100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030031820SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull197127/07/1971SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null___1971_27/07/1971300318181971DECRETOS REGLAMENTARIOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES - Determinación de la Legislación por la cual deben regirse Es nulo el artículo 6o. del Decreto 1848 de 4 de Noviembre de 1969 en cuanto ordena que el contrato con los trabajadores Oficiales "Se regirá por las normas legales que regulan la materia en el C.S.T. y demás disposiciones que lo adicionan y reforman. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejero ponente: RAFAEL TAFUR HERRAN Bogotá, D.E., veintisiete (27) julio (07) de mil novecientos setenta y uno (1971) Radicación número: Actor: ARMANDO ESCOBAR MUÑOZ Demandado:MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Sentencias de NulidadRafael Tafur HerránMINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALARMANDO ESCOBAR MUÑOZ27/7/1971Decreto 1848 de 1969Identificadores10030116256true1208676original30114506Identificadores

Fecha Providencia

27/07/1971

Fecha de notificación

27/7/1971

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Rafael Tafur Herrán

Norma demandada:  Decreto 1848 de 1969

Demandante:  ARMANDO ESCOBAR MUÑOZ

Demandado:  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


DECRETOS REGLAMENTARIOS

CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES - Determinación de la Legislación por la cual deben regirse

Es nulo el artículo 6o. del Decreto 1848 de 4 de Noviembre de 1969 en cuanto ordena que el contrato con los trabajadores Oficiales "Se regirá por las normas legales que regulan la materia en el C.S.T. y demás disposiciones que lo adicionan y reforman.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: RAFAEL TAFUR HERRAN

Bogotá, D.E., veintisiete (27) julio (07) de mil novecientos setenta y uno (1971)

Radicación número:

Actor: ARMANDO ESCOBAR MUÑOZ

Demandado:MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

El doctor ARMANDO ESCOBAR MUÑOZ en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 66 del C.C.A. ha demandado de esta Corporación la declaratoria de nulidad "del Decreto 1848 de 1969 en los artículos y apartes" que más adelante se verán, en cuanto como Decreto reglamentario que es, "excede en muchos apartes lo dispuesto por el decreto 3135 de 1968" materia de la reglamentación.

El juicio ha recibido la tramitación que le correspondía. Fue oído el concepto fiscal y de las apreciaciones de la distinguida colaboradora se irá haciendo mérito en el examen de cada uno de los cargos formulados contra el acto acusado.

Primer cargo. Se acusa el artículo 6o. del Decreto 1848 de 1969 en un doble concepto:

  1. En cuanto ordena que el contrato de los trabajadores oficiales con la entidad respectiva "se regirá por las normas legales que regulan la materia en el C.S.T. y demás disposiciones que lo adicionan y reforman" y

  1. En cuanto según este artículo 6o. ordinal 4o., "en casos especiales el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social elaborará el modelo respectivo" de contrato a petición de las entidades correspondientes.

- En cuanto al punto 1) sostiene el demandante, que el Decreto reglamentado número 3135 en ninguno de sus artículos estableció que el contrato se rigiera por el C.S.T. "mas aun agrega previniendo la disposición original la inexistencia de normas especiales que rigieran el mencionado contrato, expresó en el artículo 7o. que el Ministerio del Trabajo elaborará modelos de contrato de trabajo para los diversos servicios. Si el contrato no se consigna por escrito, se entiende celebrado conforme al modelo oficial correspondiente". Y termina insistiendo sobre la inconveniencia de que el contrato se rija por el C.S.T. puesto que "implicaría grandes erogaciones, la inclusión por ejemplo, de las indemnizaciones por despido previstas en el Decreto 2351 de 1965" a tiempo que hasta ahora se vienen pagando en cuantía mucho menor.

