100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032118AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull2627197918/06/1979AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2627__1979_18/06/1979300321161979
Sentencias de NulidadOsvaldo Abello NogueraBERNARDO CARREÑO VARELAexpresiones de los artículos 39 y 41 del Decreto 1576 de 1974Identificadores10030119002true1211737original30117163Identificadores

Fecha Providencia

18/06/1979

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Osvaldo Abello Noguera

Norma demandada:  expresiones de los artículos 39 y 41 del Decreto 1576 de 1974

Demandante:  BERNARDO CARREÑO VARELA


EXPROPIACION DE PREDIOS - El dictamen pericial solo pueden recaer sobre la calificación de la tierra y su calidad de expropiables. Se revocó la suspensión / ORDEN DE ENTREGA ANTICIPADA EN LA DEMANDA POR EXPROPIACION DE PREDIOS- Antes de la notificación y traslado de la demanda. Se revocó la suspensión

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente:OSVALDO ABELLO NOGUERA

Bogotá, D. E., dieciocho (18) de junio (06) de mil novecientos setenta y nueve (1979)

Radicación número:

Actor: BERNARDO CARREÑO VARELA

Demandado:

Referencia: Súplica No. 2627

Se procede a resolver el recurso de súplica contra el auto de febrero 3 del año en curso dictado por el señor Consejero doctor Jorge Valencia Arango.

"El ciudadano Bernardo Carreño Várela, mayor y vecino de Bogotá, D. E., demanda, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, la declaratoria de nulidad de algunas expresiones de los artículos 39 y 41 del Decreto 1576 de 1974.

"Al efecto dice: 'Demanda. Atentamente solicito a ustedes que, previos los trámites de un procedimiento ordinario de los previstos en el Capítulo 15 del Código Contencioso Administrativo, se declare nulidad de las siguientes expresiones, que se encuentran en el Decreto 1576 de 1974'.

"A. La palabra 'solo', que se encuentra en la primera frase del artículo 39 'dictamen pericial' del Decreto 1576 de 1974.

"B. La locución 'aún antes de la notificación y traslado de la demanda' que se encuentra en el inciso 2º del artículo 41 del mismo Decreto 1576 de 1974.

"Cita como normas violadas, las siguientes: artículo 61 de la Ley 135 de 1961 (artículo 25 Ley 4º de 1973), el título XXIV Libro 3º del Código de Procedimiento Civil y el artículo 692 de la misma obra, artículo 120 numeral 3º de la Constitución Política. El libelista expresa luego el concepto y forma de las violaciones afirmadas y solicita, igualmente, la suspensión provisional de las expresiones acusadas"....

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

"1) Evidentemente, previene el numeral 4°) del artículo 61 de la Ley 135 de 1961, subrogado por el artículo 25 de la Ley 4º de 1973, que contra las resoluciones que ordene una expropiación no cabe recurso alguno por la vía gubernativa, ni las acciones contencioso administrativas que la ley consagra, pero podrá consultarse con el Tribunal Administrativo, con jurisdicción en el departamento o territorio nacional en que se encuentra el bien o en que radiquen los derechos reales objeto de expropiación.

"La consulta, dice la norma, 'VERSARA SOBRE LA CALIFICACION DE LAS TIERRAS Y SU CALIDAD DE EXPROPIABLES' y será resuelta por el Tribunal 'PREVIO UN DICTAMEN DE TRES PERITOS'.

"No dice la ley sobre que debe versar el dictamen, lo que es apenas obvio, ya que el objeto de la prueba está condicionado, por la naturaleza del medio probatorio y del hecho a probar y por el objeto mismo del proceso, en este caso, 'la calificación de la tierra', 'La calidad de expropiable', todo lo cual puede depender de numerosas circunstancias de hecho, no susceptibles de encajonar en un 'nume-rus clausus' o en norma concreta o específica.

"El Decreto 1576 de 1974, 'por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 135 de 1961, con las reformas introducidas a esta por las Leyes 1º de 1968, y 4º de 1973, en lo relativo a la adquisición de tierras, el Decreto 2895 de 1963, y el Decreto 1368 de 1974', dispone en su artículo 39:

"Dictamen pericial.

