SENTENCIA de 1965

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030031926SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1561196531/07/1965SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__1561_1965_31/07/1965300319241965DECRETO REGLAMENTARIO DE LEY DE PETROLEOS - Nulidad parcial / EXPLOTACION PETROLERA - Deducci�n de factor especial de agotamiento. Aumento de porcentaje de regal�as y participaciones El Consejo de Estado declara nulo el literal c) del art�culo 45 del Decreto 1348 de 1961, reglamentaria de la Ley 10 de 1961. Igualmente anula el par�grafo V del art�culo 54 del mismo estatuto, el art�culo 59, los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, el art�culo 56 en cuanto condiciona la exenci�n por factor especial de agotamiento de que habla el art�culo 24 de la ley reglamentada, a que los anteriores contratos se hayan ajustado a las normas de dicha ley; y el ordinal d) del art�culo 61. No se accedi� a declarar la nulidad de los art�culos 8 � , 9 � , 10, 11, 12, del art�culo 14 ordinal 9�, del ordinal 59 del art�culo 15, del art�culo 17, del ordinal b) del art�culo 1�, de los art�culos 26, 28, 30 y 32, del 2� inciso del art�culo 33, del 43, ni del art�culo 65, normas estas que tambi�n hab�an sido impugnadas.

DECRETO REGLAMENTARIO DE LEY DE PETROLEOS - Nulidad parcial / EXPLOTACION PETROLERA - Deducci�n de factor especial de agotamiento. Aumento de porcentaje de regal�as y participaciones

El Consejo de Estado declara nulo el literal c) del art�culo 45 del Decreto 1348 de 1961, reglamentaria de la Ley 10 de 1961. Igualmente anula el par�grafo V del art�culo 54 del mismo estatuto, el art�culo 59, los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, el art�culo 56 en cuanto condiciona la exenci�n por factor especial de agotamiento de que habla el art�culo 24 de la ley reglamentada, a que los anteriores contratos se hayan ajustado a las normas de dicha ley; y el ordinal d) del art�culo 61. No se accedi� a declarar la nulidad de los art�culos 8�, 9�, 10, 11, 12, del art�culo 14 ordinal 9�, del ordinal 59 del art�culo 15, del art�culo 17, del ordinal b) del art�culo 1�, de los art�culos 26, 28, 30 y 32, del 2� inciso del art�culo 33, del 43, ni del art�culo 65, normas estas que tambi�n hab�an sido impugnadas.

Referencia: Exp. N� 1561. Decreto Gobierno. No. Dto. N� 1348 de Jun. 20/61 del Gobierno Nacional Ministerio Minas y Petr�leos, reglamentario Ley 10 de marzo 16/61.

Con fecha 31 de agosto de 1961, el doctor Gonzalo Gait�n, en ejercicio de la acci�n p�blica que consagran los art�culos 62 y 66 del C. C. A., present� demanda de nulidad de varias de las disposiciones contenidas en el Decreto N� 1348 de 1961 (junio 20) "por el cual se reglamenta la Ley 10 de 16 de marzo de 1961�, ley �sta "por la cual se dictan disposiciones en el ramo de petr�leos".

Los ordenamientos impugnados, en el concepto de que con ellos extralimitaba el Gobierno el ejercicio de la facultad reglamentaria que le atribuye el ordinal 3o del art�culo 120 de la Constituci�n, por cuanto sus disposiciones violaban, a su entender, las normas de la propia ley reglamentada y del C�digo de Petr�leos que el demandante menciona despu�s en cada caso, al concretar los motivos de la impugnaci�n, fueron los siguientes, tal como resume el actor sus planteamientos, al principio de la demanda:

"Art�culo 8� En cuanto exige que se acompa�e a la propuesta el programa de inversiones proyectadas y el presupuesto para el per�odo inicial de exploraci�n', requisito que tambi�n exige para el traspaso de concesiones;

"Art�culo 9� En cuanto ordena al concesionario "incluir, dentro de las inversiones previstas por el C�digo de Petr�leos, las partidas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones, equipos, bienes muebles e inmuebles, etc., objeto de reversi�n al Estado';

"Art�culo 10. En cuanto dispone que los datos y documentos sobre actividades de exploraci�n y explotaci�n 'se entregar�n al Ministerio antes del primero de marzo siguiente al a�o calendario o parte del mismo a que se refiere' y en cuanto manda que la memoria contendr� un informe documentado sobre la realizaci�n del programa de inversiones, de conformidad con las normas que dicte el Ministerio;

"Art�culo 11. En cuanto confiere al Gobierno una opci�n para variar los l�mites m�ximo y m�nimo en el �rea de los contratos, opci�n no consagrada en la ley;

"Art�culo 12. En cuanto subordina la iniciaci�n del per�odo de explotaci�n al acuerdo de las partes contratantes y en cuanto pone en manos del Ministerio autorizar la iniciaci�n del per�odo de explotaci�n y suspender el per�odo de exploraci�n a su arbitrio;

"Art�culo 13. Como consecuencia de la nulidad del art�culo 12; numeral 9� del art�culo 14, como consecuencia de la nulidad del art�culo 8�, en cuanto ordena hacer inversiones espec�ficas y determinadas en el per�odo de exploraci�n, no exigidas por la ley para solicitar la pr�rroga del per�odo de exploraci�n; numeral 5� del art�culo 15, tambi�n en cuanto exige la demostraci�n del cumplimiento de un plan de inversiones en el per�odo de exploraci�n;

"Art�culo 17, por cuanto establece que es aplicable tambi�n para las concesiones anteriores a la Ley 10 de 1961, es decir, para los contratos vigentes, la condici�n de que para obtener la reducci�n de los c�nones deben haberse mantenido trabajos de perforaci�n durante trescientos d�as del calendario y adem�s que tal reducci�n solo puede empezar a concederse a partir del segundo a�o de exploraci�n;

"Art�culo 19, en su ordinal b), en cuanto establece que los terrenos correspondientes a contratos que se renuncien o se declaren caducados en el per�odo de exploraci�n con posterioridad a la vigencia de la Ley 10 de 1961, est�n sujetos al r�gimen de licitaci�n y no al sistema general de contrataci�n;

"Art�culo 26, por cuanto ordena la reversi�n a favor del Estado de las concesiones que se renuncien antes de los primeros veinte a�os del per�odo de explotaci�n;

"Art�culo 28, en cuanto establece que el Ministerio de Minas y Petr�leos 'podr� ordenar la ejecuci�n de pruebas o ensayos de producci�n, presiones de fondo u otras, en pozos de petr�leo o gas seg�n pr�cticas usuales en la industria del petr�leo;

"Art�culos 30 y 32; Art�culo 33, en cuanto, so pretexto de reglamentar, recorta el contenido del art�culo 14 de la Ley 10, al determinar que el Gobierno podr� disponer gratuitamente del gas o contratar su aprovechamiento en cualquier tiempo, con el mismo explotador o con terceros, en caso de que el explotador no efectuare su utilizaci�n industrial o comercial dentro del plazo se�alado en el art�culo 14 de la Ley 10, sin tener en cuenta las otras dos alternativas que el art�culo 14 citado consagra a favor del explotador antes de que pueda originarse el derecho del Gobierno para disponer gratuitamente del gas, para hacer las instalaciones y tomar las medidas necesarias para el aprovechamiento de aqu�l;

"Art�culo 43, en cuanto dice 'podr� concederse la deducci�n por agotamiento a base de porcentaje fijo que no exceder� del 10% del valor bruto del producto natural extra�do', pues la ley no dej� al arbitrio del Gobierno el reconocimiento de la deducci�n, ni la fijaci�n del monto de su porcentaje;

"Art�culo 45, literal c), en cuanto viola el art�culo 25 de la citada Ley 10, ya que al disponer, como lo hace el decreto, que para los gastos capitalizados y no amortizados que se efect�en a partir de la vigencia de la Ley 10 de 1961 no podr� utilizarse la deducci�n del art�culo 25 de la ley (sic) introduce una incompatibilidad no consagrada en dicha ley entre esa deducci�n del citado art�culo 25 y la deducci�n normal por agotamiento;

"Segundo inciso de los art�culos 49 y 51, que determinan que para que las explotaciones petrol�feras iniciadas despu�s del 1� de enero de 1955, que correspondan a contratos de concesi�n de petr�leos nacionales perfeccionados antes de la vigencia de la Ley 10 de 1961, puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento establecido por el inciso primero del art�culo 24 de la citada ley, ser� indispensable que los concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la misma, como lo contempla su art�culo 27';

"Ordinal d) del art�culo 61, por las mismas razones de ilegalidad de que adolece el segundo inciso de los art�culos 49 y 51;

"Par�grafo V del art�culo 54, que hace incompatible el disfrute de la deducci�n para amortizar inversiones en exploraci�n, hechas despu�s del 1� de enero de 1955, con el disfrute de la deducci�n o exenci�n por 'factor especial de agotamiento';

"Art�culo 56, en cuanto exige la adaptaci�n de los contratos referentes a explotaciones iniciadas a partir del 1� de enero de 1955, a las normas de la Ley 10 de 1961, para los efectos relacionados con el derecho a la exenci�n del impuesto de renta, equivalente al factor especial de agotamiento, u�a vez que �ste haya perdido su car�cter de deducci�n por haberse terminado la amortizaci�n total del costo de las respectivas inversiones de capital distintas de las que se hayan hecho en terrenos o propiedad depreciable;

"Art�culo 59, que establece un l�mite respecto de la renta l�quida fiscal del contribuyente para los efectos de determinar la cuant�a de la deducci�n por amortizaci�n de inversiones en exploraci�n de que trata el art�culo 25 de la Ley 10 de 1961, y

"Art�culo 65, en cuanto que para conceder, respecto de concesiones que entraron en explotaci�n con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 10 de 1961, las exenciones contempladas en el par�grafo 1� del art�culo 31 de la Ley 10 de 1961 y en el inciso 1� del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos (art. 9, Ley 160 de 1936), introduce dos limitaciones no consagradas en la ley, respecto de la 'cuant�a de la exenci�n y de los nuevos campos en producci�n', (subrayo)".

Cada una de las disposiciones impugnadas del Decreto fue objeto en el libelo de un estudio m�s extenso que llena veinte p�ginas m�s, a pesar del esfuerzo de s�ntesis que indudablemente hizo el distinguido demandante, ya que las cuestiones que trata son de suya compleja.

Y como a su parecer fueran evidentes las contradicciones que anota entre las disposiciones impugnadas del Decreto reglamentario y los textos de la propia ley reglamentada y del C�digo de Petr�leos que cita como violados, pidi� se decretara la suspensi�n provisional de todas ellas.

Por auto del 31 de octubre de 1961, admisorio de la demanda, resolvi� el consejero sustanciador sobre la solicitud de suspensi�n provisional mediante la obligada comparaci�n de los textos legales que el actor considera violados con las disposiciones impugnadas y dentro del concepto de la violaci�n expresado en el libelo.

Por las razones aducidas en aquel auto, no se hall� en la mayor parte de las disposiciones del decreto que la demanda ataca evidente contradicci�n con las normas superiores que ella invoca. Por tanto, no se accedi� a suspender provisionalmente los art�culos 8o, 9o, 10, 11, 12 y 13, ni el ordinal 9o del art�culo 14, ni el ordinal 5o del 15, ni el art�culo 17, ni el literal b) del 19, ni los art�culos 26, 28, 30 y 32, ni el segundo inciso del 33, ni el art�culo 43, ni el segundo inciso del art�culo 49, ni los art�culos 56 y 65.

Pero s� se accedi� a decretar la suspensi�n provisional de las siguientes disposiciones del decreto impugnado: el literal c) del art�culo 45, el par�grafo 1o del art�culo 54 y el art�culo 59. Tambi�n fueron suspendidos provisionalmente el segundo inciso del art�culo 51 y el literal d) del art�culo 61 en cuanto puedan ser contrarios a contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos nacionales en la regi�n oriental que con posterioridad al Decreto 2140 de 1955 y antes de la Ley 10 de 1961 se hubieran celebrado y perfeccionado dentro de las autorizaciones del art�culo 21 de ese decreto y con inclusi�n de lo previsto en el art�culo 13 del mismo.

El Fiscal Segundo de esta Corporaci�n, que lo era por entonces el doctor Uladislao Dom�nguez, interpuso oportunamente recurso de s�plica contra el auto del consejero sustanciador, en cuanto a la suspensi�n provisional del literal c) del art�culo 45, a la del par�grafo 1o del art�culo 54 y a la del art�culo 59, a fin de que se revocara lo resuelto.

Con fecha 9 de marzo de 1962 present� el se�or doctor Gait�n un memorial en que manifest� que hubiera recurrido en lo desfavorable el auto del 31 de octubre si hubiera sabido oportunamente que el Fiscal lo suplicar�a y formula oposici�n a la s�plica del Agente del Ministerio P�blico. Dicho memorial, debido a su extemporaneidad no pudo ser tenido en cuenta.

Por auto del ocho de febrero de 1963, y en virtud de las razones ampliamente expuestas, confirm� el resto de la Sala el recurrido.

Qued�, pues, en firme lo resuelto respecto de la suspensi�n provisional decretada en la parte suplicada de aquella providencia y ya lo estaba, por no haber sido recurrida, en lo que respecta a lo que no fue objeto del recurso de s�plica.

"Reitero ahora mi solicitud en el sentido de que se declaren nulos todos los art�culos demandados, pero har� especial hincapi� en los siguientes:"

Expone en seguida las razones en que funda su inconformidad con lo expresado en el auto del 31 de octubre de 1961 para no acceder a decretar la suspensi�n provisional de los art�culos 8o, 11, 12, 17, el literal b) del art�culo 19, el art�culo 28, el inciso 2o del art�culo 33, y los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, e insiste en que se debe declarar nulos todos esos ordenamientos.

Ya al final de su extenso escrito manifiesta el demandante que le parecen suficientes para declarar la nulidad de las disposiciones suspendidas provisionalmente, adem�s de las expuestas en su demanda, las contenidas en los autos en que el Consejero sustanciador y el resto de la Sala estudiaron esos puntos.

Y para terminar su extenso escrito, y "con el �nimo de no fatigar m�s al H. Consejo", dice el demandante que se permite ratificar y reproducir en todas sus partes las alegaciones originales para que sean estudiadas y tenidas en cuenta en la sentencia las. acusaciones que hizo a los art�culos 9o, 10, 13, al numeral 9o del art�culo 14, y a los art�culos 15, 26, 30, 43, 56 y 65 del Decreto 1348 de 1961.

Por su parte, el se�or Fiscal 2o de esta Corporaci�n, doctor Osvaldo Abello Noguera, a quien correspondi� emitir concepto de fondo sobre este negocio, despu�s de reproducir el mismo resumen que el demandante hace al principio de su libelo y que qued� trascrito arriba, expresa las razones en que se funda para considerar que debe declararse la nulidad de los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, del literal d) del art�culo 61 y de los art�culos 56 y 65.

"En lo tocante a los dem�s art�culos enjuiciados, esta Fiscal�a acoge �ntegramente los conceptos emitidos en el auto de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y tres que resolvi� la petici�n de suspensi�n provisional".

En s�ntesis, pues, concept�a el se�or Fiscal que deben anularse los ordenamientos del decreto que le han merecido un particular estudio, citados arriba, y asimismo los que ya fueron suspendidos provisionalmente, y que no deben ser anulados los dem�s que son objeto de la demanda.

Habiendo llegado la oportunidad de dictar el fallo, procede a ello la Sala, mediante las siguientes consideraciones:

"Se refiere a las propuestas que se presenten en adelante para exploraci�n y explotaci�n de petr�leo en zonas cuyo subsuelo pertenezca a la Naci�n y dice:

'Para estimar la capacidad econ�mica del proponente, con la documentaci�n exigida por el art�culo 125 del C�digo de Petr�leos y dem�s disposiciones pertinentes, deber� acompa�arse a la propuesta el programa de inversiones proyectadas y el presupuesto para el per�odo inicial de explotaci�n. Los mismos requisitos se exigir�n para el caso de traspaso de concesiones.

'Para la calificaci�n de la capacidad econ�mica de que trata este art�culo, se requiere el concepto previo del Consejo de Petr�leos.

'Queda en estos t�rminos reformado el aparte e) del art�culo 126 del C�digo de Petr�leos'.

"Sostiene el demandante que ha habido desviaci�n del poder reglamentario, por cuanto el art�culo 6� de la ley dice, en lo pertinente:

'1) Las obligaciones contra�das por el proponente hasta la fecha en el pa�s por raz�n de otros contratos de petr�leos.

"En opini�n del demandante la transcrita disposici�n de la ley est� completa, y no requiere complementarse en la reglamentaci�n. La capacidad econ�mica del proponente, seg�n �l, debe estimarse por el Gobierno teniendo en cuenta solo esos dos factores.

"Y refiri�ndose al programa de inversiones y presupuesto inicial exigidos en �l art�culo 8� del Decreto dice: 'Estas exigencias no est�n contenidas ni impl�cita ni expl�citamente en la disposici�n reglamentada, ni en las disposiciones legales vigentes que determinan cu�les son las obligaciones del concesionario en el per�odo de exploraci�n y que se hallan contenidas en las Leyes 37 de 1931, 160 de 1936, 18 de 1952 y 10 de 1961. Los requisitos exigidos son extralegales y el Decreto incurri� en lo que el inciso 2� del art�culo 66 del C�digo de lo Contencioso Administrativo llama abuso o desviaci�n de poder, que lo hace nulo'.

"Considera el suscrito Consejero que parece un factor necesario para medir la capacidad econ�mica del proponente, en relaci�n con las obligaciones que va a contraer, el previo conocimiento de la cuant�a de las inversiones que ha de llevar a cabo en el per�odo inicial de exploraci�n con taladro, es decir, durante los tres a�os subsiguientes al perfeccionamiento del contrato, si recae sobre terrenos de la zona Norte Occidente, o los cuatro, si sobre las zonas Este y Sureste, de conformidad con el art�culo 8� de la misma ley. Este le obliga a perforar con taladro un m�nimo de 2.000 metros en uno o varios pozos. Y esos trabajos tendr�n que iniciarse por lo menos seis meses antes de vencerse el per�odo inicial de exploraci�n. Es claro, entonces, que el proponente deber� calcular ese gasto y contar con los medios econ�micos para efectuarlo. Adem�s, las pr�rrogas solo pueden concederse a los que presenten el plan de actividades a desarrollar con una perforaci�n m�nima de 4.000 metros en busca de petr�leo en uno o varios pozos, como lo ordena el art�culo 8o de la ley reglamentada.

"Por lo dicho, no aparece a primera vista desviado el uso que de su poder reglamentario hace el Gobierno al imponer al proponente en orden a apreciar su capacidad econ�mica en cuanto a las obligaciones que va a asumir que acompa�e a la documentaci�n exigida por el art�culo 125 del C�digo de Petr�leos el programa de inversiones proyectadas y el presupuesto para el per�odo inicial de exploraci�n.

"Con el art�culo 8� del Decreto se completa el ordenamiento legal en este punto, ya que, como se observ� atr�s, la ley exige el programa de actividades para las pr�rrogas, y de ese programa l�gicamente debe formar parte el presupuesto o c�lculo de su costo.

"No procede, por lo dicho, suspender provisionalmente el art�culo 8� del decreto".

