100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032256SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull5597198418/06/1984SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__5597_1984_18/06/1984300322541984
Sentencias de NulidadBernardo Ortiz AmayaCarlos A. Ramírez Guerrero18/06/1984artículo 50 del Decreto Reglamentario No. 825 de 1978 Identificadores10030119913true1212732original30118042Identificadores

Fecha Providencia

18/06/1984

Fecha de notificación

18/06/1984

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Bernardo Ortiz Amaya

Norma demandada:  artículo 50 del Decreto Reglamentario No. 825 de 1978

Demandante:  Carlos A. Ramírez Guerrero


IMPUESTOS. REGIMEN PROCEDIMENTAL. - La Ley 52 de 1977 no mencionó para nada el régimen procedimental para poder recurrir ante las autoridades jurisdiccionales una vez agotada la vía gubernativa. Declárase la nulidad del artículo 50 del Decreto Reglamentario No. 825 de 1978.

CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Cuarta - Bogotá. D.E., junio dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

Consejero Ponente: Doctor Bernardo Ortiz Amaya.

Referencia: Expediente No. 5597. Actor: Carlos A. Ramírez Guerrero. Nulidad y suspensión provisional artículo 50 del Decreto reglamentario 825 / 79 del Gobierno Nacional. AUTORIDADES NACIONALES.

El ciudadano abogado Carlos A. Ramírez Guerrero, en ejercicio de la acción pública de nulidad a que se refería el artículo 66 de la Ley 167 de 1941 formuló demanda ante esta Corporación para que se declare la nulidad del artículo 50 del Decreto Reglamentario No. 825 de 1978 que dice textualmente:

"Para interponer la demanda ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en aquellas materias diferentes al impuesto sobre la renta, deberá acreditarse el pago de la suma discutida".

El actor considera que con dicha norma se violó el artículo 120 numeral 3o. de la Constitución Nacional por exceso en la facultad reglamentaria, el artículo 86 de la Ley 167 de 1941 y el artículo 9o.de la Ley 52 de 1977.

Simultáneamente solicitó la suspensión provisional de la norma acusada.

Como concepto de violación expresó:

"1. Establece la Ley 167 de 1941 en los inciso quinto y sexto de su artículo 86:

“a) Que sólo cuando se demande revisión "de impuestos que se exigen" y rija disposición legal especial para el gravamen de que se trate en la que se exija consignación previa de la suma liquidada o debida, deberá acompañarse a la demanda el respectivo comprobante de haberse consignado, en calidad de depósito, dicha suma;

"b) Que si la demanda versa sobre impuestos que no se exigen ni rige dicha disposición legal especial, es decir en los demás casos, se otorgue la caución que el juzgador estime suficiente para garantizar el pago de lo que según la sentencia definitiva resultara insoluto.

"2. Por virtud de los artículos 2335 del C.C. y 9º de la Ley 52 de 1977, no son exigibles los impuestos que esta ley trata mientras estén discutidos en vía administrativa o jurisdiccional; lo serán sólo desde cuando adquiera firmeza la resolución o sentencia correspondiente.

"3. Es entonces ostensible, apreciable a primera vista, que el reglamento acusado constituye manifiesta violación de las citadas normas superiores:

"a) Por que al paso que la del punto 1 establece caución cuando se demanden impuestos que no se exigen ni rija disposición legal especial que requiera consignación previa de lo liquidado o debido, el reglamento pretende que en estos casos, "los demás" que aquella alude, se requiera depósito de lo liquidado o debido: Sin que rija la ley especial que requiera el depósito de dichos impuestos, el reglamento acusado pretende requerirlo, suplir así la ausencia de esa ley especial.

"b) Porque al paso que las del punto 2 establecen que impuestos que se discuten no son exigibles y por lo mismo no hay por que pagarlos mientras la impugnación no se decida definitivamente, el reglamento pretende establecer que para poder impugnarlos jurisdiccionalmente hay que previamente pagarlos:

"4) Suspensión provisional:

"Por los motivos de ilegalidad expuestos, y el consiguiente de inconstitucionalidad por exceso en el ejercicio de la función que atribuye la Carta Constitucional en su artículo 120, numeral 3, reitero mi solicitud de que se declare que es nulo el decreto reglamentario 825 de 1978, artículo 50; y porque considero que se reúnen las circunstancias que enumera el artículo 84 de la Ley 167 de 1941, ruego que al admitirse esta demanda se suspenda provisionalmente el reglamento objetado".

Admitida la demanda se suspendió provisionalmente la norma acusada por encontrar el Despacho como flagrante la violación de normas de superior jerarquía, decisión que suplicada por la representante judicial de la Dirección de Impuestos fue confirmada mediante providencia de Sala de Decisión del 28 de septiembre de 1978.

Tramitado el negocio sin que se observe irregularidad alguna la sección, mediante providencia del lo de febrero de 1979, decretó la acumulación de este negocio con el generado por demanda del señor Antonio José del Castillo quien solicita también la anulación del mismo artículo y señala como violadas las mismas normas.