"El dictamen sólo puede versar sobre la calificación de las tierras, y si el derecho de exclusión o el derecho de compra en favor del propietario han sido reconocidos conforme a las normas vigentes, tanto en lo que respecta a su área, como a la aptitud productiva de esta.

"Cuando se trate de expropiación de predios ocupados por pequeños arrendatarios, aparceros o similares, el dictamen versará sobre el número de tales tenedores, las superficies que ocupan, y si se dan las circunstancias de que trata le parágrafo 2º del artículo 104 Bis de la Ley 135 de 1961.

"(Ley 1» de 1968, artículo 2º).

"En todo caso, los peritos deberán dictaminar si la explotación o mejoras que se encuentran en el predio al momento de su examen son anteriores o posteriores a la fecha de la diligencia del examen del inmueble practicada por el Instituto durante el trámite administrativo de adquisición'.

"La norma reglamentaria, al utilizar la expresión "SOLO" no utilizada por el legislador, limita el objeto de la prueba a la 'Calificación de las tierras' y, en su caso, 'a la aptitud productiva' de estas, salvo el caso de predios ocupados por arrendatarios aparceros o similares. Tal limitación no aparece en la ley reglamentada, de cuyos términos resulta que la prueba pericial puede dirigirse a la demostración de cualquier hecho relacionado con la 'calificación de las tierras' o 'su calidad de expropiables'.

"Resulta evidente, ostensible y manifiesta la violación del numeral 4°) del artículo 61 de la Ley 135 de 1961 (artículo 25, Ley 4º de 1973) por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria consagrada en el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Política, por lo que habrá de suspenderse provisionalmente.

"Lo que la ley reguló sin más límites que los que el magistrado señalara en cada caso concreto, el decreto lo restringió en forma general, ilegal y antitécnica.

"2) Dispuso el numeral 3º del artículo 61 subrogado por el artículo 25 de la Ley 4º de 1973, que una vez ejecutoriada la resolución de expropiación, se adelantará el respectivo juicio ante el juez del Circuito. 'El instituto podrá solicitar en la demanda que se le ponga en inmediata posesión de las tierras cuya expropiación ordenó adelantar, pero esta posesión no podrá hacerse efectiva en tanto no se hayan cumplido los plazos a que se refiere el inciso 1º del artículo 67 de esta ley ", (es decir, que se haya recolectado la cosecha pendiente o se hayan trasladado o vendido los ganados que pasten en esos terrenos expropiados).

"Y agrega la norma: 'Hecha la petición, el juez ordenará la entrega dentro del término de dos (2) días y dispondrá que la diligencia se realice en un plazo no mayor de diez días. Contra la decisión del juez que ordena la entrega, no cabe recurso alguno’.

"Y el artículo 41, inciso 2º del Decreto 1576, reglamentó la disposición anterior, así:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 67 de la Ley 135 de 1961, el instituto podrá solicitar en la demanda que le se ponga en inmediata posesión de las tierras objeto de expropiación, y así lo ordenará el juez, dentro del término de dos (2) días, aun antes de la notificación y traslado de la demanda, si el instituto consigna el valor total en Bonos Agrarios de la Clase B

"Salta a la vista que el legislador no consagró una 'acción cautelar ni una 'medida cautelar o preventiva, pues en tal caso no había exigido que la petición se hiciera en la demanda.

"En efecto, si se hace en la demanda, cómo se acoge la petición de entrega anticipada, sin analizar el libelo para determinar siquiera si reúne los requisitos formales señalados en la ley y si el juez es competente

"Si el INCORA no puede entrar en posesión mientras no se recojan las cosechas pendientes y se trasladen o vendan los ganados que pasten en las tierras expropiadas, como puede el juez, sin el auxilio del expropiado conocer cual es la situación de las cosechas y de los ganados

"Si la ley ha creído necesario estatuir que no haya recurso contra la providencia que ordena la entrega anticipada, es porque ha partido de la base de que hay la posibilidad jurídica de que alguien lo interponga y quien tiene interés jurídico para interponerlo es el expropiado.

"Si la ley habla de que no habrá recurso contra tal providencia es porque contempló la posibilidad de que lo hubiera, luego partió de la base de que la persona interesada en interponerlo ya estaba apersonada en el proceso.