Replicando a lo expresado en el auto insiste el demandante en que el art�culo 6o de la ley reglamentada es perfectamente claro, y las leyes incorporadas en el C�digo de Petr�leos no contienen, como un modo de establecer la capacidad econ�mica, el requisito de que se acompa�en a la propuesta el programa de inversiones y el presupuesto para el per�odo inicial de exploraci�n, ni tampoco el de que los mismos requisitos se exijan para los traspasos Expresa el demandante que el art�culo del decreto "est� exigiendo condiciones no contempladas en la ley, pues no basta afirmar, como lo dice el se�or Consejero Ponente, que sea necesario el previo conocimiento de la cuant�a de las inversiones que se han de llevar a cabo por el proponente, porque la norma legal superior no contiene este requisito, ni obliga al proponente por ning�n motivo a que se cumpla con esta formalidad. ..". Hace en seguida la observaci�n de que estas formalidades carecen de utilidad pr�ctica "porque los c�lculos anticipados que pueda hacer el proponente sobre las inversiones futuras no son decisivos para estimar cu�l ha de ser su capacidad financiera, ya que solo contienen apreciaciones que no est�n nunca respaldadas en la realidad, pues los proponentes nunca tendr�n un conocimiento exacto de los costos futuros, ya que al hacer la propuesta no existe, ni puede existir, suficiente conocimiento de las condiciones de la concesi�n y menos a�n se puede prever cu�l va a ser el costo de los trabajos, que estar�n sujetos a las fluctuaciones econ�micas de toda clase, que hacen variar sustancialmente los costos de toda actividad, especialmente en una tan arriesgada como es la del petr�leo".

Termina el demandante en su alegato diciendo que no encontr�ndose tampoco en el C�digo de Petr�leos la obligaci�n de presentar los programas de inversiones y los presupuestos a que se refiere el art�culo 8o del decreto, �ste extralimita la facultad reglamentaria de modo flagrante.

No est� de acuerdo la Sala con la r�plica a las consideraciones que se hacen en el auto. La exigencia del art�culo 8o no desborda el contenido del art�culo 6o de la Ley 10, en cuanto �ste establece que el interesado debe comprobar su capacidad econ�mica no solo en raz�n de las obligaciones ya contra�das, sino de "las que va a asumir de acuerdo con el nuevo contrato", las cuales se hallan tambi�n establecidas en la ley, y requieren un programa para cumplirlas y un presupuesto de costo de dicho programa. No hay necesidad en un caso como �ste de que la ley misma haya expresado la exigencia del programa y del presupuesto. Esos requisitos est�n impl�citos en el concepto de la capacidad econ�mica que debe demostrar la empresa y que el Gobierno ha de estimar. La utilidad pr�ctica no compete juzgarla a esta Sala. Tiene el Gobierno t�cnicos en la materia, quienes seguramente fueron consultados sobre la conveniencia de que las propuestas sean acompa�adas del programa de inversiones proyectadas y del presupuesto, como una garant�a de que los interesados han estudiado lo suficiente la materia de las obligaciones que van a contraer y tienen calculado su costo y los medios para financiarlo.

Es este uno de aquellos sobre los cuales se ha abstenido el demandante de redarg�ir las consideraciones que para no acceder a suspenderlo se hicieron en el auto del consejero ponente.

"Impugna el demandante este art�culo por considerar que en �l se desv�a la potestad reglamentaria. El art�culo dispone que a partir de los veinte a�os del per�odo de explotaci�n el concesionario deber� incluir dentro de las inversiones previstas por el C�digo de Petr�leos, las partidas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones, equipos, bienes muebles e inmuebles, etc., objeto de reversi�n al Estado. Agrega el impugnador que no solo no hay base en la ley reglamentada ni en el C�digo de Petr�leos para dictar la disposici�n transcrita, sino que el art�culo 33 del C�digo establece que solo son objeto de reversi�n al Estado los inmuebles.

"Primero. En el inciso final del art�culo 27 del C. de P. se autoriza al Gobierno para reglamentar la inversi�n m�nima anual durante la explotaci�n. Y el ordinal 8� del art�culo 68 sanciona con la caducidad el incumplimiento de esa reglamentaci�n.

"Segundo. Haciendo uso de aquella facultad el Gobierno reglament� las inversiones. En efecto, en el art�culo 160 (disposiciones reglamentarias del C de P.) despu�s de fijarse el m�nimo de inversiones anuales en los diferentes per�odos de explotaci�n que all� se establecen, se dice en el inciso 6�: 'Al computar el gasto m�nimo obligatorio no se incluir� el costo de maquinaria, herramientas y otros elementos de trabajo sino cuando est�n situados dentro del l�mite de la zona de la concesi�n o en el lugar a donde vayan a ser usados para el servicio de la empresa. As�, pues, hab�a ya una norma reglamentaria que autorizaba la inclusi�n del costo de bienes muebles que se pusieran en los terrenos en explotaci�n afectos a ella, para el efecto de fijar las inversiones m�nimas obligatorias. Y parece l�gico que el costo a que se refiere el citado art�culo no se limite al valor de adquisici�n sino que se extienda a los gastos necesarios de mantenimiento. La supresi�n en la Ley 10 de 1961 de la pr�rroga optativa de diez a�os que se preve�a en el inciso final del art�culo 23 del C. de P. parece haber creado la necesidad de velar por el buen mantenimiento de todos los bienes afectos a la explotaci�n, como se prev� en el art�culo impugnado, complementando lo reglamentado en el art�culo 160 del C de P.

"Por lo dem�s, aunque es verdad que los muebles puestos por el explotador no revierten al Estado, seg�n el art�culo 33 del C de P., tambi�n es cierto que el contratista tiene la obligaci�n de vend�rselos, si as� se lo exige dentro de los noventa d�as siguientes a la terminaci�n del contrato como lo dispone el mismo art�culo. Y siendo muy posible que se presente desacuerdo entre las partes contratantes sobre la calidad de simples muebles o de inmuebles por destinaci�n que tengan algunas cosas, a la luz del C�digo Civil, se prev� en el mismo art�culo que el punto de desacuerdo sea sometido a dictamen de �rbitros. De lo anteriormente dicho se infiere que el Estado tiene leg�timo inter�s en que se mantengan en buenas condiciones durante el per�odo final de la explotaci�n no solamente las cosas que puedan calificarse inequ�vocamente de inmuebles, sino aquellas que sean legalmente muebles, seg�n el veredicto final de los peritos, si hay lugar a ello. Y tan cierto es que la Naci�n est� interesada en el buen mantenimiento de ese conjunto de cosas afectas a la explotaci�n que puede, en cualquier tiempo, como lo dice el inciso final del art�culo 33, 'impetrar las providencias conservatorias que le convengan para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del contratista, el campo petrol�fero o sus instalaciones y dependencias', entre las cuales no puede menos de pensarse que est�n incluidas todas aquellas cosas muebles por naturaleza, pero inmuebles por destinaci�n, cuya calidad legal a�n no se ha definido (susceptibles ellas de revertir al Estado) y tambi�n las que a la postre sean calificadas d� simples muebles, porque sobre ellas, por su utilidad para proseguir la explotaci�n, puede el Estado ejercitar el derecho de compra".

Las razones que se dieron en los apartes transcritos son, a juicio de la Sala, suficientes para no acceder a declarar nulo el impugnado art�culo 9o del decreto.

Tambi�n respecto de este art�culo se ha abstenido el se�or demandante de rebatir los argumentos expuestos en el auto del consejero ponente para no acceder a su suspensi�n provisional. Se copia a continuaci�n lo dicho en ese auto:

Dice el art�culo: "Los datos y documentos sobre actividades de exploraci�n y explotaci�n de que trata el art�culo 28 del C�digo de Petr�leos, se entregar�n al Ministerio antes del 1� de marzo siguiente al a�o calendario o parte del mismo a que se refieren. La memoria contendr� un informe documentado sobre la realizaci�n del programa de inversiones y actividades de conformidad con las normas que dicte el Ministerio".

"El demandante lo tacha de ilegal por cuanto modifica el art�culo 28 del C�digo de Petr�leos, que establece la obligaci�n de presentar el informe al final del per�odo anual de trabajo'. Y porque, adem�s, el citado art�culo establece que el informe anual se refiere al respectivo a�o del per�odo de exploraci�n y explotaci�n.

"Tambi�n es calificado de ilegal el art�culo trascrito porque el art�culo 28 del C. de P. no condiciona el informe a ning�n requisito especial, en tanto que el impugnado exige que la memoria contenga un informe documentado sobre la realizaci�n del programa de inversiones y actividades de conformidad con las normas que dicte el Ministerio. Al respecto comenta la demanda: 'El concesionario, salvo para la pr�rroga, no est� hoy obligado a presentar programa previo de actividades'.

"La primera parte de la acusaci�n se refiere a que el art�culo 28 del C de P. parece referirse a per�odos anuales que se cuentan desde cuando el contrato entra en vigor y el art�culo impugnado a a�os del calendario.

"El demandante considera que el Gobierno debe ce�irse rigurosamente a la letra del art�culo 28 en cuanto a la fecha del informe. Sin embargo parece que lo esencial de la disposici�n del art�culo 28 es la obligaci�n de informar anualmente sobre los puntos de que all� se trata. Es cuesti�n de conveniencia del Gobierno, y tambi�n del contratista, que tales informes anuales se acomoden al a�o calendario, para muchos efectos de orden pr�ctico. Inclusive, es m�s amplio el plazo concedido para la rendici�n del informe en el art�culo impugnado (dos meses) que el de un mes, previsto en el art�culo 163 de las disposiciones reglamentarias del C. de P.

"La contradicci�n de la norma impugnada con la esencia misma de la disposici�n legal que se cita no es evidente prima fase, ni se ve perjuicio alguno, y s� muchas ventajas pr�cticas, para que la obligaci�n legal de rendir el informe peri�dico establecido en el art�culo 28 del C�digo se cumpla por anualidades del calendario y no precisamente por a�o de vigencia del respectivo contrato.

"En cuanto a la segunda parte de la impugnaci�n, o sea la de que la disposici�n impugnada establece un requisito sobre programa de actividades que solo est� contemplado para las pr�rrogas y uno de inversiones que no est� previsto en la ley, debe tenerse en cuenta: 1� Que el art�culo 8� de la ley reglamentada establece para el per�odo inicial de exploraci�n una obligaci�n m�nima de perforaci�n con taladro que justifica a�n en este per�odo la elaboraci�n del programa de actividades que se piensa desarrollar el a�o siguiente. 2� Que si se impone en la legislaci�n (como lo reconoce el demandante y es patente en el quinto inciso del art�culo 8o de la Ley 10) para obtener cada una de las pr�rrogas anuales presentar un programa de las actividades que se proyectan para el a�o siguiente, el presupuesto de las respectivas inversiones es un elemento sustancial de ese programa.

"De lo dicho se concluye que no aparece evidente la ilegalidad del art�culo 10 del decreto por ninguno de los conceptos por los cuales se le impugna...."

Tambi�n estima la Sala bastantes las razones expuestas en el auto para no acceder a declarar nulo el art�culo 10 del decreto.

"Los l�mites m�ximo y m�nimo para el �rea de los contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leo de propiedad nacional de que trata el art�culo 6� de la Ley 10 de 1961, se entienden opcionales, tanto para los proponentes como para el Gobierno.

"El Gobierno solo podr� ejercer la opci�n all� indicada mediante resoluci�n ejecutiva de car�cter general, debidamente publicada en el Diario Oficial y en la cual se determine la extensi�n territorial m�xima, que conceder� en determinadas zonas del territorio nacional".

El demandante present� en los t�rminos siguientes el motivo de su impugnaci�n al citado art�culo del Decreto Reglamentario:

"Establece este art�culo una opci�n para el Gobierno, no contemplada ni en la Ley 10 ni en el C�digo de Petr�leos.

"Para el proponente siempre ha sido opcional solicitar el n�mero de hect�reas que crea conveniente para su negocio, dentro del m�nimo y el m�ximo que establece la ley, en las dos zonas petrol�feras en que est� dividido el pa�s. Para el Gobierno no: si el proponente solicita un n�mero determinado de hect�reas, dentro de estos l�mites, y por otra parte, su propuesta re�ne todos los requisitos legales, el Gobierno deber� otorgarle el n�mero de hect�reas que requiera, sin poderlas aumentar o disminuir.

"La opci�n que establece el art�culo impugnado en favor del Gobierno, no la autoriza la ley. El Gobierno solo puede moverse dentro del m�ximo y el m�nimo de hect�reas que autoriza el art�culo 6� de la Ley 10. La opci�n en favor del Gobierno ser�a muy grave, bajo otro punto de vista, para la industria del petr�leo. Los concesionarios quedar�an en el dilema, o de no aceptar el n�mero de hect�reas que le fije el Gobierno, o de aceptarlas con menoscabo de las proyecciones del negocio. Es el concesionario, de conformidad con la ley, el que puede apreciar la extensi�n territorial que le convenga, seg�n los resultados de los estudios que haga para formular la propuesta.

"La ilegalidad e inconstitucionalidad del art�culo 11, resulta flagrante, en consecuencia".

En el auto del 31 de octubre de 1961 se dijo que el demandante hac�a un cargo vago, pues no precis� cu�les eran concretamente las normas violadas por la disposici�n reglamentaria que impugna. Raz�n suficiente para no acceder a la petici�n de suspensi�n provisional.

Tambi�n se hicieron algunas consideraciones sobre la circunstancia de que los art�culos 11 y 12 de la Ley 10 han previsto hip�tesis en que terrenos concebibles por el Estado para la exploraci�n y explotaci�n petrol�feras no se sometan a las normas de la contrataci�n ordinaria. As�, por ejemplo, los devueltos seg�n el art�culo 22 del C�digo y el mismo art�culo 6o de la Ley 10, durante el per�odo de exploraci�n, los renunciados o abandonados por el concesionario, seg�n el mismo art�culo 6o, y los correspondientes a contratos que caducaron o fueron renunciados o que caduquen o se renuncien en el futuro, seg�n lo previsto en el art�culo 12 de la ley. Y tambi�n los devueltos o que se le devuelvan a la Naci�n seg�n los art�culos 10 y 11 de la ley reglamentada.

En el auto se dijo que al menos en esos casos podr�a el Gobierno contratar en condiciones m�s ventajosas que las ordinarias.

"A�n cuando en el art�culo impugnado se emplea la palabra 'opci�n' parece claro que la determinaci�n correspondiente no se tomar� en presencia de la solicitud de concesi�n para recortarla como lo teme el demandante sino antes, en forma general y abstracta, sin consideraci�n subjetiva alguna, por medio de resoluciones publicadas en el 'Diario Oficial Y para evitar hacer uso de una inconveniente discrecionalidad ante casos concretos se anticipa la norma reglamentaria a estatuir el procedimiento para se�alar de antemano las zonas en que el m�ximo de la extensi�n concedible puede reducirse.

"Es suficiente lo explicado para que no se encuentre manifiesta violaci�n de las disposiciones de la ley y el C�digo por el art�culo 11 del Decreto 1348 de 1961, en cuanto �ste prev� que puede se�alar el Gobierno por medio de resoluciones generales 'la extensi�n territorial m�xima que conceder� en determinadas zonas del territorio nacional', facultad que en el art�culo se denomina 'opci�n'".

En su alegato de conclusi�n replica el se�or demandante las consideraciones hechas en el auto. Lo sustancial de la r�plica es lo que a continuaci�n se transcribe:

"El art�culo 11 del Decreto 1348 de 1961 acusado, viola el art�culo 6� de la Ley 10 de 1961, al decir que se entienden opcionales para el Gobierno los l�mites se�alados en la ley, porque como es perfectamente claro, la norma legal sustantiva ha fijado un l�mite m�ximo y un l�mite m�nimo para la contrataci�n, en los casos de terrenos comprendidos dentro de las normas generales de la legislaci�n petrolera y de estos l�mites no se puede apartar el Gobierno, porque el sistema consagrado desde la expedici�n de la Ley 37 de 1931, y respetado por las Leyes 160 de 1936, 18 de 1952 y 10 de 1961, es el de que el proponente tiene una opci�n para fijar la extensi�n de su propuesta dentro d� los l�mites taxativamente se�alados por la ley, que son forzosos para el Gobierno y que �ste no puede desconocer unilateralmente, sin contrariar una norma sustantiva de car�cter obligatorio para el Estado y sin que �ste pueda tener una opci�n para separarse de estos l�mites en los casos de propuestas sobre �reas sometidas a la contrataci�n ordinaria.

"No desvirt�a en manera alguna la ilegalidad del art�culo 11 del decreto acusado la parte final de dicho art�culo en que se dice que el Gobierno s�lo podr� ejercer la opci�n indicada en esta norma mediante una resoluci�n ejecutiva de car�cter general publicada en el "Diario Oficial", porque esta formalidad no se ajusta a la norma sustantiva violada, que es el art�culo 6� de la Ley 10 de 1961, que no le otorgan al Gobierno la facultad de restringir el derecho del proponente de solicitar la extensi�n que considere adecuada dentro de los l�mites m�ximo y m�nimo consignados en dichas normas.

"Es, pues, claramente violatorio de una norma superior que es el art�culo 6� de la Ley 10 de 1961, el art�culo 11 del decreto acusado, y as� debe declararse".

Precisa ahora el demandante su cargo de ilegalidad del art�culo 11 del decreto como violaci�n, por extralimitaci�n de la potestad reglamentaria, en cuanto a la extensi�n del terreno que puede comprender una propuesta de contrato.

El art�culo 6o de la ley reglamentada dice, en lo pertinente: "El art�culo 22 del C�digo de Petr�leos, quedar�, as�:

"Con el proponente que re�na las condiciones exigidas por el C�digo celebrar� el Gobierno un contrato d� exploraci�n y explotaci�n de petr�leos de la Naci�n, por no menos de tres mil ni m�s de veinticinco mil hect�reas, excepto en los casos en que determinado terreno que haya disponible para contratar no alcance a la extensi�n de tres mil hect�reas".

La ley modific� los l�mites m�ximo y m�nimo del citado art�culo del C�digo, que eran de 50.000 y de 5.000 hect�reas.

As�, pues, la ley no permite que una propuesta de contrato verse sobre m�s de 25.000 ni menos de tres mil hect�reas, salvo que la propuesta se refiera a un terreno disponible de menor extensi�n.

El art�culo 11 del decreto en su segundo inciso dice que el Gobierno podr� dictar resoluciones ejecutivas de car�cter general, que deben ser publicadas en el Diario Oficial, en las cuales se determine la extensi�n territorial m�xima que conceder� en determinadas zonas del territorio nacional.

Eso es lo fundamental del art�culo impugnado, y cuando en su inciso primero dice que los l�mites m�ximo y m�nimo para el �rea de los contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos nacionales de que trata el art�culo 6o de la Ley 10 de 1961 se entienden opcionales, tanto para los proponentes como para el Gobierno, subordina lo que entiende por opci�n del Gobierno a la expedici�n de las resoluciones de car�cter general previstas en el segundo inciso. No se trata, pues, de que a las propuestas presentadas y en tr�mite se les cercene parte del �rea a que se refieren, sino de que el Gobierno pueda disminuir en ciertas zonas del territorio la m�xima extensi�n concesible mediante resoluciones de car�cter general. Proferidas y publicadas estas resoluciones, que obviamente deber�n dictarse por motivos de conveniencia para el Estado, los futuros proponentes sabr�n que no pueden solicitar en tales zonas �reas mayores para la exploraci�n y explotaci�n del petr�leo perteneciente a aqu�l. Ha habido, quiz�s, un error de lenguaje en el art�culo 11 del decreto en cuanto asimila a ''opci�n" la facultad del Gobierno de determinar, con alcance general, en zonas que �l habr� de se�alar de antemano, el m�ximo superficiario sobre el cual pueden proponerse los contratos. Cuando la ley se�ala un m�ximo de superficie concesible para exploraci�n y explotaci�n de petr�leo a un solo proponente es claro que no lo est� obligando a solicitar ese m�ximo. �Pero le estar� prohibiendo al Gobierno, en funci�n de administrador de esa riqueza potencial del Estado, reducirlo a extensiones menores dentro de regiones de antemano delimitadas por �l y por razones de conveniencia p�blica No parece a la Sala que con ello se extralimite la potestad reglamentaria, que no puede entenderse como una mera facultad de repetir en los reglamentos la letra de las leyes. Si marc� la Ley 10 de 1961 un l�mite m�ximo de extensi�n concesible para estos casos, ni los proponentes pueden pedir m�s ni el Gobierno concederlo. Pero s� parece que el Gobierno est� autorizado impl�citamente, en ejercicio de la potestad reglamentaria, y por consiguiente dictando disposiciones de car�cter general, para determinar las zonas en las cuales las propuestas de exploraci�n y explotaci�n petrol�feras no puedan exceder de un l�mite que �l mismo determine y que sea inferior al m�ximo autorizado por la ley.

