratos puramente civiles, sino también a los administrativos. Es del caso anotar que el inciso 1° del artículo 24 de la Ley 10 de 1961 no habla de contratos, ni de concesiones, sino simplemente de 'explotaciones de petróleo iniciadas después del l9 de enero de 1955.pues el legislador quiso comprender los petróleos nacionales y los de propiedad privada. Con la exigencia extralegal de las normas que acuso se colocaría en inferioridad de condiciones tributarias, sin razón alguna, a las explotaciones de petróleos nacionales en frente de las explotaciones de petróleos de propiedad privada, lo cual por lo demás, sería absurdo.

En síntesis, el factor especial de agotamiento, establecido en el artículo 24 de la Ley 10ª , que es una disposición de carácter meramente tributario, y que beneficia tanto a las explotaciones de petróleo de propiedad privada como a los concesionarios del Estado, la concedió el legislador sin condición alguna y debe aplicarse en la forma nítida como la establece el artículo 24 de la Ley 10° sin poderla someter el Gobierno a otras condiciones distintas de las establecidas en la propia ley.

De otro lado, los artículos 49 y 51 al disponer que deben adaptarse a las normas de la Ley 10 de 1961, los contratos celebrados con el Gobierno Nacional para que las explotaciones de petróleo posteriores al 1° de enero de 1955, puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento, viola derechos adquiridos e infringe por lo tanto el artículo 30 de la Constitución Nacional, ya que los concesionarios que tienen explotaciones de petróleo posteriores al 1° de enero de 1955 mientras rija la Ley 10 de 1961, tienen derecho a que se les otorgue el factor especial de agotamiento de que trata el artículo 24 de dicha ley.

Al ordenar los artículos 49 y 51 que para tener derecho al factor especial de agotamiento, de que trata el artículo 24 de la Ley 10 de 1961, las explotaciones de petróleo posteriores al l9 de enero de 1955 deben adaptarse los contratos a las normas de la nueva ley, se viola también el texto constitucional ya citado, porque las convenciones celebradas válidamente bajo el imperio de una ley no pueden reformarse u ordenarse reformar unilateralmente por una de las partes, que es el Gobierno, sin incurrir en el desconocimiento de derechos adquiridos amparados por el artículo 30 de la Constitución". (Cita en seguida una sentencia de la

Corte Suprema de Justicia sobre inexequibilidad de una ley que imponía
modificaciones a contratos).

,

Además de la violación de la norma constitucional los artículos 49 y 51 desde el punto de vista estrictamente económico tienen consecuencias muy desfavorables para la economía nacional, porque le quitan a los productores de petróleo con explotaciones posteriores al 1° de enero de 1955 el factor de agotamiento consagrado en el artículo 24 de la Ley 10 de 1961 y, consecuencialmente, los priva del derecho de reinvertir las sumas correspondientes a este factor de agotamiento en nuevas actividades de exploración, de refinación, en construcción de oleoductos y gasoductos y de plantas termoeléctricas de servicio público a base de gases derivados del petróleo, que podrían ser ejecutadas por los concesionarios en desarrollo de nuevos programas benéficos para el país, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 10 de 1961".

Artículo 61, ordinal

Es nulo también este ordinal, como consecuencia de la nulidad de los artículos 49 y 51, en cuanto exige la certificación sobre la adaptación de los contratos, por las razones ya dadas antes en relación con la nulidad de los artículos 49 y 51.

Impugna también el demandante el artículo 56 del Decreto, del cual se copia lo necesario para entender su sentido y el de la crítica que se le hace en la demanda:

Para las explotaciones de petróleo iniciadas con posterioridad al 1°
de enero de 1955, cuyos contratos se hayan adaptado a las normas de la
Ley 10 de 1961, y para aquellas que se inicien por razón de contratos
celebrados bajo su vigencia, cuando el factor especial de agotamiento
haya perdido su carácter de deducción por haberse terminado la amortización total de costo de las respectivas inversiones.... estará exenta la parte de la renta bruta correspondiente al factor especial de agotamiento de acuerdo con las siguientes tasas ".

El actor impugna la frase subrayada, copiando el sexto inciso y el parágrafo del artículo 24 de la Ley 10^ y añadiendo lo siguiente:

El artículo 56 del Decreto que acuso, extralimitando la función reglamentaria e imponiendo una condición extralegal exige que para tener derecho a la exención del impuesto sobre la renta que consagra el sexto inciso trascrito, el concesionario debe adaptar previamente el contrato o contratos a las normas de la Ley 10 de 1961, exigencia u obligación ésta que no está contemplada en la ley, la cual, como se ve por lo trascrito, sólo impone la obligación de reinversión de que allí se trata, para que el concesionario tenga derecho a la mencionada exención del impuesto de renta.

Por tanto, es evidente la ilegalidad del artículo que acuso en cuanto dice: 'cuyos contratos se hayan adaptado a las normas de la Ley 10 de 1961.

Para dilucidar los puntos relativos a las impugnaciones que hace el demandante a los artículos de que se está tratando ahora, se considera:

La Ley 10ª modificó los plazos para exploración y explotación en las dos regiones en que para esos efectos divide el territorio nacional, y, asimismo, elevó los cánones por las extensiones superficiarias concedidas y los porcentajes de participación al Estado en concepto de regalías por su petróleo y de impuesto por el extraído de propiedades particulares. En todos estos puntos las modificaciones representan ciertas ventajas para el Estado si se las compara con las previsiones del Código, a las cuales seguramente se acomodaron los contratos celebrados hasta la fecha.

En cambio otorga la Ley 10° de 1961 a los concesionarios que hayan iniciado explotaciones desde el 1° de enero de 1955 más de lo que estaba previsto en el Código, pues les concede el 15% adicional como factor especial de agotamiento y el 10% para amortizar inversiones en exploraciones hechas después de aquella fecha. Ya se vio atrás que estas concesiones adicionales fueron precedidas por las que transitoriamente otorgó el Decreto 2.140 de 1955. Y hay que pensar que la ley quiso respetar, como era obvio, situaciones jurídicas que se hubieran creado al amparo de las disposiciones de aquel Decreto para beneficiarse con las gracias de orden tributario que a quienes emprendieran en nuevas, exploraciones en zonas discontinuas e independientes se concedían.

Sin embargo, no debe pasarse por alto que las concesiones de orden tributario, como todo lo atañedero al impuesto sobre la renta, se va cumpliendo para cada año gravable y es susceptible de ser modificado por el legislador para el año fiscal siguiente, salvo que él mismo haya autorizado celebrar contratos en los cuales deban incorporarse como cláusulas que adquieran permanencia dentro del plazo las concesiones tributarias respectivas. Siendo esto así, debe tomarse el principio para aplicarlo a las situaciones que en esta materia pudieron crearse en virtud del Decreto 2.140 de 1955. Bajo la vigencia de éste y por voluntad unilateral del Estado, gozaron de la deducción especial de agotamiento del 15% computada sobre la renta líquida fiscal producida por las explotaciones quienes emprendieran en exploraciones en zonas separadas y discontinuas de aquéllas.

Se estimularon así las nuevas exploraciones y la deducción estaba condicionada a que se adelantaran. La Ley 10% en su artículo 24 dispone que las explotaciones iniciadas después del 1º de enero de 1955 gozarán de esa deducción, naturalmente sobre su propio producido. Quizá partió del supuesto de que estas explotaciones son ya el resultado de las exploraciones cuyo adelantamiento hacía acreedores a ese beneficio a los dueños de explotaciones anteriores, según el artículo 5º del Decreto 2.140 de 1955.

Pero es claro que el beneficio fiscal de la Ley 10ª es en razón del agotamiento de las explotaciones que se iniciaron después de la citada fecha y no de las que ya se adelantaban antes. Por tanto, no se extiende el beneficio a las explotaciones antiguas. Se tiene aquí una hipótesis en que explotaciones existentes no se beneficiarán de la deducción especial de agotamiento según la nueva ley. Los explotadores que adelantaban ya esa actividad el 1° de enero de 1955 y han emprendido exploraciones en zonas discontinuas desde entonces podían aprovecharse sólo del 10% de deducción de lo invertido en éstas, de conformidad con el artículo 25 de la ley y hasta cuando las exploraciones se conviertan en explotaciones, pues de este momento en adelante sí quedarán comprendidas en la previsión del artículo 24.

Las observaciones anteriores se refieren concretamente a lo que el Decreto 2.140 preveía sobre explotaciones y exploraciones en la región occidental.

Lo atinente a la región oriental fue tratado en capítulo aparte y especial del Decreto, en los artículos 11 a 17. El artículo 13 concedía exclusivamente para las explotaciones de petróleo en la región oriental, una deducción de agotamiento a base de porcentaje fijo, por todo el tiempo de la producción, del 28% del valor bruto del producto natural extraído, etc., según allí se determina.

En el segundo inciso se dice que "esa deducción está destinada a cubrir tanto la amortización de bienes agotables de la respectiva explotación como las inversiones que las empresas efectúen en cualquier parte del país, directamente o por medio de filiales, subsidiarias o asociadas, en exploraciones superficiarias o con taladro, y por tanto excluye la deducción extraordinaria por agotamiento que establece el artículo 59 de este Decreto".

Y en el artículo 21 del mismo se dijo:

Autorizase al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Minas y Petróleos, convenga con los contratistas de exploración y explotación de petróleos nacionales de la región oriental, la revisión de sus contratos, con el único objeto de adaptarlos a* las normas pertinentes del presente Decreto

Si en virtud de esta autorización el Gobierno ha celebrado contratos para reajustar a las condiciones del artículo 13 del Decreto 2.140 de 1955 los celebrados anteriormente sobre concesiones en la región oriental, los concesionarios respectivos pueden alegar que son titulares de un derecho adquirido para no ser obligados a readaptar tales contratos a los ordenamientos de la Ley 10° de 1961, en cuanto el conjunto de éstos pudiera serles desfavorable.

En cambio, el silencio mismo que en el Decreto se guardó sobre autorización para readaptar a él los contratos que se refirieran a exploraciones y explotaciones en la región occidental está diciendo que no fue facultado el Gobierno para modificarlos y que los celebrados sobre dicha región bajo su vigencia no podían contener cláusula alguna que comprometiera a la Nación a mantener a los concesionarios por más tiempo del de la vigencia del Decreto la deducción extraordinaria del 15% en concepto de agotamiento.. Es claro que en tales condiciones el legislador puede cancelar para nuevas vigencias fiscales aquellas gracias que, haciendo sus veces, concedió transitoriamente el Gobierno por decreto de estado de sitio.

En cuanto a derechos adquiridos se tienen, pues, dos situaciones diferentes: a) Concesiones de la región occidental, que aparentemente no tienen ninguno en cuanto a deducción por factor especial de agotamiento, y b) Concesiones sobre zonas de la región oriental que hubieran podido ser contratadas en las condiciones señaladas por el artículo 13 en armonía con el 21 del Decreto 2.140 de 1955, las cuales sí podrían reclamar derechos emanados de tales contratos.

Hecha esta salvedad concreta y definida, no se ve muy clara la tesis de que atente contra derechos adquiridos subordinar la concesión de la deducción por factor especial de agotamiento (así como la exención que habrá de sucedería), según el artículo 24 de la ley, a la condición de que los contratos celebrados antes de la vigencia de ésta sean adaptados a todos los ordenamientos de la misma.

Pero el demandante afirma que esta condición, establecida en los segundos incisos de los artículos 49 y 51 del decreto reglamentario, desborda el mandato del artículo 24 de la Ley 10% porque la deducción especial de agotamiento que beneficia tanto a las explotaciones de petróleo de propiedad privada como a los concesionarios del Estado, la concedió el legislador sin condición alguna y debe aplicarse en la forma nítida como la establece el artículo 24 de la Ley 10^, sin poderla someter el Gobierno a otras condiciones distintas de las establecidas en la propia ley"

.

Y al artículo 27 de la Ley 10% sólo le da el demandante el alcance que se desprende de su letra: autorización al Gobierno "para convenir con los concesionarios respectivos la adaptación a las disposiciones de esta ley, de los contratos de exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional perfeccionados antes de su vigencia".

Así, pues, en la demanda se supone que los mandatos de la ley que significan más gravámenes o menos ventajas para los concesionarios que los establecidos en el Código de Petróleos no entran a regir inmediatamente porque hay que respetar los contratos anteriores, en los cuales quedaron estipuladas las ordenaciones del Código. Este supuesto es exacto.

Pero supone también la demanda que el simple ordenamiento del artículo 24 sobre factor especial de consunción debe cumplirse de inmediato, a pesar de ser una concesión unilateral del Estado, sin quedar subordinado a que los contratos de concesión anteriores se modifiquen para introducir en ellos lo que la ley contiene de más oneroso para los concesionarios de los petróleos pertenecientes al Estado. Y cree que el artículo 27 sólo quiere decir, por consiguiente, que el Gobierno puede aceptar revisiones de los contratos vigentes para acomodarlos a la nueva ley sólo cuando los concesionarios quieran espontáneamente, con una generosidad y desprendimiento no presumibles en empresas creadas con fines de lucro, someterse a condiciones más onerosas o menos ventajosas que las estipuladas. No parece que tal sea el espíritu de la disposición contenida en el artículo 27 de la Ley 10|.

Es verdad que el pensamiento hubiera podido redactarse en términos claros y precisos, que no dieran lugar a ninguna duda. Es cierto que apenas habla el artículo de autorización, cuando hubiera debido decir que sólo a cambio de ceder en lo favorable a los concesionarios podrían éstos obtener que el Estado se comprometiera a concederles las ventajas del artículo 24. No obstante, el artículo 27 de la ley puede interpretarse como autorización condicional, como la entendió el Gobierno, si se piensa que la nueva ley es la formulación de una política, nueva también, en cuanto a las condiciones en que debe desarrollarse la exploración y explotación de los hidrocarburos en el país, y que todos sus mandatos y previsiones forman en la mente del legislador un conjunto armónico, en el cual no hay razón para presumir que se quiso otorgar sin compensarlo el beneficio especial de la deducción por agotamiento, dejando así en condiciones de inferioridad a los futuros concesionarios.

Dice el demandante que las normas de los segundos incisos de los artículos 49 y 51 del Decreto reglamentario colocarían en "condiciones de inferioridad a los concesionarios de petróleos nacionales en frente de las explotaciones de petróleos de propiedad privada, lo cual, por lo demás, sería absurdo".

Parece que la interpretación que el demandante da a los artículos 24 y 27 de la ley en el punto de que se trata es la que establecería esa desigualdad absurda entre los concesionarios de petróleos del Estado y los explotadores o propietarios particulares. No estando éstos vinculados por contratos a la Nación, es claro que la ley puede disponer sobre impuestos a estas explotaciones lo que le parezca más adecuado y la 10% en cuanto a ellos tiene efecto inmediato. Les sube los impuestos y es justo que les conceda la deducción al mismo tiempo. Por el contrario, si a los concesionarios de petróleos nacionales no los obligan de inmediato las condiciones más onerosas de la Ley 10% pero sí los beneficia desde ahora e incondicionalmente el factor especial de agotamiento, vendrían a quedar en condiciones de privilegio injustificables en frente de aquéllos. Y no puede interpretarse la ley en forma tal que establezca diferencias inequitativas en nada, y menos en materia tributaria.

Lo dicho hasta aquí es suficiente para considerar que no surge, prima facie, contradicción alguna entre el sentido o interpretación lógica de la Ley 10° de 1961 en su conjunto y entre la razonable interpretación de sus artículos 24 y 27 (que no pueden sustraerse a la armonía que debe guardar toda ella) y los segundos incisos de los artículos 49 y 51 del Decreto 1.348. Por tanto, no se ve prima facie el desbordamiento de la potestad reglamentaria en que por tal concepto hubiera podido incurrir el Gobierno al subordinar la concesión de la deducción especial por agotamiento a que los contratos anteriores a la ley sean adaptados a las condiciones señaladas en ella.

En cuanto a las concesiones de la región oriental, ya se ha dicho que puede haber algunos contratos celebrados válidamente después del 1° de enero de 1955 y antes de la Ley 10^, de acuerdo con la autorización del artículo 21 del Decreto 2.140 de aquel año, en que se concedieran las ventajas previstas en el artículo 13 del mismo Decreto. Tales contratos deberán respetarse y no es aplicable el segundo inciso del artículo 51 del Decreto 1.348 de 1961 para las concesiones y concesionarios respectivos. Este inciso debe suspenderse solamente en cuanto pudiera afectar los derechos emanados de los referidos contratos.

El ordinal d) del artículo 61, por consecuencia de todo lo explicado, debe suspenderse únicamente en cuanto sea opuesto a lo estipulado en los contratos de que se habla en el párrafo anterior de este auto.

Artículo 56 del Decreto

En cuanto a ese artículo, que trata de las explotaciones de petróleos iniciadas con posterioridad al 1° de enero de 1955 y a la exención que según el artículo 24 de la Ley 10% ha de concedérseles cuando el factor especial de agotamiento haya perdido ese carácter por haberse terminado de amortizar el total de las respectivas inversiones, se impugna la frase que dice "cuyos contratos se hayan adaptado a las normas de la Ley 10°

El demandante, después de copiar el sexto inciso y el parágrafo del artículo 24 de esa ley, dice:

El artículo 56 del decreto que acuso, extralimitando la función reglamentaría e imponiendo una condición extralegal exige que para tener derecho a la exención del impuesto sobre la renta que consagra el sexto inciso trascrito, el concesionario debe adaptar previamente el contrato o contratos a las normas de la Ley 10 de 1961, exigencia u obligación ésta que no está contemplada en la ley, la cual, como se ve por lo trascrito, sólo impone la obligación de reinversión de que allí se trata, para que el concesionario tenga derecho a la mencionada exención del impuesto de renta.

"Por tanto, es evidente la ilegalidad del artículo que acuso en cuanto dice: 'cuyos contratos se hayan adaptado a las normas de la Ley 10 de 1961'".

Respecto a lo impugnado del artículo 56 del Decreto se considera: La exención que, según el artículo 24 de la Ley 10sucederá a la deducción por factor especial de agotamiento cuando ella haya cumplido su fin es gracia fiscal completamente nueva.

Verdad es que no se concede sino a quienes inviertan las sumas correspondientes en los objetivos de desarrollo industrial previstos en la misma norma. Y que esas inversiones serán útiles a la economía nacional. Pero eso no le quita su carácter de gracia o concesión unilateral del Estado, el cual bien podría gravar toda la renta que le queda libre al concesionario cuando termine de amortizar el capital invertido en explotación.

Es lógico que para lo relacionado con esta exención se apliquen los azonamientos hechos respecto de la deducción por factor especial de agotamiento. Y en este articular de la exención ningún concesionario, ni de la región occidental ni de la en podrá alegar que tiene adquirido el derecho a ella en virtud de un contrato anterior a la ley.

Por tanto, no se encuentra en el artículo 56 nada que justifique, prima facie, ordenar su suspensión.

Artículo 65 del Decreto

Dice así:

Las exenciones a que se refiere el parágrafo del artículo 31 de la Ley 10^ de 1961 no podrán exceder en ningún caso la cuantía que tenían el 16 de marzo de 1961, fecha en que entró a regir la citada ley.

Los nuevos campos que entren en producción bajo la vigencia de la Ley 10^ de 1961 no gozarán de las exenciones que consagraba el inciso primero del artículo 59 del Código de Petróleos, aunque se encuentren localizados dentro de explotaciones que se hayan iniciado con anterioridad a su vigencia

.

Ese artículo es impugnado por el demandante así:

El parágrafo del artículo 31 de la Ley 10 de 1961 derogó expresamente el inciso primero del artículo 59 del Código de Petróleos y dispuso que las exenciones de regalías e impuestos continuarán aplicándose a aquellos petróleos crudos de concesiones que estén en explotación al entrar en vigencia dicha ley y que además estén siendo refinados actualmente en el país para el consumo interno de las refinerías de los respectivos concesionarios.

Ahora bien, y como ya lo expresé anteriormente, el artículo 65 del reglamento introduce dos limitaciones extrañas al texto y al espíritu de la ley, la sobrepasan y la violan, consistentes en lo siguiente: Que tales exenciones 'no podrán exceder en ningún caso la cuantía que tenían el 16 de marzo de 1961', y que 'los nuevos campos que entren en producción bajo la vigencia de la Ley 10 de 1961 no gozarán de las exenciones que consagraba el inciso primero del artículo 59 del Código de Petróleos, aunque se encuentren localizados dentro de explotaciones que se han iniciado con anterioridad a su vigencia' (subrayo), pues el concepto de 'campos en producción' y 'cuantía', no figuran en la ley para los efectos del reconocimiento de las exenciones. Por otra parte, el concepto de 'campos en producción' es ajeno a la ley para los efectos de diferenciar los petróleos provenientes de concesiones que hayan entrado legal o contractual mente en el período de explotación.

Para resolver sobre la suspensión provisional del artículo 65 se considera:

El parágrafo del artículo 31 de la Ley 10^ a que se refiere el artículo 65 del Decreto dice:

Las exenciones que consagraba el inciso 1° del artículo 59 del Código de Petróleos, que por esta ley se deroga, se continuarán aplicando exclusivamente a los petróleos crudos de aquellas concesiones que estén en explotación al entrar en vigencia la presente ley y qué estén siendo refinados actualmente en el país para el consumo interno en las refinerías de los respectivos concesionarios".

El inciso derogado había establecido una exención de las regalías y de los impuestos que sobre el petróleo crudo extraído deberían pagar los concesionarios y los explotadores de petróleo de propiedad privada, respectivamente, cuando el producto se refinara en el país para consumo interno.

Esa disposición derogada queda sustituida, desde el momento en que entró a regir la nueva ley, por el ordenamiento del parágrafo copiado, el cual limita la exención exclusivamente a los petróleos crudos de aquellas concesiones que estén en explotación... y que estén siendo refinados actualmente en el país para el consumo interno en las refinerías de los respectivos concesionarios

La disposición del parágrafo no resulta tan clara que no dé motivo a entenderla como la ha comprendido el Gobierno, de manera muy distinta a la interpretación que le da el demandante.

Para los efectos de la suspensión provisional del artículo hay que tener en cuenta esta duda sobre el justo sentido y alcance de la disposición legal que se dice infringida por el artículo 65 del decreto. Es esta una cuestión que puede y debe dilucidarse a fondo en la secuela del juicio. Mientras tanto, y por no hallar manifiesta y evidente la contradicción que el demandante afirma existir entre la norma legal y la correspondiente del reglamento no puede accederse a ordenar la suspensión provisional de ésta. Como consecuencia de lo razonado hasta aquí la Sala Unitaria

RESUELVE:

1° Admítase la anterior demanda de nulidad contra algunos artículos del Decreto número 1.348 de 1961 (junio 20) "por el cual se reglamenta la Ley 10% de 16 de marzo de 1961", intentada por el doctor Gonzalo Gaitán.

En consecuencia se dispone:

a) Comuníquese la admisión de la demanda al Gobierno por medio del Ministerio de Minas y Petróleos;

b) Notifíquese al señor Fiscal del Consejo

c) Fíjese el negocio en lista por el término de cinco días para los efectos del numeral 3° del artículo 126 del C C A.

2° En cuanto a la solicitada suspensión provisional de las disposiciones impugnadas del Decreto número 1.348 de 1961 "por el cual se reglamenta la Ley 10% de 16 de marzo de 1961", a) No se accede a ordenar la suspensión provisional de sus arts. 8°, 9°, 10°, 11, 12, 13, ord. 9° del 14, ordinal 5° del 15, 17, literal b) del 19, 26, 28, 30, 32, segundo inciso del 33, 43, segundo inciso del 49, 56 y 65.

3° Se ordena suspender provisionalmente el literal c) del artículo 45, el parágrafo 1° del artículo 54 y el artículo 59.

4° a) El segundo inciso del artículo 51 sólo se supende provisionalmente en cuanto pueda ser contrario a contratos de exploración y explotación de petróleo es nacionales en la región oriental que con posterioridad al Decreto 2.140 de 1955 y antes de la Ley 108 de 1961 se hubieran celebrado y perfeccionado dentro de las autorizaciones del artículo 21 de ese Decreto y con inclusión de lo previsto en el artículo 13 del mismo.

b) El literal d) del artículo 61 sólo se suspende provisionalmente para el mismo caso previsto en el párrafo anterior de este auto.

5° Copia íntegra del presente auto se remitirá al señor Ministro de Minas y Petróleos.

Copíese y notifíquese.

RICARDO BONILLA GUTIERREZ. ALVARO LEON CAJIAO B. SECRETARIO