"De ahí que el decreto acusado, al estatuir que el juez puede ordenar la entrega inmediata 'aún antes de la notificación y traslado de la demanda. . . ', excedió la previsión de la norma reglamentada y en forma ostensible y manifiesta infringe el artículo 61, numeral 5º de la Ley 135 de 1965, subrogado por el artículo 25 de la Ley 4º de 1973 y habrá de suspenderse provisionalmente tal frase.

"En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

"1º Admítese la demanda anterior que en su propio nombre presenta el doctor Bernardo Carreño Várela. En consecuencia se dispone:

"1.) Hacer notificación personal de esta providencia al señor Fiscal de la Corporación y al señor Ministro de Agricultura y Ganadería.

"2.) Fijar el negocio en lista por el término y para los efectos del artículo 126 del Código Contencioso Administrativo.

"3.) Reconocer personería al doctor Bernardo Carreño Várela.

"4.) Suspendense provisionalmente las siguientes expresiones de los artículos 39 y 41 del Decreto Reglamentario 1576 de 1974:

"a) 'SOLO' del primer inciso del artículo 39 citado;

"b) 'AUN ANTES DE LA NOTIFICACION Y TRASLADO DE LA DEMANDA' del artículo 41 del inciso 2º de dicho decreto".

Como la Sala considera que los planteamientos expuestos por el señor doctor Miguel García Camargo, apoderado del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, están bien fundamentados ya que en forma pormenorizada y jurídica hace un estudio de las disposiciones agrarias, lo acoge en su totalidad para revocar el auto suplicado.

Al efecto dice así el señor apoderado del Incora "el doctor Bernardo Carreño Várela en ejercicio de la acción de nulidad, solicitó se declarara injurídica, por violatoria de disposiciones de orden jerárquico superior, de la palabra 'solo', que se encuentra en la primera frase del artículo 39 'dictamen pericial', del Decreto 1576 de 1974", arguye que tal locución transgrede el numeral 4°) del artículo 61 de la Ley 135 de 1961, además por exceso al artículo 39 de la Constitución Nacional.

"Presupone luego el actor, que la procedencia de declarar viable la expropiación 'abarca muchos conceptos' y, entre estos, por vía de ejemplo, supone los siguientes: 'si el predio está bien identificado o no si los títulos de propiedad coinciden con las áreas que el Incora pretende expropiar, etc.'.

"Conviene en la anterior apreciación al Honorable Magistrado Ponente en la providencia reclamada y expone:

"NO dice la ley sobre qué debe versar el dictamen, lo cual es apenas obvio, ya que el objeto de la prueba está condicionado, por la naturaleza del medio probatorio y del hecho a probar y por el objeto mismo del proceso, en este caso 'la calificación de la tierra', 'la calidad de expropiable', todo lo cual puede depender de numerosas circunstancias de hecho, no susceptibles de encajonar en un 'nume-rus clausus' o en forma concreta y específica'; y más adelante agrega que la expresión SOLO 'no aparece en la ley reglamentada, de cuyos términos resulta que la prueba pericial puede dirigirse a la demostración de cualquier hecho relacionado con la 'calificación de las tierras' o 'su calidad de expropiables'.

"Así, concluyese que tanto el actor como el Honorable Magistrado Ponente, convienen en que si bien la ley no determinó el alcance o ámbito de operancia del dictamen pericial, este se halla delimitado o enmarcado por la extensión misma del pronunciamiento de fondo, que sólo puede referirse a 'CALIFICACION DEL GRADO DE EXPLOTACION O FORMA DE MANEJO' y 'EXPROPIABILIDAD', excepto para el programa de arrendatarios, aparceros o similares; por tanto, concuerdan en que la expresión SOLO como impeditiva de que la experticia se encamina presuntamente a la demostración de cualquier hecho relacionado con la EXPROPIABILIDAD DE LAS TIERRAS, transgrede normas de orden superior, concretamente suponen que tal condicionante excede la norma reglamentada y por tanto, la facultad reglamentaria.

