100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032498AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull1212198913/07/1989AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1212__1989_13/07/1989300324961989INTRA / AUTORIDAD DE TRANSITO / CERTIFICADO DE MOVILIZACION / CONTRAVENCION DE TRANSITO Si el decreto demandado tiende a reglamentar una disposición que atribuye una función a las autoridades de tránsito, mal podría, al especificarlas, adscribírselas a un ente que no está en el contexto del mismo decreto considerado como tal. Al crear una nueva contravención de tránsito, EL GOBIERNO ESTA ASUMIENDO una función legislativa constituyendo ello una violación de la norma constitucional. Si bien la revisión periódica de los vehículos es una medida y una exigencia absolutamente legal y ya predeterminada en otras disposiciones en vigencia, no lo es así la multa que, no estando incluida dentro de los casos en que esta sanción se puede aplicar según el Código Nacional de Tránsito Terrestre resulta arbitraria su exigencia para quienes no presenten el vehículo para la revisión ordenada por la ley.
Sentencias de NulidadSamuel Buitrago HurtadoPablo J. Cáceres CorralesDecreto 460 de 1988Identificadores10030121239true1214076original30119367Identificadores

Fecha Providencia

13/07/1989

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Samuel Buitrago Hurtado

Norma demandada:  Decreto 460 de 1988

Demandante:  Pablo J. Cáceres Corrales


INTRA / AUTORIDAD DE TRANSITO / CERTIFICADO DE MOVILIZACION / CONTRAVENCION DE TRANSITO

Si el decreto demandado tiende a reglamentar una disposición que atribuye una función a las autoridades de tránsito, mal podría, al especificarlas, adscribírselas a un ente que no está en el contexto del mismo decreto considerado como tal.

Al crear una nueva contravención de tránsito, EL GOBIERNO ESTA ASUMIENDO una función legislativa constituyendo ello una violación de la norma constitucional. Si bien la revisión periódica de los vehículos es una medida y una exigencia absolutamente legal y ya predeterminada en otras disposiciones en vigencia, no lo es así la multa que, no estando incluida dentro de los casos en que esta sanción se puede aplicar según el Código Nacional de Tránsito Terrestre resulta arbitraria su exigencia para quienes no presenten el vehículo para la revisión ordenada por la ley.

Se decreta la SUSPENSION PROVISIONAL de los siguientes artículos del Decreto 460 de 1988 (marzo 11) del Gobierno Nacional: 5°., 6°., 7°., 8°., 15, parágrafo del artículo 20; 25, 28 y 31.

Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Primera.- Bogotá, D. E., trece de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Consejero ponente: Doctor Samuel Buitrago Hurtado.

Referencia: Expediente número 1212. Decretos del Gobierno. Actor: Pablo J. Cáceres Corrales.

Ante esta Corporación, el abogado Pablo J. Cáceres Corrales ha presentado demanda de nulidad contra varios de los artículos del Decreto 460 de 11 de marzo de 1988, expedido por el Gobierno Nacional, decreto "Por el cual se establece el Certificado de Movilización para la Revisión Nacional de vehículos automotores, se derogan los artículos 14 y 15 del Decreto 2544 de 1987 y se dictan otras disposiciones". Solicita además la suspensión provisional de algunos de esos artículos. Al llenar la demanda los requisitos de ley, será admitida no sin antes hacer las consideraciones concernientes a la petición de suspensión provisional para entrar a decidir sobre la misma

Demanda el autor que, con fundamento en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, se suspendan provisionalmente los artículos 5°., 6°., 7°., 8°., 11, 15, 19, el parágrafo del artículo 20, 25, 27, 28 y 31 del Decreto 460 de 1988 "por cuanto le adscriben al Instituto Nacional del Transporte funciones de circulación y tránsito relacionadas con la revisión de los vehículos automotores que operan en el país y, además, la atribución propia del Congreso, las Asambleas y los Concejos Municipales de establecer contribuciones y, finalmente, invaden la potestad legislativa al crear contravenciones".

Siguiendo el sistema empleado por el actor para la presentación de sus cuestionamientos, se hará referencia en primer término a las normas acusadas de una manifiesta ilegalidad por adscribir funciones de tránsito a una entidad que no es autoridad de circulación. A tal efecto, observamos cómo el ejecutivo, en los considerandos del decreto demandado, comienza diciendo "Que el artículo 73 del Decreto 1344 de 1970 establece la obligatoriedad de la revisión periódica de todos los vehículos automotores". Y, efectivamente, el referido artículo determina que "Las autoridades de tránsito revisarán periódicamente todos los vehículos, con el fin de verificar su correcto estado mecánico y el de los instrumentos de control y seguridad, y cuando comprueben graves deficiencias mecánicas o de higiene, podrán ordenar la inmovilización del vehículo hasta que se corrijan"( subrayas fuera del texto). Estas autoridades de tránsito a que se refiere el artículo transcrito están taxativamente señaladas en el artículo 39 del mismo decreto-ley al declarar que son tales: El ministro de Obras Públicas; el Consejo Superior de Tránsito; las secretarías, departamentos o direcciones de tránsito de carácter departamental, distrital, intendencial y comisarial; los alcaldes municipales e inspectores de policía; las secretarías, departamentos e inspecciones municipales de tránsito; la policía nacional en sus cuerpos especializados de policía vial y policía urbana de tránsito. Como bien se ve, no aparece en esta lista que es excluyente, el Instituto Nacional del Transporte. Todo parece indicar entonces, que es a aquellas, y no a éste que se refiere el articulo 8°. del decreto-ley en mención cuando prescribe que "El Gobierno adscribirá las funciones relativas a la expedición de licencias de conducción o pases y registro de vehículos y demás que este Código no atribuya singularmente a alguna, a las autoridades nacionales, departamentales y municipales del ramo", siendo el de "tránsito" el ramo a que se refiere según la nítida redacción con que continúa el mismo artículo en su inciso segundo: "Con tal fin el Gobierno señalará los requisitos o condiciones que deben reunir las autoridades existentes o que se creen en materia de tránsito, les fijará pautas técnicas de las someterá a su inspección técnica y administrativa” (las subrayas no son del texto).