No prospera, pues, el cargo de ilegalidad e inconstitucionalidad formulado al art�culo 11 del decreto y no procede anularlo.

"Se entiende que una concesi�n entra en per�odo de explotaci�n cuando a juicio de las dos partes contratantes hubiere un m�nimo de instalaciones tales como tanques de almacenamiento, separadores de gas, planta de desalaci�n y deshidrataci�n y medios de recolecci�n de crudo y gas, de transporte adecuado para el crudo as� como un volumen de producci�n efectiva, que a juicio de las partes y de acuerdo con estudios t�cnicos y econ�micos preliminares sobre reservas probables del yacimiento descubierto, garanticen una producci�n comercial de tales reservas.

"Si el Ministerio, con base en los hechos anteriores y previa la pr�ctica de una inspecci�n ocular no decidiere autorizar la iniciaci�n del per�odo de explotaci�n, podr� otorgar al concesionario un per�odo prudencial durante el cual pueda subsanar las deficiencias anotadas y vender el petr�leo crudo extra�do o que extraiga; en tal caso la participaci�n del Estado se liquidar� en forma provisional, sin que por ello se entienda que la concesi�n ha entrado en la etapa de explotaci�n comercial, ni prorrogados los per�odos legales de exploraci�n o explotaci�n.

"Quedan en los anteriores t�rminos sustituidos los art�culos 148 y 149 del C�digo de Petr�leos".

El demandante impugna el anterior art�culo por considerar que quebranta las disposiciones contenidas en los art�culos 22, 23 y 30 del C�digo de Petr�leos. Dice que "la terminaci�n del per�odo de exploraci�n y la iniciaci�n del per�odo de explotaci�n no pueden quedar legalmente a voluntad del Gobierno". Y que "el l�mite entre estos dos per�odos est� establecido claramente en la ley y no puede ser variado por el reglamento, so pena de rebasar la potestad reglamentaria".

En el auto por el cual no accedi� el Consejero sustanciador a suspender provisionalmente este art�culo se observa que el art�culo 22 del C�digo hab�a sido sustituido �ntegramente por el 6o de la Ley 10 y qu� ninguna relaci�n hab�a entre esas normas y lo que dice el art�culo 12 del decreto.

En cuanto al art�culo 23 del C�digo de Petr�leos, se dijo que �l define con claridad lo que debe entenderse por exploraci�n, pero no dice en qu� consiste lo que debe entenderse por explotaci�n econ�mica o comercial del yacimiento.

"Terminado el plazo de la exploraci�n, el contratista deber� dar principio a la explotaci�n comercial de la concesi�n en las condiciones previstas en el C�digo". Pero subsiste la duda, que la ley no despeja: �Qu� se entiende o debe entenderse por explotaci�n comercial y qui�n est� autorizado para calificar la calidad de comercialmente explotable

"No parece que por el hecho de haberse vencido el t�rmino de la exploraci�n comience autom�ticamente el de la explotaci�n comercial, pues �sta depende del resultado obtenido hasta entonces y de circunstancias de hecho independientes del plazo, a�n cuando se supone que el contratista haya hecho por lo menos lo que la ley y el contrato le imponen para obtener una producci�n que corresponda al indefinido concepto de explotaci�n comercial.

"El art�culo 23 no contiene, pues, disposici�n alguna que aparezca ostensiblemente violada por el art�culo 12 del decreto. Al contrario, parece dejar campo a que la reglamentaci�n establezca lo que deba entenderse por explotaci�n comercial y a quien corresponde calificar la comerciabilidad de la explotaci�n.

"V�ase ahora si el art�culo 12 del Decreto viola ostensiblemente el art�culo 30 del C. de P. Este dice que 'el contratista podr� principiar los trabajos de explotaci�n en cualquier �poca del per�odo de exploraci�n, de acuerdo con los art�culos 23 y 24 de este C�digo, dando aviso al Gobierno, aviso al cual acompa�ar� los planos. ..'etc. Como se v�, el art�culo 30 se remite a los art�culos 23 y 24. Analizado ya el 23 en relaci�n con el art�culo 12 del decreto, se ha hecho notar que �l solo deja flotando la duda sobre lo que deba entenderse por explotaci�n comercial.

"El art�culo 24 del C. de P. relativo exclusivamente a las concesiones de la regi�n del Este y Sureste arroja alguna luz para entender que la explotabilidad comercial no comienza autom�ticamente al vencerse el plazo de la exploraci�n y, adem�s, que ese concepto supone claramente no solo una producci�n importante y susceptible de dejar utilidades, sino la existencia de instalaciones adecuadas para una producci�n continua en condiciones econ�micas y la de los consiguientes medios de transporte. As� lo da a entender el �ltimo inciso de ese art�culo cuando habla del aplazamiento prudencial que para iniciar la explotaci�n el Gobierno puede dar al concesionario si antes de vencerse la �ltima pr�rroga del per�odo de exploraci�n se la solicita motivadamente 'por el tiempo indispensable para la construcci�n del oleoducto que haya de servir la respectiva concesi�n y para que el contratista efect�e los c�lculos de las reservas probables del petr�leo descubierto. Y luego a�ade: 'La fecha que el Gobierno se�ale, de conformidad con esta disposici�n, servir� de base para computar a partir de ella el t�rmino del per�odo de explotaci�n'.

"La consecuencia de lo analizado respecto del art�culo 30 es, por tanto, que no lo viola ostensiblemente el art�culo 12 impugnado y, que m�s bien podr�a decirse que tanto �l como los art�culos 23 y 24 dejan un interrogante en cuanto a lo que debe entenderse por explotaci�n comercial y c�mo, cu�ndo y qui�n puede decidir en qu� fecha se inicia esa clase de explotaci�n, para todos los efectos legales y contractuales.

"Tal vez por eso el art�culo 216 de la parte reglamentaria del C de P. en su tercer inciso dice que: 'La iniciaci�n del per�odo de explotaci�n ser� fijada, en cada caso, por el Ministerio de Minas y Petr�leos de acuerdo con las leyes, reglamentos o contratos administrativos que rijan sobre la materia en el a�o gravable de que se trate, y comunicada al Administrador de Hacienda Nacional del domicilio del contribuyente.

"Parece que el art�culo 12 del decreto est� destinado a despejar cualquier duda sobre el principio de la explotaci�n comercial y no se establece all� que el Gobierno, discrecionalmente, califique el hecho. Por el contrario, se prev� un procedimiento que no permita, dentro de la ejecuci�n del contrato, que una cualquiera de las partes imponga a la otra su propio criterio sobre una cuesti�n que la ley no pod�a definir y que puede prestarse a controversias perjudiciales para ambas".

Refutando el demandante las consideraciones del auto, dice en su alegato de conclusi�n que el art�culo 23 del C�digo es muy enf�tico cuando dice que "terminado el plazo de exploraci�n, el contratista deber� dar principio a la explotaci�n comercial de la concesi�n en las condiciones previstas en el C�digo" y de ah� deduce que el principio del per�odo de explotaci�n est� as� autom�ticamente fijado por la ley y que as� no est� sometido a la voluntad del contratista "ni menos a la del Gobierno".

No cae en la cuenta el se�or demandante que una cosa es que el per�odo de explotaci�n deba comenzar cuando vence el t�rmino se�alado para la exploraci�n y otra cosa es que tal ordenamiento de la ley y obligaci�n del contrato se cumpla en la realidad cuando llega la fecha del vencimiento del plazo. En la ley tambi�n est� previsto que puede iniciarse la explotaci�n antes de terminado el per�odo de exploraci�n, como lo dice el art�culo 30 del C�digo en relaci�n con los art�culos 23 y 24, pero, insiste la Sala, la explotaci�n econ�mica debe determinarse cuando ha comenzado, para los fines del contrato que a ambas partes interesa, especialmente para fines impositivos. Por eso el art�culo 216, perteneciente a la parte reglamentaria del C�digo, establec�a ya que "la iniciaci�n del per�odo de explotaci�n ser� fijada, en cada caso, por el Ministerio de Minas y Petr�leos, de acuerdo con las leyes, reglamentos o contratos administrativos que rijan sobre la materia en el a�o gravable de que trate y comunicada al Administrador de Hacienda Nacional del domicilio del contribuyente". La Sala no cree necesario extenderse aqu� sobre las razones por las cuales importa a las partes en raz�n de impuestos y participaciones, fuera de otras consecuencias de los contratos determinar con precisi�n y a base de un criterio t�cnico y comercial la fecha en que se inicia la explotaci�n. Basta considerar que la propia reglamentaci�n anterior, en desarrollo de las disposiciones sustantivas del C�digo que el demandante cita como violadas por el art�culo 12 del Decreto 1348 de 1961 en el concepto de que las extralimita hab�an dispuesto que el Ministerio del ramo fijar�a, de acuerdo con los reglamentos y los contratos, la iniciaci�n del per�odo de explotaci�n, para que no aparezca como un desbordamiento de la potestad reglamentaria lo dispuesto en el art�culo impugnado, seg�n el cual ambas partes y no el Gobierno solamente sobre la comprobaci�n de que se han cumplido ciertos hechos, acuerdan cu�ndo se ha iniciado dicho per�odo. Sin duda ser� excepcional que se presenten deficiencias por las cuales el Gobierno, previa la inspecci�n ocular, llegue a la conclusi�n de que no puede considerarse todav�a iniciada la explotaci�n comercial. Pero el mismo art�culo 12 indica cu�les son las condiciones m�nimas que deben cumplirse para ello. Y las indica a falta de una disposici�n sustantiva concreta sobre el particular. A juicio de la Sala el art�culo 12 impugnado no solo cabe en la potestad reglamentaria de la ley, como cab�a el 216 de la parte reglamentaria del C�digo, sino que es m�s ventajoso para el concesionario porque no est� sometido puramente al concepto del Ministerio, sin norma a que atenerse; y es, asimismo, m�s ventajoso para el Estado porque establece de antemano aquellas condiciones m�nimas para que deba darse por iniciada la explotaci�n, las cuales no podr�an consistir, como lo sostiene el demandante, en el mero vencimiento del plazo concedido en la ley y en el contrato.

Por las razones expuestas la Sala no halla infringidas las disposiciones que el demandante cita y concluye que no procede anular el art�culo 12 del decreto reglamentario de la Ley 10 de 1961.

Este es uno de los puntos en que el alegato de conclusi�n del demandante no contiene refutaci�n alguna a lo dicho en el auto por el cual no accedi� el consejero sustanciador a decretar su suspensi�n provisional.

"El art�culo 14 dispone cu�l debe ser la documentaci�n que se acompa�a a la solicitud de pr�rroga que haga el concesionario durante el per�odo de exploraci�n para que ella sea considerada.

"El ordinal 9�, impugnado, ordena incluir 'un plan de actividades que el concesionario desarrollar� durante la pr�rroga solicitada, con inclusi�n de un programa de perforaci�n m�nima de 4.000 metros en busca de petr�leo en uno o varios pozos y de las inversiones por realizar durante la pr�rroga solicitada, todo ello para la aprobaci�n del Ministerio y concepto del Consejo de Petr�leos".

'Dispone este numeral que el concesionario para efectos de obtener la pr�rroga deber� presentar un plan de "las inversiones por realizar durante la pr�rroga solicitada, todo ello para la aprobaci�n del Ministerio y concepto del Consejo de Petr�leos". En ninguna parte la ley consagra esta exigencia'.

"Creo haber demostrado, al estudiar el art�culo 8�, que legalmente el contratista no est� obligado a presentar programas de inversiones y presupuesto de la exploraci�n. Lo dicho all�, es suficiente para solicitar la nulidad del numeral 9� del art�culo 14, que queda sin base al ser declarada la nulidad impetrada respecto del art�culo 8�.

"Al considerar los cargos de desviaci�n del poder reglamentario que hace el demandante al art�culo 8� del decreto se puso de presente que el art�culo 8� de la ley reglamentada, en su quinto inciso, dispone:

'Para obtener cada una de las pr�rrogas anuales el contratista presentar� para la aprobaci�n del Gobierno y concepto del Consejo Nacional de Petr�leos, un plan de actividades que desarrollar� durante la pr�rroga solicitada, en el cual deber� incluir la perforaci�n m�nima de cuatro mil (4.000) metros en busca de petr�leo, en uno o varios pozos'.

"Es casi imposible dentro de la prospecci�n de un negocio, y m�xime de uno de las calidades t�cnicas y econ�micas de la industria del petr�leo, que cuando se exige informar sobre el plan de actividades que se proyecta desarrollar en �l a�o siguiente se omita lo relativo al c�lculo de su costo. La empresa, para sus mismos prop�sitos de orden interno, al idear su programa tendr� que presupuestar la inversi�n que le demanda. Podr�a, por tanto, decirse que la exigencia de acompa�ar el presupuesto al 'plan de actividades que desarrollar� durante la pr�rroga solicitada' el concesionario, a t�rminos del trascrito inciso del art�culo 8� de la ley reglamentada, est� impl�cito en dicho plan. Aparentemente, el ordinal 9� del art�culo 14 convierte lo impl�cito en expl�cito, dentro del ejercicio de la potestad reglamentaria.

"No se ve prima fase en el ordinal impugnado del art�culo 14 del Decreto contradicci�n manifiesta con el art�culo 8� de la ley, ni desviaci�n del poder reglamentario. No procede, por consiguiente, la suspensi�n provisional respecto de esa disposici�n".

Las razones expuestas son suficientes para considerar infundado el cargo de que el ordinal 9o del art�culo 14 del decreto desborde la potestad reglamentaria. No procede, por tanto, acceder a anularlo, como lo pretende la demanda.

Tampoco respecto a este punto contiene el alegato de conclusi�n del demandante refutaci�n alguna de lo que para no acceder a suspenderlo se dijo en el auto tantas veces citado.

"Dice el art�culo que una vez aprobados por el Ministerio de Minas y Petr�leos los documentos relativos a la solicitud de pr�rroga que haga durante la exploraci�n de conformidad con el art�culo 14 del mismo decreto, 'para obtener la pr�rroga solicitada el concesionario deber� demostrar los siguientes hechos:

5� Que en el per�odo anterior ha llevado a cabo el plan de actividades y de inversiones correspondientes'.

"Como fundamento de su impugnaci�n a lo dispuesto en el ordinal transcrito dice el se�or demandante":

'Para impetrar la nulidad de este numeral valga lo dicho respecto de los art�culos 8� 10 y 14'.

"Tambi�n en la presente providencia se ha explicado por qu� no es procedente la suspensi�n provisional de los citados art�culos".

"En cuanto al punto concreto a que se refiere el ordinal impugnado del art�culo 15, basta repetir que los incisos cuarto y quinto del art�culo 8� de la ley reglamentada disponen planes m�nimos de actividades que deben desarrollarse dentro del per�odo inicial de exploraci�n y sus pr�rrogas anuales y el sexto inciso agrega":

'Comprobar� adem�s que en el per�odo anterior ha llevado a cabo el plan correspondiente'.

"De modo que, al parecer, la misma ley ordena el informe para obtener la pr�rroga. Adem�s, si como se dijo en su lugar el presupuesto puede considerarse como un elemento integrante del plan de actividades, lo invertido o gastado en su ejecuci�n es un dato que debe con perfecta l�gica estimarse incluido en el informe o comprobaci�n que exige la ley en el �ltimo aparte trascrito".

No existiendo la contradicci�n que el se�or demandante quiere ver entre el ordinal 5o del art�culo 15 del decreto y la ley reglamentada ni desbordamiento del poder reglamentario, no procede anular dicha disposici�n, como lo pide el demandante.

En lo relativo a la pretendida ilegalidad de este art�culo s� insiste el demandante en su alegato de conclusi�n, redaryugendo lo dicho en el auto por el cual no accedi� el Consejero sustanciador a suspenderlo.

'Igualmente es ostensible la inconstitucionalidad y la ilegalidad de este art�culo. M�s flagrante a�n si se quiere. Dice �l que, lo dispuesto en el inciso 4� del art�culo 9� de la Ley 10 de 1961 es aplicable tambi�n a todas las concesiones de petr�leos vigentes'.

"El inciso 49 del art�culo 9� de la Ley 10 de 1961 dispone: Los c�nones aqu� establecidos se reducir�n a la mitad, a partir del segundo a�o del per�odo de exploraci�n, cuando en la respectiva anualidad el contratista demuestre a satisfacci�n del Ministerio de Minas y Petr�leos que ha mantenido trabajando, con la debida asiduidad durante un m�nimo de trescientos d�as del calendario, por lo menos, un equipo completo de perforaci�n'.

'Este art�culo viola flagrantemente lo dispuesto en el 30 de la Super Ley, pues desconoce los derechos adquiridos que tienen los concesionarios de petr�leos de que todas las relaciones contractuales se gobiernen por las estipulaciones de los respectivos contratos y de las leyes preexistentes al momento de la celebraci�n de �stos. No es l�cito jur�dicamente aplicar a estos contratos las disposiciones de la Ley 10 de 1961, posterior en mucho a la fecha de las respectivas contrataciones. La Ley 10 en cita, no le ha dado a sus disposiciones efecto retroactivo a este respecto. Es el inconstitucional e ilegal decreto que acuso el que ha venido a darle este efecto, por s� y ante s�.

'De otro lado, la disposici�n que impugno infringe tambi�n el art�culo 9� de la citada Ley 10 por cuanto dispone: a) Que es aplicable tambi�n a las concesiones anteriores a la vigencia de la Ley 10 de 1961, la condici�n de que para obtener la reducci�n de los c�nones, deben haberse mantenido trabajos de perforaci�n durante trescientos (300) d�as del calendario, y b) Que tal reducci�n solo puede empezar a concederse para las concesiones anteriores a la vigencia de la Ley 10, a partir del segundo a�o de exploraci�n.

"Para dilucidar este punto es menester tener en cuenta las disposiciones que estaban rigiendo y quedaron incorporadas en los contratos celebrados y hasta qu� punto y en qu� medida han quedado modificadas por la nueva ley en forma que sea aplicable a las concesiones ya otorgadas y en per�odo de exploraci�n.

"Lo primero que se advierte es que el art�culo 9� de la Ley 10 de 1961, que establece una nueva tarifa en cuanto a los c�nones superficiarios, modifica el art�culo 26 del C. de P. Este, al disponer la tarifa" 'para los terrenos situados en el resto del territorio nacional' (las regiones al norte y occidente de la cima de la cordillera oriental) y refiri�ndose al per�odo inicial de exploraci�n qu� era de cinco a�os al tenor del art�culo 23 dec�a: 'Los c�nones superficiarios se reducir�n a la mitad en la respectiva anualidad mientras se mantenga trabajando dentro de los l�mites de la concesi�n por lo menos un equipo completo de perforaci�n'.

"La expresi�n 'trabajando con la debida asiduidad' es empleada en el art�culo 23 del C. de P. a prop�sito del plan de actividades que el concesionario deber�a desarrollar durante la pr�rroga solicitada y en la cual deber�a figurar la iniciaci�n de la perforaci�n de dos pozos como m�nimo 'y el trabajo en la perforaci�n de ellos con la debida asiduidad'. (Se subraya).

