100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032564SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2534198022/03/1980SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2534__1980_22/03/1980300325621980
Sentencias de NulidadAydee Anzola Linares ActoraGOBIERNO NACIONALCAMILO ARCINIEGAS ANDRADEDecreto Reglamentario 2.284 de 1974 parcial Identificadores10030121712true1214551original30119840Identificadores

Fecha Providencia

22/03/1980

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Aydee Anzola Linares Actora

Norma demandada:  Decreto Reglamentario 2.284 de 1974 parcial

Demandante:  CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


EMPLEADOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL Y DEL MINISTERIO PU­BLICO / Estabilidad relativa en sus empleosdurante el respectivo período judicial de su superior inmediato / ESTABILIDAD EN EL EMPLEO – Alcance

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SEC­CION SEGUNDA

Consejero ponenente: AYDEE ANZOLA LINARES

Bogotá, D. E., veintidós (22) de marzo (03) de mil novecientos ochenta (1980)

Radicación número: 2534

Actor: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: Expediente Número 2354. Decretos del Gobierno.

El doctor Camilo Arciniegas Andrade, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 66 del C. C. A., previo los trámites de un juicio ordinario solicita de esta Corporación se declare la nulidad de las siguientes disposiciones:

"1a.) De la expresión para el período que a estos corresponde, del primer inciso del artículo 1º, del Decreto 2.284 de 27 de octubre de 1976, reglamentario del artículo 2° de la Ley 15 de 30 de diciembre de 1972; y del parágrafo 1 de ese mismo artículo;

"2a.) Del artículo 4º del Decreto Reglamentario 2.284 de 1974, y

"3a.) De las expresiones si aún no ha finalizado el período para el cual fue nombrado, y hasta la fecha de finalización del respectivo período, del primer inciso del artículo 12 del Decreto 2.284 de 1976; y de todo el segundo inciso de ese mismo artículo".

Como hechos que dieron lugar a la acción relata los siguientes:

"El presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamen­taria que le es inherente, y para reglamentar el artículo 2o de la Ley 15 de 1972, profirió el Decreto 2.284 de 27 de octubre de 1976 Diario Oficial, año CXIII, núm. 34.684, 29 de noviembre de 1976, pág. 625, con algunas de cuyas disposiciones excedió la materia que pretendió reglamentar".

Como disposiciones violadas indica los artículos 65, 76, atribución los 120, ordinal 3º, 161 y 162 de la Constitución Nacional; 25 del Código de Régimen Político y Municipal; 67, 120, 121 y 132 del C. C. A.; 6º, 7º, 11, 12 y 23 del Decreto 250 de 1970 y 2º de la Ley 15 de 1972, normas sobre las cuales expresa el concepto de la violación.

La Fiscalía Cuarta de la Corporación en su vista reglamentaria con­ceptúa que debe declararse probada la ineptitud sustantiva de la demanda.

Como se ha surtido el trámite de ley y no se observa causal alguna que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a decidir en el fondo del asunto, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero resolver la excepción de ineptitud de la demanda soli­citada por la Fiscalía Cuarta de la Corporación la cual la hace consistir en que en el libelo inicial no se designa la parte demandada ni su repre­sentante, como lo exige inexcusablemente el artículo 84, ordinal 1° del C. C A., según el cual toda demanda ante esta jurisdicción contendrá 'la designación de las partes y sus representantes'.

Prescribe el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, lo siguien­te: "Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley pro­cesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial".

Surge de la anterior disposición que cuando el Juez vaya a desatar la controversia que ha sido sometida a su conocimiento, debe evitar sacri­ficar el derecho sustancial so pretexto de acogerse al rigorismo de los procedimientos establecidos al efecto, siempre y cuando las fallas proce­sales no sean de aquellas que impidan la defensa de las partes, que se permitan etapas de las previstas para impulsar el proceso, ó que impidan estudiar los extremos de la litis.

Si bien es cierto que el Art. 84 del CCA., exige que toda demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, además de dirigirse al Tribunal competente deberá contener entre otros requisitos el de la designación de las partes y de sus representantes, ello no es motivo para que prospere la excepción planteada por el Ministerio Público, pues en el auto admisorio de la demanda de fecha 11 de febrero de 1978 (folio 21), el Consejero Sustanciador ordenó que dicho proseído fuese comunicado al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia y notificado al señor Agente del Ministerio Público, actuaciones que fueron cumplidas como se desprende del documento que obra a folio 25 del expediente y de la constancia de folio 24, lo que quiere decir que la Nación y aquellos que pudieran resultar afectados por la decisión jurisdiccional, tuvieron conocimiento de la existencia del proceso.

Las normas acusadas son del siguiente tenor literal:

Inciso 1o del artículo 1°

"Los empleados de las Fiscalías y de la Rama Jurisdiccional, con excepción de los de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, serán nombrados por los respectivos funcionarios para el período que a estos corresponda, debiendo tomar posesión de los cargos dentro de los términos señalados en la Ley".

Parágrafo 1° del mismo artículo 1°:

"Al vencimiento del período del funcionario termina la estabilidad de los empleados subalternos, pero no podrán separarse del cargo mientras no lo asuma quién ha de reemplazarlos".