Oído el concepto de la señora Fiscal 6adel Consejo de Estado ella considera que no es el caso de decretar la nulidad pedida con fundamento en las siguientes consideraciones:

"En nuestra legislación en repetidas normas se consagra la obligación de cancelar el valor de la liquidación oficial de los impuestos a fin de poder recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, tales como el decreto legislativo No. 554 de 1942, artículo 13 y decreto 461 de 1950, artículo 1; cuyos textos dicen:

'Artículo 13. De conformidad con el inciso 6 del artículo 86 de la Ley 167 de 1944 para recurrir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en demanda de impuestos, es necesaria la consignación previa de la suma respectiva en la administración o recaudación de hacienda nacional correspondiente.

'Artículo 1. En todo caso para recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa es necesario que el contribuyente consigne previamente el monto total del impuesto que le haya sido liquidado definitivamente...'.

"Por excepción, la legislación ha venido reiterando sistemáticamente que, en materia de impuestos a la renta y complementarlos, solo se requerirá como condición para la utilización de los recursos por la vía gubernativa y de las acciones jurisdiccionales la cancelación del valor de la liquidación privada (art. 9° de la Ley 8a de 1970).

"En esta forma, es claro para la Fiscalía, que la norma contenida en el artículo 50 del decreto reglamentario 825 de 1978, no excedió la capacidad reglamentaria del Presidente de la República, pues solamente reiteró lo que la legislación sobre la materia tenía consagrado desde muchos años atrás. De otra parte, es preciso admitir que un estatuto reglamentario puede contener normas de naturaleza diversa relacionadas con estatutos legales distintos aunque relacionados entre sí por ser la misma materia, ya que no existe norma que cree o prevea limitación alguna al respecto.

"Ahora bien, la Ley 52 de 1977, artículo 54, solo se refirió a los requisitos que deben satisfacerse para la interposición del recurso de reconsideración con el cual se inicia la vía gubernativa en materia tributaria, paso obligado y previo al ejercicio de las acciones contencioso administrativas. Por ello, es preciso concluir que la reclamación gubernativa de los impuestos en general solamente requiere del pago del valor de la liquidación privada efectuada por el contribuyente, de conformidad con el texto del articulo 54 de la Ley 52 de 1977; más, tratándose del ejercicio de las acciones contencioso administrativas, las disposiciones vigentes exigen la satisfacción de¡ pago del valor íntegro del impuesto liquidado por la administración pública, a excepción, como se vio del caso del impuesto a la renta y complementarios, donde también bastará la cancelación del valor de la liquidación privada, por expreso mandato legal.

"Para finalizar se hace necesario anotar que, en sentir de esta fiscalía, el artículo 9 de la Ley 52 de 1977 no modificó los textos de los artículos 13 y lo de los decretos 554 de 1942 y 461 de 1950 respectivamente, pues el tema tratado en uno y otros es totalmente diferente. El primero hace relación a la suspensión de la prescripción de la exigibilidad de una obligación tributario y los segundos a los requisitos de las demandas contencioso administrativo en materia tributarla. Si no existiera el artículo 9o-cualquier contribuyente podría efectuar reclamación contra la liquidación de un impuesto diferente al de renta, pagar el valor de la liquidación privada para interponer recursos en la vía gubernativa, el valor de la liquidación oficial para entablar demanda contenciosa y, al completar 5 años de trámites, obtener, por el simple transcurso del tiempo el derecho a que se le devolviera la diferencia entre las liquidaciones, privada y oficial, aún en contra del fallo de las autoridades jurisdiccionales, si esta decisión se adopta después de los 5 años de vencido el plazo legal para el pago".

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

En el auto de suspensión provisional este Despacho encontró como flagrante la violación del numeral 3o del artículo 120 de la Constitución Nacional por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria y del artículo 86 de la Ley 167 de 1941 con fundamento en las siguientes apreciaciones que son contrarias al concepto fiscal:

"El decreto 825 de 1978 es de carácter reglamentario de la Ley 52 de 1977, por Medio de la cual se dictaron disposiciones para la aplicación de normas sustanciales tributarias de competencia de la Dirección de Impuestos Nacionales. La ley en cuestión reglamentó o estableció en su Capitulo IV el procedimiento para reclamar contra las decisiones de la Administración de Impuestos Nacionales a nivel gubernativo, y en el Capítulo V fijó normas y procedimientos para la notificación de los actos administrativos y señaló los términos pertinentes, sin mencionar para nada el régimen procedimental para poder recurrir ante las autoridades jurisdiccionales, una vez agotada la vía gubernativa.

"Con esta simple consideración es notorio que al establecer su decreto reglamentario requisitos especiales para recurrir en demanda ante los Tribunales de los Contencioso Administrativo está tocando temas que la ley reglamentada no contempla y evidentemente está tomando decisiones que modifican lo que la Ley 167 de 1941 tiene establecido.

"Ahora bien, como el artículo acusado es de inferior jerarquía a las normas atrás mencionadas y no reglamenta ninguna de las normas promulgadas en la Ley 52 de 1977, es objetivamente claro que dicha disposición viola en forma ostensible tanto el numeral 3o del artículo 120 de la Constitución Nacional por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria como el artículo 68 de la Ley 167 de 1941 ".

Para la Sala este criterio es objetivamente tan claro y preciso que sobra cualquier consideración adicional para decidir favorablemente las peticiones de la demanda.

En consecuencia el Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

DECLÁRESE la nulidad del artículo 50 del decreto reglamentario No. 825 de 1978.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión del día de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

Enrique Low Murtra, Bernardo Ortiz Amaya, Gustavo Humberto Rodríguez, Carmelo Martínez Conn.

Jorge A. Torrado, Secretario.