Sobre el segundo punto encuentra que el artículo 6o. en su numeral 4o., al disponer solamente para casos excepcionales la elaboración del modelo de contrato por el Ministerio del Trabajo contraría el artículo 7o. ya trascrito del Decreto 3135 en cuanto dice que "si el contrato de trabajo no se consigna por escrito se entiende celebrado conforme al modelo oficial correspondiente". Lo que para el demandante significa que en el Ministerio debe reposar la guía para todos esos contratos y no que solo en casos excepcionales el Ministerio elabore dichos documentos.

La Fiscalía encuentra fundados ambos cargos, haciendo notar por lo que respecta al primero, que la exigencia de que el contrato conste por escrito es desarrollo del propio artículo 7o. del Decreto reglamentado.

LA SALA CONSIDERA:

El artículo 6o. en cuestión previene en su numeral lo:

"El contrato de los trabajadores oficiales con la entidad, establecimiento o empresa oficial correspondiente, deberá constar por escrito y se regirá por las normas legales que regulan la materia en el C.S.T. y demás disposiciones que lo adicionan y reforma".

Fijada la atención en esta última parte del precepto y dados la generalidad e imperio de sus términos al ordenar que los contratos se regirán por el Código Sustantivo del Trabajo no cabe duda de su inexequibilidad puesto que el estatuto reglamentado no contiene ninguna normación al respecto, y de otro lado es un hecho que la labor de determinar la legislación aplicable solo compete al legislador por vía general o a los jueces en cada caso particular. Pero no a la Rama Ejecutiva en ningún evento, según las ordenaciones de la Constitución Nacional.

En cambio, no está llamado a prosperar el cargo en su punto 2.

Para la Sala el artículo 7o. del Decreto 3135 contiene la exigencia no por implícita menos clara, de que el contrato con los trabajadores oficiales se haga constar por escrito. Tanto que si no se hace constar en esta forma, se entiende celebrado conforme al modelo oficial correspondiente.

De suerte que el artículo 6o. acusado, al establecer que el contrato constará por escrito, es lógico desarrollo de aquél.

Dice el mismo articule 6o. que "en casos excepcionales el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social elaborará el modelo respectivo" (de contrato) Pero también ordena:

"1. Lo que ya se conoce por la trascripción anteriormente hecha: que deberá constar por escrito;

‘“2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado.

"3. Los expresados contratos de trabajo serán redactados por el Departamento Legal de cada una de las entidades a que se refiere este Decreto, con arreglo a las modalidades especiales de cada servicio".

El demandante, como se ha visto encuentra contradicción entre lo que se dispone para casos excepcionales y lo que previene el artículo 7o. del Decreto reglamentado, en cuanto ordena que "si el contrato de trabajo no se consigna por escrito, se entiende celebrado conforme al modelo oficial correspondiente". Esto, en su concepto indica que es al Ministerio del Trabajo a quien compete dar la pauta o guía para elaborar los contratos de trabajo en todos los casos y no "en casos excepcionales. Ya petición de esas entidades. . . "

No lo estima así la Sala:

A su modo de ver y sobre la base de que el contrato constara siempre por escrito, el Decreto reglamentario no ha venido a restringir el alcance del artículo 7o. reglamentado. Este en manera alguna ha ordenado que únicamente según modelos elaborados por el Ministerio del Trabajo han de celebrarse los contratos con los trabajadores oficiales. De ordinario redactarán esos contratos las entidades respectivas por medio de sus Departamentos Legales. Es función que tienen estos departamentos de conformidad con el artículo 17 del Decreto 1050 de 1968. Si no ocurre así, entrarán a operar los modelos generales elaborados por el Ministerio. Y aun, si "cualquiera de esas entidades lo pide, en casos excepcionales el Ministerio de Trabajo elaborará el modelo respectivo", esto es, el de contrato determinado de que se trate, para lo cual se le deberán "enviar todos los antecedentes necesarios". Lejos, pues, de excluir los modelos de contratos elaborados por el Ministerio del Ramo para cuando las entidades administrativas correspondientes no hayan contratado por escrito y lejos así mismo de que la referencia a "casos excepcionales" implique la limitación a ellos de la elaboración por el Ministerio del modelo respectivo, lo que el artículo 6o. contempla en su inciso final es que también el Ministerio deberá elaborar el modelo del contrato cuando en casos excepcionales así se lo soliciten otras dependencias oficiales.