"Artículo 4o:

"Si dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de posesión los funcionarios de la rama jurisdiccional o los fiscales, nombrados en propiedad, no hicieren los nombramientos de que se habla en el artículo 1º, los empleados que venían prestando sus servicios al correspondiente despacho, tendrán derecho a la estabilidad en sus cargos hasta el venci­miento del período respectivo, siempre que no se encuentren en ninguna de las situaciones señaladas en el artículo 2° de este Decreto".

Artículo 12: "El empleado que obtenga la declaratoria de nulidad del acto administrativo por medio del cual fue removido, tendrá derecho al reintegro a su cargo si aún no ha finalizado el período para el cual fue nombrado, y en todo caso al pago de los sueldos y demás emolumentos y prestaciones sociales a que hubiere lugar, desde el momento de la desvin­culación hasta la fecha de finalización del respectivo período.

"Para efectos del reintegro deberá dirigir solicitud escrita a la auto­ridad nominadora dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia definitiva. Si no lo hace, se entiende que desiste de su derecho al reintegro".

La glosa de orden jurídico del demandante respecto de las normas que antes quedaron señaladas, radica en el hecho de que el Presidente de la República al reglamentar el artículo 2º de la Ley 15 de 1972, excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria contenida en el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Nacional, pues dicha potestad no es ilimi­tada, pues está sujeta al contenido mismo de la ley, sin ampliarla ni restringirla en sus alcances o disposiciones, respetando, además, el campo reservado exclusivamente al legislador, por lo que al desarrollar lo esta­blecido en el texto de la ley sustantiva para su cumplida ejecución debe facilitar su inteligencia y hacer operante la norma de carácter superior. De otro lado considera que por medio del artículo 2° del Decreto-Ley 250 de 1970 se dispuso que la organización de la carrera judicial buscaba ordenar la permanencia de funcionarios y empleados en el servicio y que al otorgar a los empleados subalternos inmovilidad durante el respectivo período judicial, como lo dispuso el artículo 2° de la Ley 15 de 1972, es asunto diferente a establecer que los nombramientos de tales empleados sean hechos para un período determinado, y no obedece a la necesidad de dar cumplida ejecución y la ley que fue esto último lo que dispuso el artículo 1° del Decreto 2.284 de 1976.

En síntesis considera el demandante que respecto de los empleados subalternos de la rama jurisdiccional y de las fiscalías existe "una limi­tación temporal indefinida del derecho a la estabilidad", pues vencido el período de sus respectivos superiores vence su inamovilidad, mas no la vigencia de su nombramiento, su vinculación al servicio del Estado.

Prescribe el artículo 2º de la Ley 15 de 1972 lo siguiente:

"Mientras el Consejo Superior de la Administración de Justicia re­glamenta, organiza y pone en funcionamiento la Carrera Judicial para los empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional y de las Fiscalías, éstos solamente podrán ser removidos de sus cargos, durante el respectivo período judicial, por las causas y mediante el procedimiento disciplinario consagrado en la ley".

De la anterior disposición se colige con toda nitidez que a partir de la expedición de dicha norma todos los empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional y de las Fiscalías, que hayan sido nombrados en propiedad o que ejerzan el cargo en interinidad por un período superior a los no­venta (90) días gozan de una relativa inamovilidad durante el respectivo período judicial de su superior inmediato, a no ser que mediante las causas y procedimientos disciplinarios establecidos en el Decreto 250 de 1970 y demás normas que regulan la materia, se hagan acreedores a la sanción de destitución, pues no se puede deducir de dicha norma que tales servi­dores del Estado gocen de una vitalicidad en el ejercicio de sus cargos como lo pretende el demandante.

Este mismo criterio contenido en la norma en comentario, fue el que desarrolló el Presidente de la República mediante las normas acusadas, en ejercicio de la facultad constitucional que le es propia, sin que se vis­lumbre por ninguna parte que haya excedido las atribuciones consagradas en el ordinal 3° del artículo 120 de la Carta Fundamental.

No sucede lo mismo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 12 del Decreto 2284 demandado, el cual exige para los efectos del reintegro cuando ha prosperado la declaratoria de nulidad del acto administrativo, que removió de sus funciones al empleado de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público dirigir solicitud escrita a la autoridad nominadora dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la sentencia defi­nitiva, sancionando la mora en hacerlo con la presunción de que se desiste del derecho al reintegro. Ese término como lo ha sostenido la Sala en repetidas oportunidades, recorta el del cumplimiento de la sentencia con­sagrada en el artículo 121 del C. C. A., el cual es de treinta (30) días, de donde se deduce por consiguiente, que el ejecutivo en este aspecto excedió la potestad reglamentaria.

En mérito de las consideraciones precedentes, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en desacuerdo con su colaborador Fiscal.

FALLA:

Declárase no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la Fiscalía Cuarta de la Corporación.

Declárase la nulidad del inciso 2° del artículo 12 del Decreto 2284 de 1976, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta Pro­videncia.

Niéganse las demás súplicas de la demanda.

Copíese, notifíquese, cúmplase y en firme esta providencia archívese el expediente.

Se hace constar que el anterior proyecto de fallo fue discutido y aprobado en la sesión celebrada por la Sección Segunda, el día 29 de febrero de 1980.

AYDEE ANZOLA LINARES, SAMUEL BUITRAGO HURTADO, ALVARO OREJUELA GOMEZ, IGNACIO REYES POSADA, VICTOR M. VILLAQUIRAN SECRETARIO