100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032054SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1847197323/08/1973SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__1847_1973_23/08/1973300320521973ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - Régimen constitucional y legal / JUNTAS DIRECTIVAS - Funciones en los establecimientos públicos; inexequibilidad de la facultad para fijar el estatuto de personal De tal manera que, conforme a los transcritos preceptos constitucionales, corresponde al Congreso crear y determinar, por medio de leyes, la estructura de los establecimientos públicos, fijar las escalas de remuneración de los empleos y dictar sus estatutos básicos. Los establecimientos públicos, dentro de los límites que establecen estos principios, gozan por definición de relativa autonomía y ejercen sus atribuciones de conformidad con la Ley, como así también se deduce de los Artículos 5o, 7o. y 30 del Decreto-Ley No. 1050 y 9o. del Decreto-Ley No. 3130 de 1968. De acuerdo con los principios constitucionales expuestos, el Artículo 26 del Decreto-Ley No. 1050 de 1968 atribuye a las juntas directivas de los establecimientos públicos la formulación de la “política general del organismo y los planes y programas que, conforme a las reglas que prescriban el Departamento Administrativo de Planeación y la Dirección General del Presupuesto, deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a través de estos, a los planes generales de desarrollo” (literal a) ); adoptar los estatutos de la entidad, reformarlos y someterlos a la aprobación del Gobierno (literal b) ), controlar el funcionamiento general de la entidad y ejercer las demás funciones que les prescriban “la Ley, los reglamentos o los estatutos respectivos” detrás d) y e) ). Del mismo modo, el Artículo 30 del mismo Decreto, al cual se remite expresamente el Artículo 9o. del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, prescribe que los establecimientos públicos, como las empresas industriales y comerciales del Estado, “se ceñirán, en el cumplimiento de sus funciones, a la Ley o norma que los creó y a sus estatutos” y que “no podrán desarrollar o ejecutar actos distintos a los allí previstos, ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la Ley o en sus estatutos”. Pero la Sala observa que el Artículo 36 de este Decreto fue declarado inexequible por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de diciembre de 1972, por considerarlo violatorio, entre otras normas, de los Ords. 9o. y 10º del Artículo 76 de la Constitución, en cuanto atribuyó a las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado la facultad de determinar el estatuto de su personal, no obstante que ello es facultad constitucional privativa del Congreso. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - Nulidad parcial del Decreto 1272 de 1972 Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal 1o, declara la nulidad de los Artículos 1o, 2o., 3o., 4o.. 5o y 6o. del Decreto Reglamentario No. 1272 de 1972. No es el caso de hacer ningún pronunciamiento sobre el Artículo 7o. del mismo Decreto. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: HUMBERTO MORA OSEJO Bogota, D. E, veintitrés (23) de agosto de mil novecientos setenta y tres (1973) Radicación número: 1847 Actor: GUILLERMO BENAVIDES M. Demandado: GOBIERNO NACIONAL
Sentencias de NulidadHumberto Mora OsejoGOBIERNO NACIONALGUILLERMO BENAVIDES M. 23/08/1973Decreto 1272 de 1972Identificadores10030118657true1211389original30116819Identificadores

Fecha Providencia

23/08/1973

Fecha de notificación

23/08/1973

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Humberto Mora Osejo

Norma demandada:  Decreto 1272 de 1972

Demandante:  GUILLERMO BENAVIDES M.

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - Régimen constitucional y legal / JUNTAS DIRECTIVAS - Funciones en los establecimientos públicos; inexequibilidad de la facultad para fijar el estatuto de personal

