100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032271AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull5942199014/06/1990AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_5942__1990_14/06/1990300322691990SUSPENSION PROVISIONAL - Improcedencia / HIDROCARBUROS / PROPIEDAD PRIVADA - Reconocimiento Si está o no implícito en el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 el requisito de que los derechos constituidos a favor de terceros (situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas) deben estar o no vinculados a uno o más yacimientos petrolíferos descubiertos con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, fecha de vigencia de la Ley 20 de ese año, es labor interpretativa del juez que implica “penetrar con alguna profundidad... en la doctrina que llevan consigo las palabras con que está redactada la norma superior”, y conlleva a un necesario pronunciamiento sobre la extensión y los límites del poder reglamentario que el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Política atribuye al Presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, definiciones todas que exceden por su propia naturaleza, los estrechos límites en que debe moverse al juzgador cuando resuelve, en los umbrales del proceso y sin haber tenido la ocasión de escuchar y sopesar los argumentos en pro y en contra de una determinada tesis jurídica, una solicitud de suspensión provisional.
Sentencias de NulidadAntonio José Irisarri RestrepoGOBIERNO NACIONALALBERTO RESTREPO RESTREPOartículo 1º de la Ley 20 de 1969, de los artículos 30 y 120, 3 de la Constitución Nacional y del artículo 28 de la Ley 153 de 1887Identificadores10030119990true1212809original30118119Identificadores

Fecha Providencia

14/06/1990

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Antonio José Irisarri Restrepo

Norma demandada:  artículo 1º de la Ley 20 de 1969, de los artículos 30 y 120, 3 de la Constitución Nacional y del artículo 28 de la Ley 153 de 1887

Demandante:  ALBERTO RESTREPO RESTREPO

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


SUSPENSION PROVISIONAL - Improcedencia / HIDROCARBUROS / PROPIEDAD PRIVADA - Reconocimiento

Si está o no implícito en el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 el requisito de que los derechos constituidos a favor de terceros (situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas) deben estar o no vinculados a uno o más yacimientos petrolíferos descubiertos con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, fecha de vigencia de la Ley 20 de ese año, es labor interpretativa del juez que implica “penetrar con alguna profundidad... en la doctrina que llevan consigo las palabras con que está redactada la norma superior”, y conlleva a un necesario pronunciamiento sobre la extensión y los límites del poder reglamentario que el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Política atribuye al Presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, definiciones todas que exceden por su propia naturaleza, los estrechos límites en que debe moverse al juzgador cuando resuelve, en los umbrales del proceso y sin haber tenido la ocasión de escuchar y sopesar los argumentos en pro y en contra de una determinada tesis jurídica, una solicitud de suspensión provisional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente: ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO

Bogotá, D.E., catorce (14) de junio de mil novecientos noventa (1990)

Radicación número: 5942

Actor: ALBERTO RESTREPO RESTREPO

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: Autoridades nacionales

I

Por venir en debida forma, se admitirá la demanda de nulidad incoada por el ciudadano Alberto Restrepo Restrepo contra las siguientes disposiciones del Decreto número 1994 del 4 de septiembre de 1989, proferido por el Gobierno Nacional:

a) El aparte final del artículo 1º que dice: “... y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos.”

b) El artículo 2º, en su totalidad que dice: “Para efectos de lo previsto en la Ley 20 de 1969 y en el presente Decreto, un yacimiento se reputa descubierto cuando mediante perforación con taladro y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos, y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos”.

c) El ordinal c del artículo 3º, que dice:

“c) Que el yacimiento materia de la solicitud fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969.”

Como el proyecto de decisión sobre la solicitud de suspensión provisional elaborado por el señor Consejero conductor del proceso no fue aprobado por la mayoría de la Sala, redacta esta ponencia el Consejero que sigue en turno, por orden alfabético. Para resolver sobre la misma provisora impetrada,

SE CONSIDERA:

II

DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL

1. El actor solicita, en el mismo escrito contentivo de la demanda, el decreto de suspensión provisional de los efectos de las normas impugnadas. Formula así su petición:

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 152 C.C.A., con toda atención pido del H. CONSEJO DE ESTADO decretar la suspensión provisional de las normas del Decreto 1994 de 1989 que han sido acusadas y que han sido debidamente determinadas en el acápite II. PETICIONES de esta demanda.

“La suspensión que se solicita es procedente por cuanto no está prohibida por la Ley y porque de una simple y sencilla comparación de tales normas con las disposiciones del a, resulta en forma ostensible la violación de estas normas de carácter superior.

