100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032403AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull970198809/09/1988AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_970__1988_09/09/1988300324011988SIN EXTRACTO DE RELATORIA
Sentencias de NulidadSimón Rodríguez RodríguezMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RAFAEL BERNAL SALAMANCADecreto número 886 de 10 de abril de 1984Identificadores10030120661true1213481original30118789Identificadores

Fecha Providencia

09/09/1988

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Simón Rodríguez Rodríguez

Norma demandada:  Decreto número 886 de 10 de abril de 1984

Demandante:  RAFAEL BERNAL SALAMANCA

Demandado:  MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO


SIN EXTRACTO DE RELATORIA

DECRETO 886 DE 10 DE ABRIL DE 1984 – Suspendido provisionalmente/PRESIDENTE - Atribuciones constitucionales / CONTRATO DE IMPORTACION - No es facultad del presidente de la República clasificarlo como administrativo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Bogotá, D. E., nueve (09) septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988)

Radicación número: 970

Actor: RAFAEL BERNAL SALAMANCA

Demandado: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Referencia: Solicitud de suspensión provisional del Decreto 886 de 10 de abril de 1984

El ciudadano y abogado Rafael Bernal Salamanca en ejercicio de la acción pública contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo impetra la nulidad absoluta "del acto administrativo de orden nacional expedido con las firmas del señor Presidente de la República y el señor Ministro de Desarrollo Económico y conocido como Decreto número 886 de 10 de abril de 1984".

Y solicita a la vez su suspensión provisional.

El acto acusado:

Lo es el Decreto 886 de 1984 suscrito por los funcionarios antes mencionados, cuyo tenor es el siguiente:

'"Decreto número 886 de 1984

"(abril 10)

"Por el cual se determina la competencia para el ejercicio de una actividad administrativa en materia de Comercio Exterior.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de la facultad que le otorga el artículo 132 de la Constitución Nacional, y

"CONSIDERANDO:

"Que dada la naturaleza jurídica de establecimiento público, la afinidad con los objetivos que la ley le ha trazado y la organización administrativa, el organismo competente más idóneo

para ejercer la actividad de suscribir, vigilar y controlar los contratos de compromiso de exportación es el Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX,

"DECRETA:

"Artículo 1º Autorizar al Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX en su condición de organismo ejecutor de la política de comercio exterior para que suscriba, vigile y controle los contratos de exportación que se disponga deban afirmar las personas de derecho público o privado.

"Artículo 2º Los contratos que suscriba el Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX en desarrollo de esta facultad contendrán entre otras las cláusulas de la caducidad y los principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales a que se refiere la Ley 19 de 1982 en concordancia con el Decreto 222 de 1983.

"Artículo 3º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

"Comuniqúese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 10 de abril de 1984".

Consideraciones de la Sala Unitaria:

La demanda reúne los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad y por ello se aceptará.

La medida de suspensión provisional es sustentada por la parte actora así:

"El acto acusado se expidió 'en uso de la facultad que le otorga (al presidente) el artículo 132 de la Constitución Nacional'. Pero el artículo 132 de la Constitución Nacional solamente dice: 'La distribución de los negocios, según sus afinidades, entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, corresponde al Presidente de la República'. No dice que el Presidente de la República le corresponde determinar cuáles son las cláusulas y los principios que deben contener los contratos asignados a un establecimiento público y mucho menos dice que al Presidente de la República le corresponde reclasificar los contratos de la Nación ordenando que se les incluyan cláusulas y principios cuya inclusión implica que un contrato de naturaleza civil o comercial se convierta en contrato administrativo y, por consiguiente, deje de ser regido por el derecho privado y pase a ser regido por el derecho público.

"El Decreto 222 de 1983, después de enumerar en forma taxativa cuales son los contratos administrativos, entre los cuales no incluye los contratos de compromiso de exportación, dice: 'Son contratos de derecho privado, de la administración los demás' y establece que sólo los contratos administrativos se rigen por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales por parte de las entidades públicas que los suscriban. El acto acusado dice que los contratos de compromiso de exportación que suscriba el INCOMEX contendrán entre otras la cláusula de caducidad y los principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales. Lo cual implica que el acto acusado se arroga la facultad de convertir en contratos administrativos los compromisos de exportación que son contratos de derecho privado de la administración, regidos por el derecho civil y comercial, violando así en forma flagrante el Decreto extraordinario número 22 de 1983".

3. Estima el Despacho que la suspensión deprecada está llamada a prosperar por las siguientes razones:

a)En primer término se advierte que la única facultad invocada por el Presidente de la República para dictar el Decreto acusado es el artículo 132 de la Carta Política, de conformidad con el cual "la distribución de los negocios, según sus afinidades, entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos corresponde al Presidente de la República".

Ello ha de entenderse en el sentido de que el Jefe de Estado como suprema autoridad administrativa que es, tiene la facultad de hacer la repartición del trabajo entre los distintos ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, teniendo en cuenta que correspondan a las funciones que cada uno de ellos cumple.

Entonces el artículo 1º del Decreto 886 queda cobijado por dicha previsión porque los contratos de exportación de que habla la norma están en la órbita de actividades que ordinariamente cumple el Instituto Colombiano de Comercio Exterior;

b)Mas no sucede lo mismo en tratándose del mandato del artículo2º ibídem en cuanto se inmiscuye en campo que no lo autoriza el referido artículo 132 constitucional, porque no se trata de distribuir labores por el señor Presidente de la República.

En efecto, lo que en su oportunidad no hizo el Decreto 222 de 1983 dictado por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias de la Ley 19 de 1982 "por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas..." y en los cuales no aparece clasificado como administrativo el contrato de importación, lo pretende hacer ahora extrañamente el Decreto 886 en el texto examinado al introducirle a aquél la cláusula de caducidad y demás manifestaciones de actuación unilateral de la administración.

Surge así a primera vista, ostensiblemente, según las prescripciones del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo en punto a suspensión provisional, el quebranto del artículo 132 de la Carta y del Decreto 222 de 1983 en armonía con la Ley 19 de 1982, que se vería indebidamente adicionado en la forma vista y por ello habrá de decretarse la medida precautoria respecto del artículo 2º del Decreto 886 de 1984.

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria decide lo siguiente:

1º Admítese la anterior demanda contra el Decreto número 886 de 10 de abril de 1984, proferido por el señor Presidente de la República que promueve el actor en nombre propio. Para su trámite, se dispone:

a)Notifíquese personalmente el auto admisorio de la demanda al señor Fiscal Primero de la Corporación;

Notifíquese personalmente al señor Ministro de Desarrollo Económico, con entrega de copia de la demanda y sus anexos;

Fíjese este asunto en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada y los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas;

Solicítese al Ministerio de Desarrollo Económico los antecedentes administrativos del acto acusado, si los hubiere;

Suspéndese provisionalmente el Decreto número 886 de 10 de abril de 1984, proferido por el señor Presidente de la República;

Reconócese como demandante en el presente proceso al doctor Rafael Bernal Salamanca.

Notifíquese.

SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONSEJERO DE ESTADO, VICTOR M. VILLAQUIRAN, SECRETARIO