De tal manera que, conforme a los transcritos preceptos constitucionales, corresponde al Congreso crear y determinar, por medio de leyes, la estructura de los establecimientos públicos, fijar las escalas de remuneración de los empleos y dictar sus estatutos básicos. Los establecimientos públicos, dentro de los límites que establecen estos principios, gozan por definición de relativa autonomía y ejercen sus atribuciones de conformidad con la Ley, como así también se deduce de los Artículos 5o, 7o. y 30 del Decreto-Ley No. 1050 y 9o. del Decreto-Ley No. 3130 de 1968. De acuerdo con los principios constitucionales expuestos, el Artículo 26 del Decreto-Ley No. 1050 de 1968 atribuye a las juntas directivas de los establecimientos públicos la formulación de la “política general del organismo y los planes y programas que, conforme a las reglas que prescriban el Departamento Administrativo de Planeación y la Dirección General del Presupuesto, deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a través de estos, a los planes generales de desarrollo” (literal a) ); adoptar los estatutos de la entidad, reformarlos y someterlos a la aprobación del Gobierno (literal b) ), controlar el funcionamiento general de la entidad y ejercer las demás funciones que les prescriban “la Ley, los reglamentos o los estatutos respectivos” detrás d) y e) ). Del mismo modo, el Artículo 30 del mismo Decreto, al cual se remite expresamente el Artículo 9o. del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, prescribe que los establecimientos públicos, como las empresas industriales y comerciales del Estado, “se ceñirán, en el cumplimiento de sus funciones, a la Ley o norma que los creó y a sus estatutos” y que “no podrán desarrollar o ejecutar actos distintos a los allí previstos, ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la Ley o en sus estatutos”. Pero la Sala observa que el Artículo 36 de este Decreto fue declarado inexequible por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de diciembre de 1972, por considerarlo violatorio, entre otras normas, de los Ords. 9o. y 10º del Artículo 76 de la Constitución, en cuanto atribuyó a las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado la facultad de determinar el estatuto de su personal, no obstante que ello es facultad constitucional privativa del Congreso.

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - Nulidad parcial del Decreto 1272 de 1972

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal 1o, declara la nulidad de los Artículos 1o, 2o., 3o., 4o.. 5o y 6o. del Decreto Reglamentario No. 1272 de 1972. No es el caso de hacer ningún pronunciamiento sobre el Artículo 7o. del mismo Decreto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: HUMBERTO MORA OSEJO

Bogota, D. E, veintitrés (23) de agosto de mil novecientos setenta y tres (1973)

Radicación número: 1847

Actor: GUILLERMO BENAVIDES M.

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Sesión del día 10 de agosto de mil novecientos setenta y tres.

Se decide al juicio promovido por el doctor Guillermo A. Benavides para que se declare la nulidad del Decreto No. 1272 expedido por el Gobierno Nacional el 21 de julio de 1972.

Los fundamentos de la acción.

El actor fundamenta la acción en la consideración de que el acto acusado es violatorio, en suma, de las siguientes disposiciones: Artículos 76, Ord. 10o. de la Constitución, que atribuye al Congreso la facultad de dictar los “estatutos básicos de los establecimientos públicos”, porque el Gobierno usurpé esta atribución; 120, Ord. 3o., d la Constitución, que atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria, porque éste “pretende emplearla, no para obtener la cumplida ejecución de las leyes, sino para sustituir en la función legislativa al Congreso”; Artículo 120, Ord. 19, de la Constitución, porque “atribuye a los funcionarios de la Administración, funciones que van más allá de la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, las cuales, al tenor del Artículo 7o. del Decreto-Ley 3130 de 1968, son establecimientos públicos”; 7o. y 26 del Decreto-Ley No. 1050 de 1968, 12, 38, 39 y 40 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968 y 13 del Decreto-Ley No. 2285 de 1968, porque los Artículos 1o, 2o. y 6o. del Decreto acusado reglamentan materias que, según tales normas, “deben ser objeto de regulación por los estatutos de los establecimientos públicos los cuales obedecen a tramitación y mecanismos distintos de los señalados por el Decreto cuya nulidad se solicita”; 6o., numerales 5o y 7o., del Decreto-Ley No. 2394, 6o., literales c) y d), del Decreto-Ley No. 2976, 30., numerales 3o. y 4o, 10, literal e), y 11, literal a), del Decreto-Ley No. 3073, 6o., literales d) y f), del Decreto-Ley No. 3119, 7o., literal g), numeral 3o., y literal f), del Decreto-Ley No. 3123 y 7o., literales f) y e), del Decreto -Ley No. 3154, todos de 1968, porque los Artículos 1o, 2o., 5o. y 6o. del Decreto acusado “agrega modalidades que no prevé la Ley” a las atribuciones de las juntas directivas de los establecimientos públicos a que se refieren las mencionadas disposiciones; 109 del Decreto-Ley No. 1675 de 1964, Ley 24 de 1971, Artículo 37 del Decreto-Ley No. 3130 y Decreto-Ley No. 2887 de 1968, porque los Artículos 1o y 2o. del Decreto acusado los infringen por el mismo motivo anteriormente indicado y porque el Artículo 3o. ibídem “dispone la intervención de funcionarios, que no mencionan las leyes materiales citadas, para la elaboración y cumplimiento de los presupuestos de organismos descentralizados”, como también porque establece “procedimientos no previstos” y exige “la expedición de especiales actos ¿administrativos”; Artículo 6o. del Decreto-Ley No. 2370 de 1968, porque exige “resolución ejecutiva que autorice la adquisición de bienes muebles por parte de los establecimientos públicos”, distinta de la necesaria aprobación del Gobierno; Artículos 7o., 76, Ords. 90. y 10o., de la Constitución, 5o, 7o., 25, 26, 27 y 30 del Decreto Ley No. 1050 de 1968, 1o, 8o., 9o., 12o., 16, 22 y 24 y el Capítulo VIII del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, que garantizan la autonomía administrativa de los establecimientos públicos, porque el Decreto acusado, considerado en su conjunto, la desconoce, no obstante que las limitaciones a la misma, por su carácter excepcional, deben de determinarse expresamente por la Ley.