Se desecha el cargo.

Segundo cargo. Es relativo a los artículos lo. y 2o. del Decreto 1848 en cuanto además de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos etc. introduce —dice el demandante— "una nueva modalidad de organización dentro del Derecho Administrativo Colombiano que llama Unidades Administrativas Especiales", no contemplada en el Decreto reglamentado; a parte de que la innovación "ofrece el grave peligro de que en cualquier momento el Ejecutivo con el objeto de encuadrar dentro de este tipo de disposiciones cualquier entidad que le convenga, la va a denominar así".

"En ninguna disposición anterior aparece definido este tipo de organismos" —concluye el acusador—.

La Fiscalía comparte este criterio.

Pero la verdad es que este tipo de unidades administrativas sí está expresamente contemplado por el Decreto 1050 de 1968 cuando en uno de los incisos en su artículo lo. Dice:

"Además, el Gobierno previa autorización legal, podrá organizar unidades administrativas especiales para la más adecuada atención en ciertos programas propios ordinariamente de un Ministerio o Departamento Administrativo, pero que por su naturaleza o por el origen de los recursos que utilicen, no deben estar sometidos al régimen administrativo ordinario".

El cargo carece, pues, de fundamento porque la reglamentación del Decreto 3135 sobre integración "de la seguridad social entre el sector público y el privado y por el cual se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales", necesariamente tenía que definir la calidad de los empleados de dichas Unidades Administrativas Especiales", que el Gobierno pueda organizar con autorización legal.

Tercer cargo. Hace el demandante este planteamiento:

"El artículo 3o. literal a) del Decreto 1848 de 1969, exceptúa (sic) de la denominación de trabajadores oficiales a quienes presten sus servicios en el sostenimiento y construcción de obras públicas, como personal directivo, y de confianza. Claro exceso en la facultad reglamentaria por cuanto el Decreto No. 3135 de 1968, en ninguno de sus apartes hace excepciones para los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras Públicas. Así el artículo 5o. al establecer quiénes son empleados públicos y trabajadores oficiales anota: "Los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales".

Para la Fiscalía, "tiene razón el demandante al formular este cargo, pues en realidad el mencionado artículo 5o., como se desprende de su contenido, no estableció excepción alguna sino que se refirió de manera general a los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas para disponer que son "trabajadores oficiales". En consecuencia debe prosperar la nulidad por este aspecto".

Son trabajadores oficiales dice el artículo 3o. acusado, "a) los que prestan sus servicios en las entidades señaladas en el inciso lo. De este Decreto, en la construcción y sostenimiento de obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras". (Subraya la Sala).

Efectivamente esta excepción no resulta del tenor literal del Decreto Ley reglamentado puesto que éste (Decreto 3135) en su artículo 5o. al definir quiénes son empleados públicos y quiénes trabajadores oficiales, llama de una manera general "trabajadores oficiales" a los que trabajan en la construcción y sostenimiento de obras públicas.

Mas sabido es que como el poder reglamentario se ha otorgado al Gobierno "con el objeto de desarrollar las leyes y darles adecuada aplicación" en él va implícita la facultad de interpretar las disposiciones por reglamentar para de esa manera fijar su alcance y el desarrollo que les corresponda, sin olvidar que la legislación es y debe ser un todo armónico.

La excepción de que se trata es relativa a "las personas que prestan sus servicios en los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos, que por regla general son "empleados públicos".

El mismo artículo 5o. del Decreto reglamentado agrega que son trabajadores oficiales "las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado", pero que "sin embargo los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza (subraya la Sala) deberán ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos".