“Claramente, prima facie y sin necesidad de análisis interpretativo, se observa que las disposiciones del Decreto 1994 de 1989 que exigen para el reconocimiento del derecho de propiedad privada sobre yacimientos de hidrocarburos el hecho de que hayan sido descubiertos antes del 22 de diciembre de 1969 mediante los procedimientos y resultados que ellas consagran, son contrarias al reconocimiento que de estos derechos hace la Ley 20 de 1969 en su artículo 1º, a la norma del artículo 30 de la Constitución Nacional en armonía con el 28 de la Ley 153 de 1887, que reconocen los derechos adquiridos bajo el imperio de una Ley y al artículo 120 ordinal 3o. de la Constitución Nacional por cuanto exceden la potestad reglamentaria que se otorga al Presidente de la República”.

2. Los textos de carácter superior que se dicen ostensiblemente violados son del siguiente tenor:

A) Ley 20 de 1969.

Artículo 1º. “Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente Ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas y vinculadas a yacimientos descubiertos.”.

B) Constitución Política.

Artículo 30. “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores”.

Artículo 120, ord. 3º. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa

“3o. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes;”.

C) Ley 153 de 1887.

Artículo 28. Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán la disposiciones de la nueva ley”.

3. Ha dicho repetidamente la jurisprudencia de esta Corporación que para que el decreto de suspensión provisional de un acto administrativo se abra paso, es preciso que entre el acto acusado y las normas de superior jerarquía que se repitan como violadas exista una contrariedad tal que ella pueda observarse en forma ostensible, manifiesta, flagrante, con la simple comparación, como en doble columna, entre las normas superiores y las acusadas de inferior jerarquía. Ha dicho igualmente, que si para deducir la infracción es menester adentrarse en disquisiciones más o menos prolijas, más o menos complejas, la medida provisoria no es viable, toda vez en esas condiciones la ostensibilidad de la violación exigida por la ley, se desdibuja o desaparece. “... violación manifiesta de la ley o de normas de derecho positivo superiores a aquella que se dice violatoria, es la contradicción de ésta con las que se consideran violadas, y que aparece a primera vista, sin que para descubrirla sea necesario recurrir a razonamientos y disquisiciones profundas” (Auto de 19 de abril de 1945, “ANALES”, T. LIV, números 347 - 351, página 137).

También ha expresado que “la flagrancia es tanto como (apreciar) a primera vista, sin duda, que no requiera circunloquios ni reflexiones profundas, o sea, que de la comparación de una y otra normas, colocadas como en doble columna, surja evidente la contrariedad. No es posible la suspensión si debe penetrarse con alguna profundidad en el concepto, o sea en la doctrina que lleven consigo las palabras con que se esté redactada la norma superior.” (Auto de 1º de junio de 1977, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección 4a., Exp. 4503; Consejero ponente Dr. MIGUEL LLERAS PIZARRO; Actor: James Raisbeck, las sublíneas no son del texto).

4. Conocida es la también reiterada jurisprudencia de la Corporación conforme a la cual “el decreto reglamentario no puede ser otra cosa que el desarrollo lógico de las disposiciones de la ley que trata de reglamentar y que no puede, sin incurrir en extralimitación, establecer nada que implícitamente no se halle contenido en aquella. Por lo mismo tampoco puede cercenar nada de lo expresamente estatuido en la ley. En uno y otro caso excedería la potestad reglamentaria” (Sentencia de 14 de noviembre de 1949, `ANALES', Tomo LVIII, números 367 - 371, p. 289), o la que sostiene que “llenar los vacíos y detalles que no previó la ley que sea necesario dictar a fin de que el estatuto tenga eficacia en la práctica, es la razón de ser de la potestad reglamentaria del presidente de la república, pues sin ella se expondrían las leyes a tornarse inoperantes o a no tener cumplida ejecución, ya que el legislador no expide sino las normas generales, quedándole al ejecutor de aquellas, el gobierno, la tarea de poner en función de actuar los mandatos legales, ciñéndose al espíritu de estos, pero dictando cuantas disposiciones sean precisas para darle a la ley desarrollo cumplido (Sentencia de 17 de octubre de 1950, “ANALES”, tomo LVIII, números 367 - 381, página 453).