"Para dilucidar el punto, debe examinarse si efectivamente la declaratoria de expropiabilidad está condicionada a la demostración de hechos además, si tales hechos son verificables a través de un experticio o, por el contrario, es un punto extricta y exclusivamente de derecho. Nada dice la providencia que por el presente objetamos respecto a los presuntos hechos relacionados con la 'calidad de expropiables de las tierras', es decir, si se hubiera acreditado o se acredita de que se llega a determinar tal expropiabilidad a través de un hecho o varios, como sí ocurre con la calificación de la explotación de las tierras, la decisión acusaría fundamento jurídico, pero incontrovertiblemente su basamento es desconocido, se halla oculto, es hipotético. Sábese que el examen detenido de las tierras procede para establecer su estado de explotación de conformidad con el inciso tercero del numeral 1) del artículo 61 de la Ley 135 de 1961, consecuentemente que para el reexamen del contencioso administrativo la única prueba viable y procedente lo constituye el dictamen pericial, pero lo que no ha dicho la ley, ni se instruye de su contenido o tenor es que para determinar la expropiabilidad se deba acudir a la verificación de hechos por medio de técnicos, lo cual sí hace la providencia en comento alterando tal premisa y por tanto la conclusión que de ella debe desprenderse. Tal suposición, la del proveído que objetamos, contraría al texto agrario sobre lo cual insistiremos más adelante previas las siguientes consideraciones sobre la demanda.

"Dentro del concepto de viabilidad de la expropiación (fl. 4), al ejemplificar el doctor CARREÑO, pretende involucrar aspectos incuestionablemente ajenos y que simplemente se refieren a procedibilidad sobre lo cual no cabe pronunciamiento alguno del contencioso administrativo en el trámite de Consulta, en razón de declaratoria de nulidad pronunciada por la Sección Primera de esa Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo contenida en fallo de 12 de marzo de 1976; en efecto, en tal providencia declaró nulo el aparte del artículo 38 del Decreto 1576 de 1974, que expresaba 'o estuviera basada en nulidad por vicios de la actuación administrativa' y el artículo 40 del mismo texto legal en cuanto disponía 'si el trámite administrativo se adelantó de conformidad con los ordenamientos legales. En caso negativo, y sin pronunciamiento de fondo sobre la calificación de las tierras o viabilidad de la expropiación, ordenará rehacer el procedimiento defectuoso, quedando en firme la actuación anterior a este'.

"En efecto, los ejemplos consignados por el actor en su libelo de demanda simplemente pretenden revivir, desconociendo la decisión de esa Honorable Corporación, haciéndolos partícipes del concepto de viabilidad de la expropiación, de aspectos que se refieren exclusivamente a defectos de la ritualidad del proceso, como son 'si el predio está bien identificado o no, si los títulos de propiedad coinciden con las áreas que el INCORA pretende expropiar, etc.. que el INCORA actuara sobre un predio y decretara la expropiación de otro'. Basta simplemente anotar que implica estar el inmueble bien identificado, o si simplemente debe identificarse y si fallarían los presupuestos sustantivos de la demanda de expropiación en cuanto no coincidiera el titular del dominio con la persona demandada, cuyo pronunciamiento correspondería a la justicia ordinaria, no al contencioso administrativo pero si aún siendo de su competencia podría afirmarse válidamente que no es un vicio o defecto del procedimiento sino, por el contrario, un hecho que determina o no la expropiabilidad del bien, o finalmente, según la avanzada imaginación del demandante, si se afecta un predio y se decreta la expropiación de otro, sí tendría que acudirse al expediente de declarar, previa la intervención de peritos, que las tierras calificadas no son expropiables, por cuanto el contencioso administrativo está impedido para pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento seguido, tal atajo o forzada aplicación sería incontrastablemente injurídica o ilegal.

"La declaratoria de viabilidad de la expropiación se halla única y exclusivamente condicionada al hecho de que a través de la prueba pericial se concluya que las tierras se calificaron conforme a los criterios que el legislador dispuso y si los derechos de reserva se reconocieron en legal forma, todo de conformidad con la naturaleza del programa general en razón del cual se afectó el inmueble. Esto es, en resumen, que la calificación y derechos de reserva confirmados o dados por los peritos, deben compararse con las disposiciones que regulan el programa por el cual se afectó, para resolver si en razón de aquéllas y por aplicación de éstas, el predio es o no expropiable, dicho análisis y ponderación no ocurre sobre o en razón del exclusivo medio probatorio sino su resultado 'calificación del grado de exploración y derecho de exclusión' frente a las normas que estatuyen la expropiabilidad, según aquéllas.