Ahora bien: las labores en la construcción y sostenimiento de obras públicas comprenden igualmente actividades de dirección como las confiadas a Ingenieros, y de confianza como son las desempeñadas por almacenistas, pagadores etc. No han de ser, aquéllos y éstos, empleados públicos (prestando sus servicios en las entidades expresadas), a tiempo que sí pueden investir ese carácter las personas que trabajan en las Empresas del Estado si los respectivos estatutos así lo determinan.

La razón en el fondo, está en que por "trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras Públicas" no debe entenderse sino lo que sugiere esta misma expresión: personas que ejecutan las actividades materiales en las obras públicas.

Como sin duda ha sido esta la interpretación acogida por el Gobierno con la excepción consignada en el final del literal a) del artículo 3o., acusado, su anulación no puede decretarse.

Cuarto. Para el demandante no existe ninguna razón para lo que se ha dispuesto en el parágrafo del artículo 10 del Decreto demandado según el cual "si la incapacidad para trabajar no excediera de tres (3) días, conforme al dictamen médico correspondiente, el empleado solicitará el permiso remunerado a que se refiere el artículo 21 del Decreto 2400 de 1968 a tiempo que de otro lado el artículo 18 del propio Decreto 3135 advierte que la licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicios". No tiene ningún aspecto legal —dice— que se ordene a los trabajadores pedir un permiso especial cuando su enfermedad no sobrepase de los tres días.

La Fiscalía considera que el demandante le asiste razón en esta súplica y que ella debe prosperar. Dice que el Decreto 3135 no habló de permiso especial alguno y que de consiguiente el Decreto 1848 "no podía establecer o introducir so pretexto de reglamentación una situación nueva no contemplada en la ley que reglamentó".

No lo estima así la Sala porque si de todos modos de acuerdo con el Decreto 2400 de 1968 que contiene "las normas que regulan la administración del personal civil" es menester obtener el permiso, cuando, medie justa causa, hasta por tres días con goce de sueldo, obviamente no resulta ser una norma nueva, una excesiva exigencia, la de que el trabajador pida un permiso que según la ley debe obtener. Porque deberá obtenerlo, no hay duda, pese a los términos aparentemente facultativos que emplea el artículo 21.

El permiso determina una situación administrativa para el servidor oficial de conformidad con el artículo 18 del mismo Decreto 2.400. Y esta situación es indispensable que se fije.

No es fundado el cargo.

Quinto. El literal c) del artículo 47 —sostiene el demandante— al hablar de la prohibición de compensar las vacaciones ha excedido lo propuesto en el Decreto 3135 que está reglamentando "porque le reconoce al empleado que ha quedado retirado del servicio por causas distintas de mala conducta y cuando le faltaren 15 días o menos para cumplir el año, el derecho a que se le compensan en uñero las correspondientes vacaciones", como si se tratara de un año completo de servicios".

La Fiscalía encuentra que "Es evidente que en el aludido ordinal c) del artículo 47 se contempla una circunstancia a la cual no se refirió la ley reglamentada, pues en esta simplemente se dijo en el último ordinal que cuando un empleado publico o trabajador oficial quede retirado del servicio sin haber hecho uso de vacaciones causadas, tiene derecho al pago de ellas en dinero y se tendrá como base de la compensación el último sueldo devengado. Tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio"

Pero ocurre —anota la Sala— que el cargo, para prosperar, no podía limitarse a la simple confrontación literal del acto reglamentado con el reglamentario, en esta parte. Fundándose inequívocamente en el concepto de que solo se adquiere derecho a vacaciones por años cumplidos, ha debido incluir el señalamiento de la norma legal que así lo establece y deducir el concepto de la violación como correspondía.

De consiguiente no prospera el cargo.