5. Ahora bien: para la Sala la ostensible violación que el demandante endilga a las normas acusadas no es tan evidente como resulta de sus planteamientos. Ello, por las siguientes razones:

5.1. Porque no puede decirse, ante el texto del artículo 1º de la Ley 20 de 1969 (en armonía con el 13, que el impugnante no se señala como infringido), que el 22 de diciembre de 1969 - fecha de vigencia de la Ley 20, sea un factor que, rotunda y definitivamente, no entre el juego para el reconocimiento del derecho de propiedad privada sobre yacimientos de hidrocarburos. En otros términos: si está o no implícito en el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 el requisito de que los derechos constituidos a favor de terceros (“situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas”) deban estar o no vinculados a uno o más yacimientos petrolíferos descubiertos con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, fecha de vigencia de la Ley 20 de ese año, es labor interpretativa del juez que implica “penetrar con alguna profundidad (...) en la doctrina que llevan consigo las palabras con que está redactada la norma superior”, y conlleva a un necesario pronunciamiento sobre la extensión y los límites del poder reglamentario que el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Política atribuye al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, definiciones todas que exceden, por su propia naturaleza, los estrechos límites en que debe moverse al juzgador cuando resuelve, en los umbrales del proceso y sin haber tenido la ocasión de escuchar y sopesar los argumentos en pro y en contra de una determinada tesis jurídica, una solicitud de suspensión provisional. Labor de tal envergadura es propia, solamente, de la sentencia definitiva.

5.2. Y en cuanto hace a las alegadas violaciones por las disposiciones impugnadas del Decreto 1994 de 1989 de los artículos 30 de la Constitución y 28 de la Ley 153 de 1887 por su supuesto o real desconocimiento de los derechos adquiridos, baste con plantear las siguientes inquietudes: ¿qué clase de derechos ampara y garantiza la disposición inicial del artículo 30 de la Constitución . Serán, acaso, todas las situaciones jurídicas subjetivas de derecho cualquiera que sea la índole de la norma que las ampare, las que gozan de esa especial tutela jurídica . O serán, por ventura, únicamente los derechos adquiridos, con justo título, con arreglo a las leyes civiles, en forma tal que quedan excluídas de la garantía en comentario, las situaciones amparadas por leyes de otra naturaleza (laborales, agrarias, mineras, petroleras, etc.) Qué incidencia pueden tener sobre el tema, las ideas de prevalencia de la utilidad pública y del interés general sobre los intereses particulares en la determinación de los “derechos adquiridos” tutelados por la parte inicial del artículo 30 de la Carta Política

La sola enunciación de tales interrogantes pone bien de manifiesto la vastedad del tema, su honda significación jurídica y, de contera, la necesidad de un profundo estudio que solo es posible hacer en una sentencia de fondo y no en un mero auto de suspensión provisional.

5.3. En cuanto concierne al artículo 2º del Decreto 1994, no puede decirse que viole flagrantemente la Ley 20 de 1969 al precisar cuándo un yacimiento petrolífero se considera descubierto, dándole un alcance mayor al que dicha ley da a la expresión “yacimiento descubierto”, pues en parte alguna de la ley reglamentaria se definió qué ha de entenderse por tal. Y si es propio del poder reglamentario de las leyes que la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la República, dictar las normas de detalle necesarias para su cumplida ejecución, no encuentra la Sala, prima facie, que la especificación que del concepto “yacimiento descubierto” hace el artículo 2º impugnado vulnere la Ley 20 de 1969 que, se repite, enuncia el concepto pero sin entrar a definir su contenido y alcances.

5.4. Las consideraciones que preceden bastan, a juicio de la Sala, para disponer la admisión a trámite de la demanda presentada por el señor Alberto Restrepo Restrepo contra algunas de las disposiciones del Decreto Reglamentario número 1994 de fecha 4 de septiembre de 1989 y para no acceder a decretar la suspensión provisional de las normas acusadas.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

RESUELVE:

Primero. Por reunir los requisitos de ley SE ADMITE la demanda de nulidad incoada por el ciudadano ALBERTO RESTREPO RESTREPO, a que se ha hecho mérito en los considerandos de este proveído.

En consecuencia, se dispone:

A) Notifíquese personalmente a la señora Ministro de Minas y Energía y al señor Agente del Ministerio Público;

B) Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para los efectos del artículo 207 del C.C.A. (Art. 46, Decreto 2304 de 1989);

C) No hay lugar al depósito de que trata el numeral 4 del artículo 46 del Decreto 2304 de 1989, por tratarse de asunto de puro derecho y porque las notificaciones que deben hacerse son todas en Bogotá D.E.,

D) No hay lugar a ordenar el envío de los antecedentes administrativos de las normas acusadas.