"Por vía de ejemplo, si las tierras se calificaron como no explotadas económicamente, 'incultas', son expropiables; si la calificación dada es deficientemente explotadas, 'inadecuadamente explotadas', son expropiables; si por el contrario se calificaron como óptimamente 'explotadas', sólo son expropiables en cuanto el programa por el cual se afectaron se halle descrito o tipificado en el artículo 58 de la Ley 135 de 1961, con la excepción consagrada por su numeral 4°) y en cuanto se hallen eficientemente dedicadas a programas de producción de alto interés nacional, finalmente serán expropiables las tierras en las cuales el experticio haya demostrado o acreditado se hallan explotadas por los precaristas descritos en los artículos 5º Bis y 104 Bis de la Ley 135 de 1961, para todos los casos condicionado a que se haya respetado el derecho de exclusión o de compra, igualmente según el dictamen pericial y conforme al inciso primero del artículo 39 del Decreto Reglamentario 1576 de 1974.

"En efecto, el tenor claro y obvio de los vocablos que emplean los artículos 58, 59, 59 Bis y 104 Bis de la Ley 135 de 1961, sin acudir a esforzados razonamientos o interpretaciones, enseñan que el condicionante para declarar la expropiabilidad se encuentra única y exclusivamente en la calificación dada al bien y al reconocimiento de las áreas reservadas a favor de los dominantes, no cabe por tanto y para tales fines la intervención pericial u otro medio de prueba, es un punto exclusivamente de estricto derecho.

"2.) SEGUNDA DISPOSICION ACUSADA

Normas violadas y concepto. Providencia impugnada.

"Impetra el actor el anulatorio de la 'locución' aún antes de la notificación y traslado de la demanda 'que se encuentra en el inciso segundo del artículo 41 del mismo Decreto 1576 de 1974' arguye que tal locución viola el numeral 5°) del artículo 61 de la Ley 135 de 1961 además 'el título XXIV del Libro 3º del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 692 de la misma obra’. 'por exceso el artículo 120 numeral 3°) de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Carta".

"Es el propio actor quien a nuestro modo de ver adinitio resuelve sobre la legalidad del aparte demandado, en cuanto expresa: 'El numeral 5º del artículo 61 de la Ley 135 de 1961 -con la modificación ya indicada- estableció la posibilidad, a mi modo de ver muy poco constitucional, de que el instituto pueda solicitar 'en la demanda que se le ponga en inmediata posesión de las tierras cuya expropiación ordenó adelantar. y que 'hecha la petición, el juez ordenará la entrega en el término de dos (2) días y dispondrá que la diligencia se realice en un plazo no mayor de diez (10) días. Argumento en párrafos siguientes que si bien la ley 'dice que el juez ordenará que se ponga al instituto en posesión , en ninguna parte dijo que la medida debía tomarse antes de la aceptación de la demanda y mucho menos antes de la notificación de la providencia correspondiente".

"Con similares razones que respetamos, pero no compartimos por violatorias de la ley, en la providencia acusada se decreta la suspensión provisional que impugnamos.

"Palmaria es la contradicción entre la ley al fallo reclamado, al afirmarse que la disposición reglamentaria contraría aquélla. La ley sí determina en qué etapas o período del proceso debe ordenarse la entrega anticipada del inmueble 'hecha la petición en la demanda, en el término de los dos (2) días siguientes'.

"No cabe por vía de interpretación diseccionar la norma sustantiva, para hacerla operar en forma diferente al contenido en su texto íntegro, es preclaro que la disposición de la Ley 135 de 1961, numeral 5°) de su artículo 61 dispone: 1) el instituto puede en la demanda solicitar, previa consignación de los valores que la misma ley prevé, la entrega anticipada del fundo, y 2) que el juez de conocimiento debe ordenarla dentro de los dos (2) días siguientes a la petición 'hecha la petición' sin que la ley discrimine o distinga situación alguna, intercalando etapas relativas a admisión, notificación o traslado. Si la ley dispone de los dos (2) días siguientes a la formulación de la solicitud, evidentemente la disposición reglamentaria acusa simplemente mayor elasticidad al disponer que la orden puede expedirse aún antes de la notificación y traslado de la demanda, debiendo entenderse y concluirse que de manera posterior al admisorio. Por el contrario, siguiendo la noción consignada en la providencia cuya revocatoria estamos peticionando, la solicitud deberá formularse con la demanda, pero la orden de entrega quedará condicionada a la admisión de la demanda, notificación y traslado, vencido el cual seguramente se contarían los dos días, con violación flagrante de la ley en cuanto expresa que 'hecha la petición, el juez ordenará la entrega en el término de dos días f como lo transcribe el mismo demandante, de cuya demanda se retoma el párrafo preinserto entre comillas.