"Relacionando lo dispuesto en el art�culo 26 con lo dicho en el 23 del C�digo, se tiene que los c�nones superficiarios en la zona norte occidente durante el per�odo inicial de exploraci�n se reducir�an a la mitad en la respectiva anualidad mientras se mantuviera trabajando dentro de los l�mites de la concesi�n por lo menos un equipo completo de perforaci�n y que en las pr�rrogas anuales (es decir, a partir de los primeros cinco a�os) se tendr�a la obligaci�n de iniciar la perforaci�n de dos pozos cuando menos durante cada pr�rroga trabajando en esa perforaci�n con la debida asiduidad.

"El art�culo 24 del C. de P. (relativo a las concesiones en el Sur y Sureste) tambi�n habla de 'la obligaci�n de iniciar la perforaci�n de un solo pozo cada a�o, trabajar en la perforaci�n del mismo con la debida asiduidad (se subraya) y pagar el canon establecido.'.

"Nada se hab�a dicho antes de la Ley 10 de 1961 sobre lo que deber�a entenderse por trabajar en la perforaci�n con la debida asiduidad.

"Es en el inciso cuarto del art�culo 9� de la Ley 10 (reformatorio del art�culo 26 y sus concordantes del C. de P. en este punto) donde se interpreta y aclara con autoridad la vaga e inasible expresi�n que se comenta, pues �l dice que la rebaja de los c�nones a la mitad, a partir del segundo a�o del per�odo de exploraci�n, se conceder�, 'cuando en la respectiva anualidad el contratista demuestre a satisfacci�n del Ministerio de Minas y Petr�leos que ha mantenido trabajando con la debida asiduidad durante un m�nimo de trescientos d�as del calendario un equipo completo de perforaci�n'. (Las subrayas con de quien transcribe).

"Se interpreta o aclara as� por el legislador aquella expresi�n oscura cuando dice que debe trabajarse durante un m�nimo de trescientos d�as del calendario como requisito de la debida asiduidad. Y la interpretaci�n o aclaraci�n debe considerarse incluida en la ley anterior para sus consiguientes efectos, como lo establece el C. C. en su art�culo 14. Evita as� la ley una vaguedad propicia para que dentro de la ejecuci�n del contrato se entienda de diferente modo por las partes si el concesionario tiene o no derecho a la rebaja del canon superficiario.

"Vistas as� las cosas, no se encuentra de manifiesto la violaci�n del art�culo 9� de la Ley 10 que el demandante le atribuye al art�culo 17 del Decreto reglamentario y menos a�n se advierte prima face la del art�culo 30 de la Carta en el concepto de que atente esa disposici�n contra derechos adquiridos por los concesionarios dentro del r�gimen de los contratos vigentes".

El motivo principal de su inconformidad con lo razonado en el auto est� contenido en los siguientes apartes del alegato del demandante:

"La afirmaci�n que se hace en el auto sobre que con anterioridad a la Ley 10 de 1961, no se hab�a legislado sobre la debida asiduidad, es suficiente para demostrar que en los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 10 de 1961 no se hab�a pactado nada sobre esta materia y que, por consiguiente, la norma contenida en el inciso 4� del art�culo 9� de la citada Ley 10 de 1961, que ordena que para obtener la reducci�n de los c�nones superficiarios, de que trata ese art�culo es necesario mantener con la debida asiduidad perforando un equipo durante un m�nimo de trescientos d�as del calendario, no puede aplicarse a los contratos anteriores, porque como lo dice muy bien el auto a que nos referimos, esta disposici�n no exist�a cuando se celebraban los contratos perfeccionados con anterioridad a la ley y, en consecuencia, al pretender aplicar una norma posterior a un contrato legalmente formalizado con anterioridad a la ley que se pretende aplicar, es claramente violatorio del art�culo 30 de la Constituci�n Nacional".

"Adem�s, no es posible someter a los contratos anteriores a la Ley 10 de 1961, por lo cual tambi�n el art�culo 17 demandado infringe ostensiblemente esta disposici�n y es nulo por este aspecto".

La Sala considera: para obtener la reducci�n a la mitad de los c�nones superficiarios se hallaba establecido antes de la Ley 10 de 1961 que se deb�a mantener dentro de los l�mites de la concesi�n, seg�n las diferentes hip�tesis, uno o m�s equipos completos de perforaci�n trabajando con la debida asiduidad, pero nada se estatu�a sobre lo que por tal deb�a entenderse. La Ley 10 de 1961 en el inciso cuarto de su art�culo 9o defini� y precis� lo que se debe entender por debida asiduidad. Es esta una norma de la ley que interpreta y aclara con autoridad las anteriores al respecto. Y el art�culo 14 del C�digo Civil dispone que las normas interpretativas o aclarativas del contenido de la ley anterior deben considerarse incluidas en ella para los consiguientes efectos. Pero el demandante encuentra que aplicar esta interpretaci�n a contratos que se hab�an celebrado cuando ella no se hab�a producido viola derechos adquiridos en virtud de tales contratos. Establecido como se hallaba en la ley que deb�an trabajar los equipos con la debida asiduidad para los fines de la reducci�n del impuesto, hubiera debido decirse en disposici�n reglamentaria en qu� deb�a consistir �sta, a fin de aplicar uniformemente la voluntad de la ley a los contratos que bajo su vigencia se celebraran. En ausencia de la reglamentaci�n pudo suceder que en cada contrato se hubiera convenido lo que por tal deb�a entenderse y habr�a que atenerse al pacto. En tal supuesto corresponder�a al titular del derecho subjetivo adquirido por el respectivo contrato hacerlo valer en cuanto le creara una situaci�n m�s favorable para que no se le aplicara a �l la interpretaci�n legal posterior sino la pactada. Pero como lo alegado por el demandante es que el art�culo 17 viola unos derechos que pretende adquiridos directamente de la falta de una interpretaci�n dada por la ley anterior de lo que por debida asiduidad debiera entenderse, no es el caso de declarar nulo el art�culo 17 del decreto, sino el de decir simplemente que es entendido que �l no puede aplicarse a contratos celebrados con anterioridad a la Ley 10 en los cuales aparezca pactado lo que por debida asiduidad deb�a entenderse para los correspondientes efectos.

Tambi�n insiste el se�or demandante en su alegato de conclusi�n en que el citado ordenamiento infringe los art�culos 10, 11 y 12 de la Ley 10 y explica su inconformidad con lo dicho por el Consejero sustanciador en el auto por el cual no accedi� a suspenderlo provisionalmente.

'Est�n sujetos al r�gimen de licitaci�n previsto en el art�culo 11 de la Ley 10 de 1961 los siguientes terrenos:...

'b) Los correspondientes a contratos que se renuncien o declaren caducados en el per�odo de exploraci�n con posterioridad a la vigencia de la Ley 10 de 1961'".

'Infringe esta disposici�n los art�culos 10, 11 y 12 de la Ley 10 y carece de respaldo en ella, por cuanto el sistema de licitaci�n previsto en el art�culo 12 se refiere exclusivamente a las �reas obligatoriamente devueltas en el per�odo de explotaci�n de conformidad con el articulo 10 y a las de los contratos renunciados o caducados dentro de los primeros veinte a�os del per�odo de explotaci�n seg�n el art�culo 12. Por lo tanto, introdujo una nueva categor�a de �reas sujetas a licitaci�n, sustituyendo as� la ley, es decir, extralimitando la funci�n reglamentaria. En otras palabras: la ley se refiere al per�odo de explotaci�n y el decreto al per�odo de exploraci�n, per�odos que son completamente diferentes. La historia fidedigna del establecimiento de la ley, que es norma de interpretaci�n, seg�n el art�culo 27 del C�digo Civil, as� lo demuestra. En los Anales del Congreso (que acompa�o a esta demanda) se encuentra lo siguiente: ...(En seguida se relata c�mo fue reformado por la Comisi�n de la C�mara el proyecto original del art�culo 12 de la ley y se reproducen las razones alegadas para ello por el Representante a quien correspondi� la ponencia). La impugnaci�n del literal b) del art�culo 19 concluye as�:

'La letra b) del art�culo 19 del Decreto incluye en el r�gimen de licitaci�n previsto en el art�culo 11 de la Ley 10 de 1961 los contratos que se renuncien o declaren caducados en el per�odo de exploraci�n que no quedaron comprendidos dentro del r�gimen de contrataci�n especial, infringi�ndose de esta suerte el art�culo 12 de la Ley 10 de 1961 que se trata de reglamentar".

"Para resolver sobre la suspensi�n provisional de la disposici�n impugnada se considera:

"Al estudiar la impugnaci�n hecha por el demandante al art�culo 11 del Decreto se trajo a cuento lo que dice el art�culo 6� de la Ley 10 en uno de sus incisos, donde se lee: 'Los terrenos renunciados quedar�n inmediatamente libres para contratar en las condiciones del art�culo 12 de esta ley. Con el trascrito p�rrafo se remata el inciso que dice: 'Ning�n concesionario que haya renunciado o abandonado una concesi�n podr� solicitarla nuevamente, por s� ni por interpuesta persona, dentro de los dos a�os siguientes a la aceptaci�n de la renuncia o declaratoria del abandono'.

"Se dijo en esta providencia, a prop�sito del art�culo 11 del Decreto, por el cual se dispone que el Gobierno podr� restringir el m�ximo del terreno concedi� le en determinadas regiones, que la expresi�n 'terrenos renunciados' parece comprender l�gicamente los que hayan sido devueltos o se devuelvan al Estado a partir del segundo a�o de exploraci�n con taladro, puesto que devolverlos voluntariamente equivale a renunciar a la concesi�n respecto de ellos'. Y se agregaba: 'Si esto es as�, los terrenos que se hubieran devuelto y quedaron libres antes de la vigencia de la Ley 10 de 1961 pasan, por mandato del art�culo 12 de �sta, a integrar las zonas que al tenor del art�culo 11 de la misma, podr�n ser contratadas en forma diferente y m�s ventajosa para el Estado que la ordinaria'.

"La modificaci�n introducida en la C�mara al original del proyectado art�culo 12, mediante la cual se suprimi� lo relativo a que pasen a la zona de contrataci�n licitada los terrenos que sean objeto de propuestas de contratos no suscritos dentro del t�rmino que se concede para ello, (modificaci�n justificada por el ponente en raz�n de que 'cuando solo hay propuesta no est� demostrada la existencia del petr�leo') elimin� completamente del texto de la ley esa hip�tesis. No ocurri� lo mismo con la supresi�n del par�grafo que conten�a el art�culo 12 proyectado, pues qued� el aparte arriba trascrito, del art�culo 6� de la ley, alusivo a los 'terrenos renunciados' cuya interpretaci�n, respaldada por la l�gica, parece ser la de que est�n comprendidos los terrenos devueltos desde la �poca de la exploraci�n con taladro, puesto que son de los renunciados por el concesionario en vista de que los estudios con exploraci�n profunda no han mostrado buenas perspectivas de explotaci�n econ�mica".

El demandante insiste, con base en lo expuesto durante la discusi�n del proyecto de la Ley 10 en la C�mara por el H. R. Abella y en las supresiones que por iniciativa de �l se hicieron en el proyecto original, que no fue la intenci�n del legislador el que las zonas devueltas durante el per�odo de exploraci�n pasaran a formar parte de las que el Gobierno podr�a contratar en las condiciones m�s ventajosas de que habla el art�culo 11 de la ley.

Pero, como se dice en el auto, el art�culo 6o de la Ley 10 de 1961, alusivo a los terrenos renunciados durante la exploraci�n, los cuales "quedar�n inmediatamente libres para contratar en las condiciones previstas en el art�culo 12" de la misma, est� diciendo que cuando se realice esa hip�tesis, lo mismo que la de la caducidad de los contratos durante el per�odo de exploraci�n adquiere el Estado la facultad de contratar esos terrenos en las condiciones m�s ventajosas previstas en el art�culo 12.

Y aqu�, afortunadamente, no puede alegarse ninguna hip�tesis de derecho adquirido de personas particulares que pueda ser incompatible con la norma impugnada. Por tanto, no puede prosperar al respecto la pretensi�n del demandante.

Nada dice el se�or demandante en su alegato de conclusi�n para redarg�ir lo expresado sobre este art�culo en el auto por el cual el Consejero sustanciador no accedi� a suspenderlo provisionalmente, pero insiste en que se anule.

Sobre la impugnaci�n se hab�a dicho en el auto mencionado: "Dice el art�culo 26:

'Las concesiones de petr�leos que terminen por cualquier causa, durante los primeros veinte (20) a�os del per�odo de explotaci�n, revertir�n al Estado en la forma prevista en los art�culos 32 y 33 del C�digo de Petr�leos y su administraci�n podr� ser contratada por el Estado con la Empresa Colombiana de Petr�leos como lo previene el art�culo 5� de la Ley 165 de 1948 o sacadas a licitaci�n en los t�rminos del art�culo 12 de la Ley 10 de 1961 y disposiciones de este decreto que lo reglamentan.

'Este art�culo dispone que las concesiones de petr�leo que terminen por cualquier causa durante los primeros veinte a�os del per�odo de explotaci�n revertir�n al Estado en la forma prevista en los art�culos 32 y 33 del C�digo de Petr�leos.

"Con lo aqu� dispuesto se violan los art�culos 32 y 33 del C�digo Citado. El art�culo 32, porque de conformidad con el inciso final de �l, los contratos que terminen por renuncia antes de vencerse los primeros veinte a�os del per�odo de explotaci�n no est�n sujetos a la reversi�n. Y el art�culo 33 porque esta �ltima norma excluye expresamente de la reversi�n los contratos que terminan en los casos enumerados en el art�culo 32'.

'En suma, la disposici�n que acuso, establece una reversi�n a favor del Estado no contemplada ni consagrada en la ley, con lo cual el Gobierno se excedi� en la potestad reglamentaria y dej� viciado de nulidad el reglamento en este punto.

"Sobre la petici�n de suspensi�n provisional del art�culo aqu� impugnado se considera:

"La cuesti�n planteada se reduce al significado que deba d�rsele a la expresi�n 'revertir�n al Estado' empleada en el art�culo 26 para referirse a las concesiones de petr�leos que terminen por cualquier causa durante los primeros veinte a�os del per�odo de explotaci�n.

"Dice el art�culo 28 del C. C. que 'las palabras de la ley se entender�n en su sentido natural y obvio, seg�n el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido para ciertas materias, se les dar� en estas su significado legal'.

"No existe en nuestra ley una definici�n del verbo revertir ni del sustantivo reversi�n. Habr� que acudir, pues, al Diccionario de la Academia Espa�ola, donde se define autorizadamente el sentido de las palabras admitidas por ella como de uso general en nuestro idioma.

'Reversi�n (del lat�n reversio reversionis) 1. Restituci�n de una cosa al estado que ten�a. 2. (Foro) Acci�n y efecto de revertir'.

'Revertir. (Del lat�n revert�, volver) (Foro) Volver una cosa a la propiedad del due�o que antes tuvo.

"De consiguiente, en el lenguaje forense, cuando se dice 'revertir' s�lo quiere significarse que la cosa de que se habla vuelve a ser de su due�o primitivo.

"El cl�sico 'Diccionario Razonado de Legislaci�n y Jurisprudencia' de don Joaqu�n Escriche no difiere sustancialmente de las anteriores definiciones de la Academia cuando dice: 'Reversi�n. La restituci�n de alguna cosa al estado que ten�a, o la devoluci�n de ella a la persona que la pose�a primero'.

"Como el art�culo impugnado dice que 'las concesiones de petr�leos que terminen por cualquier causa, durante los primeros veinte a�os de explotaci�n, revertir�n al Estado en la forma prevista en los art�culos 32 y 33 del C�digo de Petr�leos... lo �nico que en �l se quiere decir es que volver�n al poder del Estado para que ejercite sobre ellas sus facultades plenas de dominio, desatado como queda del v�nculo contractual que lo ligaba al concesionario. La extensi�n de los derechos que el Estado readquiere por el simple efecto de la reversi�n, o sea por volver a ser plenamente suyo lo que hab�a sido objeto de la concesi�n, y asimismo la de los que surgen como nuevos en cada uno de los supuestos de los art�culos 32 y 33 del C. de P. es algo que est� expresado con suficiente claridad en cada uno de esos textos. As�, pues, si la concesi�n termina por renuncia en las condiciones expresadas en el art�culo 32 el concesionario podr� 'retirar sus maquinarias y dem�s elementos, teniendo la Naci�n, respecto de ellos, los derechos de compra de que trata el inciso segundo del art�culo siguiente'. Y si el contrato termina por cualquier causa distinta de la renuncia, al tenor del art�culo 33, pasar�n gratuitamente al Estado aquellas cosas a que se refiere el primer inciso de �ste y que han sido mejoras puestas por el concesionario en los terrenos en orden a la explotaci�n de la zona concedida.

"De lo dicho se concluye que no aparecen violados por el art�culo 26 del Decreto los art�culos 32 y 33 del C. de P. Y hasta podr�a agregarse que lo �nico manifiesto en el art�culo impugnado es su inutilidad, pues prescindiendo de �l seguir�an operando directamente los art�culos 32 y 33 del C. de P., as� como las autorizaciones del art�culo 5� de la Ley 165 de 1948 para contratar la administraci�n con la Empresa Colombiana de Petr�leos y las del art�culo 12 de la Ley 10 de 1961 para licitar un nuevo contrato en las condiciones del art�culo 11 de la misma, cada una dentro de la hip�tesis respectiva".

Tan evidente parece a la Sala lo razonado en el auto que no es necesario a�adir m�s razones para no acceder a la petici�n de la demanda respecto del art�culo 26 del Decreto 1348 de 1961.

Inconforme con lo dicho en el auto por el cual no accedi� el Consejero sustanciador a suspender este art�culo, el se�or demandante insiste en su alegato de conclusi�n en que �l extralimita las disposiciones legales pertinentes.

'Con el fin de conocer reservas y �ptimas condiciones de producci�n, el Ministerio de Minas y Petr�leos podr� ordenar la ejecuci�n de pruebas o ensayos de producci�n, presiones de fondo u otros en pozos de petr�leo o gas seg�n pr�cticas usuales en la industria del petr�leo'.

'Es un principio de derecho p�blico, de aceptaci�n un�nime, que los funcionarios p�blicos no pueden hacer sino lo que la ley les orde�a o permite y no est�n autorizados para ejecutar, ni mucho menos hacer ejecutar a los contratistas actos no expresamente ordenados por la ley; a diferencia de los particulares, que pueden hacer todo lo que la ley no les proh�be.

"Sustituyendo concisamente el art�culo 7� del C. de P. dice el art�culo 4� de la Ley 10 de 1961:

'Las personas que se dediquen a la industria del petr�leo en cualquiera de sus ramas, suministrar�n al Gobierno los datos que hubieran obtenido de car�cter cient�fico, t�cnico, econ�mico y estad�stico. El Gobierno guardar� la debida reserva sobre aquellos datos que, atendida su naturaleza, la requieran en defensa de los leg�timos intereses de dichas personas.

"Cuando el Ministerio respectivo lo juzgue necesario, podr� verificar directamente o por medio de sus agentes, la exactitud de los datos a que se refiere el inciso anterior.

'Las personas a que se refiere este art�culo prestar�n a los empleados nacionales encargados de la inspecci�n, vigilancia, fiscalizaci�n y conservaci�n, todas las facilidades necesarias para el buen desempe�o de su cargo.

"De modo que los concesionarios est�n obligados a suministrar al Gobierno los datos que obtengan sobre todos esos aspectos sustanciales y en toda las ramas de la industria del petr�leo. El art�culo 7� las enumeraba y dec�a 'en sus ramos de exploraci�n, explotaci�n, transporte y distribuci�n'.