Sexto. Este cargo es relativo al artículo 74 del Decreto 1848 y lo desarrolla el demandante en estos términos:

"En el artículo 74 del Decreto 1848 se establece la pensión- sanción en caso de despido injusto para quienes hayan trabajado mas de 10 años y menos de 15 al llegar a los 60 años de edad, o más de 15 años al llegar a los 50 años de edad. Ninguna arbitrariedad quedaría si se dijera que los años de servicios se hubieran prestado a una misma Entidad de Derecho Público, pero el absurdo surge cuando se anota que ese tipo de servicios continuos o discontinuos pueda haber sido prestado a una o varias Entidades, establecimientos públicos, empresas del Estado, o sociedades de economía mixta de carácter Nacional. Sin comentar nada sobre los perjuicios que esta disposición va a causar para quienes en adelante busquen empleo en las distintas Entidades de Derecho Público, habiendo trabajado antes en este tipo de organización, pasemos a revisar el Decreto 3135 que es el que se está reglamentando en estos aspectos para concluir que absolutamente en ninguno de sus artículos aparece este tipo de disposición. Tan grave es la violación de la facultad reglamentaria en este caso que debo solicitar la suspensión provisional, en razón de los perjuicios que puede causar la aplicación de la norma".

La Fiscalía acoge el cargo. Pero éste, como puede verse, es mas bien una crítica de la disposición acusada que el desarrollo que ha debido hacerse del concepto de la violación. Que es absurdo que los servicios puedan haberse prestado a una o más entidades de carácter nacional ¿Que ello va a causar perjuicio a quienes en adelante busquen empleo ¿Que este tipo de disposiciones no aparecen en ninguno de los artículos del Decreto reglamentado

Esto último es cierto. No puede negarse. Pero no lo es menos que normas legales preexistentes contienen previsiones del mismo tenor de las acusadas. En efecto:

El artículo 8o. de la Ley 171 de 1961 establece:

"El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa. Después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá derecho a que la Empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

"Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad".

"Lo dispuesto en este artículo —agrega la disposición en su parágrafo— se aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación".

Y el artículo acusado, por su parte, dice: Que si el empleado oficial vinculado por contrato de trabajo es despedido sin justa causa después de haber laborado durante más de 10 años y menos de 15 continuos o discontinuos, en una o varias entidades establecimientos públicos y empresas del estado o sociedades de economía mixta de carácter nacional, "tendrá derecho a pensión de jubilación desde la fecha del despido injusto, si para entonces tiene 60 años de edad, o desde la fecha en que cumpla ésa edad con posterioridad al despido"; que si el despido injusto ocurre después de 15 años de servicios, el trabajador oficial tiene derecho a la pensión al cumplir los 50 años o desde la fecha del despido si los ha tenido cumplidos y que, cuando el retiro sea voluntario después de 15 años de servicios hay derecho a la pensión al cumplir los 60 años de edad.

No ha establecido pues el decreto acusado normas nuevas en el particular, ni podría decirse que ha excedido el acto reglamentado, siendo de consiguiente infundado el cargo.

Séptimo Se acusan como incursos también en el cargo de rebasar la facultad reglamentaria los artículos 77 y 84 del Decreto número 1848 sobre incompatibilidad en su orden, del disfrute de la pensión de jubilación y la del retiro por vejez y la percepción de toda asignación proveniente de entidades oficiales.

El artículo 77 dice: "Incompatibilidades con el goce de la pensión. El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos empresas oficiales y sociedades de economía mixta cualesquiera sea la denominación, que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto .1.713 de 1960 y la ley la. De 1963".

El artículo 84 en análogos términos consagra la incompatibilidad en tratándose de la pensión de retiro por vejez, con esta sola variante, "Salvo los casos de excepción previstos por las leyes y en particular por el Decreto 1713 de 1960 y la ley la de 1963.

