100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032024SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2360197707/02/1977SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__2360_1977_07/02/1977300320221977APORTES PENSIONES DE EMPRESAS DE AVIACION – Regimenes CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: HUMBERTO MORA OSEJO Bogotá, D. E., siete (07) de febrero (02) de mil novecientos setenta y siete (1977) Radicación número: Actor: "AEROSERVICIO AGRICOLA DEL TOLIMA Y SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE, LIMITADA" Demandado: Ref.: Expediente número 2360. Sesión del día 4 de febrero de mil novecientos setenta y siete.
Sentencias de NulidadHumberto Mora Osejo"AEROSERVICIO AGRICOLA DEL TOLIMA Y SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE, LIMITADA"Decreto ejecutivo número 1121 de 11 de junio de 197Identificadores10030118500true1211232original30116662Identificadores

Fecha Providencia

07/02/1977

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Humberto Mora Osejo

Norma demandada:  Decreto ejecutivo número 1121 de 11 de junio de 197

Demandante:  "AEROSERVICIO AGRICOLA DEL TOLIMA Y SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE, LIMITADA"


APORTES PENSIONES DE EMPRESAS DE AVIACION – Regimenes

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: HUMBERTO MORA OSEJO

Bogotá, D. E., siete (07) de febrero (02) de mil novecientos setenta y siete (1977)

Radicación número:

Actor: "AEROSERVICIO AGRICOLA DEL TOLIMA Y SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE, LIMITADA"

Demandado:

Ref.: Expediente número 2360.

Sesión del día 4 de febrero de mil novecientos setenta y siete.

Las sociedades denominadas Aeroservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, y Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de plena jurisdicción, le pidieron al Consejo de Estado que haga las siguientes declaraciones:

"Primera. Es nulo el articulo 19 del Decreto ejecutivo número 1121 de 11 de junio de 1975, en la parte que menciona a las empresas de avia­ción Aeroservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, y Sanidad Ve­getal Cruz Verde, Limitada.

"Segunda. Es nulo el artículo 1° del Decreto ejecutivo número 1122 de 11 de junio de 1975, en la parte que menciona a las empresas de avia­ción Aeroservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, y Sanidad Ve­getal Cruz Verde, Limitada.

"Tercera. Es nulo el artículo 1° del Decreto ejecutivo número 1123 de junio 11 de 1975, en la parte que menciona a las empresas de aviación Ae­roservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, y Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada.

"Cuarta. Es nulo el artículo 1° del Decreto ejecutivo número 1124 de junio 11 de 1975, en la parte que menciona a las empresas de aviación Ae­roservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, y "Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada.

"Quinta. Subsidiariamente, que las disposiciones de los Decretos 1121, 1122, 1123 y 1124 todos del 11 de junio de 1975, por ser ilegales, no se aplican ni rigen para las empresas de aviación Aeroservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, y Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada".

Los hechos en que se fundamenta la acción. Los demandantes fundan la acción en los siguientes hechos:

"1° Por virtud de previsiones hechas en el Decreto legislativo 1015 de 1966 se creó la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Co­lombiana de Aviadores Civiles.

"2° Dicha Caja tiene por objeto atender el mejoramiento económico, cultural y técnico de los aviadores civiles, asumiendo el pago de presta­ciones que a éstos correspondan y, reemplazando así a las empresas para el cumplimiento de tales obligaciones.

"3° La Ley 32 de 1961 señaló la obligación, para las empresas na­cionales de aviación civil, de aportar periódicamente a la Caja citada, las cantidades de dinero necesarias para que ésta atienda cabalmente su objeto.

"4° Con dicho propósito, el Gobierno expidió el Decreto reglamen­tario 60 de 1973 y allí indicó procedimientos para fijar y manera de hacer los aportes por las diferentes empresas de aviación civil.

"5° Teniendo en cuenta las normas anteriores, y posiblemente con algunas informaciones suministradas por la Caja, fueron expedidos los decretos que ahora son objeto de la presente demanda.

"6° En ellos se liquidan, conjuntamente sumas que hoy gravan a la empresa Aeroservicio Agrícola del Tolima (ASTA), Limitada, con la can­tidad de $ 736.137.06.

"7° De igual manera, resulta gravada la sociedad Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada, con la suma de $ 1.410.180.00...”.