Así pues, cotejando las normas enunciadas y transcritas con los artículos 5°., 8°., 15, parágrafo del artículo 20, 31 del Decreto número 460 de 1988, se tiene que si este decreto tiende a reglamentar el artículo 73 del Decreto-ley 1344 que atribuye una función a las autoridades de tránsito mal podría, al especificarlas, adscribírselas a un ente que no está en el contexto del mismo decreto considerado como tal. De este cotejo, aparece con persuasiva claridad, sin que haya que elaborar otros elementos de convicción, que la norma superior aparece violada cumpliéndose así el requisito de ser percibible a través de una sencilla comparación para que sea procedente la suspensión provisional.

Solicita igualmente el actor que se suspendan provisionalmente los artículos 6°., 7, 11, 19, 25, 27 y 28 aunque sólo sustenta la petición sobre la suspensión de los artículos 6°., 7°., 25 y 28, a los cuales se hará referencia seguidamente.

El artículo 6°. prescribe que quien coloque en el vidrio delantero del vehículo un "elemento" distinto al certificado de movilización, incurrirá en multa de tres (3) salarios mínimos legales diarios vigentes. Manifiesta el actor, y en ello le asiste la razón, que esta conducta no está considerada dentro de las infracciones establecidas en el Código de Tránsito, lo que equivale a afirmar que, al crear una nueva contravención de tránsito, el gobierno está asumiendo una función legislativa constituyendo ello una violación de la norma constitucional, concretamente del artículo 76 de la Carta, numerales 2 y 24 en los que se determina que es al Congreso al que corresponde expedir los códigos y reformar sus disposiciones así como unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. Por otra parte, no se ve muy claro cuál es la norma, de las citadas en el preámbulo del decreto reglamentario, o en la enunciación de las que el mismo dice reglamentar, que faculta al ejecutivo para el señalamiento de esta conducta como infracción y para la imposición de la multa allí señalada para la misma. Se impone pues su suspensión provisional mientras se haga la suficiente claridad sobre ella en el transcurso del proceso.

Caso parejo al anterior es el planteado en el artículo séptimo del decreto bajo examen en el que se está creando un nuevo requisito, no considerado en el Código respectivo y modificatorio de la sanción en él establecida para quienes conduzcan vehículos sin las condiciones de seguridad y funcionamiento exigidos. En efecto, el certificado de movilización que reglamenta el ya dicho artículo séptimo, es la imposición, fuera del contexto de la norma reglamentada, de un nuevo requisito para la circulación de vehículos y el señalamiento de una multa en abierta contradicción con las facultades legales, es decir, yendo en contravía de ellas, particularmente de las que, por voluntad constitucional, son atribución del Congreso de la República. Al contradecir la norma superior, deducción que se hace después de un primer y genérico análisis, es procedente su suspensión provisional.

Similar consideración cabría hacerse respecto al artículo 25 del mismo decreto en cuestionamiento, pues si bien la revisión periódica de los vehículos es una medida y una exigencia absolutamente legal y ya predeterminada en otras disposiciones en vigencia, no lo es así la multa que, no estando incluida dentro de los aproximadamente setenta casos en que esta sanción se puede aplicar, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, resulta arbitraria su exigencia para quienes no presenten el vehículo para la revisión ordenada por la ley, conducta reticente que ya tiene su propia sanción cual es la inmovilización del aparato automotor. Resulta así, prima facie, la Insubordinación de dicho artículo a la norma superior lo que hace viable su suspensión provisional.

Por último, se tiene que el artículo 28 de la normatividad demandada, al prescribir que el propietario de un vehículo que transite sin el seguro de que trata el Decreto 2544 de 1987 incurrirá en multa de diez (10) salarios mínimos legales que se han imputado a los anteriores. Aunque aparentemente el Decreto 2544 de 1987 no conlleva sanción alguna para quienes infrinjan la disposición que allí se contempla, si establece un sistema de control de su cumplimiento al ordenar, en el artículo 5°., que la existencia del contrato de seguro formará parte de los requisitos exigidos para la expedición del comprobante de revisión técnica establecida en el Decreto 1344 y que la fecha de expiración del contrato de seguro no podrá ser anterior a la fecha de expiración del comprobante de revisión técnica. Existiendo, en conclusión, en este caso la misma razón que en los anteriores para decir de él que transgrede la norma superior, se le debe aplicar la misma disposición, es decir, la suspensión provisional.

Expuestas las anteriores consideraciones,

Se decide:

a) Admítese la anterior demanda presentada por el abogado Pablo J. Cáceres Corrales en su propio nombre, contra varios de los artículos del Decreto 460 de 11 de marzo de 1988 expedido por el Gobierno Nacional. Por lo tanto,

1. Notifíquese al señor agente del Ministerio Público.

2. Notifíquese al señor ministro de Obras Públicas y Transporte.

3. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para

los fines del ordinal 3°. del artículo 207 del C. C. A.

b) Se decreta la suspensión provisional de los siguientes artículos del Decreto número 460 de 11 de marzo de 1988 expedido por el Gobierno Nacional: 5°., 6°., 7°., 8°, 15, parágrafo del artículo 20, 25, 28 y 31.

Cópiese y notifíquese.

Samuel Buitrago Hurtado.

Víctor M. Villaquirán M., Secretario.