"Y el Ministerio de Minas y Petr�leos podr�, autorizado por la disposici�n transcrita, verificar directamente la exactitud de los datos que el concesionario le suministre, y esa verificaci�n ser� hecha por los empleados a quienes se encargue de la inspecci�n, vigilancia, fiscalizaci�n y conservaci�n (se subraya) a quienes el contratista dar� todas las facilidades necesarias para el buen desempe�� de su cargo. As�, pues, el Gobierno se reserva el derecho de vigilar y fiscalizar las actividades del concesionario en orden a la explotaci�n y conservaci�n, no solo racionales sino t�cnicas, de la riqueza petrol�fera concedida en forma temporal por el Estado al contratista, pues la finalidad de estos contratos es la de obtener 'la efectiva exploraci�n y explotaci�n de la totalidad de la zona materia del contrato', como lo declara uno de los incisos del art�culo 6� de la ley que el Decreto 1348 de 1961 reglamenta".

El doctor Gait�n insiste en que el art�culo 28 del decreto reglamentario se excede de lo dispuesto en el art�culo 42 de la ley reglamentada y sobre el particular dice:

"En la norma sustantiva que se pretende reglamentar se habla de que las personas que se dediquen a la industria del petr�leo en cualquiera de sus ramas, suministrar�n al Gobierno los datos que hubieren obtenido de car�cter cient�fico, t�cnico, econ�mico y estad�stico, pero en ninguna parte esta norma dispone que el Ministerio de Minas y Petr�leos podr� ordenar la ejecuci�n de pruebas o ensayos de producci�n, presiones de fondo u otros en pozos de petr�leo o gas, es decir que la ley no le otorga al Gobierno la facultad de ordenar pruebas o trabajos especiales sino simplemente le confiere el derecho de obtener los datos que el industrial del petr�leo, en cualquiera de sus ramas, haya obtenido en desarrollo de sus actividades ya sean estos datos cient�ficos, t�cnicos, econ�micos y estad�sticos, hay pues una diferencia sustancial entre lo dispuesto en la norma sustantiva que se pretende reglamentar y en el decreto reglamentario, que simplemente al compararlos hacen ver de bulto la extralimitaci�n de poder que tuvo el Gobierno al pretender reglamentar la ley, y, por lo tanto, el art�culo 28 demandado es nulo por violar claramente el art�culo 4� de la Ley 10 de 1961 y todas las normas del C�digo de Petr�leos y de la misma ley.

"En resumen, el art�culo 4� de la Ley 10 de 1961, impone a los contratistas la obligaci�n de suministrar los datos que hayan obtenido, pero en manera alguna les impone la obligaci�n de obtener determinados datos".

La Sala considera que en los p�rrafos transcritos no desvirt�a el se�or demandante los claros razonamientos contenidos en el auto por el cual no se accedi� a suspender provisionalmente el impugnado art�culo 28. El Estado se reserva el derecho de vigilar y fiscalizar las actividades de los concesionarios de petr�leos, pudiendo verificar la exactitud de los datos que deber�n suministrarle seg�n las previsiones de los art�culos 4o y 6o de la ley reglamentada, y por justos motivos inherentes a su condici�n de due�o concedente de esos bienes fiscales, y de personero del inter�s econ�mico de la comunidad para el presente y el futuro. Siendo esto as�, no encuentra la Sala desbordamiento alguno de la potestad reglamentaria del Gobierno al aplicar los principios contenidos en los citados art�culos por medio del 28 del Decreto reglamentario.

Por tanto, no es el caso de acceder en este punto a las peticiones de la demanda.

Aunque el se�or demandante insiste en que dicha disposici�n debe anularse, no presenta en el alegato de conclusi�n ninguna r�plica a lo expresado por el Consejero sustanciador en el auto por el cual no accedi� a suspender provisionalmente este art�culo.

'La producci�n de los pozos no podr� efectuarse con relaciones perjudiciales de gas y petr�leo o agua y petr�leo. El Ministerio fijar� en cada caso los l�mites de estas relaciones, y en consecuencia, podr� restringir la producci�n de pozos de petr�leo y gas u ordenar el cierre de pozos que sobrepasen dichos l�mites.

'Tampoco se encuentra en parte alguna de la ley asidero para que el Gobierno tome tan graves determinaciones, que implican desmedidas intervenciones en el r�gimen de los contratos. El concesionario es el principal interesado en el buen �xito de su empresa y no se le pueden coartar sus iniciativas y su libertad para sacarla avante. Otros son los remedios que el Gobierno tiene para defender los derechos de la Naci�n, como ya se ha visto.

'El art�culo, es pues, nulo, por cuanto se sale de los l�mites de la potestad reglamentaria.

"En el art�culo 40 del C. de P. se dec�a que El Gobierno, en cada contrato, acordar� y estimular� los m�todos que deben emplear los concesionarios para evitar el desperdicio del gas

"En el art�culo 14 de la Ley 10, que modifica el 40 del C�digo, se dice, en lo pertinente:

'Todo explotador de petr�leo de propiedad privada o nacional (se subraya), est� en la obligaci�n de evitar el desperdicio del gas producido, bien aprovech�ndolo industrialmente, o confin�ndolo a los yacimientos para su utilizaci�n futura, o como fuente de energ�a para la m�xima recuperaci�n final de las reservas de petr�leo...

"La ley, al hacer obligatorio evitar el desperdicio del gas producido, no se limita siquiera a imponer esta obligaci�n a los concesionarios de explotaciones petrol�feras del subsuelo que le pertenece al Estado sino que extiende esta obligaci�n, para obtener la racional y t�cnica explotaci�n de este util�simo producto natural que interesa a la comunidad entera por m�ltiples motivos a las explotaciones pertenecientes a particulares. Se trata, pues, de una norma de orden p�blico que puede imponerse, desde luego, inclusive a los concesionarios vinculados al Estado por contratos anteriores a la vigencia de la Ley 10.

Ahora bien, al Gobierno por conducto del respectivo Ministerio corresponde la vigilancia y fiscalizaci�n de las actividades del concesionario en la explotaci�n de los hidrocarburos, como se hizo notar a prop�sito del art�culo 28 del Decreto y, por otra parte, le incumbe dictar las medidas tendientes a hacer efectiva la voluntad de la ley. Por tanto, cuando dispone en el art�culo 30 que fijar� �l mismo los l�mites de las relaciones de gas y petr�leo y que podr� restringir la producci�n de pozos de petr�leo y gas y a�n ordenar el cierre de pozos que sobrepasen los l�mites fijados est� tomando, por medio de la reglamentaci�n de la ley, en lo relativo a las previsiones de su art�culo 14, las medidas que considera conducentes para que la prohibici�n de desperdiciar el gas se haga efectiva".

La Sala considera que bastan las razones expuestas en el auto para denegar la solicitud de anulaci�n del art�culo 30 del decreto.

Tampoco aduce el se�or demandante ninguna raz�n nueva para apoyar sus objeciones a este art�culo del decreto.

Se transcribe lo que sobre este punto se dijo en el auto por el cual no se accedi� a suspenderlo:

'La producci�n de petr�leo y de gas no podr� en ning�n caso sobrepasar la rata m�xima de producci�n eficiente seg�n normas que dicte el Ministerio'.

"Pretender hacer imperativas las normas que dicte el Ministerio sobre producci�n de petr�leo y gas. No existe facultad legal que autorice al Gobierno para dictar luego esas normas limitativas y los comentarios hechos al art�culo 30 son valederos aqu�'.

"Para resolver sobre la suspensi�n provisional de este art�culo se considera:

"Al estudiar la impugnaci�n al art�culo 28 se hizo notar lo que dispone el art�culo 4� de la Ley 10 acerca de las funciones de inspecci�n, vigilancia, fiscalizaci�n y conservaci�n que deben ejercer sobre la industria del petr�leo en todas sus ramas los empleados del Gobierno, lo cual implica, como all� se dijo, una autorizaci�n al Gobierno para vigilar y fiscalizar las actividades del concesionario a fin de que la explotaci�n de los hidrocarburos se lleve a cabo en forma t�cnica que evite todo despilfarro y asegure la mejor utilizaci�n de aquella riqueza nacional.

"Tambi�n al estudiar la impugnaci�n al art�culo 30 del Decreto se trajo a cuento lo dispuesto en el art�culo 14 de la ley reglamentada, poniendo de resalto que el Gobierno est� autorizado expl�citamente para dictar las medidas que juzgue necesarias con el prop�sito de evitar el desperdicio del gas. Y a�n sin esa clara autorizaci�n podr�a decirse lo mismo del desperdicio del petr�leo, cuya extracci�n se, concede al contratista para fines que interesan a la comunidad y no solo a �l, por lo cual parece que el Gobierno dentro de las funciones de vigilancia y consecuenciales tiene no solo el derecho sino la obligaci�n de tomar las medidas que estime necesarias encaminadas a obtener una t�cnica y eficiente manera de operar los pozos por el contratista. Seguramente por eso dice el art�culo 158 del C. de P. (parte reglamentaria): 'El Ministro de Minas y Petr�leos ejercer� de manera constante la vigilancia sobre la forma c�mo se efect�e la explotaci�n de los yacimientos de petr�leo de propiedad nacional, con el objeto de impedir el agotamiento prematuro de los campos, el desperdicio de aceite o gas o, en general, una explotaci�n contraria a la t�cnica o a la econom�a".

La Sala estima suficientes las anteriores consideraciones para no anular el art�culo 32 del decreto, como lo pretende el actor.

En su alegato de conclusi�n, insiste el doctor Gait�n en que dicho inciso es contrario a lo dispuesto en el art�culo 14 de la ley reglamentada, replicando a lo dicho al respecto en el auto por el cual no se accedi� a suspenderlo. Debe verse, pues, lo que dijo el auto:

'Art�culo 33. Sobre todo gas producido en una explotaci�n de propiedad nacional o privada que se utilice para fines comerciales o industriales, deber�n pagarse al Estado las participaciones o impuestos correspondientes, los cuales podr�n ser reducidos de conformidad con lo establecido en el par�grafo primero del art�culo 15 en concordancia con el art�culo 17 de la Ley 10 de 1961.

'Si no se efectuare la utilizaci�n industrial o comercial de que habla el inciso anterior dentro del plazo estipulado en el art�culo 14 de la Ley 10 de 1961, el Gobierno podr� disponer gratuitamente del gas y contratar su aprovechamiento en cualquier tiempo con el mismo explotador o con terceros .

Como se expres� en la relaci�n de las disposiciones acusadas, este segundo inciso viola la ley por cuanto, seg�n qued� dicho, recorta el contenido manifiesto y claro del art�culo 14 de la Ley 10 de 1961, ya que seg�n �ste el explotador se encuentra frente a tres alternativas diferentes antes de que el Gobierno pueda tomar las medidas que prev� el citado art�culo 14, si pasados tres (3) a�os el explotador no hubiere dado cumplimiento a una o algunas de esas alternativas, o sean: aprovecharlo industrialmente, o confinarlo al yacimiento para su utilizaci�n futura, o como fuente de energ�a para la m�xima recuperaci�n final de las reservas de petr�leo.

'Pero el Decreto reglamentario le atribuye al Gobierno la facultad de disponer del gas gratuitamente y de tomar las dem�s medidas contempladas en la ley, por el solo hecho de no haberse efectuado la utilizaci�n industrial o comercial del gas dentro del plazo de la ley. Se desconocen as� las otras dos situaciones que la ley le brinda al explotador para no caer en la sanci�n de expropiaci�n del gas sin indemnizaci�n, situaciones aquellas consistentes en la confinaci�n del gas a los yacimientos para su utilizaci�n futura, o como fuente de energ�a para la m�xima recuperaci�n final de las reservas del petr�leo.

"La impugnaci�n basada en que contradice el inciso segundo lo establecido en el art�culo 14 de la Ley 10 de 1961, al cual se refiere dicho inciso dentro de un desarrollo l�gico de lo dispuesto en el inciso primero, no resulta evidente.

"El art�culo 33 habla del gas que se produzca en una explotaci�n nacional o privada para fines comerciales o industriales (se subraya), y para el efecto de cobrar en ese caso las participaciones o los impuestos correspondientes.

"Es necesario entender que el inciso segundo habla del mismo supuesto, o sea el del gas destinado a aprovechamiento industrial inmediato por el explotador del yacimiento. Bien visto, el art�culo 14 de la ley prev� dos hip�tesis, ambas destinadas al aprovechamiento del gas: 1� Aprovechamiento inmediato para la industria; 2� Confinamiento del gas a su dep�sito natural para aprovechamiento futuro. Parece que el art�culo 33 en su segundo inciso contin�a desarrollando la hip�tesis establecida en el primero. Si el gas se extrae del pozo debe ser con el fin de aprovecharlo de inmediato en la forma prevista en la ley. Si se deja escapar sin utilizarlo, pasados tres a�os de la iniciaci�n de la explotaci�n, el Gobierno, seg�n el art�culo 14 de la ley, desarrollado o reglamentado en el inciso segundo del art�culo 33 del Decreto, podr� disponer gratuitamente del gas, etc.

"En resumen, parece que el explotador debe tomar dentro de los tres a�os las medidas conducentes a aprovechar de inmediato industrialmente el gas que extraiga o a no dejarlo escapar in�tilmente para que pueda aprovecharse en el futuro.

"Por lo brevemente dicho no se observa a primera vista que el segundo inciso del art�culo 33 viole el art�culo 14 de la ley reglamentada, si se le entiende e interpreta por su tenor literal, y dada la clara referencia que hace a la respectiva disposici�n legal para que su aplicaci�n se haga ajustada a ella".

El demandante expresa as� su inconformidad con el transcrito razonamiento del Consejero sustanciador:

"Para hacer notar la ilegalidad del art�culo 33 inciso 3� del Decreto acusado, basta copiar el art�culo 14 de la Ley 10 de 1961, que dice:

'Todo explotador de petr�leos de propiedad privada o nacional, est� en la obligaci�n de evitar el desperdicio del gas producido, bien aprovech�ndolo industrial mente, o confin�ndolo a los yacimientos para su utilizaci�n futura, o como fuente de energ�a para la m�xima recuperaci�n final de las reservas de petr�leo' (subrayo). Si pasados tres a�os de haberse iniciado la explotaci�n, el explotador no cumpliere con esta obligaci�n, podr� el Gobierno disponer del gas gratuitamente, hacer las instalaciones y tomar todas las medidas necesarias para su aprovechamiento, sin perjudicar los trabajos de la explotaci�n y previas las indemnizaciones a que hubiere lugar por causa de tales instalaciones. En estos t�rminos queda modificado el art�culo 40 del C�digo de Petr�leos.

"De la simple lectura de esta norma sustantiva se ve claramente, como ya se dijo, que la ley le da al explotador una opci�n para aplicar el gas en tres fines claramente determinados que son: 1) Aprovecharlo industrialmente, 2) Confinarlo a los yacimientos para su utilizaci�n futura, y 3) Usarlo como fuente de energ�a para la m�xima recuperaci�n final de las reservas de petr�leo.

"En el mismo art�culo se dispone claramente que si pasados tres a�os de haberse iniciado la explotaci�n, el explotador no hubiere cumplido con alguna de estas tres condiciones 'podr� el Gobierno disponer del gas gratuitamente, hacer las instalaciones y tomar las medidas para su aprovechamiento.

"El inciso 2� del art�culo 33 del Decreto contradice claramente la ley, pues dice: 'Si no se efectuare la utilizaci�n industrial o comercial de que habla el inciso anterior dentro del plazo estipulado en el art�culo 14 de la Ley 10 de 1961, el Gobierno podr� disponer gratuitamente del gas y contratar su aprovechamiento en cualquier tiempo con el mismo explotador o con terceros.

Termina el demandante insistiendo en que el inciso impugnado reduce al explotador a una sola de las tres alternativas que establece el art�culo 14, o sea a la del aprovechamiento industrial "aplic�ndole sanciones de suma gravedad, como es la de que el Gobierno pueda disponer del gas gratuitamente, aun cuando el concesionario haya cumplido con claras disposiciones de la ley, que le permiten hacer uso de las dos alternativas desconocidas e ignoradas por el decreto reglamentario".

La Sala insiste en que el segundo inciso del art�culo 33 del decreto no puede interpretarse sino conjuntamente con el primer inciso del mismo art�culo.

Este inciso dice "Sobre todo gas producido en una explotaci�n de propiedad nacional o privada, que se utilice para fines comerciales o industriales, deber�n pagarse al Estado las participaciones o impuestos correspondientes, los cuales podr�n ser reducidos de conformidad con lo establecido en el par�grafo primero del art�culo 15 en concordancia con el art�culo 17 de la Ley 10 de 1961".

Y el impugnado inciso segundo se refiere claramente a la hip�tesis del inciso primero, porque dice: 'Si no se efectuare la utilizaci�n industrial o comercial de que habla el inciso anterior.

El art�culo 15 de la Ley 10 de 1961 establece que "todo concesionario de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos de propiedad nacional pagar� al Gobierno sobre el gas producido los mismos porcentajes de participaciones establecidos en esta ley para el petr�leo crudo". Y que "este pago lo har� en el campo de producci�n, en especie o en dinero a elecci�n del Gobierno".

Dice luego el art�culo 15 que quedan exentos de esta participaci�n: "a) el gas estrictamente necesario para la extracci�n de petr�leo crudo, siempre que el contratista presente un informe completo demostrativo, que sea aceptado expl�citamente por el Ministerio de Minas y Petr�leos en resoluci�n especial; b) el gas que se confine al yacimiento, de acuerdo con la t�cnica, previa aprobaci�n del Ministerio de Minas y Petr�leos, cuando la operaci�n lo justifique econ�micamente; c) los gases que se destinen al consumo interno dentro de la concesi�n en explotaci�n".

Viene luego el par�grafo primero, expresamente citado en el art�culo 33 del decreto. Dice el par�grafo: "Cuando se trate de gases destinados a fines industriales tales como petroqu�mica, generaci�n de energ�a, consumo dom�stico, etc., el Gobierno podr� reducir hasta el ciento por ciento la participaci�n prevista, de acuerdo con la importancia econ�mica y social de la industria que los consuma".

El art�culo 17 de la Ley 10, citado tambi�n en el 33 del decreto, se refiere al impuesto que deber�n pagar los explotadores de petr�leo de propiedad privada.

Estas citas de la propia ley reglamentada, en la cual se advierte la voluntad legislativa de que los gases naturales se aprovechen plenamente, y en cada caso de la manera que razones de t�cnica y de econom�a lo hagan m�s aconsejable indican, sin lugar a duda, que el segundo inciso del art�culo 33 del decreto reglamentario se est� refiriendo a la hip�tesis del gas que el concesionario destina al aprovechamiento industrial de que habla el art�culo 14 de la Ley 10 y excluye el que deba confinarse a los yacimientos para su utilizaci�n futura y el que se destine como fuente de energ�a para la m�xima recuperaci�n final de las reservas de petr�leos que son las otras dos alternativas en que hace �nfasis el demandante. Bien vistas, estas dos �ltimas alternativas se reducen a una: confinar el gas en los yacimientos en la medida en que no sea necesario para la extracci�n del petr�leo crudo de la respectiva explotaci�n.

El art�culo 14 de la Ley 10 de 1961 le deja al explotador un plazo de tres a�os para organizar su explotaci�n en tal forma que si no puede o quiere aprovechar industrialmente el gas de los yacimientos no lo desperdicie, pues se trata de una riqueza natural que se le ha concedido para aprovecharla debidamente y no para dejarla escapar y perder sin beneficio alguno para nadie y con merma de la reserva nacional correspondiente. Al ocurrir ese supuesto, en el cual habr�a negligencia, o deficiencia de t�cnica por parte de la empresa explotadora, y desde luego ausencia de inter�s suyo en el producido del gas, el Gobierno podr� disponer gratuitamente de �l "contratando su aprovechamiento en cualquier tiempo con el mismo explotador o con terceros", seg�n lo dispone el inciso impugnado, el cual es aplicaci�n l�gica para el caso de lo estatuido en el art�culo 14 de la ya citada ley, que el demandante considera violado por desbordamiento de la facultad reglamentaria. La Sala considera, pues, que no procede la impetrada anulaci�n del segundo inciso del art�culo 33 del Decreto 1348 de 1961.