"Denótese como el proveído reitera la queja del actor, en cuanto expresa:

"En efecto, si se hace en la demanda, cómo se acoge la petición de entrega anticipada, sin analizar el libelo para determinar siquiera si reúne los requisitos formales señalados en la ley y si el juez es competente".

"Dado que el texto reglamentario cuya nulidad solicita el actor no dispone que la orden de entrega ocurra de manera anterior a la admisión de la demanda sino aún antes de la notificación y traslado, lo cual indica que aquél debe producirse en forma anterior o concomitante; el párrafo pretranscrito simplemente se encamina a discutir la legalidad y constitucionalidad de la norma sustantiva. Artículo 61 de la Ley 135 de 1961, en cuanto no previo que antes de ordenar la entrega debe admitirse la demanda, lo cual no es competencia de la Jurisdiccional Contencioso Administrativa, sino de la Honorable Corte de Justicia, por tanto debe revocarse.

"Por otro lado se supone que por cuanto la ley dispuso que contra el auto que ordena la entrega no cabe recurso 'partió de la base de que la persona interesada en interponerlo ya estaba apersonada en el proceso', interpretación que contraría el tenor claro y expreso de la disposición, según se dejó explicado en anterioridad, debiendo interpretarse su tenor en el sentido de que si por cualquier causa o razón el interesado conoce de dicha providencia, no es admisible ningún recurso que interponga contra la misma, interpretación que sí conjuga en su integridad el texto legal, distinto a la pretendida en el auto recurrido, que hace contradictorio su intención o espíritu, base jurídica atendible para proceder a la revocación pedida. Por otra parte, se pretende mediante forzada interpretación entender la existencia de una contradicción entre el numeral 5°) del artículo 61 y el inciso primero del artículo 67, los dos de la Ley 135 de 1961, al reseñar que está última impide la posesión efectiva del bien entre tanto no se recojan las cosechas pendientes y se trasladen o vendan los ganados que pasten en la heredad, y que para determinar lo cual el juez requiere al 'auxilio del expropiado para conocer cuál es la situación de las cosechas y de los ganados'. Tal aserto es oficioso, en cuanto el actor no consignó como violado el artículo 67 prealudido lo cual contraría la reiterada jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que la justicia que administra es rogada, no oficiosa. Debemos disentir, como rogamos hacerlo a la Honorable Sala de la Sección, además por cuanto el período pendiente para la recolección de las cosechas, lo determina la fecha misma de la recolección, se vence una vez recogida la cosecha, es la misma clase y edad del cultivo la que determina la oportunidad de su recolección, no la voluntad del administrador de justicia o las partes; en cuanto a los ganados la misma norma estatuye que es el instituto quien debe conceder plazos prudenciales para su traslado o venta, razonable en cuanto dicha determinación no puede radicar en la discrecionalidad del demandado, pues seguramente su intención sería dilatoria. Reza la norma en comento:

"ARTICULO 67. El instituto, para entrar en posesión de las tierras que adquiera, aguardará a que se lleve a cabo la recolección de las cosechas pendientes y concederá plazos prudenciales para el traslado o venta de los ganados que en dichas tierras se estuvieren manteniendo".

Por lo expuesto anteriormente, la Sala de Decisión de la Sección Tercera, REVOCA el auto suplicado, pero sólo en cuanto a la suspensión provisional.

Copíese y notifíquese.

Se deja constancia que el auto anterior fue discutido y aprobado por la Sección Tercera en sesión verificada el día 18 de junio.

JORGE DANGOND FLOREZ, OSVALDO ABELLO NOGUERA, CARLOS BETANCUR JARAMILLO. VICTOR M. VILLAQUIRAN M., SECRETARIO