100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032411AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull887198809/11/1988AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_887__1988_09/11/1988300324091988SIN EXTRACTO DE RELATORIA
Sentencias de NulidadClara Forero De CastroMILCIADES APONTE HERRERAartículo 10 del Decreto 1135 de 1952Identificadores10030120695true1213515original30118823Identificadores

Fecha Providencia

09/11/1988

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Clara Forero De Castro

Norma demandada:  artículo 10 del Decreto 1135 de 1952

Demandante:  MILCIADES APONTE HERRERA


SIN EXTRACTO DE RELATORIA

DECRETO 1135 DE 1952 – Artículo 10 suspendido provisionalmente / POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - No le es dado al Presidente de la República o a quien haga sus veces, expedir normas en materia de escalas de remuneración y prestaciones sociales, a menos de haber sido facultado en forma precisa y protémpore por el Congreso para ello / PRESTACIONES SOCIALES Y ESCALAS DE REMUINERACION – No son objeto de reglamentación por parte del Presidente de la República

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejera ponente: CLARA FORERO DE CASTRO

Bogotá, D. E., nueve (09) noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988)

Radicación número: 887

Actor: MILCIADES APONTE HERRERA

Demandado:

Referencia: Solicitud de suspensión provisional del artículo 10 del Decreto 1135 de 1952.

El señor Milciades Aponte Herrera, actuando en su propio nombre interpone recurso de súplica contra el auto de 24 de agosto de 1988, en cuanto negó la suspensión provisional del acto acusado —artículo 10 del Decreto 1135 de 1952—.

Estima que dicha norma quebranta en forma palmaria y ostensible el numeral 3º del artículo 120 de la Carta Fundamental, lo mismo que el numeral 9º del artículo 76.

La suspensión provisional fue negada, frente a la duda existente acerca de la vigencia del artículo demandado, considerando que este aspecto incide necesariamente en la decisión que ponga término al proceso y corresponde definirlo más adelante en la sentencia, cuando se disponga de los elementos de juicio suficientes.

Para resolver se considera:

Independientemente de las dudas que surgen respecto a la vigencia del artículo 10 del Decreto 1135 de 1952, si actualmente es invocado y aplicado por alguna autoridad, resulta benéfico un pronunciamiento sobre su legalidad y constitucionalidad, a través de la figura de la suspensión provisional, para salvaguardia del orden jurídico.

No cabe duda ninguna, por expresarlo así en su texto mismo, que el Decreto 1135 de 1952 es de carácter reglamentario, expedido por el señor Presidente de la República en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 120 numeral 3º de la Constitución.

En su artículo 10 estableció una especie de prima de antigüedad o aumento de sueldo para los maestros escalaíonados en primera categoría de primaria después de 5 y 10 años de servicio y la aprobación con un puntaje no menor del 80% de un examen de capacitación.

Como ninguna disposición semejante estaba contenida en la Ley 97 de 1945 que pretendía reglamentar, es obvio que en su expedición hubo extralimitación de la potestad reglamentaria que debe ser utilizada, no para rebasar el texto de la ley sino para hacer operantes sus disposiciones.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 76 ordinal 9º de la Constitución corresponde al Congreso por medio de leyes, fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos y el régimen de prestaciones sociales.

No le es dado al Presidente de la República o a quien haga sus veces, expedir normas en estas materias, a menos de haber sido facultado en forma precisa y pro témpore por el Congreso para ello. Jamás en ejercicio de la potestad reglamentaria.

Como el artículo acusado, norma de carácter reglamentario, estatuyó aumentos salariales no contemplados en la ley reglamentada, excedió tal potestad y usurpó competencia reservada al Congreso.

Ello surge de la simple comparación de su texto con los preceptos constitucionales invocados, y por tanto, procede la suspensión provisional.

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión,

Resuelve:

Revocar el auto de 24 de agosto de 1988, en cuanto negó la suspensión provisional del acto acusado.

Suspender provisionalmente el artículo 10 del Decreto 1135 de 1952.

Copíese, notifíquese, comuniqúese y devuélvase el expediente al Despacho de origen.

AYDEE ANZOLA LINARES, CLARA FORERO DE CASTRO, ALVARO LECOMPTE LUNA, MIGUEL A. PERILLA P., SECRETARIO