No redarguye el se�or demandante en su alegato de conclusi�n lo que, para denegar la suspensi�n provisional de �l, dijo el auto del 31 de octubre de 1961 del Consejero sustanciador.

Se transcribe lo que se dijo acerca de la impugnaci�n de esta disposici�n en el auto citado:

'Cuando no se siga el sistema de unidades t�cnicas de operaci�n, podr� concederse la deducci�n por agotamiento a base de porcentaje fijo que no exceder� del 10% del valor bruto del producto natural extra�do del dep�sito o dep�sitos que est�n en explotaci�n en el a�o gravable y que se haya vendido o destinado a la exportaci�n, o vendido para ser refinado dentro del pa�s, o destinado por el explotador para el mismo objeto en sus propias refiner�as, en el a�o o per�odo para el cual se solicite la deducci�n, debiendo restarse del valor la suma equivalente a las participaciones causadas o pagadas a favor de particulares, el impuesto causado o pagado sobre el petr�leo de propiedad privada o el valor de las participaciones que le correspondan a la Naci�n'.

'Como arriba lo dije, este art�culo es ilegal en cuanto dice que 'podr� concederse la deducci�n por agotamiento a base de porcentaje fijo que no exceder� del 10% del valor bruto del producto natural extra�do', pues la ley no dej� al arbitrio del Gobierno el reconocimiento de la deducci�n ni la fijaci�n del monto de su porcentaje, ya que el art�culo 22 de la ley deja a la elecci�n del contribuyente la escogencia del sistema de agotamiento (bien a base de estimaci�n t�cnica de costo de unidades de operaci�n, o bien a base de porcentaje fijo), y el art�culo 23 de la misma ley dice expresamente: 'La deducci�n anual por agotamiento normal a base de porcentaje fijo, ser� igual al 10% de...'.

"Es evidente que el art�culo 22 de la Ley 10 de 1961 deja al arbitrio del contribuyente escoger uno de los dos sistemas con que puede hac�rsele la deducci�n normal por agotamiento y tambi�n lo es que el art�culo 23 establece el de porcentaje fijo en un 10% computado en la forma que en �l mismo se expresa, sin que pueda concederse m�s ni menos. Pero cuando el art�culo 43 del decreto dice 'podr� concederse la deducci�n por agotamiento a base de porcentaje fijo que no exceder� del 10% del valor bruto'... etc., no est� contradiciendo los expresados ordenamientos legales. El Ejecutivo les est� diciendo simplemente a las oficinas liquidadoras del impuesto qu� es lo que la ley les permite o autoriza conceder en materia de porcentaje por agotamiento normal y sobre cu�les bases debe hacerse el c�lculo. As� no est� el Gobierno estableciendo a su libre arbitrio esa deducci�n ni la forma en que debe hacerse, sino ateni�ndose a lo que ordena la ley".

Como se ve, basta interpretar el art�culo 43 en su sentido obvio, congruente con las disposiciones de los art�culos 22 y 23 de la ley, para que no aparezca la violaci�n de ellos que en la demanda se le atribuye.

Respecto de las impugnaciones al literal c) del art�culo 45, el par�grafo 1� del art�culo 54 y al art�culo 59 del Decreto 1348 de 1961.

En el auto proferido por el Consejero sustanciador (que fue suplicado por el entonces Fiscal Segundo del Consejo, Dr. Uladislao Dom�nguez por cuanto ordenaba suspender provisionalmente esas disposiciones del Decreto, y que fue confirmado por el resto de la Sala en virtud del auto de 8 de febrero de 1963) se hizo un estudio de conjunto de dichos ordenamientos del decreto en relaci�n con las normas superiores que el demandante considera violadas y con otras de la legislaci�n sobre petr�leos que deben tenerse en cuenta para dilucidar la cuesti�n.

Habiendo llegado la Sala a la convicci�n de que deb�an suspenderse los ordenamientos citados por las razones que extensamente se expusieron en aquellas providencias y estando de acuerdo con tales razonamientos el se�or Fiscal Segundo, como lo declara en su concepto de fondo, basta limitarse ahora a reproducir lo que, sintetizando los puntos estudiados, se dijo en el auto del 8 de febrero de 1963.

"El literal c) del art�culo 45 del Decreto lo suspende el auto suplicado como manifiestamente contrario al art�culo 25 de la Ley 10 de 1961, por cuanto esta disposici�n no establece que las inversiones hechas en �reas improductivas puedan amortizarse por las deducciones normal y especial de agotamiento, sino por la deducci�n de amortizaci�n del 10% de las inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones. El auto es muy claro al respecto y lejos de decir que es contrario a la ley por la prohibici�n de utilizar simult�neamente para esos gastos la deducci�n por agotamiento con la de amortizaci�n, lo que afirma es que no se pueden amortizar por la deducci�n de agotamiento sino por la deducci�n de amortizaci�n a la tasa del 10% de la respectiva inversi�n. O sea que el auto recurrido no admite que el costo de exploraciones improductivas realizadas por compa��as con explotaciones en producci�n, pueda amortizarse por la v�a de las deducciones por agotamiento, como lo prev� el literal c) del art�culo 45 del Decreto, pues esto contrar�a en forma manifiesta lo previsto por el art�culo 25 de la. Ley.

"La Sala est� de acuerdo con los fundamentos del auto recurrido y no necesita acudir a una extensa argumentaci�n para mantener la suspensi�n del literal c) del art�culo 45.

"Las deducciones por agotamiento normal y por factor especial de agotamiento, las conceden los art�culos 22, 23 y 24 de la Ley 10 de 1961, para la amortizaci�n total del costo de las respectivas inversiones en explotaciones de petr�leo, inclu� dos los gastos preliminares de exploraci�n hechos en la misma concesi�n:

'Cuando se trate de exploraciones en busca de petr�leo, llevadas a cabo a partir del primero (1o) de enero de 1955, directamente por personas naturales o por compa��as con explotaciones en producci�n o por medio de filiales o subsidiarias, se conceder� una deducci�n por amortizaci�n de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de explotaciones actuales en el pa�s, a una tasa del diez por ciento (10%) de la respectiva inversi�n.

'Una vez iniciado el per�odo de explotaci�n, esta deducci�n se suspender�; pero el saldo no amortizado d� las inversiones correspondientes se tendr� como costo integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento.

'Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas el saldo no amortizado de las inversiones hechas en objetivos de exploraci�n se continuar� amortizando a la tasa anual del diez por ciento (10%)

"Como f�cilmente se aprecia, esta disposici�n concede a las empresas con explotaciones en producci�n que lleven a cabo, con posterioridad al 1o de enero de 1955, exploraciones en busca de petr�leos, en zonas distintas a las que est�n explotando, 'una deducci�n por amortizaci�n de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de explotaciones actuales en el pa�s, a una tasa del diez por ciento (10%) de la respectiva inversi�n'. Pero, agrega el art�culo que esta deducci�n se suspende cuando se inicia el per�odo de explotaci�n en la zona explorada y que en este caso, 'el saldo no amortizado de las inversiones correspondientes se tendr� como costo integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento'; y que si la exploraci�n se abandona, lo que a juicio de la Sala debe ocurrir, sin duda, cuando resultare improductiva, 'el saldo no amortizado de las inversiones hechas en objetivos de exploraci�n, se continuar� amortizando a la tasa anual del diez por ciento (10%)'.

"Seg�n esto, �nicamente cuando se inicia el per�odo de explotaci�n de la zona explorada, lo no amortizado de las inversiones hechas en la exploraci�n, se tiene como costo amortizable por las deducciones normal y especial de agotamiento, y ese saldo deja de seguir siendo amortizado por la deducci�n del 10% de las respectivas inversiones. Mientras no se inicie el per�odo de explotaci�n no cabe amortizaci�n por las deducciones de agotamiento, porque no es posible hablar de agotamiento o consunci�n del yacimiento sino cuando est� en explotaci�n, y por eso mientras �sta no se inicia, lo invertido en exploraci�n se amortiza por la deducci�n del 10% de la respectiva inversi�n. Esto mismo ocurre, cuando la zona explorada se abandona por resultar improductiva y por ello, la inversi�n hecha en la exploraci�n, se sigue amortizando por la tasa del 10% anual.

"No cabe, pues, duda alguna de que el literal c) del art�culo 45 del Decreto, en cuanto computa como costo integrante del monto de las inversiones de las empresas con explotaciones en producci�n, amortizable por la deducci�n de agotamiento normal, 'los gastos capitalizados y no amortizados que se efect�en a partir de la vigencia de la Ley 10 de 1961 en �reas improductivas'; contraria manifiestamente el art�culo 25 de esta ley, que determina que tales gastos se amortizan por la deducci�n del 10% de la respectiva inversi�n".

Se dijo en el auto del 8 de febrero de 1963, a prop�sito del par�grafo 1o del art�culo 54 del Decreto:

"No comparte la Sala la tesis sostenida por el se�or Fiscal, pues se basa en una distinci�n entre inversiones en exploraciones hechas antes y despu�s de la vigencia de la Ley 10 de 1961, distinci�n que no aparece en la ley, pues el art�culo 25 solo exige a partir del 1o de enero de 1955, o sea, de esta fecha en adelante para que se conceda la deducci�n por amortizaci�n de la inversi�n que establece dicha disposici�n.

"Ahora bien, tampoco dice la ley reglamentada que la empresa con explotaci�n en producci�n que disfruta de la deducci�n por factor especial de agotamiento que establece el art�culo 24, no pueda disfrutar de la deducci�n para amortizar inversiones en exploraci�n. Lo que dice claramente el inciso segundo del art�culo 25 es que iniciado el per�odo de explotaci�n, el saldo no amortizado de las inversiones hechas en la respectiva exploraci�n, no se sigue amortizando por la deducci�n de amortizaci�n que se establece en el inciso primero, sino que se tiene de ah� en adelante, 'como costo integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento. Pero, mientras se hace la exploraci�n o cuando se abandona por no haberse hallado petr�leo, la deducci�n por amortizaci�n la sigue disfrutando la empresa que tiene explotaciones en producci�n con cargo a su renta de explotaci�n actual, independientemente de las deducciones normal y especial de agotamiento que los art�culos 23 y 24 de la ley le conceden para la amortizaci�n del costo de las inversiones hechas en la concesi�n con explotaci�n en producci�n.

"En consecuencia, es evidente que el par�grafo 1o del art�culo 54 del Decreto contrar�a el art�culo 25 de la ley reglamentada, por cuanto dispone que la empresa con explotaci�n en producci�n que disfruta del factor de agotamiento, no puede gozar de la deducci�n por amortizaci�n de inversiones hechas, despu�s del 1o de enero de 1955, en exploraciones en zonas discontinuas e independientes de las que tiene en explotaci�n. Por tanto, hay lugar a mantener la suspensi�n del referido par�grafo",

Seg�n las razones expuestas, que sirven tambi�n para aclarar el sentido verdadero del art�culo 25 de la Ley 10 de 1961, la Sala debe declarar nulo el par�grafo 1o del art�culo 54 del Decreto.

Ni impl�cita ni expl�citamente se contiene en la Ley 10 de 1961, alguna norma que limite, seg�n la renta l�quida del contribuyente, la deducci�n por amortizaci�n de inversiones en exploraci�n de que trata el art�culo 25 de esa misma ley. En cambio s� la hay expresa para se�alar hasta qu� cuant�a de la renta l�quida fiscal puede llegar el porcentaje permitido como deducci�n anual por concepto de agotamiento normal (art�culo 23 inciso tercero) y hasta donde de esa misma renta l�quida pueden alcanzar, en conjunto, la deducci�n normal y especial de agotamiento (art�culo 24). M�s, el art�culo 59 del Decreto reglamentario de la ley, determina hasta qu� cuant�a de la renta l�quida fiscal pueden llegar 'la deducci�n o exenci�n por agotamiento normal y la deducci�n por amortizaci�n de inversiones en exploraci�n', en conjunto y, al efecto, fija los mismos porcentajes de la renta l�quida que la ley en su art�culo 24 se�ala para las deducciones normal y especial de agotamiento, en conjunto.

"Pues, bien, si como lo dice el auto suplicado y lo repite la Sala en esta providencia en la Ley 10 no se contiene ning�n principio que por v�a reglamentaria pueda desarrollarse en la forma expresada en el art�culo 59, resulta evidente la extralimitaci�n de esta disposici�n frente al contenido de la ley.

"La Sala no se explica qu� asidero puede encontrarse en la Ley 10 de 1961, para sustituir, como lo hace el art�culo 59 del Decreto reglamentario, el factor especial de agotamiento por la deducci�n para amortizar inversiones en exploraciones, para someter esta �ltima con la normal de agotamiento, en conjunto, a los mismos l�mites que la ley solo establece cuando concurren conjuntamente las deducciones normal y especial de agotamiento,

"En consecuencia, hay que concluir que el Decreto en el art�culo mencionado, so pretexto de reglamentaci�n, introdujo una norma que no est� contenida en la ley reglamentada y que evidentemente la modifica y adiciona.

No hay lugar, por tanto, a revocar la suspensi�n provisional del art�culo 59 del Decreto".

Respecto de las impugnaciones de los segundos incisos de los art�culos 49 y 51 del Decreto.

En su alegato de conclusi�n insiste el doctor Gait�n en que deben anularse las citadas disposiciones.

De ellas solo se hab�a aceptado en el auto del 31 de octubre de 1961, dictado por el Consejero sustanciador, que violaba evidentemente las normas superiores invocadas por el demandante el segundo inciso del art�culo 51 en cuanto pudiera ser contrario a contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos nacionales en la regi�n oriental que con posterioridad al Decreto 2140 de 1955 y antes de la Ley 10 de 1961 se hubieran celebrado y perfeccionado dentro de las autorizaciones del art�culo 21 de ese Decreto y con inclusi�n de lo previsto en el art�culo 13 del mismo.

En su alegato de conclusi�n expone el doctor Gait�n las razones por las cuales los mencionados incisos deben declararse nulos, insistiendo en las tesis de su demanda y redarguyendo lo que se expres� en el citado auto para no acceder a la suspensi�n provisional total de los incisos impugnados.

Los dos incisos de que se trata disponen que para que las explotaciones petrol�feras iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955 que correspondan a contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley 10 de 1961 puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento establecido por el inciso primero del art�culo 24 de la citada ley, ser� indispensable que tos concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la misma, como lo contempla su art�culo 27.

El art�culo 49 se refiere a explotaciones en la regi�n occidental del territorio colombiano y el 51 al oriental.

"Establecen esas disposiciones del Decreto una condici�n extralegal para que los concesionarios puedan aprovecharse de un beneficio otorgado por la ley a todos los explotadores, condici�n que extralimita visiblemente la potestad reglamentaria, pues la ley solo exige que se trate de explotaciones iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955, sin que distinga para excluirlas y cuando se trata de explotaci�n de petr�leos nacionales, las contratadas antes de la vigencia de la citada Ley 10.

"La disposici�n contenida en el art�culo 27 de la Ley 10 en cuanto permite a los concesionarios anteriores adaptarse a la nueva ley, es voluntaria y no obligatoria para �stos, as� como para el Gobierno, a quien se autoriza para convenir con los concesionarios tal adaptaci�n autorizaci�n que el Gobierno puede o no ejercitar.

"Las relaciones jur�dicas del concesionario con el Estado se rigen por el contrato vigente de conformidad con el art�culo 1.602 del C�digo Civil, aplicable no solo a los contratos puramente civiles, sino tambi�n a los administrativos. Es del caso anotar que el inciso 1o del art�culo 24 de la Ley 10 de 1961 no habla de contratos ni de concesiones, sino simplemente de 'explotaciones de petr�leo iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955..pues el legislador quiso comprender los petr�leos nacionales y los de propiedad privada.

"Con la exigencia extralegal de las normas que acuso se colocar�a en inferioridad de condiciones tributarias, sin raz�n alguna, a las explotaciones de petr�leos nacionales en frente de las explotaciones de petr�leos de propiedad privada, lo cual, por lo dem�s ser�a absurdo.

"En s�ntesis, el factor especial de agotamiento, establecido en el art�culo 24 de la Ley 10, que es una disposici�n de car�cter meramente tributario, y que beneficia tanto a las explotaciones de petr�leo de propiedad privada como a los concesionarios del Estado, la concedi� el legislador sin condici�n alguna y debe aplicarse en la forma n�tida como lo establece el art�culo 24 de la Ley 10 Sin poderla someter el Gobierno a otras condiciones distintas de las establecidas en la propia ley.

"De otro lado, los art�culos 49 y 51 al disponer que deben adaptarse a las normas de la Ley 10 de 1961 los contratos celebrados con el Gobierno Nacional para que las explotaciones de petr�leos posteriores al 1o de enero de 1955 puedan beneficiarse del factor especial de agotamiento, viola derechos adquiridos e infringe por lo tanto el art�culo 30 de la Constituci�n Nacional, ya que los concesionarios que tienen explotaciones de petr�leo posteriores al 1o de enero de 1955 mientras rija la Ley 10 de 1961 tienen derecho a que se les otorgue el factor especial de agotamiento de que trata el art�culo 24 de dicha ley.

"Al ordenar los art�culos 49 y 51 que para tener derecho al factor especial de agotamiento de que trata el art�culo 24 de la Ley 10 de 1961, las explotaciones de petr�leos posteriores al, 1o de enero de 1955 deben adaptarse los contratos a las normas de la nueva ley, se viola tambi�n el texto constitucional ya citado, porque las convenciones celebradas v�lidamente bajo el imperio de una ley no pueden reformarse u ordenarse, reforma unilateralmente por una de las partes, que es el Gobierno, sin incurrir en el desconocimiento de derechos adquiridos amparados por el art�culo 30 de la Constituci�n, como lo expres� claramente la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 18 de noviembre de1924".

En el auto proferido por el Consejero sustanciador el 31 de octubre de 1961 se estudiaron en conjunto los motivos de impugnaci�n a los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, al ordinal d) del art�culo 61 y al art�culo 56 del decreto porque en todas esas disposiciones se exige para conceder la deducci�n tributaria denominada 'factor especial de agotamiento' a las explotaciones iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955 y antes de la vigencia de la Ley 10 de 1961 el que los contratos correspondientes se hayan adaptado a las normas de esta ley.

En dicho auto, y en relaci�n con las impugnaciones hechas en la demanda a todas las disposiciones del Decreto que se citan en el p�rrafo anterior, se hizo una sucinta comparaci�n entre las normas de la Ley 10 de 1961 y los que contiene el llamado C�digo de Petr�leos, o sea el Decreto Extraordinario 1056 de 1953, para hacer notar que dicha ley hizo ciertas modificaciones al C�digo que son favorables al Estado, en cuanto disminuy� los plazos para las exploraciones y explotaciones y elev� los c�nones superficiarios y los porcentajes de participaci�n al Estado en concepto de regal�as por su petr�leo y de impuesto por el extra�do de propiedades particulares. Pero que, al mismo tiempo, la Ley 10 otorga a los concesionarios que hayan iniciado explotaciones desde el 1o de enero de 1955 m�s de lo que estaba previsto en el C�digo, pues les concede el 15% adicional como factor especial de agotamiento y el 10% para amortizar inversiones en exploraciones hechas despu�s de aquella fecha. Y como era necesario se hizo notar que estas concesiones adicionales de la Ley 10 de 1961 fueron precedidas por las que transitoriamente otorg� el Decreto 2140 de 1955, dictado invocando las facultades del art�culo 121 de la Carta. Y se aludi� a ese decreto, aun cuando la ley 10 lo derog� expresamente, porque parece que en las disposiciones en que alude la ley a explotaciones posteriores al 1o de enero de 1955, es decir, a un determinado lapso de tiempo anterior a ella, quiso tener en cuenta situaciones jur�dicas que hubieran podido crearse al amparo de aquel transitorio estatuto.