Las disposiciones invocadas como violadas. Los demandantes señalan como violado el artículo 6° de la Ley 32 de 1961, que dispuso que "la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC celebrará convenios particulares con las empresas o patronos que operen aeronaves destinadas a trabajos especiales a fin de determi­nar los aportes que dichas personas deben cubrir a la Caja para que los aviadores a su servicio entren a gozar de las prestaciones establecidas por ésta", los cuales se surtirán ante el actual Ministerio de Desarrollo Económico, con la aprobación del de Trabajo y Seguridad Social, porque los actos acusados cambiaron "la mo­dalidad contractual por la forma unilateral", sin que pueda afirmarse que el De­creto 60 de 1973 les sirva de fundamento, puesto que éste, como aquéllos son violatorios del artículos 6° de la Ley 32 de 1961.

La parte opositora. La Caja de Auxilios y Prestaciones Sociales de ACDAC "CAXDAC", mediante apoderado, se presentó y fue reconocida como parte opositora.

Los alegatos de conclusión. Las partes alegaron de conclusión, en síntesis, a saber:

El concepto del señor Fiscal. El señor Fiscal 1° del Consejo de Estado conceptúa que es preciso acceder a lo pedido en la demanda, porque considera, sustancialmente, que mientras el artículo 6° de la Ley 32 de 1961 prevé que se celebren "convenios particulares", los actos acusados los omiten e "imponen plazos y condiciones incompatibles con la libre concurrencia que se deduce del contenido de la ley reglamentada". Agrega que si se expidieron con base en el Decreto 60 de 1973, en la demanda se pidió su inaplicación, por inconstitucional, como efectivamente lo es.

El alegato de la parte opositora. Esta parte, mediante memorial que pre­sentó antes de que se profiriera el auto de citación para sentencia, pide que se denieguen las peticiones de la demanda, en suma, porque considera que, vencido el plazo que las sociedades demandantes tenían para celebrar los correspondientes acuerdos, de conformidad con el artículo 18 del Decreto número 60 de 1973,

"rigen los cálculos actuariales, vale decir, los decretos del Gobierno que fijan los aportes";

c) El alegato de la parte demandante. Está parte pide que se acceda a las peticiones de la demanda porque considera, por una parte, que según las certi­ficación de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Trabajo y Bienestar So­cial, "nunca se produjo siquiera certificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 6° de la Ley 32 de 1961" y, por otra, que solicita que, por excepción de ilegalidad, no se dé aplicación al artículo 18 del Decreto número 60 de 1973.

Las consideraciones de la Sala. Una vez surtida normalmente la tramitación del juicio, sin que exista causal de nulidad, se procede a dictar la sentencia me­diante las siguientes consideraciones:

1° Los actos acusados. El Gobierno Nacional, por medio de los Decretos 1121, 1122, 1123 y 1124 de 1975 fijó el valor de los aportes, correspondientes a los años comprendidos entre el 19 de mayo de 1972 y el 30 de abril de 1975, y el dé­ficit actuarial en 30 de abril de 1975, a favor de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, "CAXDAC", y a cargo de las entidades que mencionan, entre las cuales se cuentan las sociedades demandantes, en las cuantías que al efecto les señalan (Sg. Ofs. números 34367, páginas 174 y 175, y 34368, página 191). Estos Decretos fueron expedidos por el Gobierno, según su parte motiva, con base en la Ley 32 de 1961 y el Decreto reglamentario número 60 de 1973.

2° La Ley 32 de 1961 y el Decreto 60 de 1973. La Ley 32 de 1961 dispuso, por una parte, que "las empresas nacionales de aviación civil que tengan a su servicio miembros del escalafón de reserva de 29 clase de la Fuerza Aérea, con­tribuirán con sus aportes a la financiación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), en la cuantía y con las condiciones que determine el Gobierno, previos los estudios actuariales que la entidad beneficiaría le presente" (artículo 1°), la cual debe efectuar las liqui­daciones mensuales "debidamente aprobadas por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil" (artículo 4°); las "empresas nacionales de aviación civil", "que cubran los aportes fijados por el Gobierno", quedan exoneradas, recíproca­mente, "de pagar a los aviadores y navegantes civiles la pensión de jubilación es­tablecida en el Código Sustantivo del Trabajo, y su abono lo asume la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC..." (Artículo 3º). Por otra parte, el artículo 5° de la misma Ley prescribe que "la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC celebrará convenios particulares con las empresas o patronos que operen aeronaves destinadas a trabajos especiales (la Sala subraya), a fin de determinar los aportes que dichas personas deben cubrir a la Caja para que los aviadores a su servicio entren a gozar de las prestaciones establecidas por ésta. Dichos acuer­dos se surtirán ante el Ministerio de Fomento y para entrar en vigencia requeri­rán la aprobación del Ministerio de Trabajo".