Segundo. No se accede a decretar la suspensión provisional de las normas acusadas.

Cópiese y notifíquese.

Se hace constar que la anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha

CARLOS BETANCUR JARAMILLO, PRESIDENTE DE LA SALA, ANTONIO J. DE IRISARRI RESTREPO, GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO, JULIO CESAR URIBE ACOSTA, FELIX ARTURO MORA VILLATE, SECRETARIO.

SALVAMENTO DE VOTO

HIDROCARBUROS / PROPIEDAD PRIVADA - Reconocimiento

Debe aceptarse que efectivamente con las disposiciones cuya suspensión se solicita se establecen nuevas condiciones para reconocer la propiedad privada, cuyo derecho se había adquirido con anterioridad, tal como puede verse en el artículo 1º del Decreto 1994, que impone la obligación de que a 22 de diciembre de 1969 las situaciones jurídicas consolidadas ya estuvieran vinculadas a yacimientos descubiertos, requisito que no establece la Ley 20; así, la persona que presentara un título válido jurídicamente, antes de la expedición del Decreto 1994 era considerada propietaria del subsuelo petrolífero, y a partir del 4 de septiembre, tendrá que demostrar que el yacimiento fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969, lo que configura razón suficiente para acceder a la solicitud de suspensión.

Consejero ponente: GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO

Referencia: Expediente No. 5942. Actor: ALBERTO RESTREPO RESTREPO.

Con todo respeto por la decisión mayoritaria, me separo de la decisión anterior en cuanto a la solicitud de SUSPENSION PROVISIONAL, que aparece en el acápite VI de la demanda, bajo el título - PETICION DE SUSPENSION PROVISIONAL - , por las siguientes razones:

Se demanda y se solicita la suspensión provisional de las siguientes disposiciones del Decreto de 1994:

a) El aparte final del artículo 1º, que dice

“...y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos”.

b) El artículo 2º, en su totalidad que dice:

“Para efectos de lo previsto en la ley 20 de 1969 y en el presente decreto, un yacimiento se reputa descubierto cuando mediante perforación con taladro y las correspondientes pruebas de fluidos, se logre el hallazgo de la roca en la cual se encuentren acumulados los hidrocarburos, y que se comparte como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción.

c) El literal c) del artículo 3º, que dice:

“...c) Que el yacimiento materia de la solicitud fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969”.

El actor, cita como violados el artículo 1º, de la Ley 20 de 1969, el artículo 3º de la Ley 153 de 1887 y el artículo 120 ordinal 3o. C.N.

Los textos normativos que se dicen violados rezan:

LEY 20 de 1969:

Artículo 1º: “Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”.

CONSTITUCION NACIONAL:

Artículo 3º: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores...”.

LEY 153 DE 1887:

Artículo 28: “Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extensión, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”.

CONSTITUCION NACIONAL:

Artículo 120: Ordinal 3o.: “Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa: 3o. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.

El artículo 152 C.C.A., exige la petición y sustentación expresa de la suspensión provisional, requisitos que se observan en la petición de que se trata, cuando el actor manifiesta:

“...Claramente, prima facie y sin necesidad de análisis interpretativo, se observa que las disposiciones del Decreto 1994 de 1989 que exigen para el reconocimiento del derecho de propiedad privada sobre yacimientos de hidrocarburos el hecho de que hayan sido descubiertos antes del 22 de diciembre de 1969 mediante los procedimientos y resultados que ellas consagran, son contrarias al reconocimiento que de estos derechos hace la ley 20 de 1969 en el artículo 1º, a la norma del artículo de la Constitución Nacional en armonía con el 28 de la ley 153 de 1987, que reconocen los derechos adquiridos bajo el imperio de una ley y el artículo 120 ordinal 30 de la Constitución Nacional por cuanto exceden la potestad reglamentaria que se otorga al Presidente de la República”.

El artículo 1º de la Ley 20 de 1969, relacionado como violado, es aplicable a hidrocarburos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la misma ley.

Debe aceptarse que efectivamente con las disposiciones cuya suspensión se solicita se establecen nuevas condiciones para reconocer la propiedad privada, cuyo derecho se había adquirido con anterioridad, tal como puede verse en el artículo 1º del Decreto 1994, que impone la obligación de que a 22 de diciembre de 1969 las situaciones jurídicas consolidadas ya estuvieran vinculadas a yacimientos descubiertos, requisito que no establece la Ley 20; así, la persona que presentara un título válido jurídicamente, antes de la expedición del Decreto 1994 era considerada propietaria del subsuelo petrolífero, y a partir del 4 de septiembre, tendrá que demostrar que el yacimiento fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969, lo que configura razón suficiente para acceder a la solicitud de suspensión.