Se dijo tambi�n en el auto referido que no deb�a pasarse por alto la circunstancia de que las concesiones de orden tributario, como todo lo ata�edero al impuesto sobre la renta, se va cumpliendo para cada a�o gravable y es susceptible de ser modificado por el legislador para el a�o fiscal siguiente, salvo que �l mismo haya autorizado celebrar contratos en los cuales deban incorporarse tales concesiones como cl�usulas que deben regir dentro de los plazos pactados.

"Bajo la vigencia de �ste (el Decreto 2140 de 1955) y por voluntad unilateral del Estado, gozaron de la deducci�n especial de agotamiento del 15%, computada sobre la renta l�quida fiscal producida por las explotaciones, quienes emprendieran exploraciones en zonas separadas y discontinuas de aquellas. Se estimularon as� las nuevas exploraciones y la deducci�n estaba condicionada a que se adelantaran. La Ley 10 en su art�culo 24 dispone que las explotaciones iniciadas despu�s del 1� de enero de 1955 gozar�n de esa deducci�n, naturalmente sobre su propio producido. Quiz� parti� del supuesto de que estas explotaciones eran ya el resultado de las exploraciones cuyo adelantamiento hac�a acreedores a ese benefici� a los due�os de explotaciones anteriores, seg�n el art�culo 5� del Decreto 2140 de 1955. Pero es claro que el beneficio fiscal de la Ley 10 es en raz�n del agotamiento de las explotaciones que se iniciaron despu�s de la citada fecha y no de las que ya se adelantaban antes. Por tanto, no se extiende el beneficio a las explotaciones antiguas. Se tiene aqu� una hip�tesis en que explotaciones existentes no se beneficiar�an de la deducci�n especial de agotamiento seg�n la nueva ley. Los explotadores que adelantaban ya esa actividad el 1o de enero de 1955 y han emprendido exploraciones en zonas discontinuas desde entonces podr�n aprovecharse solo del 10% de deducci�n de lo invertido en �stas, de conformidad con el art�culo 25 de la Ley 10, y hasta cuando las exploraciones se conviertan en explotaciones, pues de este momento en adelante s� quedar�n comprendidas en la previsi�n del art�culo 24".

Luego se hace en el auto la advertencia de que las anotaciones dichas se refieren concretamente a lo que el Decreto 2140 preve�a sobre exploraciones y explotaciones en la regi�n occidental del pa�s. Y se observa que dicho Decreto no conten�a ninguna autorizaci�n al Gobierno para hacer adaptaciones de los contratos vigentes sobre petr�leos de esa regi�n a las disposiciones del mismo. Es decir, las concesiones que en dicho estatuto transitorio se hac�a en cuanto a deducci�n especial de agotamiento proven�an de la voluntad unilateral del Estado, pero no estaba el Gobierno autorizado para readaptar los contratos anteriores al Decreto, y obligarlo as� como parte contratante a mantener en el futuro esas concesiones.

Por el contrario, en cuanto a petr�leos de la regi�n oriental en el" art�culo 13 del Decreto se otorgaban deducciones para amortizaci�n de lo invertido en las condiciones que en �l se expresan y en el art�culo 21 se daba al Gobierno autorizaci�n de convenir, por medio del Ministerio respectivo, "con los contratistas de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos nacionales de la regi�n oriental, la revisi�n de sus contratos, con el �nico fin de adaptarlos a las normas pertinentes del presente Decreto".

Por esta circunstancia se consider� en el auto del 31 de octubre de 1961 que puede haber contratos relativos a la regi�n oriental en los cuales el Gobierno hubiera convenido, en ejercicio de aquella autorizaci�n, otorgar por todo el plazo de ellos las concesiones tributarias de que hablaba dicho decreto. Para tal hip�tesis resultaba evidente que el inciso 2o del art�culo 51 y el literal d) del art�culo 61 del Decreto 1348 de 1961 violaban derechos adquiridos provenientes de tales contratos. Por eso las disposiciones respectivas se suspendieron provisionalmente para ese caso concreto,

La soluci�n del problema de si deb�an anularse las disposiciones del Decreto que condicionan la deducci�n por factor especial de agotamiento para las explotaciones iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955 a que los concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la Ley 10, como lo contempla su art�culo 27, qued�, pues pendiente de un estudio m�s a fondo de los problemas jur�dicos que el demandante plantea.

Redarguyendo los razonamientos que se hicieron en el auto para no considerar evidentes a primera vista las violaciones de normas superiores que �l cita y por los conceptos explicados en la demanda, dice el actor en su alegato de conclusi�n:

"El planteamiento hecho en el auto comentado no corresponde en manera alguna al planteamiento real de la demanda, porque en ning�n momento se ha hablado de derechos adquiridos surgidos de legislaciones anteriores a la expedici�n de la Ley 10 de 1961, sino lo que se ha dicho en la demanda, claramente surge del texto mismo de la ley que se pretende reglamentar por medio de las normas acusadas y para ello basta ver el art�culo 24 de la Ley 10 de 1961 que dice: 'Adem�s de la deducci�n anual por agotamiento normal de que trata el art�culo 23, establ�cese un factor especial de agotamiento aplicable durante todo el per�odo de producci�n a las explotaciones de petr�leos iniciadas despu�s del 1� d� enero de 1955 ya las que se inicien dentro de la vigencia de la presente ley, equivalente al 15% del valor bruto del producto natural extra�do y vendido de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 1o y 2o del art�culo 23 de esta ley y hasta el monto' total de las inversiones efectuadas en estas explotaciones.

"2). Este factor se otorga � favor 'de las explotaciones de petr�leo iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955', y de las que se inicien durante la vigencia de la Ley 10 de 1961.

"3). Este factor de agotamiento es aplicable durante todo el per�odo de producci�n de las explotaciones antes mencionadas.

"No hay que buscar cual fue la raz�n que tuvo el Congreso para establecer el factor especial de agotamiento de que trata el art�culo 24, solo basta saber que el legislador dentro de su plena soberan�a estableci� el factor especial y que lo hizo en una forma muy precisa para las explotaciones de petr�leos, iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955, sin determinar cual era el origen o la naturaleza de los contratos que se hubieran celebrado con el Gobierno para esas explotaciones o si se trataba de explotaciones efectuadas en propiedad privada, es decir, que el legislador fu� completamente amplio y solo quiso que cualquier clase de explotaciones de petr�leo que se hubieran iniciado con posterioridad al 1o de enero de 1955, sin distingo alguno, pudieran tener derecho al factor de agotamiento del 15% establecido por esta norma legal.

"Los antecedentes hist�ricos en este caso no influyen para limitar el alcance del art�culo 24 de la Ley 10 de 1961, que no tiene la restricci�n de que para gozar del factor especial de agotamiento all� consagrado, los contratos anteriores deban convertirse a las disposiciones de esa misma ley. Este derecho se hizo extensivo a cualquier clase de explotaci�n de petr�leos nacionales o de petr�leos particulares sin limitaci�n alguna. Es importante anotar que el Congreso al expedir la Ley 10 de 1961, le otorg� el derecho a los explotadores de petr�leo con producci�n iniciada despu�s del 1o de enero de 1955, del factor especial de agotamiento del 15% y que este derecho en ning�n caso ni por ning�n motivo puede desconocerse por un decreto reglamentario como es el 1348 de 1961, como parece darlo a entender el auto que se comenta.

"El art�culo 24 de la Ley 10 de 1961, est� vigente y el Decreto 1348 de 1961, en sus art�culos 49 y 51, inciso 2o trata de reformar la ley desconociendo el factor especial de agotamiento establecido por ella en su art�culo 24 y da a entender, seg�n lo dice el auto, que el Gobierno se considera con una facultad superior a la del Congreso para derogar la norma sustantiva, que en forma clara y terminante se viola al pretender desconocer el factor especial de agotamiento concedido por la ley, por medio de los art�culos 49 y 51, inciso 2o.

"Es clara la existencia de un derecho adquirido a favor de los explotadores de petr�leo con producci�n posterior al 1o de enero de 1955, otorgado por el art�culo 24 de la Ley 10 de 1961, y, por lo tanto, al tratar de modificar ese derecho por medio del reglamento, los art�culos 49 y 51 en su inciso 2� violan el art�culo 30 de la Constituci�n Nacional.

"Esta interpretaci�n que se acaba de copiar desvirt�a completamente el esp�ritu y la letra del art�culo 27 de la Ley 10 de 1961, que dice

'Autor�zase al Gobierno para convenir con los concesionarios respectivos, la adaptaci�n a las disposiciones de esta ley de los contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos de propiedad nacional perfeccionados con anterioridad a su vigencia'.

"La norma legal copiada es clara, pues en ella se da autorizaci�n al Gobierno para convenir con los concesionarios, es decir, para celebrar un acuerdo de voluntades entre dos partes contratantes, que son el Gobierno por un lado y el concesionario por otro, las cuales a la luz de las normas de derecho administrativo tienen una facultad equilibrada en la contrataci�n, que no le permite a ninguna de las dos partes imponer su voluntad unilateralmente sin la aquiescencia de la otra parte, es decir, que debe existir el derecho para ambos contratantes de modificar o no los contratos preexistentes y no una potestad unilateral para una de las partes, el Gobierno, para imponer obligatoriamente esa modificaci�n, rest�ndole en forma abusiva a la otra parte un derecho que la ley le dio expresamente como el del factor especial de agotamiento, consignado en el art�culo 24 de la Ley 10 de 1961.

"No es aceptable jur�dicamente que se pretendan invocar razones de conveniencia para el Gobierno para obligar a un explotador de petr�leo con producci�n posterior al 1o de enero de 1955, que tiene derechos adquiridos amparados por contratos celebrados v�lidamente, para convenir condiciones m�s desfavorables, que en ninguna parte la ley sustantiva les ha impuesto, mediante disposiciones de car�cter reglamentario, como son los art�culos 49 y 51 del decreto acusado, en su inciso 2o, que disponen que para poder 'beneficiarse del factor especial de agotamiento establecido por el inciso 19 del art�culo 24 de la citada ley, ser� indispensable que los concesionarios adapten previamente sus contratos a las disposiciones de la misma ley como lo contempla su art�culo 27.

"Es ostensible la extralimitaci�n de la potestad reglamentaria en este caso y est� plenamente demostrado que los art�culos 49 y 51 inciso 29 del decreto acusado violan el art�culo 24 de la Ley 10 de 1961 y adem�s desconocen derechos adquiridos con violaci�n flagrante del art�culo 30 de la Constituci�n Nacional".

El se�or Fiscal Segundo del Consejo en su breve concepto sobre la impugnaci�n a los incisos segundos de los art�culo 49 y 51 del Decreto, los copia, y copia asimismo el art�culo 27 de la Ley 10 de 1961, que dice: 'Autorizase al Gobierno para convenir con los concesionarios respectivos la adaptaci�n a las disposiciones de esta ley de los contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos de propiedad nacional perfeccionados con anterioridad a su vigencia'. Y comenta luego:

"Seg�n el Diccionario de la Real Academia Espa�ola el vocablo convenir significa 'coincidir dos o m�s voluntades causando obligaci�n', es decir, es indispensable que las partes o voluntades est�n de acuerdo o coincidan, por tanto, en el caso en estudio, la norma contenida en el art�culo 27 antes citado en cuanto permite a los concesionarios anteriores adaptarse a la nueva ley es voluntaria y no obligatoria, as� como tambi�n para el Gobierno a quien se autoriza para convenir con los concesionarios la adaptaci�n, que puede ejercitar o n�. De modo, pues, que el Gobierno no puede proceder unilateralmente a hacerla y si la hiciera constituir�a un exceso de autoridad y una desviaci�n de la facultad reglamentaria, que como se dijo al principio, debe estar sometida al sentido di�fano que el legislador escribi� en la norma positiva. Y por ello la H. Corte Suprema de Justicia, respecto del art�culo 1602 del C. C. ha dicho: 'Aceptada por el Estado una obligaci�n contractual, su cumplimiento es ineludible, sin que puedan interpretarse las leyes nuevas expedidas posteriormente a la celebraci�n del contrato en el sentido de hacer m�s gravosa las prestaciones a que est� obligada la parte contratante. Esto equivaldr�a a modificar unilateralmente el contrato, lo cual se opondr�a a los principios de derecho, a la equidad y a la estabilidad de las instituciones jur�dicas'. (Sentencia, Sala Civil de Unica Instancia, 16 de abril de 1950).

"Y al ordenar los art�culos 49 y 51 que para tener derecho al factor especial de agotamiento de que trata el art�culo 24 de la Ley 10 de 1961, las explotaciones de petr�leo posteriores al 1o d� enero de 1955 deben adaptarse los contratos a las normas de la nueva ley, se viola en forma ostensible el art�culo 30 de la Constituci�n Nacional porque se incurrir�a en el desconocimiento de derechos adquiridos.

"Por estas consideraciones la Fiscal�a cree que los incisos de los art�culos 49 y 51 por violar normas superiores de derecho y haber excedido en la potestad reglamentaria debe declararse nulos".

Ante todo debe aclararse que en el auto comentado por el demandante solo se quiso decir que siendo la ley 10 de 1961 la formulaci�n de una pol�tica nueva en materia de petr�leos no bastaba para decretar la suspensi�n provisional de disposiciones tan trascendentales como las contenidas en los segundos incisos de los art�culos 49 y 51 del Decreto, la confrontaci�n simplista de sus textos con los de las normas de la ley que el demandante encuentra violadas o desbordadas, pues podr�a suceder que un estudio m�s a fondo de materia tan compleja condujera a conclusiones distintas. Hab�a que tener en cuenta en ese primer examen del problema no solamente la presunci�n de legalidad que ampara los actos administrativos, sino la de que habiendo sido estudiado y preparado el Decreto reglamentario por personas muy calificadas que hab�an intervenido en la expedici�n de la ley reglamentada, es decir, por t�cnicos y juristas del Ministerio de Minas y Petr�leos, se aclarara satisfactoriamente cualquier duda sobre el ajustamiento a la ley de las normas adoptadas en el reglamento, a lo cual se llegar�a dentro del juicio con la colaboraci�n del Fiscal y la del propio Ministerio, si consideraba legalmente fundadas las disposiciones administrativas que el demandante impugna.

Al estudiar hasta donde fue posible los antecedentes de la Ley 10 de 1961, para inquirir las razones que fueron expuestas sobre el alcance de sus disposiciones y la conveniencia de las reformas que por ella se introdujeron a la legislaci�n anterior (cuestiones todas ellas que deben tenerse en cuenta para interpretar rectamente el sentido de sus ordenamientos, aun cuando a veces parezca �l muy claro con la sola lectura de sus textos) se encuentra lo siguiente: Se pens� que algunas de las condiciones establecidas en el C�digo de Petr�leos, o sea el Decreto Extraordinario 1056 del 30 de abril de 1953 (el cual es una compilaci�n de lo legislado hasta esa fecha) no eran las adecuadas en las circunstancias presentes para incrementar, como se ha querido la b�squeda, extracci�n y aprovechamiento industrial completo de la riqueza petrol�fera del subsuelo colombiano. Se consider� necesario dictar algunas medidas que beneficiaran m�s al fisco en cuanto a aumento de los porcentajes de regal�as o participaciones en el petr�leo del Estado y de impuestos sobre el de propiedad privada y tambi�n en cuanto a los c�nones por �reas concedidas. Se crey� conveniente acortar los plazos establecidos para explorar y explotar, en vista de que los progresos de la t�cnica permiten hoy localizar con mayor rapidez los sitios comercialmente aprovechables y extraer en mayor proporci�n los hidrocarburos hasta su agotamiento. Y se tuvo en cuenta que con posterioridad al C�digo, por Decreto Legislativo 2140 de 1955, se hab�an dictado ciertas disposiciones con el �nimo de fomentar la exploraci�n y explotaci�n del petr�leo del Estado que consideradas por algunos aspectos fueron juzgadas inconvenientes. Por todo ello el Gobierno resolvi� desde mayo de 1957, no celebrar nuevos contratos, en espera de que se introdujeran a la legislaci�n las reformas que se cre�a necesarias. El Congreso de 1961 expidi� la Ley 10 de aquel a�o, sobre proyecto presentado por el Ministerio de Minas y Petr�leos.

En el art�culo 24 qued� claro que el factor especial de agotamiento que se deduce de la renta de los concesionarios se aplica a las explotaciones iniciadas despu�s del 1� de enero de 1955. Respecto a este punto, y para explicar la diferencia del art�culo 24 con lo que establec�a al respecto el Decreto 2140 de 1955, dijo ante la C�mara el entonces Ministro de Minas, doctor Hernando Duran Dussan: Pero hay algo m�s, muy importante en la reforma sobre agotamiento del proyecto de ley. En la legislaci�n actual, en el r�gimen del Decreto 2140, para hacer uso de la cl�usula extraordinaria de agotamiento basta con invertir dos millones de pesos por una compa��a petrolera; en el proyecto de ley es necesario que la totalidad del monto de ese quince por ciento sea invertido en nuevas explotaciones de petr�leo; solamente as�, y solamente en ese caso, las compa��as de petr�leo podr�n hacer uso y ejercicio de la cl�usula de agotamiento y recibir el dinero que corresponde a ese monto".

Refiri�ndose en otro aparte de su discurso al factor especial de agotamiento en las condiciones en que conced�a esa deducci�n al impuesto sobre la renta derivada de las explotaciones petrol�feras el Decreto 2140 de 1955, dijo el Ministro:

"Pero, de otra parte, afirmaba yo que el resultado en la generalidad de los casos ha sido inconveniente para el pa�s, porque con la inversi�n de dos millones de pesos solamente en las nuevas exploraciones, las compa��as ten�an derecho a hacer uso, o tienen derecho a hacer uso de las cl�usulas extraordinarias de agotamiento y entonces la suma percibida, reembolsada en virtud de esa disposici�n, ha sido superior a los dos millones de pesos que han invertido, con lo cual el Estado ha tenido que regresar a las Compa��as de petr�leos una suma superior a la que ellas invierten para nuevas exploraciones. Eso es lo que est� vigente y eso es lo que el Gobierno y la Comisi�n Constitucional del Congreso que ha estudiado este proyecto quiere modificar. �Y c�mo lo quieren modificar Eliminando la concesi�n gratuita que hizo el 2140 de darles la posibilidad a las Compa��as que ya ven�an explorando y explotando petr�leo en Colombia con anterioridad al 55 de hacer uso de esa norma de agotamiento, y fijar el agotamiento extraordinario solamente para explotaciones que se inicien a partir del primero de enero de 1955". (Subraya la Sala). (P�rrafos tomados del discurso pronunciado por el Ministro ante la C�mara de Representantes en la sesi�n del 10 de enero de 1961. Memoria del Ministro de Minas y Petr�leos al Congreso de 1961).

Lo expuesto por el Ministro aclara totalmente el criterio con que se estableci� en la ley la deducci�n del factor especial de agotamiento y c�mo y por qu� se estableci� solo para las explotaciones iniciadas despu�s del 1o de enero de 1955, de tal manera que no se benefician de ellas las de fecha anterior. De esta suerte, los contratos de exploraci�n y explotaci�n celebrados antes de aquella fecha y respecto de las explotaciones ya iniciadas cuando lleg� ese d�a, no da derecho a gozar del factor especial de agotamiento que la Ley 10 de 1961 establece. Pero s� gozar�n de dicha deducci�n especial, �nicamente por mandato unilateral del legislador, las explotaciones iniciadas desde aquel d�a en cumplimiento de contratos celebrados antes y en los cuales, como es obvio, tal beneficio fiscal no se hab�a pactado. Por otra parte, como se ha observado antes en el texto de esta sentencia, no es legalmente posible que existan contratos sobre explotaci�n de petr�leos en la regi�n occidental que habiendo sido celebrados antes de la vigencia del Decreto 2140 hubieran sido adaptados a las condiciones de dicho estatuto transitorio, pues en �l no se dio autorizaci�n alguna al Gobierno para hacer tales readaptaciones. En cambio s� la hubo para readaptar a las condiciones del Decreto los contratos de exploraci�n y explotaci�n sobre la regi�n oriental y es posible que se hubieran readaptado algunos hasta cuando sobrevino el cambio de gobierno en mayo de 1957, ya que las administraciones posteriores prefirieron no hacer contrato alguno mientras no se dictaran nuevas normas legales.