El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 60 de 1973, reglamentó la Ley 32 de 1961. El artículo 12 dispuso, respecto de los aportes de "las empresas na­cionales de aviación civil", que "el Gobierno fijará cada año y con anterioridad al 19 de mayo la cuantía de los aportes", y el articulo 18, en relación con las empresas "de trabajos aéreos especiales", que éstas deben presentar al Departa­mento Administrativo de Aeronáutica Civil, dentro del término de un año conta­do desde la vigencia del decreto, "los convenios particulares de que trata el artículo 6° de la Ley 32 de 1961", los cuales requieren "la aprobación de los Mi­nisterios de Desarrollo Económico y de Trabajo y Seguridad Social". El precepto agrega que, "si dentro del plazo señalado no se celebraren tales convenios, el Gobierno fijará los términos y condiciones en que dichas empresas deben hacer sus aportes".

De manera que, según lo expuesto, existen dos regímenes diferentes en re­lación con los aportes a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Co­lombiana de Aviadores Civiles (ACDAC): el primero, referente a "las empresas nacionales de aviación civil", cuyos aportes deben fijarse por el Gobierno, pre­vios los estudios actuariales, y hacerse efectivos en la forma indicada; el segundo, atañe a "las empresas o patronos que operen aeronaves destinadas a trabajos es­peciales", los cuales deben, para determinar el valor de sus aportes, celebrar "con­venios particulares" con la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC ante el Ministerio de Desarrollo Económico con la aprobación del de Trabajo.

La parte final del artículo 18 del Decreto 60 de 1973, que, en defecto de "los convenios particulares", permite al Gobierno determinar la cuantía de los aportes correspondientes a "las empresas o patronos que operen aeronaves des­tinadas a trabajos especiales", evidentemente contraría el sentido del artículo 6° de la Ley 32 de 1961 y, por lo mismo, por excepción de ilegalidad (artículo 240 del C. de R. P. y M. y 12 de la Ley 153 de 1887), no se lo debió aplicar.

3° Los casos subjudice. En los casos sub júdice, está demostrado en el jui­cio con los respectivos certificados de las Cámaras de Comercio de Girardot e Ibagué, que las sociedades "Aeroservicio Agrícola del Tolima, Limitada (ASTA)", y "Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada" (Fs. 2, 3 y 5), tienen entre sus objeti­vos sociales, la fumigación aérea y que, por lo mismo, para los efectos de la Ley 32 de 1961 se catalogan entre las que operan "naves destinadas a trabajos espe­ciales". Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 6° de la citada Ley, sus aportes a la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC deben determinarse por acuerdos o "convenios particulares" con ésta, celebrados ante el Ministerio de Desarrollo Económico, con la aprobación del de Trabajo, los cuales, según consta en autos, no se han realizado (Fs. 27 y 39).

El Gobierno expidió los actos acusados, en relación con las sociedades, demandantes, tras considerar que no celebraron los convenios dentro del plazo prescrito por el artículo 18 del Decreto 60 de 1973.

Pero, aunque esto sucedió, como se expuso anteriormente, en modo alguno podía sustituir, contrariando un precepto legal especial, el del artículo 6° de la Ley 32 de 1971, la voluntad de personas particulares, como lo son las demandan­tes y la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC (artículo 2° de la Ley 32 de 1961), por su voluntad unilateral, trocando así un acto jurídico que legalmente debió ser privado por uno administrativo; si la parte final del artículo 18 del Decreto 60 de 1973 lo autorizó para ello, el Gobierno debió proferir la ley, con mayor razón si, como autor de aquél, estaba en su poder modificarlo o derogarlo para ponerlo a tono con la norma legal obligatoria.

En consecuencia, es preciso declarar la nulidad del artículo 1° de los De­cretos del Gobierno Nacional números 1121, 1122, 1123 y 1124 de 1975, pero úni­camente en cuanto se refieren a las sociedades demandantes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra­tivo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Co­lombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal 1°, declara la nulidad del artículo 1° de los Decretos números 1121, 1122, 1123 y 1124 de 1975, expedidos por el Gobierno Nacional, pero únicamente en cuanto se refieren a las sociedades "Aeroservicio Agrícola del Tolima, Limitada (ASTA)", y "Sanidad Vegetal Cruz Verde, Limitada".

Publíquese, notifíquese, Cópiese, comuníquese mediante copia auténtica y archívese, previa ejecutoria.

HUMBERTO MORA OSEJO, ALFONSO ARANGO HENAO, CARLOS GALINDO PINILLA, ALVARO PEREZ VIVES.

JORGE TORRADO TORRADO, SECRETARIO