El concepto del señor Fiscal.

El señor Fiscal 1o del Consejo conceptúa que se debe acceder a lo pedido en la demanda, en síntesis, con los siguientes argumentos:


1. Por medio del Decreto acusado el Gobierno no ejerce ni la potestad reglamentaria ni facultades extraordinarias, sino las que afirma que le confirió el Artículo 109 del Decreto-Ley No. 1675 de 1964; 2) Pero las facultades que concede el Artículo 109 del Decreto-Ley No. .1674 de 1964 “no tiene ni el sentido ni la amplitud que se le da por medio del Decreto No. 1272 de 1972, pues en éste se fijan pautas precisas para los establecimientos públicos, desde luego en forma muy plausible ya que en esta forma se pretende frenar el despilfarro y “establecer un régimen de austeridad y economía en el manejo y administración” de dichas entidades, pero olvidando que la suprema dirección, coordinación y control de la actividad de los organismos administrativos debe ser ejercida por el Presidente de la República con sujeción absoluta a las normas constitucionales y legales vigentes, sin que puedan anteponerse los motivos de conveniencia pública en virtud de que debe seguirse un estricto ordenamiento jurídico”; 3) El Presidente puede, por medio de sus Ministros, presentar proyectos de Ley al Congreso, pero no puede reemplazarlo sin que “le haya conferido facultades expresas para ello”, así la medida sea de conveniencia pública; 4) Aunque las normas invocadas como base para dictar el Decreto acusado “son suficientes para lograr el cometido de éste”, el Gobierno al dictarlo no ejerció la potestad reglamentaria, que tiene por objeto regular los detalles para la aplicación de la Ley, pero sin incluir “ninguna regla que no esté implícitamente en la Ley reglamentada”, sino que expidió sin facultades un estatuto que no corresponde a la Ley.



Las consideraciones de la Sala. Como la tramitación del juicio se surtió legalmente, sin que se verifique ninguna causal de nulidad, la Sala procede a resolver mediante las siguientes consideraciones:


1. El acto acusado.

El Gobierno Nacional, por el Decreto No. 1272 de 1972, “en uso de las facultades que le confieren la Constitución y el Artículo 109 del Decreto-Ley No. 1675 de 1964”, dispuso que, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 24 de 1971 y en sus leyes o estatutos orgánicos, los establecimientos públicos, para crear nuevos cargos y para aumentar las asignaciones superiores a $4.000.00, “requerirán la autorización del Ministerio o Departamento Administrativo al cual estén adscritos, la cual se concederá por resolución motivada” (Artículo 1o.); que para proveer los cargos vacantes con remuneración superior a $4.000.00 requieren “resolución motivada del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo que presida la respectiva Junta o Consejo Directivo” (Artículo 2o.); que los créditos adicionales y los traslados presupuestales, que se harán de conformidad con los reglamentos de la correspondiente entidad, deben ser aprobados “por decreto originario del Ministerio o Departamento Administrativo al cual estén adscritos” y que los establecimientos públicos, según el Artículo 109 del Decreto-Ley No. 1675 de 1964, deben hacer acuerdos mensuales de ordenación de gastos “que requerirán para su validez la aprobación de la respectiva Junta o Consejo Directivo con el voto favorable de su Presidente”, el cual puede ser reemplazado, cuando no asista a las sesiones, por su delegado o representante (Artículo 3. y parágrafo); que la compra de vehículos y mobiliario, como los gastos de propaganda y de impresión de libros y revistas de los establecimientos públicos, debe “ser autorizada previamente por resolución ejecutiva” (Artículo 4o.); que “las adquisiciones de materiales y suministros de los establecimientos públicos, superiores a $100.000.00, deberán ser aprobados por el Ministro del ramo al cual esté adscrito el establecimiento” y que los contratos de prestación de servicios que celebren deben someterse a la aprobación de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Artículo 5o y 6o.) y, finalmente, que el Contralor General de la República debe dar instrucciones a los Auditores de los establecimientos públicos para que “velen por el fiel cumplimiento de las normas sobre austeridad y economía de que trata este decreto”. (Artículo 7o.).


En resumen, el Decreto acusado, que según su propio tenor tiene por objeto dictar “normas sobre austeridad y economía” en los establecimientos públicos nacionales, impone controles para crear nuevos cargos; proveer o mejorar los sueldos de los cargos remunerados en cuantía superior a $4.000.00; abrir créditos adicionales y hacer traslados presupuestales; determinar los acuerdos mensuales de gastos, de compra de vehículos, mobiliario, propaganda e impresión de libros y revistas; adquisición de materiales y suministros en cuantía superior a $ 100.000.00 y para celebrar contratos de prestación de servicios.


2. El acto acusado y el Decreto No. 1641 de 1972.

El Decreto No. 1272 de 1972 fue modificado por el Decreto No. 1641 del mismo año (Diario Oficial No. 33703 del 2 de octubre de 1972, Págs. 3 y 4), dictado por el Gobierno, según expresa en su epígrafe, “en uso de las facultades que le confieren la Constitución Nacional y los Decretos 1050 y 3130 de 1968”, también con la finalidad de “mantener y robustecer al máximo el régimen de austeridad y economía en el manejo y administración de los establecimientos públicos”. Pero esta circunstancia no obsta para que se profiera sentencia de mérito sobre el Decreto No. 1272 de 1972 con base en los cargos propuestos en la demanda porque, como la Sala ha sostenido reiteradamente, la sentencia pronunciada en acción de nulidad, como la del caso que se decide, tiene efectos erga omnes y ex tune, diferentes de la reforma o derogatoria del acto, que sólo rige para el futuro.


3. El régimen constitucional de los establecimientos públicos.

El Ord. 9o. del Artículo 76 de la Constitución, correspondiente al Artículo 11 del Acto Legislativo No. 1o de 1968, atribuye al Congreso, por medio de leyes, entre otras, la facultad de “determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”; asimismo el Ord. 10º ibídem le adscribe, por medio de leyes, la atribución de “regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los Artículos 132 y demás preceptos constitucionales; expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos”. El Presidente tiene, recíprocamente, como prescribe el Artículo 132, Inc. 2o., de la Constitución, 46 del Acto Legislativo No. 1 de 1968, la facultad de distribuir “los negocios, según sus afinidades, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos”, cuyos directores o gerentes puede nombrar o separar libremente (Artículo 120, Ord: 1o, ibídem). De tal manera que, conforme a los transcritos preceptos constitucionales, corresponde al Congreso crear y determinar, por medio de leyes, la estructura de los establecimientos públicos, fijar las escalas de remuneración de los empleos y dictar sus estatutos básicos. Los establecimientos públicos, dentro de los límites que establecen estos principios, gozan por definición de relativa autonomía y ejercen sus atribuciones de conformidad con la Ley, como así también se deduce de los Artículos 5o, 7o. y 30 del Decreto-Ley No. 1050 y 9o. del Decreto-Ley No. 3130 de 1968.