Si bien es cierto que el artículo 1º de la Ley 20 exige la vinculación a yacimientos descubiertos, no es menor cierto que la norma cuya nulidad se demanda, introduce como requisito que el 22 de diciembre estuvieran el yacimiento descubierto, lo que hace que la condición sea exigida con efecto retroactivo, pues para la demostración es necesario que antes de esa fecha se hayan efectuado las operaciones necesarias para el descubrimiento, haciendo nugatorio el derecho adquirido de los particulares.

En cuanto al artículo 2º del mismo Decreto 1994, es flagrante la violación pues por vía reglamentaria se da un alcance mayor al que le da la ley a la expresión “yacimiento descubierto”, exigiendo métodos que no menciona la ley, por lo cual me aparto de la ponencia mayoritaria que afirma no haber sido definido este concepto en el reglamentario, cuando efectivamente sí lo fue y excediéndose según puede verse en el literal b) de la solicitud de suspensión.

Finalmente, para el literal c) del artículo 30, es válido el razonamiento hecho en este escrito en relación con el artículo 1º ibídem.

Comparto en su totalidad el concepto que sobre este tema profirió la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación el 11 de julio de 1988, Rad. No. 187, que en su aparte pertinente expresó:

“REGIMEN JURIDICO DE LA LEY DE 1969

“Dice el artículo 1º de este Estatuto:

“Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”.

“Y agrega el artículo 13:

“Las normas contenidas en el artículo 1º de esta ley se aplicaran también a los yacimientos de hidrocarburos”.

“En la primera disposición transcrita hay una regla general, una excepción y una aclaración, y en la segunda hay un ordenamiento extensivo pero de alcances limitados. Veámoslo

. “3. LA REGLA GENERAL.

“Contiene una declaración de dominio que abarca todas las minas, cualesquiera que sean sus características, clases y localizaciones, o los títulos, modos y épocas de adquisición de sus terrenos de ubicación, ya se encuentren en el suelo o en el subsuelo, o en predios de entidades públicas o particulares.

“4. LA EXCEPCION

“Ella comprende `los derechos constituidos a favor de terceros', vale decir, los adquiridos a la nueva ley. Y como las antiguas disposiciones no exigían que el derecho estuviera vinculado a yacimientos descubierto, la excepción operaba y opera de conformidad con los requisitos que establecía el nuevo sistema. De consiguiente los derechos constituidos con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, fecha de la sanción y vigencia de la Ley 20, subsistieron bajo el imperio de ese nuevo estatuto y quedaron debidamente asegurados, tal como se desprende de la excepción y de la doctrina constitucional. Es evidente, pues, que la propiedad privada de las minas y yacimientos de hidrocarburos, adquiridos con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, no quedó afectada por la nueva ley, y mucho menos en aquellos casos `definitivamente' resueltos por la Corte Suprema de Justicia, casos que siguieron protegidos por la excepción, por la verdad formal de la cosa juzgada y por los artículos 30 y 302 de la Constitución Nacional.

“5. `Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley', sólo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas, vinculada a yacimientos descubiertos. Como casi todas las leyes, la 20 de 1969, carecerá de afecto retroactivo. Sin necesidad de declararlo, ella opera hacia el futuro y no hacia el pasado. No obstante, la comentada aclaración, a fin de evitar equívocos, expresamente dijo que la excepción, `a partir de la vigencia de la presente ley', sólo comprendería las situaciones vinculadas a yacimientos descubiertos. Establece un nuevo requisito para la futura adquisición del derecho y determina la fecha en que ello empieza a ocurrir. Todo ello significa, obviamente, que las situaciones anteriores a la nueva ley y a la nueva condición, quedaron sujetos al régimen jurídico preexistente, esto es, a un sistema que no establecía el requisito indicado. De allí que los derechos constituidos en esa forma, subsistieran bajo el imperio de la nueva ley, tal como se desprende de la Constitución Nacional, del artículo 28 de la Ley 153 de 1887 y como lo ha reconocido la jurisprudencia colombiana de todos los tiempos”.

En los anteriores términos dejo plasmado mi salvamento de voto a la providencia de la Sala de fecha 14 de junio de 1990.

GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO