100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032565SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2527198007/06/1980SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2527__1980_07/06/1980300325631980
Sentencias de NulidadGOBIERNO NACIONALJAVIER VALDERRAMAartículo 74 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969Identificadores10030121734true1214573original30119862Identificadores

Fecha Providencia

07/06/1980

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Norma demandada:  artículo 74 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969

Demandante:  JAVIER VALDERRAMA

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


PENSION DE JUBILACION - Promedio de salarios y primas que deben servir de base para su liquidación / PRIMA – Constituye salario / DEVENGAR Y PERCIBIR/ Diferencias

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SEC­CION SEGUNDA

Consejero ponente:IGNACIO REYES POSADA

Bogotá, D. E., siete (07) de junio (06) de mil novecientos ochen­ta (1980)

Radicación número: 2527

Actor: JAVIER VALDERRAMA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: Expediente Número 2527. Decretos del Gobierno.

El doctor Javier Valderrama obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública solicita se decrete la nulidad del artículo 74 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969 por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 en la parte que dice: "Será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos...".

Para presentar los hechos de la demanda el actor transcribe las dis­posiciones del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 para concluir que "la norma reglamentaria, al cam­biar la expresión devengado por percibido y al agregar toda especie de primas como base del promedio para establecer la cuantía de la pensión, extralimitó la facultad reglamentaria que tiene el Gobierno".

Indica como disposiciones violadas los artículos 17, 30 y 120 numeral 3o. de la Constitución y el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. Expresa igualmente el concepto de la violación del cual la Sala se ocupará del relativo a la violación del ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Nacional en que el actor resume y concreta el concepto de la violación así: "Mediante el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 el Gobierno esta­bleció situaciones que sobrepasan sus atribuciones en materia reglamen­taria. Evidentemente, la norma que debe reglamentarse se refiere a tra­bajador oficial y, sin embargo, la norma reglamentaria ni lo menciona. Es decir, la reglamentación dejó por fuera el trabajador oficial. En este aspecto, pues, no hubo reglamentación. También se extralimitó el Go­bierno al establecer el factor primas como base de promedio ya que la norma por reglamentar no se refiere a primas. Por último, la norma por reglamentar se refiere a promedios de salarios devengados y la norma que reglamenta se refiere al promedio de los salarios de toda especie percibidos".

Al juicio se le dio su tramitación legal y ejecutoriado el auto de citación para sentencia se procede a ello previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

El señor Fiscal Cuarto de la Corporación al rendir su concepto de fondo encuentra que el libelo no reúne las condiciones de la demanda en forma contempladas en el artículo 84 del C.C. A. porque no se hizo en ella la designación de las partes y sus representantes. Sin embargo, la Sala del respetable criterio del señor Fiscal por cuanto toda la demanda en esta acción pública está indicando sin lugar a dudas que se trata de la nulidad parcial de un artículo del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto extraordinario No. 3135 de 1968 expedido por el Gobierno Nacional, de donde surge que la parte demandada es el Gobierno constituido en este caso, por tratarse de una norma de carácter laboral, por el Presidente de la República y su Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por esto al admitirse la demanda interpretándola en el sentido obvio de su contenido se ordenó comunicar al Ministro del Trabajo su admisión estableciéndose así la relación procesal correspondiente. Por tales breves razones no prospera la excepción propuesta por el señor Fiscal.

Entrando al fondo del negocio se tiene lo siguiente: El actor estima como violados los artículos 17 y 30 de la Constitución Nacional en cuanto definen que el trabajo es una obligación social que gozará de la especial protección del Estado y garantiza la propiedad privada y los demás dere­chos adquiridos con justo título, acusación que se desestima por cuanto dichas normas constituyen declaraciones de carácter general que no apa­recen violadas por la disposición acusada que, ni desconoce la especial protección que el Estado debe al trabajo, ni vulnera derechos adquiridos con justo título.

Se detiene por tanto la Sala a la acusación referente a la violación del numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución, sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria y del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, que se reglamenta mediante la norma acusada.

Dice el artículo 27 del Decreto Legislativo No. 3135 de 1968: "Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es varón, o cincuenta si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión men­sual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio".

La norma reglamentaria, artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, acu­sado, establece: "cuantía de la pensión. El valor de pensión mensual vita­licia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del salario y primas de toda especie percibidos en el último año de servicio por el empleado oficial que haya adquirido el status jurí­dico de jubilado, por reunir los requisitos exigidos por la ley para tal fin".

El actor acusa la norma por tres aspectos: En primer término afir­ma que la norma sustancial se refiere al trabajador oficial y sin embargo "la norma reglamentaria ni lo menciona": en segundo término se afirma que el gobierno extralimitó su facultad reglamentaria al establecer el factor primas como base del promedio para liquidar la pensión ya que la norma por reglamentar no se refiere a primas, y por último, acusa la norma de haberse referido al promedio de los salarios y primas percibidos, cuando la disposición reglamentada habla de salarios devengados.

Se estudian separadamente los tres cargos:

a) Según el artículo 1o. del Decreto 1848 de 1969 se adopta la ex­presión EMPLEADOS OFICIALES como genérica para comprender tanto al empleado público, vinculado con una relación legal y reglamen­taria, como al trabajador oficial vinculado por una relación de carácter contractual. En consecuencia, el cargo no prospera, porque al emplear la norma reglamentaria la expresión "empleado oficial" lo hace genéri­camente para comprender las dos categorías de servidores públicos.

  1. La norma reglamentaria incluye las primas de toda especie como factores del salario, que no habían sido mencionadas en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. Las primas constituyen salario y en consecuencia son factores computables para determinar el promedio básico para la liquidación de las prestaciones. Al declararlo así la norma reglamentaria, el Gobierno no está extralimitando la facultad reglamentaria, ya que no hace más que ratificar un principio general en procura de la cumplida ejecución de la ley, que es la finalidad de esta facultad. Tampoco pros­pera por este aspecto el cargo formulado.

  1. Finalmente el actor rechaza que el reglamento se hubiere refe­rido a salarios percibidos cuando la ley reglamentada habla de salarios devengados. Al respecto encuentra la Sala que devengar y percibir son con­ceptos diferentes, que en la norma reglamentaria se emplean como términos sinónimos, produciendo una evidente confusión al respecto. Devengar es adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título, como lo define el diccionario de la Real Academia, cuando percibir es recibir, obtener el pago. El primero es un concepto jurídico, el segundo lo es de hecho. No pueden, pues, confundirse los dos conceptos y, al hacerlo, el artículo 73 del Decreto 1848 lo empleó impro­piamente desnaturalizando el contenido de la norma reglamentada, con efectos que pueden ser graves para los derechos de los empleados oficiales y por lo tanto se impone su anulación como lo solicita el actor en el pre­sente proceso.

En mérito de las consideraciones anteriores, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

Declarase la nulidad del artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 en cuanto emplea la expresión "percibidos" para referirse al promedio de los salarios y primas que deben servir de base para liquidar la cuantía de la pensión de jubilación.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


COPIESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE.

Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue discutido y aprobado por la Sección Segunda en la sesión celebrada el día 30 de mayo de 1980.

SAMUEL BUITRAGO HURTADO, JOSE JOAQUIN CAMACHO PARDO, ALVARO OREJUELA GOMEZ, IGNACIO REYES POSADA, VICTOR M VILLAQUIRAN, SECRETARIO