4. El régimen legal de los establecimientos públicos nacionales.

De acuerdo con los principios constitucionales expuestos, el Artículo 26 del Decreto-Ley No. 1050 de 1968 atribuye a las juntas directivas de los establecimientos públicos la formulación de la “política general del organismo y los planes y programas que, conforme a las reglas que prescriban el Departamento Administrativo de Planeación y la Dirección General del Presupuesto, deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a través de estos, a los planes generales de desarrollo” (literal a) ); adoptar los estatutos de la entidad, reformarlos y someterlos a la aprobación del Gobierno (literal b) ), controlar el funcionamiento general de la entidad y ejercer las demás funciones que les prescriban “la Ley, los reglamentos o los estatutos respectivos” detrás d) y e) ). Del mismo modo, el Artículo 30 del mismo Decreto, al cual se remite expresamente el Artículo 9o. del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, prescribe que los establecimientos públicos, como las empresas industriales y comerciales del Estado, “se ceñirán, en el cumplimiento de sus funciones, a la Ley o norma que los creó y a sus estatutos” (La sala subraya) y que “no podrán desarrollar o ejecutar actos distintos a los allí previstos, ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la Ley o en sus estatutos”. Pero la Sala observa que el Artículo 36 de este Decreto fue declarado inexequible por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de diciembre de 1972, por considerarlo violatorio, entre otras normas, de los Ords. 9o. y 10º del Artículo 76 de la Constitución, en cuanto atribuyó a las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado la facultad de determinar el estatuto de su personal, no obstante que ello es facultad constitucional privativa del Congreso.


5. El análisis específico de los cargos de la demanda. Para resolver la Sala procede a estudiar, con base en los principios expuestos, los cargos de la demanda, a saber:


a) Los Artículos 1o y 2o. del Decreto No. 1272 de 1972.

Estas normas prescribieron, como ya se expuso, que los establecimientos públicos, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 24 de 1971 y por sus leyes o estatutos orgánicos, para crear nuevos cargos y para aumentar las asignaciones superiores a $4.000.00 requieren la aprobación, por resolución motivada, del Ministerio o departamento Administrativo a que están adscritos y que para proveer cargos vacantes con remuneración superior a la suma indicada también requieren resolución motivada del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo que presida la respectiva junta o consejo directivo. Los cargos de la demanda básicamente consisten, respecto de estas normas, en que el Gobierno al dictarlas excedió la potestad reglamentaria y violó por lo mismo la constitución y la Ley porque se arrogó funciones del Congreso.


El Artículo 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968 dispone que “en los estatutos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado se determinarán los actos que por su importancia o cuantía requieren para su validez el voto favorable e indelegable del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo del ramo o la aprobación del Gobierno Nacional”. Por consiguiente, si la Ley dispuso que las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos determinan los actos que requieren para su validez el voto favorable del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo correspondiente a la aprobación del Gobierno, mal pueden los Artículos 1o y 2o. del Decreto acusado establecer directamente tales límites, por lo que excedieron la potestad reglamentaria y violaron los Artículos 76, Ords. 9o. y 10º y 120, Ord. 3o., de la Constitución y 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968.

b) El Artículo 3o. del Decreto No. 1272 de 1972.

Esta norma dispuso que los créditos adicionales y los traslados presupuestales de los establecimientos públicos, que deban efectuarse conforme a sus reglamentos, deben ser aprobados “por Decreto originario del Ministerio o Departamento Administrativo al cual estén adscritos” y que los establecimientos públicos deben hacer acuerdos mensuales de ordenación de gastos que también requieren la aprobación de la junta o consejo, directivo con el voto favorable del Presidente de la entidad, el cual puede delegar su función. El cargo también consiste en que el Gobierno al expedir esta norma excedió la potestad reglamentaria e infringió la Constitución y la Ley porque usurpó las atribuciones del Congreso Como en el caso anterior, el Artículo 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968 dispone que corresponde a los estatutos de los establecimientos públicos determinar los actos que requieren el voto favorable del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo respectivo o la aprobación del Gobierno Nacional. Por tanto, el Artículo 3o. del Decreto acusado, no podía sin exceder la potestad reglamentaria y violar, por ende, los Artículos 76, Ord. 10o. y 120, Ord. 3o., de la Constitución y 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, determinar directamente los actos de los establecimientos públicos en los cuales deben cumplirse tales requisitos. Por consiguiente, el cargo es fundado.


c) El Artículo 4º del Decreto No. 1272 de 1972.

El cargo consiste en que esta norma, que prescribió que la compra de vehículos y mobiliario y los gastos de propaganda y de impresión de libros y revistas de los establecimientos públicos deben “ser autorizados previamente por resolución ejecutiva”, excedió la potestad reglamentaria y hace que el Gobierno usurpe funciones del Congreso El Artículo 33 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968 dispone que “la adquisición de los bienes muebles que requieran los establecimientos públicos se harán conforme a las disposiciones del Decreto No. 2370 de 1968, cuando para determinar bienes o clases de bienes así lo disponga la Junta Directiva del Instituto Nacional de Provisiones con la aprobación del Gobierno. Las compras directas que pueden realizar conforme al mismo Decreto, se ajustarán a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, y a las particulares que se consagren en sus respectivos estatutos”. De manera que, según esta disposición, los establecimientos públicos pueden adquirir bienes muebles conforme al Decreto No. 2370 de 1968, si así lo dispone la Junta Directiva del Instituto Nacional de Provisiones con aprobación del Gobierno, o directamente, con observancia de las reglas generales pertinentes y de los estatutos de los mismos. Por consiguiente, como el Artículo 4o. del acto acusado dispuso que las compras de vehículos y mobiliario y los gastos en publicaciones deben efectuarse mediante previa autorización “por resolución ejecutiva”, infringió el precepto anteriormente transcrito, como también el Artículo 6o. del Decreto-Ley No. 2370 de 1968, invocado como violado, que atribuye a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Provisiones, con la aprobación del Gobierno, la facultad de señalar “los bienes muebles de uso general, o especial, que para su más fácil y económica adquisición o conservación o por razones geográficas o de urgencia, podrán ser comprados directamente por los organismos de la Administración Nacional, por la Contraloría General de la República y por la Procuraduría General de la Nación -o por los establecimientos públicos nacionales, agrega la Sala- y qué publicaciones podrán ser realizadas directamente o contratadas por terceras personas por las mismas entidades”. Respecto de los gastos de propaganda, que según la misma norma también requerían previa autorización mediante “resolución ejecutiva”, violó el Artículo 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, en cuanto éste dispone que corresponde a los estatutos de los establecimientos públicos, no al Gobierno, determinar los actos que requieren el voto favorable del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo respectivo o la aprobación del Gobierno Nacional.


d) El Artículo 5o. del Decreto No. 1272 de 1972.

El cargo consiste en que esta norma al prescribir que “las adquisiciones de materiales y suministros de los establecimientos públicos, superiores a $ 100.000.00, deberán ser aprobados por el Ministro del ramo al cual está adscrito el establecimiento”, violó la Ley, porque agrega a las atribuciones de los establecimientos públicos modalidades no previstas en la misma, específicamente en los Decretos que se invocan, relativos a la organización de algunos de los establecimientos públicos nacionales. En efecto, como sostiene el actor, la norma acusada infringió varios preceptos legales, entre los señalados en la demanda, los Artículos 6o., Ordinal 5 del Decreto-Ley No. 2394, 6o., letra d), del Decreto-Ley No. 2976, 11, letra c), del Decreto-Ley No. 3073, 6o. letra f), del Decreto-Ley No. 3119 y 7o., letra e), del Decreto-Ley No. 3154 de 1968, que atribuyen a las juntas directivas de los establecimientos públicos que organizan, la facultad de aprobar los contratos que celebren, bajo las condiciones que prescriben, como así también disponen, como regla general, los Artículos 26 del Decreto No. 1050 y 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968; según las disposiciones últimamente mencionadas, sólo en los estatutos de cada entidad se pueden determinar los actos que, por su importancia o cuantía, “requieren el voto favorable e indelegable del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo del ramo o la aprobación del Gobierno Nacional”.


e) El Artículo 6o. del Decreto No. 1272 de 1972.

El cargo consiste en que esta norma, que prescribió que “los contratos por prestación de servicios que celebren los establecimientos públicos deberán someterse a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Presupuesto”, es violatoria de los Artículos 7o. y 26 del Decreto-Ley No. 1050 de 1968, 12, 38, 39 y 40 del Decreto-Ley No. 3130 y 13 del Decreto-Ley No. 2285 del mismo año, porque la materia a que se refiere debe “ser objeto de regulación” de los estatutos de los establecimientos públicos. Asimismo se afirma en la demanda que también violó los Decretos-Leyes Nos. 2394, 2976, 3073, 3119, 3123 y 3154 de 1968 porque “agrega modalidades que no prevé la Ley”. Con la advertencia, ya hecha, de que el Artículo 38 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968 fue declarado inexequible por sentencia de la Corte del 13 de diciembre de 1972, el Artículo 7o. del Decreto-Ley No. 1050 de 1968 dispone, en armonía con el Artículo 5o. ibídem, que define como una de las características de los establecimientos públicos su “autonomía administrativa”, que ella se ejercerá de conformidad con los actos que la rigen, específicamente la Ley y sus estatutos. El Artículo 12 del Decreto-Ley No. 3130 de 1968, en consecuencia, prescribe, como ya se ha expuesto, que en los estatutos se deben determinar los actos que, por su importancia o cuantía, “requieren para su validez el voto favorable e indelegable del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo del ramo o la aprobación del Gobierno Nacional”. Por consiguiente, mal podía disponer el Artículo 6o. del acto acusado que los contratos de prestación de servicios deben someterse a la aprobación del Director General de Presupuesto, quien sólo tenía, a este respecto, la atribución que le daba el Artículo 109 del Decreto-Ley No. 1675 de 1964, de ejercer “la vigilancia administrativa y económica de las actividades presupuestales de todas las dependencias del Gobierno”, para lo cual podía “ordenar visitas de control y vigilancia a los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos Descentralizados”. Además, como también ya se expuso, los Artículos 6o., Ordinal 5o, del Decreto-Ley No. 2394, 6o., letra d), del Decreto-Ley No. 2976, 11, letra a), del Decreto-Ley No. 3073, 6o., letra f), del Decreto-Ley No. 3119 y 7o. letra e), del Decreto-Ley No. 3154 de 1968, invocados como violados, atribuyen específicamente a las Juntas directivas de los establecimientos públicos a que se refieren la facultad de aprobar los contratos que celebren, en las condiciones que señalen, que tampoco podían ser contrariadas por el Artículo 6o. del Decreto Reglamentario No. 1272 de 1972.


f) El Artículo 7o. del Decreto No. 1272 de 1972.

Aunque el actor pide que se declare la nulidad de la totalidad del Decreto No. 1272 de 1972, no hace ningún cargo contra su Artículo 7o. que, aunque es consecuencial, implica una decisión especial. Por consiguiente, no es el caso de hacer ningún pronunciamiento sobre este acto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal 1o, declara la nulidad de los Artículos 1o, 2o., 3o., 4o.. 5o y 6o. del Decreto Reglamentario No. 1272 de 1972. No es el caso de hacer ningún pronunciamiento sobre el Artículo 7o. del mismo Decreto.

Publíquese, notifíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, mediante el envío al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público de copia auténtica de la sentencia, y archívese, previa ejecutoria.

HUMBERTO MORA OSEJO - ALFONSO ARANGO HENAO - CARLOS GALINDO PINILLA - JORGE DÁVILA HERNÁNDEZ

JORGE TORRADO TORRADO, SECRETARIO