En tal situaci�n se explica el alcance del art�culo 27 de la Ley 10 de 1961 al autorizar al Gobierno "para convenir con los concesionarios respectivos la adaptaci�n a las disposiciones de esta ley de los contratos de exploraci�n y explotaci�n de petr�leos, de propiedad nacional perfeccionados con anterioridad a su vigencia". En efecto, es presumible que los concesionarios cuyas explotaciones anteriores al 1o de enero de 1955 no vienen gozando del factor especial de agotamiento encuentren �til para sus intereses convenir en modificar los contratos respectivos para acomodarse a los t�rminos de la Ley 10, es decir, aceptando aquellas condiciones m�s gravosas para ellos que tal ley contiene, a cambio de obtener para esas explotaciones la deducci�n por factor especial de agotamiento, y de obtenerla no simplemente en la condici�n precaria de una concesi�n fiscal de car�cter general y abstracto que el legislador podr�a modificar para el porvenir, sino creando una situaci�n individual y concreta, que configurar�a un derecho adquirido sobre la base del pacto que la ley autoriza y que ser�a inmodificable por ley posterior.

As� resulta claro no solo en su texto sino en su motivo determinante la redacci�n del art�culo 27 de la Ley 10 en cuanto a que la adaptaci�n de los contratos celebrados antes de la vigencia de la ley a las normas de la misma debe ser voluntariamente pactada por los contratantes y no impuesta por el Gobierno en ejercicio de la autorizaci�n que dicho ordenamiento le confiere. Por tanto, mientras rija el art�culo 24 y sus concordantes de la Ley 10 de 1961 las explotaciones de petr�leos de propiedad nacional que se iniciaron despu�s del 1o de enero de 1955 se beneficiar�n de la deducci�n llamada factor especial de agotamiento en los t�rminos en ella establecidos. Pero solo esas explotaciones, y en virtud del mandato general y abstracto de la ley al respecto.

Con las explicaciones y por los razonamientos que preceden, considera la Sala que los incisos segundos de los art�culos 49 y 51 del Decreto reglamentario desbordan lo dispuesto en el art�culo 27 de la Ley 10 de 1961 por cuanto las adaptaciones a los contratos que �l autoriza celebrar deben ser voluntarias, mediante convenio de las partes, y no compulsivas, como resulta de dichos incisos. Y tambi�n es cierto que el texto del art�culo 24 de la Ley 10 concede para las explotaciones de petr�leos posteriores al 1o de enero de 1955 la deducci�n por factor especial de agotamiento sin condici�n alguna, de suerte que mientras �l rija favorece a los concesionarios de tales explotaciones.

Son suficientes las razones expuestas por la Sala para que sean anulados los mencionados incisos y no es necesario entrar en consideraciones sobre la pretendida violaci�n del art�culo 30 de la Carta ni sobre la relaci�n que con el problema concreto que aqu� se trata pueda tener el art�culo 1602 del C�digo Civil.

No trata particularmente el demandante en su alegato de conclusi�n las impugnaciones que hizo en la demanda a este ordenamiento.

"En cuanto a este art�culo, que trata de las explotaciones de petr�leos iniciadas con posterioridad al 19 de enero de 1955 y a la exenci�n que seg�n el art�culo 24 de la Ley 10 ha de conced�rseles cuando el factor especial de agotamiento haya perdido ese car�cter por haberse terminado de amortizar el total de las respectivas inversiones, se impugna la frase que dice: 'CUYOS CONTRATOS SE HAYAN ADAPTADO A LAS NORMAS DE LA LEY 10

"El demandante, despu�s de copiar el sexto inciso y el par�grafo del art�culo 24 de esa ley, dice:

'El art�culo 56 del Decreto que acuso, extralimitando la funci�n reglamentaria e imponiendo una condici�n extralegal exige que para tener derecho a la exenci�n del impuesto sobre la renta que consagra el sexto inciso trascrito, el concesionario debe adaptar previamente el contrato o contratos a las Normas de la Ley 10 de 1961, exigencia u obligaci�n esta que no est� contemplada en la ley, la cual, como se ve por lo trascrito, solo impone la obligaci�n de reinversi�n de que all� se trata, para que el concesionario tenga derecho a la mencionada exenci�n del impuesto a la renta'.

'Por tanto, es evidente la ilegalidad del art�culo que acuso en cuanto dice: 'CUYOS CONTRATOS SE HAYAN ADAPTADO A LAS NORMAS DE LA LEY 10 DE 1961'".

En aquel auto no se accedi� a suspender provisionalmente la frase que el demandante considera violatoria por desbordamiento de la ley reglamentada, por cuanto no se encontr� que esa violaci�n apareciera prima fase.

Se observ� simplemente que la exenci�n del impuesto sobre la renta que, seg�n el art�culo 24 de la Ley 10 suceder� a la deducci�n por factor especial de agotamiento cuando esta haya cumplido su fin es gracia fiscal completamente nueva y que, por lo dem�s, solo se concede a quienes inviertan las sumas correspondientes en los objetivos de desarrollo industrial previstos en la misma norma. Se anot� tambi�n que, en cuanto a dicha exenci�n, ning�n concesionario, ni de la regi�n occidental ni de la oriental, podr�a alegar derecho adquirido a ella en virtud de un contrato anterior a la Ley 10.

El se�or Fiscal de esta Corporaci�n concept�a que esta disposici�n, en cuanto a la frase impugnada, excede tambi�n la potestad reglamentaria del Gobierno porque "impone una condici�n extralegal cuando dice que para tener derecho a la exenci�n del impuesto sobre la renta debe adaptarse previamente el contrato o contratos a las normas de la Ley 10 de 1961 y esta obligaci�n no aparece contemplada en la ley, y ella solo impone la obligaci�n de reinversi�n para que el concesionario tenga derecho a la mencionada exenci�n del impuesto".

La Sala, de acuerdo con el concepto anterior, y por las mismas razones suficientemente explicadas respecto de los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, considera que la frase impugnada del art�culo 56 del decreto excede la potestad reglamentaria y debe ser anulada.

Para comprender la impugnaci�n debe, ante todo transcribirse lo pertinente de dicho art�culo del Decreto.

"Para los efectos del agotamiento normal del factor especial de agotamiento y de la amortizaci�n de inversiones en exploraciones a que se refieren los art�culos anteriores, los contribuyentes interesados en obtener cualquiera de estas deducciones deber�n presentar, junto con su declaraci�n de renta y patrimonio:

"d) Certificaci�n del Ministerio de Minas y Petr�leos de que los contratos de concesi�n se han adaptado a las prescripciones de la ley que se reglamenta para efectos del derecho a gozar del factor especial de agotamiento, cuando se trate de concesiones en explotaciones posteriores al 1o de enero de 1955".

"Es nulo tambi�n este ordinal, como consecuencia de la nulidad de los art�culos 49 y 51, en cuanto exige la certificaci�n sobre adaptaci�n de los contratos, por las razones ya dadas antes en relaci�n con la nulidad de los art�culos 49 y 51".

Por medio del auto de 31 de octubre de 1961 se dispuso suspender provisionalmente el literal d) del art�culo 61 del Decreto, �nicamente en cuanto sea opuesto a los contratos que sobre petr�leos nacionales de la regi�n oriental del pa�s hubiera podido celebrar el Gobierno en virtud de la autorizaci�n del art�culo 21 del Decreto 2140 de 1955 en que se otorgaran a los concesionarios las ventajas previstas en el art�culo 13 del mismo decreto. Dicho auto fue confirmado por el resto de la Sala cuando interpuso s�plica el entonces Fiscal, doctor Dom�nguez.

El estudio de fondo que se ha hecho a prop�sito de los segundos incisos de los art�culos 49 y 51 del Decreto 1348 de 1961 conduce a la conclusi�n de que el literal u ordinal d) del art�culo 61 debe ser anulado en todo su contenido por las mismas razones. As� lo solicita igualmente el se�or Fiscal 2o al conceptuar sobre este punto.

"Las exenciones a que se refiere el par�grafo del art�culo 31 de la Ley 10 de 1961 no podr�n exceder en ning�n caso la cuant�a que ten�a el 16 de marzo de 1961, fecha en que entr� a regir la citada ley".

"Los nuevos campos que entren en producci�n bajo la vigencia de la Ley 10 de 1961 no gozar�n de las exenciones que consagraba el inciso primero del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos, aunque se encuentren localizados dentro de explotaciones que se hayan iniciado con anterioridad a su vigencia".

"El par�grafo del art�culo 31 de la Ley 10 de 1961 derog� expresamente el inciso primero del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos y dispuso que las exenciones de regal�as e impuestos continuar�n aplic�ndose a aquellos petr�leos crudos de concesiones que est�n en explotaci�n al entrar en vigencia dicha ley y que adem�s est�n siendo refinados actualmente en el pa�s para el consumo interno de las refiner�as de los respectivos concesionarios".

"Ahora bien, y como ya lo expres� anteriormente, el art�culo 65 del reglamento introduce dos limitaciones extra�as al texto y al esp�ritu de la ley, la sobrepasan y la violan, consistentes en lo siguiente: Que tales exenciones 'no podr�n exceder en ning�n caso la cuant�a que ten�an el 16 de marzo de 1961, y que 'los nuevos campos que entren en producci�n bajo la vigencia de la Ley 10 de 1961 no gozar�n de las exenciones que consagraba el inciso primero del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos, aunque se encuentren localizados dentro de explotaciones que se han iniciado con anterioridad a su vigencia' (subrayo), pues el concepto de 'campos en producci�n y 'cuant�a' no figuran en la ley para los efectos del reconocimiento de las exenciones. Por otra parte, el concepto de 'campos de producci�n' es ajeno a la ley para los efectos de diferenciar los petr�leos provenientes de concesiones que hayan entrado legal o contractualmente en el per�odo de explotaci�n".

Aunque el demandante enuncia con mucha fidelidad el contenido del par�grafo del art�culo 31 conviene transcribirlo aqu�, observando que en dicho art�culo se mencionan las disposiciones derogadas por la ley, entre ellas el inciso primero del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos. Dice, pues el par�grafo:

"Las exenciones que consagraba el inciso 1� del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos, que por esta ley se deroga, se continuar�n aplicando exclusivamente a los petr�leos crudos de aquellas concesiones que est�n en explotaci�n al entrar en vigencia la presente ley y que est�n siendo refinados actualmente en el pa�s para el consumo interno en las refiner�as de los respectivos concesionarios".

Para captar mejor el sentido del par�grafo copiado, conviene conocer el texto del inciso primero del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos, derogado expresamente por el art�culo 31 de la Ley 10:

"Los petr�leos crudos procesados de explotaciones establecidas bajo el imperio de las Leyes 37 de 1931 y 160 de 1936, y del presente C�digo, que se refinen dentro del pa�s para el consumo interno, estar�n exentos de las regal�as o impuestos de que tratan los Cap�tulos VI y VII de la Ley 37 de 1931, el art�culo 11 de la Ley 160 de 1936, y los Cap�tulos VI y VII de las disposiciones legales de este C�digo, seg�n el caso".

Los Cap�tulos VI y VII del C�digo tratan, respectivamente de las regal�as que deb�an pagar los concesionarios de petr�leos de propiedad nacional y del impuesto sobre el petr�leo de propiedad privada.

Para los efectos de resolver sobre la solicitud de suspensi�n provisional del art�culo 65 del Decreto, se compararon como era el caso el texto del par�grafo del art�culo 31 de la ley y el del art�culo impugnado y se dijo en el auto del 31 de octubre de 1961:

"El inciso derogado hab�a establecido una exenci�n de las regal�as y de los impuestos que sobre el petr�leo crudo extra�do deber�an pagar los concesionarios y los explotadores de petr�leos de propiedad privada, respectivamente, cuando el producto se refinara en el pa�s para consumo interno".

"Esa disposici�n derogada qued� sustituida, desde el momento en que entr� a regir la nueva ley, por el ordenamiento del par�grafo copiado, el cual limita las exenciones 'exclusivamente a los petr�leos crudos de aquellas concesiones que est�n en explotaci�n... y que est�n siendo refinados actualmente en el pa�s para el consumo interno en las refiner�as de los respectivos concesionarios".

"La disposici�n del par�grafo no resulta tan clara que no d� motivo a entenderla como la ha comprendido el Gobierno, de manera muy distinta a la interpretaci�n que le da el demandante".

"Para los efectos de la suspensi�n provisional del art�culo hay que tener en cuenta esta duda sobre el justo sentido y alcance de la disposici�n legal que se dice infringida por el art�culo 65 del Decreto".

El se�or demandante nada ha agregado en su alegato de conclusi�n a lo expuesto en la demanda sobre este art�culo. Se ha limitado a insistir en su petici�n de que se anule por los motivos expresados en la demanda.

En su concepto de fondo, el Fiscal doctor Abello Noguera, despu�s de transcribir el art�culo impugnado y el par�grafo del art�culo 31 de la Ley 10 de 1961, dice:

"Como puede verse, en el par�grafo trascrito se acata o dice que 'se continuar� aplicando exclusivamente a los petr�leos crudos de aquellas concesiones que est�n en explotaci�n al entrar en vigencia la presente ley' y, en cambio, la norma reglamentaria encaja frases que son totalmente distintas del esp�ritu de la ley cuando dice: 'No podr�n exceder en ning�n caso la cuant�a que ten�an el 16 de marzo de 1961' y en el segundo inciso 'los nuevos campos que entren en producci�n bajo la vigencia de la Ley 10 de 1961 no gozar�n de las exenciones que consagraba el inciso primero del art�culo 59 del C�digo de Petr�leos. De modo, pues, que como esas limitaciones violan tanto el art�culo 30 de la Constituci�n como el art�culo 31 de la ley reglamentada, considera la Fiscal�a que deben declararse nulos" (sic).

Al concepto del se�or Fiscal debe observarse: 1o Que no explica cu�l es el esp�ritu de la ley de que dice que se ha apartado el art�culo 65 por contener las frases relativas a la cuant�a y a los nuevos campos de producci�n. 2� Que encuentra tales frases, o el art�culo en su totalidad, contrario al art�culo 30 de la Carta, y esta acusaci�n no se la ha hecho el demandante. Este se limit� a decir que violaba la disposici�n del decreto, por desbordarlo, el ordenamiento del par�grafo de la ley reglamentada.

Y ese desbordamiento de la potestad reglamentaria es el que no encontr� el Consejero sustanciador de manifiesto para ordenar suspender el art�culo 65.

El C�digo de Petr�leos (Decreto Extraordinario 1056 de 1953) establec�a las regal�as y los impuestos de conformidad con el sistema y porcentajes que en las disposiciones pertinentes se detallan. (Cap�tulos VI y VII). En el Cap�tulo Noveno, sobre refinaci�n y distribuci�n, aparece el art�culo 59, cuyo inciso 1o fue derogado por el art�culo 31 de la Ley 10 de 1961. Seg�n dicho art�culo y con el obvio objetivo de estimular la refinaci�n en el pa�s, se eximi� en su primer inciso de las regal�as e impuestos, respectivamente, los petr�leos crudos provenientes de explotaciones establecidas durante su vigencia que se refinaran dentro del pa�s para el consumo interno. Eso fue expresamente derogado.

En el inciso segundo se dispuso que durante los diez primeros a�os de establecida la respectiva refiner�a para beneficiar petr�leos crudos en Colombia con destino a la exportaci�n, tales petr�leos gozar�an de una rebaja de regal�as o impuesto equivalentes a la quinta parte de lo que les correspondiera. Por el tercer inciso se eximi� de derechos de importaci�n las maquinarias, materiales y elementos que se introdujeran al pa�s para montar refiner�as o producir art�culos destinados al proceso de refinaci�n.

Para sustituir el derogado primer inciso se expidi� el par�grafo del art�culo 31. El se refiere a la exenci�n de regal�as o impuestos, en su caso, a los petr�leos crudos producidos en Colombia, refinados dentro del pa�s, y destinados al consumo interno, pero dispone que tal exenci�n solo se continuar� aplicando a los producidos en aquellas concesiones que est�n en explotaci�n al entrar en vigencia la ley y que est�n siendo refinados actualmente para el consumo interno en las refiner�as de los correspondientes concesionarios. La exenci�n es solo relativa a los crudos de explotaciones existentes aquel d�a y que est�n siendo refinados actualmente, o sea tambi�n en la fecha de la ley, para el consumo interno en las refiner�as de los respectivos concesionarios.

Tal es el sentido obvio del texto del par�grafo. Pero el demandante sostiene que dentro de ese texto no cabe la limitaci�n de la cuant�a o cantidad que en tal fecha se estaba refinando, ni el concepto de nuevos campos que entren en producci�n para privarlos del beneficio de la exenci�n, aunque se encuentren localizados dentro de explotaciones que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de la ley.

Entiende la Sala que cuando se habla de petr�leos de aquellas concesiones que est�n en explotaci�n al entrar en vigencia la ley, cabe, por v�a reglamentaria, estimar que �l exclusivamente incluye tambi�n la cantidad o cuant�a que se estaba produciendo en las explotaciones existentes y que cabe tambi�n distinguir dentro de las concesiones que estaban en explotaci�n en la fecha de la ley los campos o �reas con pozos que se hallaban ya produciendo comercialmente en esa fecha, para aplicarles la exenci�n, y los que a�n no se estaban explotando aquel d�a, a efecto de no aplicarles tal beneficio. Los elementos que contiene el art�culo 65 que no aparecen textualmente incluidos en el par�grafo pueden considerarse como desarrollo l�gico de �ste. Y como la �nica raz�n de inconformidad del demandante con la inclusi�n en el art�culo reglamentario de aquellas frases limitativas es la de que a su entender violan el par�grafo del art�culo 31 porque contienen aquellas frases que no se leen en el texto del par�grafo, no hay lugar a ordenar la anulaci�n del art�culo 65 por ese motivo, que la Sala considera infundado. Los reglamentos, si se limitaran a repetir los textos de las normas reglamentadas, carecer�an de objeto. Y en este caso concreto, se repite, no se ha demostrado que no quepa dentro del esp�ritu o sentido del par�grafo de la ley lo que m�s detalladamente expresa el art�culo reglamentario.

En m�rito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, y o�do el concepto del se�or Fiscal de la Corporaci�n y en parte de acuerdo con su concepto,

Primero: No se accede a las peticiones de la demanda respecto de los art�culos 8; 9, 10, 11, 12, 13, ordinal 9o del 14, ordinal 5� del 15, 17 literal b) del 19, 26, 28, 30, 32, segundo inciso del 33, 43, y 65 del Decreto 1348 de 1961;

Segundo: Se accede a decretar la anulaci�n del literal c) del art�culo 45, del par�grafo 1o del art�culo 54 y del art�culo 59, que hab�an sido ya suspendidos provisionalmente; y

Tercero: Se accede, asimismo, a decretar la anulaci�n de los segundos incisos de los art�culos 49 y 51, del art�culo 56 y del literal d) del art�culo 61, en cuanto por dichas disposiciones reglamentarias se condiciona el goce del factor especial de agotamiento concedido a las explotaciones de que habla el art�culo 24 de la Ley 10 de I961 a la adaptaci�n de los contratos a ella.

Sendas copias �ntegras de este fallo se remitir�n a los se�ores Ministros de Minas y Petr�leos y de Hacienda.

Fecha Providencia	31/07/1965
Fecha de notificaci�n	31/07/1965