Dice el demandante que "sin necesidad de una investigación detenida se observa que se están modificando disposiciones anteriores que como el artículo lo. Literal c) del Decreto 1713 de 1969 hacen compatibles el sueldo en un cargo público y la pensión de jubilación hasta por $1.200.oo y la Ley la. De 1963, artículo 6o. que permite la concurrencia entre sueldo y pensión de jubilación hasta por $I.600, 00. Se hace la salvedad para casos especiales, hace solo referencia a otro asunto, concretamente cuando se trate de trabajo de profesionales, de personas dedicadas a la educación etc. De su parte el Decreto 3135 en nada se refiere a estos asuntos, solamente en el artículo 31 la incompatibilidad entre la pensión de jubilación e invalidez y de retiro de vejez. Igualmente anotamos lo mismo para el artículo 84 que establece la incompatibilidad entre la pensión de vejez y otras asignaciones".

La Fiscalía encuentra infundada la acusación, y en esta apreciación la acompaña la Sala. En efecto:

De la circunstancia de que el Decreto 3135 reglamentado (artículo 31) no consagra sino la incompatibilidad entre las varias pensiones establecidas a favor de los empleados oficiales, no se sigue que el acto reglamentario de que se trata no pudiera reproducir, como lo ha hecho, la prohibición general contenida en otras leyes y que ha demandado del artículo 64 de la Constitución Nacional, según el cual "nadie podrá recibir mas de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinan las leyes".

En nada se ha excedido la facultad reglamentaria, ni se advierte cómo han podido entrañar modificación de disposiciones anteriores los expresados artículos 77 y 84 siendo, como son explícitos en dejar a salvo de la incompatibilidad los casos especiales o de excepción establecidos o previstos en las leyes en general y en algunas (Decreto 1713 de 1960 y Ley la. de 1963) en particular.

No se acoge el cargo.

Octavo. Finalmente dice el demandante: "El artículo 87 al referirse a las cuantías máximas y mínimas de las mesadas pensiónales establece los topes para las pensiones causadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 3135_ de 1968; mientras que el artículo 30 del Decreto 3135 de 1968 dice: "el monto de la pensión de jubilación, de invalidez o de retiro por vejez, no podrá ser superior a $10.000.oo, ni inferior a $500.oo. . . “Diferencia substancial existe entre lo que se interpreta como pensión causada y como pensión devengada. Para que la pensión sea causada es necesario que el derecho haya sido previamente reconocido y por ello el artículo 30 de la norma reglamentada habla del futuro".

La Fiscalía replica:

"La cuantía mensual de las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, causadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 3135 de 1968, no puede exceder de la suma de diez mil pesos ($10.000.oo) mensuales ni ser inferior a la suma de quinientos pesos ($500.oo) mensuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 65 de este Decreto.

"En este caso la norma aludida no debe ser anulada porque no excedió lo previsto en el artículo 30 de la Ley que reglamenta. Se limitó únicamente a explicarla o desarrollarla sin agregar o quitar circunstancia alguna. En consecuencia debe negarse esta súplica".

Conceptos estos que la Sala comparte porque efectivamente del texto del artículo 87 no resulta sino la interpretación obvia —que el propio Consejo de Estado ha venido dándole a la norma — en el sentido de que el máximo de S10.000.oo y el mínimo de $500.oo solamente surten efectos a partir de la vigencia del Decreto 3135 de 1968.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, oído el concepto del señor Fiscal y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

  1. Es nulo el artículo 6o. del Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969 en cuanto ordena que el contrato con los trabajadores oficiales "se regirá por las normas legales que regulan la materia en el C.S.T. y demás disposiciones que lo adicionan y reforman; y

  1. No hay lugar a hacer, y no se hacen, las demás declaraciones pedidas en la demanda.

Este fallo fué discutido y aprobado por la Sala en su sesión de fecha 16 de julio de 1971.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Copíese y notifíquese.

RAFAEL TAFUR HERRON EDUARDO AGUI LAR VELEZ

NEMESIO CAMACHO RODRIGUEZ ALVARO OREJUELA GOMEZ

SUSANA M. DE ECHEVERRI SECRETARIA